La falacia de los derechos sociales

Por Gabriel Boragina Publicado  el 28/1/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/01/la-falacia-de-los-derechos-sociales.html

 

Hemos escrito bastante sobre la gran tergiversación en los términos que significa la populista “derechos sociales” o “estado social”, “organizaciones sociales”, etc. Todas fórmulas y expresiones que ocultan un significado muy diferente al que quieren aparentar y que -en definitiva- esconden como objetivo el logro de porciones de riquezas que deberán ser detraídas a unos para ser entregadas al grupo que se oculta tras el adjetivo “social”.

“[…] los derechos individuales han pasado de ser “negativos”, una esfera protegida de acción, a “positivos” una exigencia de materialización de beneficios concretos que inevitablemente exige quitar a unos para dárselo a otros.”[1]

Antiguamente, la única noción concebible -tanto jurídica como filosófica y económicamente- era la de derechos individuales. Todo el mundo, en épocas ya idas, tenía clara conciencia de qué significaban estas palabras unidas, y nadie cuestionaba la claridad de su sentido, al punto que había un gran consenso en cuanto a que separados estos vocablos perdían total representación. Hoy en día las cosas al respecto han cambiado bastante.

“Las libertades sancionadas por las cartas constitucionales de los siglos XVIII y XIX proporcionaban espacios y garantías para la acción libre del hombre, pero no atribuían ventajas sustantivas a nadie. Eran derechos absolutos (incondicionales) porque no tenían “coste”, porque su satisfacción no exigía la cooperación forzosa de los demás.”[2]

No eran derechos positivos sino negativos, en el concepto de que tales garantías constitucionales aseguraban que nadie pudiera interferir con las acciones, libres, voluntarias y lícitas de toda persona, reconociendo la misma obligación negativa hacia los demás. En algunos casos, los autores se refieren a ellos como derechos naturales, propios e inherentes a la condición humana, y por esto recibían este nombre. Constituían la órbita de conducta donde cada uno -sin lesionar los iguales derechos del prójimo- podía hacer lo que se le viniera en gana.

“Si tengo derecho a trabajar y nadie quiere contratarme, alguien (el gobierno) debe forzar a otro para que lo haga. Así, los derechos iguales para todos del liberalismo clásico se han transmutado en desiguales, en discriminaciones. Los modernos derechos sociales son costosos y además generan expectativas de satisfacción crecientes que inexorablemente se traducen en un deterioro, por no decir, en un creciente quebranto de los primeros.”[3]

Los “derechos sociales” son la más pura expresión de la negación del Derecho mismo, y son la causa de todos los males sociales (aunque resulte paradójico). Se tratan -como han expresado profundos pensadores, como el Dr. Alberto Benegas Lynch (h)- de pseudoderechos. Sin embargo, es la corriente imperante y dominante, no sólo en el campo jurídico sino en el económico que es donde más daño causan, ya que para que se cumplan tales “derechos sociales” se deben violar los derechos naturales de otra persona o de un conjunto de ellas. La misma necesidad de tener que calificar la palabra derecho,que ha perdido su sentido univoco para pasar a adquirir otro equivoco, nos da la pauta del caos legislativo y económico en la materia en el que se vive.

“Los derechos, que resultan significativos, son los derechos naturales, no los que se confieren por una autorización legislativa. Los llamados “derechos sociales” de hoy en día no son “derechos” y, sin dudas, no son “programas de ayuda social” pues nadie tiene la facultad de ayudar a expensas de otro; son más bien demandas que la sociedad puede o no satisfacer.”[4]

Participamos de la utilización de la locución derechos naturales que consideramos auténtica y la adecuada para expresar la naturaleza y esencia de los verdaderos derechos a los que antiguamente no era necesario adjetivar. Como bien expresa el autor que ahora comentamos, los derechos jamás provienen de la ordenanza gubernamental, ni de decreto, ni aun de ley positiva alguna. El poder político ha de reconocer los derechos individuales o naturales, mas no puede crearlos y, por supuesto, mucho menos abolirlos. Así, la Constitución de la Nación Argentina reconoce tales derechos individuales, aunque -lamentablemente- después de la infortunada reforma sufrida en el año 1994 su texto se vio desnaturalizado por completo.

“Y no obstante, en las democracias industriales modernas, a un gran número de ciudadanos se les exige trabajar para mantener a otros: en Suecia, el Estado más retrógrado en este sentido, por cada ciudadano que se gana la vida, 1.8 son mantenidos completa o parcialmente por los impuestos que él debe pagar; en Alemania y Gran Bretaña la proporción es de 1:1, y en los Estados Unidos de 1:0.”[5]

Si este es el panorama de las democracias industriales modernas imagínese el lector cual será el de los populismos latinoamericanos, donde del asistencialismo social se ha hecho más que una cultura, sino un culto mismo, y en los cuales postular la diminución o eliminación de los programas sociales de “ayuda” (en el caso particular de Argentina conocidos como “planes sociales”) es un tema tabú y merecedor de la más severa condena social para quien siquiera lo insinúe.

“Los pensadores comunistas y fascistas insistieron en que las personas somos sólo títeres de los supuestamente inapelables “capitanes de la industria”, un argumento falaz pero atractivo y conveniente para justificar que la política nos recorte o arrebate la libertad. Podemos decir que estamos en manos de leyes históricas inapelables, como diría Marx, o de héroes imprescindibles, como diría Carlyle, o de sombríos poderes económicos, como han sostenido cientos de artistas.”[6]

Para evitar esto, los propios comunistas han propuesto -como lo aclara el mismo autor líneas más abajo- la creación de los denominados “derechos sociales”. Es justamente en esos falsos “males” invocados por socialistas y fascistas (como los nombrados) que se sostiene que estamos “necesitados” de “derechos sociales”. Lo que realidad quieren es suprimir los únicos derechos reales existentes: los individuales o naturales (como lo han hecho y lo continúan haciendo). La idea de fondo es que el gobierno pueda manejar nuestras vidas y recursos como mejor le parezca.

[1] Lorenzo Bernardo de Quirós “Las consecuencias políticas del liberalismo: La declaración de derechos y el debido proceso”. Seminario Internacional sobre la Democracia Liberal. Democracia, Libertad e Imperio de la Ley. Sao Paulo. 15/16 de mayo Pág. 18-19.

[2] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[3] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[4] Richard Pipes. “Propiedad y Libertad: La Piedra Angular de la Sociedad Civil”. Fundación Friedrich Naumann. México Business Forum Pág. 23-24

[5] Richard Pipes. …ibidem, Pág. 23-24

[6] Carlos Rodríguez Braun “Cultura y economía”. Revista Libertas 41 (octubre 2004) Instituto Universitario ESEADE Pág. 4

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La gente y la justicia

Por Gabriel Boragina Publicado  el 4/9/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/09/la-gente-y-la-justicia.html

 

En una reciente conversación que mantuve con dos personas, estos se quejaban de la inacción del gobierno frente a hechos de violencia que se habían registrado en el interior del país por el reclamo de unos sedicentes “aborígenes” de unas tierras que pretenden usurpar.
Uno de ellos invocó el artículo 22 de la Constitución de la Nación Argentina, y esperaba que el gobierno “hiciera algo” al respecto. El otro coincidió, pero agregó que no veía “voluntad política” como para que el gobierno accionara.
Ambos, sin embargo, quedaron “sorprendidos” cuando les dije que cualquier ciudadano podía hacer la denuncia ante la justicia.
De inmediato, surgieron las típicas objeciones. Uno de ellos dijo que como, en realidad, vivía en Mar del Plata, le era imposible hacer la denuncia, pero si residiera en la Capital Federal lo haría. A lo que le respondí que no era imprescindible que habitara en la Capital Federal, porque en su ciudad también había tribunales donde le recibirían la denuncia.
El otro objetó que sin “decisión política” hacer la denuncia ante la justicia no serviría de nada. Le contesté que lo que se necesitaba en el punto no era “decisión política”, sino que todo dependía de una decisión jurídica, pero que si los ciudadanos no accionaban ante la justicia nada iría a cambiar.
Finalmente, agregó que, dada mi condición de abogado, a mí me era sencillo conocer los vericuetos judiciales, pero que a gente que carecía de mis conocimientos no le era fácil, concluyendo que debería “informarse” más al respecto.
Estas actitudes merecen algunas reflexiones, porque se repiten a lo largo y a lo ancho del país, según puede verse, por ejemplo, en las masivas redes sociales, como Twitter.
Empiezo por la supuesta “falta” de información sobre las posibilidades de denunciar delitos por parte de los ciudadanos comunes. Sabemos que esta “objeción” es infundada, porque existe bastante publicidad de entes oficiales y privados acerca de la factibilidad de hacer denuncias por parte de la población corriente. Sin embargo, se espera que la justicia actúe “de oficio” en los casos que tienen mayor difusión periodística (como era el que discutíamos con estas personas).
Esto último es posible, pero si la queja consiste precisamente en que no lo hace, es allí donde el interesado debe actuar en la medida de su interés, como reza el célebre apotegma jurídico. Si no opera, difícilmente sea por ignorancia, o falta de información como hemos visto. Los motivos han de ser otros, de los cuales deduzco como principales el temor a quedar comprometido o, simplemente, comodidad que justifica su inercia. Sea cualquiera de estas razones u otras no explícitas, de un modo o del otro, ellas son demostrativas que el presunto interés no es tanto ni tan grande como que impele a la gente a movilizarse y denunciar.
En su lugar, son reiteradas las convocatorias a marchas “por esto o por aquello otro”. Es más fácil hacer marchas masivas donde el individuo se pierde en el anonimato y elude las potenciales incomodidades (reales o imaginarias) o riesgos (ídem) que una denuncia ante la justicia le pudiera ocasionar, cuando lo efectivo, en lugar de marchas masivas por la vía pública, son las denuncias masivas ante la justicia, las que -repito- cualquier ciudadano puede, sin necesidad de firma de abogado, promover.
Y la supuesta ignorancia no sirve de excusa, porque es posible leer múltiples comentarios en las redes sociales de gente común que pide a los fiscales judiciales que denuncien hechos. Es conocido a nivel general que los fiscales tienen esa facultad.
Ergo, si el interés de la ciudadanía en denunciar delitos fuera real, y suponiendo que -en su ignorancia- creyeran que sólo un fiscal puede hacerlo, bastaría pues para -abandonar su error- que le preguntaran a cualquier fiscal (o en cualquier fiscalía en mesa de entradas) cual o cuales personas están habilitadas según el código de procedimientos a denunciar. La ignorancia o el error quedarían rápidamente despejados, porque el propio fiscal respondería al interrogante que el mismo “interesado” también está autorizado por la ley a denunciar, sin que ello le cueste un sólo peso y sin necesidad de contratar a ningún abogado que lo represente a tal efecto.
Si la ciudadanía actuara de este último modo vería a la justicia movilizarse o, por lo menos, habría hecho el intento para conseguirlo. En una sociedad evolucionada y madura civilmente cabria la conducta que, ante delitos de acción pública propalados por la prensa, los ciudadanos conscientes se presentaran ante la justicia con sus denuncias formales o se aunaran bajo una representación letrada común para hacerlo en forma colectiva (y de esta manera reducir significativamente costos legales, ya que se prorratearían entre todos los denunciantes).
Pero es más cómodo (y más inútil) criticar a la justicia por una inmovilidad que -en el mejor de los casos- es directamente proporcional a la inacción para denunciar de la gente supuestamente “indignada” por los delitos informados periodísticamente.
Existe la creencia, es cierto, que la justicia es inoperativa, lenta y finalmente paralizante. Pero si, por si misma, la justicia no se moviliza realizando de oficio las denuncias del caso e impulsándolas, y la ciudadanía ni siquiera formula las mismas denuncias (y menos las promueve, es decir, se suma a esa supuesta inmovilidad judicial) difícilmente los delincuentes dejen de delinquir y -a ellos- se les sumen más delincuentes a violar la ley, ya que sabrán que tienen su impunidad garantizada, de momento que nadie se considera obligado a denunciarlos.
Resulta verdaderamente reprobable que la justicia no actúe de oficio en los casos de flagrantes delitos, pero también lo es que el resto de la población tampoco lo haga. Y no es con marchas multitudinarias el modo de hacerlo, ni gritando o insultando en las redes sociales, sino con denuncias masivas donde corresponde, o sea, ante los órganos del poder judicial.
Hay también conciencia por parte de la gente que los fiscales pueden actuar de oficio, pero es más fácil preguntar con “ira” desde cuentas anónimas de Twitter (las personas que se quejan, comúnmente se ocultan detrás un Nick, seudónimo o un alias) por qué la justicia no actúa, sin que el que pregunta “colérico” se considere involucrado en el asunto.
Si la gente no actúa como la ley indica, la justicia no tendrá incentivos para mejorar, y el delito campeará impune por todas partes. Sin embargo, en el espíritu del argentino medio está siempre presente la máxima “que lo que tendría que hacer yo lo haga el otro”.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Alberdi y el gasto público

Por Gabriel Boragina: Publicado el 15/8/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/08/alberdi-y-el-gasto-publico.html

 

El notable inspirador de la Constitución de la Nación Argentina, el prócer Juan Bautista Alberdi, fue quizás el primero en haber hecho un estudio meduloso de la naturaleza, función y el objetivo del gasto público argentino, que siempre ha dado tanto que hablar a los economistas de todos los tiempos. Y así, nos dice en su obra:

“En el estudio de las disposiciones de la Constitución argentina, que se refieren al consumo de las riquezas, vamos a examinar: …. A qué se destina, qué objetos tiene, qué principios respeta el gasto público según la Constitución argentina.”[1]

Rescatamos la noción alberdiana del gasto público como consumo de las riquezas, lo que difiere de la concepción en boga, que ve en el gasto público no una función de consumo sino de inversión. Este trastrocamiento de los conceptos y de los diferentes significados que se le asignan a los vocablos gasto, consumo e inversión resulta de importancia vital para poder comprender de qué hablaba el eminente argentino, y captar en toda su dimensión lo nuclear de su mensaje.

“Si el hombre sabe gastar por el mismo instinto de conservación que le enseña a producir y enriquecer, ¿qué apoyo exige de la ley a este respecto? – En el gasto privado, el de su abstención completa; un apoyo negativo que no le estorbe, que no le restrinja su libertad de gastar o consumir, de que su juicio propio y el instinto de su conservación son los mejores legisladores. En el gasto público, todo el apoyo que exige de la ley, es que ella intervenga sólo para impedir que se distraiga de su verdadero destino, que es el bien general; para impedir que exceda este objeto, y para cuidar que el impuesto levantado para sufragarlo no atropelle la libertad, ni esterilice la riqueza.”[2]

Lamentablemente, las previsiones del insigne en este segundo aspecto no se vieron cumplidas. Fue, justamente, en nombre de ese “bien general” que los gobiernos argentinos -sobre todo desde la segunda década del siglo XX en adelante y hasta nuestros días- se lanzaron cada vez mas desenfrenadamente a lo que hoy conocemos como una incesante expansión del gasto publico. Lo que -en términos de Alberdi- seria el exceso de ese mismo objeto (bien general). De igual manera -y como también esperaba Alberdi que no sucediera- a ese crecimiento casi indefinido del gasto estatal se le sumó (como no podía ser de otro modo) un consiguiente incremento fiscal. A los impuestos directos se le añadieron los indirectos, no sólo en cantidad de ellos, sino asimismo en sus alícuotas, que de proporcionales –como además lo aconsejaba el ilustre Alberdi- rápidamente pasaron a ser progresivas

“En el interés de la libertad, conviene no olvidar que son unos mismos los principios que gobiernan el gasto público y el gasto privado, pues no son gastos de dos naturalezas, sino dos modos de un mismo gasto, que tiene por único sufragante al hombre en sociedad. Como miembro de varias sociedades a la vez, en cada una tiene exigencias y deberes, que se derivan del objeto de la asociación. Llámase gasto o consumo privado el que hace el hombre en satisfacción de sus necesidades de familia, téngala propia o sea soltero; y se llama gasto o consumo público el que ese mismo hombre efectúa por el intermedio del gobierno, en satisfacción de las necesidades de su existencia colectiva, que consiste en verse defendido, respetado, protegido en el goce de su persona, bienes y derechos naturales.”[3]

Estamos aquí frente a uno de los párrafos mas importantes de la obra de este gran erudito, donde nos enseña -con ejemplar maestría- que ya se lo denomine gasto público o gasto privado, en definitiva, estamos hablando de una misma cosa. Lo que denota la unidad entre ambos conceptos es, no otra cuestión, que la fuente de financiamiento de uno o del otro. Y este origen coincide recurrentemente en el mismo punto: quien sufraga ambos tipos de gastos perpetuamente es la misma persona: el contribuyente, o como a veces igualmente se lo denomina: el ciudadano “de a pie”. Todavía, es trascedente observar que -hasta donde hemos podido advertir- Alberdi no identifica plenamente el gasto público con el gasto estatal. Más bien, parece tener en mente que el gasto público persistentemente se encuentra compuesto por gastos privados, pero que tienen un destino público, tal como Alberdi lo entendió como “bien general”. El gobierno -en este párrafo- vendría a ser un simple intermediario, un proveedor liso y llano de servicios que el hombre no podría (o no debería) procurarse por sí mismo. Claramente se delimitan cuales serian esos servicios: consisten “en verse defendido, respetado, protegido en el goce de su persona, bienes y derechos naturales.”[4]

“Luego que se organiza o erige un gobierno, es menester darle medios de existir, formarle un Tesoro nacional. El gobierno ocupa hombres en el servicio de la administración civil, a quienes debe sueldos en cambio de su tiempo; necesita edificios para las oficinas del servicio, cuya adquisición y sostén cuesta dinero; necesita soldados para hacer respetar y obedecer las leyes y su autoridad; estos soldados viven de su sueldo, consumen municiones de guerra y de boca, y necesitan armas, todo a expensas del Estado, a quien dedican su tiempo y su servicio. Necesita de otras mil cosas que detallaremos al estudiar los objetos del gasto público, pero indudablemente no puede haber gobierno gratis, ni debe haberle por ser el más caro de los gobiernos. Donde se sabe lo que es gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, ni los empleos concejiles o municipales son gratuitos. El sueldo es la mejor garantía contra el peculado, pues el Estado que quiere explotar al empleado no hace más que entregarle sus arcas a una represalia merecida.”[5]

Subyace en este párrafo la idea de un gasto equilibrado y que cumpla con los objetivos que tiene en mente Alberdi al exponer sus ideas sobre la naturaleza y el destino del gasto público. El énfasis contra la gratuidad indica quizás algún debate de su época que apoyara esta última postura. Lo cierto es que -en su pensar- la mejor garantía contra la defraudación hacia el estado Alberdi la hacía afincar en una retribución adecuada al empleo público.

[1] Alberdi, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853.

Pág. 104

[2] Alberdi….Ob. cit. pág. 105

[3] Alberdi….Ob. cit. pág. 105-106

[4] Alberdi….Ob. cit. pág. 105-106

[5] Alberdi….Ob. cit. Pág. 109

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.