Los venezolanos ya votaron, con los pies

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 4/2/19 en: https://alejandrotagliavini.com/2019/02/04/los-venezolanos-ya-votaron-con-los-pies/

 

Solo en Colombia hay cerca de un millón de venezolanos que han huido del gobierno chavista dejando familia, trabajo, estudios y hasta propiedades. En Buenos Aires, el acento venezolano es cotidiano y, pocos días atrás, vi a una estudiante de la Universidad Central de Venezuela, que vivió en las calles porteñas hasta que una señora se apiadó y la llevó con ella, que vendía sus artesanías en el metro.

La opinión de estas personas, el “voto” de estos inmigrantes muchos de los cuales literalmente llegaron a pie, es más importante, mucho más real, que los que ponen una simple papeleta en una urna. Y cuantos más hubieran querido salir y no han podido. Es esta la peor crisis humanitaria de América Latina y bastaría este “voto con los pies” para que el chavismo deje el gobierno.

Pero el sistema político actual, global, es incoherente, por no decir perverso, y permite que se impongan gobiernos con semejante rechazo popular. Es que la “autoridad” de los Estados modernos se basa en el monopolio de la violencia -su poder militar y de policía- y la violencia solo puede acarrear, de un modo u otro, conflictos. En contraposición con el mercado donde las acciones resultan de acuerdos pacíficos y voluntarios entre las personas.

“Si no le gusta, preséntese a las elecciones y gane” argumenta el oficialismo, pero dicen eso, precisamente, porque saben que, de algún modo, lograrán ganar esas elecciones. En Venezuela, según denuncias de organizaciones como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional, muchos dirigentes de la oposición están impedidos de postularse, unos presos, otros inhibidos “legalmente” y el resto, en el exilio.

Así las cosas, Venezuela ha tenido dos poderes judiciales, dos Parlamentos y ahora dos presidentes El autoproclamado presidente, Juan Guaidó, al ser consultado sobre posibles intervenciones militares declaró que “todas las opciones están sobre la mesa”. Esperemos que no ocurra, que no sea violenta la solución y que, como el mismo dijo, se logre una pacífica.

El problema es que, obviamente, el chavismo no renunciará ya que, en este sistema perverso donde el “orden” se impone con sanciones violentas, se arriesga a severas condenas en el futuro. Por este motivo, Guaidó aseguró que ofrecería una amnistía a los militares y al gobierno. Pero esto es, como señala el jurista Ricardo Manuel Rojas, imposible en el sistema actual. Los delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, son imprescriptibles, no son susceptibles de perdón, amnistía o indulto.

En Argentina, hay precedentes: la ley de autoamnistía de los militares antes de dejar el poder en 1983, y las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, sobrevenido un gobierno civil, fueron anuladas y los acusados detenidos. Cualquier ley que se dictara para amnistiar o perdonar al chavismo, sería insalvablemente nula.

Y los tribunales venezolanos o la Corte Penal Internacional deberían proceder con independencia de dichas leyes. Y si algún país diera asilo, las órdenes de captura y procesamiento deberían seguir pendientes indefinidamente ya que estos delitos no prescriben, de modo que, apenas salgan de la frontera del país que otorgue el asilo deberían ser detenidos y llevados a juicio.

En fin, como dije, el sistema político basado en sanciones violentas, en la violencia, deberá ser revisado en el futuro, porque nos ha metido en un callejón sin salida.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Una “guerra” para dictadores

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 28/6/18 en: https://alejandrotagliavini.com/2018/06/28/una-guerra-para-dictadores/

 

Mientras la Corte Penal Internacional inicia un análisis de la “guerra antidroga” de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, días atrás las fuerzas de seguridad de Bangladesh mataron a 11 supuestos narcotraficantes en una nueva operación que se ha cobrado 30 muertos en una semana, ante las críticas de activistas que la ven como un plan “al estilo” del presidente filipino, es decir, aprovechar la excusa para eliminar opositores.

Fuentes de la Policía y del Batallón de Acción Rápida (RAB, en inglés), un cuerpo policial de élite, confirmaron la muerte de 9 personas en 8 distritos en una operación nocturna, elevando a 30 el número de muertos solo durante esa semana. El portavoz del RAB agregó que han arrestado a más de 3.000 personas y sentenciado a 2.500 en tribunales especiales móviles desde el 4 de mayo.

El letrado del Supremo Jotiirmoy Barua ha dicho que estos asesinatos “ilegales” son una “amenaza para el Estado”. Por su parte, la ex directora del grupo por los derechos humanos Ain o Shalish Kendra, Sultana Kamal, asegura que la campaña “es inconstitucional e ilegal”. Las fuerzas de seguridad han sido reiteradamente acusadas de cometer asesinatos extrajudiciales que, según la organización de Derechos Humanos Odhikar, entre 2001 y la actualidad, superan las 3.000 muertes.

En fin, la verdad es que debido a la “guerra contra las drogas”, inhumana y cruel como pocas, desde que comenzó con Nixon fueron encarceladas 40 millones de personas y solo en México, desde 2006, murieron más de 80.000. Es la consecuencia de la represión al establecerse la prohibición que pareciera ser solo un negocio de políticos y burócratas. Cómo se explica sino que, en EE.UU., el país con las fuerzas de seguridad mejor equipadas del mundo, sea donde más consumidores existen, es decir, donde más tráfico hay. ¿Son tan ineficientes estas fuerzas o existe connivencia entre traficantes, políticos y policías?

Además, ¿es lícito utilizar la violencia para evitar que alguien se suicide? No lo es, no es lícita la teoría del mal menor como claramente lo dijo Juan Pablo II en su Encíclica “Veritatis Splendor”. Y, además, ¿son drogas tan nocivas? Sin dudas, pero curiosamente otras que son “legales” están causando más daño. Otro argumento es que se trataría del derecho a la legítima defensa ya que los drogadictos serían personas peligrosas para la sociedad.

En primer lugar, no está claro que sean de suyo peligrosos (salvo cuando consumen mezclas tóxicas dada la mala calidad de lo ilegal), más bien parecen disminuidos físicos y mentales; en cambio sí es creíble que, una vez criminalizados por el Estado (en lugar de quedar visibles para ayudarlos), se conviertan en delincuentes ante la imposibilidad de conseguir calmar su adicción por vías normales y a precios no monopólicos. Pero, aun en el caso de la legítima defensa los métodos moralmente aceptables son los pacíficos ya que son los eficientes.

La disyuntiva, al fin de cuentas, es monopolio de los funcionarios o regulación natural del mercado. Por cierto, en contraposición con lo que ocurre en países represores, en Portugal -el país de mayor calidad de vida de Europa, según InterNations- donde la droga es más libre, el número de delitos y drogadictos es menor. Según la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en Portugal ocurren 0.5 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes mientras que en EE.UU. son 4.7.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.