El descomunal costo del negocio de la política en Argentina y por qué EEUU es casi 4 veces más eficiente

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 5/3/19 en:  http://economiaparatodos.net/el-descomunal-costo-del-negocio-de-la-politica-en-argentina-y-por-que-eeuu-es-casi-4-veces-mas-eficiente/

 

Es producto de una democracia que ha degenerado en una competencia populista en donde hay oferta y demanda de populismo

Muchos de mis colegas economistas, en particular los que se llaman liberales, insisten permanentemente en que hay que bajar el gasto público y la presión impositiva. No puedo dejar de estar de acuerdo con esa propuesta y firmo junto a ellos, sin embargo, creo que se quedan en el tema económico y no se plantean algo más profundo todavía que tiene que ver con lo institucional. ¿Por qué razón tenemos este desmadre de gasto público consolidado y, como contracara, la correspondiente presión impositiva que hace inviable cualquier idea de crecimiento?

Mi primera respuesta es que tenemos este nivel de gasto público porque la democracia ha degenerado en una competencia populista en donde hay oferta de populismo y demanda de populismo. Esa competencia populista, en gran medida hay dejado de ser ideológica y ser transformó en una competencia por un negocio que es la política. Puesto en otros términos, la política es un negocio para buena parte de la dirigencia política. El sobredimensionamiento del estado en todos sus niveles y el despilfarro en asesores y empleados públicos es alarmante.

El gasto en planes sociales y empleo público lo justifican porque dicen que si se lo baja estalla el país, pero la realidad es que cada tanto estalla el país porque sistemáticamente la dirigencia política se niega a reducir ese gasto. Es la forma de conseguir votos. Desde planes a los piqueteros, pasando por pensiones por invalidez a personas que pueden trabajar, empleo público, etc.

Por otro lado, el apoyo de punteros en las campañas políticas luego se retribuye con cargos políticos o empleo público, con lo cual el estado se transformó en un monstruo que devora la riqueza que genera el sector privado.

Un primer dato muestra el grado de ineficiencia por sobredimensionamiento del estado. Argentina tiene 23 provincias y con CABA, digamos 24 distritos contra los 50 que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población de 326 millones de habitantes, con lo cual cada unidad administrativa a nivel estadual de Estados Unidos atiende a 6,5 millones personas y en Argentina, el equivalente en provincias atiende a 1,8 millones. En Estados Unidos, cada unidad administrativa estatal atiende a 3,6 veces más personas que una provincia argentina.

En Estados Unidos hay 3143 condados, que son los equivalentes a nuestros municipios. El promedio da 62 condados por estado. En Argentina hay 2.300 municipios para 23 provincias, es decir, hay un promedio de 100 municipios por provincia. Nuevamente tenemos más municipios por unidad provincial que Estados Unidos. Esto significa tener más intendentes, concejales, empleados municipales, jueces de infracciones, etc.

Tomemos la siguiente relación de carga burocrática. Estados Unidos tiene 3.143 condados y una población de 326 millones de habitantes, eso quiere decir que cada condado atiende las necesidades de 103.700 habitantes. En Argentina hay 44 millones de personas y 2.300 municipios, con lo cual cada municipio atiende las necesidades de 19.130 personas. Los datos anteriores son en promedio, esto quiere decir que el costo de cada unidad administrativa recae sobre mucho menos personas en Argentina que en Estados Unidos, con lo cual, la carga del costo burocrático por persona es más alto en Argentina que en Estados Unidos. Es una simple comparación de costos fijos por unidad producida, en este caso la unidad producida es el contribuyente y el costo fijo el estado.

Tomemos ahora el costo por legislador nacional. Aquí la comparación la hago con España porque tiene casi la misma población que Argentina. España tiene 47 millones de habitantes contra los 44 millones nuestros. Veamos.

La Cámara de Diputados de Argentina tiene un presupuesto anual de 208 millones de euros (tomo el tipo de cambio de $ 45 por euro) y 257 diputados, el costo promedio por diputado es de 67.400 euros mensuales. No digo que ese sea su sueldo, sino el costo de su sueldo, sus empleados, teléfonos, secretarias, movilidad, etc.

La Cámara de Diputados de España tiene 350 diputados. Su presupuesto es de 91 millones de euros y el costo promedio por diputado es de 21.700 euros mensuales. Nuevamente ese no es el sueldo del diputado español, sino todos sus costos operativos incluyendo su sueldo. Es decir, el costo por diputado argentino es 3 veces mayor que el diputado español.

La Cámara de Senadores de Argentina tiene un presupuesto anual de 204 millones de euros. Con 72 senadores el costo promedio por senador es de 236.000 euros mensuales.

La Cámara de Senadores de España tiene un presupuesto anual de 56 millones de euros, con 266 senadores. El costo promedio mensual de cada senador español es de 17.540 euros. En otras palabras, el costo de cada senador argentino es 13,5 veces mayor que el costo promedio de un senador español.

El ingreso per capita de Argentina es de U$S 14.400 y el de España de U$S 28.156 en dólares corrientes. Es decir, nosotros que somos más pobres nos damos el “lujo” de tener estructuras legislativas muchísimo más caras que España, que no es justamente un país que se caracterice por tener un estado de bajo costo.

Por cierto, que la política se transformó en un negocio queda también en evidencia en la cantidad de personal que tiene, por ejemplo cada senador.

El cuadro 1 muestra la cantidad de empleados tanto de planta permanente como de planta transitoria que tiene cada senador. El récord lo tiene el senador Basualdo de la Alianza Cambiemos San Juan con 60 empleados entre planta permanente y planta transitoria. Le sigue Naidenoff con 48 empleados. Ambos son verdaderas PYMES, pero PYMES importantes.

En total en el senado hay 1765 empleados repartidos específicamente entre los 72 senadores, aunque cabe resaltar que hay otros 3.987 empleados asignados al senado que solo Dios sabe qué funciones cumplen. Ahora bien, en promedio cada senador tiene 24,5 empleados, que surge de dividir los 1765 por los 72 senadores.

Es obvio que cada senador tiene una PYME en promedio, algunos son PYMES más grandes que otras, y otras parecen ser PYMES familiares. Por ejemplo, el senador Fernando Pino Solanas tiene 35 empleados y dice que tiene que legislar cosas muy importantes. Necesita un equipo de asesores importante con la curiosidad que dos tienen su apellido. Damian Solanas, economista y Victoria Eva Solanas que desconozco su preparación para asesorar en temas tan delicados e importantes. No quiero pensar que don Pino Solanas tenga una PYME familiar a costa del contribuyente. No digo eso. Pero llama la atención.

Lo cierto es que si cada senador va a necesitar una legión de asesores, quiere decir que no están muy preparados para desempeñar su cargo. En otros países, como por ejemplo Chile, los legisladores recurren a fundaciones  para que los asesoren. Acá el contribuyente vota a un senador y le paga el sueldo para que legisle, tampoco tiene que legislar tanto porque ahoga las libertades individuales, y los senadores terminan nombrando asesores cuyos sueldos también están a cargo del contribuyente.

En definitiva, cuando uno ve estos datos, y hay muchos más para mostrar nuestro sobredimensionamiento burocrático, se pregunta: ¿hay realmente interés de la dirigencia política de reducir el peso del estado sobre el sector privado o la política se ha transformado en un negocio personal que en forma compulsiva tiene que financiar el sufrido contribuyente?

Mi impresión es que el sobredimensionamiento del estado dejó de ser un problema ideológico y se transformó en un problema de negocio de unos pocos, aunque cada vez son más en relación a los pocos que quedamos en el sector privado generando riqueza.

Como contrapartida de ese negocio, los políticos reparten subsidios entre diferentes sectores de la sociedad para mantenerla tranquila. En definitiva, cuando digo que hay 21 millones de personas que pasan todos los meses por la ventanilla del estado para cobrar un cheque y que en el sector privado somos solo 6,5 millones que mantenemos a esos 21 millones, lo que estoy diciendo es que 6,5 millones tenemos que mantener todo el negocio que armó la política para obtener su renta y repartir subsidios a diestra y siniestra.

Definitivamente nuestro problema no es un problema ideológico. Ahora tenemos que pensar como desarmar un negocio que se inventaron los dirigentes políticos a partir de desvirtuar la democracia y transformarla en una competencia populista.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE 

La mitad más uno de los asalariados están registrados en el Estado

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 13/11/18 en: https://www.infobae.com/economia/2018/11/13/la-mitad-mas-uno-de-los-asalariados-estan-registrados-en-el-estado/

 

Sigue la lucha política por gastar la plata del contribuyente. El Gobierno tuvo que ceder ante la presión de las provincias para poder aprobar el Presupuesto en el Senado, aceptando un aumento del gasto de $24.000 millones

A las gobernaciones siempre le falta un peso, si no lo obtienen de la Nación suben el Inmobiliario o Ingresos Brutos (Télam)

No extraña esta exigencia provincial porque, como lo he señalado en otras oportunidades, la democracia ha degenerado en una competencia populista. El que ofrece aumentar la cultura de la dádiva y redistribuir la escasa riqueza que se produce en Argentina, puede quedarse con la mayor cantidad de votos.

Por supuesto que esa competencia populista consiste en insistir con mantener el empleo público en las provincias. De los 3.165.400 empleados públicos entre nación, provincias y municipios, el 70% está en los empleos públicos provinciales.

Como puede verse en el gráfico, el empleo público en las provincias entre 2003 y 2017 aumentó, en promedio, un 70%. Es importante resaltar que 2003 no es un piso bajo de comparación ya que los estados provinciales venían sobredimensionados hacía rato, al punto tal que en la década del 90 se hablaba de regionalizar el país para que no hubiese tantos parlamentos, ejecutivos y poderes judiciales.

De manera que el punto de comparación de 2003 es un punto alto y aun así tenemos un incremento del empleo público del 70% promedio.

Puesto en números absolutos, entre 2003 y 2017 el empleo público provincial creció en casi un millón de nuevos puestos en el Estado. Una forma de disimular el desempleo, porque en realidad no son puestos de trabajo. Son solo subsidios de desempleo escondidos como puestos de trabajo.

De los 24 distritos del país sólo 7 crecieron por debajo del promedio general, y en casos como Formosa, el empleo público no creció más, probablemente porque ya no quedaba mucha más gente para agregar al estado provincial.

¿Por qué tomo el 2003 como punto de referencia? Porque como decía antes, hace rato que el Estado está sobredimensionado, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, pero el kirchnerismo llevó ese sobredimensionamiento a niveles insospechados.

Mercado laboral: el Estado suma, el privado resta 

¿Qué le podemos señalar a Cambiemos respecto al empleo? Que en su gestión, comparando agosto de 2018 con noviembre 2015 (último mes completo del gobierno kirchnerista) el empleo público aumentó en 52.000 puestos de trabajo, mientras que en el sector privado bajó en 49.300 posiciones.

Claro que el mayor incremento en el empleo público se dio en las provincias y no en la Nación, pero claramente Cambiemos nunca logró la lluvia de inversiones que permitiera reducir la desocupación creando puesto de trabajo en el sector privado para también reducir el empleo público.

En noviembre de 2015 los empleados públicos en relación a los empleados en relación de dependencia del sector privado, representaban el 49,7% y en agosto 2018 esa relación estaba en 50,9%, es decir, si bien en gran medida el exceso de empleo público es herencia recibida y responsabilidad de las provincias, Cambiemos no logró empezar a crear las condiciones necesarias para generar una lluvia de inversiones que fuese licuando el peso del Estado sobre el sector privado.

Más bien el resultado ha sido exactamente al revés de lo planeado por los ideólogos del gradualismo. El Estado no fue disminuyendo su peso sobre el sector privado, sino que lo fue aumentando considerando los incrementos de gasto público aprobados para 2019 y la suba de la ya asfixiante carga tributaria.

Pero volviendo al empleo público provincial, además de crecer en forma fenomenal entre 2003 y 2017, los incrementos de salarios fueron sustancialmente superiores a los de la inflación.

Si tomamos el dato sobre cómo evolucionó el salario promedio de los empleados públicos provinciales, podemos observar que tuvieron un aumento en términos reales que hace que sea atractivo ir a ocuparse en el Estado y rechazar cualquier propuesta de trabajo en el sector privado.

Como puede verse en el gráfico previo el salario promedio de las provincias y CABA creció muy por arriba de la inflación del período 2003-2017. En promedio, las provincias aumentaron el salario promedio de los empleados públicos un 2.584% entre 2003 y 2017 contra una inflación que estuvo en el 1.770%. La única provincia que estuvo por debajo de la tasa de inflación fue La Rioja.

Si se considera que aumentaron tanto la cantidad de empleados públicos provinciales como el salario real en estos 15 años, es obvio que la masa salarial que tiene que afrontar cada provincia ha crecido en forma fenomenal.

Esa mayor masa salarial, que consume lo que genera el sector privado cobrándole impuestos, ahoga al sector productivo y elimina chances de crecer.

Alta dependencia del Estado

Junto al aumento del empleo público provincial, dupliquemos la cantidad de jubilados y pensionados llevándolos de 3,3 millones a 6,8 millones de beneficiarios, multipliquemos por 4,5 los beneficiarios de pensiones no contributivas (pensiones truchas por invalidez, madres con más de 7 hijos, pensiones graciables, etc.), condimentémoslo con 3,9 millones de beneficiarios de AUH, por citar solo algunos ejemplos de gente que vive del trabajo de los pocos que producimos, y no hay bolsillo del contribuyente que aguante semejante despilfarro de recursos en nombre de la solidaridad social.

Dejemos algo en claro, los que menos le preocupa a la mayoría de la dirigencia política es ordenar la economía teniendo un presupuesto pagable por el contribuyente. La mayoría de la dirigencia política está en esta feroz competencia populista por exprimir al contribuyente a niveles de explotación de cuasi esclavitud.

La mayoría de la dirigencia política argentina está haciendo lo imposible por mantener el rumbo de decadencia de la Argentina manteniendo el gasto público en niveles infinanciables, pero quieren conformarnos con que ahora van al déficit primario cero.

Déficit primario cero con política impositiva saqueadora, no lleva a buen puerto. Lleva a otra crisis y más decadencia económica.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE   

 

Abal Medina: cómo vender humo con emergencia social

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 20/11/16 en: http://economiaparatodos.net/abal-medina-como-vender-humo-con-emergencia-social/

 

“Cuando no sabes hacia donde navegas, ningún viento es favorable” Séneca 

Abal Medina, actual senador que perteneció al gobierno más corrupto e inepto de la historia argentina, presentó un proyecto de ley que empieza de esta forma: “Artículo 2º. Instruyese al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón (1.000.000) de nuevos puestos de trabajo”. Al leer este artículo uno no puede menos que lamentarse de haber perdido 6 años estudiando economía cuando la cosa era tan fácil de solucionar. Se escribía en un papel: ordeno crear puestos de trabajo y listo.

Cuando uno ve este tipo de cosas, se da cuenta que estamos en manos de gente totalmente incapacitada para ejercer un cargo público, al menos incapacitada para ejercerlo sin hacerle daño a la población. O tal vez le hacen daño deliberadamente a la población para perjudicar al gobierno.

Sin duda que la economía argentina tiene que generar un verdadero tsunami de inversiones porque necesita resolver un problema de desocupación que consiste en darle salida laboral al flujo y al stock. ¿A qué me refiero con el flujo y el stock? El flujo es que cada año se incorporan al mercado laboral unos 250.000 jóvenes. Es decir, hay que tener inversiones eficientes que generen una demanda laboral de, al menos, 250.000 nuevos puestos de trabajo. Pero además hay que resolver el stock de no menos de 2 millones de empleados públicos (en los tres niveles de gobierno) que el kirchnerismo disfrazó de ocupados en cargos públicos que no producen nada útil para el contribuyente. Y, finalmente, hay que crear puestos de trabajo para los millones de personas que viven de planes sociales y se acostumbraron a no trabajar.

Claramente que semejante problema, que es realmente monumental, no se soluciona con el voluntarismo que pretende aplicar Abal Medina. Por otro lado, cuando uno lee detenidamente el proyecto de ley aprobado, no encuentra cómo piensa crear esos puestos de trabajo. En rigor, Abal Medina vende su ley como la idea de pasar de la cultura del subsidio a la cultura del trabajo, pero en rigor lo único concreto que pide Abal Medina en su proyecto de ley es un aumento de salarios con la creación del Salario Social Complementario y un incremento del 15% de los valores vigentes, en cada mes, de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social. Se manda un escrito de 10 páginas para, en definitiva, esconder un aumento de los llamados planes sociales y ni siquiera cuantifica ni el monto del gasto ni la forma de financiarlo. Sobre crear en serio trabajo, su proyecto se limita a vender humo.

Frente a este tipo de propuestas claramente demagógicas, tenemos a un gobierno paralizado por la competencia populista. Creyendo que la elección de medio término del próximo año solo puede ganarse con las mismas herramientas económicas que usó el kirchnerismo, Cambiemos sigue con un gasto público que asfixia al sector privado y una carga tributaria que paraliza cualquier proyecto de inversión y, por consiguiente, de nuevos puestos de trabajo.

Cambiemos apuesta a llegar a las elecciones de 2017 con una economía levemente en alza. Para ello espera que el blanqueo genere algún tipo de reactivación en el mercado inmobiliario, que la soja, el maíz y el trigo muevan la economía y que tomando deuda externa la obra pública estimule algo la actividad. Con eso se da por conforme para llegar a octubre de 2017 con un kirchnerismo que, posiblemente, termine desarticulado. Es difícil imaginar candidatos a diputados y senadores k presentables siendo que Cristina Fernández se rodeó de los peores elementos de la sociedad para gobernar. Su estilo autoritario la llevó a buscar a colaboradores dispuestos a cometer cualquier acción perversa con tal de agradar a su líder. El resultado es que CF no tiene candidatos potables para presentar. ¿A quién va a presentar como candidatos que le sean incondicionales? ¿A Boudou, D’Elía, Hebe de Bonafini o Aníbal Fernández? El peronismo no k irá por su lado, tal vez alineado con Massa o Urtubey, de manera que con llegar sin un desborde económico, Cambiemos puede tener buenas chances de ganar las elecciones del próximo año, aunque tampoco tiene tantas espadas ganadoras. En todo caso lo favorece el hecho de no tener a nadie de fuste enfrente.

Mientras tanto, Cambiemos se escuda en que solo mira para adelante y no busca revanchismos dejando intacta la cantidad de empleados públicos que no baja porque dicen que mientras no se creen puestos de trabajo en el sector privado no pueden reducir el plantel estatal. En rigor están enrollados. Si para reducir la cantidad de empleados públicos primero tiene que haber inversiones, eso exige que bajen los impuestos. Y para bajar los impuestos sin agrandar el déficit, tienen que bajar el gasto, pero como no quieren bajar el gasto imaginan una reactivación milagrosa que les evite hacer las reformas estructurales. Mientras tanto el sector privado sigue perdiendo puestos de trabajo. El ajuste lo sufre el sector privado y el sector público sigue gordo y pipón.

El argumento que utiliza el gobierno para sostener a los más de 2 millones de empleados públicos que fueron incorporados por el kirchnerismo de no buscar revancha es bastante endeble, porque ese exceso de personal tiene un costo. No es gratis. Alguien lo paga. Y lo paga el sector privado con impuestos y caída del ingreso. No hay argumento moralmente sostenible para mantener ese exceso de personal porque el sector privado sufre despidos y pérdida de poder adquisitivo.

En síntesis. De un lado de la política está la ignorancia típica del populismo que puede verse en el proyecto de ley presentado por Abal Medina y por otro lado, un Cambiemos que, por ahora, no está dispuesto a cambiar la política económica de fondo heredada del kirchnerismo dada las especulaciones políticas de cara a las elecciones de 2017.

Para terminar, el gobierno se la pasa hablando de hacer una buena gestión. Si no se sabe hacia dónde se va. Cuál es la visión global del país, el gobierno va a seguir navegando (gestionando) bien, pero sin rumbo. Como decía Séneca: “cuando no sabes hacia donde navegas, ningún viento es favorable”.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE