La barbarie sindical argentina

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado en: https://faroargentino.com/2022/02/la-barbarie-sindical-argentina/

La cámara de celular, indolente, recorre la escena. El hombre, calvo, lleno de ira, recoge la silla y la abanica una, dos, tres veces, como si intentase ahuyentar la barbarie a golpes de caño y lona. Sin embargo, al igual que la cámara, también las bestias son indolentes a la acción y tampoco se inmutan. Sólo se limitan a espetar un “calmate, loco”. Pero el “loco” (que no es loco, sino un hombre cansado y desesperado) no da cuenta de la indicación y sigue pidiéndole al chofer del camión que “les pase por arriba”. Finalmente abre la puerta, sube al asiento del conductor y es él el que atraviesa los portones de la empresa. Como último estertor, coronando el delirio, penetra en off el latiguillo que hace de telón: “Vas a salir vos solo, conchudo”.

El continuo, con potencial cinematográfico, se dio en Chaco este último 10 de febrero, cuando Enzo Meucci, titular de la firma Don Sendo, se enfrentó a miembros del Sindicato de Aguas y Gaseosas que bloqueaban la salida del centro de logística intentando que los empleados de la distribuidora, afiliados al Sindicato de Comercio, migraran de facto al suyo.

Escenas así se han repetido hasta el hartazgo, haciendo que lo que podría ser considerado solo una anécdota, se haya vuelto en los últimos años un Modus Operandi que algunos llaman “el método Moyano” por haber sido éste, como en tantas otras perfidias nacionales, el vanguardista impulsor de una metodología que ya ha llevado a múltiples enfrentamientos, heridos y al cierre empresas.

Mientras el presidente de la Nación se abraza al titular del Sindicato de Camioneros y lo señala, con lágrimas en los ojos y la voz tomada por la emoción, como un “sindicalista ejemplar”, la Justicia avanza en no menos de siete causas que podrían terminar con condenas en breve, porque “ninguna norma autoriza la coacción”, tal como supo afirmar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que en diciembre de 2021 confirmó el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo realizado en 2020 al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora.

Sin embargo, nada de esto es lo importante. Es solo la punta de un iceberg enorme del que la mayoría parece haber dejado de percatarse.

Antonio Paulino Mucci, fallecido en 2004, fue un sindicalista argentino, proveniente del sector gráfico, que asumió como ministro de Trabajo en el período 1983-1984, de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín. Su apellido pasó a ser recordado por haberse transformado en el título de la última ley orientada a enfrentar el enorme poder sindical. La “Ley Mucci”, como habría de pasar a la historia, se planteaba entre sus objetivos la normalización de las elecciones sindicales, la limitación de la reelección de los sindicalistas a cargos electivos, la garantía de representación de las minorías en los consejos directivos, el quite a los sindicatos del manejo de las obras sociales y la promoción de nuevas organizaciones sindicales. O dicho en criollo: el recorte de poder de lo que en aquél entonces se denominaba en los pasillos de la Casa Rosada como “El Partido Sindical” que, junto con “El Partido Militar”, habían sido durante décadas los grandes concentradores del poder antirrepublicano y antidemocrático en Argentina.

El 10 de febrero de 1984, haciendo uso de la mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno radical obtenía la media sanción para la Ley. Sin embargo, la hábil gestión en el senado por parte del histórico dirigente justicialista Oraldo Britos, desde la Comisión de Trabajo que presidía, generó que, tras la presión a varios independientes, la iniciativa cayera por tan solo 2 votos (24 a 22) el 14 de marzo. Luego, la historia es conocida: Mucci renunció y fue reemplazado por un inexperto Juan Manuel Casella en la cartera de Trabajo, Ubaldini (líder de la CGT de aquél entonces) limó el poder del alfonsinismo con 13 paros generales y el intento de poner en caja a los sindicatos jamás volvió a practicarse.

Hoy, 38 años más tarde, de los sindicatos no parece acordarse nadie. Salvo los trabajadores y empresarios que los sufren y de vez en vez los medios tradicionales que, para llenar ocasionalmente su grilla, muestran sin explicación alguna episodios demenciales como el bloqueo a una fábrica, tiroteos a la luz del día para dirimir internas o extorsiones sin ningún pudor a trabajadores para que acaten el capricho de turno de algún señor feudal. Y digo esto de “sin explicación alguna”, porque el periodismo argentino ha elegido como estrategia desinformativa exhibir nuestras miserias diarias en tono de indignación, sin agregarles la más mínima editorial que pueda hacer que el gran público, ese que luego vota y elige dirigentes, entienda por qué pasa lo que pasa.

Y lo que pasa, justamente, es que en Argentina conviven hace décadas dos sistemas absolutamente antagónicos: uno, agonizante, basado en un ideario liberal y exhibido dentro de nuestra Constitución y otro, corporativista, cada día más aceptado y vital, impuesto de facto en la práctica cotidiana. En el primero, sin ir más lejos, todos los individuos somos iguales ante la ley. En el segundo, aquellos individuos que forman parte de ciertas corporaciones adquieren un estatus privilegiado que los habilita a ejercer coacción a empresarios, presionar a los gobiernos de turno, imponer políticas públicas, manejar enormes cajas del Estado y, todo eso, sin ser jamás legitimados por el voto.

Así las cosas, la Constitución Argentina fue reformada de facto sin que a “Doña Rosa” (utilizando la vieja expresión periodística) se le haya consultado nada o, lo que es peor, sin que esta siquiera se entere.

Quizá el lector ocasional crea que llamar “bestias”, al inicio de la nota, a los sindicalistas que bloqueaban la empresa haya sido un exceso. Pero pregunto: ¿cómo llamaríamos en un país que hace 11 años que no genera empleo genuino a quienes lo destruyen? ¿Qué etiqueta habría de ponérsele a quienes a fuerza de coacción han generado costos de logística imposibles de afrontar que sólo han favorecido la ganancia de mercados internacionales a nuestros competidores fronterizos? ¿Cómo habría de clasificarse a aquellos que impiden las reformas necesarias para que vuelva a existir la movilidad social de antaño en un país que alcanzó un 72% de niños pobres en su provincia más poblada? Los escucho.

Quizá también el lector ocasional se vea tentado a caer en dos trampas simultáneas que los sindicalistas han utilizado a lo largo del tiempo para legitimarse. La primera, aquella que como un latiguillo espetan sin vergüenza al afirmar que de no existir ellos, “la izquierda radicalizada tomaría las empresas”. Este fantasma les ha valido la protección del poder político por décadas, sin considerar que nada hace más a la propagación de las ideas de izquierda más absurdas que la destrucción sistemática del aparato productivo y la imposibilidad real de que cientos de miles de jóvenes accedan a un empleo y vivan una vida digna de progreso y ascenso social. En segundo lugar, no falta el que afirma que los sindicatos han perdido todo poder y que ahora “la manija la tienen los movimientos sociales”.

Sin lugar a duda, esta es una verdad a medias. Desde ya que la implosión del aparato productivo argentino, de la que son responsables todos los gobiernos por acción u omisión desde la vuelta de la democracia, ha generado un bastión de miseria que fue aprovechado hábilmente por esos actores que fueron romantizados por el periodismo de los años noventa y que son legitimados por gran parte de la intelectualidad argentina hoy. Y sin lugar a duda tampoco deja de ser cierto que en un escenario así los sindicatos han perdido algo de peso específico frente a organizaciones que han sabido hacerse con el control creciente de los recursos del Estado orientados a subsidios y de la logística de movilización de cientos de miles de personas que son extorsionadas diariamente para no perder las migajas que éstos les entregan. Sin embargo, no deja de ser cierto tampoco que movimientos sociales y sindicatos son simplemente dos estadios temporales diferentes, pero de la misma naturaleza, de ese corporativismo que mencionaba anteriormente. No por nada en octubre de 2021 ya se hablaba de una integración creciente de la CGT con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y mientras se escribe esta nota, se rumorea sobre la intención del actual presidente de generar un Ministerio de Trabajo paralelo para Emilio Pérsico.

Hace pocas semanas atrás, conversaba con un trabajador de planta de una reconocida automotriz de la zona de Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires. En el corto diálogo, me señalaba que la crisis económica actual había provocado la pérdida de beneficios puntuales para los trabajadores de la empresa sin que el sindicato interviniera en la cuestión. No refería a ningún privilegio ridículo, sino puntualmente al tiempo que la empresa le daba para lavarse las manos antes de acceder al intervalo de almuerzo. Algo bastante razonable considerando que su función implicaba estar expuesto a lubricantes y químicos varios. Frente a mi pregunta de cómo podía ser que esto ocurriese, me respondió: “- El sindicato ni viene a la empresa, ni conoce lo que hacemos. Pero eso sí: cuando hay un acto político te vienen a buscar en camiones porque si no todo se convierte en un infierno”. Si para muestra basta un botón, el dialogo podría pensarse como perfectamente representativo de una lógica sindical que se encuentra más integrada a los negocios y a la política que a la verdadera función representativa del trabajador que se le supone.

Sin embargo, nada de todo esto se menciona en nuestras discusiones diarias. Y sorprende, sobre todo de aquellos que se postulan hoy como alternativas a la política tradicional, no sólo la falta de propuestas concretas para avanzar contra el monstruo que hace casi cuarenta años no se pudo derrotar, sino también el coqueteo imprudente que se hace por momentos con esta bestia, también desde este sector, a pesar de vivir mencionando la figura de Alberdi como espíritu rector. Justamente lo contrario a lo que todo este corporativismo, de origen fascista, representa.

Lo cierto es que sin afrontar los pilares que han propiciado la destrucción de nuestra patria, no habrá retórica ni nuevos bríos que se conviertan en la transformación urgente que este país necesita. Y si el espectro político es llenado con alternativas que carezcan de la visión y la praxis de aquello que parecen prometer, solo se terminará alimentando esa sensación de imposibilidad creciente que vive el electorado desde hace décadas y haciendo que Ezeiza siga siendo, para muchos, la única salida real.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infobae, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

Los Metrodelegados del Estado Profundo

Por Iván Carrino. Publicado el 23/5/18 en: http://www.ivancarrino.com/los-metrodelegados-del-estado-profundo/

 

Los eventos del martes nos recuerdan que los argentinos somos rehenes de corporaciones violentas.

El martes por la tarde me invitaron al programa de Mauro Viale, que se emite por A24 todos los días a partir de las 16:00 Hs.

La entrevista había sido pactada con unos días de antelación, en momentos en que nadie pensaba que ese día iba a terminar habiendo 16 empleados del subte detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al piso, el caos estaba  en su momento más alto y en el estudio habían invitado a 5 gremialistas. El tema del momento era el conflicto del subte, y no hubo espacio para hablar de economía.

Comprensible…

Por fortuna, hace tiempo que no tengo que tomarme el subte todos los días para ir a trabajar. Sin embargo, sí lo hace mi mujer, y no hay semana que no me cuente de una demora, un paro sorpresivo, y el caos que todo eso genera.

Ahora yo me pregunto, si a mí no me gustan las condiciones laborales en las que me contratan: ¿tengo derecho a romperle la empresa a mi empleador?

Claramente, no.

La esencia de los contratos voluntarios (y el contrato laboral es uno de ellos) es que somos libres de aceptarlos, o no. Y si se da este último caso, entonces agarrás tus cosas y te vas. Punto.

Ahora bien, los “Metrodelegados” (quienes  encima no tienen personería jurídica para reclamar) dicen que sus salarios son demasiado bajos. Que tienen “derecho” a un aumento mayor.

Perfecto, sin duda que lo tienen… Ahora: ¿van a ir a reclamarlo a punta de pistola? ¿Van a ir a reclamarlo impidiendo por la fuerza el funcionamiento normal del subte y perjudicando a millones de usuarios?

Lo que vivimos el martes fue una demostración clara de que el sindicalismo argentino (o al menos gran parte de él) opera como una organización mafiosa en donde, si no se hace lo que él dice, entonces a sufrir las consecuencias.

Los hechos me hicieron recordar una sección de mi  anteúltimo libro, Historia Secreta de Argentina, en donde describo cómo, en lugar de vivir en una democracia donde la “voluntad popular” (si es que existe eso) se manifiesta a través del voto, vivimos en un país cooptado por las corporaciones… Corporaciones que, sin ganar una elección, deciden con diferentes métodos de presión, para dónde va el país.

Si seguimos por esta senda, sin duda seremos inviables.

Aquí abajo encontrarán ese segmento de mi libro.

Los sindicatos que se oponen a la productividad

Los sindicatos pueden cumplir un rol muy importante en el mercado, pero también pueden terminar siendo un impedimento para el desarrollo y el crecimiento de los países.

El rol importante consiste en facilitar las negociaciones salariales entre las empresas y sus empleados. En una empresa pequeña, donde trabajan el dueño y 4 o 5 empleados, esto puede no ser necesario. Sin embargo, en la medida que crece el tamaño del emprendimiento, y la cantidad de empleados empieza a ser mayor, se vuelve necesaria la figura del mediador, representante, o delegado.

Sin embargo, hay una faceta no tan deseable. Veamos lo que sostiene el periodista especializado Ricardo Carpena[1]:

En Argentina han cambiado los partidos, la dirigencia empresarial, las fuerzas armadas, hasta la Iglesia. Pero los sindicatos siguen en manos de los mismos hace 30 años. ¿Cómo lo logran? Porque son funcionales al poder. Hasta los militares pactaron con ellos. Siempre existió la sensación de que sin los sindicalistas no se puede gobernar Argentina. Todos siguen la máxima instalada por Augusto Timoteo Vandor, líder de los metalúrgicos en los 60: ´golpear para negociar´. No para cambiar el mundo ni hacer la revolución. Para negociar.

No creo que haya una definición más exacta del estado profundo que la ofrecida por este periodista sobre los sindicatos. Organizaciones comandadas por las mismas personas hace 30 años, y sin las cuales no se puede gobernar el país.

¿Pero cómo, no vivíamos en democracia?

Los sindicatos son verdaderas organizaciones de dinero y poder en nuestro país. Gracias a la administración de las obras sociales que proveen servicios de salud, administran cajas multimillonarias con el dinero que el gobierno toma de los trabajadores y les asigna directamente.

Además, sus negociaciones salariales pueden convertirse en un verdadero calvario para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Si los salarios ofrecidos no son de su agrado, convocarán a un paro general, trastornando por completo el tránsito de la ciudad más poblada del país. Si el descontento es mayor, entonces cortarán calles, o bloquearán la salida de los camiones de las empresas con las que estén “negociando”.

En cualquier ciudad grande del país hemos sido testigos del poder de los sindicatos. Es una muestra de que en nuestra democracia, “lo público” no solo lo deciden quienes votamos en los comicios abiertos, sino grupos de presión claramente establecidos, que poco se preocupan por el bienestar general.

Dos ejemplos bastarán para entender hasta qué punto llega el deseo de estas organizaciones por defender sus intereses particulares sin importarles el daño sobre el conjunto.

Recientemente, el Banco Central de la República Argentina quería permitirles a los bancos decidir libremente si enviaban por correo de papel o vía “e-mail” los resúmenes de cuenta. Sin embargo, el sindicato de camioneros frenó la medida. Con el argumento de que la elección del email dejaría a los transportistas sin empleo, los sindicalistas bloquearon los ingresos al Banco Central. Finalmente, Federico Sturzenegger, presidente de la entidad, decidió dar marcha atrás con la medida[2].

Otro caso emblemático se dio también recientemente en la línea C de subtes. En dicha línea la empresa Metrovías había decidido hacer unas reformas en una de las estaciones de cabecera, de manera de ofrecer un mejor servicio a los pasajeros. El tema fue que las reformas se hicieron en la zona de los vestuarios de los empleados, por lo que dichos vestuarios se tuvieron que sustituir momentáneamente por baños químicos, por supuesto, más incómodos.

Ahora frente a esta situación, en lugar de consensuar una salida o tolerar el mal rato transitorio, los “Metrodelegados” decidieron hacer un paro y cortar el servicio del tranvía subterráneo por 24 horas.

Derecho a huelga

Uno de los economistas a nivel global que se dedicó a estudiar a los sindicatos durante la década del ’80 fue Friedrich A. Hayek. El austriaco de nacimiento sostenía que si bien él no se oponía a que hubiera asociaciones que representaran a los trabajadores, sí le molestaba que estos grupos estuvieran, de alguna manera, operando por encima de la ley e imponiendo su voluntad a terceras personas.

En un párrafo que parecería describir la realidad nacional, Hayek sostenía:

Dado que la huelga ha sido aceptada como un arma legítima de los sindicatos, se ha llegado a creer que se les debe permitir hacer lo que sea que les parezca necesario para conseguir una huelga exitosa. En general, la legalización de los sindicatos ha llegado a significar que cualquier método que consideran indispensable para sus propósitos también debe considerarse legal.[3]

En Inglaterra, por ejemplo, una ley de 1906 blindaba a los sindicatos contra la persecución judicial por coerción y violencia. Como uno puede suponer, esto simplemente llevó a mayor violencia y coerción ejercida por los sindicatos. Esto es algo que cambió cuando Margaret Thatcher asumió la presidencia.

En nuestro país la violencia y la coacción sindical están a la orden del día. Si no se hace lo que quieren, entonces pueden suspender las actividades comerciales, bloquear ingresos y salidas, o cortar calles y avenidas públicas.

El poder intimidatorio de los sindicatos persigue un objetivo principal: aumentar el salario por encima de aquél que prevalecería en un mercado libre. Pero cuando esto se consigue gracias al poder de coerción, entonces las consecuencias indeseadas aparecen.

El primer efecto de la distorsión en los salarios que pueden generar los sindicatos es el desempleo. Al director de un gremio y a sus miembros no les interesa si, producto de sus exigencias, otros individuos se quedan sin trabajo. Su único interés es recibir más dinero por el esfuerzo que realizan, de la misma forma que los empresarios prebendarios solo quieren incrementar sus ganancias.

El problema es que cuando los sindicatos logran imponer salarios mayores a la productividad, algunas empresas deben cerrar sus puertas, o achicar costos en otro lado, o bien frenar la contratación de nuevos empleados.

Imaginemos la siguiente situación. Una empresa de tazas de cerámica tiene dos empleados. Juan produce 5 tazas por hora, mientras que Pedro solo produce 4 tazas. Si cada taza tiene un valor de mercado de $ 1, entonces la productividad de Juan será de $ 5 por hora, mientras que la de Pedro será de $ 4. En este escenario, el empresario dueño de la fábrica podría pagar a cada uno salarios distintos. Para ganar dinero, asumamos que le paga $ 4,5 a Juan y $ 3,5 a Pedro, de manera que por cada hora de trabajo de sus empleados (e ignorando otros costos), se lleva a su bolsillo $ 0,5.

Ahora supongamos que el sindicato de trabajadores de la cerámica llegó a un acuerdo con los capitostes de la industria y decidieron que el salario mínimo no podrá ser inferior a $ 4,5 por hora de trabajo. En un primer momento, Pedro puede estar contento. Antes le pagaban $ 3,5 y ahora el sindicato sostiene que deberán pagarle $ 4,5 (igual que a Juan). Sin embargo, si la empresa comienza a pagar ese salario, pasará de recibir una ganancia de $ 0,5 por hora de trabajo, a sufrir una pérdida de la misma magnitud.

En este escenario, a más horas de trabajo de Pedro, mayor es la pérdida de la empresa. Es lógico, entonces, esperar que la empresa decida echar a Pedro, para evitar seguir perdiendo.

Finalmente, por intentar que Pedro gane más dinero, se terminó reduciendo su salario a cero.

Flexibilidad laboral, salarios más altos

Siguiendo el libreto sindical, la economía y el mercado de trabajo se encuentran fuertemente regulados. Frente a eso, suelen aparecer propuestas de “flexibilización laboral”.

Obviamente, esto último le genera urticaria a más de uno.

Es que de acuerdo con el libreto políticamente correcto, la flexibilización es lo peor que puede pasarles a los trabajadores, porque los empresarios los comenzarían a “explotar”.

Este argumento es falso. En primer lugar, porque, como decíamos, si las regulaciones son excesivas, aparecerá el mercado negro, donde el estado pierde todo el control sobre lo que allí sucede.

En segundo lugar, porque un mercado laboral más libre no solo es bueno para las empresas, sino para todos los que quieran obtener un empleo.

Una institución que mide la libertad de los mercados laborales en el mundo es la Fundación Heritage de los Estados Unidos. Para evaluar los mercados de trabajo, Heritage toma en consideración la existencia y el monto del salario mínimo, la rigidez en las horas de trabajo, la dificultad para despedir empleados, el monto de las indemnizaciones que se imponen a las empresas, el preaviso y las trabas para contratar.

Si los obstáculos son altos, dirán que el mercado es poco libre, mientras que de haber pocas trabas, estaremos en un mercado flexible.

Los cinco países de más de un millón de habitantes que mejor se ubican en este índice son Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Nueva Zelanda. Entre ellos, en Estados Unidos y Dinamarca el despido es libre, por lo que las empresas no deben indemnizar al empleado si deciden no continuar empleándolo.

Uno podría pensar que con tanta libertad, muy mal les está yendo a los trabajadores de esos países. Sin embargo, estamos frente a los salarios más elevados del planeta.

Cuadro 1.3. Libertad laboral, salario y desempleo.

Ránking de Libertad Laboral Heritage.org País Desempleo Salario Promedio en USD de 2015
1 Estados Unidos 6,2% 58.700
2 Singapur 3,0% 38.800
3 Hong Kong 3,2% 23.900
4 Dinamarca 6,6% 63.700
5 Nueva Zelanda 5,6% 43.100

Fuente: Elaboración propia en base a Heritage.org, Banco Mundial, OCDE y Trading Economics

En promedio, un danés tiene un salario anual de USD 63.700; un norteamericano ingresa USD 58.700; un neozelandés USD 43.100, mientras que en Singapur los trabajadores ingresan USD 38.800 y en Hong Kong USD 23.900.

Por si esto fuera poco, las tasas de desempleo también son muy bajas. Y, no casualmente, muy inferiores a las existentes en Argentina.

Claro que no todo pasa por la rigidez o flexibilidad del mercado laboral. El país que sigue en este ránking es Namibia, cuyo desempleo supera el 18% y cuyo PBI per cápita es de USD 4.500.

Obviamente, a la libertad del mercado laboral hay que acompañarla con una democracia republicana, paz y respeto por los derechos de propiedad, entre otras cosas.

Sin embargo, dado que muchas de esas cosas sí tiene nuestro país, no es un mal momento para pensar en tener un mercado laboral más libre. Pero eso implicaría disminuir el poder de los sindicatos, y enfrentarse finalmente al estado profundo, algo que no parece estar en las prioridades de nuestros políticos.

[1] “Los sindicatos, la monarquía paralela argentina”. Diario El País. 22 de agosto de 2016.

[2] El Banco Central volvió a ceder a las presiones de Camioneros y atrasa la modernización. Infobae. 15 de febrero de 2016

[3] Citado en Baird, Charles W.: “Hayek on Labour Unions”.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El poder económico internacional

Por Gabriel Boragina. Publicado el 31/5/14 en http://www.accionhumana.com/2014/05/el-poder-economico-internacional.html

 

Es típico escuchar o leer que «somos dominados por el dinero» o por «el poder económico internacional» o los «grandes grupos financieros; monopólicos; oligopólicos; concentraciones; conglomerados; corporaciones; .oligarquías; poderes ocultos; en las sombras…privados» y demás vocabulario «temible». Toda esta terminología podría ser correcta, con una sola excepción: la calificación de «privados». Porque ningún grupo privado (enorme, grande o pequeño) tuvo jamás ni tiene semejante poder de dominación en el mundo. Entonces, lo que corresponde a todas esas terribles y amenazantes denominaciones es seguirlas con el adjetivo correcto, es decir el de estatales y no privadas. Inclusive, hasta el «dinero» que hoy en día se maneja a nivel mundial y es impuesto a nivel planetario es dinero del estado, y no privado.
Ese supuesto «poder» financiero internacional o mundial «privado» no es tal, desde el momento que constatamos que el «dinero» que operan los bancos (ya sea «dinero» contable o físico) no es de ellos, es «dinero» fabricado por y del estado. Propiedad estatal, no privada.
De otro modo ¿qué banco privado -por multimillonario que fuera su patrimonio- puede imprimir dólares, euros, yens, etc.? Ninguno. Sólo los bancos centrales y/o estatales pueden crear dinero. Y los bancos centrales, se diga lo que se diga, no dejan de ser organismos estatales, por mucha «independencia» que aquellos declamen en sus cartas orgánicas. Ergo, todo el actual «dinero» del mundo es propiedad de los gobiernos. Ni un centavo es nuestro, ni siquiera de los bancos. Lo que los gobiernos hacen (casi sin darnos ya cuenta) es permitirnos el uso de su dinero gubernamental (es decir, el que sale de las siempre multiactivas e infatigables imprentas de las Casas de Moneda gubernamentales). Y no más que eso. Pero ese «dinero» no es nuestro, sino del gobierno. Lo mismo que el «dinero» de los bancos. No es dinero de los bancos, es dinero de los gobiernos, que son sus fabricantes exclusivos (máquinas de imprimir billetes) y por tanto sus verdaderos y reales dueños.
El gobierno crea «el dinero», se lo presta a los bancos y los bancos nos lo prestan a nosotros. Pero salvo el gobierno, desde los bancos hasta el último empleado del mundo jamás somos dueños ni de un céntimo. Todo -al fin de cuentas- es del gobierno.
La Escuela Austriaca de Economía nos enseña que ese «dinero» estatal es «dinero» falso. Efectivamente lo es. Pero las leyes gubernamentales de curso forzoso y curso legal imponen bajo pena su uso obligatorio a todo el mundo, incluyendo a los grandes bancos privados. Nadie puede usar otro dinero que no sea ese, o sea el falso «dinero» gubernamental.
A veces creemos que somos dueños de «nuestro» dinero, sólo porque podemos poseerlo en nuestras billeteras o cuentas bancarias abiertas a nuestro nombre, y cambiarlo por bienes y servicios. Pero esto no es más que una pura ficción e ilusión. Mito que se revela cuando aparece la inflación, o el gobierno devalúa la moneda. Y esto es posible sólo porque el gobierno es el dueño real y de última instancia de ese «dinero». Por eso, es el gobierno el que controla su precio y cantidad (lo que se conoce como oferta monetaria).
Las oligarquías siempre son políticas. Nunca privadas. El capitalismo es siempre privado. No estatal. Ergo, no existe -en este sentido- hoy «capitalismo» en el mundo. Si –en cambio- tenemos estatismo, intervencionismo, socialismo, populismo, pero jamás capitalismo.
Entonces se admite esto, pero se dice que «los gobiernos obedecen las órdenes de los bancos». Lo cual es el mismo absurdo que se impugnaba antes, pero con otras palabras.
Las órdenes las dan sólo quienes tienen la autoridad para hacer «cumplir» esas órdenes .Quien tiene la única potestad para ejecutar y hacer cumplir órdenes gubernamentales es el gobierno. Nadie más puede hacer cumplir órdenes que los gobiernos. Ergo, los gobiernos son esas oligarquías. Porque «oligarquía» significa literariamente «gobierno de la minoría», y no le cabe esta definición a nadie más que a los gobiernos, poseedores de todo el poder para crear leyes y hacerlas cumplir contra quien sea.
Me objetaban antes que esas «oligarquías» eran «los grandes bancos internacionales». ¿De qué manera «los bancos» podrían «obligar» al gobierno a cumplir sus órdenes? Y si el gobierno se niega cumplir las órdenes de esos «bancos» ¿enviarán los bancos al presidente del país, sus ministros, legisladores y jueces a la cárcel? Claro que no, porque «los bancos» (unidos o separados) no tienen ese «poder», ni ninguno semejante frente al gobierno.
Los gobiernos surgen del voto popular, o bien de la fuerza (gobiernos «de facto»). No salen de ninguna otra parte. Y con partidos políticos o sin ellos.
Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el poder mundial o «el poder económico internacional» o los «grandes grupos financieros monopólicos, oligopólicos, concentraciones, corporaciones, oligarquías, poderes ocultos, en las sombras» ESTATALES. Estos últimos si existen, y son verdaderamente temibles y atemorizantes. Estas organizaciones mundiales, tales como el tremebundo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás organismos financieros que pertenecen -directa o indirectamente- a uno, o muchos gobiernos juntos si, son el verdadero peligro mundial y deben ser temidos y combatidos con todas nuestras fuerzas.
Las únicas y verdaderas «oligarquías» del mundo fueron, son y serán los gobiernos del mundo, juntos o por separado. Apartados entre sí, los gobiernos son peligrosos siempre para sus gobernados, y unidos entre ellos (sea cual fuere la denominación que adopten en sus famosos «tratados internacionales») los gobiernos son peligrosos para el mundo entero. El peligro –debemos darnos cuenta de una vez por todas- no es el capitalismo financiero internacional, sino el estatismo financiero internacional, ya que es este el que domina a aquel otro. El segundo, siempre tiene más poder que el primero, porque se nutre del primero. El estatismo se alimenta del capitalismo, y lo termina fagocitando por completo, pero es más rentable políticamente decir que es al revés, ya que –esto último- a los políticos estatistas les trae innumerable cantidad de votos.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.