Guerra a la inflación, ¿o a la producción?

Por Aldo Abram: Publicado el 18/3/22 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/guerra-a-la-inflacion-o-a-la-produccion-nid18032022/

Se anunció la guerra contra la inflación y los especuladores, dejando claro que los culpables son los formadores de precios y avaros empresarios que, ante el aumento de la demanda, suben los precios y no la inversión y la producción. También, que las políticas que se implementarán serán las mismas que se han utilizado hasta ahora y que, según algunos funcionarios de la gestión, ya fracasaron.

Excepto Brasil, que tiene 10,5% de inflación, todos los demás países limítrofes tienen un dígito anual. Me imagino una conversación telefónica de nuestro Presidente con alguno de sus colegas de dichas naciones hermanas. “¿Cómo hicieron para domesticar a sus empresarios formadores de precios y para que los congelamientos anden tan bien como para tener una inflación tan baja?” Del otro lado, educadamente, le explicarán que ellos no andan domesticando empresarios y no tienen congelamientos como los argentinos. Sus bancos centrales priorizan respetar a sus ciudadanos dándoles una moneda estable y confiable; lo cual implica darles la cantidad que ellos demandan para que no pierda valor o lo haga mínimamente.

Al colgar el teléfono, el Presidente debería analizar qué es lo que ha pasado en los casi 90 años de vida del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Notará que durante más del 70% del tiempo, en mayor o menor medida, su prioridad ha sido financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno. Para eso imprime un papelito que no vale nada y se lo da al Estado que aumenta su gasto. ¡Magia! Para nada, como nadie quiere ese billete porque sabe que pierde valor, pasa como cuando aumenta la producción de naranjas y no hay más demanda, su precio baja. Pero acá hablamos de nuestra moneda, en la que ahorramos, que baja su poder adquisitivo, del que se apropia el BCRA con el impuesto inflacionario y se lo transfiere al gobierno para que pueda gastar más. Obvio, a costa de empobrecer a los argentinos que podrán consumir menos.

Luego uno va al súper y, cuando llega a la caja, le dirán: “Eso que se quiere llevar vale lo mismo que antes y los pesos que me quiere dar valen menos, me va a tener que dar más.” Y cuando llame al gasista por el calefón escuchará: “Mi trabajo vale lo mismo que antes, pero esos pesos valen menos, me va a tener que dar más.” Eso es lo que llamamos inflación, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Por supuesto, este tipo de gobiernos no va admitir que es así; ya que debería dejar de gastar más a costa del BCRA. Entonces, los culpables tienen que ser los avaros empresarios formadores de precios y los especuladores. Ahora veamos los resultados de castigarlos por “empobrecer” a los argentinos.

Un productor al que le congelan los precios, verá subir sus costos con la inflación que sigue generando el BCRA y cada vez, ganará menos; por lo que también producirá menos. Igual sucederá con los acuerdos “voluntarios” de “Precios Cuidados”, que es obvio no tienen nada de voluntarios. Por otro lado, si se le prohíbe exportar o se le ponen retenciones a un sector para que baje sus precios domésticos, también producirá e invertirá menos. Lo mismo que si se los amenaza con esas medidas para que tengan que poner plata “voluntariamente” en un fideicomiso para subsidiar los consumos de ciertos bienes.

Imagínense un empresario argentino o extranjero que está evaluando el país para invertir y generar empleo productivo, es decir bienestar económico para nuestros habitantes. Dirá, “el gobierno seguirá generando inflación para financiarse y, luego, me echará la culpa a mí, castigándome con todas esas medidas”. Sumará que, según el Banco Mundial, estamos en el puesto 21, entre 191 países, como los que más exprimen con impuestos a sus empresas y que, como ni así le alcanza, el Estado toma la mayor parte del poco crédito local disponible e invertirá en otro lado. ¡Chau empleos productivos y bienestar para los argentinos!

Lamentablemente, dada las medidas que está por tomar el gobierno, no le está declarando la guerra a la inflación, sino a los trabajadores y empresarios que todos los días tratan de producir los bienes y servicios que necesitamos. La mala noticia es que esa guerra sí la están ganando y se observa en la decadencia económica y el empobrecimiento de los argentinos.

Conclusión, los gobiernos no quieren bajar el gasto estatal con el que ellos financian la política. Por ende, como ciudadanos tenemos que exigirles y presionarlos para que el BCRA tenga la misma prioridad que los países vecinos: darnos una moneda estable y confiable. Si no, en el mejor de los casos, acostumbrémonos a vivir con alta inflación y, en el peor escenario, a pasar por una cuarta hiperinflación, con el enorme costo social que eso implica.

Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) Es director de la Fundación Libertad y Progreso.

Una mirada austríaca sobre el problema de las tarifas en Argentina

Por Iván Carrino. Publicado el 29/6/16 en: http://www.ivancarrino.com/una-mirada-austriaca-sobre-el-problema-de-las-tarifas-en-argentina/

 

La Teoría Austríaca del Ciclo Económico (TACE) está por cumplir 104 años. Publicada por primera vez en 1912 en la obra La Teoría del Dinero y el Crédito de Ludwig von Mises, sostenía una mirada contraria al común de los economistas sobre los proceso de auge y recesión en las economías.

Básicamente, el punto es que las crisis no son una consecuencia inevitable del capitalismo, sino que son producto de la intervención estatal en el mercado y, específicamente, en el mercado de dinero y crédito.

Para sintetizar lo más posible la teoría (dos buenas y sintéticas explicaciones aquí y aquí) podemos decir que todo comienza cuando el gobierno decide imprimir más dinero con el objetivo de reducir la tasa de interés. La tasa de interés, en realidad, es un precio como cualquier otro de la economía y debería quedar determinado en el mercado de crédito. Si “mucha” gente desea ahorrar, entonces la tasa de interés será baja, mientras que si hay “pocos” que quieren ahorrar y “muchos” que deseen consumir, entonces la tasa será alta.

Sin embargo, el gobierno puede influir en ese precio de la economía, al menos a corto plazo, imprimiendo más billetes. Mediante la expansión monetaria, el Banco Central inyecta dinero en los bancos y éstos comienzan a reducir la tasa de interés para que haya más gente que tome esos préstamos.

El problema con esto es que los empresarios consideran esta reducción en la tasa de interés como una señal de que la sociedad está dispuesta a ahorrar más y consumir menos, por lo que comienzan a emprender proyectos de inversión de mayor duración (de manera que los bienes de consumo estén listo para un tiempo futuro, no presente). Ahora evidentemente, como las preferencias de ahorro-consumo de los consumidores no se modificaron, la señal es errónea y llegará un punto en que la escasez de verdadero ahorro se hará patente y el sistema se volverá insostenible. Los precios de los factores de producción comenzarán a subir y los costos de los proyectos de inversión indicarán que éstos eran, en realidad, inviables.

Finalmente, el Banco Central podría decidir subir la tasa de interés (reflejando el aumento de precios –a la Fisher- y la verdadera escasez de ahorros), con lo que se lo terminaría responsabilizando por apretar el gatillo de la recesión.

Si bien la TACE sigue debatida -aunque cada vez más aceptada– en la profesión por sus conclusiones liberales y su prescripción política de no intervención, lo cierto es que es perfectamente compatible con cualquier corriente de pensamiento que comprenda la importancia de los precios relativos en la economía.

Finalmente, su planteo no es otra cosa que un análisis riguroso de lo que sucede cuando el gobierno comienza a distorsionar los precios relativos, y que toma en consideración todos los efectos no intencionados de dicha intervención.

En este sentido, creo que la mirada austríaca es una herramienta perfecta para comprender lo que está sucediendo con las tarifas en nuestro país.

Veamos.

Cuando Duhalde decidió salir de la convertibilidad, la Ley de Emergencia Económica les prohibió a los proveedores de servicios públicos subir las tarifas para seguir cobrando, en dólares, lo mismo que antes. También prohibió cualquier tipo de indexación así que, básicamente, congeló los precios de los servicios públicos. Como se sabe, los gobiernos siguientes (de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner) prorrogaron dicha ley hasta el final del último mandato de CFK y la inflación acumulada alcanzó niveles astronómicos.

Así que, en concreto, por muchos y largos años las tarifas pasaron a ser un precio regulado de la economía y mantenido por debajo de su valor “de equilibrio”, “natural” o, en otras palabras, aquél que reflejaba la verdadera escasez relativa del recurso en cuestión.

Ahora bien, análogamente a lo que sucede en la Teoría del Ciclo Austríaca, aquí quienes tomaron erróneamente la señal de precios fueron los consumidores (aunque indirectamente también los inversores). Con un precio artificialmente bajo, los consumidores de energía, gas y agua, toman por cierto que dichos bienes son “sobreabundantes”. ¿Para qué vas a cerrar la ventana cuando hace frío si total sobra el gas y la electricidad para calentar la casa con tres aires acondicionados y dos estufas de tiro balanceado?

Ahora bien, hasta aquí la consecuencia no parece tan grave. Simplemente fomentamos la cultura del derroche, pero ¿qué más?

Las consecuencias (probablemente no intencionadas, al igual que con la TACE) son mucho más profundas. Es que en función de dicho precio artificialmente barato, toda la estructura productiva de la economía comienza a funcionar de manera descoordinada. Para un consumidor, no es lo mismo vivir en el departamento de 500 mts² si el gas para calefaccionar dicho hogar cuesta 100 que si cuesta 10.000. Además, no es lo mismo tener un aire acondicionado, o tener 4, si la electricidad cuesta 50 o 500. Tampoco es lo mismo tener un automóvil de bajo consumo que una camioneta 4×4 si la nafta es cara o si la nafta es barata. En el segundo caso, claramente habrá una tendencia a demandar más camionetas y, por tanto, una tendencia también a producirlas.

En resumen, la distorsión del precio relativo de la energía genera una enorme distorsión en todo el sistema productivo.Para la Escuela Austríaca, las tasas de interés artificialmente bajas hacen que los proyectos de inversión luzcan rentables cuando, en realidad, no lo son. De la misma forma, los artificialmente bajos precios de la energía hacen que proyectos de inversión y de consumo (como comprar una casa, un auto, o un electrodoméstico) luzcan sostenibles cuando, en realidad, no lo son.

Finalmente llega el punto de quiebre. Con la energía artificialmente abaratada, hay un exceso de demanda, pero nadie tiene interés en producirla. Así que en un momento, la cuerda se rompe y aparecen los cortes de luz o el racionamiento del gas. En fin, la “lucha por los recursos” que parecían abundantes pero, en realidad, eran súper escasos.

Llegado ese momento, el gobierno tiene dos opciones. O seguir con el statu quo y profundizar el racionamiento, o liberar los precios y permitirle a éstos que reflejen la verdadera escasez de los recursos y orienten nuevamente el sistema productivo de la economía para que éste guarde relación con las demandas reales de los consumidores (y no unas afectadas por los precios distorsionados).

Claramente, la segunda alternativa es la más sustentable y la que más crecimiento generará a largo plazo.

Sin embargo, también es cierto que una vez iniciado el esquema del control de precios y la distorsión, ningún camino será agradable. El shock tarifario implicará un reacomodamiento de la estructura productiva, y muchas  decisiones de consumo e inversión se demostrarán equivocadas. Finalmente, habrá que comenzar a producir diferente, y algunos negocios tendrán que cerrar sus puertas, mientras otros las abrirán en otros sectores. Pero nada de esto se hace sin fricciones. Por eso cuando menos intervenidos estén los mercados, y más flexibles sean, más rápido y menos doloroso será el ajuste.

La Teoría Austríaca del Ciclo Económico ofrece otra conclusión reveladora sobre el problema de las crisis económicas. Que el culpable de la recesión no es el Banco Central que sube las tasas de interés, sino aquél que decidió reducirlas artificialmente en primer lugar.

Creo que la conclusión es estrictamente aplicable al tema tarifario. Una vez iniciada la locura de controlar precios por 14 años, no hay salidas fáciles. Y la responsabilidad por el ajuste no es de quien decide optar por el camino de reducir la intervención, sino por el demagogo líder anterior, que al distorsionar las señales del mercado, generó una burbuja insostenible y con un final cantado: el ajuste que siempre llega.

Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek. Principales exponentes de la Escuela Austriaca de Economía.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El control de precios de los Nazis, ¿era muy distinto del que aplica ahora Maduro en Venezuela?

Por Martín Krause. Publicado el 22/2/15 en: http://bazar.ufm.edu/el-control-de-precios-de-los-nazis-era-muy-distinto-del-que-aplica-ahora-maduro-en-venezuela/

 

En una sección con un título apropiado a nuestra época (El Caos Monetario), Mises explica en 1944 los problemas de los controles de precios, parte de una monografía titulada “Una propuesta no inflacionaria para la reconstrucción monetaria de posguerra”:

Las falacias del control de precios

Los gobiernos generan inflación. Pero, al mismo tiempo, pretenden combatirla contra sus inevitables consecuencias.

Un gobierno infla su moneda porque quiere utilizar el poder de pago adicional para una reducción del consumo privado y aumento del gasto público. Un gobierno beligerante, por ejemplo, quiere retirar algunos productos del público porque los necesita para la guerra. Los ciudadanos, por lo tanto, han de consumir menos.

Pero la inflación, esto es, el papel moneda y los depósitos bancarios adicionales ocasionan un aumento del ingreso nacional (en términos de la moneda inflada). Los ciudadanos tienen más dinero para gastar, mientras que la oferta de bienes disponible para consumo privado cae. Hay menos bienes para comprar, pero los ciudadanos tienen más dinero para comprarlos. Un importante aumento de los precios es inevitable.

Un aumento de precios podría evitarse solamente financiando la guerra exclusivamente con impuestos o préstamos del público sin ninguna inflación. Si al gobierno no le gusta ese aumento de precios, debería abstenerse de la inflación.

Los controles de precios son inútiles. Si, por ejemplo, el precio de un bien se fija a un nivel más bajo que el precio potencial correspondiente a las condiciones inflacionarias, muchos productores, para evitar pérdidas, dejarán de producir ese bien. Los productores marginales se retirarán de esta rama de los negocios. Utilizarán los factores de producción –tanto materiales como humanos, esto es, trabajo- para la producción de otros bienes no afectados por los límites fijados por el gobierno. Este resultado es contrario a la intención del gobierno. Ha fijado el precio del producto en cuestión porque lo considera una necesidad vital. No quería reducir su oferta. La única forma de prevenir una caída de su oferta sería eliminar el precio máximo. Pero al gobierno tampoco le gusta esta alternativa. Así, avanza más y fija los precios de los factores de producción necesarios para la producción del bien en cuestión. Pero entonces el mismo problema aparece en relación a la oferta de estos factores. El gobierno ha de proceder más allá y fijar el precio de los factores de producción de los factores necesarios para producir el bien donde comenzó todo el proceso. Está forzado a no dejar afuera de sus precios máximos a ningún bien, ya sea de consumo o de producción, y ningún tipo de servicio laboral. Tiene que determinar para qué producción se utilizará cada factor de producción ya que el mercado, ahora paralizado por los controles de precios, no provee a los emprendedores una guía para la toma racional de decisiones. El gobierno los tiene que forzar, y a cada trabajador, a continuar produciendo y trabajando según sus órdenes. Debe decirle a cada empresario qué producir y cómo; qué materiales comprar y dónde y a qué precios; a quién emplear y a qué salarios; a quién vender y a qué precios. Si quedara alguna brecha en esta ronda de fijación de precios y salarios, y si alguno no fuera instruido para trabajar de acuerdo a las ordenes gubernamentales en este completo sistema de comando, entonces la actividad empresarial –y el capital y el trabajo- se dirigirían a las ramas de industria que permanezcan libres. Los planes del gobierno se frustrarían parcialmente porque la intención es, precisamente, incrementar o mantener la producción de esos bienes cuyo precio el gobierno ha fijado.

Pero si ese sistema de control total de precios y producción se alcanza, la estructura social y económica completa del país ha cambiado. Si todos los precios y los salarios son fijados, si los capitalistas no son libres de determinar la forma en la que pueden utilizar su capital, si –como resultado del control completo de precios por el gobierno- la tasa de ganancias y la tasa de interés es virtualmente fijada por las autoridades, se ha sustituido al capitalismo de libre empresa por el socialismo planificador. Los precios, los salarios y las tasas de interés ya no son lo que eran en el sistema de mercado. Ahora son simples términos cuantitativos fijados por decreto gubernamental en el marco de una sociedad socialista. El dinero no es dinero, esto es, un medio de intercambio, pero una cuenta. No hay más emprendedores, solamente administradores de fábricas que deben obedecer incondicionalmente a las autoridades. El nivel de vida de cada uno es fijado por el gobierno; cada uno es un sirviente público, un empleado de esta gran maquinaria. Este es el tipo de socialismo alemán, Deutscher Sozialismus, como lo practicaron los Nazis. El Fuehrer solamente opera todo el sistema; su voluntad solamente decide y dirige la actividad de cada sujeto y fija su nivel de vida”.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).