Chile: la desigualdad no es excusa para la violencia

Por Iván Carrino. Publicado el 8/12/19 en: https://www.ivancarrino.com/chie-inequality-is-no-excuse-for-violence/

 

Un automóvil detiene su marcha frente a la luz roja. Al volante, una abogada de 40 años mira su teléfono celular para ver la hora. Ella espera llegar a casa y ver a sus hijos.

De repente, se escucha un retumbar.

En cuestión de segundos, el ladrón entra al vehículo por la ventana y agarra su bolso, que yacía en el piso del asiento del pasajero.

Aterrorizada, mira el daño a su auto. La ventana está rota y la billetera se ha ido. También se han ido su dinero, la tarjeta de crédito y algunas fotos de su familia.

Sin embargo, ella está feliz de estar viva y ilesa.

Los observadores parecen estupefactos, con miedo … indignados. En cualquier país normal, si el ladrón es arrestado, irá a la corte. En ese caso, podría intentar justificarse diciendo que robó porque “no tenía nada”, mientras que ella “tenía mucho”.

Una vez más, en un país donde las instituciones funcionan correctamente, el ladrón cumpliría una condena. Entonces, independientemente de su motivo, el hombre será sancionado.

Finalmente, esto parecería estar bien para todos. En el nivel “micro”, el robo es un delito, y más allá de las justificaciones, la violencia debe ser castigada. Este es un pilar básico de cualquier sociedad civilizada.

Curiosamente, cuando ocurren situaciones similares en el nivel “macro”, las reacciones no son las mismas. Por qué decimos esto? Porque lo que está sucediendo en Chile ahora a menudo se explica usando el mantra de “desigualdad”.

Chile y la desigualdad

En el país sudamericano al lado de Argentina, una protesta que comenzó como un rechazo al aumento en el boleto del Metro de Santiago, se convirtió en los últimos días en un caos urbano, con manifestaciones masivas, vandalismo, detenidos e incluso muertes.

Ante claros casos de crímenes y saqueos (que incluyeron la quema de varios trenes e incluso la construcción de un periódico), el gobierno de Sebastián Piñera decretó un “estado de emergencia”.

Obviamente, el problema no es solo el boleto del metro, ya que hay varios grupos de manifestantes que ubican el origen de la violencia en la desigualdad económica. De hecho, a menudo se dice que Chile es un país que “crece mucho económicamente”, pero que no es suficiente crecer “si el crecimiento está distribuido de manera desigual”. Este argumento merece ser analizado en profundidad.

En primer lugar, hay que decir que Chile no es un “paraíso de igualdad social”, pero tampoco es un infierno.

Según datos del Banco Mundial, Chile es el octavo país de América en términos de igualdad. Se ubica debajo de Canadá, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Sin embargo, también se clasifica mejor que México, Paraguay, Colombia o Brasil. Entonces, ¿por qué la desigualdad solo quema periódicos y estaciones de metro en Chile, pero no en Paraguay o Colombia?

País

Desigualdad medida por Índice Gini

(Año 2017, salvo indicación contraria)

Canadá

34,0

Uruguay

39,5

Argentina

41,2

Estados Unidos

41,5

Perú

43,3

Bolivia

44,0

Ecuador

44,7

Chile

46,6

Guatemala*

48,3

México *

48,3

Paraguay

48,8

Colombia

49,7

Panamá

49,9

Honduras

50,5

Brasil

53,3

Venezuela, RB DAKOTA DEL NORTE
* 2016, Fuente: Banco Mundial

 

Otro tema relevante no es solo que la desigualdad ha disminuido en las últimas décadas (especialmente desde fines de la década de 1990), sino que Chile tiene la mayor movilidad social de toda la OCDE.

Es decir, en Chile es mucho más fácil dejar atrás la pobreza que en, por ejemplo, México o incluso Alemania. Esto puede tener que ver con el gran historial de crecimiento económico con baja inflación y bajo desempleo en los últimos 30 años.

Violencia ilegítima

El punto más fundamental, sin embargo, es diferente. Porque incluso si Chile fuera el país más desigual de América, eso no debería justificar la violencia. Hacerlo, de hecho, significaría rendirse al chantaje.

Desafortunadamente, aquellos que piden más igualdad en el mundo hacen exactamente eso. Nos dicen que el estado debe luchar contra la desigualdad (cobrar a los ricos más impuestos y dar a los pobres más beneficios), para mantener ciertos niveles de “paz social”. Luego toman el caso de Chile, o cualquier otro que sirva a sus propósitos, para justificar sus propuestas

¿No es esto lo mismo que decir que el estado debe tomar parte de la billetera del abogado y dársela al ladrón de nuestro caso inicial para que no rompa la ventana del automóvil? ¿No estaría el gobierno, en este caso, haciendo el “trabajo sucio” del ladrón?

Por otro lado, una vez que el estado redistributivo profundice efectivamente su redistribución forzada, ¿cuándo será suficiente? ¿Cuántos impuestos más debes recaudar? ¿Cuánto más dinero deberías gastar?

¿Cuánto más se tendrá que tomar de los ciudadanos más productivos de la sociedad para dar a los menos productivos y evitar que terminen con la “paz social”?

¿Y si los que afirman nunca están satisfechos?

La desigualdad no es excusa para la violencia. Tampoco debería ser la excusa para que los estados redistribuyan  aún más  ingresos. (Digo “aún más”, por supuesto, porque todos estos países que enfrentan protestas ya tienen amplios programas sociales). De hecho, profundizar el camino hacia ese esquema no solo conduciría a una situación injusta, sino a un empobrecimiento económico.

Chile, con un estado pequeño y solo un papel subsidiario, fue capaz de generar una macroeconomía estable que le permitió triplicar el PIB per cápita desde 1980 y reducir la pobreza del 53% en 1987 al 6.4% en 2017.

Pero tenga cuidado: ceder al chantaje puede comprar algo de “paz social” a corto plazo, pero a largo plazo socavará los cimientos de la prosperidad chilena, como ya lo hizo en Venezuela, Argentina y también Ecuador.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

La gran contradicción argentina

Por Iván Carrino. Publicado el 25/9/19 en: https://www.ambito.com/la-gran-contradiccion-argentina-n5056395

 

Amamos a papá Estado, pero no estamos dispuestos a pagar sus onerosos gastos.

AFIP.

La gran contradicción de los argentinos es que, en promedio, adoramos al Estado pero, al mismo tiempo, no estamos dispuestos a financiarlo.

¿Cuál es la prueba de esto?

La primera es que por los últimos 59 años de historia, 54 hemos vivido con déficit fiscal. Es decir, el gobierno, que tanto nos gusta que gaste, no tiene los ingresos suficientes para encarar ese gasto. O sea que los argentinos no pagamos los impuestos suficientes que requiere el estado omnipresente que nos gusta.

Obviamente, Argentina nunca tuvo un gasto tan alto en términos de su producción como en diciembre de 2015. Y, de hecho, el aumento que se dio entre 2003 y 2015 fue sideral.

Para darse una idea, Holanda llevó su gasto público del 20% del PBI al 40% en un período de aproximadamente 80 años. A nosotros hacer lo mismo nos tomó solo tres gobiernos kirchneristas. 12 años. Record Guinness.

Mentalidad anticapitalista

La segunda prueba es que según el estudio del profesor Carlos Newland, de ESEADE, Argentina es el país con mentalidad más anticapitalista de la región.

Consultados sobre 3 cuestiones básicas que definen las preferencias de los encuestados sobre la economía libre contra la regulada (“la riqueza genera crecimiento para todos”, “la competencia empresarial es buena”, “debe incrementarse el rol del sector privado a costa del público”) los argentinos son los que más en contra están de la actividad del mercado libre.

Es decir, somos más pro-estado que Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, etc.

Así que si los gobiernos son una representación de al menos una buena mayoría de la sociedad, es normal que se la pasen gastando todo lo posible y creen “derechos” donde quiera que haya una necesidad. El problema es que esos derechos después hay que pagarlos.

Y como los argentinos no los queremos pagar, hemos pasado las últimas 8 décadas con crisis de deuda o crisis de inflación.

6 mil billones por ciento

Hace unos años, el profesor de la Universidad de Denver, Nicolás Cachanosky, tomó los datos recopilados por Reinhart y Rogoff y concluyó que “desde la independencia en 1816, Argentina ha estado bajo reestructuración de deuda unos 71 años. Esto equivale al 36% de su historia.”.

La situación es más grave si se cuenta el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial: “Si contamos desde la Segunda Guerra Mundial, entonces Argentina ha estado en default reestructurando su deuda unos 36 años, lo que equivale al 52% desde 1945 a la fecha”.

El proyecto enviado al congreso para “reperfilar deuda” le agregará unos años a este triste registro nacional y popular.

En materia de inflación, otro trabajo de Cachanosky, esta vez en conjunto con Ravier, muestra que desde la creación del Banco Central en 1935 la inflación anual equivalente fue de 55% por año.

Para curiosos, la cifra de inflación acumulada desde que hay estadísticas oficiales en Argentina es de: 6.138.061.225.630.469%

Creo que se dice seis-mil-billones por ciento. Pero seguro alguno podrá ayudar a pronunciar.

Como cualquiera podrá intuir, semejantes niveles de inflación son nefastos para el crecimiento económico. Y el mismo efecto genera la incertidumbre ligada a la deuda pública. En este sentido, no extraña que seamos el país que, junto con nada menos que El Congo, es es el que más recesiones tuvo desde 1960.

Para cortar con semejante decadencia llegó Macri, que dijo que todo se iba a ordenar porque la economía iba a crecer. Obviamente, lo mismo dicen todos los políticos, desde Lavagna hasta los Fernández.

¿Ahora me explican cómo vamos a crecer si ninguno quiere bajar la inflación en serio y ninguno quiere ajustar las cuentas públicas en serio?

Lecciones a aprender

El agujero fiscal es la espada de Damocles que hunde a la Argentina. El agujero fiscal explica también el desequilibrio externo que gustan de remarcar los economistas heterodoxos.

La explicación es sencilla: cuando no hay ahorro interno, y el gobierno gasta como si no hubiera mañana, la única manera de hacerlo (al menos por un tiempo) es usando financiamiento exterior. La contracara de eso es el déficit de cuenta corriente.

Pero el origen del tema es nuevamente fiscal. Y el problema fiscal es hijo de nuestra gran contradicción.

¿Cómo se resuelve? Solo dos formas posibles: o se baja el gasto público, o se aumentan los impuestos.

Ahora en un país que ya no da más de carga impositiva, que le cobra impuestos récord mundial a las empresas y a los pobres tasas europeas de IVA, solo queda un camino: hay que achicar el gasto público.

Si no nos ponemos de acuerdo en esto, después no nos quejemos de los malos resultados obtenidos.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

¿Deberían Estados Unidos o la ONU intervenir militarmente en Venezuela?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 22/2/19 en: https://www.juandemariana.org/comment/7326#comment-7326

 

Alberto Benegas Lynch (h) escribió un libro que ya cumple su primera década en circulación titulado Estados Unidos contra Estados Unidos. El libro es una obra de arte que permite comparar la arquitectura institucional de un país que recibió bajo los principios de propiedad privada, libertad individual, economía de mercado y gobierno limitado millones de inmigrantes y que alcanzó el desarrollo frente a otro país que una vez desarrollado ignoró el legado de sus padres fundadores.

En la materia que aquí nos compete, sobre guerra, fuerzas armadas y política exterior, o más precisamente sobre la pregunta planteada en el título de esta nota, cabe señalar que Estados Unidos durante muchos años fue una nación que respetó el principio de no intervención.

Al respecto, George Washington decía en 1796, en ejercicio de la presidencia de la nación, que “[e]stablecimientos militares desmesurados constituyen malos auspicios para la libertad bajo cualquier forma de gobierno y deben ser considerados como particularmente hostiles a la libertad republicana”. En el mismo sentido, Madison anticipó que “[e]l ejército con un Ejecutivo sobredimensionado no será por mucho un compañero seguro para la libertad” (citados por Benegas Lynch, 2008, pág. 39).

Durante mucho tiempo el Gobierno de Estados Unidos fue reticente a involucrarse en las guerras a las que fue invitado. Robert Lefevre (1954/1972, pág. 17) escribe que entre 1804 y 1815 los franceses y los ingleses insistieron infructuosamente para que Estados Unidos se involucrara en las guerras napoleónicas; lo mismo ocurrió en 1821, cuando los griegos invitaron al Gobierno estadounidense a que enviara fuerzas en las guerras de independencia; en 1828 Estados Unidos se mantuvo fuera de las guerras turcas; lo mismo sucedió a raíz de las trifulcas austríacas de 1848, la guerra de Crimea en 1866, las escaramuzas de Prusia en 1870, la guerra chino-japonesa de 1894, la guerra de los bóeres en 1899, la invasión de Manchuria por parte de los rusos y el conflicto ruso-japonés de 1903, en todos los casos, a pesar de pedidos expresos para tomar cartas en las contiendas.

El abandono del legado de los padres fundadores comienza a darse con el inicio de la Primera Guerra Mundial. No solo comienza un abandono de la política exterior de no intervención, sino que también se observa un Estado creciente, más intervencionista y un paulatino abandono del patrón oro y del federalismo. El poder ejecutivo comenzó a ejercer poco a poco una creciente autonomía, y a pesar de las provisiones constitucionales en contrario opera con una clara preeminencia sobre el resto de los poderes, avasallando las facultades de los Estados miembros.

Lefevre escribe que desde la Primera Guerra Mundial en adelante “la propaganda ha conducido a aceptar que nuestra misión histórica [la estadounidense] en la vida no consiste en retener nuestra integridad y nuestra independencia y, en su lugar, intervenir en todos los conflictos potenciales, de modo que con nuestros dólares y nuestros hijos podemos alinear al mundo (…) La libertad individual sobre la que este país fue fundado y que constituye la parte medular del corazón de cada americano [estadounidense] está en completa oposición con cualquier concepción de un imperio mundial, conquista mundial o incluso intervención mundial (…) En América [del Norte] el individuo es el fundamento y el Gobierno un mero instrumento para preservar la libertad individual y las guerras son algo abominable. (…) ¿Nuestras relaciones con otras naciones serían mejores o peores si repentinamente decidiéramos ocuparnos de lo que nos concierne?” (Lefevre, 1954/1972, págs. 18-19).

A partir de las dos guerras mundiales y la gran depresión de los años treinta se nota un quiebre en la política internacional americana respecto de su política exterior. De ser el máximo opositor a la política imperialista, pasó a crear el imperio más grande del siglo XX. A partir de allí ya no hubo retorno.

Alberto Benegas Lynch (h) (2008) es muy gráfico al enumerar las intromisiones militares en el siglo XX en que Estados Unidos se vio envuelto, las que incluye a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Panamá, República Dominicana, Haití, Irán, Corea, Vietnam, Somalia Bosnia, Serbia-Kosovo, Iraq y Afganistán. Esto generó en todos los casos los efectos exactamente opuestos a los declamados, pero, como queda dicho, durante la administración del segundo Bush, la idea imperial parece haberse exacerbado en grados nunca vistos en ese país, aún tomando en cuenta el establecimiento anterior de bases militares en distintos puntos del planeta, ayuda militar como en los casos de Grecia y Turquía o intromisiones encubiertas a través de la CIA.

En otros términos, Estados Unidos fue copiando el modelo español. Copió su proteccionismo, luego su política imperialista, y ahora hacia comienzos del siglo XXI su Estado de bienestar, el que ya deja al Gobierno norteamericano con un Estado gigantesco, déficits públicos récord y una deuda que supera el 100% del PIB.

Un estudio de William Graham Sumner (1899/1951, págs. 139-173) nos es de suma utilidad al comparar el imperialismo español con el actual norteamericano, aun cuando sorpresivamente su escrito tiene ya varias décadas: “España fue el primero (…) de los imperialismos modernos. Los Estados Unidos, por su origen histórico, y por sus principios constituye el representante mayor de la rebelión y la reacción contra ese tipo de Estado. Intento mostrar que, por la línea de acción que ahora se nos propone, que denominamos de expansión y de imperialismo, estamos tirando por la borda algunos de los elementos más importantes del símbolo de América [del Norte] y estamos adoptando algunos de los elementos más importantes de los símbolos de España. Hemos derrotado a España en el conflicto militar, pero estamos rindiéndonos al conquistado en el terreno de las ideas y políticas. El expansionismo y el imperialismo no son más que la vieja filosofía nacional que ha conducido a España donde ahora se encuentra. Esas filosofías se dirigen a la vanidad nacional y a la codicia nacional. Resultan seductoras, especialmente a primera vista y al juicio más superficial y, por ende, no puede negarse que son muy fuertes en cuanto al efecto popular. Son ilusiones y nos conducirán a la ruina, a menos que tengamos la cabeza fría como para resistirlas”.

Y más adelante agrega (1899/1951, págs. 140-151): “Si creemos en la libertad como un principio americano [estadounidense] ¿por qué no lo adoptamos? ¿Por qué lo vamos a abandonar para aceptar la política española de dominación y regulación?”

Volviendo a la pregunta de esta nota, y debo decir -afortunadamente-, Estados Unidos ha evitado en este tiempo una intervención militar sobre Venezuela. Entiendo el llamado del presidente Trump a la comunidad internacional como una solicitud para reconocer a un nuevo presidente interino que llame a elecciones dado que Maduro no fue elegido legítimamente. Esto no es elegir al nuevo presidente de Venezuela. Esto es muy diferente a las intervenciones militares que ha desarrollado durante gran parte del siglo XX. Esperemos que Estados Unidos se mantenga en línea, esta vez, bajo el principio de no intervención.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

Los venezolanos ya votaron, con los pies

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 4/2/19 en: https://alejandrotagliavini.com/2019/02/04/los-venezolanos-ya-votaron-con-los-pies/

 

Solo en Colombia hay cerca de un millón de venezolanos que han huido del gobierno chavista dejando familia, trabajo, estudios y hasta propiedades. En Buenos Aires, el acento venezolano es cotidiano y, pocos días atrás, vi a una estudiante de la Universidad Central de Venezuela, que vivió en las calles porteñas hasta que una señora se apiadó y la llevó con ella, que vendía sus artesanías en el metro.

La opinión de estas personas, el “voto” de estos inmigrantes muchos de los cuales literalmente llegaron a pie, es más importante, mucho más real, que los que ponen una simple papeleta en una urna. Y cuantos más hubieran querido salir y no han podido. Es esta la peor crisis humanitaria de América Latina y bastaría este “voto con los pies” para que el chavismo deje el gobierno.

Pero el sistema político actual, global, es incoherente, por no decir perverso, y permite que se impongan gobiernos con semejante rechazo popular. Es que la “autoridad” de los Estados modernos se basa en el monopolio de la violencia -su poder militar y de policía- y la violencia solo puede acarrear, de un modo u otro, conflictos. En contraposición con el mercado donde las acciones resultan de acuerdos pacíficos y voluntarios entre las personas.

“Si no le gusta, preséntese a las elecciones y gane” argumenta el oficialismo, pero dicen eso, precisamente, porque saben que, de algún modo, lograrán ganar esas elecciones. En Venezuela, según denuncias de organizaciones como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional, muchos dirigentes de la oposición están impedidos de postularse, unos presos, otros inhibidos “legalmente” y el resto, en el exilio.

Así las cosas, Venezuela ha tenido dos poderes judiciales, dos Parlamentos y ahora dos presidentes El autoproclamado presidente, Juan Guaidó, al ser consultado sobre posibles intervenciones militares declaró que “todas las opciones están sobre la mesa”. Esperemos que no ocurra, que no sea violenta la solución y que, como el mismo dijo, se logre una pacífica.

El problema es que, obviamente, el chavismo no renunciará ya que, en este sistema perverso donde el “orden” se impone con sanciones violentas, se arriesga a severas condenas en el futuro. Por este motivo, Guaidó aseguró que ofrecería una amnistía a los militares y al gobierno. Pero esto es, como señala el jurista Ricardo Manuel Rojas, imposible en el sistema actual. Los delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, son imprescriptibles, no son susceptibles de perdón, amnistía o indulto.

En Argentina, hay precedentes: la ley de autoamnistía de los militares antes de dejar el poder en 1983, y las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, sobrevenido un gobierno civil, fueron anuladas y los acusados detenidos. Cualquier ley que se dictara para amnistiar o perdonar al chavismo, sería insalvablemente nula.

Y los tribunales venezolanos o la Corte Penal Internacional deberían proceder con independencia de dichas leyes. Y si algún país diera asilo, las órdenes de captura y procesamiento deberían seguir pendientes indefinidamente ya que estos delitos no prescriben, de modo que, apenas salgan de la frontera del país que otorgue el asilo deberían ser detenidos y llevados a juicio.

En fin, como dije, el sistema político basado en sanciones violentas, en la violencia, deberá ser revisado en el futuro, porque nos ha metido en un callejón sin salida.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Elecciones en Brasil: la democracia necesita recuperar confianza

Por Constanza Mazzina. Publicado el 9/10/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/10/09/elecciones-en-brasil-la-democracia-necesita-recuperar-confianza/

 

Con reglas electorales como las de nuestro país, hoy Jair Bolsonaro sería ya presidente electo de Brasil. El titular de algún diario diría: “Bolsonaro es el nuevo presidente” en lugar de “Bolsonaro a ballotage”. Sin embargo, en el país vecino, si ningún candidato se alza con la mitad más uno de los votos, se procede a la segunda vuelta. En cierto sentido, el sistema obliga a los candidatos a buscar mayorías, y si no las encuentran, a construirlas, por lo tanto, a formar coaliciones.

La sorpresa radica en la gran distancia que hay en esta primera vuelta entre el primero y el segundo candidato. Léase, que el segundo contendiente es el candidato del partido de Lula da Silva. ¿Son estos resultados realmente sorprendentes? América Latina muestra, desde hace algunos años, un deterioro de la democracia. El desencanto con la democracia se ha hecho presente y ha llegado para quedarse. ¿Son los lideres populistas hijos de los ciudadanos desinteresados y desencantados de y con la política? ¿Asistimos a una espiral ascendente entre apatía y populismo? ¿Perder la confianza en los políticos es sinónimo de perder la confianza en la democracia?

El informe de Latinobarómetro para el 2017 señalaba (sin referirse específicamente al caso que hoy comentamos, pero haciendo un déjà vu sobre los resultados que ahora conocemos): “Hoy la derecha y la izquierda compiten en una cancha más pareja que al inicio de la transición, poniendo a prueba el sistema de partidos (…) Da la impresión de que la izquierda también perdió el halo de superioridad moral que le daba ventaja al inicio de la transición, entrando como un competidor más a la cancha, y a veces siendo reemplazada también por independientes. El resultado de estos mayores grados de libertad de elección que se han tomado los latinoamericanos con una fuerte crítica al poder político”.

El mismo estudio mostraba que la percepción de la corrupción en Brasil para el 2017 se ubicaba en 7,4, donde 10 es mucha y 0 es ninguna. Para el mismo 2017, otra institución, Transparencia Internacional, señalaba que Brasil se encontraba en el puesto 94 del ranking —que encabeza Nueva Zelanda—, y comparte ese puesto con Zambia, Tailandia y Colombia, entre otros. El puesto 180, el final de la tabla, lo ocupa Somalia. Además, la media global de transparencia se ubica en 43,07 y Brasil medía en el índice de percepción de la corrupción (IPC) solo 37 puntos. Veámoslo así: un puntaje de 100 indica que la percepción es que no hay corrupción, un puntaje de 0 indica una percepción de la corrupción muy alta, Nueva Zelanda tiene 89 puntos, Somalia, 9.

Hace algunos años, Mainwaring y Pérez Liñán indicaban la importancia de lo que ellos llamaron la “preferencia normativa por la democracia”, esto es, el valor intrínseco de la democracia más allá de los resultados. El compromiso de los valores democráticos se expresa, por ejemplo, en el reconocimiento de la derrota electoral en lugar del cuestionamiento de sus resultados. Hoy, los resultados electorales de Brasil muestran que los ciudadanos están dispuestos a votar prospectivamente, es decir, por lo que el candidato promete que va a hacer, y que retrospectivamente ven lo que hizo el PT (nótese la mala elección de Dilma Rousseff) y por eso no lo votan (permítanme la simplificación). Pero, además, el desencanto democrático lleva a creer en soluciones providenciales.

El resultado muestra una crisis de confianza en los líderes y los partidos tradicionales, y a su vez, reflota la posibilidad de que alguien solucione mágicamente todos los problemas. Las sociedades que logran construir confianza son aquellas en las que sus líderes dan cátedra de ejemplaridad.

 

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE.

Camino al ballottage en las elecciones presidenciales colombianas

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 7/6/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2141656-camino-al-ballottage-en-las-elecciones-presidenciales-colombianas

 

La derecha, liderada por Iván Duque -el joven candidato de 41 años endosado por Álvaro Uribe- se impuso con mucha claridad en la primera vuelta de las recientes elecciones presidenciales colombianas. No obstante, al no obtener la mayoría, habrá necesariamente una segunda vuelta. Como se suponía, ciertamente. En Colombia flota ahora un clima de cierto suspenso, pero en general se descuenta la victoria de Iván Duque.

Curiosamente, esa segunda vuelta tendrá no dos, sino tres, actores principales. Los dos primeros son el mencionado Iván Duque, el hombre de la derecha, que obtuvo algo más de siete millones y medio de votos, esto es el 39,11% de los sufragios y Gustavo Petro, que -con un 25,09% de los votos- encarna la opción de la izquierda. Pero hay un tercero en discordia: Sergio Fajardo, el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquía, que fuera el candidato de la coalición de centro, que incluye a los “verdes”. Fajardo que no participará en la segunda carrera desde que sólo llegó tercero en la primera compulsa, cuenta con un sólido 23,8% del caudal total los votos, que será decisivo al tiempo de inclinar la balanza en la segunda vuelta, prevista para el 17 de junio próximo. Fajardo ganó en Bogotá, pero no fue “profeta en su propia tierra”, en Medellín, donde Iván Duque lo dobló en número de votos.

Aunque se suele decir -con razón- que “en Colombia nunca gana la izquierda”, lo de Gustavo Petro es una novedad, no menor. La izquierda tiene una posibilidad, aunque remota.

Por primera vez en 54 años los colombianos votarán sin que las FARC, que ya se han desmovilizado, combatan perversamente contra su gobierno en la selva colombiana. No obstante, la paz alcanzada con el acuerdo con las FARC no es total desde que el llamado ELN, cercano al gobierno cubano, todavía no ha depuesto las armas.

Las FARC, que en un comienzo pretendieron tener su propio candidato presidencial, desistieron de hacerlo al comprobar el rechazo generalizado que hoy reciben del pueblo colombiano.

Iván Duque -un abogado, educado en la Universidad de Georgetown, con poca experiencia política y una década de labor en el Banco Interamericano de Desarrollo- ha hecho una excelente campaña, duplicando los votos obtenidos por su sector político en el 2014. Se lo describe como el “rostro amable” del uribismo. Lo cierto es que ha cautivado a muchos colombianos, más allá de los seguidores “duros” del ex presidente Alvaro Uribe. El delfín del ex presidente Uribe obtuvo un muy fuerte apoyo en las regiones más afectadas por el conflicto armado interno, lo que ciertamente tiene su lógica.

En la primera vuelta electoral no hubo “polarización”, según lo demuestra la buena elección realizada por el mencionado “tercero en discordia”. Esto es, por el aludido Sergio Fajardo. Colombia mostró así un perfil prudente, sensato y nítidamente pluralista, que seguramente ha llegado para quedarse, al menos en esa franja de la política.

Durante la reciente campaña, Iván Duque prometió bajar impuestos y achicar al Estado. Gustavo Petro recurrió -por su parte- a un discurso de cambio, con el que propone reducir la “dependencia” del petróleo y del carbón, apostando en cambio por las llamadas “energías limpias”. Pero ocurre que Colombia es rica tanto en hidrocarburos, como en carbón. Sergio Fajardo concentró su atención en la educación, así como en la necesidad de luchar frontalmente contra la corrupción, de una buena vez. Por esto último, que el desprestigiado Ernesto Samper apoye a Petro, no lo ayuda, para nada.

En el debate político, como cabía esperar, la discusión incluyó la compleja relación de Colombia con los Estados Unidos. Gustavo Petro, que fuera un abierto y encendido admirador de Hugo Chávez- propuso alejarse del país del norte. Mientras que Iván Duque es partidario de mantener y consolidar una relación estrecha, que ciertamente impidió que -en su momento- Colombia cayera en manos del marxismo.

Si Petro de pronto ganara en la segunda vuelta, presumiblemente conformará un nuevo eje político en la región con dirigentes como el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Duque seguramente mantendrá una política dura respecto de Nicolás Maduro, el cuestionado presidente de la vecina Venezuela. Petro -que genera un importante rechazo social- presumiblemente será -en esto- más contemporizador. Ambos -cabe destacar- han rechazado cualquier intervención de carácter militar desde Colombia contra Venezuela.

La segunda vuelta electoral colombiana que se avecina, generará polarización. Por esto el rumbo político trazado de inicio por los candidatos seguramente se mantendrá, quienquiera sea el ganador de la segunda vuelta.

Iván Duque es el único candidato comprometido con intentar cambiar algunos puntos centrales del acuerdo de paz con las FARC. En su visión, no hace ningún sentido garantizar a los líderes de las FARC tribunas políticas en el Congreso colombiano, antes de que ellos hayan sido juzgados por la responsabilidad que les cabe en los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla colombiana. Hablamos de diez bancas “automáticas” en el Senado que han sido “reservadas” para ellos. Además, se rehúsa a considerar que los delitos del narcotráfico puedan formar parte de una amnistía, mientras promete, en paralelo, que priorizará la erradicación de los cultivos que alimentan al narcotráfico. Esto último requerirá un compromiso real muy importante, desde que Colombia es hoy el mayor productor de hoja de coca del mundo entero.

Los votantes están entonces divididos entre quienes ven en Iván Duque la estabilidad y la seguridad y entre quienes -en cambio- consideran a Gustavo Petro como una suerte de repentino mesías “equilibrante” en un país con un 27% de su población en la pobreza.

Pero, cuidado, los votos que prefirieron a Sergio Fajardo probablemente serán los decisivos y entre ellos están muchos que suponen que Gustavo Petro es muy poco más que un ególatra peligroso.

Pese a todo, no parecería difícil tratar de predecir quién será el próximo presidente colombiano: Iván Duque, que ha hecho una gran elección en la primera vuelta, tiene aparentemente posibilidades de lograr un resultado también triunfal en la segunda.

El viento económico que ahora le sopla a favor, también lo ayuda. Este año Colombia crecerá al 2,7% de su PBI. Y el año que viene, al 3,7% de su PBI. Y el déficit estructural del país es de sólo el 1,9% del PBI. Nada mal.

Las encuestas de última hora sugieren que Iván Duque tiene una ventaja bastante apreciable en las intenciones de voto: del orden de unos veinte puntos porcentuales. Amplia, entonces.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Venezuela votó por “más de lo mismo”

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 31/5/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2139534-venezuela-voto-por-mas-de-lo-mismo

 

Los venezolanos acaban de concurrir a las urnas en lo que parece haber sido una elección presidencial fraudulenta más. En la que -como suele suceder- se proscribió a algunos de los principales partidos opositores y encarceló a sus principales dirigentes.

Nicolás Maduro (rodeado de caras amenazadoras por parte de quienes vestían altos uniformes militares) fue inmediatamente declarado ganador. Sin perder un minuto de tiempo. Por ello se apresta a continuar gobernando a Venezuela por un nuevo período presidencial de seis años.

Su reelección ha sido -sin embargo- rechazada por prácticamente todos sus vecinos de la región: por Brasil, Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, Guyana y Santa Lucía.

Para nuestra región, Venezuela es ya una segunda Cuba, cuyos funcionarios, desvergonzadamente enquistados en el gobierno venezolano, han estructurado -con la estrecha cooperación de sus pares venezolanos-, un mecanismo perverso para que Cuba pueda recibir, “colgada” del mismo, buena parte de las divisas generadas por las exportaciones venezolanas de petróleo crudo. Por largo rato, cabe recordar, Cuba vivió “colgada” de la Unión Soviética. Hoy vive ordeñando a Venezuela. La noción de “no intromisión” ha sido pisoteada y desnaturalizada, a la vista de todos.

Las abstenciones de quienes tenían efectivamente derecho a sufragar en las elecciones venezolanas superaron largamente al número de quienes concurrieron a las urnas. Como se esperaba, ciertamente. El número de votantes, en una elección a la que una significativa parte del pueblo venezolano le diera la espalda, fue el más bajo desde la década del ’50. Menos de la mitad (tan sólo un 46%) de quienes estaban en condiciones de votar se acercaron a las urnas para hacerlo. Muchos de ellos por abstención voluntaria, a la manera de rechazo a Nicolás Maduro. Otros, por su estado de desilusión, convencidos de que votar no hubiera cambiado nada.

Venezuela continuará sufriendo. Su economía es hoy la mitad de lo que fuera en el 2013. Y, cada día, unos 5000 venezolanos dejan atrás a su patria y se exilian, en un éxodo que es tan conmovedor, como inocultable. Casi todos huyen hartos de la creciente escasez de alimentos y medicamentos que ha hecho ya imposible vivir en la normalidad. Y de la enloquecedora hiperinflación, que se estima llegará al 13.000% a fines del año en curso. Así como de los salarios mínimos de miseria, que hoy son del orden de los 2,5 dólares mensuales. A todo lo que se suma un nivel de inseguridad personal aterrador, que se ha vuelto realmente desesperante. Colombia y Brasil los están recibiendo en números crecientes, que ya preocupan a sus respectivas autoridades.

El país del caribe, que tiene las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo, ha visto caer su producción diaria de crudo de unos 2,4 millones de barriles, apenas cinco años atrás, a un millón cuatrocientos mil barriles, en la actualidad. Y el flujo continúa cayendo por obra conjunta de las sanciones económicas externas y del claro “des-manejo” que inunda la incompetente gestión de las autoridades locales, todo lo cual debe ser sumado a la cada vez más extendida corrupción, que ha infectado también a las exportaciones de petróleo y gas natural. El resultado de lo antedicho es una situación social intolerable, en la que sobrevivir no está garantizado a nadie.

Para hacer las cosas más graves, los Estados Unidos han aumentado las sanciones económicas que habían ya sido impuestas a Venezuela. Ahora serán sancionados todos quienes negocien o intermedien en títulos de la deuda venezolana y en créditos de cualquier tipo de ese país o de su enorme empresa petrolera estatal, PDVSA, cuyos activos están siendo embargados por quienes tienen derecho a hacerlo, incluyendo los contractuales, que han sido repudiados, ignorados o desconocidos por Venezuela.

Hasta la importación de los diluyentes necesarios para exportar el crudo pesado que produce Venezuela está comenzando a estar afectada. En lo que va del año el volumen de ventas de crudo venezolano ha caído ya un 23%.

A todo lo que se agrega la cada vez más difícil atención del servicio y repago una deuda externa del orden de los seis billones de dólares, cuyo cumplimiento se ha transformado en un signo de interrogación.

En ese ambiente caótico, Nicolás Maduro recibió (con fraude y todo) un millón y medio de voto menos que en el 2013, cuando fuera elegido por primera vez presidente de su país. Y eso que ató perversamente la obtención y el mantenimiento de los carnets que permiten acceder a las raciones de comida y a la prestación de varios servicios públicos a la comprobación de haber efectivamente votado a favor del gobierno.

Venezuela se apresta a vivir “más de lo mismo”, esto es a seguir viviendo encerrada entre el miedo y la desesperación. Su tragedia no parece estar cerca de un final que, de pronto, pueda cambiar el deplorable estado actual de las cosas.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.