La revancha autocrática

Por Constanza Mazzina. Publicado el 7/6/21 en: https://www.demoamlat.com/la-revancha-autocratica/

La contraola autoritaria: signo y seña del populismo que amenaza con borrar del mapa las conquistas del estado de derecho que supone la democracia, las libertades individuales que plantea el liberalismo político, la separación y autonomía de poderes propia del republicanismo, la transparencia y rendición de cuentas, los límites a los mandatos. Las autocracias instalan un discurso único con que representar la realidad bajo la lógica paranoide de amigo-enemigo y proponen una versión verticalista de construir poder irradiado desde la figura del personalismo que lo centraliza.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales entre modelos autoritarios y democráticos. 

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.[1]”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, políticos y económicos que,  en mayor o menor grado, todos los países de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de cristalizarse. 

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente”.

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus (COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación mundial desde que se elaboró ​​por primera vez el índice en 2006. El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años [2] es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder. 

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una conferencia [3] una distinción entre dos formas de concebir, de definir la democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista. 

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel. 

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación del Estado, del orden económico, político y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado de derecho.  

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas. 

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario se hace presente en la región como un elemento constitucional transitorio y fundamental para transitar  los primeros años de gobierno y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos. 

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias [4].

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno. 

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: ¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué valores son propios de la democracia y cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los  derechos de todos los ciudadanos serán respetados”. 

[1] https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

[2] Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” (Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)

[3] El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf

[4] Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

En plena crisis, Hobbes nos respira en la espalda

Por Enrique Aguilar: Publicado el 22/8/20 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/en-plena-crisis-hobbes-nos-respira-en-la-espaldaensayo-nid2426861

Enrique Aguilar

¿Cuáles son los límites del poder del Estado durante una emergencia como la pandemia?; el autor del Leviatán ofrece algunas claves

Nuestro mundo político es uno que Hobbes reconocería», escribió hace poco David Runciman a propósito de la guerra que se viene librando contra la pandemia. Una guerra que pone al descubierto el nexo atávico entre protección y obediencia y que, para el autor de Politics. Ideas in Profile, hará que la lucha entre «la flexibilidad democrática y la crueldad autocrática» termine modelando el futuro. ¿En qué medida, pues, las restricciones a la libertad impuestas por la emergencia llegaron para quedarse?

Refresquemos un poco la teoría. Para el autor de Leviatán (1651) los individuos, que la naturaleza ha hecho libres e iguales y desean ante todo su propia conservación, tienden al conflicto debido a tres causas principales: competencia, desconfianza y gloria. Un conflicto que, al escalar, se vuelve estructural trayendo como resultado la «guerra de todos contra todos». Esa es la «miserable condición» («solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve») en que se encuentran o bien recaen los individuos cuando no existe «un poder común que temer». De ahí que se la haya interpretado como una «posibilidad recurrente» que puede darse en un tiempo anterior a la creación del cuerpo político (es decir, en estado de naturaleza) o en la interrupción que éste sufre debido a la guerra civil.

Como se sabe, un pacto o acuerdo de voluntades es el acto fundamental mediante el cual los individuos, movidos por su razón y su temor a la muerte violenta, abandonan esa condición y otorgan por mayoría a un hombre (monarquía) o asamblea de hombres (aristocracia o democracia), el derecho de representarlos haciendo pleno uso de la soberanía. En virtud de este pacto, celebrado a partir de esa nada política que es la guerra intestina, surge el gran Leviatán: el Estado, ese «dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa». El titular de esa persona artificial y omnipotente se denomina soberano, que no estará sometido a las leyes que él mismo establece. Y dado que los individuos pactaron entre sí autorizarlo y transferirle el derecho a gobernarse a sí mismos, deben obedecer a sus leyes como si ellos mismos hubieran sido sus autores. La ficción de la representación moderna (según la cual la voluntad del representante es la voluntad de todos y cada uno de los individuos) está presente en este acto de autorización.

Para Hobbes, cuando en una condición de «mera naturaleza» se realiza un pacto, cualquier mínima sospecha lo vuelve nulo porque la ambición, la avaricia y otras pasiones humanas serán siempre más fuertes que la palabra, a no ser que el auxilio de la fe (o el temor a Dios) nos disuada de quebrantarla. En cambio, «cuando existe un poder común sobre ambos contratantes, con derecho y fuerza suficiente para obligar al cumplimento, el pacto no es nulo». De ahí que estos últimos se comprometan mutuamente a renunciar, en favor del soberano, al derecho de juzgar los medios conducentes a la paz y la seguridad para la conservación del cuerpo político.

¿Qué ocurre con nuestra libertad una vez instituido el poder soberano? Para responder a esta pregunta hay distinguir la liberad natural de la libertad de los ciudadanos. La primera es indiscriminada: la ausencia de obstáculos externos que nos impidan hacer lo que nos plazca. Pero sabemos que, para alcanzar la paz, los individuos crean voluntariamente el Estado y con ello las leyes, esas «cadenas artificiales» que limitarán sus movimientos. De este modo, la libertad de los ciudadanos dependerá del «silencio de la ley», vale decir, de aquellas zonas omitidas o no legisladas por el soberano (la libertad de comprar y vender, de elegir su género de vida o la propia residencia, la educación de los hijos, etc.) que no pueden determinarse de manera abstracta o incondicional, sino que dependen esencialmente del ordenamiento legal establecido por el soberano. Si la ley no prohíbe o calla, el individuo es soberano de sí mismo.

Ciertamente, el carácter ilimitado de la autoridad soberana puede traer consigo «malas consecuencias» o inconvenientes derivados de la mala praxis de los gobernantes. Hobbes lo reconoce. Pero sabe también que se trata de un riesgo ineludible si queremos que el Estado cuente con los medios necesarios para defendernos, sobre todo en ocasiones extremas. Pensando en dichas ocasiones, cuando el ordenamiento legal no es suficiente para afrontar la ausencia de normalidad, Hobbes afirma el carácter absoluto de la soberanía. Por ende, si la opción estriba entre la anarquía y el orden, el interrogante en torno a la calidad de ese orden se vuelve secundaria, puesto que nada -ni siquiera el abuso de autoridad o la opresión- es peor que el mal absoluto de la guerra civil.

¿Cuál sería entonces el alcance de la obediencia? Hobbes señala que «no ha de durar ni más ni menos» que lo que dure el poder del soberano para proteger, argumento que Carl Schmitt sintetizó en la fórmula protego ergo obligo («protejo, luego obligo»). Porque, como apunta Hobbes, «el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto». En otros términos, si el fin de la obediencia es la protección, la posibilidad de desprotección estatal habilita de facto la autoprotección: el derecho del individuo a salvaguardarse, aun contra las órdenes del Leviatán, si llegasen a poner su vida en riesgo.

¿Podemos, sin salirnos de Hobbes, fundar la limitación del poder sobre la base de este argumento que fija un límite absoluto a la intervención estatal en el derecho natural e inalienable a proteger la propia vida? Entiendo que sí. Además, están las leyes naturales, «inmutables y eternas» (justicia, gratitud, equidad, misericordia, etc.), que siempre obligan en conciencia, ya sea que se las reconozca como enunciados emanados de Dios (quien «por derecho manda sobre todas las cosas»), o bien (si dejamos de lado a Dios) como «dictados de la razón» atinentes a la defensa y la conservación propias que, entre otras cosas, impedirían a un soberano castigar a un inocente.

Sin embargo, quienes recelamos del poder y de su lógica naturalmente expansiva no podemos subestimar los posibles excesos que pueden sucederse de la mala praxis del soberano. Es cierto que aun las constituciones liberales contemplan medidas discrecionales para momentos de excepción y que autores de la estatura de John Locke también las consintieron. Sin embargo, como afirmó Benjamin Constant en unas páginas escritas contra Napoleón, la experiencia enseña que una vez que se acude a esas medidas se encuentran «tan fáciles, tan cómodas, que nadie quiere emplear otras». De suerte que, presentada al inicio como un recurso excepcional, «la arbitrariedad se torna la solución de todos los problemas y la práctica cotidiana».

Revelaciones más o menos recientes acerca del frontispicio de la primera edición de Leviatán, donde se puede advertir la presencia de dos médicos de la peste negra con sus típicas máscaras observando una ciudad sin transeúntes, permiten conjeturar que Hobbes hubiera encontrado asimilable la incidencia de una pandemia a la desolación del estado de naturaleza y la necesidad de un orden garante de la salud pública. En cualquier caso, creo que sobran razones para precaverse frente a la posibilidad de agravar la situación de muchos países, en lugar de aliviarla, fomentando la concentración del poder y las soluciones de «necesidad y urgencia». De lo contrario, parafraseando a Locke, con la excusa de consagrar a un protector que nos defienda de los zorros (llámense, en este caso, las microgotas transmisoras del Covid-19), nos expondremos a las garras de un león.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.