¿EL ABORTO, ES ABORTO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Es verdaderamente inaudito que a esta altura del siglo xxi se ponga en duda el hecho de la vida humana en el seno materno y, por ende, se niegue la equiparación de ese ser con el resto de las personas y, consecuentemente, se le niegue el derecho a la vida, el primero y más fundamental de los derechos individuales inscripto en todas las normas de convivencia civilizada.

 

Debo reiterar parte de lo que he apuntado antes sobre la materia. Antiguamente no se establecía conexión causal entre el acto sexual y la procreación. Actualmente, la microbiología muestra que desde el instante en el que el óvulo es fecundado hay una célula única, distinta del padre y la madre, un embrión humano que contiene la totalidad de la información genética (ADN o ácido desoxirribonucleico). Una persona que tiene la carga genética completa, una persona en acto que está en potencia de desarrollar sus características futuras, del mismo modo que el adolescente es una persona en acto y en potencia de ser eventualmente anciano.

 

En el momento de la fusión de los gametos masculino y femenino -que aportan respectivamente 23 cromosomas cada uno- se forma una nueva célula compuesta por 46 cromosomas que, como queda dicho, contiene la totalidad de las características del ser humano.

 

Solo en base a un inadmisible acto de fe en la magia más rudimentaria puede sostenerse que diez minutos después del nacimiento estamos frente a un ser humano pero no diez minutos antes. Como si antes del alumbramiento se tratara de un vegetal o un mineral que cambia súbitamente de naturaleza. Quienes mantienen que en el seno materno no se trataría de un humano del mismo modo que una semilla no es un árbol, confunden aspectos cruciales. La semilla pertenece en acto a la especie vegetal y está en potencia de ser árbol, del mismo modo que el feto pertenece en acto a la especie humana en potencia de ser adulto. Todos estamos en potencia de otras características psíquicas y físicas, de lo cual no se desprende que por el hecho de que transcurra el tiempo mutemos de naturaleza, de género o de especie.

 

De Mendel a la fecha, la genética ha avanzado mucho. Luis F. Leujone, el célebre profesor de genética en La Sorbonne escribe que “Aceptar el hecho de que con la fecundación comienza la vida de un nuevo ser humano no es ya materia opinable. La condición humana de un nuevo ser desde su concepción hasta el final de sus días no es una afirmación metafísica, es una sencilla evidencia experimental”.

 

La evolución del conocimiento está inserta en la evolución cultural y, por ende, de fronteras móviles en el que no hay límite para la expansión de la conciencia moral. Como ha señalado Durant, constituyó un adelanto que los conquistadores hicieran esclavos a los conquistados en lugar de achurarlos. Más adelante quedó patente que las mujeres y los negros eran seres humanos que se les debía el mismo respeto que a otros de su especie.  Hoy en día los llamados abortistas, en una macabra demostración de regresión a las cavernas, volviéndole la espalda a los conocimientos disponibles más elementales y encubriendo las contradicciones más groseras, mantienen que el feto no es humano y, por tanto, se lo puede descuartizar y exterminar en el seno materno.

 

Bien ha dicho Julián Marías que este brutal atropello es más grave que el que cometían los sicarios del régimen nazi, quienes con su mente asesina sostenían que los judíos eran enemigos de la humanidad. En el caso de los abortistas, no sostienen que aquellos seres inocentes e indefensos son enemigos de alguien. Marías denomina al aborto “el síndrome Polonio” para subrayar el acto cobarde de liquidar a quien -igual que en Hamlet– se encuentra en manifiesta inferioridad de condiciones para defenderse de su agresor.

 

La secuencia embrión-mórula-balstoncito-feto-bebe-niño-adolecente-adulto-anciano no cambia la naturaleza del ser humano. La implantación en la pared uterina (anidación) no implica un cambio en la especie, lo cual, como señala Ángel S. Ruiz en su obra sobre genética “no añade nada a la programación de esa persona” y dice que sostener que recién ahí comienza la vida humana constituye “una arbitrariedad incompatible con los conocimientos de neurobiología”. La fecundación extracorpórea y el embarazo extrauterino subrayan este aserto.

 

Se ha dicho que la madre es dueña de su cuerpo, lo cual es del todo cierto pero no es dueña del cuerpo de otro. Se ha dicho que el feto es “inviable” y dependiente de la madre, lo cual es también cierto, del mismo modo que lo son los inválidos, los ancianos y los bebes recién nacidos, de lo cual no se sigue que se los pueda exterminar impunemente. Lo mismo puede decirse de supuestas malformaciones: justificar la matanzas de fetos justificaría la liquidación de sordos, mudos e inválidos. Se ha dicho que la violación justifica el mal llamado aborto, pero un acto monstruoso como la violación no justifica otro acto monstruoso como el asesinato. Se ha dicho, por último, que la legalización del aborto evitaría las internaciones clandestinas y antihigiénicas que muchas veces terminan con la vida de la madre, como si los homicidios legales y profilácticos modificaran la naturaleza del acto.

 

Entonces, en rigor no se trata de aborto sino de homicidio en el seno materno, puesto que abortar significa interrumpir algo que iba a ser pero que no fue, del mismo modo que cuando se aborta una revolución quiere decir que no tuvo lugar. De más está decir que no estamos aludiendo a las interrupciones naturales o accidentales sino a un exterminio voluntario, deliberado y provocado.

 

Tampoco se trata en absoluto de homicidio si el obstetra llega a la conclusión -nada frecuente en la medicina moderna- que el caso requiere una intervención quirúrgica de tal magnitud que debe elegirse entre la vida de la madre o la del hijo. En caso de salvar uno de los dos, muere el otro como consecuencia no querida, del mismo modo que si hay dos personas ahogándose y solo hay tiempo de salvar una, en modo alguno puede concluirse que se mató a la otra.

 

Se suelen alegar razones pecuniarias para abortar, el hijo siempre puede darse en adopción pero no matarlo por razones crematísticas, porque como se ha hecho notar con sarcasmo macabro, en su caso “para eso es mejor matar al hijo mayor ya que engulle más alimentos”.

 

Es increíble que aquellos que vociferan a favor de los “derechos humanos” (una grosera redundancia ya que los vegetales, minerales y animales no son sujetos de derecho) se rasgan las vestiduras por la extinción de ciertas especies no humanas pero son partidarias del homicidio de humanos en el seno materno. La carnicería que se sucede bajo el rótulo de “aborto” constituye una enormidad, la burla más soez a la razón y al significado más elemental de la civilización.

 

La lucha contra este parricidio en gran escala reviste mucha mayor importancia que la lucha contra la esclavitud, porque por lo menos en este caso espantoso hay siempre la esperanza de un Espartaco exitoso, mientras que en el homicidio no hay posibilidad de revertir la situación.

 

Estremecen las historias en donde por muy diversos motivos y circunstancias hubo la intención directa o indirecta de abortar a quienes luego fueron, por ejemplo, Juan Pablo II, Andrea Bocelli, Steve Jobs, Cristiano Ronaldo, Celine Dion, Jack Nicholson y Beethoven. Por supuesto que no es necesario de que se trate de famosos para horrorizarse frente al crimen comentado. Todos los seres humanos son únicos e irrepetibles en toda la historia de la humanidad. Cada uno posee un valor extraordinario y no puede ser tratado como medio para los fines de otros puesto que es un fin en si mismo.

 

Lo dicho es la razón por la que en las normas de países civilizados se destaca el derecho a la vida de las personas en el seno materno y desde la concepción. El eminente constitucionalista Gregorio Badeni ha enfatizado este punto en el ilustrativo caso argentino. Así explica Badeni los siguientes seis puntos. Primero, el autor del Código Civil de 1871, Dalmasio Vélez Sarfield, apunta en su nota al artículo 63 que “las personas por nacer no son personas futuras pues ya existen en el seno materno”. Segundo, el artículo 70 de ese código “establece que la vida de las personas comienza desde su concepción”. Tercero, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución argentina “impone la protección de la niñez desde el embarazo”. Cuarto, el artículo 4 inciso primero de la Convención Americana “citada en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Ley Fundamental, y que tiene jerarquía superior a las de las leyes del Congreso, prescribe que el derecho a la vida está protegido desde la concepción”. Quinto, la ley 23.849 “establece, con relación a la Convención sobre los Derechos del Niño, que en la Argentina reviste ese carácter toda persona desde su concepción y hasta los 18 años de edad”. Y sexto, el Código Penal establece “entre los delitos contra la vida (artículos 85 a 88), sanciona a quien cause un aborto con dolo o culpa, a los médicos, parteras y farmacéuticos que provoquen o cooperen en causar un aborto y a la propia madre que produzca o consienta su propio aborto. La pena prevista, considerando las circunstancias agravantes de cada caso, es la prisión de 6 meses a 15 años”. Concluye Badeni en su escrito de 2001 que “para la legislación argentina, la vida de las personas comienza antes de su nacimiento y el aborto es un homicidio”.

 

En estos contextos debe tenerse muy presente la indispensable responsabilidad que es perentorio que asuma cada cual al mantener relaciones sexuales y no solo vinculado al importante tema matrimonial. Hay infinidad de métodos que evitan el embarazo, no es cuestión de tomar el asunto frívolamente y luego arremeter contra una vida. Va de suyo que este comentario sobre la responsabilidad individual no se aplica al caso espantoso y repugnante de la violación sobre lo que ya nos pronunciamos más arriba o, en línea equivalente, la aberración indescriptible del incesto forzoso, pero en las relaciones voluntarias se comprueba una enorme dosis de irresponsabilidad y cinismo superlativo.

 

Para cerrar esta nota periodística, es pertinente subrayar que, tal como escribe Niceto Blázquez -doctor en filosofía y en psicología médica- “la escalada mundial del aborto legalizado es un fenómeno extraño de última hora, más o menos desde la segunda guerra mundial en adelante para los países social-comunistas y sus satélites” y se detiene a considerar muchos casos históricos de sociedades consideradas “primitivas” que castigaban lo que se denomina aborto en la parla convencional, comenzando desde el Código de Hammurabi más de mil setecientos años antes de Cristo. Marcamos al abrir esta nota que en la antigüedad no había necesariamente noción del nexo causal entre el vínculo sexual y la aparición de la prole, pero si había clara idea de la vida en el seno materno, de allí la tendencia a los castigos  y reprimendas a los que atentaban contra esas vidas. Ahora la “modernidad” en gran medida se inclina por arrojar al basurero a seres humanos indefensos. Es de desear que esto cambie radicalmente puesto que remite a las bases más elementales de la sociedad civilizada.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

LEYES DE ABASTECIMIENTO Y DE ANTITERRORISMO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

No soy muy afecto a escribir sobre coyunturas por dos motivos. Primero, porque la mayoría de los columnistas lo hace y segundo porque sostengo que al efecto de influir sobre el pensamiento de fondo hay que trabajar sobre las ideas, valores y principios que están detrás de tal o cual coyuntura. Limitarse a exhibir la coyuntura se circunscribe a un trocito de la realidad del caso sin explicar nexos causales que permiten entender los daños o los beneficios de tal o cual política ni permiten contar con un panorama más amplio para escudriñar lo que ocurre.

 

El relato de la coyuntura no escarba en el fondo del asunto, se limita a mostrar el suceso lo cual ni siquiera puede interpretarse si no se dispone de un adecuando esqueleto conceptual. Más bien es pertinente subrayar que la buena coyuntura se dará por añadidura si se comprende y comparte la teoría que permite corregir lo que haya que corregir. “Nada más práctico que una buena teoría” ha dicho Paul Painlavé. Hay una alarmante escasez en el debate de ideas y un sobrante de comentarios superficiales de coyunturas.

 

Si embargo, hay coyunturas de tal gravedad que no puede eludirse su mención lo cual simultáneamente requiere detenerse en la explicación de su significado en cuanto a ideas, valores y principios que acarrean. En este caso se trata de las recientes declaraciones del gobierno argentino. Me refiero a las aplicaciones de la leyes de abastecimiento y de antiterrorismo.

 

En el primer caso, es el resurgimiento de la norma autoritaria impuesta en el tercer período presidencial de Perón en 1974 reeditando medidas similares de sus dos gobiernos anteriores (leyes de “agio y especulación”) con la que había amenazado varias veces durante su tercer mandato antes de ser finalmente promulgada en su gobierno,  también fue utilizada primero como amenaza por el último gobierno militar para luego establecer precios máximos, en los hechos vuelta a aplicar la ley de abastecimiento por el ex Secretario de Comercio de la actual gestión gubernamental, ley que ahora se proyecta modificar acentuando aun más la grosería estatista. Se trata de una norma que permite al aparato estatal clausurar, multar, incautar mercadería, imponer márgenes operativos y precios, allanar sin orden judicial actividades comerciales, industriales y agropecuarias (es decir, confiscaciones de facto).

 

Resulta cansador (agotador) tener que reiterar los efectos devastadores de tales normas, las cuales vienen fracasando estrepitosamente desde 18 siglos antes de Cristo con el Código de Hammurabi y 300 años antes de Cristo en la época de Dioclesiano en la Roma antigua y siempre con la intención de encubrir los desaguisados generados por los gobiernos a través de controles absurdos que ellos mismos imponen y la falsificación monetaria que provocan.

 

Veamos sumariamente los efectos que generan los precios máximos (“precios cuidados” le dicen ahora en los pasillos burocráticos argentinos) ocurridos en todos lados y en todas las circunstancias que en las que se han aplicado.

 

Primero, al bajar artificialmente el precio se expande la demanda. Segundo, sacando una fotografía de ese instante por el hecho de incrementarse la demanda no aumenta la oferta por lo que aparece faltante artificial. Tercero, los productores marginales (los menos eficientes) incurren en quebrantos por lo que se retiran del mercado. Cuarto, debido a lo señalado en el punto anterior se contrae la oferta con lo cual se intensifica el referido faltante artificial. Quinto, se alteran los precios relativos convirtiendo a otros reglones en más atractivos artificialmente (es decir, los bienes sujetos a los precios máximos son generalmente de primera necesidad y, sin embargo, aparecen artificialmente como menos atractivos debido a los precios políticos achatados). Y sexto, surge el mercado negro al efecto de abastecer el mercado (con precios que incluyen la prima por el riesgo de operar en ese campo).

 

En no pocas ocasiones se sostiene que en medio de una catástrofe debe hacerse una excepción e imponerse precios máximos. Por ejemplo frente a una epidemia se sugiere establecer precios máximos a productos farmacéuticos. Pero incluso en este caso lamentable, si el aparato estatal se entromete estableciendo precios máximo se reproducirán los efectos apuntados. En otros términos, debido a esa política no estarán disponibles los fármacos para los que lo demandan (demanda es necesidad más poder de compra) y no solo eso sino que se estará comprometiendo el futuro ya que por lo dicho disminuirá la oferta, lo cual significa que se estará matando a más gente. Es que cuanto más desesperante sea la situación, más razón para que los precios pongan de manifiesto la realidad. En resumen, las leyes de “abastecimiento” desabastecen.

 

Por otra parte los “precios” políticos no son precios, son simples números que dicta la autoridad ya que un precio expresa las valorizaciones cruzadas entre compradores y vendedores. El llamado precio político no es relevante al efecto contable o para la evaluación de proyectos. Cuanto más se aparte del precio real, menor será la posibilidad de cálculo económico.

 

La otra ley aludida -la antiterrorista- promulgada por el Parlamento argentino en 2007 y ampliada en 2011 e incrustada en el Código Penal se refiere a varios asuntos como para ocultar el eje central de esa norma cual es las penas por “aterrorizar a la población”, pero henos aquí que no apunta a terroristas (como algunos pone-bombas de los que han ejercido y ejercen funciones gubernamentales sin haber redimido sus delitos) sino que hace de operación pinza con la ley de abastecimiento para combatir a los que se oponen al gobierno o los que no proceden del modo que agrada a los gobernantes sin que las personas a las que se pretende aplicar esta ley hayan cometido delito alguno, esto es,  sin que se hayan lesionado derechos de terceros.

 

Esto se ve por la aplicación en línea con esa norma en el caso de un periodista de Santiago del Estero y se constata con el caso de una empresa que se declaró en quiebra y por tanto ha debido despedir a su personal (cuando hay operaciones fraudulentas, es otro el canal comercial y penal que pretender por la “ley antiterrorista” que el tribunal revoque el auto de quiebra). Ahora parece que esto -anunciado con bombos y platillos por cadena nacional- quedará sin efecto debido a que el ridículo resultó patente, pero de todos modos el anuncio debe poner en guardia a empresarios que por la difícil situación por la que atraviesa el país se vean amenazados por tener que despedir personal, a protestas varias que intentan ser bloqueadas y, debido a reiterados ataques a la prensa independiente, debe poner en guardia periódicos que con sus informaciones fidedignas pueden “aterrar a la población”.

 

Lo que verdaderamente aterra es la conducta de los actuales gobernantes que han acentuado el populismo que viene aplicándose en el país desde hace siete décadas. El gasto público astronómico, los impuestos insoportables, el déficit astronómico, la inflación galopante y las regulaciones asfixiantes provocan terror en la población diariamente junto con la inseguridad también aterradora lo cual se extiende a no pocos ámbitos de la justicia.

 

Es por cierto muy desafortunado que hayan “constitucionalistas” que se pronunciaron contra la ley antiterrorisata en el sentido de que “no aplica” al caso de la mencionada empresa que se declaró en quiebra y se retiró del país, puesto que lo que no aplica es la existencia misma de semejante ley en el aspecto referido.

 

Estas dos leyes propias de un gobierno autoritario tienen su raíz más cercana en el chavismo con los horrendos efectos que son del dominio público. Estos ataques a las bases de la sociedad abierta deben ser repelidos con la mayor energía. Lamentablemente se ha visto la cobardía de muchos empresarios-aplaudidores (muchos pseudoempresarios amigos del poder que operan sustentados en privilegios y mercados cautivos que explotan a la gente) y respecto al rol esencialísimo del cuarto poder, da tristeza que ciertos periodistas mendiguen pautas oficiales de publicidad a raíz de la discriminación desde el poder, en lugar de combatir la existencia fascista de agencias estatales de noticias, tema sobre el cual personalmente he mantenido discusiones fértiles con algunos editores.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Confusión de causas y efectos:

Por Carlos Alberto Salguero.

Los controles de precios son argumentos tan poco originales como inefectivos a la hora de contener la indomable carrera ascendente del precio de los bienes. En verdad, medidas de este tipo,  fundadas en supuestas buenas intenciones de los gobernantes de turno, no advierten las causas del fenómeno sino, lo que es peor, las confunden con los efectos que el mismo provoca. Así, un mal diagnóstico, en lugar de resolver el problema, terminará por agravar la situación. 

Desde los tiempos más remotos, los gobernantes y sus funcionarios han tratado de controlar sus economías. La noción de que existe un precio justo para determinados bienes, un precio que puede y debe ser impuesto por el gobierno, es, en apariencia, contemporáneo con el nacimiento de la civilización. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, el primero de los grandes códigos de derecho, impuso en Babilonia hace unos 40 siglos un rígido sistema de controles de precios. Dichos controles restringieron la producción y distribución, y ahogaron el progreso económico del Imperio, quizás por varios siglos.

Los gobernantes de la antigua China compartían la misma filosofía paternalista que se encontrara entre los egipcios y babilonios y que, más adelante,  sería adoptada por los griegos y romanos. Naturalmente, en todos los casos, los resultados fueron similares, devastadores. Mirando hacia atrás, una y otra vez, lo que se advierte es la historia ineficaz de los intentos gubernamentales de controlar la inflación regulando precios, sin embargo, resulta claro que se trata de una ley de la economía que muchos líderes políticos no han aprendido hasta hoy.

El miércoles 22 del corriente se hizo un anuncio para extender los controles de precios que estableció el gobierno, a partir del 1 de junio y hasta agosto, por el cual los supermercados no podrán aumentar el precio de 500 productos. La denominada campaña “Mirar para cuidar” consiste en disponer de las fuerzas políticas y juveniles con el fin de controlar que se cumpla el plan. La mandataria pidió además colaboración a los intendentes y, en alusión a los empresarios, dijo: “Parece ser que cuando aumentan los precios los aumentan (Guillermo) Moreno o Cristina Kirchner; los que ponen los precios son ustedes”.

Frente a estas afirmaciones deben aclararse, en principio, dos cosas: qué es un precio y qué, no lo es. Un precio es un tipo de cambio que se establece a través de acuerdos libres y voluntarios entre oferentes y demandantes de los bienes en cuestión. Por lo tanto, los precios reflejan la interacción de las partes involucradas en las respectivas transacciones. Se trata, precisamente, de la consecuencia del proceso de intercambio.  Es decir, son simples fenómenos accidentales de hombres que intentan mejorar, todo lo posible, su situación económica. Ahora, cuando este proceso se desvirtúa, por cuanto la voluntad de oferentes y demandantes es reemplazada por el arbitrio de un funcionario público, el sistema de precios deja de operar y su esencial función de transmitir información es reemplazada por otra entidad, el precio político o,  en este caso, el precio máximo.

Lo que se busca con estas medidas es ocultar el deterioro del poder adquisitivo del dinero con origen en la expansión monetaria. No obstante, los precios políticos, como ha mostrado la historia, lejos de resolver la cuestión notablemente la empeoran.

En primer lugar, abaratar artificialmente determinados bienes origina un exceso de demanda, es decir, se produce un desbalance respecto del precio que limpia el mercado  puesto que el  grupo de bienes depreciados estará disponible para un mayor número de compradores.  Por ese motivo, se producen colas y frustración resultantes del faltante artificial. Luego, las empresas menos eficientes o productores marginales, ante la imposibilidad de producir un precio inferior al de mercado, deben retirarse de la actividad lo que contrae la oferte y profundiza el faltante.  Finalmente, la consecuencia más grave de la intervención se materializa en la mala asignación de los siempre escasos recursos productivos, atrayendo capitales donde no resultaba prioritario invertir y ahuyentándolos desde el destino que el mercado estableció para ser atraídos. Por lo tanto, la medida que persigue el noble fin de proteger al consumidor, de precios presumiblemente exorbitantes, termina por perjudicarlo ya que entre los principales efectos se encuentran: faltantes en el momento presente, disminución de la producción futura y dispendio de los recursos productivos.

Lo que amenaza desde adentro la estructura de nuestra economía y de nuestra sociedad es el avance incontenible del Estado y la erosión del valor del dinero. Existe entre ambos un estrecho vínculo originario de sus causas comunes y de su refuerzo mutuo. Los dos se inician lentamente, pero al poco tiempo el ritmo se acelera y el peligro se acrecienta. La dificultad estriba en que es extraordinariamente difícil lograr que se oiga la voz de la razón antes de que sea tarde. Los demagogos sociales emplean las promesas de gobiernos populistas y de la política inflacionaria para seducir a las masas, y cuesta prevenir a la gente, de modo concluyente, acerca del precio que todos habrán de pagar al final. Ambos, son expresión de la relajación de aquellos principios morales firmes que otrora se aceptaban como incuestionables.

Los grandiosos planes para regular son presentados con gran estruendo y enormes esperanzas pero, a la luz de los acontecimientos, se despiden desvanecidos en el anonimato, en el mejor de los casos.

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), Profesor Titular en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.