Alberdi: la propiedad es el derecho exclusivo que tiene cada persona de usar su trabajo y su capital

Por Martín Krause. Publicado el 11/9/15 en: http://bazar.ufm.edu/alberdi-la-propiedad-es-el-derecho-exclusivo-que-tiene-cada-persona-de-usar-su-trabajo-y-su-capital/

 

Con los alumnos de UBA Derecho vemos “Sistema Económico y Rentístico” de Juan Bautista Alberdi. Allí, en su primer capítulo, quien inspirara la Constitución Argentina explica los principios en que se sustenta. El texto muestra, también, cuán lejos se encuentra ahora el país de esos principios aunque mantenga en su esencia el mismo texto escrito:

Alberdi 3

“La propiedad, como garantía de derecho público, tiene dos aspectos: uno jurídico y moral, otro económico y material puramente. Considerada como principio general de la riqueza y como un hecho meramente económico, la Constitución argentina la consagra por su artículo 17 en los términos más ventajosos para la riqueza nacional. He aquí su texto: – La propiedad es inviolable, ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que expresa el art. 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley y de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo, de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

La economía política más adelantada y perfeccionada no podría exigir garantías más completas en favor de la propiedad, como principio elemental de riqueza.

Se ha visto que la riqueza, o bien sea la producción, tiene tres instrumentos o agentes que la dan a luz: el trabajo, el capital y la tierra. Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza. Tal es la trascendencia económica de todo ataque a la propiedad, al trabajo, al capital y a la tierra, para quien conoce el juego o mecanismo del derecho de propiedad en la generación de la riqueza general. La propiedad es el móvil y estímulo de la producción, el aliciente del trabajo, y un término remuneratorio de los afanes de la industria. La propiedad no tiene valor ni atractivo, no es riqueza propiamente cuando no es inviolable por la ley y en el hecho.

Pero no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada en su principio, y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso, -en el uso y disponibilidad de sus ventajas. Los tiranos más de una vez han empleado esta distinción sofística para embargar la propiedad, que no se atrevían a desconocer. El socialismo hipócrita y tímido, que no ha osado desconocer el derecho de propiedad, ha empleado el mismo sofisma, atacando el uso y disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización del trabajo. Teniendo esto en mira y que la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal, la Constitución argentina ha consagrado por su artículo 14 el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad, con lo cual ha echado un cerrojo de fierro a los avances del socialismo.

La Constitución no se ha contentado con entablar el principio de propiedad, sino que ha dado también los remedios para curar y prevenir los males en que suele perecer la propiedad.

El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública. Para cortar este achaque, la Constitución ha exigido que el Congreso, es decir, la más alta representación del país, califique por ley la necesidad de la expropiación, o mejor dicho, de la enajenación forzosa, pues en cierto modo no hay expropiación desde que la propiedad debe ser previamente indemnizada.

Puede ser atacada la propiedad por contribuciones arbitrarias o exorbitantes del gobierno. Para evitar este mal ordinario en países nacientes, la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso el poder de establecer contribuciones.

La Constitución remacha el poder concedido a las garantías protectoras de la propiedad, declarando por su artículo 29 que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobiernos de provincias, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgar les sumisiones o supremacías por las que queden a merced de gobiernos o persona alguna las fortunas de los Argentinos.

En todos estos principios y garantías con que la Constitución defiende el derecho de propiedad contra los ataques que de diversos modos lo persiguen, la Constitución hace otros tantos servicios a la riqueza pública, que tiene en la propiedad uno de sus manantiales más fecundos.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

 

El dólar oficial es el ilegal.

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 12/10/14 en: http://economiaparatodos.net/el-dolar-oficial-es-el-ilegal/

 

Todo sistema autocrático tiende a desvirtuar el sentido de las palabras, las vacía de contenido o les otorga un sentido inverso al que realmente tienen

Varios funcionarios del gobierno, incluyendo a la presidente, suelen afirmar que el llamado dólar blue es ilegal. Otros, como Vanoli, con más grado de obsecuencia hacia la presidente y flamante presidente del BCRA, un tiempo atrás sostuvo que dar el valor del blue es como “publicar el precio de la cocaína”. Lo curioso es que algún funcionario del gobierno acaba de afirmar que habría que permitir el consumo libre de drogas pero al mismo tiempo informar su precio sería un delito. Un mercado poco transparente el de la droga que proponen funcionarios k. En definitiva, han llegado a tal grado de locura en la defensa de un modelo que se derrumba como castillo de naipes que, a esta altura del partido, pueden llegar a ocurrir las contradicciones más insólitas.

Ahora bien, más allá del relato oficial que, como todo sistema autocrático, tiende a desvirtuar el sentido de las palabras, las vacía de contenido o les otorga un sentido inverso al que realmente tienen, en rigor es el dólar oficial el ilegal y el blue es el legal, entendiendo por legal aquellos actos que se ajustan al estado de derecho, es decir, a que el Estado uno use el monopolio de la fuerza para violar el derecho de terceros.

La razón por la cual el dólar oficial es el ilegal tiene que ver con la violación al derecho de propiedad por parte del Estado. O, si se prefiere, hay una confiscación de la propiedad privada sin indemnización previa.

En rigor la moneda no es otra cosa que un medio de intercambio. Si bien en sus orígenes la moneda era una mercadería como cualquier otra, al punto que se usaron el oro, la plata, el bronce, el cuero, los granos de café, etc. como medios de intercambio, hoy día la moneda es puro papel moneda.

Pero el punto central es que la moneda vino a facilitar el intercambio reemplazando el trueque. Yo vendo mis servicios de economista por dinero y con ese dinero le compro el pan, la carne, la ropa, etc. a cualquier persona. En el caso del trueque tendría que encontrar a algún panadero que quisiera tomar clases de economía para intercambiar su pan por mis clases de economía.

Como justamente el dinero vino a reemplazar el trueque, se facilitaron y agilizaron las transacciones. Ahora, pensemos un segundo en el trueque e supongamos que 4 toneladas de trigo equivalen 2 cabezas de ganado. Supongamos ahora que un productor local de trigo le cambia a un vecino uruguayo 4 toneladas de trigo por 2 cabezas de ganado. El productor argentino entrega el trigo y recibe las dos cabezas de ganado. El tipo de cambio oficial viene a confiscar parte de esas dos cabezas de ganado. Supongamos que el blue cotiza al doble que el oficial, si no existiera la moneda es como si el estado confiscara el 50% de la carne que recibe el exportador de trigo. Es decir, que el estado se quedara con 1 cabeza de ganado que por derecho le pertenece al productor de trigo.

Si se piensa el tipo de cambio oficial no como una moneda sino como mercaderías que se entregan a cambio de mercaderías, es decir analizamos el tema desde el ángulo del trueque, podemos ver claramente que el estado, sin ley que lo autorice, en forma arbitraria y sin ningún tipo de respaldo jurídico, utiliza el monopolio de la fuerza para confiscarle al productor una parte de su riqueza. Por eso, el dólar oficial es ilegal, porque le permite al estado confiscar sin ley aprobada por el Congreso ni indemnización previa. En otros términos, el dólar oficial es inconstitucional, viola el derecho de propiedad y constituye un robo liso y llano del fruto del trabajo de la gente, con lo cual no pueden interpretarse como políticas económicas erradas, sino que son  un abuso de poder para violar derechos individuales. Sencillamente el tipo de cambio oficial es un delito que comenten las autoridades contra quienes producen.

Para ponerlo de forma más sencilla, cuándo alguien exporta el fruto de su trabajo, ¿los dólares que reciben son del productor o del estado? Claramente que son del productor y el estado solo puede apropiarse de esos dólares actuando como un ladrón, pero amparándose en un simulacro de legalidad que denomina tipo de cambio oficial.

Por el contrario, la compra venta de dólares blue, que el gobierno denomina ilegal, es totalmente legítima. Quién tiene pesos no comete ningún delito al comprar dólares a un precio diferente al que se le ocurre al gobierno. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que el estado tiene derecho a fijar el tipo de cambio y que el que no obedece es un delincuente. Una persona produce un bien, le entregan pesos por ese bien que vende y con esos pesos compra dólares. ¿Cuál es el delito? ¿Acaso los pesos que recibe el productor no son la contrapartida del fruto su trabajo? ¿Con qué derecho el estado se mete con el fruto del trabajo de la gente y le prohíbe comprar dólares porque se le da la gana o porque quiere defender el fruto de su trabajo? Por eso decía al comienzo de esta nota que los sistemas autocráticos deliberadamente distorsionan el sentido de las palabras. Lo que constituye un delito, que es lo que hacen los funcionarios públicos, pasa a ser legal en las autocracias, y lo que es legal en una democracia republicana pasa a ser un delito que cometen los ciudadanos.

Esa tergiversación del sentido de las palabras es deliberada. El autócrata tiene que construir un nuevo idioma por el cual todos los ciudadanos pasan a ser sospechosos o delincuentes por actos que son auténticamente legítimos en una democracia republicana. Pero el autócrata, para justificar el abuso en el monopolio de la fuerza que le fue delegado, da vuelta los conceptos para justificar sus actos.

En definitiva, en los sistemas autocráticos o con fuertes tendencias al autoritarismo son los actos de los gobernantes los ilegítimos. Los que constituyen delitos contra las personas, contra su propiedad, su libertad, etc. Y los actos de los ciudadanos que tratan de defenderse de esos delitos del estado, que éste pretende catalogarlos de delitos, son absolutamente legítimos. Tan legítimos que por eso sostengo que el dólar oficial es ilegal y el blue es legal.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Tres décadas de democracia: Argentina y el mundo

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 10/2/14 en: http://economiaparatodos.net/tres-decadas-de-democracia-argentina-y-el-mundo/

 

Los problemas económicos son inocultables. Sólo un kirchnerista empedernido puede insistir en ignorar lo evidente

Mientras el mejor gobierno de los últimos 200 años está ocupado decidiendo quién debe ser el locutor de Fútbol Para Todos y cuál debe ser el logo televisivo, el país incrementa sus inocultables signos de serios problemas económicos y sociales. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de los 30 años de democracia Argentina. No viene mal refrescar la importancia que en el largo plazo tienen las instituciones. ¿Qué pasó en Argentina y el mundo en estos 30 años en términos de bienestar económico? ¿Cómo le ha ido a la Argentina respecto a otros países? Debe ser claro que “democracia” no es sinónimo de libertad, ni de república, ni de buena gestión económica.

La década del ochenta terminó con una seria hiperinflación y un gobierno que entregó el poder antes de tiempo dada la inestabilidad de sus propias políticas. Un desbordado gasto público financiado con emisión monetaria y planes económicos inconsistentes (ej. Plan Primavera) dieron lugar a una década del 90 dónde la adicción política (esta vez del peronismo) al gasto público obligó a reformas llevadas a cabo por necesidad más que por convicción. La destrucción de la moneda llevó al gobierno a adoptar una Caja de Conversión heterodoxa manifestado en la Ley de Convertibilidad. Ante la imposibilidad de usar el BCRA a discreción, el gobierno se volcó a la venta de activos (privatizaciones) y créditos externos para financiar el gasto público. Al momento de tener que elegir entre un default histórico, devaluación fuera de escala y confiscación de los dólares en los bancos o una reducción racional del gasto la dirigencia política de turno eligió lo primero. No se puede decir que no se hayan inspirado en sus antecesores históricos; la devaluación es más una patología que una excepción en la historia Argentina. Luego de efímeros presidentes tras la caída de De La Rúa, el Kirchnerismo se encontró con el acceso a créditos externos cerrados, una importante capacidad ociosa y una opinión pública no muy favorable hacia instituciones internacionales y el mal llamado “neoliberalismo de los 90.” El Kirchnerismo pudo hacer uso de este contexto para financiar una nueva fiesta de consumo cuyos costos quedaron escondidos tras la utilización de la capacidad ociosa y el consumo del capital invertido en infraestructura durante la década gobernada por el “innombrable.” El aumento del gasto público, sin embargo, no fue revisado y esta vez se recurrió a la expropiación de activos y flujos (ej. AFJP, retenciones, etc.) y a la emisión monetaria cuando estos recursos comenzaron a escasear. Bien podría decirse que en estas tres décadas el radicalismo de Alfonsín y el peronismo de Menem y los Kirchner difieren en los modos de financiar el gasto público, pero no en los vicios políticos de fondo.

Estas tres décadas también vinieron acompañadas de una crónica devaluación institucional que ha llegado a los límites que actualmente el Kirchnerismo impone, donde se ha llegado al absurdo institucional de programas como “cuidar los precios” y “apagones de consumo” acompañado de afiches por agrupaciones afines al Kirchnerismo. Por más abstracto que parezca hablar de instituciones como “confianza, derechos de propiedad e igualdad ante la ley”, lo cierto es que es el marco institucional el que define el crecimiento y desarrollo a largo plazo de un país. La gestión puede ser mejor o peor, y el país puede andar marginalmente mejor o peor, pero no es puramente buena gestión lo que puede transformar a Corea del Norte en Corea del Sur, son las instituciones. Aquellos partidos políticos que confunden gestión con instituciones erran sensiblemente al diagnóstico.

El siguiente gráfico muestran al evolución desde 1980 hasta la fecha del PBI real per cápita (PPP) [ajustado por “costo de vida”] para (1) Argentina [azul], (2) el mundo [negro], (3) Chile [violeta], (4) Canadá [rojo], y (5) Australia [verde]. Salvo el errático comportamiento de Argentina, todas las series muestran una relativa estable tendencia creciente. Gracias a la intervención del Indec, la serie de Argentina no tiene datos más allá del 2006. No obstante se pueden tomar algunas lecciones importantes.

Si bien este gráfico admite muchas lecturas interesantes, quiero enfocarme en algunas conclusiones que considero importantes.

1-. Se puede apreciar una tendencia decreciente para la década del ochenta que se revierte rápidamente a partir de 1991. Es patente la importancia de tener un sistema monetario que inspire confianza. Si bien no existe tal cosa como el sistema monetario perfecto, la Ley de Convertibilidad fue un shock institucional con efectos positivos al lado de la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Sin embargo, un sistema monetario como el de la convertibilidad no es compatible un crónico déficit fiscal. Es un error de diagnóstico responsabilizar a la convertibilidad de la crisis del 2001, más allá de otros problemas que el diseño pueda tener.

2-. Recién en el año 1996 se alcanzan los niveles de PBI per cápita del año 1980. El desmanejo económico costó 16 años que no se puede recuperar para volver simplemente al mismo punto de partida.

3-. La crisis del 2002 retrocedió la serie a los niveles de 1991 (he hizo caer a Argentina casi a los niveles del mundo.) Es decir, en término de PBI per cápita, el gasto público del peronismo llevó a esta serie a su punto de partida.

4-. Lo que se aprecia luego de la crisis del 2001 es un recupero de la economía con algo de crecimiento genuino (especialmente el sector agrícola.) Es tan errado ver en los años post-2001 puro crecimiento económico como ver únicamente recupero sin nada de crecimiento en ciertos sectores productivos. Lo que sí es un error es el vicio Kirchnerista de continuamente compararse con el 2001-2003 y capitalizar el rebote de una fuerte crisis como propio. La Argentina post-2001 no se recuperó gracias al Kirchnerimo, lo hizo a pesar del Kirchnerismo.

5-. Durante el período 1980-2007 Argentina incrementó su PBI per cápita (PPP) en un 116%, Australia lo hizo en un 167%, Canadá un 155%, Chile un importante 234% y el mundo un 156%. Argentina no sólo creció a un ritmo menor al de Chile, que varios sectores Argentinos tanto gustan de criticar, sino que gracias a las crisis auto-provocadas Argentina creció a un velocidad menor a la del resto el mundo. En términos relativos, esto quiere decir empobrecimiento. Mientras, países como Australia y Canadá que tanta critica han sufrido por parte del gobierno poseen un PBI per cápita (PPP) de alrededor de tres veces el Argentino para el año 2006.

Los problemas económicos son inocultables. Sólo un kirchnerista empedernido puede insistir en ignorar lo evidente. Pero los problemas ecónoicos no son de origen puramente económico, son de origen institucional. Con instituciones ineficientes la pregunta no es sí va a haber o no problemas, sino cómo se van a manifestar. Por último, el nivel de desazón que sufre la sociedad Argentina al transitar un nuevo período de serias complicaciones económicas muestran que el largo plazo, eventualmente, se hace presente. Mientras Argentina siga eligiendo populismo de corto plazo, el mundo seguirá mostrando líneas ascendentes mientras que Argentina seguirá mostrando oscilaciones con una tendencia estable en lugar de creciente.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

La fábrica de dólares presidencial

Por Aldo Abram. Publicado el 19/10/12 en http://www.cronista.com/opinion/La-fabrica-de-dolares-presidencial-20121019-0031.html

Recientemente, en un acto en la Casa de Gobierno, la Presidente manifestó que la prueba de que no hay “cepo cambiario” es que, desde enero, habían tenido que entregar u$s 82.700 millones, incluyendo pagos de compromisos del gobierno y del sector privado, particularmente para importaciones y viajes al exterior. Similar argumento utilizó a poco de volver de su viaje a Estados Unidos donde expuso y contestó preguntas de estudiantes de dos importantes universidades. Ante una de estas inquietudes, respondió que lamentaba no contar con la máquina de imprimir dólares. Por lo tanto, es difícil de entender cómo es que, tan generosamente, su gobierno nos entrega tantos miles de millones de esa moneda extranjera; más teniendo en cuenta que no tiene crédito externo ni interno disponible. Queda claro que algo anda mal.
¿El BCRA estará falsificando dólares? ¿Habrán encontrado alguna alquimia que transforme pesos en la divisa estadounidense? La respuesta es no. Los dólares se los tienen que comprar a alguien.
El problema surge de un error de concepto, de este gobierno y muchos políticos argentinos, según el cual la Argentina produce, ahorra, exporta y genera divisas. Por lo tanto, quiénes fueron elegidos por el pueblo tiene la obligación y el derecho de administrarlos como les parezca mejor para el “beneficio de todos”, o sea según su propio criterio.
Por ejemplo, el gobierno cree que esto los habilita a redistribuir graciosamente las riquezas que esta gran Nación produjo. Si esto es así, propondría que todos los argentinos dejemos de trabajar y producir; la Argentina lo hará y nuestro “generoso” gobierno podrá darnos la parte que considere justo. Un absurdo.
Es que las comunidades no producen, ni ahorran, ni exportan, ni generan divisas. Son millones de personas, trabajadores y empresarios, los que lo hacen. Son un señor productor y sus empleados los que exportan un bien y reciben en pago las divisas extranjeras. Es un hotelero el que atiende a los turistas del exterior que le pagan en dólares. Son argentinos y extranjeros los que deciden traer sus ahorros y capital de afuera, para depositarlo o invertirlo en la Argentina. Es un tremendo error pensar que las divisas que el BCRA “obliga” a las empresas y particulares a liquidar en sus arcas son de la Argentina. Por lo tanto, cuando les paga menos de lo que valen esas divisas, les está confiscando parte de su propiedad o cobrando una retención o impuesto ilegal; ya que no fue aprobada por el Congreso, como manda la Constitución.
El “corralito verde” que el Ejecutivo instrumentó desde fines de 2011 no tiene otro fin que permitirle adquirir más baratas las divisas extranjeras que necesita. El BCRA emite para comprar moneda extranjera para el gobierno y, además, para hacerle transferencias en pesos, permitiéndole mantener un gasto público más alto que el sustentable con sus ingresos genuinos. Dado que la gente no demanda semejante oferta de pesos, éstos se desvalorizan; pero el Central no permite que esta baja en su precio se refleje completamente en el tipo de cambio controlado. En definitiva, para eso se ocupó de quitar la competencia de la demanda de la gente y las empresas de su exclusivo “coto de caza”‘ de divisas. Así que quién se ve obligado a liquidar sus divisas en el mercado oficial sufre una “quita” por la diferencia de lo que valen sus dólares y lo que le paga el BCRA. Nuestras estimaciones muestran que, si se hubiera mantenido el tipo de cambio libre y la autoridad monetaria hubiera emitido lo mismo que hasta ahora para financiar al gobierno, el tipo de cambio hubiera subido hasta algún valor entre $5,80 y $6,20. Es decir, el Banco Central le está “confiscando”, más de un peso por dólar que le obliga a venderle.
Es cierto que la Presidente no tiene la máquina de hacer dólares; pero, también, que su gobierno no “entregó” ni un dólar que fuera propio. A través de medidas ilegales e inconstitucionales se implementó un “cepo cambiario” que le permitió apoderarse de las divisas de particulares y empresas. El problema es que no hay muchos argentinos o extranjeros que estén deseosos de “donarle” parte de sus ahorros y capital al gobierno; por lo tanto, la inversión en la Argentina se verá seriamente resentida, ya que nadie traerá un dólar al país.
En la medida que el peso se deprecie y esto se refleje parcialmente en el tipo de cambio oficial, se incrementará esta retención al valor de lo exportado y sus fabricantes tendrán, cada vez, menos incentivos para producir y vender al exterior. Y los turistas extranjeros o no vendrán, por el encarecimiento de los servicios al tipo de cambio oficial, o deberán aprender a operar en el mercado paralelo. Podemos tener un “veranito” por una circunstancial buena cosecha; pero por este camino sólo nos espera una mayor decadencia económica. Solamente el respeto de los derechos e instituciones que preserva nuestra Constitución Nacional nos permitirá construir un país en que todos los argentinos tengamos más posibilidades de progreso.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

 

Volver a Keynes. Fundamentos de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 6/7/12 en: http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/31328/Volver_a_Keynes_Fundamentos_de_la_Teoria_general_de_la_ocupacion_el_interes_y_el_dinero 

Si lo que quería demostrar Kicillof es que Keynes era un enemigo de la libertad, no era necesario escribir medio millar de páginas petulantes para ello.

A España habían llegado noticias o comentarios sobre Axel Kicillof por su labor política, por haber sido subgerente de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea más deficitaria de América Latina, por integrar el importante y privilegiado grupo de poder denominado La Cámpora, ligado al hijo de los señores Kirchner, por haber apoyado la usurpación de los fondos de pensiones privados de la Argentina, por haber sido uno de los padres intelectuales de la confiscación de las acciones españolas de YPF y autor de esta frase, pronunciada nada menos que en el Congreso: “el concepto de seguridad jurídica es horrible”; y en general por su complicidad y protagonismo en la intervencionista, sectaria, y onerosa gestión con la que la dinastía Kirchner ha dañado al pueblo argentino.

Ahora sabemos también que es autor de este libro, que defiende a Keynes explícitamente y reivindica a Marx implícitamente. Las consignas más típicas del marxismo aparecen desde el principio, pero no se le atribuyen. Es Keynes el que se dedica a “desentrañar el carácter histórico de las doctrinas económicas…existe una relación directa entre cada periodo histórico y la teoría económica dominante… La teoría económica debe siempre reflejar con fidelidad los procesos sociales de su tiempo” (pp. 43, 55, 56). Su torpe historicismo encaja con distorsiones habituales, como que el lema del liberalismo es el “egoísmo individual”, tiene “escaso contenido científico”, y no es apoyado porque la gente aprecie la libertad sino por favorecer “los intereses de la fuerza social dominante” (p. 69).

Finalmente, quien acaba con el liberalismo no es el Estado sino “la historia” (p. 100), mientras que el Estado adquiere protagonismo “de manera espontánea” (p. 95), y el patrón oro, que fue liquidado por los estados, murió “de muerte natural” (p. 105). Eso sí, el mercado es ciego (pp. 96, 255, 273, 405, 409). Sobran otros errores y confusiones en ámbitos técnicos de teoría económica, y también el relativismo y la arrogante demonización de las ideas no intervencionistas, que no son solo erradas sino reaccionarias, inconfesables, etc. Pero es increíble que un historiador del pensamiento económico sugiera que no hubo teorías del paro, ni de los sindicatos, ni de los efectos expansivos del gasto, anteriores a Keynes, o que prevaleció el liberalismo a ultranza en el siglo XIX, o que antes de Keynes todo el mundo daba por sentado el pleno empleo como axioma, o que J.S.Mill se adhirió abiertamente a la ley de Say. Nada de esto puede sostenerse con el aval de los textos originales y la historiografía.

Finalmente, en la página 424, Kicillof llega a esta conclusión: “Para Keynes, el trabajo, ayudado por el estado de la técnica y operando en cierto ambiente natural, es la única fuente de nuevo valor”. Esto, independientemente de que es un clamoroso disparate, es en un punto indudable: se trata del eje de la teoría de Marx, es la base de su noción de la explotación del obrero por el capitalista, teoría que sus seguidores intentaron defender a capa y espada ante sus flagrantes deficiencias y contradicciones. Asombrosamente, es algo que Keynes no reconoció ¡y tampoco reconoce el propio Kicillof! ¿Cómo dejar de mencionar algo tan trascendental? Kicillof lo suelta, y habla de Ricardo, que precisamente no tenía, al revés de Marx, una teoría del valor-trabajo al 100 % (parafraseando a Stigler). Caben tres hipótesis, a cual más inquietante: o el autor no sabía que esa es la teoría de Marx, o no le pareció importante señalar la identificación, o bien prefirió no aclararla.

Ahora bien, si lo que quería demostrar Kicillof es que Keynes era un enemigo de la libertad, no era necesario escribir medio millar de páginas petulantes para ello. Eso es sabido, no solo por los análisis de los economistas e historiadores sino porque el propio Keynes se ocupó de subrayarlo una y otra vez, aunque quizá nunca como en el prólogo a la edición alemana de la Teoría General de 1937, del que Kicillof evita citar estas líneas: “La teoría del producto como un todo, que es lo que el presente libro procura plantear, se adapta con mucha más facilidad a las condiciones de un estado totalitario que… a las condiciones de libre competencia y un amplio grado de laissez-faire”.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

 

Una economía modelo 80 con modos más rústicos:

Por Roberto H. cachanosky: Publicado el 28/4/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3450

Seguramente los jóvenes de La Cámpora son chicos que comenzaron a comunicarse telefónicamente por celulares y luego por internet. Ellos, que aplauden como una gran patriada la estatización de YPF, no vivieron la época de ENTEL, cuando esa empresa estatal de teléfonos podía llegar a tardar años en instalar una línea de teléfono en una casa. Ellos no vivieron lo que era esperar años para que apareciera el aparatito negro en una casa. Luego había que tener suerte que funcionara el teléfono, y si funcionaba había que tener suerte que a la persona que uno llamaba también le funcionara el teléfono. Es decir, en la época de la soberanía nacional de los teléfonos, todos los planetas tenían que estar alineados para poder hacer una simple llamada de teléfono. Esos jóvenes, festejan la confiscación de YPF como si fuera un acto de soberanía porque no saben lo que significa tener que padecer a las empresas estatales.

¿Por que padecer a las empresas estatales? Porque en las empresas estatales no se trata de maximizar el beneficio del accionista prestándole un buen servicio al consumidor, sino que se busca maximizar los beneficios políticos. El objetivo de los funcionarios que están en las empresas estatales es hacer cosas que mejoren la imagen del gobierno y no invertir para satisfacer las necesidades de los consumidores como lo hacen las empresas privadas sometidas a la competencia. Son dos concepciones diferentes. Las empresas privadas que compiten tienen que generar sus utilidades beneficiando al consumidor. En las empresas públicas se busca un rédito político a costa de un despilfarro de recursos.

Justamente, no debe extrañar que algún funcionario público haya afirmado, muy suelto de cuerpo, que el objetivo de las empresas estatales no es ganar dinero. Obvio, ellos buscan sus beneficios políticos, como puestos muy bien remunerados para ejercer funciones que desconocen, y si las empresas estatales pierden dinero, ese dinero no es de ellos ni de accionistas que los echarían a patadas si estuvieran en una empresa privada. Es la gente, el contribuyente, que tiene que pagar con impuestos o el impuesto inflacionario las pérdidas de las empresas públicas en nombre de la soberanía nacional.

Cuando algunos economistas afirmamos que estamos volviendo a los 80 en materia de política económica, no es solo por las regulaciones absurdas de la economía o la emisión monetaria del BCRA, sino porque, además, el déficit fiscal de aquellos años se explicaba, en buena medida, por las pérdidas de las empresas estatales que eran financiadas por el tesoro. Pero como el tesoro no tenía recursos genuinos para financiar esas pérdidas, era el Banco Central el que emitía moneda para financiar el déficit de las empresas estatales.

Cuando en los 90 Menem privatizó las empresas estatales, tuvo que hacerlo porque la privatización pasaba a ser un instrumento de estabilización monetaria. Un mecanismo para frenar la inflación.

Normalmente las privatizaciones apuntan a mejorar la eficiencia de la economía si el marco regulatorio es el adecuado. Pero en los 90, en que hubo todo tipo de marcos regulatorios, la privatización no solo tenía que mejorar la productividad de la economía, sino también eliminar las pérdidas que tenía que financiar un tesoro exhausto, por eso digo que las privatizaciones, también pasaron a ser un instrumento de estabilización.

Los precios de los servicios públicos, de empresas públicas y privadas, eran puestos políticamente. El criterio para definir el costo de las comunicaciones telefónicas, del boleto del tren, del colectivo, de la luz, el gas, etc. se limitaba a establecer un número arbitrario que, cada tanto, redujera el déficit de las empresas públicas. El llamado rodrigazo no fue otra cosa que un intento, desde mi punto de vista mal implementado, de corregir los gruesos errores económicos que se habían heredado de la inflación cero de Gelbard. Celestino Rodrigo subió el precio de los servicios públicos porque tenía que reducir la pérdida de las empresas del Estado para aliviar el peso sobre el tesoro que requería de cada vez más pesos emitidos por el Banco Central y de esa manera tratar de reducir la inflación. Celestino Rodrigo pagó el costo político del lío que armó Gelbard.

Si uno hoy mira la situación de las tarifas de los servicios públicos, es parecida a la de la inflación cero de Gelbard. Las empresas que prestan servicios públicos tienen precios políticos. Esos precios no cubren los costos operativos ni el mantenimiento del stock de capital, y mucho menos la ampliación del stock de capital. ¿Cómo se financia todo eso? Con subsidios. ¿Quién paga los subsidios? El Estado (mejor dicho el contribuyente). Como el tesoro tiene déficit fiscal, el BCRA cada vez emite más moneda para financiar al tesoro y produce el proceso inflacionario imparable al que estamos asistiendo. Es lo mismo que en los 60, 70 u 80. Fijación de precios políticos financiados con el impuesto inflacionario. Por eso mueve a risa cuando se habla del famoso modelo. El modelo es una copia burda del desastre de los 60, 70 y 80 que terminaron en la hiperinflación. Aclaro que no sé si vamos a terminar en otra hiperinflación, pero sí me queda claro que la tasa de inflación va a ser alta, y cuando digo alta, digo dos dígitos elevados.

Recuerdo que muchas décadas atrás se hablaba de establecer el peaje en las rutas para mantenerlas porque se caían a pedazos. Frente a la propuesta del peaje, un político no peronista, pero imbuido de un falso nacionalismo, afirmó: ¡quieren lucrar con los caminos de la patria! Para el dirigente político era preferible que la gente se matara en las rutas que “sacrificar” la soberanía nacional y poner un peaje.

Volviendo a la actualidad, cuando uno mira el presupuesto de la Nación, el rubro más importante son los servicios sociales, donde el mayor importe está en el sistema de previsión social (casi una humorada por lo que ganan los jubilados) y el segundo rubro es lo que se destina a subsidios para tener tarifas púbicas políticas.

El déficit fiscal del año pasado, que, bien medido, fue del orden de los $ 54.000 millones, está altamente influenciado por los famosos subsidios a la energía y el transporte. Por eso a principios de año el gobierno amagó con empezar a eliminarlos, pero entre la inflación que se disparaba, el malhumor de la gente para sacar la tarjeta SUBE y la tragedia de la estación Once, tuvieron que frenar el rodrigazo tarifario que ellos mismos heredaron de su gestión. ¿Cómo comunicar un aumento del boleto del tren luego del desastre de Once? Por lo tanto, bajaron los flaps y esperaron a un mejor momento, el cual no llegará porque la inflación tiende a aumentar.

La economía está atrapada en dos graves problemas. Uno es que la corrección de las tarifas políticas de los servicios públicos implica aplicarle un fuerte golpe al bolsillo de la gente. Al mismo tiempo, dada la falta de competitividad estructural de la economía, el tipo de cambio real alto que heredaron para esconder la falta de competitividad, se lo devoró la inflación que se generó en todos estos años. Me animaría a decir que hoy, dada esta política económica, es políticamente tan complicado corregir las tarifas políticas que vienen sosteniendo desde que asumieron, como solucionar el problema de tipo de cambio real que tienen. La batería de medidas que viene aplicando el gobierno para impedir la compra de dólares no alcanza y todo el tiempo tienen que inventar nuevas restricciones, como, por ejemplo, obligar a los exportadores a ingresar antes los dólares de exportación. Esto marca el serio problema cambiario que tiene el gobierno.

Con el apoyo de una oposición que, como toda propuesta, ofrece hacer kirchnerismo pero sin sus formas, Argentina es nuevamente soberana gracias a que se confiscaron las acciones de Repsol.

Todos sabemos que el problema energético actual lo generó este gobierno con su política de precios políticos. La confiscación de las acciones de YPF intenta, más que generar caja, distraer la atención de la gente bajo una nueva propuesta de falso nacionalismo. Dicho de otra manera. La inflación se dispara, faltan productos en los negocios, la caída del salario real se hace sentir, la gente tiene que afrontar impuestazos a nivel provincial y municipal, más la consabida carga del Estado nacional y la demanda de trabajo es cada vez más escasa. Está por debajo del promedio del crítico 2002. Si a esto se le agrega la fenomenal caída que tuvo la imagen del gobierno, que en tres meses perdió 31% de confianza de la población, el tema YPF viene a ser algo así como la invasión de Malvinas en el momento crítico del gobierno militar.

En definitiva, el famoso modelo es muy parecido a los 60, 70 y 80, pero con otros modos menos amables y más rústicos. Eso es todo. El final ya lo sabemos.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

 

Guía para comprar empresas gratuitamente: el caso YPF argentino:

Por Pablo Guido; Publicado el 27/4/12 en: http://chh.ufm.edu/blogchh/

La semana pasada el gobierno argentino decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la empresa hidrocarburífera YPF. Dichas acciones están en manos de la empresa Repsol. Los detalles están explicados en post de la semana pasada.

 La constitución argentina contempla, en su artículo 17, la posibilidad de expropiar por parte del Estado: “…La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…”. Es decir, se puede expropiar legalmente pero hay que pagar. Hoy los activos de la empresa YPF tienen un valor de mercado (precio de la acción multiplicado la cantidad total de acciones) de unos 5.500 millones de dólares. Hace un par de meses se ubicaba en unos 20 mil millones. ¿Qué pasó? Se desplomó el precio de las acciones como consecuencia primero de los rumores de expropiación y luego la confirmación de la misma.

 Desde hace una semana se rumoreaba y parece que tiene una alta probabilidad: el gobierno argentino no pagaría nada por la compra compulsiva del 51% de YPF. Según la ley argentina que regula este tipo de situaciones (Ley Nº 21.499) la valuación de una empresa que es expropiada debe realizarla el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según la norma que regula este ente público menciona que los 12 miembros del tribunal son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente del país. Me pregunto, desde la absoluta ignorancia: ¿cómo puede ser que las personas que valúen el monto que hay que pagarle a una empresa expropiada por decisión del Poder Ejecutivo Nacional sean seleccionadas por el mismo Poder Ejecutivo Nacional? ¿No hay incompatibilidad de intereses en esta situación?

 Otra pregunta: ¿cuál será el efecto sobre el flujo de inversiones que se realicen a partir de ahora hacia la Argentina? La decisión del gobierno: ¿incentiva o desincentiva la llegada de inversiones? ¿Y la fuga de capitales, aumentará o disminuirá? Sabemos que las inversiones son clave para mejorar  la productividad y, por  lo tanto, los niveles salariales de la población ocupada. Por lo tanto, la percepción que tengan los potenciales inversores del planeta respecto al “clima” de negocios en Argentina es relevante para pronosticar lo que puede pasar con los ingresos reales de millones de personas.

 El editorial del fin de semana de La Nación: no fue una expropiación, sino una confiscación.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.