El poder y el control del poder. ¿Los dos son bienes públicos? ¿Si se puede proveer el segundo, porqué no el anarco-capitalismo?

Por Martín Krause. Publicado el 10/2/20 en: https://bazar.ufm.edu/poder-control-del-poder-los-dos-bienes-publicos-se-puede-proveer-segundo-no-anarco-capitalismo/

 

Muy interesante paper de Kenju Kamei (Durham Univresity), Louis Putterman (Brown University, y Jean-Robert Tyran (University of Viena; University of Copenhagen) titulado Civic Engagement as a Second-Order Public Good: The Cooperative Underpinnings of the Accountable State

Kamei, Kenju and Putterman, Louis and Tyran, Jean-Robert, Civic Engagement as a Second-Order Public Good: The Cooperative Underpinnings of the Accountable State (September 2, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3448470 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3448470

¿Cuál es el planteo principal? Bueno, todos conocemos el argumento básico de la economía neoclásica respecto a la provisión de bienes públicos y, según esa línea de argumentación, la necesidad de que los provea el Estado debido a los incentivos para ser “free rider” (usuario gratuito). La típica presentación del argumento, que ya he criticado aquí muchas veces y en algunos artículos, es:

“La cooperación voluntaria por sí sola no puede proporcionar efectivamente bienes públicos vitales como la ley y el orden, la defensa, el aire limpio y la infraestructura. Los fondos que pueden recaudarse a través de donaciones voluntarias no bastarían para financiar un gobierno efectivo, ya que muchos contribuirían gratuitamente. En cambio, la financiación de los bienes públicos debe recurrir a la coerción, el poder del estado para gravar: el gobierno obliga a sus ciudadanos a pagar impuestos y amenaza con multarlos y castigarlos si no cumplen.

Sin embargo, el poder estatal para imponer impuestos puede usarse no solo para financiar bienes públicos vitales sino también para financiar bienes privados para unos pocos y redistribuirlos a los que están en el poder.

Esto plantea un dilema: el poder del estado es necesario para aumentar el bienestar, pero una vez que se crea el poder, se avecina el peligro de mal uso, corrupción y opresión. Los académicos han reconocido este problema fundamental hace mucho tiempo, y dos soluciones a este dilema se han implementado en los estados modernos para mantener el poder del gobierno bajo control.

El primero se basa en la idea de distribuir el poder, con múltiples instituciones monitoreándose entre sí (el «sistema de controles y equilibrios» en la constitución de los Estados Unidos). El segundo, posiblemente también requerido para asegurar que las ramas gubernamentales en el primer esquema se mantengan enfocadas en su responsabilidad social, se basa en la idea de hacer que el gobierno rinda cuentas a sus ciudadanos, generalmente a través de elecciones democráticas que permitan a los ciudadanos votar a los líderes fuera del poder.”

Es decir, hay un problema de provisión de “bienes públicos”, por lo que estos son provistos por el Estado, lo que crea un bien público de segundo orden, esto es, ¿quién controla al Leviatán?

La respuesta de este muy buen trabajo es que el control cívico de unos pocos es suficiente y puede obtenerse a bajo costo.

Entiendo que hay dos tipos de discusión al respecto. La primera es si esto efectivamente es posible, si no existe un “fracaso de la política” que impide obtener ese resultado, como lo señalan los libros de Pincione & Tesón: Rational Choice and Democratic Deliberation: A Theory of Discourse Failure y el de Bryan Caplan, The Myth of the Rational Voter.

La segunda es que si ese bien público de segundo orden puede ofrecer el control necesario al monopolio del poder, también puede garantizar el control en un marco de jurisdicciones en competencia, o agencias, como queramos llamarlo.

Es decir, se podría aplicar tanto al modelo minarquista como al anarco-capitalista.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

La recuperación de EEUU de la crisis de 1930 versus la justicia militante del kirchnerismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 19/3/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/03/19/la-recuperacion-eeuu-de-la-crisis-de-1930-versus-la-justicia-militante-del-kirchnerismo/?fbclid=IwAR0qlKwaGNIrcdpMtSqS7BQzbkDiRPee6XKr6oc0-7XRJarDwgs68KyKIA0

 

Con tribunales politizados sólo se puede esperar más pobreza, indigencia y corrupción. Con calidad institucional, el horizonte de prosperidad es una realidad

Cristina Kirchner

Muchos de mis colegas economistas insisten permanentemente con que hay que bajar el gasto público y los impuestos, tema que, sin lugar a dudas, comparto plenamente. El punto es que muchos colegas se han quedado sólo en las cuentas y no parecen haber avanzado demasiado sobre la relación entre economía e instituciones. Dicho de otra manera, se limitan a decir que hay que bajar el gasto, pero no se plantean por qué se ha llegado a niveles de gasto público récord en Argentina. Para resolver un problema, primero hay que reconocerlo y luego tratar de ver por qué se produjo. Es la segunda parte en la que veo una falta de análisis.

Lamentablemente, economistas que están bien orientados en lo económico, han leído poco sobre economía e instituciones para advertir que el problema económico se explica por problemas de carácter institucional que, a su vez, es el resultado de los valores que imperan en la sociedad.

Se han quedado en algún modelito econométrico y no han leído los aportes de autores como Mancur Olson, en “Auge y Decadencia de las Naciones” y “Poder y Prosperidad”. Antes, Hayek, en The Constitution of Liberty (1960) hizo un primer gran avance al respecto completándolo con “Derecho, Legislación y Libertad”, tres tomos publicados en 1973, 1976 y 1979 que muestran la necesidad de limitar el poder del Estado para que pueda haber prosperidad económica y libertad. Mises, Popper y tantos otros autores hicieron gigantescos aportes para explicar este fenómeno económico institucional.

Hoy sabemos que el gasto público consolidado está en el 47% del PBI y que para volver a los niveles de la década del 90 habría que reducir el gasto consolidado en unos U$S 75.000 millones.

Claramente la explosión del gasto público se produjo en la era k cuando hubo un salto populista con fuerte debilitamiento de las instituciones. El populismo incentivó el resentimiento en la sociedad vendiendo el argumento que la pobreza de unos era consecuencia de la riqueza de otros, de manera que la pobreza se solucionaba repartiendo riqueza en vez de generándola. Los que más ganan tienen que pagar más impuestos para asistir a los que menos ganan. Para eso hubo que avanzar sobre los derechos individuales, los derechos de propiedad y tratar de domesticar a la justicia. No en vano el kirchnerismo quiere volver por la revancha y argumenta que tiene que haber una justicia militante. Claramente, los regímenes populistas que mutan en autocracias necesitan domesticar a la Justicia para cometer todo tipo de atropellos sin que la Justicia le ponga límites, sin embargo la evidencia histórica muestra que tener una justicia independiente hace al crecimiento económico.

Qué paso en EEUU luego del ’30

Al respecto, es interesante analizar cuál fue el factor fundamental que llevó a que la economía norteamericana se recuperarse de la crisis de 1929, conocida como la crisis del 30.

Pocos han analizado en profundidad ese período y muchos suelen argumentar que Estados Unidos salió de la crisis del 30 gracias a la Segunda Guerra Mundial, como si una guerra generara riqueza en vez de destruirla.

Otros creen que fue la teoría keynesiana la que ayudó a EEUU a salir de la gran depresión y otros dicen que eso es imposible porque Keynes recién influye en la economía en 1936 cuando publica la Teoría General.

El caso de la crisis del ’30 y el New Deal es un caso emblemático en el que pocos han reparado en la importancia que tienen las instituciones para salir de las crisis económicas. Todo el debate se ha limitado a determinar si el New Deal fue exitoso y si las políticas keynesianas influyeron en la salida de la crisis.

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

En general se cree que el New Deal fue una receta puramente keynesiana de aumento del gasto público financiado con emisión monetaria. La realidad es que el New Deal fue algo mucho más complejo que el aumento del gasto público, aunque sí está comprobado que Roosevelt estuvo en contacto personal con Keynes y sus ideas que luego volcó en la Teoría General en 1936.

Al margen de la carta que Keynes publica en 1933 sobre la necesidad de aumentar la demanda agregada y se lamenta de la disciplina fiscal que proponía Roosevelt, en 1934 Keynes tuvo una reunión con Roosevelt y le explicó sus ideas de aumentar el gasto público y el déficit fiscal. En una carta de Keynes a al presidente, fechada en 1 de febrero de 1938 hace referencia en al menos dos oportunidades a la reunión que tuvieron 3 años y medio atrás, o sea, está haciendo referencia a mediados de 1934, reunión que se confirma en el borrador de la carta que le prepara el secretario del Tesoro de Estados Unidos para responderle a Keynes (carta que está fechada el 3 de marzo de 1938 y hace referencia a esa reunión de mediados de 1934).

El dato concreto es que Roosevelt conocía las ideas de Keynes antes que este las publicara en la Teoría General en 1936, pero las descartó porque su campaña presidencial de 1932 estuvo basada en el equilibrio fiscal. Roosevelt consideraba que el equilibrio fiscal iba a traer confianza, más inversiones y mejorar la situación de los agentes económicos en beneficio para salir de la recesión. Recordemos que cuando asumió como presidente en 1933, la desocupación estaba en el 25% aproximadamente y que tampoco en 1933 había finalizado por completo la gran depresión.

El presidente Roosevelt navegó las aguas turbulentas de la Gran Depresión

El presidente Roosevelt navegó las aguas turbulentas de la Gran Depresión

La economía había mejorado algo pero entró en un proceso recesivo nuevamente en agosto de ese año, a mi juicio por las múltiples regulaciones que impuso Roosevelt. Es más,comenzó a seguir en alguna medida las ideas de Keynes y empieza a aumentar el gasto público, pero no en la magnitud que sugería Keynes.

Pero el New Deal no fue sólo el gasto público, además Roosevelt prohibió la tenencia de oro. Es como si hoy se les prohibiera a los argentinos tener dólares. Se estableció la Agricultural Adjustment Act por la cual se subsidiaba a los productores agrícolas para que no produjeran. Ese subsidio se financiaba con el impuesto a la transformación. Un impuesto que tenían que pagar los que compraban como insumos los productos agrícolas. El que compraba algodón para hacer una camisa, pagaba el impuesto a la transformación para que el que producía algodón produjera menos vía el subsidio que le daba el estado con ese impuesto.

También se estableció la National Industrial Recovery Act que reguló la actividad de la industria, las horas de trabajo, los salarios, etc. Y, además del proteccionismo impuesto, se creó la National Recovery Administration para regular toda la economía.

Toda esta maraña de regulaciones que componían el New Deal ahogaba la economía y llevaron a una cantidad de juicios cuestionando su constitucionalidad. Al principio, la Corte Suprema de Justicia acompañó, pero llegó un punto en el que dijo basta.

Aquí vale la pena aclarar que Herbert Hoover, el presidente que antecedió a Roosevelt, dejó una corte compuesta por cuatro miembros conservadores, dos moderados y tres liberals (aquí les diríamos “progres”), de acuerdo al trabajo de Antonia Sagredo Santos publicado por la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, Roosevelt no tenía toda la Corte Suprema en contra. Pero en 1935 el tribuna empezó a frenarle la avalancha de regulaciones por inconstitucionales y en enero de 1936 le voltea el corazón del New Deal que estaba en la Agricultural Adjustment Act por el caso Estados Unidos vs. Butler, conocido como el caso Butler. En esencia la Corte Suprema declaró inconstitucional el impuesto a la transformación por coaccionar la libertad, digamos extorsivo para quienes no quisieran cumplir con las órdenes del gobierno de producir menos, avanzaba sobre los derechos de los estados transformando a EEUU en un gobierno unitario y la potestad que se arrogaba el Ejecutivo de ejercer poderes legislativos.

Al caer la Agricultural Adjustment Act, cayeron al poco tiempo la National Industrial Recovery Act y la National Recovery Administration porque estaban basadas en el espíritu de la primera. Esta declaración de inconstitucionalidad fue liberando la economía del ahogo de las regulaciones y ya en 1935 con las primeras limitaciones y en 1936 con el freno a la maraña de controles del New Deal, la economía recupera confianza.

Obviamente, Roosevelt quiso remover a parte de la Corte, algo que hace recordar al kirchnerismo, por oponerse a sus poderes especiales que le había delegado el Congreso, algo que el trubuna consideró inadmisible en un estado con división de poderes. La embestida de Roosevelt contra la Corte de EEUU no tuvo apoyo ni siquiera en su propio partido, el Demócrata, y esta postura ayudó a recomponer la confianza.

Luego, el Presidente quiso neutralizarla ampliando la cantidad de miembros. Como no logró ese objetivo, intentó reducir la edad de sus miembros a 65 años. Tampoco funcionó. La firmeza de la Corte y el funcionamiento de las instituciones en Estados Unidos, incluso el Partido Demócrata, permitieron recuperar la economía luego de haber confiscado depósitos, prohibir la tenencia de ahorro y establecer las regulaciones más absurdas al estilo Moreno, junto con el déficit fiscal. Es decir, las barbaridades económicas que se hicieron en el New Deal, las cuales nosotros copiamos con mucho entusiasmo, fueron frenadas por el funcionamiento institucional. En definitiva, prevaleció el espíritu de los padres fundadores a la hora de respetar el derecho de propiedad y de división de poderes.

Mi impresión es que no fueron ni el New Deal, ni la receta keynesiana –que Roosevelt ya conocía desde 1934–, ni la Segunda Guerra Mundial, las que le permitieron a EEUU salir la depresión del 30.

Lo que quiero dejar bien en claro es: 1) lo peor que podría pasarle a la Argentina es tener una justicia militante, porque destrozaría los derechos individuales y hundiría la economía en una fenomenal caída de largo plazo y 2) que el problema económico no se resuelve sólo con ingredientes de reforma impositiva, del estado, apertura al mundo y reforma laboral. Sin duda que estos factores son importantes, pero hay que grabarse a fuego que el primer paso para la recuperación económica es la calidad institucional y la calidad institucional depende de los valores que imperen en la sociedad.

Si uno mira la crisis del 30, puede verificar que la salida de la depresión fue por razones institucionales. Si uno mira por qué Argentina fue una potencia económica a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fue porque la constitución alberdiana de 1853/60 sentó las bases de la calidad institucional. Y si uno mira casos como los de España luego de Franco, Irlanda, Chile y tantos ejemplos más, advierte que el paso previo al despegue económico fue el cambio de las instituciones, es decir, las reglas de juego que deben imperar en la sociedad.

Con una justicia militante, solo podemos esperar más pobreza, indigencia y corrupción. Con calidad institucional el horizonte de prosperidad se abre delante de nosotros. Esto es lo que, por el momento, parece que tenemos por delante de cara a las elecciones de octubre. Justicia militante que nos lleve al chavismo, o el largo camino de reconstruir la calidad institucional como paso previo a la recuperación económica.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Los peligros de la figura de la extinción de dominio

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 22/1/ 19 en https://www.cronista.com/columnistas/Los-peligros-de-la-figura-de-extincion-de-dominio-20190121-0069.html

Hay una muy justificada preocupación por el alto grado de corrupción, especialmente en el contexto  del gobierno anterior al actual, aunque los desmanes inauditos de los aparatos estatales vienen de largo. Con razón la gente de bien quiere que se recuperen los activos robados a la brevedad a los efectos de aliviar las arcas fiscales y poder así disminuir la carga tributaria descomunal que viene soportando la población.

Pero el asunto no es proceder en cualquier dirección. Es indispensable actuar con el cuidado necesario para ser congruentes con el debido proceso y el consiguiente resguardo a las autonomías individuales. Sobre todo es menester como una elemental gimnasia higiénica ponerse en los zapatos de la persona a quien se le confiscan sus bienes antes de una sentencia firme, lo cual, tengamos muy en cuenta, constituye un arma potente para los tiranuelos en potencia.

Hoy la figura del decomiso está presente en el Código Penal argentino como una privación transitoria de activos, aunque originalmente estuvo pensada para la incautación de mercaderías al momento consideradas ilícitas por lo que se especificaba la prohibición de venderlas y con al mandato expreso de destruirlas. En cualquier caso,  la llamada extinción de dominio pretende que la propiedad puede extinguirse lo cual es un absurdo, puede eso si transferirse a otro u otros, voluntaria o coercitivamente. En el caso que nos ocupa quiere decir que por fuera del Poder Judicial resulta posible al aparato estatal intervenir en un proceso judicial y si el confiscado resultara inocente deberá iniciar una causa con lo que eventualmente será resarcido ex post facto.

Como queda dicho, en verdad la figura de la extinción de dominio es un subterfugio para ocultar la confiscación, enfáticamente excluida de las facultades del poder político por la Constitución Nacional.

Lo dicho no significa que no puedan adoptarse medidas precautorias, especialmente cuando hay riesgo de que se interfiera el proceso judicial para tergiversar sus resultados o cuando hay posibilidades de fuga del sospechoso, pero en última instancia debe prevalecer el principio de inocencia hasta que la sentencia definitiva demuestre lo contrario.

Desde luego que hay justificadas quejas respecto a las insólitas demoras en las tramitaciones judiciales y hay también elementos políticos que desafortunadamente interfieren, pero esto se resuelve con la debida aceleración a través de límites para pronunciarse tal como en algunos casos ocurre actualmente pero en ningún caso resulta aceptable que los otros poderes del aparato estatal se adelanten a lo que prescribe el Poder Judicial.

Los marcos institucionales civilizados son custodios indispensables para los derechos y, por tanto, para que puedan llevarse a cabo las transacciones libres y voluntarias entre las partes. No resulta posible el apresuramiento por más bien inspirado que sea ya que la contracara amenaza a todos, incluso a los mismos patrocinadores de la medida en cuestión.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

Corrupción, ética y Constitución

Por Gabriel Boragina Publicado el 19/8/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/08/corrupcion-etica-y-constitucion.html

 

Es habitual analizar el tema de la corrupción -tan vigente siempre- desde el punto de vista exclusivamente económico. Será interesante, tal vez, prestar un poco de atención al ángulo jurídico del asunto, sin restar importancia, de ninguna manera, al económico, ya que ambos están intrínsecamente implicados. Nuestra Ley Fundamental toca directamente el tópico, y subsume -como se verá del siguiente examen- lo económico en lo ético:

“El último párrafo del art. 36 de la Constitución establece que el Congreso deberá sancionar una ley que regule la ética pública para el ejercicio de las funciones gubernamentales. Una ley semejante, siempre que sus disposiciones sean claras y precisas, constituirá una garantía sumamente eficaz para la consolidación de un sistema democrático constitucional. El incumplimiento de las normas éticas por los gobernantes ha sido y es uno de los factores más nocivos para la subsistencia del régimen constitucional, y uno de los argumentos que con mayor frecuencia han utilizado sus adversarios para pretender demostrar su inconsistencia en función del bien común de la sociedad.”[1]

La ética definida constitucionalmente comprende, por tanto, los comportamientos de los funcionarios públicos en su totalidad, sean estos en sus actos económicos como no económicos. Existe un enfrentamiento directo entre violación a la ética pública y la constitucionalidad. La cercana interrelación entre ética pública y economía viene dada por el hecho de que todo funcionario público maneja lo que se ha dado en llamar el erario público, lo que implica que, en el fondo, el funcionario público es (o debería ser) un mero administrador de recursos ajenos que, en el mejor de los casos, le han sido confiados por mandato legal a los únicos fines administrativos.

Sin embargo, también dispone de ellos muchas veces como si fueran propios. Tanto administrativa como dispositivamente estas amplias facultades que tiene el burócrata son una excelente oportunidad para verse tentado a aprovecharse de las mismas.

Nosotros preferimos la expresión de ética política a la de ética pública, porque opinamos que muchas conductas individuales de particulares también afectan a la ética pública, aun cuando esas personas estén fuera de órbita política.

“De todas maneras, cabe recordar que existen disposiciones legales que regulan, de manera parcial, la ética pública republicana. Por otra parte, antes de la reforma, en modo alguno la Constitución impedía la sanción de una norma de la especie que ahora enuncia el art. 36. La ética puede ser objeto de múltiples definiciones, atendiendo a la corriente filosófica en que se enrola el analista. Sin embargo, teniendo en cuenta que una Constitución no es una obra científica ni doctrinaria, sino una norma jurídica fundamental impregnada de realismo y sencillez, que es instrumento de gobierno y símbolo de unidad nacional, sus palabras deben ser explicadas a la luz del lenguaje y pensamiento del ciudadano común.”[2]

A pesar que la llamada ética pública tiene en mira los posibles desfalcos económicos que los burócratas tienen oportunidad de llevar a cabo en ocasión de los cargos políticos que ostentan (y de los cuales no son pocos los que no se privan de cometerlos), desde el ángulo constitucional no se limitan a ellos, como ya se ha aclarado. Pero, bien visto, lo ético tiene indisoluble vínculo con lo jurídico, y este con lo económico.

Desde el momento que una norma (como es la Constitución) se refiere a la ética como lo hace en su art. 36, ello implica incluir a esta en el campo de Derecho. Y no puede negarse que el Derecho tiene por objeto regular conductas que no dejarán de tener consecuencias económicas, dado que la aplicación de toda norma ha de dar por sentado que se cuenta o que se contará con los recursos necesarios para ello. De tal suerte que, queda claro (al menos para nosotros) el estrecho nexo entre ética-economía-derecho. Los actos de corrupción dañan por igual a este trípode.

“Desde esta óptica, la ética no es tanto, una ciencia filosófica que estudia las normas a que debe someterse la conducta humana y las consecuencias que se derivan de su aplicación, sino un arte que tipifica comportamientos individuales y sociales encaminados al logro del bien.”[3]

Siguiendo las directrices del individualismo metodológico nos resulta bastante difícil poder reconocer la existencia de comportamientos “sociales”, excepto que se quisiera describir a una suma de conductas individuales, donde logramos visualizar mejor el concepto. Hecha esta salvedad, no podemos estar sino de acuerdo con lo expuesto en la cita. Lo característico, entonces, de la ética es -según este autor- la de ser un arte que tipifica comportamientos (para nosotros solamente individuales, dado que la responsabilidad tiene sentido únicamente respecto de la conducta de los individuos) encaminados al logro del bien.

“No se trata de la ética individual, positivista o religiosa, sino de la idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común. En tal sentido, el concepto vulgar de la ética pública impone conductas al gobernante, tanto en su vida pública como en la privada cuando, esta última, adquiere relevancia social.”[4]

El autor analizado nos da a entender que habría distintas “éticas” como ya había esbozado en su párrafo anterior. Por un lado, distingue una ética individual (positivista o religiosa) y la separa de otra ética que califica como “idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común”. Da la impresión que se apunta a lo que habitualmente se denomina por algunos como ética “social” pero más bien parece que desea aludir a una especie de “ética política” porque la hace dirigir exclusivamente a los gobernantes en su comportamiento. Existiría entonces -sintetizando, y en el concepto de nuestro autor- una ética individual por un lado y otra ética que podríamos llamar “política” por el restante. Pero no es cualquier “ética política”, sino que es una ética a cumplir en cabeza de los gobernantes y no de los gobernados. Para estos últimos parece quedar reservado el campo de la ética individual.

[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada – 2a M. – Buenos Aires- La Ley, ISBN 987-03-0947-X (Tomo Ii)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) “Las Garantías Institucionales” N° 457. Ética Pública Pág., 1347-1348

[2] Badeni, Gregorio, ibidem.

[3] Badeni, Gregorio, ibidem.

[4] Badeni, Gregorio, ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Que “todo cambie” para que siga la corrupción

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 20/3/18 en: https://www.eldiarioexterior.com/que-todo-cambie-para-que-49658.htm

 

Así las cosas, los italianos llegarán a cientos de Repúblicas. La actual, la Segunda, nació después de Mani Pulite, el macroproceso que destapó una extensa red de corrupción.

 

Ahora, después de las recientes elecciones, Italia es el único país europeo donde los partidos anti “establishment” suman más del 50% de los votos, contra la casta política ineficaz y corrupta. Surgieron dos formaciones opuestas pero populistas, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), con el 32,6% de los votos, un artefacto antisistema fundado hace 10 años para acabar con los privilegios de la ‘casta’; y la Liga, con el 17,4%, una formación xenófoba. Ambos intentan presidir el Gobierno de la tercera economía de la zona euro.

El primer ministro, Matteo Renzi, del Partido Democrático (18,7%) de centro izquierda, y Silvio Berlusconi, de Forza Italia (14%), de centro derecha, fueron humillados. Pero nadie tiene una mayoría clara como para formar Gobierno. “Ha nacido la Tercera República”, proclamó Luigi Di Maio, el candidato del M5S (31 años) y que comenzó su carrera en el neo fascismo.

Pero la corrupción no ocurre solo en Italia, sino en los Gobiernos del mundo, todos. Solo por nombrar casos recientes, señalemos que el Grupo contra la Corrupción del Consejo de Europa le pidió a Portugal -el país con mejor calidad de vida de Europa según InterNations- que mejore la prevención de la corrupción en diputados, jueces y fiscales ya que la situación es “globalmente insatisfactoria”.

Otra noticia da cuenta de que Netanyahu, después de 13 años en el poder israelí, está cercado por escándalos de corrupción y la policía ha recomendado imputarlo por soborno y fraude, aunque su capacidad de resistencia es grande. Del otro lado del Medio Oriente, el príncipe Mohamed Bin Salmán (MBS) de Arabia Saudí ha iniciado su primer viaje desde que fue designado heredero. La gira, con paradas en Londres y Washington, busca atraer al reino las millonarias inversiones requeridas para las reformas dado el desplome del precio del petróleo.

MBS intenta, entre otras cosas, privatizar el 5% de Aramco, la empresa estatal de petróleo, por la que espera obtener dos billones de dólares. Pero hete aquí que, más allá de la corrupción detrás de la gigantesca compra de armas occidentales, los analistas son escépticos ya que Aramco tiene problemas de transparencia en su gestión y tendría que revelar datos que nadie quiere esclarecer.

Es que la corrupción es esencial al Estado moderno, al punto que muchas economías no podrían funcionar sin ella: por caso, hay países en donde el trabajo informal -“en negro”- es tal que el nivel de desocupación sería insoportable si no existiera. El problema es que el Estado moderno se define como el monopolio de la violencia dentro de un territorio, y la violencia, ya lo decían los griegos como Aristóteles, es la corrupción de la naturaleza incluida la humana y la social.

Al contrario del mercado natural, donde una persona si quiere paga por una mercadería el precio que el vendedor le pide, el Estado impone, por ejemplo, el cobro de impuestos incluso a aquellos disconformes, y esta disconformidad es caldo de cultivo para corromper al funcionario que tiene la capacidad de decidir la coacción de las normas. O sea, que los italianos podrán cambiar miles de repúblicas porque no es cambiándolas que terminaran con la corrupción, sino terminando con la coacción de los Gobiernos.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Desmitificando al liberalismo

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 4/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/04/desmitificando-al-liberalismo/

 

La mala imagen del liberalismo descansa en una serie de mitos. Aquí algunos de ellos

Hubo una época en la que Argentina sabía estar entre las naciones con mayores ingresos del mundo. Fue la época del liberalismo y la apertura comercial en Argentina. Con la llegada del peronismo, la Argentina giró 180 grados, se volvió un país alejado de los principios del libre mercado, donde la política de sustitución de importaciones es más importante que el comercio internacional. Actualmente Argentina ya no se encuentra entre las naciones de mayores ingresos del mundo y posee índices de pobreza cercanos al 30 por ciento. Es un país asociado a la corrupción, las expropiaciones y las recurrentes crisis económicas.

No obstante la mala imagen que el liberalismo posee en Argentina, en los últimos tiempos esta doctrina ha ganado presencia en el debate público y en los medios. En especial a través de los economistas liberales, que no se cansan de insistir una y otra vez con los beneficios del libre comercio. La mala imagen del liberalismo descansa en una serie de mitos. Aquí algunos de ellos.

El liberalismo no es pro empresa, es pro igualdad ante la ley.

El liberalismo no es una doctrina que busque beneficiar a un sector a expensas de otro. Si hay un sector sobre el cual Adam Smith ya alertaba tener cuidado, era justamente el empresarial. Es una doctrina que busca respetar la igualdad ante la ley. No sólo para trabajadores y empresarios, fundamentalmente también para el Estado. No hay lugar para la extorsión para mafias, ni para sindicatos, ni para funcionarios públicos.

Podría decirse que si hay un sector social al cual el liberalismo beneficia, es al trabajador. En los países con economías más libres del mundo el factor trabajo recibe un porcentaje del ingreso total mayor al factor capital. Mientras que en las economías menos libres, esta relación tiende a invertirse.

El liberalismo no es anti Estado, es pro límites al abuso de poder. Hay varias corrientes de liberalismo, por ejemplo, el liberalismo clásico, el anarco-capitalismo, el minarquismo, etcétera. El término “libertario” abarca a todas esas corrientes. Salvo el anarco-capitalismo, el liberalismo no busca eliminar al Estado. Lo que el liberalismo requiere son maneras eficientes de contener los abusos de poder estatal. Es un error conceptual pensar en el libertarismo como un indicador de pureza liberal. Mayor rechazo al Estado no implica necesariamente ser más liberal, es simplemente ser más anti Estado o quizás más anarquista.

Posiblemente los tres economistas liberales con mayor reconocimiento del siglo XX sean Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek y Milton Friedman (Karl R. Popper y Robert Nozick en el área de la filosofía). Ninguno de los tres era anarco-capitalista, los tres fueron liberales clásicos que consideraban al Estado necesario, en términos de liberalismo clásico, para tener una economía libre y estable.

El liberalismo no es despreocupado de las necesidades sociales, busca justamente ayudar a los más necesitados.

El liberalismo no es una doctrina fría a la que no le importa la suerte de los más necesitados. Por el contrario, considera que una economía libre es el sistema económico con más posibilidades de reducir la pobreza. De hecho, la historia muestra que los grandes procesos de reducción de pobreza se dan a la par de mayores libertades económicas. Quien crea que al liberalismo no le importan los pobres o los necesitados puede darse una vuelta por los textos de autores como Mises, Hayek, Friedman, Adam Smith, etcétera.

Hoy día se habla menos de pobreza y más de desigualdad del ingreso. Esto se debe, justamente, a la fuerte reducción en pobreza que se ha observado en las últimas décadas. La distribución del ingreso es un problema distinto al de pobreza. Y como sugiere Angus Deaton, nobel en Economía por sus estudios en este tema, el problema no es la distribución del ingreso en sí sino qué tan justo es el proceso por el cual se distribuye el ingreso. Al buscar la igualdad ante la ley en lugar de beneficios sectoriales, el liberalismo desea un sistema social más justo.

Se encuentra arraigado en la opinión pública que las economías más libres poseen una peor distribución del ingreso. Este no es el caso. El porcentaje del ingreso nacional que recibe el 10% de la población con mayores ingresos es independiente del grado de libertad económica. La diferencia es que en países como la Argentina del kirchnerismo o la Venezuela bolivariana los ricos son aquellos que se benefician a través del Estado. Mientras que en países con economías libres, los ricos son aquellos que sirven al consumidor. Empresarios como Bill Gates, Jeff Bezos o Steve Jobs se encuentran en países con economías libres, no con economías reprimidas como la de Argentina.

El liberalismo no es partidario, es constitucional. Al liberalismo le preocupan las normas que deben gobernar a una sociedad, es decir, su Constitución. El liberalismo no es un movimiento o un partido político, es una concepción constitucional o fundacional. Consiste en pensar cómo limitar al rey o al Estado, indistintamente de quién sea el gobierno de turno. Pedir que el liberalismo “arme un partido y gane las elecciones” es simplemente confundir cómo se debe administrar al Estado (partidos políticos) con cuál debe ser el papel del Estado (liberalismo como filosofía política).

El liberalismo es fundamentalmente democrático y republicano. Sugerir que el liberalismo es pro dictadura porque algún funcionario supuestamente liberal se ha identificado como tal no hace sombra la constante oposición al autoritarismo del liberalismo. Por ejemplo, a diferencia de los mitos que rondan por sectores de izquierda, ni Friedman ni Hayek apoyaron ni contribuyeron con la dictadura chilena. Por el contrario, en ambos casos dejaron cuestionamientos inequívocos a la dictadura.

La época de oro de Argentina coincide con su época liberal. Argentina tiene la posibilidad de volver a discutir estas ideas y dar inicio a un cambio en serio y de fondo. Para ello es necesario discutir las ideas del liberalismo, en lugar de perderse en mitos y versiones caricaturescas.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

El mercado, el peor “enemigo” de los políticos

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 2/10/17 en: https://www.eldiarioexterior.com/default.asp?v=normal

 

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping ha promovido la noción de “soberanía de Internet”, por la que Beijing puede dictar a sus ciudadanos lo que no pueden ver y publicar en la red.

 

“No queremos escuelas funcionales a las necesidades del mercado”, rezaba la pancarta de una estudiante izquierdista durante una manifestación en Buenos Aires. Pobre chica, la han engañado al punto de llevar ese cartel que, realmente, dice “no queremos escuelas funcionales a mí, a mi familia y a mis amigos”.

Los políticos le han hecho creer que el mercado son empresarios que manejan la economía pensando en sus ganancias, porque de este modo pueden justificar la necesidad de que los gobiernos (ellos) intervengan en la economía y hagan grandes negocios, corrupción de por medio. Irónicamente, muchos ricos suelen apoyar esta idea, porque necesitan de los políticos para armar negocios suculentos, como cuando piden controles aduaneros que impiden la competencia del exterior.

Así, estos empresarios hacen enormes ganancias empobreciendo a las personas comunes (el mercado real), lo que retroalimenta la idea de que “el mercado” es solo un abuso de los ricos, cuando es todo lo contrario: es la persona común que se relaciona pacíficamente con otras en pos del beneficio económico de ambos.

El corolario es que no existe, por un lado, la libertad económica y, por el otro, la libertad política o física. No existe distintas libertades, existe solo una indivisible salvo en la mente de los políticos que quieren justificar cuando coartan la libertad en su propio beneficio. Quizás, el caso más sintomático sea el de China, que libera al mercado -a las personas- parcialmente pero no termina de desembarazarse del comunismo y sigue coartando la libertad en buena medida, con lo que deja de crecer todo lo que podría.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping ha promovido la noción de “soberanía de Internet”, por la que Beijing puede dictar a sus ciudadanos lo que no pueden ver y publicar en la red. Está prohibida Instagram, Snapchat y Twitter porque el gobierno estaba nervioso por el papel que jugaron en la Primavera Árabe y la Revolución Verde de 2009 en Irán. Gmail -y Youtube- es uno de los muchos servicios de Google que está restringido por los reguladores chinos, salvo en Hong Kong que mantiene un mayor grado de libertad lo que redunda en un mayor desarrollo económico.

La censura china llega a la ridiculez de bloquear transferencias de dinero con números que coinciden con fechas sensibles, como la represión contra los manifestantes de la Plaza Tiananmen el 4 de junio de 1989. Lo que viene a demostrar que no existe realmente una línea divisoria entre libertad económica, política, física o de difusión de ideas. Críticas sobre derechos humanos, Tíbet o el Partido Comunista están prohibidas. Por cierto, y quizás esta sea la clave de todo, se prohíbe informar sobre la riqueza de los funcionarios chinos.

Periodistas extranjeros, diplomáticos o activistas locales encuentran en la aplicación Whatsapp uno de los pocos reductos en los que escapar de la férrea censura china. Sin embargo, desde hace pocos días, los usuarios han visto cómo incluso este servicio de mensajería se bloquea y tiene numerosos problemas. Es un momento muy sensible ya que el próximo 18 de octubre, Pekín acogerá el XIX Congreso del Partido Comunista, que se celebra cada cinco años y en el que se da por hecho que Xi Jinping renovará su cargo como presidente, aunque existe incertidumbre sobre quienes lo acompañarán en el Comité Permanente del Politburó, el órgano de mayor rango del partido.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.