Disparando sobre el patrimonio

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2021/06/disparando-sobre-el-patrimonio.html

“Desde el punto de vista de la cosa gravada sostienen Sax, Cossa y otros tratadistas, que son directos los impuestos que gravan la riqueza en sus manifestaciones inmediatas (el patrimonio, el producto, la renta de los bienes muebles e inmuebles, de las profesiones, de las industrias) e indirectos los que la gravan a través de sus manifestaciones mediatas (transferencias, consumos, transportes).”[1]

Esta clasificación luce más “prolija” que las anteriores, pero igual no llega al nudo de la cuestión. Volviendo a la realidad cotidiana nos muestra que en la práctica existen todos estos impuestos que recaen sobre los mismos bienes, por ejemplo: hay impuestos sobre la tierra que cuando esta se vende se le vuelve a cobrar otro impuesto más (a las transferencias o ventas) pero mientras no se vende, a la vez que paga el impuesto territorial también se le cobran impuestos sobre la renta. Es decir que, por lo menos en este caso, hay una triple imposición sobre un mismo bien (al bien en sí mismo, a su renta, y a su venta) los tres recaen sobre el patrimonio del propietario, si es que este patrimonio existe. Porque si la tierra es yerma no rinde frutos, no tendrá rentas y, en ese caso, para pagar el impuesto el expoliado deberá echar mano a otros recursos que posea y que el indefectiblemente sólo podrá hacerlo si tiene un patrimonio del cual extraerlos. Pero si lo hace, se estará descapitalizando, y si no tiene patrimonio positivo alguno simplemente no podrá pagar nada.

Podrá estarse de acuerdo con una o muchas de estas clasificaciones, pero sólo son un ejercicio inútil que apunta al método o modo de recaudación y no a sus efectos.

“Leroy Beaulieu considera directo al impuesto cuando el Estado se vale de registros especiales, en los cuales empadrona a los contribuyentes. Por medio de esos padrones el fisco sabe quién es el que paga cada una de las fracciones del impuesto. En cambio, para los impuestos indirectos no hay empadronamiento alguno; el Estado ignora quien es el que paga el impuesto. El contribuyente lo paga en ocasión de un acto de consumo.”[2]

Este caso ya había sido planteado antes por el mismo autor, y ya lo analizamos y lo hemos refutado completamente. También se centra en cuestiones metodológicas y nominales: si se conoce o no se conoce al contribuyente. Pero desde el ángulo económico todas esas cuestiones -que a los juristas y puristas del tributo le ponen tanto cuidado y atención- son debates económicamente irrelevantes en cuanto al punto central: el impuesto -se lo recaude como se lo recaude- carcome siempre el patrimonio, y daña la producción particular y transitivamente la nacional. Si se conoce o no al contribuyente es irrelevante, porque -por ejemplo- si el Sr. Pérez es muy rico, pero vende su patrimonio al Sr. Gómez, el interés del fisco no será sobre Pérez ni tampoco sobre Gómez (en sus condiciones personales respecto de ambos) pero centrará su atención en este, simplemente porque ahora Gómez es rico y Pérez es pobre. Si Gómez -a su vez- transfiere su patrimonio a Rodríguez el interés del fisco se desplazará desde Gómez hacia Rodríguez, pero en ninguno de los tres casos le interesa quién es el provisorio titular de los bienes a gravar como personas sino como poseedores de lo que realmente le interesa al fisco: el patrimonio imponible.

“Respecto a la opinión que merecen a la doctrina internacional uno y otro impuesto señala -un autor que la “ciencia pura está, incuestionablemente, en favor de los impuestos directos. Desde el punto de vista político, estos tienen respecto a los indirectos, la ventaja de que facilitan el contralor de los contribuyentes sobre la acción del gobierno, porque, en realidad, más siente el sujeto del tributo el peso del gravamen directo que el del indirecto. El impuesto directo lo paga teniendo la conciencia exacta de lo que entrega y el impuesto indirecto lo satisface sin orientación alguna respecto de la finalidad del sacrificio. Esto explica los movimientos sociales tan intensos que agitan a los pueblos cuando se trata de aumentar cualquier impuesto directo. Un acrecentamiento, por mínimo que sea, en la contribución territorial, por ejemplo, despierta mayor resistencia que cualquier impuesto nuevo a los consumos””[3]

Si se quiere establecer una diferencia entre los directos e indirectos se la encuentra en el tiempo de ataque sobre el patrimonio (capital + renta). El directo impacta primero, el indirecto luego. Este “luego” puede ser más tarde, día siguiente o subsiguiente, semanas, meses, etc.) Pero ambos repercuten negativamente, aunque sea en tiempos asincrónicos. Y, para nosotros, aquí se agotan las diferencias. El resto es puro academicismo.

Parece que la postura que expone la cita es partidaria de la identificación del contribuyente, y que por eso entiende el impuesto como “directo”. Centrase nuevamente en la persona y no en el patrimonio, pero la explicación que da como sustento del mismo es -a todas luces- falsa. Pasa por alto -como no podía ser de otra manera- todos los aspectos económicos relevantes en el tema.

Por ejemplo, obvia que los contribuyentes del impuesto directo son mucho menos que los de los indirectos, con lo cual -en democracia- siendo minoría tienen un contralor mínimo de las acciones del gobierno. Lo que les quita peso político es que numéricamente -en democracia- interesan los votos mayoritarios y no son ellos los grandes contribuyentes sino los medianos, pequeños y –aun- quienes no contribuyen de derecho sino de hecho. Tampoco se explica cómo ejercerían esos expoliados minoritarios ese supuesto “contralor”“. Lo cierto es que no hay tal por las razones esgrimidas, que son muy fáciles de demostrar. Al gobierno y su fisco le interesan los grandes números: recaudan más de los que más tienen económicamente, pero tienen menos peso político, porque -en votos- no representan más que un sector muy minoritario. Se sentirá más expoliado y a lo único que se le deja lugar es a evadir o transferir su patrimonio a un tercero que será el futuro expoliado por el fisco. ¿Pero contralor? ninguno.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibídem.

[3] Goldstein, M. ibídem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

El “fracaso” de los gobiernos: evaluar solamente los gastos de un programa no cubre todos los costos

Por Martín Krause. Publicada el 21/3/16 en: http://bazar.ufm.edu/el-fracaso-de-los-gobiernos-evaluar-solamente-los-gastos-de-un-programa-no-cubre-todos-los-costos/

 

En un interesante informe publicado por Cato, Chris Edwards plantea el tema de porqué fracasa el gobierno. Viejo tema, por supuesto, donde analiza los problemas básicos de falta de conocimiento y de débiles o desviados incentivos para alcanzar la eficiencia, por lo que el gobierno norteamericano, como otros, se destaca por ser incompetente y despilfarrador. http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa777.pdf

Pero, al margen del análisis específico que trae el trabajo, quisiera presentar aquí los simples argumentos del análisis acerca de esa eficiencia, tanto sea de los impuestos que el estado cobra, como de los subsidios que otorga. Así, dice Edwards:

“Al evaluar los programas de gasto, los políticos debe tener en cuenta todos los costes de su financiación. El coste directo de cualquier programa son los ingresos fiscales que el gobierno tendrá que extraer desde el sector privado. Sin embargo, otro costo es creado por el proceso de extracción en sí mismo. Dado que los impuestos son obligatorios, inducen a la gente para tratar de evitarlos cambiando sus decisiones de trabajo, inversión y consumos. Tales respuestas dañan la economía, un daño llamado “pérdida de peso muerto” (deadweight loss).

Supongamos que el gobierno impone un nuevo impuesto sobre el vino. Los bebedores de vino se verían perjudicados porque parte de su dinero sería confiscada. Sin embargo, un costo adicional, la pérdida de peso muerto, se crearía cuando la gente hace recortes en su consumo de vino. Debido a los impuestos, la gente consumirá menos vino y se perderá una cierta cantidad de bienestar o felicidad.

Impuestos

La Figura 2 ilustra el daño causado por un impuesto sobre el vino de $ 1 por botella. Antes de imponer el impuesto, las personas consumieron 100 millones de botellas a $ 10 por botella. Con el impuesto, el precio se eleva y las personas van a reducir su consumo a 90 millones de botellas. El área rectangular muestra la cantidad de ingresos recaudados por el gobierno. El área triangular es la pérdida del peso muerto, que es causada por la reducción que la gente hace de su consumo en 10 millones de bottles.

Mientras que la cantidad de ingresos de impuestos representa una pérdida para el sector privado y una ganancia para el gobierno, la pérdida de peso muerto es una pérdida para la sociedad como un todo. El gobierno ha bloqueado el intercambio de 10 millones de botellas que hubieran beneficiado a ambas partes. Todo impuesto federal hace que este tipo de daños al obstaculizar intercambios en el mercado. Los impuestos sobre la renta, por ejemplo, reducen los esfuerzos de millones familias y empresas que trabajan y que invierten.

¿De qué tamaño son las pérdidas de eficiencia de los impuestos del gobierno federal? Varían en función de la tasa de impuestos, el tipo de impuesto, y otros factores. Pero para el caso de impuestos federales, los estudios han encontrado que, en promedio, la pérdida de eficiencia de un aumento de los impuestos de un dólar es más o menos 50 centavos. Sobre la base de su trabajo pionero, Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, piensa que la pérdida puede ser más alta, tal vez cercana o igual a “un dólar por cada dólar de ingresos fiscales, por lo que el costo de un mayor gasto gubernamental  sería más de dos dólares por cada dólar de los gastos del gobierno.  Otras estimaciones son, sin embargo, menores a la de Feldstein.

Supongamos que el Congreso está considerando un gasto de $ 10 millones de dólares en un programa de subsidio de energía. Dejando de lado si el programa es ético o constitucional, ¿tiene el  programa algún sentido económico? Los beneficios del programa tendrían tiene que ser mayores que el coste total de alrededor de $ 15 mil millones, que incluye los $ 10 mil millones de costo directo para los contribuyentes más otros $ 5 mil millones en pérdidas de peso muerto.

Actualmente, los legisladores federales no tienen en cuenta esas pérdidas de peso muerto cuando toman decisiones de gasto, pero deberían. El contador del Congreso, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), por lo general no incluye el peso muerto en sus análisis. Las agencias federales en general no tienen en cuenta las pérdidas de peso muerto, a pesar de que la Oficina de Administración y Presupuesto ha recomendado que sean incluidas en las evaluaciones sobre los programas.

La ausencia de información de la pérdida de peso muerto sesga los políticos a favor de aprobar programas. Considere el debate sobre la a la Salud del 2010. El investigador en salud, Chris Conover estima que la ley generó impuestos crearían de cerca de $ 500 millones de dólares de pérdidas de eficiencia durante la pimera década, además del costo oficial de alrededor de $ 1 billón. Si dicha estimación se hubiera presentado al Congreso en 2010, podría haber cambiado el debate sobre la legislación.

Para ver por qué las pérdidas de eficiencia pueden resultar en el fracaso del gobierno, vamos a comparar un proyecto solidario privado a un programa de gobierno. Supongamos que un filántropo crea un proyecto de $ 10 millones para ayudar a personas desfavorecidas, y el programa genera $ 12 millones en beneficios. Sería un éxito. Supongamos ahora un programa similar dirigido por el gobierno. Sería un fracaso porque utilizaría financiación de impuestos y por lo tanto generan pérdidas de eficiencia. El programa de gobierno cuesta $ 10 millones de dólares directamente más otros $ 5 millones en pérdidas de eficiencia, con un coste total que supera los beneficios. Puesto que los proyectos del gobierno son financiados por contribuciones forzosas, son más costosos que los proyectos privados. La coerción no es gratuita.”

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).