Intervencionismo, educación y globalización

Por Gabriel Boragina. Publicado el 4/6/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/06/intervencionismo-educacion-y.html

 

El intervencionismo (del que nos hemos ocupado extensamente en otras partes) tiene múltiples manifestaciones en la vida social. Su misma designación, denota a las claras su oposición con la idea de acuerdos libres y voluntarios entre dos o más personas. Si entre dos o más personas que tratan de convenir sobre cualquier asunto, aparece un tercero que sobre ese mismo tema posee o se arroga por si facultades para imponer su opinión sobre los contratantes, va de suyo que tal sujeto esta interviniendo en la cuestión de un modo tal que, puede definir un curso de acción al que deben sujetarse los intervenidos, que siempre será diferente al que estos habrían elegido si tal interventor no hubiera hecho prevalecer sus decisiones por la de sobre uno de los pactantes o sobre la ambos a la vez. La intervención de un tercero sólo es legitima cuando es deliberadamente acordada por las mismas partes contratantes de manera voluntaria o cuando, por existir discrepancias en la interpretación del acuerdo, se hace necesaria la injerencia de una tercera persona (el ejemplo típico es el del árbitro o juez). En cualquier otro caso la intervención será ilegitima.

«Es un principio general: si el Estado se entromete en una actividad privada cualquiera, es para imponer opiniones y reglas a sus protegidos, y a cambio conferirles ventajas frente a sus competidores. Así es en las cuatro actividades vistas hasta aquí –economía, prensa, educación y atención médica–; y la política no es una excepción. El intervencionismo estatal es un atentado contra la libertad: no debe ser.»[1]

Es típico el caso en que el gobierno otorga permisos, concesiones, privilegios a determinados sectores a costa de otros, cosa que ocurre prácticamente en todas partes, y que encuentra sustento en un vasto andamiaje legal, construido precisamente a ese mismo efecto. Necesariamente, donde hay intervencionismo siempre habrá una parte (o más de una) que pierde a costa de otra u otras que ganan. En otras palabras, es la antítesis de lo que sucede en los mercados libres.

No obstante, es forzoso reconocer que el intervencionismo -en sus más variados aspectos- es reclamado por una mayoría de personas. Algunas voces importantes lo atribuyen (y no sin buenas razones) a un problema de des-educación:

«La tercera cuestión está referida a la educación o más bien des-educación puesto que muchos de los que protestan lo hacen para reclamar más de lo mismo, a saber, mayor intervención estatal en los asuntos privados en lugar de permitir arreglos libres y voluntarios y liberar energía creadora. En este plano resulta que se reclaman mayores prebendas por parte del gobierno, es decir, pedido de una más intensa succión al fruto del trabajo ajeno. En este contexto es que suelen aparecer quejas y críticas furibundas contra un capitalismo inexistente, al tiempo que se exige que se acelere el intervencionismo de los aparatos estatales en las vidas y haciendas privadas.»[2]

La cita es reveladora en cuanto a que describe con ejemplar agudeza la errada opinión que existe entre la gente acerca de cuál es el sistema social en el cual la humanidad se encuentra inserta. No son pocos los que creen –sin mayor fundamento- que el sistema social imperante a nivel mundial es el capitalismo, cuando la realidad es bastante diferente a lo que este popular error permite demostrar. Mises decía del capitalismo que este es un sistema de producción en masa para las masas, que se caracteriza porque los medios de producción están en manos privadas, algo que, hasta inclusive Marx compartía. Pero cualquier análisis somero de la realidad económica de cualquier país, nos permite advertir que la gran suma de los medios de producción sólo nominalmente se encuentra en cabeza de particulares. La gran generalidad de ellos son detentados por los gobiernos, ya sea directa o indirectamente. Un indicador clave es la tasa de tributación. Una alta tasa fiscal denota a las claras que el patrimonio particular se encuentra afectado y -de hecho- asociado a lo que mal se llama “patrimonio estatal” (incorrecta denominación, ya que no hay tal cosa como “patrimonio nacional”, ya que toda renta nacional siempre proviene de recursos previamente extraídos vía impuestos -u otros artilugios legales- por parte del estado-nación).

Es muy importante acotar en este punto que, buena parte de la responsabilidad por tan fenomenal proceso de des-educación proviene del hecho de que la educación formal está casi íntegramente en manos del propio estado-nación, lo que implica que, desde los claustros (abarcando todos los niveles de enseñanza) los contenidos que se imparten son sustancialmente inspirados en el estatismo, la exacta contrapartida del capitalismo, lo que hace que la masa estudiantil egresada de los diferentes grados de enseñanza adquiera una visión por completo distorsionada y ajena a la realidad estatista en la que vivimos.

Desde otro ángulo, hay quienes ven en la globalización un remedio contra el intervencionismo:

«Otro resultado de la expansión de la división internacional del trabajo — llamada globalización — es que los estados participantes y sus políticas son controlados cada vez más por la competencia internacional. Debido a esta competencia, pierden parte del poder sobre sus ciudadanos, y el intervencionismo estatal debe ceder.»[3]

Sin embargo, este enfoque -a nuestro juicio- peca de cierto exceso de optimismo, ya que parece omitir un dato de relevancia, y que consiste en la titularidad de las haciendas que van a ser empleadas en tal división del trabajo, dado que si tales pertenencias se encuentran –en todo o en parte- en manos del estado-nación la competencia que se desatará no dejará de ser una competencia entre gobiernos, es decir una competencia entre estados intervencionistas, lo que –obviamente- lejos estará de hacer “ceder” ese mismo intervencionismo. Naturalmente, el autor de la cita da por sentado que la globalizaciónsólo podría ser un fenómeno privado, criterio este último que no compartimos, ya que el término es lo suficientemente vago como para alcanzar la acción e intervención de los estados comerciando entre si con dineros privados. Idea bastante diferente a lo que se suele referir cuando se habla de globalización.

[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 310

[2] Alberto Benegas Lynch (h) “Zoom a las protestas masivas” en libertadyprogresonline.org

[3] Hubertus Müller-Groeling-La Dimensión Social de la Política Liberal -Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-pág. 18

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El gobierno y los monopolios

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/5/15 en http://www.accionhumana.com/2015/05/el-gobierno-y-los-monopolios.html
Existe la idea generalizada de que el gobierno debe combatir los monopolios y oligopolios, y casi todos los políticos en sus discursos no sólo coinciden con este pensamiento mayoritario, sino que dedican buena parte de ellos a prometer a su electorado la más completa erradicación de tales «concentraciones económicas». En muchos casos, cuando efectivamente llegan al poder, promueven legislación contra monopolios y oligopolios. No obstante, no es difícil observar que unos y otros existen a pesar de tales declamaciones y leyes antimonopolios en la mayoría de los países del mundo.
La realidad es que, ya sea por ignorancia o mala fe, tales declaraciones son irrealizables. En este tema, parece ser mas por el segundo de los motivos que por el primero. En efecto, a los gobiernos les convienen los monopolios y oligopolios, ora estatales o privados por las siguientes razones:
En primer lugar, no tenemos que perder de vista que el monopolio/oligopolio más grande que existe en cualquier parte del mundo está conformado por los mismos gobiernos. Es a esto a lo que llamamos sintéticamente el monopolio político en nuestras exposiciones. Si consideramos a las tres ramas clásicas de los gobiernos modernos (ejecutiva, legislativa y judicial) podemos en esta cuestión hablar de un oligopolio constituido por tres poderes, cada uno de los cuales detenta un monopolio particular: uno de crear las leyes (legislativo) otro de ejecutarlas (ejecutivo) y el otro de hacerlas cumplir (judicial). En esta última condición, el gobierno sería un verdadero oligopolio político.
Ahora bien ¿por qué hemos dicho que a los gobiernos les favorece la existencia de mono-oligopolios (por llamarlos de alguna manera resumida)?. Por la sencilla razón de que al gobierno le resulta mucho más simple controlar a pocos que a muchos. Si el monopolio es privado, es más fácil cobrarle impuestos y las alícuotas pueden ser más altas incluso. Con lo que los ingresos del gobierno serán mucho mayores. Máxime teniendo en cuenta que el monopolio podrá cobrar precios mucho más altos que los del mercado. Esta es la razón por la cual los gobiernos fomentan los monopolios privados, y lo hacen de variadas maneras, por ejemplo otorgándole licencias, concesiones, subsidios, exenciones fiscales, o directamente dictando una ley confiriéndole un monopolio o exclusividad a la empresa de Juan o la empresa de Pedro, o a ambas en forma conjunta o separada (oligopolio). En una palabra, cerrando el mercado en favor de tal o cual empresa o grupo de ellas.
Otro mecanismo similar son las leyes anti monopólicas, cuyo efecto es justamente el contrario al que su nombre parece indicar. Antes de seguir, hay que distinguir entre dos clases o tipos de monopolios, los naturales y los artificiales como los clasifican autores como Alberto Benegas Lynch (h). El natural, es el que puede aparecer o no en un mercado libre, mientras que el artificial es el que siempre surge en los mercados intervenidos gubernamentalmente. El natural se llama así, porque es aquel que resulta de la elección libre, voluntaria y espontánea de una masa de consumidores que, con sus compras, prefieren a un productor determinado por sobre todos sus demás competidores. Otros autores -como Leonard Read- han llamado a este tipo de monopolios un monopolio bueno.
La antítesis de este monopolio bueno o natural, es el malo o artificial que, en rigor, se trata de la gran mayoría de los monopolio que conocemos, tanto a nivel local como internacional. En este caso, los consumidores se ven obligados ycoercidos antinaturalmente a tener que comprar en ellos, ya sea porque el gobierno ha prohibido absolutamente la competencia en ese rubro, o bien le ha otorgado al monopolista, alguno de (o todos) los privilegios legales que hemos enumerado arriba. Este es el tipo de monopolio que más beneficia a los gobiernos, y por eso son los más frecuentes y los más vistos.
Los naturales son escasos y raros, porque para brotar necesitan un contexto de mercado libre y competitivo que no existe casi en ninguna parte del mundo. Y cuando emergen -si el mercado es medianamente libre- tienen corta duración, porque la competencia potencial, el factor competitivo permanente, la elasticidad de la demanda, la ley de los rendimientos decrecientes y la ley de precios tienden a limitarlos muchísimo naturalmente. Estas barreras contra los monopolios favorecen la dinámica del mercado, pero perjudican a los monopolistas del poder, es decir a los gobiernos.
Es por eso que, aquellos cinco límites naturales que el mercado libre le opone a los monopolios naturales, no operan contra los monopolios que crean, promueven, protegen o amparan los gobiernos: los monopolios artificiales. Estos no tienen límite alguno, en virtud precisamente de las prebendas gubernamentales en función de las cuales han sido implantados y maniobran en el mercado. Y ello, como decimos, está en los intereses del propio gobierno que sea así, porque contribuye al engrosamiento de sus arcas. Tales monopolios trabajan como verdaderas agencias o apéndices de los gobiernos, por lo que obviamente estos nunca van a tener un verdadero interés en su reducción, y menos aun en su supresión, excepto por causas de enfrentamiento -ya sea de tipo personal o político- entre sus directores y la burocracia política, en la que -desde luego- el mercado no tiene nada que ver, ni juega en absoluto ningún papel de relevancia, ni siquiera secundario. De darse este último supuesto, lo que normalmente hacen los gobiernos es quitarle el monopolio al «empresario» (o «empresarios») al que antes se lo había otorgado, y transferírselo a otros «empresarios» más leales, más afines o mas genuflexos al poder de turno que los anteriores. En ninguna circunstancia, a los gobiernos les conviene suprimir o reducir a los monopolios. Por lo tal que, resulta falso el mito por el cual el vulgo cree que los monopolios pueden constituir algún tipo de «amenaza» para los gobiernos, ya que de ningún modo es así.
Si el monopolio es estatal, para el gobierno la situación es muchísimo mejor. Porque, en este escenario, el control de los recursos del monopolio estatal es completamente absoluto. Todos los ingresos del monopolio van directamente a la arcas del gobierno.
Todo lo dicho es aplicable de igual modo a los oligopolios.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.