Cuando el Estado crea las mafias

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 3/8/17 en: http://m.panamaamerica.com.pa/opinion/cuando-el-estado-crea-las-mafias-1078997

 

… estos no son turistas deseosos de salir de vacaciones, son personas desesperadas huyendo de condiciones infra humanas de las que son culpables sus dirigentes, pero también Occidente que no pone suficiente énfasis terminar con esta situación y a veces es cómplice, incluso, cuando los gobiernos envían ayudas que terminan financiando a regímenes corruptos. Pero no son estos gobiernos los que crean las mafias, si no los de la Unión Europea al prohibir la inmigración y, así, obligan a los migrantes a contratar los servicios de traficantes…

Según Wikipedia sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos, es decir, hombres de honor. Pero no por eso, por creerse hombres de honor al punto que están rodeados de costosos protocolos y pompas, podría decirse que los políticos -el Estado- son los fundadores de las mafias. Si recordamos la historia de Al Capone -que popularizó a la mafia en América- vemos cómo, al crear la ley seca, el gobierno no solo dio lugar a la existencia de estas bandas que, básicamente, se dedicaban al tráfico de drogas prohibidas -el alcohol- sino que, sin dudas, fue cómplice.

«La migración no es un peligro, es un reto para crecer» ha dicho el papa Francisco apoyando la libertad humana de trasladarse, pero los gobiernos no lo entienden o no les conviene entenderlo, porque sí es un peligro para el Estado de Bienestar ya que los inmigrantes utilizan los servicios gratuitos que corrientemente brinda el gobierno y a veces engrosan la desocupación creada por las leyes laborales estatales.

Mas de 400.000 personas han cruzado el Mediterráneo solo desde Libia desde principios de 2015. La ONU estima que hay en este país unas 380.000 personas esperando a cruzar el mar, y ya 2.150 han muerto al intentar llegar a Italia tan solo en lo que va de 2017. Casi todos tomaron la ruta del desierto del Sahara, donde los muertos se presumen por miles. Las tribus de tuareg y tubu son esenciales para los migrantes, ya que controlan las fronteras libias con Níger y Sudán.

La mayoría de los migrantes proviene de Nigeria, Costa de Marfil, Ghana y Gambia. Países que, junto con otros 11, conforman la ECOWAS, una suerte de espacio africano por el cual se mueven libremente a través de sus fronteras. Los migrantes pagan de forma legal el viaje en autobús regular (unos 20 euros) con destino a Agadez, en Níger, donde comienza el trato con los traficantes. Y aparecen las mafias que organizan a los migrantes en guetos hacia Libia atravesando las durísimas condiciones del desierto del Sahara.

Hasta Trípoli, la capital costera, el viaje costará unos 500 euros. En los últimos tres años, al menos 2.500 personas han muerto o han desaparecido en el norte de África, según la ONU. Cuando los migrantes llegan a las localidades costeras, las mafias los hacinan en barcos de goma por otros 500 euros por persona, o en barcas de madera por hasta 800. El beneficio de los traficantes, por tan solo un bote de madera con 400 personas, es de medio millón de euros, según Frontex.

Además de Agadez, Jartum en Sudán es el mayor núcleo de África Oriental donde confluyen mafias y migrantes dispuestos a casi todo por llegar hasta las costas libias. El modus operandi en esta ruta es algo diferente y para llegar a Italia se tarda, al menos, tres semanas y en total se pagan unos 3.000 euros por persona.

Ahora, obviamente estos no son turistas deseosos de salir de vacaciones, son personas desesperadas huyendo de condiciones infrahumanas de las que son culpables sus dirigentes, pero también Occidente que no pone suficiente énfasis en terminar con esta situación y a veces es cómplice, incluso, cuando los gobiernos envían ayudas que terminan financiando a regímenes corruptos. Pero no son estos gobiernos los que crean las mafias, si no los de la Unión Europea al prohibir la inmigración y, así, obligan a los migrantes a contratar los servicios de traficantes para que los ayuden a entrar ilegalmente.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Consigna: castigar a los pobres

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 12/11/15 en:  http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Consigna-castigar-pobres_0_2379961982.html

 

Un niño apátrida nace en el mundo cada diez minutos”, titulaba un periódico haciendo gala de incoherencia. “Patria” es la “tierra de los padres”, entonces es imposible que un niño nazca sin ella. Pero, luego, el mismo periódico aclara que: “No tener nacionalidad puede condenar ‘a una vida de discriminación y desesperanza’, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados”.

Ahora sí, la ONU confunde patria con “nacionalidad”. Mientras que la patria “la da Dios” —nadie elige la tierra de sus padres, le viene dada—, la nacionalidad es un invento de los políticos que establecen fronteras dentro de las cuales se arrogan el monopolio de la violencia sobre la que basan su “autoridad”. A diferencia del mercado natural, donde las relaciones son voluntarias y surgen de los acuerdos que sirven a las partes —y esto es servir—, esta “autoridad” se basa en la arbitrariedad de quién, finalmente, empuña el arma para hacer cumplir la “ley” de un político.

Con esta “autoridad” cobran impuestos que utilizan para —luego de pasar por una burocracia que se queda con parte— dar servicios como “justicia, seguridad, educación” y otros, según los países. Suena lógico, entonces, que no tengan carnet de ciudadanos quienes no pagan impuestos y, por tanto, no tendrían derecho a los “servicios”. Pero el punto no es ése, sino que, a quienes no tienen “nacionalidad”, se les prohíbe trabajar, y otras cosas, con lo que no pueden vivir.

Cada diez minutos nace un niño sin nacionalidad, un problema agudizado por el conflicto en Siria que provocó la peor crisis migratoria en Europa desde 1945. Muchas mujeres han dado a luz en el camino. El conflicto ha dejado al 25% de los hogares de los refugiados sin un padre para acreditar su nacionalidad. El certificado de nacimiento se convierte así en la única manera de demostrar la ciudadanía, según la ONU, que asegura que el registro del nacimiento es de “vital importancia” para muchos niños que fueron separados de sus padres.

La discriminación, ya sea por motivos étnicos, religiosos o de género, sigue siendo la principal causa de “apatridia”. En los países —Birmania, Costa de Marfil y Tailandia—donde viven las 20 poblaciones “apátridas” más numerosas, al menos 70.000 niños en esta situación nacen cada año. Ahora sí nos entendemos, lo que están diciendo es que hay niños a los que los políticos se niegan a darles “nacionalidad”.

La ONU quiere “eliminar el estatuto de apátrida” antes de 2024 y para ello insta a permitir a los menores obtener la nacionalidad de los países donde nacieron, a abrogar las leyes que impiden a las madres transmitir su nacionalidad, a suprimir las prácticas discriminatorias, y a garantizar el registro universal de nacimientos.

El corolario de esta “autoridad” es que perjudica al que es físicamente más débil. Y se nota en la creación de pobreza por parte del Estado al cobrar impuestos que, supuestamente, pagan los ricos pero que necesariamente son derivados hacia abajo, por ejemplo, subiendo precios o bajando salarios. Por caso, según la CEPAL, dentro de América Latina, en 2014 existían 167 millones de personas en situación de pobreza —28% del total de la población—, de los cuales 71 millones —12% del total— se encontraban en la indigencia. Ahora niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, pueblos indígenas y afrodescendientes son quienes más sufren discriminación, carencia o vulnerabilidad.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.