El riesgo de profundizar la crisis para dar vuelta el resultado de las PASO

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 22/9/21 en: https://economiaparatodos.net/el-riesgo-de-profundizar-la-crisis-para-dar-vuelta-el-resultado-de-las-paso/

Una lectura parcial de la ejecución del Presupuesto 2021 puede llevar a tomar medidas que generen mayores costos que beneficios, no sólo para la coalición de gobierno, sino para la sociedad en su conjunto

De acuerdo a la carta pública que hizo la vicepresidente Cristina Fernández, una de las causas del resultado adverso de las PASO para el Frente de Todos fue el ajuste fiscal que hizo el gobierno que ella ayudó a formar.

No se entiende muy bien qué quiere decir con que hubo un ajuste fiscal, porque si bien hubo algunos ítems del presupuesto que cayeron en términos reales, otros subieron muy por encima de la tasa de inflación.

En primer lugar, no es comparable el gasto de este año con el del año pasado, cuando su gobierno mantuvo encerrado durante meses a todo el país, paralizando la economía y generando una fenomenal caída del PBI.

Lo concreto es que el año pasado los gastos destinados a COVID 19 sumaron $ 1,76 billones entre programas de subsidios a personas como los IFE, ATP, Bono a Jubilados y Pensionados, etc., postergación de pagos de impuestos, créditos a empresas y apoyo a las provincias que, al paralizarse la economía, no recaudaban impuestos provinciales ni recibían recursos por coparticipación porque la recaudación nacional caía como piano de piso once.

El presupuesto de este año tiene previsto destinar al COVID 19 recursos por $ 417.187 millones donde solo $ 91.034 millones son para comprar vacunas, el resto son programas sociales ligados al COVID 19. Es decir, mucho menos que el año pasado.

Por otro lado, cuando uno mira la evolución del gasto público primario, sin incluir los intereses de la deuda, en los primeros 7 meses del año, se va a encontrar con un aumento interanual del gasto del 34%, es o sea, por debajo de la tasa de inflación. La vicepresidente podría argumentar que ahí está el famoso ajuste al que hace mención. Pero ojo que hubo rubros que aumentaron bien por arriba de la tasa de inflación como son los subsidios económicos que crecieron casi el 75% comparando los primeros 7 meses de 2021 versus el mismo período de 2020.

Gráfico 1

Entre el 2006 y el 2015 el kirchnerismo gasto la friolera de US$ 161.000 millones en subsidios económicos para tener tarifas artificialmente bajas. En 2014 Cristina Fernández llegó a gastar 5,13% del PBI en subsidios económicos generando un fenomenal despilfarro de recursos, al punto tal que de ser Argentina un exportador de gas, terminó importando barcos con gas licuado para abastecer el mercado interno a un costo mucho mayor que si se hubiese permitido seguir produciendo y exportando gas.

Gráfico 2

Dejando de lado los precios internacionales, si uno observa las exportaciones de combustibles y energía en volúmenes, se puede observar el fenomenal crecimiento que tuvieron a partir de las privatizaciones, sector que tuvo uno de los mejores marcos jurídicos para operar.

Pero como puede verse en el gráfico 2, en 2003 llegó el kirchnerismo y con sus políticas populistas hizo retroceder las exportaciones de combustibles y energía hasta los niveles de principios de los 90, y encima hubo que importar energía. Peor no lo podrían haber hecho.

Agreguemos a este dato los 10 millones de cabeza de ganado que se consumieron por las restricciones a las exportaciones, equivalentes a una pérdida de US$ 30.000 millones, y el destrozo productivo que hizo el kirchnerismo es de proporciones bíblicas.

Ella cree que estas son políticas expansivas, cuando en realidad son generadoras de pobreza porque destruyen stock de capital, reducen los puestos de trabajo, la productividad de la economía y hacen caer el salario real.

Volviendo brevemente a gasto de este año, también hay que descontar el apoyo a las provincias que el año pasado le dio el gobierno nacional. Claro que todo eso fue fruto de una fenomenal expansión monetaria que empezó a tener impacto ni bien se comenzó a flexibilizar la brutal cuarentena que impuso el gobierno al que pertenece Cristina Fernández.

Sí caen los ingresos reales de los jubilados, pensionados y planes sociales. El ajuste pasó por esos rubros. Pero ella pretende que no haya ningún ajuste en ningún rubro y se emita moneda como si nada fuera a pasar.

La tasa de inflación ya supera el 51% anual aun con las tarifas de los servicios públicos pisados y el tipo de cambio oficial aumentando solo el 1% mensual contra una inflación promedio del 3,6% promedio mensual entre enero y agosto de este año.

Encima la deuda del BCRA ya supera los $ 4 billones generando un déficit cuasifiscal de casi 5 puntos del PBI.

Sobre estos datos de altísima inflación, atraso de las tarifas de los servicios públicos y del tipo de cambio y un cuasifiscal desbordado, pretende hacer política fiscal expansiva financiada con expansión monetaria. En el medio de un BCRA que agoniza de reservas y un peso que nadie quiere tener como reserva de valor.

Cristina Kirchner pretende apagar el incendio con un balde de nafta y no parece interesarle que se incendie el país. Su prioridad se limitaría dar vuelta el resultado de las PASO para solucionar los problemas judiciales que tiene el kirchnerismo.

En otras palabras, todo parece indicar que está dispuesta a incendiar el país con tal de dar vuelta un resultado electoral que, aparentemente, ya es irreversible.

Todo este destrozo económico posiblemente la gente lo termine pagando pague luego de las elecciones, sino no es que todo vuela antes por los aires.

En definitiva, han puesto la economía al servicio de un resultado electoral. Si falla no importa, porque lo importante es dar vuelta las PASO, en vez poner el país en la senda del crecimiento.

Todo el país bailando al son de los problemas judiciales de un grupo de personas que pretenden tener el poder absoluto para salvarse ellas, aunque queden hilachas de Argentina.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

En México, López Obrador impone austeridad al sector público

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 3/8/20 en: https://www.lanacion.com.ar/politica/en-mexico-lopez-obrador-impone-austeridad-al-nid2453011

Cuando la grave recesión económica que nos afecta era totalmente previsible, el presidente argentino, Alberto Fernández, se hizo cargo de conducir a nuestro país. Según muchos, a la manera de «mascarón de proa» de su actual poderosa vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, que estaba -y sigue estando- acosada por múltiples causas judiciales por las cuales es investigada intensamente por presuntas maniobras de corrupción.

Al asumir, Alberto Fernández, que nunca gestionó empresa alguna pero que, no sin una cuota de audacia personal, se siente ahora capaz de gestionar a toda una nación, señaló su admiración por la labor y por la figura del veterano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, muchos no creen en su capacidad y, por ello, están hoy preocupados por el estado calamitoso de un país que luce en mala situación económica, social y política, como muy pocas veces en la historia. Alberto Fernández por ahora no inspira demasiada confianza, obviamente.

Hoy López Obrador ha puesto en marcha un severo plan de austeridad para el Estado mexicano. Alberto Fernández, en cambio, ha decidido, a la clásica manera del peronismo -e impulsado por personajes que operan en las sombras, como el senador Carlos Heller- sacarle «a los que más tienen» y no tocar al elefantiásico y opulento Estado Nacional, que, improductivo pese a sus decenas de miles de cortesanos, vive succionando recursos a los demás.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Esto supone disponer «manu militari«, quitarle («de prepo») coparticipación a los ciudadanos de la ciudad «autónoma» de Buenos Aires, convertidos sorprendentemente en el «pato de la boda» e indefensos.

López Obrador, consciente de que el PBI de su país caerá un fuerte 10% este año, ha recortado los salarios de los funcionarios públicos, aunque sin disponer despidos, al menos por ahora. Y disminuido en un 75% los gastos operativos del Estado mexicano y de sus dependencias y empresas públicas vinculadas. Ha reducido, además, el tamaño de su gabinete de gobierno. Con razonabilidad y sin demoras.

Mientras tanto, para dar el ejemplo, el austero presidente mexicano ha puesto en venta el lujoso avión presidencial de su país y viaja siempre en aviones de empresas comerciales, en clase turista.

Algunos -por lo antedicho- lo acusan de «austericidio». Muchos otros, no. Pero López Obrador por ahora no tiene imitadores en el Río de la Plata, más allá de los anuncios tempranos de Alberto Fernández, que hasta hoy permanecen en el olvido, incumplidos.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Fue profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Decálogo fiscal para cualquier país civilizado

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 25/1/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/25/decalogo-fiscal-para-cualquier-pais-civilizado/

 

 

Luego de mencionar los diez puntos que a continuación se exponen, consigno los aspectos que estimo clave al efecto de proceder a una necesaria reforma fiscal que se ejemplifica con reducciones en el gasto público para permitir que se engrosen los bolsillos de la gente.

Primero, la idea central por la que se cobran impuestos es la de financiar el gasto gubernamental que demanda la estricta y limitada función de proteger los derechos de las personas que habitan el suelo bajo esa jurisdicción estatal, por tanto los tributos no solo deben resultar lo más bajos posibles sino que no deben gravarse objetos imponibles fuera de esa jurisdicción, abandonando entonces el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria debido a que el gobierno local no se ocupa de garantizar derechos de quienes están fuera de sus fronteras.

Segundo, en un sistema republicano los ingresos fruto de los respectivos gravámenes no pueden ser menores a los egresos debido a la política de endeudamiento y financiamiento monetario. En este contexto la deuda pública externa debe estar prohibida ya que está reñida con la democracia pues compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. En esta línea argumental, no es permisible establecer un correlato con lo que ocurre en los ámbitos privados donde tiene sentido la decisión voluntaria y libre de establecer plazos para contraer deudas y reembolsos. En este sentido, debe destacarse que constituye una contradicción en los términos la expresión “inversión pública”, puesto que la inversión es por su naturaleza un acto subjetivo que estima mayor valor en el futuro que en el presente por lo que el sujeto en cuestión se abstiene de consumir para ahorrar cuyo destino es la inversión. Por ende, en el presupuesto nacional los rubros de gastos deben dividirse en corrientes y en activos fijos pero nunca “inversión” que en ningún caso cabe cuando se recurre a la coerción. En esta misma línea argumental, la financiación vía procesos inflacionarios queda descartada puesto que una sociedad libre requiere la eliminación de la banca central y el curso forzoso.

Tercero, los ratios como la participación de los aparatos estatales en la renta nacional o los tributos sobre el producto nacional bruto no deben apuntar a que crecimientos en la riqueza justifican incrementos en el gasto o en la recaudación. La presión fiscal debe consignarse en valores absolutos y cuando excede lo necesario resulta saludable la rebelión fiscal, tal como ocurrió en el origen de la revolución estadounidense como marca y límite a lo que el gobierno pude succionar de la población. Este enfoque de simplificación y unificación fiscal complementado con los puntos que siguen liberan a los llamados “expertos fiscales” para que se dediquen a actividades útiles.

Cuarto, la curva Laffer muestra que a mediada que las tasas fiscales se incrementan aumenta la recaudación hasta que en un punto -debido al debilitamiento y fractura de la estructura productiva- la recaudación disminuye a medida que la presión impositiva se eleva. Esto hace aparecer como que hay un punto óptimo fiscal de máxima presión tributaria que permite una máxima recaudación, pero a lo que originalmente apuntaba Arthur Laffer con su curva (ya insinuada por Adam Smith en 1776) es el establecimiento de un punto de mínima presión fiscal necesario para cumplir con la antedicha misión gubernamental en una sociedad abierta.

Quinto, no hay tal cosa como impuestos al consumo puesto que todos los gravámenes son al patrimonio: cuando se dice que se aplica un tributo al consumo es que se grava una empresa que vende productos clasificados como de consumo pero esa empresa se hace cargo del impuesto con su patrimonio, por tanto todos los impuestos afectan las tasas de inversión y, como consecuencia, reducen salarios e ingresos en términos reales ya que esa es la única causa que permite elevarlos al incrementarse el ritmo de capitalización.

Sexto, todos los impuestos deberían eliminarse con excepción del impuesto al valor agregado con la máxima base imponible al efecto de aprovechar el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que permite ese gravamen con lo que se ahorran controles en un contexto donde no deben operar exenciones fiscales que siempre significan que otros deben hacerse cargo de la diferencia con lo que se dejan de lado no solo las dobles imposiciones sino que no se aplican impuestos directos -los que gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva- que obligan a preguntas e inquisiciones insolentes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los agentes de recaudación.

Séptimo, el referido impuesto se traducirá en alícuota proporcional ya que todos los progresivos implican regresividad puesto que los contribuyentes de jure contraen sus inversiones con lo que, como queda dicho, reducen salarios e ingresos en términos reales. Este es el motivo por el que las constituciones liberales prohibieron los gravámenes progresivos y también los directos. Además, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, contradice las posiciones patrimoniales que había establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay derroche de capital lo cual agudiza la antes referida baja en los salarios e ingresos de la población. También la progresividad bloquea la indispensable movilidad social en el ascenso y descenso en la pirámide patrimonial.

Octavo, en materia fiscal es indispensable contar con un sistema federal para no solo descentralizar el poder sino para establecer competencia entre las provincias y municipios puesto que en este esquema los gobernadores e intendentes administran sus recaudaciones locales al efecto de que los pobladores no se muden a otra jurisdicción y para atraer inversiones, lo cual tiende a la prudencia en materia del gasto, y la coparticipación al gobierno central debiera ser exclusivamente para atender a la justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa.

Noveno, la denominada redistribución de ingresos llevada a cabo por los aparatos estatales no es función gubernamental puesto que la distribución queda en manos de la gente que pone de relieve con sus preferencias y necesidades en los procesos de mercado lo cual hace que los comerciantes que atienden esas necesidades y preferencias obtienen ganancias y los que yerran en ese objetivo incurren en quebrantos, lo cual excluye toda posibilidad de empresarios prebendarios que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que en toda ocasión atentan contra el bienestar de sus semejantes.

Y décimo, la eliminación de todas las cargas arancelarias y no arancelarias que siempre obligan a desembolsar mayor erogación por unidad de producto con lo que el nivel de vida de los locales empeora, en lugar de liberar recursos humanos y materiales para atender otras necesidades. Esto significa no limitar el comercio libre a zonas de integración regional sino la integración al mundo en un contexto donde se acepte que el monopolio legal constituye una seria amenaza para la población y el dumping destructivo es el realizado compulsivamente con los recursos de terceros, por ejemplo, a través de las “empresas estatales” deficitarias.

Como anunciamos al comienzo, aquí refiero sumariamente algunos ejemplos de reducción en la dimensión del aparato estatal a los que he dedicado mayores espacios en otras oportunidades, en este caso para poder aplicar el decálogo que antecede.

En primer lugar, la importancia vital de abrir el proceso educativo a la competencia sin la existencia de ministerios de educación o de cultura que se arroguen la facultad de dictaminar sobre estructuras curriculares y exento de instituciones estatales que inexorablemente perjudican a los más pobres que se hacen cargo de los costos debido a la contracción de inversiones por parte de los contribuyentes de jure.

Es imperioso eliminar todas las embajadas puesto que a diferencia de lo que tenía lugar en la época de las carretas, las comunicaciones y teleconferencias de la actualidad hacen que resulten del todo superfluas las lujosas mansiones, los pasaportes diplomáticos y los nutridos séquitos del caso.

Debe contarse con mercados laborales libres sin las concepciones fascistas de representaciones coactivas y “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno al efecto de liberar recursos humanos y materiales al introducirse innovaciones tecnológicas que incentivan a los empresarios a sacar partida de nuevos arbitrajes para lo cual requieren capacitaciones en los nuevos destinos.

No tiene sentido mantener a las mal llamadas “empresas estatales” puesto que en toda circunstancia implica asignar los siempre escasos recursos en áreas que no son prioritarias para la gente y si se constituyen en las que demanda la población resulta superflua la intervención con el consiguiente ahorro en gastos administrativos en un contexto donde no cabe la impostura de jugar al empresario que siempre es arriesgando fondos propios, todo lo cual naturalmente empeora si la “empresa” en cuestión arroja déficit.

En el Poder Ejecutivo habría que eliminar todos los ministerios y convertirlos en secretarias de relaciones exteriores, defensa, interior y una vinculada a las finanzas públicas, todas trabajando en la casa de gobierno al efecto de poder vender los inmuebles que hasta el momento albergaban esas y otras muchas reparticiones que habría que borrar del organigrama.

En el ámbito del Poder Legislativo se debería reducir drásticamente la representación en diputados y contar con un senador por jurisdicción provincial, y en ambas cámaras que todos trabajen tiempo parcial con severas limitaciones temporales para legislar lo cual significa restringirse al estudio y promulgación del presupuesto y a la estricta protección a los derechos de las personas.

Es urgente reformar el mal llamado “sistema de seguridad social” -en verdad sistema de inseguridad antisocial- que para cualquiera que haya explorado algo de análisis actuarial se percata de que el sistema de reparto obligatorio estafa a los pensionados que han aportado durante su vida activa para recibir montos inaceptables. Hay quienes sostienen la insensatez de que si los aparatos estatales no obligan a prever para la vejez el titular no lo hará, sin tener en cuenta los ejemplos de inmigrantes paupérrimos que llegaban a costas desconocidas y ahorraban de sus trabajos para adquirir departamentitos y terrenitos que luego fueron esquilmados por demagogos que instauraron el referido sistema vergonzoso. Por otra parte, si fuera cierta la irresponsabilidad mencionada, habría que destacar una estructura policial para asegurarse que el pensionado no dilapide su ingreso. El fruto del trabajo ajeno es sagrado y cada uno debería darle el destino que considere mejor.

En la jurisdicción de la Justicia debería fortalecerse el sistema de árbitros privados sin ninguna limitación para generar procesos abiertos y competitivos en el descubrimiento del derecho y no como resultado del diseño y la ingeniería social. En cuanto a las cárceles, deberían privatizarse, en cuyo contexto el delincuente trabaja para resarcir a la víctima y para financiar su alojamiento y no dejar desamparada a las víctimas y además imponer cargas fiscales a toda la sociedad para mantener criminales.

En lugar de criticar las formas arbitrarias de distribución de la pauta publicitaria por parte de un organismo oficial, habría que cerrarlo y tercerizar lo que el Gobierno considere pertinente anunciar o hacerlo a través de conferencias de prensa.

Asimismo, las oficinas estatales de construcción de estadísticas habría que sustituirlas por entidades privadas en un contexto de auditorias cruzadas y competitivas para asegurarse la calidad de las mismas según sean los requerimientos de la población.

Como tantas veces he escrito, es necesario reafirmar que el voto es un derecho y no una obligación en el contexto de la eliminación de las llamadas listas sábanas y equivalentes para sustituir por procedimientos compatibles con el sistema republicano para que resulte claro que el proceso electoral es el aspecto formal de la democracia y su aspecto sustancial es la protección de los derechos individuales.

Por último en este resumen telegráfico, junto con la arriba mencionada prohibición de contraer deuda pública, es imperioso subrayar la también referida necesidad de liquidar la banca central ya que cualquiera de los tres caminos que elija para operar, sea expandiendo la base monetaria, contrayéndola o dejándola inamovible, en cualquiera de las tres variantes estará necesariamente distorsionando los precios, que son los únicos indicadores para asignar recursos eficientemente con lo que la población se empobrece. Como queda consignado, es indispensable que la gente pueda elegir los activos monetarios que sean de su preferencia sin la imposición del curso forzoso. En la medida en que se vayan adoptando estas políticas pueden irse introduciendo reformas fiscales compatibles con un sistema genuinamente republicano sin interferencias de un Leviatán desbocado que aniquila las libertades individuales tan ponderadas por todos los grandes maestros de la ciencia jurídica y la economía.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h