Capitalismo mafioso

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 7/6/20 en:  https://www.libremercado.com/2020-06-07/carlos-rodriguez-braun-capitalismo-mafioso-90966/?_ga=2.40905314.158871564.1592342247-2041735642.1589903715

 

Las intervenciones del Estado propician el desarrollo de las actividades mafiosas.

Fernando Méndez Ibisate, amigo y compañero de muchos años en la Universidad Complutense, llamó mi atención tiempo atrás sobre un interesante artículo de Íñigo Domínguez en El País Semanal acerca de la mafia en EEUU.

La tesis del señor Domínguez es que la mafia sigue tan campante porque en realidad es el capitalismo:

La Mafia es una copia de papel carbón del sistema, una epopeya del capitalismo en su versión más salvaje, con el lema de ganar dinero donde sea y como sea (…) No solo es que los capos quisieran ser cada vez más empresarios, es que el propio capitalismo se ha vuelto cada vez más mafioso.

Esto es realmente asombroso, porque el capitalismo es lo contrario de lo que don Íñigo sugiere: los negocios y el mercado no consisten en “ganar dinero como sea”, sino dentro de un marco institucional donde operen reglas externas y previsibles sobre la propiedad privada y los contratos. La mafia opera justo al revés: con reglas no externas sino internas, y con personas dispuestas a violar todas las propiedades, todos los contratos y todos los derechos, empezando por el derecho a la vida. ¿Cómo pudo el señor Domínguez no ver esta realidad?

Y al mismo tiempo, ¿cómo no pudo ver el ámbito donde los negocios y las empresas efectivamente se corrompen, pudiendo incluso llegar hasta extremos mafiosos?

De haber prestado atención a esta corrupción, denunciada por los liberales desde Adam Smith, habría observado que hay un agente vinculado de diversas maneras a la mafia, que es el Estado. Sabido es que sus intervenciones propician el desarrollo de las actividades mafiosas. Dos ejemplos célebres fueron el suministro de alcohol durante la Ley Seca en Estados Unidos y el narcotráfico en nuestros días en todo el mundo. Son actividades fomentadas por la prohibición impuesta por las autoridades, no por la interacción voluntaria característica de los mercados. Decir que el Chapo Guzmán es un empresario típico, e identificarlo con el capitalismo, es claramente una distorsión de la realidad.

Hablando de Gobiernos y políticos, el artículo del señor Domínguez no abunda en su análisis, pero los viejos del lugar tenemos la memoria suficiente como para sonreír ante esto que afirma sobre los mafiosos: “Seguían quedando en gasolineras de autopistas”.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE. Difunde sus ideas como @rodriguezbraun

Los valores “individuales” de los presos parecen ser distintos, pero los valores “sociales” no difieren de los del resto (I)

Por Martín Krause. Publicada el 1/7/17 en: http://bazar.ufm.edu/los-valores-individuales-los-presos-parecen-distintos-los-valores-sociales-no-difieren-los-del-resto-i/

 

Según un informe divulgado por el Ministerio de Justicia en Diciembre del año pasado hay en la Argentina 169 detenidos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que no llega al 0,17% de todos los argentinos. Seguramente hay muchos delincuentes que no están detenidos. No sabemos cuántos son pero es muy probable que aún si los sumáramos el porcentaje sobre el total de la población sería muy bajo. Es decir, la abrumadora mayoría de los argentinos somos honestos. Al menos a ese nivel de delitos, porque si consideramos que los supermercados y los shoppings tienen que poner detectores magnéticos en prendas de vestir o en vinos, y cámaras de todo tipo para ver qué hace la gente recorriendo las góndolas, en fin, el porcentaje es ya mayor. No sumaré a ese grupo a los infractores de normas, porque en ese caso entramos casi todos, ya que la cantidad de normas nos hace imposible conocer cuántas estaremos violando en cada momento del día y muchas normas bien se lo merecen. Sostendré que la gran mayoría de los argentinos no cometemos delitos, mayores o menores. Esto daría a pensar que esa gran mayoría tiene valores individuales diferentes de los delincuentes y seguramente es así: no tomarían la propiedad de otros, no dañarían a esas personas violentamente, etc. Pero en cuanto a valores sociales se refiere, la diferencia no es mucha. Si mal no recuerdo, lo más cerca que me haya tocado estar de las fuerzas de seguridad ha sido entrar en una comisaría para pedir un certificado de domicilio, o para denunciar un choque o un robo. Tal vez por eso me atrajo la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para dictar la materia Análisis Económico y Financiero en el Centro Universitario Devoto (CUD), una sede donde se dictan clases a los detenidos en ese Complejo Penitenciario. Al considerar las instituciones básicas y fundamentales para que la economía funcione tratamos el papel que cumplen los derechos de propiedad. Así, en términos generales, les parecía algo natural y lógico que los precios fueran resultados de intercambios y que éstos sean intercambios de derechos de propiedad por medio de contratos, formales o informales. No podía evitar pensar, sin embargo, que estaban allí precisamente por haberlo violado, ya sea la propiedad que cada uno tiene sobre su propia persona o sobre los bienes que ha producido o adquirido. Pero no parecía que ellos vincularan una cosa con la otra. ¿Qué piensan los detenidos sobre la organización social, sobre las desigualdades, sobre el trabajo y los mercados, sobre las políticas públicas? Sus opiniones sobre temas sociales no son diferentes de los que están afuera de esa cárcel. Ellos, que muchas veces toman en sus manos una “redistribución” forzada y violenta, también creen que es una función indelegable del estado tomar de unos para dar a otros. Y como la mayoría de los que están afuera, creen que al otorgar al estado ese poder, lo va a utilizar para redistribuir de ricos a pobres, para resolver los problemas de la pobreza. Pocos, adentro o afuera, piensan que una vez que se otorga al estado ese poder termina redistribuyendo en toda dirección, también de pobres a ricos, o de la clase media a la clase política. ¿A qué se debe este “instinto” redistributivo? Un grupo de científicos, y entre ellos un par de argentinos, expertos en el nuevo y prometedor campo de la psicología evolutiva plantean una respuesta. Los argentinos son Daniel Sznycer, de la Universidad de California Santa Bárbara y la Universidad de Arizona, y María Florencia López Seal, de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigan y escriben con los ‘padres fundadores’ de esta nueva disciplina, Leda Cosmides y John Tooby, creadores del Center for Evolutionary Psychology. Según ellos el apoyo a la redistribución se basa en emociones, en particular la compasión, la envidia y el interés propio, no por alguna convicción general de justicia social. Esas emociones son el resultado de largos procesos evolutivos durante los miles de años que fuimos cazadores-recolectores. No descartan el impacto de las prácticas locales, las ideas y valores compartidos o la historia reciente, pero centran su atención en las primeras.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA. 

Normas privadas: Lex Mercatoria, árbitros y mediadores, contratos en el comercio internacional

Por Martín Krause. Publicado el 17/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/normas-privadas-lex-mercatoria-arbitros-y-mediadores-contratos-en-el-comercio-internacional/

 

Con los alumnos de Applied Economics vemos los Capítulos 15 y 16 donde, entre otras cosas, analizamos distintos tipos de normas que coordinan las acciones de los individuos y empresas en la actividad económica:

Cuando pensamos en las normas que afectan a nuestra vida diaria, solemos pensar que fueron emitidas por alguna agencia pública. En particular, estamos acostumbrados a considerarlas según el nivel de generalización en relación con el organismo que las emite: así, las leyes suelen ser aplicables a toda una sociedad y son emitidas por un parlamento, o son regulaciones que emanan de agencias gubernamentales. Hay leyes o resoluciones provinciales o estaduales que se aplican a una determinada unidad subnacional. Por último, tenemos resoluciones y regulaciones de gobiernos locales. A todas ellas deberíamos agregar las doctrinas jurídicas que guían las decisiones judiciales y estas últimas, que complementan los vacíos que puedan quedar de las anteriores.

Pero ese es un análisis limitado, ya que existe una gran cantidad de normas que no emanan de agencias gubernamentales, sean legislativas, ejecutivas o judiciales, sino de contratos particulares o de asociaciones voluntarias de distinto tipo. El comercio internacional es, seguramente, una de las actividades de mayor volumen económico entre las que se realizan en el mundo, tal vez solamente superada por el volumen de las transacciones financieras. Los principios legales que rigen el comercio internacional no fueron dictados por ninguna agencia gubernamental en particular.

Son lo que se llama lex mercatoria, un conjunto de principios jurídicos desarrollados por comerciantes en la Europa medieval, con base en las mejores prácticas comerciales y aplicados por jueces que los mismos comerciantes seleccionaban, a quienes hoy llamaríamos mediadores. Los comerciantes necesitaban jueces con conocimiento de los contratos y no los encontraban en la justicia civil local. Necesitaban resolver sus disputas rápidamente, incluso en el acto, ya que el intercambio se producía, por ejemplo, en una feria, y cada uno tenía que regresar a su lugar de origen. Los jueces eran elegidos de acuerdo con su experiencia y capacidad. De esa forma, se fue generando un cuerpo especializado de jueces.

La lex mercatoria fue desplazada por la legislación nacional, después de la formación de los Estados nacionales en Europa y como resultado de la misma presión ejercida por los comerciantes locales para restringir la competencia externa. Pero siguió siendo la norma en el comercio internacional.

Muchos de los principios que allí se acuñaron se aplican en el comercio internacional. Incluso el mismo criterio, respecto a la experiencia y capacidad, para seleccionar los árbitros o mediadores en nuestros días. Y la lex mercatoria ha vuelto a florecer en Internet, con la existencia de cortes virtuales para resolver casos como, por ejemplo, los nombres de los dominios. Los procedimientos en esos casos son similares a los procesos judiciales tradicionales, pero la presentación de la demanda, la elección del árbitro o mediador, la resolución de la evidencia y hasta alegatos orales se realizan por Internet.

Actualmente hay gran número de árbitros y mediadores. Los primeros son elegidos para dirimir algún asunto en alguna disputa en particular, en la que su decisión se aceptará como de obligatorio cumplimiento. En el caso de los mediadores, su función es lograr un acuerdo voluntario entre las partes, siendo sus decisiones no obligatorias, igual que en los casos de negociación o determinación por expertos.

El arbitraje puede incluirse por anticipado en los contratos o puede acordarse después que se presente la disputa en cuestión. El “sitio” del arbitraje, que las partes eligen de común acuerdo, determina las normas de procedimiento del proceso. En caso de que no lo hagan, el mismo tribunal arbitral elegirá el sitio y esas normas, aunque es posible separar uno de las otras. Las normas de procedimiento son distintas del proceso en sí —es decir, de los pasos en que consiste el arbitraje— los que pueden ser definidos por el mismo árbitro o mediante la adopción de un proceso general, como el elaborado por la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL).

Las decisiones de los árbitros normalmente se refieren a la indemnización por daños, pero pueden también ordenar a una de las partes que haga algo o que se abstenga de hacerlo. Curiosamente, resulta más fácil lograr el cumplimiento de un fallo arbitral que el de un fallo judicial. Por eso el procedimiento es tan popular. Esto se logra a través de la Convención de Nueva York, de 1958, según la cual una decisión tomada en uno de los países signatarios es válida en todos los demás. La Convención fue adoptada en una conferencia diplomática de las Naciones Unidas. Actualmente forman parte de ella 142 países, entre los que se cuentan los más importantes, en términos de comercio. También hay una Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada por casi todos los países latinoamericanos.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Entendiendo al Nobel de Economía.

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 14/10/14 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2014/10/14/entendiendo-al-nobel-de-economia/

 

El Nobel de Economía fue este año para Jean Tirole (Toulouse School of Economics.) Posiblemente un nombre desconocido fuera del ambiente económico a pesar de que su trabajo ronda las 80.000 citas. Si bien el comité otorgó el premio por sus contribuciones a las regulaciones de empresas bajo poder de mercado, su trabajo es más amplio como bien señala el afamado economista norteamericano Tyler Cowen.

El tecnicismo de los trabajos de Tirole (creciente matematización en el área de organización industrial con uso de teoría de juegos) hacen que sus contribuciones sean esquivas  a la opinión pública, pero su trabajo ha sido influyente en el marco regulatorio de servicios y utilidades en varios países de Europa. En resumen, el trabajo de Tirole muestra que no se puede aplicar el mismo marco regulatorio a diversas industrias y que regular los mercados es sumamente complicado.

Entre otros avances, el trabajo de Tirole (junto a varios co-autores a lo largo de su carrera) contribuyó a modernizar los modelos de regulación. En lugar de aplicar modelos con un contexto estático, Tirole admite que el contexto bajo el cual se toman decisiones cambie al incorporar teoría de juegos. Si ante la decisión de una gran firma con poder de mercado los clientes o el estado van a reaccionar, entonces la firma (y el regulador) deben tener esto en cuenta al momento de tomar sus decisiones.

El blog Marginal Revolucion del propio Tyler Cowen y Alex Tabarrok ofrece algunos ejemplos de las implicancias de su trabajo. En especial, por qué precios que a primera vista parecen ineficientes o discriminatorios, de hecho no lo son. A continuación tres casos que ilustran el trabajo que le mereció el Nobel al economista francés.

Renegociación de contratos

Si un gobierno contrata a un monopolista para que le provea bienes o servicios, al menos una de las partes tiene incentivos a romper el contrato para obtener mayores beneficios. Supongamos que el contratista, sabiendo que es el único oferente, decide apartarse del contrato y cobrar extra al gobierno, por ejemplo, por entregar el producto a tiempo. El contratista sabe que el gobierno, al no poder recurrir a otro proveedor, preferirá pagar el costo extra. De este modo el contratista gana terreno sobre el beneficio de su cliente.  Si en cambio el contrato resulta en grandes beneficios para el contratista, puede ser el estado quien luego de haber firmado el contrato retacee el pago. Dado que  el contratista no puede conseguir otro cliente, bien puede elegir reducir sus ganancias que abandonar el acuerdo por completo. Como diseñar estos contratos es uno de los casos en los que el trabajo de Tirole arroja luz. Por ejemplo, esto ayuda a entender por qué en algunas ocasiones el contratista recibe un acuerdo notablemente beneficioso. El miedo a perder la renta lo lleva a no apartarse del contrato pidiendo desembolsos extra o argumentando que han subido los costos.

Plataformas de mercado

Un mercado de plataforma es aquel donde una firma (Firma 1) diseña una “plataforma” sobre la cual tiene que hacer converger dos agentes económicos. Imaginemos el dueño de un bar (Firma 1) que ofrece la plataforma donde solteros y solteras pueden encontrarse. Dado que el proveedor obtiene beneficios de la participación de dos grupos, ¿cómo debe cobrar los servicios a cada uno de ellos? ¿Es discriminación cuando un bar no cobra entrada a las mujeres pero sí a los varones, o es una decisión de “eficiencia económica” donde por un motivo u otro se cobra más a un cliente que al otro? El problema es que el precio que el proveedor de la plataforma pide a uno de los participantes puede afectar la participación del otro participante por lo que la estrategia de precio al cliente A depende de la estrategia de precio al cliente B (y viceversa). Si los clientes masculinos del bar están dispuestos a pagar una entrada para buscar pareja, el dueño del bar puede maximizar sus ingresos cobrando entradas sólo a un grupo.

Otro ejemplo puede ser el de un centro comercial (plataforma) donde las grandes marcas pagan menores alquileres que las marcas menos conocidas. El objetivo de esto no es discriminar a favor de unas en contra de otras, es la capitalización que la marca conocida hace de atraer clientes al centro comercial beneficiando a las firmas menos conocidas. Lo que la marca conocida atrae es justamente el negocio al traer sus clientes. El proveedor de la plataforma se beneficia de este capital de la marca conocida al ofrecer un espacio común a las marcas menos conocidas, que pagan un premium por tener acceso a una población de potenciales clientes mayor. Un diario (plataforma), tiene dos clientes, los lectores y la venta de publicidad. Es factible que el diario maximize sus ingresos vendiendo el mismo a pérdida a los lectores para maximizar su llegada y obtener mayores beneficios por la venta de publicidad. Lo que a los ojos del regulador puede ser una actitud discriminatoria por parte del proveedor de la plataforma no es otra cosa que el resultado de capturar en los diferenciales de precios maximización de ganancias y diversas cualidades (como la capacidad de atraer clientes al centro comercial.)

Motivación Intrínseca y Extrínseca

En economía se sostiene que los incentivos definen el comportamiento de los agentes económicos. Pero en uno de sus papers más conocidos, Tirole sostiene que puede haber asimetría entre el incentivo esperado de quien impone una regla y quien la recibe. Un padre puede intentar incentivar a su hijo a obtener altas calificaciones en matemática ofreciendo un premio monetario. La intención de la regla es incentivar el estudio, pero la interpretación del hijo puede ser diferente. El hijo puede interpretar que él no tiene las cualidades para obtener una alta calificación por lo que intentará obtener el premio pero no volverá a tomar un curso de matemáticas, puede interpretar que el padre no confía en su juicio o hasta que está intentando controlarlo monetariamente. Si bien el incentivo está presente, la interpretación de la regla depende del contexto y es susceptible de variar según como sea subjetivamente interpretada por cada agente económico. El problema, por lo tanto, ya no es sólo de incentivos, sino de cómo garantizar que el mismo será interpretado de acuerdo a la intención original.

Los avances de Tirole no se limitaron al ámbito puramente teórico, sino que han influenciado en el marco regulatorio de diversos países. En un contexto donde la excesiva regulación en Argentina sólo tiene fracasos para mostrar, el trabajo de Tirole puede servir de recordatorio de los complicado que es regular mercados que a primera vista parecen cometer injusticias o discriminaciones.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. 

Estudio responsabiliza a deformación del lenguaje del declive del liberalismo clásico

Por Belén Marty: Publicado el 9/7/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/07/09/estudio-responsabiliza-a-deformacion-del-lenguaje-del-declive-del-liberalismo-clasico/

 

“Permitiendo a cada hombre perseguir su propio interés, a su manera, bajo la noción liberal de la igualdad, la libertad y la justicia”, decía Adam Smith. Pero, ¿las palabras libertad, igualdad y justicia significan hoy lo mismo que a finales del siglo XIX? Daniel Klein, profesor de economía de la George Mason University, lanzó ayer en conjunto con el Instituto Adam Smith el sitio web Lenguaje perdido, Liberalismo perdido (Lost Language, Lost Liberalism o 4L) para abordar el alcance de los cambios semánticos de estos conceptos en relación con el declive en la popularidad del liberalismo clásico.

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4L busca desentrañar el camino de la transformación que sufrió el discurso occidental especialmente entre 1880 y 1940. Desde el análisis de la evolución semántica de palabras claves como “liberal” (hoy en América del Norte este término alude a un “progresista”), “equidad”, “justicia” y “libertad”, el sitio web analiza con cuadros comparativos y evolutivos cómo el término fue modificando su sentido a lo largo de los años y en qué períodos se utilizaron con mayor frecuencia esas palabras. Por ejemplo, la palabra democracia—explica 4L—evolucionó hasta tener las miles de facetas que tiene ahora, pero tuvo su pico en menciones alrededor de 1945.

Los términos derechosigualdadpropiedad, o contratos, acuñados a finales del siglo XIX, guardaban el significado del arco clásico del liberalismo. Sin embargo, con el tiempo, su significado mutó hacia nociones colectivistas que favorecen un mayor rol del Estado, particularmente en cuanto a los asuntos sociales.

Según la investigación, el cambio fue impulsado principalmente por las nuevas generaciones que comenzaron a utilizar las viejas palabras pero con un nuevo capital simbólico.

Asimismo, la iniciativa describe que hubo autores colectivistas que le fueron “robando” el significado original a estos términos. Mientras algunos hacían alarde de esta innovación, otros rechazaron estas mutaciones semánticas. En el sitio web puede verse el debate de estas batallas lingüísticas.

“En Estados Unidos, la corriente principal de la cultura política —representada por, entre otras, las escuelas infantiles, colegios y universidades, otras instituciones gubernamentales, así como la mayor parte de los grandes medios de comunicación— no encuentra tracción en ideas y argumentos más profundos. Metafóricamente hablando, son cómplices de una gran traición que se remonta más de 100 años. Lo que se ha traicionado es, como decía Smith, ‘el plan liberal de la igualdad, la libertad y la justicia’”, cita el sitio en su introducción.

Ricardo Avelar, politólogo de la Universidad Francisco Marroquín, sostiene que “la batalla semántica es importantísima para quienes creemos en la libertad. Hay principios tan profundos y su contenido es vaciado cuando se prostituyen estas palabras.” Para Avelar, “los gobiernos populistas hablan de libertades, cuando realmente son ellos quienes quieren administrar para qué es libre un ciudadano”.

Libertad y justicia, dos de los términos redefinidos por los colectivistas

El sentido clásico de la palabra libertad, según describen en 4L, es el hecho de que otros no interfieran en tu vida (la libertad como contracara de la justicia) comprendida desde el punto de vista de un concepto de propiedad atomista e individualista. Por el contrario, en el sentido actual puede entenderse como una política estatal activa, o como los derechos establecidos por el gobierno (las “libertades civiles”).

“Obviamente, un individuo no va a entender el valor profundo de la libertad si cuando se la han vendido se la vendieron mal, limitada, sujeta al capricho de un político”, concluye Avelar.

Lo mismo sucede con justicia. La palabra original estaba relacionada con la abstención de violar la propiedad de otras personas mientras que hoy, dada su evolución, se condice con el término de justicia social con un sentido distributivo, cercano a la noción de la propiedad colectiva.

La batalla por recuperar los términos originales

Para Klein hoy estamos todavía atrapados en la turbulencia de estos cambios y debemos recobrar el significado y la cultura del liberalismo original. Para entender donde está parado el liberalismo, la clave está —sostiene el académico— en aproximarnos a las palabras y analizar su evolución semántica.

Mediante una profunda investigación de la situación actual, el docente invita a todos los defensores del liberalismo clásico a comenzar con la difusión del conocimiento de los significados originales para luego convertirlo en temas de discusión.

“Las personas deciden cómo se usa la semántica en la práctica. Tenemos que abordar a la gente y decirle: ¿Usted ha pensado en la semántica que usted practica cuando habla o escribe? Una vez que despertemos a la gente, van a poder ver la importancia de la semántica y empezar a pensar en ello”, le comentó Klein a PanAm Post.

Según explica el académico en sus reflexiones, hoy los conceptos de libertad y justicia son gran tabú en la arena socialista y colectivista, pero a pesar del sabotaje del que son víctimas diariamente, les es muy difícil socavar del todo el concepto original.

“Nuestra cultura no ha arrancado del todo los principios de la libertad; nuestra civilización no es una masa amorfa sin espinas. Pero es realmente una verdadera pena lo que se ha debilitado la espina dorsal de la civilización liberal, que ha sido fracturada y abusada”, concluyó.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

El kirchnerismo sólo puede ofrecer más decadencia

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 5/9/13 en: http://www.lanacion.com.ar/1616905-el-kirchnerismo-solo-puede-ofrecer-mas-decadencia

Una de las típicas preguntas que nos formulan a los economistas es la siguiente: ¿Cuáles serían las dos o tres medidas fundamentales que hay que tomar para salir de la crisis? Es como si los economistas tuviésemos la solución mágica por la cual, tocando el tipo de cambio, los subsidios y alguna otra variable, repentinamente se solucionaran los problemas económicos. Inclusive, colegas economistas que suelen hablar más como políticos que como economistas, suelen decir que la situación no es tan grave y que los problemas pueden resolverse relativamente fácil, afirmando a renglón seguido que hay que bajar la inflación, atraer las inversiones y corregir alguna otra variable.

Mi visión es muy diferente. En primer lugar porque para poder frenar la inflación hay que dejar de emitir moneda a marcha forzada como lo viene haciendo el BCRA, y para que el BCRA deje de emitir a las tasas disparatadas en que lo viene haciendo es inevitable bajar el gasto público. Es decir, para poder poner orden monetario el paso previo necesario es restablecer el orden fiscal. Obviamente que lo que acabo de decir implica ser tildado de neoliberal que quiere el ajuste, cuando en rigor el ajuste se está haciendo ahora de la peor manera, licuando los salarios con la inflación, teniendo un nivel de carga tributaria que ahoga a la gente y con casi nulas inversiones que impiden crear nuevos y eficientes puestos de trabajo. Hoy la demanda laboral en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se encuentra por debajo del nivel que tenía en abril del 2002, el peor momento de la crisis de ese año.

Hay casos en que empleados u operarios prefieren no hacer horas extras porque eso implicaría aumentar en el escalón de ganancias y pagar más impuesto que lo que se cobra. En otros términos, trabajar para ganar más implica terminar cobrando menos que si no se hacen las horas extras o, si se prefiere, trabajar menos significa ganar más dada la carga impositiva vigente.

 

La pregunta es: ¿por qué se ha llegado a tal punto que la presión impositiva desestimula trabajar más? Porque el Gobierno ha aumentado tanto el gasto público que necesita recursos aun de los sectores de menores ingresos.

Basta con ver los balances del BCRA para advertir que el stock de adelantos transitorios (emisión monetaria para financiar el gasto público) prácticamente se ha duplicado en un año. Ni una fenomenal carga impositiva junto con un tsunami de emisión monetaria es suficiente para financiar el ineficiente y altísimo gasto público que tenemos.

Corregir el gasto público es necesario para bajar la carga tributaria y frenar la emisión para contener la inflación implica, entre otras cosas, frenar el desborde de subsidios a la energía y el transporte público, lo cual quiere decir aumentar las tarifas en estos rubros en porcentajes que hoy superan a los del Rodrigazo de 1975. Como puede verse, no es tan sencillo, desde el punto de vista económico, corregir las distorsiones económicas.

Algunos políticos y economistas sostienen que el problema de la inflación se corrige con más inversiones. Pregunto: ¿quién puede hacer inversiones en un país que no tiene moneda? Sin moneda no hay posibilidad de hacer cálculo económico, es decir, estimar ingresos y gastos de un proyecto de inversión para determinar la tasa de rentabilidad esperada y decidir si se hace o no la inversión. Aclaro que la moneda tiene que cumplir con dos requisitos: 1) ser ampliamente aceptada como medio de intercambio y 2) ser reserva de valor. El peso no es reserva de valor por la emisión que genera el BCRA y por lo tanto no es moneda, ergo, no hay cálculo económico posible que permita evaluar inversiones.

Pero hay un paso previo al de tener moneda para que fluyan las inversiones. Ese paso previo es la calidad institucional. Me refiero a las normas, códigos, leyes, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y a las relaciones entre los particulares y el Estado.

En una sociedad chica, con poca gente, todos se conocen y se sabe quién es buen pagador y quién no lo es. En una sociedad con millones de personas, los contratos se hacen entre personas que no se conocen. Para eso se firman contratos y está el Estado para hacerlos cumplir. La Justicia determina quién tiene la razón en caso de conflicto y el Estado, con el monopolio de la fuerza, hace cumplir los contratos de acuerdo a la sentencia de los jueces.

El problema que tenemos en la Argentina es que quien tiene que hacer cumplir los contratos es el que los viola (confiscación de empresas, no respeto por los contratos firmados, aplicar impuestos sin pasar por el Congreso, etcétera). El Estado, que tiene que otorgar previsibilidad en las reglas de juego (instituciones) es el que justamente las cambia tan arbitrariamente que las transforma en imprevisibles. Sin instituciones eficientes y estables es imposible atraer inversiones. Nadie va a invertir en una fábrica de hamburguesas para que luego Moreno no le permita exportar, o no le deje importar insumos o le regule un precio que le genere quebrantos.

Desde el punto de vista económico la solución al crecimiento sostenido es más o menos conocido: disciplina monetaria que requiere de disciplina fiscal. Una carga tributaria que no espante las inversiones y apertura económica al mundo para ser competitivos. Nadie invierte si no tiene competencia, y si la economía está cerrada no hay estímulos para ser competitivos. Vender productos de baja calidad y a precios altos es más negocio que invertir para ser eficientes. Es decir, necesitamos hacer exactamente la inversa del modelo de sustitución de importaciones que pregona el oficialismo. Y, finalmente, eliminar todas las regulaciones que inhiben la capacidad de innovación de la gente.

Pero el drama es que el kirchnerismo ha destruido por completo la seguridad jurídica para los inversores, algo que no los perjudica a ellos porque tienen muchos lugares en el mundo donde invertir, sino que esa destrucción de la seguridad jurídica afecta a los sectores de menores ingresos porque al no haber inversiones no consiguen trabajo ni mejoras salariales basadas en incrementos de la productividad de la economía.

El mayor destrozo que ha producido el kirchnerismo no es la fuerte distorsión de precios relativos, la inflación y una carga tributaria desorbitante. El mayor destrozo lo ha hecho en las instituciones. En las reglas de juego. En la seguridad jurídica. En el respeto por los derechos de propiedad.

Esa es la herencia que dejan estos 10 años de kirchnerismo. El haber arrasado con la condición básica para el crecimiento: la calidad institucional. Y no está en el espíritu del kirchnerismo corregir ese problema. Primero porque no cree en esa relación entre calidad institucional y crecimiento, y segundo porque aunque quisiera cambiar ya nadie les creería. Por eso el kirchnerismo sólo puede ofrecer decadencia económica. Porque está en sus genes el desprecio por la calidad institucional.

Si hoy la gente tiene miedo a perder su trabajo, el salario no le alcanza para llegar a fin de mes y lo matan con impuestos, lo que tiene que saber la gente es que la causa última de sus problemas tiene que ver con esas palabras que parecen tan difusas pero son tan importantes: calidad institucional..

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

¿Para qué sirve una Constitución?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 17/1/13 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7634

Desde los Fueros de León de 1020, de Burgos de 1073 y de Toledo de 1083, por una parte, y de la Carta Magna de 1215 por otra, se promulgaron documentos constitucionales al efecto de limitar el poder político, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las constituciones de Estados Unidos en 1787, de España en 1812 (las Cortes de Cádiz) y la Argentina de 1853.

Del mismo modo que Marx y Engels sostuvieron en el Manifiesto comunista que todo su programa se puede resumir en la abolición de la propiedad, Ludwig von Mises en Liberalismo sostiene que todo el programa del liberalismo se concreta en la defensa de la propiedad privada comenzando con nuestro propio cuerpo y nuestro pensamientos hasta lo que hemos adquirido o recibido lícitamente. Aparece la necesidad de la institución de la propiedad debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Como todo no puede utilizarse simultáneamente, la asignación de los derechos de propiedad permite su uso del modo más eficiente al efecto de atender los requerimientos del prójimo. El cuadro de resultados muestra quines aciertan y son premiados con ganancias y quienes yerran y son castigados con pérdidas.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, en el contexto de una sociedad abierta, la función del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno es velar por “la vida, la libertad y la propiedad” receta inscripta en todos los documentos constitucionales que están el línea con aquel tipo de sociedad. De este modo, se toman como sagrados los contratos, es decir, la transferencia de los derechos de propiedad, a contramano de la sociedad hegemónica en la que los derechos no son intrínsecos a las personas sino que emanan del capricho de los aparatos políticos tal como aconsejaba Hobbes.

Algernon Sidney, John Locke y Montesquieu se ocuparon de articular y desarrollar esos derechos inviolables e inherentes al individuo y así lo han hecho todos los constitucionalistas liberales comenzando por autores como Coke, Blackstone, Bracton, Planiol, Ripert, Beccaria, Story, Corwin, Pound, Leoni y tantos otros gigantes del derecho.

Proteger esos derechos anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno es la función de las burocracias estatales para que cada uno pueda seguir su camino sin lesionar derechos de terceros y responda por sus actos y decisiones. Cada vez que se habla del estado (con minúscula como señal de respeto a la soberanía individual) debe tenerse presente que se está aludiendo a la fuerza bruta que respalda cada política, es decir, se trata, del garrote que golpea, por ello es que debe utilizarse exclusivamente como herramienta defensiva y nunca ofensiva invadiendo autonomías individuales. Este es el sentido por el que pensadores como George Mason han escrito que “todo acto de la legislatura contraria al derecho natural y a la justicia es nulo”. Derecho natural no en un sentido misterioso sino concreto que se refiere a la naturaleza o a las propiedades del ser humano en cuanto que necesita ejercitar lo que lo caracteriza como persona: su libre albedrío para poder actuar en el transcurso de su vida.

Respeto a los derechos de las personas en cuanto a que nunca se las debe tratar como medios para satisfacer los fines de otros sino que son fines en si mismos, noción antitética al utilitarismo tal como ha explicado, entre otros, Robert Nozick. Sin embargo, con el tiempo comenzaron los desvíos hacia lo que se ha dado en denominar “constitucionalismo social” que recuerda lo dicho por Hayek en cuanto a que el adjetivo “social” convierte al sustantivo en su antónimo. Esto ha ocurrido debido a la degradación del derecho a manos del positivismo legal que no reconoce puntos de referencia extramuros de la ley positiva junto con el desconocimiento más fragrante de conceptos clave de la economía. Así se piensa que deben abandonarse marcos jurídicos asentados en las tradiciones mencionadas para incursionar en el terreno de los pseudoderechos.

Como es sabido a todo derecho corresponde una obligación. Si una persona obtiene honorarios por mil como contrapartida de sus servicios profesionales, existe la obligación universal de respetar esos ingresos. Ahora bien, si esa persona alegara un derecho a contar con dos mil cuando no es lo que gana y el gobierno le otorga semejante derecho, esto significaría que un tercero se verá forzado a pagar la diferencia de su peculio, lo cual, a su turno, implica que se ha lesionado su derecho y, por tanto, se trata de un pseduoderecho. Este es el “derecho a una remuneración atractiva”, el “derecho a una vivienda adecuada”, el “derecho a contar con hidratos de carbono o vitaminas en ciertas proporciones” el “derecho al esparcimiento” y, para el caso, el “derecho a la felicidad”.

Estos son pseuderechos por las razones apuntadas y, además, su entronización perjudica muy especialmente a los más necesitados puesto que la asignación de recursos es desviada coactivamente de fines productivos y, por ende, el consiguiente desperdicio de capital se traduce en reducciones en los salarios en términos reales.

Hoy en día buena parte de los textos constitucionales se han convertido en aspiraciones de deseos en medio de un galimatías conceptual que movería a la risa si no fuera trágico el problema que crean estas recetas mezcla alquimias y voluntarismos como la reciente propuesta en la asamblea constitucional de Ecuador en el sentido de incorporar a la constitución el “derecho a la mujer al orgasmo” o el anterior texto constitucional de Brasil que establecía cual debía ser la tasa de interés, para no decir nada de la florida gramática de la absurda constitución cubana que resulta un chiste de mal gusto para sus habitantes. Si se tiene el estómago y la paciencia deberían consultarse las anti-Constituciones de Bolivia, Venezuela y Nicaragua para comprobar lo que constituye un fraude a la inteligencia, que en no pocos tramos producirá una intensa hilaridad en el lector atento si no fuera por la fenomenal tragedia que produce en los más necesitados.

En realidad los atropellos gubernamentales a las libertades de las personas son consecuencia de la soberbia, de la petulancia y de la arrogancia de quienes se instalan en el poder, puesto que como ha dicho Acton “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. La alfombra colorada marea y hace que los gobernantes se crean infalibles e indispensables y aunque no lo manifiesten explícitamente pretenden ser más que Dios ya que en este caso el libre albedrío permite al hombre ir por mal o por buen camino, sin embargo los megalómanos quieren manejar vidas a su antojo “para bien de los gobernados”.

Deberíamos estar ocupados y preocupados por el célebre interrogante de quis custodiet ipsos custodes en lugar de pervertir la noción clásica del derecho para dar pie al entrometimiento en lo que es privativo de cada cual. El asunto no estriba en discutir acerca de las virtudes o defectos de acciones privadas sino en reconocer marcos institucionales civilizados para que cada uno pueda manejar su propia vida asumiendo la responsabilidad por sus decisiones.

No se trata de pedir permiso al gobernante por lo que hacemos con nuestras vidas y haciendas como si no fuera un mandatario y como si fuera un mandante que usurpa y expropia el rol de los pobladores. La mayor parte de las legislaciones vigentes son un compendio de insolencias a la privacidad de la población en lugar de mantener en brete a los empleados y supuestos guardianes de las libertades individuales.

Es que estas visiones retorcidas y contraproducentes en verdad proceden de la misma gente que en lugar de abolir la cadena pide al amo que se la alargue. Nada peor y más peligroso que los sujetos que piden esclavizarse porque en el proceso arruinan la vida a quienes mantienen su dignidad y su autoestima elemental.

Resulta chocante que llamados constitucionalistas aboguen por el antes aludido “consitucionalismo social” lo cual demuele las barreras al abuso de poder y perjudican gravemente la economía. Parecería que en estos casos se oponen a las formas autoritarias pero suscriben el fondo. Es de desear que la tradición de Law & Economics se vaya esparciendo cada vez más en medios académicos y judiciales para evitar la malsana idea de las separaciones tajantes entre los procesos de mercado y los marcos institucionales por las que profesionales del derecho desconocen lo primero y los economistas desconocen lo segundo, cuando son campos de conocimiento indisolublemente unidos como lo es el contenido del continente. James M. Buchanan quien acaba de morir el 9 de este mes de enero a los 93 años- ha realizado formidables contribuciones para mostrar los estrechos vínculos entre la economía y los marcos institucionales.

De más está decir que no es responsabilidad exclusiva de constitucionalistas el poner coto a los abusos del poder. Es tarea de cada uno si es que pretende respeto, independientemente de la tarea a la que se dedica. Mirar para otro lado y mantenerse anestesiado para dedicarse solo a los negocios personales constituye una peligrosa aberración. Recordemos siempre el soneto del ex profesor de la Universidad de Berlín, Albrecht Haushofer, escrito en la cárcel nazi antes de ser ejecutado a balazos por haberse apartado de su asesoría a Rudolf Hess y haber atentado contra la vida de Hitler: “Me acusa el corazón de negligente/ por haberme dormido la conciencia/y engañar a mí mismo y a la gente/por sentir la avalancha de inclemencia/y no dar la voz de alarma claramente”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.