Falacias que se reiteran sobre la idea de pobreza

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 10/4/2en: https://www.infobae.com/opinion/2021/04/10/falacias-que-se-reiteran-sobre-la-idea-de-pobreza/

Cuando comprendamos que el bienestar no depende de magias ni de decretos voluntaristas, recién entonces estaremos en condiciones de abrir las puertas al progreso, muy especialmente para los más necesitados

 Alexander Solzhenitsyn

Alexander Solzhenitsyn

Es sabido que pobreza y riqueza son términos relativos: todos somos pobres o ricos depende con quien nos comparemos. Pero en esta nota centramos la atención en aquellos que no tienen para atender sus necesidades básicas, un concepto que naturalmente remite a lo absoluto y deja de lado posiciones relativas. Sin duda un problema grave.

En este contexto caben distintas observaciones. En primer lugar, refutar la machacona idea de sostener que la pobreza así definida conduce a la delincuencia. Esta afirmación constituye un agravio para nuestros ancestros puesto que todos descendemos de las cuevas y la miseria más espantosa de lo que no se sigue que provengamos de delincuentes. Más aun, es muy frecuente constatar que personas muy modestas en su condición económica cultivan valores de respeto recíproco, mientras otros con ingresos suculentos revelan conductas inmorales por donde se los mire. En otras palabras, los principios éticos que se adoptan no tienen relación causal con el bolsillo, tienen que ver con el cultivarse como seres humanos.

En segundo término, se ha dicho que el populismo cala hondo en lugares pobres, lo cual no ocurre en zonas opulentas o que cuentan con ingresos mayores. Esto tampoco es cierto: antes que nada debemos percatarnos que los países ricos fueron pobres y no abrazaron el estatismo cuando se enriquecieron, de lo contrario hubieran seguido siendo pobres. Otra vez se trata de valores y principios que además de conducir a la decencia conducen a la prosperidad.

En tercer lugar, es pertinente subrayar que también se insiste que la pobreza invita a un clima de planes sociales lo cual atenta contra la cultura del trabajo. Sin duda que los llamados planes sociales -esto es la entrega por parte de los aparatos estatales de recursos sustraídos compulsivamente del fruto del trabajo ajeno- degradan la noción del propio esfuerzo al tiempo que crean dependencia malsana con políticos demagogos e inescrupulosos y acentúan inexorablemente la pobreza. Pero esto no es exclusivo de los pobres, a muchos ricos también los estatistas les otorgan planes sociales encubiertos, solo que con otro nombre: se llama proteccionismo aduanero, mercados cautivos, créditos subsidiados, exenciones fiscales, “salvatajes” de deudas, dádivas y privilegios de todo tipo a expensas de los trabajadores que no tienen poder de lobby.

Y ahora viene el tema de fondo, cuál es el procedimiento para reducir la pobreza. En otras oportunidades he escrito sobre este tema crucial pero se hace necesario insistir en vista de la reiteración de falacias en esta materia.

Los derechos individuales son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos y proceden de las características de la condición humana que requieren de facultades para usar y disponer de lo propio para poder seguir sus proyectos personales de vida. Igual que las rosas y las piedras, el ser humano cuenta con características que definen su especie. Nadie debe ser utilizado como medio para los fines de otros, puesto que el ser humano es un fin en sí mismo. Los “balances sociales” con la intención de establecer peculiares utilitarismos son del todo improcedentes y conducen a las mayores arbitrariedades como cuando se pretenden sopesar ventajas de mayorías circunstanciales frente a minorías indefensas. Los pseudoderechos son a todas luces contrarios al derecho.

Vivimos la era en la que se declama la defensa de los más necesitados pero simultáneamente se los afecta severamente con medidas altamente contraproducentes. Esto es así principal aunque no exclusivamente a través de las mal denominadas “conquistas sociales” que paradójicamente arruinan a los más vulnerables.

Según el Indec, la pobreza en la Argentina llegó al 42%Según el Indec, la pobreza en la Argentina llegó al 42%

Para comprender esta conclusión es menester aludir a la causa por la cual se elevan salarios e ingresos en términos reales. Se trata de lo que genéricamente se denomina tasas de capitalización que equivale a la inversión per capita, es decir instrumentos, maquinarias, equipos, instalaciones y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar rendimientos. A su vez, las inversiones provienen de ahorro interno y externo al país en cuestión, lo cual se maximiza en la medida en que se cuenten con marcos institucionales civilizados, en otros términos, el respeto a los derechos de propiedad de cada cual comenzando por la propia vida, la expresión del pensamiento y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente.

En este contexto se hace necesario apuntar acerca del peligro del mal uso del significado del término “inversión”. Este concepto se refiere a la estimación individual respecto a recursos propios en cuyo contexto el sujeto en cuestión valora en más rendimientos futuros respecto a los presentes y, por tanto, opta por abstenerse de consumir para ahorrar y siempre el destino del ahorro es la inversión (son dos caras de la misma moneda). Es del todo inapropiado aludir a “la inversión” cuando los aparatos estatales se apoderan del fruto del trabajo ajeno, en ese caso se trata de gasto que puede ser corriente o destinado a activos fijos pero en ningún caso tiene sentido pretender que se trata de una inversión por los motivos antes señalados. Si un fulano le arranca la billetera a otro, carece por completo de sentido decirle que se lo “invertirá” por más que ese fulano forme parte del aparato estatal o sea un privado, en el primero caso podrá justificarse o no el gasto pero en ningún caso se trata de un proceso de inversión. En el lenguaje cotidiano hay un uso y abuso del concepto de marras.

Hoy está de moda criticar acérrimamente a tal o cual dirigente sindical por sus conductas aberrantes pero se deja en pie la legislación que hace posible contar con sindicatos ilegítimos en lugar de asociaciones libres y voluntarias y se mantiene en pie la figura de los “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo de empleados para que no puedan usar sus pertenencias.

Una vez hechas estas aclaraciones queda claro que los salarios bolivianos resultan más bajos que los canadienses, no porque en el primer caso los empresarios son perversos y los segundos más generosos, se trata de tasas de capitalización distintas y eso hace toda la diferencia, lo cual no significa que las posiciones relativas sean irrevocables. Hay países que han tenido altas tasas de capitalización que luego han despilfarrado con lo que sus niveles de salarios han disminuido. Como queda dicho, todo depende de la calidad de los marcos institucionales imperantes.

En medios alemanes y estadounidenses prácticamente no existe servicio doméstico en los respectivos hogares. No es porque las amas de casa no requieran ayuda, es que las tasas de capitalización son de tal magnitud que no permiten contar con ese servicio pues deberían competir con salarios elevados en medios empresarios y equivalentes, situación que se torna imposible.

Es típico que en países de muy bajas tasas de capitalización, se lleven a cabo faenas como que a determinado sujeto lo abanican a la hora de la siesta cuatro personas, pero si esa misma persona se trasladara a una ciudad donde primen altas tasas de capitalización deberá abandonar de inmediato su costumbre pues los salarios para esa actividad resultan imposibles de afrontar.

Se ha mantenido erróneamente que los gobiernos deben regular contratos laborales puesto que “la desigualdad en el poder de contratación” pone de manifiesto que no resulta posible permitir que un millonario contrate con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, a fin de la semana o a fin del día. Este análisis adolece del grave defecto que no toma en consideración que resulta a todas luces irrelevante lo abultado o lo débil de las respectivas cuentas corrientes o de los patrimonios netos de quienes contratan. Lo relevante, lo decisivo son las tasas de capitalización que obligan a pagar los salarios de mercado. Si un millonario llega a un pueblo y averigua cuanto cuesta pintar su casa pero sostiene que como cuenta con un abultado patrimonio pagará la mitad, por definición no pintará su casa. No es atingente si la persona en cuestión es muy rica o si está quebrada, el salario para pintar su casa es el que marca la tasa de capitalización.

También debe tenerse en cuenta que si a igual trabajo un empresario decide pagar más de lo que marca las tasas de capitalización, por un lado tendrá mayor oferta de trabajo de la que necesita y por otro procederá a derrochar sus recursos con lo que de persistir en esta línea tendrá contados sus días como empresario.

Es necesario señalar que allí donde las contrataciones laborales son libres no habrá desempleo, es decir, sobrante de aquél factor esencial para prestar servicios y para producir bienes. Esta situación para el trabajador normal (no para el que, por ejemplo, se encuentra en estado vegetativo o padezca deficiencias de tal naturaleza que no le permiten hacer nada) ocurre independientemente de la pobreza más extrema o la riqueza más exuberante en que se encuentre el medio en cuestión. En el primer caso los salarios serán reducidos y elevados en el segundo por en ningún caso habrá sobrantes de ese recurso humano esencial.

En realidad se observa desempleo en diversos países porque los arreglos contractuales no son libres. Al contrario, aparecen las mal denominadas “conquistas sociales” que indefectiblemente provocan desocupación puesto esto sucede cuando por decreto se colocan los salarios monetarios o no monetarios por encima de lo que permiten las tasas de capitalización. Y esto no debe verse solo en cuanto a los trabajadores marginales, si por ley se colocan salarios superiores a los que obtienen gerentes de finanzas, de personal o gerentes generales, ellos quedarán desempleados.

Habitualmente aquellas mal llamadas conquistas sociales se decretan con la mejor buena voluntad con la idea de proteger a los más necesitados, pues es de gran importancia percatarse que los perjudican grandemente. Así, por ejemplo, el salario mínimo, por definición superior al de mercado, barre con los que más necesitan trabajar. También hay “conquistas” que constituyen insultos a la inteligencia como el caso argentino del aguinaldo, esto es, el mes trece, sin percibir que inexorablemente se están pagando menos durante los doce meses del año para poder hacer frente al treceavo mes. En realidad sería interesante poder decretar que el año tiene cuarenta meses pero eso no es posible y así con en resto de las tristemente célebres conquistas sociales.

De más está decir que el salario que establecen las tasas de capitalización no aparecen dibujadas en el cielo, hay que averiguarlo. De todos modos, pruébese contratar una secretaria por la mitad del salario de mercado y seguramente durará hasta la hora del almuerzo del primer día laborable pues se informará inmediatamente que está subvaluada.

Esto que estamos comentando va muy especialmente dirigido al fenómeno de robotización en curso que permite liberar recursos humanos y materiales para destinarlos a cubrir otras necesidades imposibles de contemplar hasta el momento debido a que esos recursos estaban esterilizados en las áreas anteriores. Como es sabido los recursos son limitados frente a necesidades ilimitadas. Si estuviéramos en Jauja y hubiera de todo para todos todo el tiempo desaparecería el problema del trabajo. El empresario para lograr nuevos arbitrajes está incentivado a capacitar personal en las nuevas actividades. Salvando las distancias, es lo mismo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo antes de los refrigeradores, o el fogonero antes de las locomotoras Diesel.

Los sindicatos como asociaciones libres y voluntarias juegan un rol apreciado por los afiliados lo cual implica la figura de la personería jurídica pero de ningún modo la figura fascista de la personería gremial que bloquea la libertad contractual. Del mismo modo, la huelga debe ser entendida como el derecho a no trabajar, lo cual se opone abiertamente a la intimidación y la violencia que dada tiene que ver con ese derecho.

Cuando comprendamos que el bienestar no depende de magias ni de decretos voluntaristas, recién entonces estaremos en condiciones de abrir las puertas al progreso, muy especialmente para los más necesitados. Tal como explica entre muchos otros Bruno Leoni, cuando comprendamos que el derecho no es fruto de la ingeniería social sino fruto de un proceso de descubrimiento, recién entonces comprenderemos el valor de marcos institucionales que garantizan el respeto recíproco. Recién entonces estaremos en condiciones de comprender el peligro del pseudoderecho.

Edmund Burke en 1756 escribió que “el disfrute seguro de los derechos naturales es el propósito último y más grande de la sociedad civil y por tanto toda forma de gobierno es solo buena si es consistente con ese propósito al que está enteramente subordinado”, lo cual, entre otros, fue tomado por Juan Bautista Alberdi en la publicación de su primer estudio de perspectiva jurídica en 1837 y luego en el contexto de su análisis económico en 1854. Esta es la manera de sacar a la gente de la pobreza y encaminarla al progreso: el respeto recíproco, en cuyo contexto es del caso recordar que en 2003 Alexander Solzhenitsyn resumió todo el problema del siguiente modo: “En diferentes lugares a través de los años he tenido que probar que el socialismo, que muchos pensadores occidentales dicen que es una especie de reino de justicia, es coerción, codicia burocrática, corrupción y avaricia”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Distintos nombres para el mismo delito

Por Gabriel Boragina. Publicado en:

Los tributaristas distinguen impuestos de tasas, pero para estas últimas caben las mismas consideraciones que respecto de los impuestos: en ningún supuesto se justifica la coerción y, en el caso de las tasas, si la “retribución” también es forzada será un robo de igual categoría que el latrocinio que el impuesto representa. Es cierto que pueden elaborarse cientos de teorías que justifiquen el robo (en este caso según quien sea el sujeto que hará las veces de ladrón) pero por mucho que los ladrones cambien, por muy refinados que resulten sus métodos, por muy importantes que sean unos delincuentes con respecto a los otros, el que roba será igual de ladrón como lo es cualquier otro ladrón.

Y el mandamiento de Dios “no robaras” se dio nada más y nada menos porque ya en aquel tiempo existían los ladrones.

Además de ser “prácticamente imposible determinar en qué proporción los servicios han beneficiado a cada contribuyente” como dice Goldstein[1], hay que tener en cuenta que el servicio en cuestión no llega a todos, por lo que, si bien todos pagan el impuesto por el servicio no todos lo reciben, es decir, el impuesto además de antieconómico es siempre injusto, y está injusticia no hay ningún modo de repararla excepto eliminando el impuesto de cuajo. No hay otra fórmula para solucionar este problema.

Por ejemplo, tomemos el caso de los ferrocarriles estatales argentinos, no llegan a todas las ciudades, pueblos y localidades del país sin excepción. Sin embargo, todos pagamos los impuestos para mantener un servicio del que solo “disfrutan” algunos (los que viven cerca de alguna estación de ferrocarril) y perjudica al resto de la población (los que viven lejos o viviendo cerca no tienen ni siquiera para pagar el pasaje, o no los usan por trabajar en sus domicilios o muy cerca de los mismos), o usan otros medios de locomoción más económicos, o de otro tipo. Otro ejemplo similar es el de la empresa de aviación Aerolíneas Argentinas y, en general, todas las actividades que -de una u otra forma- el gobierno ha tomado a su cargo o explota directa o indirectamente, con el agravante que el costo de mantener esas empresas y actividades supera con creces los ingresos que las mismas reciben, lo que hace que sistemáticamente sean deficitarias y arrojen pérdidas.

Si bien no es posible saber a quiénes benefician los servicios, si es posible saber que perjudican a una enorme mayoría de personas que no tienen disponible el mismo por razones de distancia o de costos.

“2* Teoría: el impuesto es “una prima de seguro por la prestación que hace el Estado”. Se halla inspirada en los principios individualistas de los filósofos Hobbes, Spinoza, Kant y los economistas fisiócratas, así como los políticos Montesquieu y Thiers. Las réplicas a esta teoría son también numerosas, y se inspiran generalmente en que el Estado moderno ya ha superado la etapa de la era producción de la seguridad de las personas y de los bienes, al decir de Flora, sino que realiza muchos otros fines. De ser exacta la teoría, infinidad de ciudadanos nada tendrían que pagar por concepto de impuestos al carecer de toda clase de bienes para asegurar. El Estado, por lo demás, conformándose a la teoría del seguro debería salvaguardar los bienes y las personas de quienes mejor retribuyen, en forma de impuestos, lo cual es inexacto. Un argumento más, en contra, desvanece la base misma de la teoría: el seguro está originado en un contrato; el impuesto en un mero deber.”[2]

Lo primero que sorprende él es rótulo de “individualistas” a los autores mencionados, en especial respecto de Hobbes. Claro que, tampoco se puede etiquetarlos de colectivistas. Pero si por “individualista” se entiende liberal es muy dudoso que aquellos autores encajen en este último concepto. Fuera de esto, la “producción de la seguridad de las personas y de los bienes” no es ni con mucho una simple “etapa” de una “era” sino que es la única función que cabría reconocerle al gobierno, lo que, como ya señalamos, en manera alguna justifica su monopolización por parte del mismo. Si se quiere admitir que el gobierno preste algunos servicios, debería hacerlo en competencia con el sector privado de la economía. Es cierto que lo que estos autores llaman “estado” (cuando quieren referirse a lo que no es más que el gobierno) “realiza muchos otros fines” pero, nuevamente, se tratan todos de fines que bien podrían ser llevados a cabo con mucha mejor eficiencia -y a menor costo- por la actividad privada, y que el gobierno efectúa arrogándose funciones que -con mucha ventaja- los particulares -solos o asociados- vienen cumpliendo desde hace siglos.

Ninguna razón, excepto la voracidad fiscal ya analizada, y el haber monopolizado el uso de la fuerza, hizo que el gobierno se apoderara de tales fines y actividades necesarias para llevarlos a cabo. Pero la voracidad fiscal por sí sola no hubiera conseguido que los aparatos estatales del mundo asumieran y monopolizaran fines y medios que -con gran ventaja, mejor provecho y a un costo infinitamente menor- venía desempeñando exitosamente la iniciativa privada.

Fue necesaria una prédica constante y paciente que comenzó en las escuelas primarias, se extendió a las secundarias, y después llegó -más temprano que tarde- a las aulas universitarias hasta hacerse y convertirse en ese pensamiento único que se llama estatismo. Es la doctrina que campea por doquier y se da por sentada en todas partes como la única “lógica”. Se resume en que el “estado” todo lo puede y lo debe, y es en base a este supuesto “deber” que sus teóricos lo han facultado a obligar a todos los ciudadanos a financiar ese “poder” y ese “deber”. Nada diferente a lema de Mussolini “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Este es, en suma, el único fundamento del impuesto. Pero como vimos, es un “fundamento” falaz, refutado con los contrafundamentos que hemos dado en este y en nuestro otro trabajo.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Fantasías tributarias

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/07/fantasias-tributarias.html

Tratando de justificar la importancia y necesidad de los impuestos se ha dicho lo que sigue:”Pero estos diversos empleos del impuesto son más o menos facultativos, mientras que la satisfacción de las necesidades de los funcionarios públicos, es indispensable. El impuesto es una parte de las rentas generales tomadas por la autoridad para la manutención del gobierno y de sus agentes y algunas veces para otros usos reputados de útiles para la comunidad”[1]Si de repente, viene un ladrón y me roba mi dinero, ningún principio de valoración voluntaria se cumple, porque dichas valoraciones desaparecen: el ladrón no me entrega ningún valor a cambio de la propiedad de la que me despoja. No me genera riqueza sino pobreza. Es lo mismo que pasa con el gobierno, que vía impuestos quita a un tercero de su riqueza y con el construye -por ejemplo- un puente. Este no constituye ninguna riqueza para el desvalijado que de haber podido retener su dinero lo hubiera destinado a sus necesidades (un reloj, comida, ropa, muebles, ahorros para su familia, etc.) lo que ya no podrá hacer porque el gobierno ladrón lo ha asaltado y le dio otro destino diferente al fruto de su trabajo.Nada que haga un tercero con dineros ajenos “forma riqueza”, porque destina fondos que no les pertenecen a destinos que el dueño de esos fondos no les hubiera dado. Y si eventualmente el propietario hubiera querido darles a sus dineros esos destinos no se justifica la violencia del despojo estatal. El ladrón puede gastar el dinero de su víctima, pero al no estar sacrificando nada propio sólo genera riqueza para sí y para nadie más. Lo propio sucede con el gobierno, cuando cobra impuestos se enriquece a si mismo (en rigor a sus integrantes) pero a nadie más. Es falso que enriquezca a la comunidad, esta se ha visto -en su conjunto- empobrecida con el impuesto.Cuando la gente necesita una ruta la construye con fondos privados espontánea y voluntariamente colectados e invertidos, por ejemplo, a través de cooperativas u otras asociaciones particulares. En estos casos esa ruta se computa como riqueza. Pero si la hace el gobierno ese gasto se traducirá en una pérdida para los que pagaron el impuesto para su construcción, lo que es algo contrario a la riqueza. Ello porque los desfalcados no querían una ruta, ya sea porque no se encontraba dentro de sus prioridades o no estaban en condiciones de mantenerla luego de construida, o no hallaban en condiciones de transitarla por no tener ningún vehículo para hacerlo o -sencillamente- vivir lejos de ella. Por ello, todo lo que se llama “obra pública” no es más que el nombre que se le da el resultado del saqueo que se le ha hecho a la gente.Si alguien quisiera objetar esto diciendo que rutas, caminos, puentes, viaductos son “necesarios” debería demostrarlo poniendo dinero de su bolsillo y colectar voluntariamente de sus semejantes (que opinen igual que él) el caudal necesario para construirlos, y no pedir que se les robe a las demás vías impuestos para hacer cosas que no se desean y -por lo tanto- no se estiman como “riquezas”.”Señala un escritor español que la noción de impuesto no siempre ha sido la misma, sino que ha variado profundamente de época a época y de pueblo a pueblo. Esto no es de extrañar, porque el impuesto, lejos de ser una “categoría absoluta”, un concepto meramente doctrinal —como pretenden algunos teoricistas— es, ante todo, un producto del medio social, una verdadera “categoría histórica”. El impuesto y el derecho de imponer están, en efecto, condicionados por una porción de circunstancias: constitución político social del país, régimen jurídico, costumbres, ideas dominantes, luchas de clases y de intereses, grado de desenvolvimiento económico, etcétera. De lo cual resulta: a) que los impuestos no pueden aislarse, sino que hay que considerarlos en relación con todas esas circunstancias; y b), que el estudio de los impuestos no es un simple problema financiero, sino que es siempre al mismo tiempo un problema político, ético, social, económico.”[2]Una nueva ensalada de palabras que solo apunta a confundir al lector y no arroja ninguna luz sobre la verdadera naturaleza del impuesto. Nosotros, claramente, nos enrolamos en la teoría de la “categoría absoluta” del impuesto, que el autor denosta sin fundamento a nuestro juicio. Ya lo explicamos muchas veces: el impuesto ha sido y sigue siendo sencillamente una exacción, un pillaje de riqueza (en todo o en parte) por métodos y vías coactivas que el gobierno realiza de manera impune, y aun con respaldo de leyes creadas por ese mismo gobierno contra gente indefensa, cuya única protección reside en resistir el atraco legal poniéndose al margen de la ley (creada por el mismo ladrón). No hay más secreto que este para desentrañar la verdadera naturaleza jurídica, política, ética, filosófica y económica del impuesto.Cualquier otra cosa que se diga respecto del cómo funciona la pretendía y risueña “categoría histórica” no son más que figuras distractoras que buscan sacar de foco el verdadero problema que representa la existencia del impuesto en tanto factor de atraso económico de los pueblos. Es cierto que sus nombres han cambiado en el curso de la historia. También lo es que sus métodos de recaudación, asimismo, han mutado. Pero más allá de como se lo haya llamado o querido llamar, y de quienes, y cómo los recaudaron y recolectan hoy día, en todas las diferentes etapas de la historia siempre se ha caracterizado por una constante: su carácter coactivo, el que nunca ha cambiado y aún conserva. Esta condición coactiva del impuesto (o como se lo quiera denominar) ha encontrado siempre amplio respaldo legal por parte del autoconstituido acreedor del gravamen: el gobierno mismo, que por sí mismo crea las leyes fiscales a las que hace obligatorias, y en las cuales fija severísimas penas contra quien o quienes osen siquiera eludir o evadir su pago.Si hay coerción hay impuesto, con absoluta independencia de épocas, tiempos, lugares, etc. Todo lo demás que se diga es verborragia pura.


[1]   Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.[2]   Goldstein, M. ibidem. Op. Cit.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Para qué sirven los impuestos?

Por Gabriel Boragina. Publicado en:  http://www.accionhumana.com/2020/04/para-que-sirven-los-impuestos.html

 

“…los totalitarismos no tienen mejor instrumento de opresión a su alcance que el régimen tributario, pues al arrancar de manos del que posee algo que es fruto de su sudor y de su esfuerzo, so color de tributo fiscal, introduce la amargura y la violencia que hacen germinar, casi siempre, el áspero fruto de la revolución.”[1]

Plausible reflexión, ya que, ¿qué otra cosa que el “arrancar de manos del que posee algo que es fruto de su sudor y de su esfuerzo” es el tributo fiscal? El impuesto es eso mismo, y su naturaleza no cambia, sea que se lo aplique en un régimen totalitario o en otro no-totalitario, porque en ambos sistemas lo que el impuesto tiene en común es su naturaleza forzosa, precisamente su imposición por sobre la libre determinación del ciudadano a pagarlo o no. Lo que diferencia a un régimen totalitario de otro contrario no es la existencia o no de los impuestos sino su cuantía y alícuota. Cuanto más altas son estas dos variables más totalitario es el régimen que las aumenta. Solo los regímenes anti totalitarios carecerían de impuestos, pero a la fecha no tenemos conocimiento de la existencia de ninguno. Lo único que determina cuando un impuesto es instrumento de opresión es el bolsillo de aquel del cual debe salir, sin importar cual sea el régimen político que impere donde vive.

“Desde el punto de vista político y económico, el economista Wagner admite las dos expresiones del derecho de imposición de los impuestos: la primera, política, nace de la necesidad social de subsistencia por lo cual se ha creado, por “derecho histórico”, la coerción para hacer efectivos los ingresos. Las finalidades son netamente financieras, o bien de política social, para reglamentar la repartición y empleo de las rentas y de las fortunas.”[2]

“necesidad social de subsistencia” es otra forma de designar aquellas supuestas “necesidades” del “estado” que ya hemos refutado antes. La sociedad provee a su propia subsistencia sin necesidad del impuesto, y no hay registro histórico de que la gente haya necesitado del impuesto para subsistir. Lo ha hecho sin impuestos durante siglos desde la creación del mundo, mediante la caza y la pesca al principio, la agricultura y ganadería después, y el comercio e intercambio de sus productos con sus semejantes hasta hoy.

El impuesto no ha desempeñado ningún papel en ese proceso, excepto el de obstaculizar primero y llegar a impedir después todo ese desenvolvimiento social natural que significó y continúa representando el libre comercio. Por el contrario, el impuesto no contribuye a la subsistencia social, sino que la ataca y entorpece.

Otro despropósito de la cita es el referido a un supuesto “derecho histórico” justificando “la coerción para hacer efectivos los ingresos”. No existe ningún “derecho histórico” en tal sentido, porque el derecho ha experimentado una lenta evolución a través de los siglos, y no ha tenido ni tiene un sentido univoco. Bastará recordar que en la antigüedad por “derecho” se consideraba la sola voluntad del líder, jefe, rey, monarca, emperador, y en el siglo XX la del Führer, el Duce o el secretario general del partido comunista soviético. A todo esto -en cada momento histórico- se lo llamó “derecho”. ¿a cuál “derecho histórico” de todos estos se refiere Wagner?

Por otra parte, que a lo largo de la historia los gobernantes hayan hecho recurrente uso de la fuerza para cobrar tributos no configura un “derecho” por ese simple motivo. El inicio del uso de la violencia -contra uno o muchos- nunca constituye un “derecho” sino lo contrario a derecho.

Utilizando el mismo “argumento” del autor, podría decirse -sin temor a equivocarse- que crímenes han existido desde Caín y Abel en adelante. Pero con ese “fundamento” no podemos convalidar un “derecho histórico al crimen”.

Ninguna “finalidad financiera” y menos aún de “política social” autoriza el uso agresivo de la fuerza contra terceros indefensos llamados irónicamente contribuyentes como si lo pagaran voluntariamente.

Si alguien necesita de la coerción para hacer efectivo el ingreso a sus arcas de dinero propiedad de un tercero, eso -desde que el mundo es mundo- se llama robo, atraco, latrocinio, desfalco, etc. porque, necesariamente, requiere de una imposición, es decir, de un acto de fuerza contra la voluntad del despojado. No cambia la cosa que el ladrón se haga llamar por todos “gobierno”, “estado”, “nación”, si roba será siempre un ladrón, con o sin título “legal”. Pero Goldstein no está de acuerdo y dice:

“Abonando estos conceptos expresa el profesor argentino A. Ruzo que, la “democracia tiene una relación esencial con un buen régimen tributario. Cuando el Estado impone al pueblo el sacrificio de una contribución monetaria o cuando el Estado crea un servicio público que él monopoliza y que por eso mismo lo hace obligatorio —como ocurre con el correo o las obras sanitarias, que está vedado explotarse como industria privada— ejercita una actividad propia de su soberanía, y este poder soberano de echar la carga sobre el pueblo, de arrebatar a los particulares una parte de su riqueza —lesionando así el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada y que en otras circunstancias se calificaría de confiscatorio— dimana de un mandato de la colectividad ejercitado por medio de sus representantes legales y que importa la decisión colectiva de hacer entrega al Estado de la parte alícuota del patrimonio particular, a fin de que pueda este cumplir con los objetivos para los que ha sido creado como entidad jurídica directiva que representa la sociedad.”[3]

Nuevamente aparece la confusión semántica (y conceptual) entre “estado” y gobierno. Es el gobierno y no el “estado” el que crea e impone el impuesto. Nosotros no estamos de acuerdo con que el gobierno establezca monopolios, ni mucho menos que los haga obligatorios, ya que ninguna -de ambas cosas- son “necesarias” o “necesidades” del “estado” (para seguir usando la terminología de los autores que se vienen citando en los pasajes estudiados). Tampoco concordamos con que la creación de monopolios obligatorios sea “una actividad propia de su soberanía”, ni aun cuando estuviera determinado en una Constitución política, como ha sido el caso de varias naciones, y la de la Argentina misma con la tristemente recordada “constitución” de 1949. No existe ningún poder soberano “de echar la carga sobre el pueblo, de arrebatar a los particulares una parte de su riqueza—lesionando así el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada”, porque de admitirse tal dislate no habría límite alguno para tal supuesto “poder soberano”, y así como decide arrebatar una parte puede -con el mismo “argumento”- decretar arrebatar el todo, incluyendo las libertades individuales, y no sólo las riquezas que ellas producen.

[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem. Op. Cit.

[3] Goldstein, M. ibidem. Op. Cit.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Argentina: El chantaje al progreso

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 25/2/16 en: http://independent.typepad.com/elindependent/2016/02/argentina-el-chantaje-al-progreso.html#more

 

Días pasado, el sindicato de camioneros de Argentina, ha impedido que instituciones financieras puedan utilizar la modalidad digital para enviar a sus clientes los extractos de cuentas bancarias. Los representantes sindicales justifican su proceder argumentando que, sus sindicados, verían disminuida su actividad a partir de la correspondiente reducción en el uso del correo postal. Los cambios en las preferencias y elecciones de la gente, acarrean cambios en los mercados de bienes y servicios. Cuando esto sucede, invariablemente, salen al rodeo los sectores afectados para pedirle al gobierno mercados cautivos, trabas y barreras artificiales con la finalidad de proteger sus negocios ineficientes o perimidos.

Una traba artificial en el mercado, no solo coarta libertades básicas e involucra al gobierno en un rol ajeno a sus funciones, sino que también crea el caldo de cultivo propicio para la corrupción. Por otro lado y desde el punto de vista económico, las decisiones políticas – léase, ajenas al mercado-, distorsionan la estructura de precios y desorienta la asignación de recursos. Para el caso que nos ocupa, la traba lograda por el sindicato de camioneros, envía al mercado la falsa señal de que la gente prefiere la versión papel del extracto de cuenta y está satisfecha con el servicio postal para la recepción de su documentación bancaria. De este modo, se cohíbe la inversión y la innovación en ese aspecto de la actividad, no porque se trate de un mercado ya satisfecho, sino porque nuevas ofertas y la competencia están artificialmente bloqueadas.

El economista francés Frédéric Bastiat, con su reconocible sátira, ensayó un irónico reclamo de los fabricantes de velas dirigido a los burócratas de la época. En la petición, se solicitaba que se estableciera una ley que obligue a que todas las casas de la ciudad a cerrar sus puertas, ventanas y posibles hendiduras durante el día. La demanda argüía que la industria de velas, sufría del sol una competencia desleal.

No se puede pretender que nada cambie y, a la vez, disfrutar de los beneficios del progreso ya que, el crecimiento y la prosperidad, lleva implícito un cambio. Los adelantos permiten mejorar la oferta de bienes y servicios y éstos conllevan alteraciones en las prioridades del consumidor. Miles de empresas conocieron y conocerán la bancarrota por no ser capaces de percibir, con la anticipación y lucidez suficientes, las variaciones en las preferencias de la gente. Los consumidores, en las diarias transacciones que hace en el mercado, está constantemente quitándole poder a quienes considera que no satisfacen sus necesidades para transferirlo hacia quienes lo hacen eficientemente. Si pretendemos utilizar la fuerza y la coerción para que, quienes vendían barras de hielo antes de la invención de la heladera doméstica mantengan sus clientes, no habrá heladeras.

En la condición imperfecta del ser humano, el trabajo es un recurso escaso por excelencia. La robótica, por tomar un ejemplo, además de optimizar recursos con economías de escala, permite destinar energía del hombre para atender otras necesidades que antes no podían ser satisfechas debido a las previas tasas de capitalización. Solo en un mercado abierto y libre existen los incentivos suficientes para que el destino de los recursos y su intensidad, vayan en dirección a las necesidades que la gente, al momento, considera insatisfechas.

 

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

Las encuestas, las urnas y una genuina rebeldía

Por Eduardo Filgueira Lima. Publicado el 28/11/15 en http://www.cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2015/10/las-encuestas-las-urnas-y-una-genuina.html.

 

En las recientes elecciones presidenciales los resultados distaron mucho de ser los previstos por las innumerables encuestas realizadas.

Las encuestas de opinión son una forma de investigación muy utilizada en ciencias sociales. Habitualmente se toma en consideración que si su metodología, su representatividad muestral y los métodos de evaluación son los adecuados es esperable cierta aproximación (aún estimando algún margen de error), pero en todos los casos su índice de confianza debería ser mayor del 95%.

Sin embargo este no fue el caso respecto de los pronósticos previstos por las consultoras para las recientes elecciones.

Dejando de lado que muchas empresas que las realizan son en realidad operadores políticos que intentan incidir sobre la opinión pública, esta consideración no se da en todos los casos. Lo relevante fue la gran dispersión (entre si) de los pronósticos por un lado y por otro que los mismos hayan estado muy alejados de los resultados finales.

Tanto es así que pareció evidente que incluso resultaron una sorpresa para los mismos candidatos. Nadie esperó el nuevo escenario.

No es el caso de introducirnos en el amplio campo de la metodología de la investigación en ciencias sociales, pero si en lo que cabría para explicar en la medida de lo posible, el comportamiento de la acción colectiva.

Los individuos tomamos decisiones todos los días, en las más diversas cuestiones, en infinitos temas y de diferentes formas. Y no en todos los casos nuestras decisiones son las mismas, entre lo que unos y otros deciden, como también pueden llegar a ser diferentes a las que uno mismo ha tomado en diferentes momentos.

Lo que debe considerarse es que las decisiones que cada uno toma son siempre subjetivas y están reguladas por la valoración de la utilidad marginal que cada uno otorgue a las consecuencias de su decisión, aunque en ello también se debe atender que otros aspectos (Ej. emocionales, psicológicos, culturales, conocimientos, etc.) que también forman parte importante en la toma de decisiones, lo que supone una conducta de racionalidad condicionada.

En 1651 Thomas Hobbes publicó su obra más conocida Leviatán, en el que nos dice: “..los hombres en apariencia suelen ser más iguales que desiguales, y es por ello que pueden desear las mismas cosas,… lo que los conduce a un estado de guerra permanente en su lucha por ellas,..(…)…el estado de guerra no es deseable para los hombres, porque en tal estado de naturaleza, no pueden dedicarse a sus tareas de la industria y el comercio,…(…),…el primer objetivo de los hombres es la búsqueda de la paz, pero ello supone que declinarán sus armas y su actitud de guerra,…(…),…para que la paz sea garantizada por el poder absoluto del monarca que velará por ella, cuidando la vida y seguridad de sus súbditos,..”

Estos párrafos merecerían muchas consideraciones. Por ejemplo que para Hobbes parecería que el hombre es más egoísta que cooperativo, aunque resulta contradictorio que sea de tal forma si es que necesita dedicarse al comercio y a la industria y a las tareas que pueden hacer su vida mejor, para lo que inevitablemente necesita intercambiar y cooperar con otros ya que ello es un supuesto inevitable en un orden social en el que producir, comerciar e intercambiar solo puede darse entre más de uno y aún en muchos casos –asumiendo su propio egoísmo– de él resulta que con sus acciones y decisiones puede aún sin proponérselo beneficiar a otros[1].

Lo anterior nos conduce a pensar que de la misma forma que sucede la espontánea búsqueda de equilibrio en el mercado, por la toma de infinitas decisiones que a cada momento asumen los individuos para sus intercambios, la sociedad encuentra “su” equilibrio en las infinitas decisiones que muchos individuos toman en cada momento, en un proceso dinámico y complejo, cuyo sustrato son sus preferencias, y su agregación nos presenta un resultado social.

Este proceso cuyo dinamismo es incontenible en el mercado se encuentra en el mismo en una búsqueda permanente pero asintótica de un equilibrio que nunca alcanza. Salvo que uno pudiera en un momento determinado detener ese proceso y decir: “aquí,.. ahora,.. y en estas condiciones –y solo para este proceso– este es el punto de equilibrio”.

Las elecciones son precisamente eso: lo que no se puede hacer (imposibilidad fáctica) en el mercado, en la vida social se detiene (asumamos esto como una figura teórica) el proceso dinámico de interacción, para poder decir “este es el punto de equilibrio que la sociedad ha preferido –como expresión de “preferencias agregadas”– en este momento, en estas circunstancias y para esta decisión,..”

Si por ejemplo hablamos de la paz, seguramente todos la valoramos y deseamos vivir en esa condición. Eso no quiere decir que la paz sea igualmente importante para todos, ni que todos entiendan la paz de la misma manera.

Para algunos la paz puede en la valoración de sus preferencias ser una condición de máxima importancia y para otros una condición relativa y hasta puede ser intrascendente o incluso (en un grado menor) lo sea algún grado de violencia o agresión. Me refiero a la diferente intensidad de la valoración de preferencias individuales.

Pero aún existiendo las diferencias, el valor de la paz y el menor grado de violencia o agresión posibles, son de suponer lo deseable o preferible en el ciudadano medio. Porque ello –retomando a Hobbes– permite a cada uno hacer su vida más útil y provechosa, para dedicarse al comercio, a su vida, a su familia, al ocio, y a todo tipo de intercambios que le permitan llevar adelante su propio proyecto de vida.

Y para ello Hobbes supone un contrato implícito entre gobernantes y gobernados, en que los primeros garantizan esa primera condición: convertirse en garantes de la paz.

Y recurro a su concepción solo de manera metafórica ya que soy de la opinión que las instituciones nacen y evolucionan hacia un orden social espontáneo[2] producto de infinitos intercambios entre los ciudadanos, que los gobernantes no pueden controlar,.. aunque sin límites lo intenten.

De cualquier forma bien vale la metáfora del contrato hobbesiano para explicar que lo acontecido en nuestra sociedad es mayoritariamente valorado como una forma de ruptura o incumplimiento de ese hipotético “contrato” por el gobierno, asunto que J. Locke legitima como una genuina rebelión social ante el soberano que no responde al mandato de los ciudadanos.[3]

Porque el gobierno en sus formas –como intermediario entre el Estado y los ciudadanos, lo que modela la democracia[4]– ha ejercido esa intermediación imponiendo una forma u otra, en mayor o menor medida, la oposición de unos contra otros, tanto como que la violencia, la agresión, o la descalificación sean moneda corriente.

El gobierno ha perseguido desde los medios adictos o afines, los oficiales, hasta el atril de la Casa de Gobierno, o las cadenas nacionales, todas las formas posibles de agresión y descalificación a todo aquel que no se aviniera a sus deseos, a todo aquel que apenas pusiera en duda sus decisiones o sus “verdades”.

También existió coerción y coacción contra empresas que intentaron publicar sus propias estadísticas. Contra otras empresas hubo multas y persecución selectiva por el organismo de control impositivo. Como objetivos de su acción fueron a su vez los medios de comunicación y los periodistas críticos. O la coacción sobre la Justicia. Toda apreciación perdió legitimidad e ingresó en el campo de la duda, incertidumbre, carencia de autenticidad, certeza o respondía a oscuros intereses.

Y todo ello para sostener –sin ninguna disidencia– su relato épico, su forma de ver la realidad, que solo concibe a la sociedad (como lo hiciera C. Schmidtt) entre buenos y malos, ellos y nosotros: los que adhieren a nuestras ideas que son “nacionales” y “populares” y defienden a la gente (y de ello se ocupa el gobierno) y por otro lado los enemigos que son cipayos, explotadores, enemigos del pueblo, que lucran con las necesidades de la gente,..

Esta visión simplista y binaria del comportamiento de los individuos y de la sociedad, se ha impuesto y legitimado “de arriba hacia abajo”, como producto de similar origen y consecuencias que las que Hayek nos expone es su obra La fatal arrogancia[5] y ha sido en extremo dañina para la convivencia social.

De esta forma se ha perdido la noción de cohesión en pos de objetivos que pudieran –aunque fuera solo en parte– significar intereses que ofrezcan oportunidades de encuentro en puntos comunes de coincidencia para el individuo medio de nuestra sociedad. La sociedad en su conjunto fue maltratada.

Para muchos (por agregación de sus preferencias), pueden pensar que esta situación no solo no tiene importancia sino que a su vez es necesaria para mantener el liderazgo de quien propone y manda, y/o para mantener el relato épico, y/o para mostrar que la sociedad hobbesiana está presente y es justa porque los habilita a luchar por una verdad que consideran absoluta y omnipresente –que es solo la suya– y que en ellos tiene a sus defensores: los gladiadores. Y esa guerra les abona el ideario patriótico.

Sin dudas estas circunstancias conducen a una sociedad partida, a una sociedad en conflicto, a una sociedad en confrontación permanente, a un status social hobesiano, que solo supone la lucha de “nosotros vs. ellos”, que no conduce a nada, salvo la pérdida de la paz.

Si para Hobbes el estado de naturaleza imponía la paz como requisito pre-social y pre-político, de similar manera para muchos otros –y según mi opinión la mayoría– la paz es una condición y prerrequisito para lograr sus objetivos de vida y su pérdida significa su imposibilidad o un riesgo para lograrlos.

La forma de ejercicio del poder impuso a nuestra sociedad una convivencia fragmentada, y temerosa. Temor que extendió al vecino, al amigo o al familiar, o incluso a hablar libremente (incluso a las encuestadoras), porque las represalias estaban en la violencia, la descalificación o la agresión en cualquiera de sus formas y podían provenir de cualquier lado.

Los gladiadores, custodios del relato y la epopeya, se convertían en verdugos.

Los ciudadanos de a pié sintieron así amenazada hasta su propia libertad,..(y no siempre es cuestión de armarse para la guerra), sucedía que casi sin advertirlo (y entrando en el mismo juego), la misma ansiada paz se había esfumado. Algunos ya habían advertido de este proceso que denominaron “la grieta”.  Y estas son variables (dificlmente identificables) que no pueden recoger las encuestas con total fidelidad y de allí a su error de cálculo hay solo un paso. Eso no invalida las encuestas; solo da cuenta de sus limitaciones.

Y los ciudadanos tuvieron que optar. Las elecciones hicieron un “corte transversal” en la vida social, para preguntarles por sus preferencias agregadas y en una sociedad lastimada, las expresiones fueron muchas, pero la preferencia agregada, en función de la utilidad marginal esperada, hizo optar a la mayoría por quienes le permitían no solo un cambio, sino la esperanza de recuperar la paz. Una genuina rebeldía en el sentido lockeano.

En la Argentina se respira ahora un aire nuevo.

La mayoría espera que la sociedad hobbesiana –en estado de guerra y crispación permanente– sea en poco tiempo solo un lejano e ingrato recuerdo.

 

[1] Smith, A. “Una investigación y causa de la riqueza de las naciones” (1776)

[2] Heyk, F. “Derecho, Legislación y Libertad”. (1976)

[3] Locke, J. “Segundo tratado sobre el gobierno civil” (1689)

[4] Strasser, C. “La democracia y lo democrático” (1991)

[5] Hayek, F. “La fatal arrogancia”. (1988)

 

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.

El tema impositivo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 20/9/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7497

Hoy en día se han violado normas elementales y el monopolio de la violencia que denominamos gobierno se ha vuelto en general tan adiposo que atropella a quienes teóricamente lo contrataron para su protección y, en lugar de ello, el mandatario ha mutado en mandante.

Lo primero para entender el significado de los impuestos es comprender que el aparato estatal está al servicio de la gente y que, por ende, los burócratas son meros empleados de los habitantes del país de que se trate. Esta subordinación de los agentes estatales a quienes residen en una nación se concreta en la obligación de los primeros a proteger y garantizar los derechos de los segundos, derechos que son anteriores y superiores a la misma existencia de los gobiernos.
 
Mientras progresa el debate sobre externalidades, bienes públicos y el dilema del prisionero, aparece necesario el impuesto que como su nombre lo indica es consecuencia del uso de la fuerza al efecto de cumplir con la misión específica anteriormente señalada. Subrayamos esto último, no se trata de que el Leviatán se arrogue facultades y avance sobre las libertades individuales. Este es el mayor de los peligros, por ello en la larga tradición constitucional se han puesto vallas y límites diversos al poder.
 
Hoy en día se han violado normas elementales y el monopolio de la violencia que denominamos gobierno se ha vuelto en general tan adiposo que atropella a quienes teóricamente lo contrataron para su protección y, en lugar de ello, el mandatario ha mutado en mandante. Como se ha dicho en el contexto de la tradición estadounidense, tal vez haya sido un error denominar “gobierno” a la entidad encargada de velar por el derecho del mismo modo que al guardián de la propiedad de una empresa no se lo denomina “gerente general”. Cada uno debe gobernarse -es decir, mandarse a si mismo- y, en esta etapa del proceso de evolución cultural (nunca se llega a una instancia final), las personas delegan esa protección en el agente fiscal.
 
De todos modos, es de especial interés destacar que cuando los aparatos estatales se arrogan facultades y atribuciones impropias para estrangular libertades (incluso con el apoyo de mayorías circunstanciales), forma parte de la mejor tradición liberal ejercer el derecho a la resistencia, en este caso, recurrir a la rebelión fiscal, cuyo origen se remonta a la independencia norteamericana que dio pie al experimento más extraordinario en lo que va de la historia de la humanidad. Más aun, se justifica dicha rebelión fiscal cuando no solo los gobiernos invaden áreas que no les corresponde sino cuando no prestan los mínimos servicios para los que fueron contratados, léase una pésima atención a la seguridad y la justicia, campos que habitualmente incumplen los políticos en funciones. En esta línea argumental, en todos lados se observan campañas electorales en las que nuevos candidatos prometen cambios en cuanto a la eliminación de la recurrente corrupción y poner manos a la obra respecto a la prestación de los servicios de seguridad y justicia siempre deteriorados en mayor o menor grado.
 
No solo hay dobles y triples imposiciones, sino que nadie entiende cuanto debe pagar debido a que las legislaciones tributarias son incomprensibles y fabricadas para que surja esa curiosa especialización de los “expertos fiscales”. Si los impuestos resultaran claros y fueran pocos, aquellos especialistas podrían liberarse para dedicarse a actividades útiles.
 
Hemos sugerido antes sustituir todos los impuestos por dos tributos: uno del valor agregado que no solo cubre la base más amplia posible sino que el sistema implícito de impuestos a cargo e impuestos a favor reduce la necesidad de controles. Por otra parte, es conveniente complementar el anterior con un gravamen territorial al efecto de que paguen quienes no viven en el país en el que tienen propiedades, las que también requieren la debida protección. Hoy en día, en lugar de aplicar el principio de territorialidad, es decir, cobrar impuestos a quienes requieren los servicios de protección en la jurisdicción del gobierno en cuestión, se aplica el principio de nacionalidad al efecto de perseguir al contribuyente donde quiera se encuentre aunque el perseguidor no le proporcione servicio alguno en el exterior. En verdad, este último principio es el de voracidad fiscal.
 
Ambos impuestos, el del valor agregado y el territorial no deben ser progresivos. Como es sabido, la progresividad significa que la alícuota progresa a media que progresa el objeto imponible. A diferencia de los gravámenes proporcionales, el progresivo obstruye la necesaria movilidad social, altera las posiciones patrimoniales relativas ya que contraría las indicaciones del consumidor en el mercado con sus compras y abstenciones de hacerlo y se traduce en manifiesta regresividad puesto que los contribuyentes de jure al disminuir sus inversiones reducen salarios e ingresos en términos reales de los más necesitados.
 
Es en verdad llamativo que muchos de los gobiernos que asumen, en el mejor de los casos centran su atención en la caja para lo que suelen incrementar más aun los impuestos, al tiempo que continúan comprometiendo patrimonios de futuras generaciones a través de la deuda pública, sea interna o externa y mantienen o aumentan el deterioro del signo monetario vía procesos inflacionarios que es otra forma de tributación. Y todo ello para financiar un gasto siempre creciente.
 
Antes de la Primera Guerra Mundial el gasto estatal sobre el producto oscilaba entre el dos y el ocho por ciento. En la actualidad el Leviatán consume desde el cuarenta hasta el setenta por ciento de la renta disponible. En cuanto a la presión tributaria, Agustín Monteverde ha producido un notable trabajo referido al caso argentino que resulta muy ilustrativo respecto a lo que venimos comentando. A continuación lo que transcribo proviene de ideas y procedimientos consignados en el mencionado ensayo.
 
Entre otras muchas cosas, dice Monteverde que para calcular el peso de los impuestos naturalmente deben incluirse todos, sean nacionales, provinciales y municipales y también los que llevan otros nombres como “tasas”, “contribuciones”, “retenciones”, “aportes previsionales”, “seguridad social”, “obras sociales” y demás subterfugios que suelen enmascarar tributos. También subraya el autor que, a estos efectos, no debe inflarse el producto agregando cálculos de lo que se produce en el mercado informal o “en negro” ajeno a buena parte de los barquinazos del “blanco” y, en este contexto, tampoco debe incluirse en el producto bruto interno los impuestos (como cálculo de los “servicios” prestados) ya que no tiene sentido relacionar impuestos con los mismos impuestos en el numerador y en el denominador de la ratio correspondiente.
 
Monteverde concluye que, en el momento de su estudio, la presión fiscal argentina era nada menos que el 58, 9 %, pero de viva voz manifestó que estaba actualizando el trabajo y que el nuevo resultado arrojaba el escalofriante guarismo de 63 % sin incluir el impuesto inflacionario, todo en el marco de los degradados “servicios” que son del dominio público que constituyen una afrenta al sentido común y un despiadado ataque al fruto del trabajo ajeno.
 
Aunque no lo tengo a mano, recuerdo un sesudo y muy bien documentado artículo de hace tiempo de Roberto Cachanosky en el que llegaba a la conclusión que la presión impositiva argentina era del 60%, y ahora Agustín Etchebarne, centrando su atención en un trabajador que en suelo argentino percibe 5.000 pesos mensuales, resulta que el gobierno le arranca el 53% de su propiedad. En todo caso, cualquiera de los ensayos serios en la materia revelan un abuso superlativo al contribuyente que muy lejos de servirlo lo exprime cual limonero y no se extermina el árbol solo porque el fisco se queda sin renta…¡vaya consideración a quienes teóricamente contratan empleados para que los protejan en sus derechos!

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.