Los intereses que esconde el supuesto “derecho a ofender”

Por Jose Benegas. Publicado el 9/2/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/02/09/los-intereses-que-esconde-el-supuesto-derecho-a-ofender/

Discriminación

Discriminación

Desde hace varios años la libertad de discutir en ámbitos académicos en Estados Unidos se ha visto restringida por una teoría de la sensibilidad hacia los “discursos de odio”. Cualquier cosa que pueda suponer que existe un prejuicio, es considerado odio y debe protegerse a los estudiantes de recibirlo. En este esquema termina cayendo todo lo que contraríe la ingenuidad de los estudiantes, en el peor de los casos es una manera de privar de espacio a todo discurso que no legitime la intervención “buenista” del poder en la vida de la gente.

La idea de safe space (espacio seguro), ese lugar donde no se escucharán los discursos de odio, es una forma establecida de censura previa, lo que además de afectar el campo de la libertad de la persona impide la discusión de ideas controvertidas, que tal vez sean las más importantes de conocer en el lugar donde las ideas son la materia prima. No se puede subir a un ring de box a cuidarse de no ser lastimado. Las ideas pueden afectar convicciones personales muy profundas pero contrariar a alguien no es dañarlo. Nadie tiene derecho a no verse impactado por ideas que lo puedan escandalizar. El escándalo no es un acto ilícito, no afecta derechos. Encima es completamente inútil ¿De qué serviría prohibir la enseñanza de qué cosa es el marxismo que sabemos el tipo de régimen que genera y a cuánta gente ha dañado? Conocerlo es poder discutirlo. Esto no quiere decir, siempre en el ámbito académico, que no haya formas establecidas de convivencia y modos de discutir.

A la vez que este fenómeno se reproduce aparece una visión conspirativa contra los estudios de género y de por qué las nuevas generaciones los han incorporado con mayores márgenes de tolerancia hacia gente distinta (no binaria). Los que sostienen que eso viene de un plan maléfico quieren llevar la victimización respecto de esta cosa de los safe space más allá del derecho a la libre expresión o de la libertad que debe haber en un ámbito de estudio. Así ha aparecido como un producto de la filosofía de redes sociales y en respuesta a lo otro algo llamado “derecho a ofender”, que termina siendo un polo opuesto a lo anterior pero que se le termina pareciendo. Veamos.

Ofender es agredir. No somos carne y hueso, por lo tanto circunscribir el problema del respeto a los derechos del otro a lo estrictamente físico es una manera de habilitar agresiones que en sí mismas pueden ser graves o incluso abrir la puerta a cosas peores una vez que el repudio se ha instalado de modo público.

De no ser así, cosas que no son ofensas sino que afectan a algo incluso externo al individuo, como el hurto, la estafa, o el incumplimiento de la palabra empeñada, no deberían tener consecuencias jurídicas. Bastaría con que la fuerza legítima -después está el problema de si estatal o no- fuera aplicada a detener o responder a un ataque al cuerpo.

La razón para sostener que la ofensa no es libre no es metafísica, es jurídica en un sentido práctico y concreto. El sistema político busca resolver y prevenir conflictos. El derecho penal está para ocuparse de los más graves, mientras que el civil apunta a los demás con consecuencias, procedimientos y garantías diferentes. La agresión verbal es tan potencialmente generadora de conflictos como cualquier ilícito y las personas reclaman su ámbito de respeto para renunciar al uso de la violencia, sobre todo como respuesta más allá del inmediato ejercicio del derecho de defensa. El sistema lógicamente le pide al sujeto que no reaccione por sí mismo sino que recurra a procedimientos legales que deben existir.

La expresión verbal o escrita es libre y debe estar exenta de censura previa. Pero la expresión genera responsabilidad. Incluso responsabilidad contractual. Si alguien da su consentimiento libremente expresado en un contrato, hasta en uno matrimonial, eso tiene consecuencias que se harán cumplir llegado el caso. Todo el derecho contractual existe por asignarle valor y consecuencias jurídicas a la expresión libre. Que haya responsabilidad por lo que se dice no obsta para nada a la existencia de la libertad de expresión.

Volviendo a la ofensa, no cualquier cosa debe ser considerada de ese modo. Las calumnias requieren unos presupuestos, como asignarle una conducta criminal a un sujeto, las injurias afectan directo al honor sin que impliquen la imputación de un acto delictivo hacia la otra persona. Ambos son delitos cometidos con la expresión y no afectan a la libertad de decir lo que se quiere, sino al uso de la expresión para causar un daño. Las circunstancias y el encuadre deben establecerse en un procedimiento legal y en la experiencia de resolver estos casos se van elaborando principios que ayudan a resolver las zonas grises, que siempre las habrá.

En los últimos años, hablando del periodismo como caso particular y de la actividad de los funcionarios que comprometen un interés público en la verdad y se sienten agraviados, se establece un obstáculo al progreso de una acción de este tipo que es la necesidad de probar la real malicia del periodista, es decir, que se le impone al que se queja demostrar que el artículo, o la manifestación verbal ofensiva, tenían la intención de ofender, de producir el daño al honor de la persona. Pero la ofensa claramente está sancionada como tal y eso responde a los principios del liberalismo más clásico. Además existe una acción civil de reparación en la que el ojo no está puesto en la intención sino en el daño causado por una expresión injusta.

La ofensa que tendrá consecuencias jurídicas no es cualquiera. Una crítica no puede ser considerada una ofensa con consecuencias jurídicas, incluso una crítica hecha de mala fe o completamente equivocada. Eso tiene un remedio que es la desmentida y si ésta no alcanza a mitigar los efectos hay que aguantarse las opiniones ajenas. Podría ser el caso de que la crítica sea acertada, con lo que no hay nada que objetar, o que fuera opinable, o que simplemente no tuviera entidad, teniendo en cuenta la circunstancia de que convivimos y tiene que haber un margen de tolerancia a lo que se nos dice en el que después me voy a detener, porque acá creo que está el problema.

Cuando hablamos de libertad de ofender ya no estamos diciendo que una persona expresa una visión de algún problema y que ésta pudiera herir los sentimientos de alguien, que sería una consecuencia no querida de la manifestación. Se lleva la regla al punto en que ofender no tiene consecuencias, con lo que se carga la muy buena evolución jurídica del concepto de honor y otras consecuencias por su afectación.

Los sistemas totalitarios llevan adelante prácticas que se han llamado de “asesinato de la reputación” de disidentes, que después de ocurridas colocan a la persona en un estado de virtual muerte civil. Y nadie las ha tocado, solo las han ofendido de manera pública y sistemática.

Lo central es que por querer reforzar el derecho a la libre expresión cuando se la pone en duda y se la ataca simplemente para imponer un punto de vista, esté acertado o no, no se caiga en el error de igual tamaño de sostenerla como un “derecho a ofender”, que se para en algo así como legitimar a la real malicia en cuanto tal. De hecho pareciera que esta inversión de las cosas de fundamentar una posición viene de grupos que quieren organizar políticamente a la real malicia, pero se declaran ellos mismos ofendidos porque no se los deja ofender o se les critica que lo quieran hacer. Parece haber un reclamo de un safe space para ofender, lo que hace más absurdo el planteo todavía.

La ofensa con consecuencias jurídicas está influida por este concepto complicado de “moral pública”. Pero no me refiero a cualquier cosa, sino a que no es lo mismo decirle a alguien que sale mucho de noche en una sociedad mormona del siglo XX que en un grupo de jóvenes de una gran ciudad en nuestra época. Para extremar un poco el ejemplo, no es lo mismo decirle a un señor que es cazador de leones hoy, que haberlo hecho hace cuarenta años. Es muy diferente afirmar que alguien tiene cucarachas en su casa, que en su restorán. La capacidad ofensiva de lo que se dice no es meramente subjetiva, está influía por circunstancias.

Por la misma razón no es lo mismo decirle a un alumno que está siempre despeinado, que decir algo para socavar la reputación de alguien que hace un proceso doloroso de identificarse a sí mismo de un modo disidente con lo que entendemos son las formas de una mujer o un hombre estereotipados, independientemente de su sexo. Justo lo que las teorías de género permiten resignificar como pura libertad humana.

No es lo mismo decirle incluso a alguien que no nos gusta su cara, que decirle que no nos gusta su raza, o el sexo al que se siente atraído en una sociedad donde hay “clósets” asumidos como la normalidad. No es igual tener prejuicios que convertirlos en ofensa o, peor, en método de repudio público colectivo.

Del mismo modo tampoco es igual ese tipo de agresión al planteo en ámbitos de discusión intelectual de este conflicto. Lugares como universidades donde el objetivo es hacer avanzar el conocimiento incluso de áreas donde se juegan sentimientos humanos complicados como la psicología o la antropología de género. Como tampoco es igual la actividad de un periodista que está expuesto ante el poder intentando hacer conocer al público verdades que debe conocer y el chimenterío al que se llama periodismo de espectáculos, o como se expresa una persona de otra en el ámbito privado.

No es la misma cosa hablar en general que hacerlo en particular, con la salvedad de que a veces se usa la generalización con un fin ofensivo, como por ejemplo, para no irnos demasiado del tema, hablar de los transexuales despectivamente en una clase donde hay uno.

Todo es un inevitable gris, porque hay individuos de ambos lados de estos conflictos. Cuando se habla de “derecho a ofender”, sin embargo, se está tratando de establecer un estándar general sólo en apariencia liberal, porque se parte de la base, inconscientemente tal vez de tan acostumbrados que estamos a un statu quo, de que determinadas personas deberían ser ofendidas por la sociedad misma, por el hecho de que se las entiende como perteneciendo a un estrato inferior de manera “naturalmente” inevitable. La salida de ese lugar parece “ofender” a los del derecho ofender porque contraría su creída superioridad. Por eso son tan iguales a los otros.

La ofensa hecha de un modo organizado hacia una minoría a la que un afectado pertenece no solo afecta a su honor, tiene efectos devastadores en su vida. Simplemente pensemos en la política de marcar a la gente como ocurrió en la Alemania Nazi con los judíos a los que se obligaba a portar la estrella de David.

Puede haber alguien que, tal vez por simpatizar con eso, considere que tal imposición afecta apenas al derecho de propiedad sobre la ropa a la que se obliga a marcar. Pero la cosa no está ahí, sino en el repudio público colectivista y en afectar a todos y cada uno de los individuos de una categoría reduciéndola simbólicamente respecto de la sociedad en sí. Este mismo artilugio horripilante había sido utilizado por los Reyes Católicos a medida que avanzaban en su aviesa intención de quedarse con los bienes de los judíos, previo a expulsarlos de España. Una vez que los miembros de esa categoría son puestos en el lugar del repudio público, cualquier cosa les puede pasar. Eso no es una violación al derecho de propiedad sino la apertura a una situación que puede ir desde el exterminio a la multiplicación diaria de agresiones de otro calibre ¿Acaso la política legítima, la de la defensa de los derecho individuales, no debiera ocuparse de eso? ¿Acaso la política de los liberales no debería atender a ese fenómeno con especial interés y espíritu de justicia?

Quiero ser más concreto en esto porque como dije antes el asunto de la ofensa está enmarcado en un contexto, es una idea que aparece en las circunstancias actuales. Hoy estamos en épocas de descubrimiento de ese mundo sumergido de gente que siempre hubiera querido vivir de una manera socialmente mal vista y se organiza todo tipo de reacciones para hacerlo posible, a veces pidiendo medidas incorrectas o discutibles (como cupos y cosas sobre las que no me detengo porque la mayoría de los que lean esto estaremos de acuerdo en que no corresponden). Pero el fin es sacar a esos grupos del señalamiento tradicional al que la cultura, si se quiere, los tenía sometidos. Ahí están las letras de la sigla LGBT+ que se han convertido en una grieta política. El fenómeno está facilitado por las teorías de género que tienen muchas décadas de desarrollo y que ponen la lupa en cómo constreñimos a los individuos desde la infancia a definir dos formas “correctas” de comportamiento, sea femenino o masculino, de acuerdo al sexo. Estas reglas muy firmemente seguidas y a las que las nuevas generaciones no parecen querer someterse, cubren desde una emocionalidad que tiene que ser distinta según los géneros, hasta los deportes que se deben practicar. Todo está informalmente reglado. Podríamos hablar antes de los avances de la psicología respecto de los daños que los padres pueden hacer a los hijos como algo parecido en descubrimiento sobre arbitrariedades que no vienen de otros por medio del aparato político, pero que igualmente son dañinas e igualmente nos tienen que interesar, por eso existe el derecho civil y penal. La subsistencia del repudio hacia minorías no adaptadas a las antiguas normas, hoy en proceso de abandono, nos lleva a pensar en problemas muy específicos como los derechos individuales de los menores, el prejuicio generalizado habilita la política familiar del aislamiento, la invisibilidad (el closet) o el intento de entrometerse en la sexualidad de ellos por las razones que sean. Todos temas de derechos individuales.

La sensibilidad de personas que han sido sometidas a la arbitrariedad y el maltrato legitimados socialmente, en momentos en que están rompiendo eso, no es para nada indiferente a este problema jurídico de la ofensa y a su potencial dañino. De nuevo, para extremar el ejemplo y ser claro, hablar contra los judíos es más deleznable después de que salen a la luz los campos de concentración o cuando el nazismo está llegando o queriendo llegar al poder o en pleno proceso de estigmatización pública en la España de los Reyes Católicos, que en cualquier otro momento. Del mismo modo, ofender respecto de una reivindicación concreta de la libertad personal, rodeada de dolor, dificultades y miradas, con una historia de repudio reciente y generalizada, lesiona especialmente.

Agrego a eso como política penal, que siempre debe estar atenta a los conflictos del momento, que a la vez que existe esta reivindicación del género y sus matices y que permite a muchas personas justamente expresarse como no lo han podido hacer antes, del otro lado surge una políticamente organizada tendencia a reivindicar el repudio para volver a colocar a las personas afectadas en lo que considera que es su lugar, abajo; a volver a marcarlas como indeseables en nombre de una religión o de simples prejuicios personales.

La circunstancia particular es la existencia de una amenaza visible contra minorías en la política, que produce su propia dinámica de intereses, convirtiéndose en un mecanismo social de construcción de víctimas propiciatorias. La agresión y disminución de status dentro de familias y grupos contra minorías requieren primero volver a marcar como indeseables a las víctimas. Acá la ofensa cumple un papel instrumental de una amenaza aún mayor. No es una simple amenaza hecha por personas, sino una tendencia política con potencial cierto de dirigir las acciones del estado. No es para nada una cuestión aparte, es central en el entendimiento de la intención que hay detrás de poner todo esto en términos de “derecho a ofender”. Para un liberal debería ser de un interés especial y sin embargo hay una simulación de liberalismo en ese “derecho a ofender” que esconde el interés de ponerse del lado de los atacantes.

Dilucidar todos estos matices requiere un estudio particular de caso por caso, pero el principio no es que existe el derecho a ofender. No hay tal cosa porque haya derecho a expresarse o una garantía inexpugnable que prohíbe la censura previa. Lo importante es aguantar las dificultades que presenta la cuestión y no inventar reglas generales que tienen la virtualidad de abrir el campo libre al ilícito, cuanto tenemos las herramientas teóricas para proteger contra abusos que efectivamente están ocurriendo desde la vereda de enfrente.

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE. Publica en @josebenegas

La libertad de prensa a raíz de Twitter y Trump

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 16/1/21 en : https://www.infobae.com/opinion/2021/01/16/la-libertad-de-prensa-a-raiz-de-twitter-y-trump/

Twitter via REUTERS

Dados los debates del momento, otra vez volvemos sobre la indispensable libertad de expresión. En una sociedad libre esta libertad resulta de una inmensa e insustituible importancia. El cuarto poder o el contrapoder por excelencia es más relevante y trascendental que los otros tres poderes. Este es el sentido de la sentencia de Thomas Jefferson en cuanto a que “frente a la posibilidad de libertad de prensa sin gobierno o ausencia de libertad de prensa con gobierno, me inclino por lo primero.”

Como es sabido el derecho primordial es el de la vida y la protección del propio cuerpo, le sigue el derecho a expresar los propios pensamientos y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente. La libertad de decir lo que cada cual estime conveniente no solo es un derecho, sino que consiste en un procedimiento inexorable al efecto de adquirir conocimientos, un proceso que tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Esto último hace posible el progreso.

Si se lesionaran derechos de terceros habrá que dirimir lo ocurrido en la Justicia, pero nunca y bajo ninguna circunstancia insinuar la censura previa lo cual significa que los aparatos estatales se inmiscuyen en el sagrado derecho de la libertad de expresión o toleran el uso de la fuerza de otros para bloquearla. En este contexto debe quedar claro que cada medio o plataforma decide con su propiedad lo que considera mejor a sus intereses.

Para incorporar algo de tierra fértil en el mar de ignorancia en que nos debatimos, se hace necesario recabar el máximo provecho del conocimiento existente, por su naturaleza disperso y fraccionado entre millones de personas. Con razón ha sentenciado Einstein que “todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”. Al efecto de sacar partida de esta valiosa descentralización, es indispensable abrir de par en par puertas y ventanas para permitir la incorporación de la mayor dosis de sapiencia posible. Como queda dicho, esto naturalmente requiere libertad de pensamiento y la consiguiente libertad de expresarlo, lo cual se inserta en el azaroso proceso evolutivo de refutaciones y corroboraciones siempre provisorias.

Esta valiosísima libertad resulta indispensable no solo por lo que acabamos de consignar sino para resguardar y limitar el poder político y abre cauces a información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitaciones y abusos de poder.

Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de las siempre pastosas leyes que apuntan a regular medios y la sandez de pretender que se exhiban las fuentes de la información, alegando “seguridad nacional”, “secretos de Estado” o esgrimiendo “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa oral y escrita.

Esto viene a cuento porque la plataforma Twitter y otras han decidido eliminar cuentas de algún personaje que a esta altura de este texto no viene al caso especificar para no entrar en otra discusión, aunque lo mencionaremos más abajo. La antedicha decisión ha generado airadas protestas por parte de algunos sectores alegando que se ha vulnerado la libertad de prensa. Nada más lejos de la verdad. Cada medio o plataforma digital decide con su propiedad lo que piensa es mejor sin que nadie pueda torcer por la fuerza su decisión. La libertad de prensa no significa que tal o cual medio o plataforma deba publicar o trasmitir lo que no quiere hacer. Los motivos por los que se procede de una u otra manera es una cuestión que podrá ser criticada por terceros, pero de ningún modo otorgarles la facultad de contradecir la decisión de los dueños. En el extremo, por ejemplo, un medio cualquiera podría establecer que solo publican los de ojos celestes o los que miden más de un metro ochenta, seguramente una norma de esta naturaleza no conducirá al éxito del emprendimiento, pero este es otro asunto. Lo dicho desde luego no significa que pueda incumplirse con lo eventualmente convenido con usuarios.

Si hay quienes no les gusta las normas de ciertos medios pueden establecer otros que compitan y si no cuentan con los suficientes recursos pueden vender parte de su iniciativa a otros y así lograr su objetivo y si nadie acepta aportar fondos para este emprendimiento quiere decir que, dados los siempre escasos factores productivos, hay otras prioridades y como todo no puede encararse simultáneamente, es proyecto en cuestión debe esperar su turno en mercados abiertos. Los monopolios perjudiciales son los legales, lo otro se traduce en el primero en prestar el servicio lo cual es indispensable desde el arco y la flecha para salir del garrote.Por sus dichos alentando la toma del Capitolio, Trump afronta su segundo juicio político en Estados Unidos (REUTERS/Stephen Lam)Por sus dichos alentando la toma del Capitolio, Trump afronta su segundo juicio político en Estados Unidos (REUTERS/Stephen Lam)

Hay líneas editoriales o forma de trasmitir noticias y columnas de opinión que uno puede o no compartir, pero esto es materia de otros debates que en ninguna circunstancia deben interferir con la libertad de prensa. Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios. Las decisiones pueden no agradar a terceros pero esto es otro asunto de naturaleza bien diferente.

Hacemos un paréntesis para apuntar que lo dicho es equivalente a lo ocurrido con la editorial Simon & Schuster, que decidió abandonar la publicación del libro del Senador republicano Josh Hawley debido a su aliento a los desmanes en el Congreso (dicho se de paso, obra que en su título refleja un absurdo en un mercado abierto: The Tyranny of Big Tech).

Twitter y otras plataformas se han referido a Donald Trump debido al riesgo que estiman los propietarios de acelerar la violencia en Estados Unidos, pero como hemos apuntado cada medio decide lo que hace o deja de hacer con su propiedad y los que no sean confiables por uno u otro motivo no serán consultados. No es del caso enfatizar en los antedichos motivos que esgrimieron los medios en cuestión porque como queda dicho podrían haber sido otros. Tengamos muy en cuenta que según la definición clásica la Justicia implica el “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada a lo que nos hemos referido más arriba al efecto de la decisión de cada dueño de medio o plataforma. De cualquier modo, dada la extensión y la intensidad que ha adquirido el debate, se hace necesario resumir lo que he consignado antes sobre el tema y a los efectos de este debate dejar de lado la confusa, oscura y controvertida Communications Decency Act de 1996, especialmente su sección 230.

No es admisible pretender jugar por reglas compartidas sobre la democracia y cuando los resultados electorales son adversos resulta que se desconocen. Este ha sido el caso luego de la ratificación por parte de los cincuenta estados y luego de haber sido rechazados una y otra vez las demandas por supuestos fraudes en distintas instancias, incluso ante la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la bochornosa conversación telefónica de Trump con el Secretario de Estado de Georgia -Brad Raffensperger- oportunidad en la que le sugirió modificar el resultado electoral y luego de los episodios violentos en el Congreso resulta que nada menos que el Presidente de Estados Unidos les dice a los sediciosos que son personas muy especiales y que les tiene gran aprecio. Tuvo que renunciar la Secretaria de Educación -Betsy DeVos- y la Secretaria de Transportes -Elaine Chao- afirmando que Trump fue responsable de instigar a los que irrumpieron por la fuerza en la sede del Parlamento causando enormes destrozos y su ex Jefe de Gabinete John Kelly y el ex Secretario de Defensa Colin Powell propusieran que se lo destituya vía la Enmienda 25, recién entonces decimos es que Trump, tarde y a regañadientes por cierto, reconoció que había terminado su presidencia y manifestó que la transición de mando debía ser ordenada y pacífica. Luego renunció el Secretario de Interior Chad Wolf y el FBI estableció medidas de seguridad para evitar nuevos disturbios.

Peggy Nooman, la colaboradora del Wall Street Journal, de ABC y de NBC News y célebre speechwriter de Ronald Reagan ha escrito que “Al principal responsable, el Presidente de Estados Unidos, hay que desalojarlo del cargo a través de la Enmienda 25 o del juicio político, lo que resulte más rápido.” Debido al escaso tiempo disponible hasta el cambio de mando, es poco probable que puedan completarse en todos los pasos estas decisiones pero las menciono a los efectos de comprobar el clima del momento. De todos modos, Senadores republicanos como Mitt Romney, Patrick Toomey y Lisa Murkoski y miembos de la Cámara Baja como el también republicano Adam Kinzinger han pedido la inmediata renuncia de Trump. Ahora nada menos que el líder republicano en el Senado Mitch McConnell ha dicho que celebra que se le inicie un juicio político a Trump (por segunda vez).

Hasta el Vicepresidente Mike Pence tuvo que absorber el embate de Trump para que anule el recuento formal y final ante ambas Cámaras en el Congreso lo cual rechazó de plano y procedió a la confirmación del Presidente electo Joe Biden luego de ser certificado su triunfo como marcan las normas vigentes.

El CEO de Twitter, Jack Dorsey (U.S. Senate Judiciary Committee via REUTERS)El CEO de Twitter, Jack Dorsey (U.S. Senate Judiciary Committee via REUTERS)

William Webster -ex Juez Federal, ex director del FMI y de la CIA- declara públicamente que está avergonzado de las actitudes de Trump. Y en el orden internacional las condenas no se hicieron esperar, por razones de espacio solo destacamos las declaraciones de Angela Merkel quien enfatizó: “lamento profundamente que el Presidente Trump no haya admitido su derrota”.

Desde la perspectiva económica el balance neto de la gestión de Trump ha resultado en el incremento sideral en el gasto público, el déficit y la deuda externa. Es cierto que ha disminuido algunos impuestos, pero como señalé en otra ocasión, esto me trae a la memoria cuando los conquistadores españoles les entregaban espejitos de colores a los indios para luego imponer las instituciones esclavistas de la mita y el yanaconazgo. Como bien ha apuntado reiteradamente su primer Secretario de Estado -Rex Tillerson, antes CEO de ExxonMobil, la tercer empresa de mayor facturación en el mundo- “Trump no tiene idea del significado del libre comercio y muchas de las cosas que afirma no se condicen con la realidad”.

La xenofobia de Trump se ha puesto de relieve varias veces a partir de los hechos de Charlottesville donde equiparó como “buenas personas” a los que marchaban bajo la insignia de la cruz esvástica y los emblemas de la así denominada “supremacía blanca”.

El Procurador General -William Barr- ha consignado que “el Presidente ha traicionado su cargo” y el ex presidente de la Cámara de Representantes y ex candidato a la Vicepresidencia en la elecciones de 2012 -Paul Rayan- ha declarado que “Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anticonservador que una intervención para anular los resultados de las elecciones certificadas por el estado y privar de sus derechos a millones de estadounidenses”.

Es muy cierto que buena parte de los equipos del Partido Demócrata apuntan a intensificar el tamaño ya desbordado del Leviatán pero esto en modo alguno justifica que se pretenda operar bajo ciertas normas para luego vulnerarlas cuando los resultados son adversos como ha sido a todas luces el caso de Donald Trump. No es cuestión de dejarse acuchillar por uno para no ser ametrallado por otros, especialmente cuando se declama sobre la democracia y, como queda dicho, una vez obtenidos los resultados se pretende desconocerlos.

El tema del tamaño del aparato estatal y los graves problemas que causa de modo especial sobre los más vulnerables es otro plano de discusión que debe dirimirse en el intercambio de ideas. En este sentido personalmente me ocupé del asunto en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos que publicó la edición original el Fondo de Cultura Económica, donde destaco los extraordinarios valores establecidos por los Padres Fundadores y como de un tiempo a esta parte se ha ido produciendo un deterioro manifiesto en esos valores. La esperanza radica en la cantidad de instituciones dedicadas al estudio y la difusión de esos principios, lo cual concentra una cantidad creciente de jóvenes que publican y se reúnen en seminarios para estudiar y difundir los principios de la sociedad libre.

Aparentemente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que pretenden dictaminar acerca de dominios privados de medios o plataformas, dan manotazos a Internet o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”.

Los problemas se suscitan debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia y a diferencia de lo sugerido por Einstein, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas de imparables verborragias de los mandones del momento.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Sobre la libertad de expresión y de prensa

Por Gabriel Boragina Publicado el 29/4/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/04/sobre-la-libertad-de-expresion-y-de.html

 

Tema siempre latente y de actualidad, la libertad de prensa suele ser analizada bajo la óptica de quienes la defienden contra quienes se oponen a ella, es decir, aquellos que tienen el poder para cercenarla, y que no son otros que los gobiernos del mundo. Veamos cuales son los conceptos que se relacionan con ella.

De acuerdo a la clásica definición del Profesor Ossorio:

«Libertad de prensa. Derecho constitucionalmente garantizado a todos los habitantes de la nación para que publiquen sus ideas por la prensa, sin censura previa. Constituye una modalidad de la libertad de expresión y de opinión (v.).»[1]

Cabe hablar, entonces, de un derecho a la libertad de prensa. Esta se ejerce a través de una vía que es el periodismo que -a su vez- es vehículo de la libertad de expresión. Analizaremos todos estos conceptos más adelante. La fórmula «sin censura previa» no implica que lo que se publique pueda ser cualquier cosa, sino que significa que el material sólo podrá ser censurado una vez publicado y no antes de esta circunstancia. Tampoco involucra la obligación de un medio concreto a publicar las ideas de un tercero. La censura en cuestión se refiere particularmente a la prohibición del gobierno, entendido en sus tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Pero no excluye la que pretendan ejercer particulares para evitar coactivamente que alguien dé a conocer sus opiniones.

Distingamos ahora que se entiende por prensa:

«Prensa. A más de la máquina impresora y de la imprenta como tales, el conjunto de publicaciones periódicas. Desde su expansión en el siglo XIX, no ha dejado de suscitar en todas partes los beneficios y riesgos de la libertad de prensa (v.).»[2]

El vocablo prensa -en definitiva- denota un conjunto de publicaciones periódicas que no necesariamente deben estar impresas. La definición acota que, la libertad de prensa (cuya noción expusimos en primer término) en todas partes ha suscitado beneficios y riesgos.

Dado que la libertad de prensa es una modalidad de la libertad de expresión examinemos seguidamente el concepto de esta última:

«Libertad de expresión. Derecho constitucionalmente reconocido a todos los habitantes de la nación para publicar sus ideas por la prensa o verbalmente, sin censura previa.»[3]

La aclaración final «por la prensa o verbalmente» indica que puede ser por escrito u oralmente. Se alude al recurso (o los mecanismos) por el cual se ejerce tal expresión. El derecho apunta y ampara a la acción (expresarse) pero no al contenido de esa expresión. De tal suerte que, si lo que se expresa resulta ser una difamación u ofensa a otra persona, el ofensor estará sujeto a las responsabilidades legales por la posible comisión de un delito de calumnias o injurias que no está respaldado por la ley. Esto es importante aclararlo, porque muchas veces se confunde (en ocasiones intencionalmente) la libertad de expresión con una inexistente «libertad» de difamación, tergiversación, etc. que la ley (al menos la argentina) no protege ni reconoce.

«Libertad de opinión o de palabra. Constituye una modalidad de la libertad de expresión (v.) garantizada constitucionalmente. Esta libertad es aplicable a cualquier forma en que se manifieste, por lo que la libertad de expresión alcanza a las exteriorizaciones verbales también, y no sólo a las impresas, aunque la Constitución no lo diga»[4]

Es una modalidad porque lo que se expresa, en muchas oportunidades, no son opiniones o palabras. Un artista, como puede ser un escultor o pintor, también se expresa mediante de sus obras, aunque excluyan toda verbalización. Este ejemplo se vincula a la anterior definición de la actual. La presente se circunscribe exclusivamente a la verbales, impresas o no impresas. Por lo que preferimos hablar de orales o escritas, que muestran mejor la forma de expresión, ya que ambas son verbales. Relacionado con los anteriores conceptos se encuentra este otro:

«Opinión pública. Manifestación del pensamiento que sobre determinados problemas, generalmente de índole política. tienen los individuos que integran una Colectividad. Puede ser de orden nacional o de orden internacional. En un Estado de Derecho, la opinión pública se concreta mediante la emisión del voto electoral, así como por la libertad de expresión del pensamiento oral o escrita o recogida generalmente por la prensa. En los gobiernos de tipo dictatorial, totalitario o de facto, la auténtica opinión pública o se desconoce por estar cohibida o se expresa en la clandestinidad, pese a los esfuerzos de los detentadores del poder para simular respeto a ella.»[5]

Esta es una idea mucho más amplia, que abarca dos rutas para dicha manifestación: la del voto electoral, por un lado, y la de la libertad de expresión por el siguiente. En realidad, tanto el voto como la publicación son los arbitrios por camino de los cuales se expresa la opinión pública y se hace conocida a todos. En el primer caso, por canal del escrutinio y posterior difusión del resultado comicial y, en el segundo, por la divulgación del pensamiento.

En un sentido algo más amplio, el voto también es una forma de expresar la opinión política, por lo que entendemos que la libertad de expresión comprende e incluye la libertad de votar. Y -por contrapartida- la de no votar. Ya que la libertad estudiada consiste -en suma- en la de expresarse o no hacerlo. Se trata de un derecho, que el sujeto activo puede ejercer o no. De lo contrario no podría hablarse de «libertad» si existiera una obligación general de expresarse. Entendemos por ello que, la libertad de expresarse -por modo del voto- debe incluir la de no hacerlo (no expresarse por intermedio del voto, es decir, no votar si la persona en cuestión no desea hacerlo).

«Previa censura. La que se ejerce, sobre la prensa en especial, antes de darse al público. (V. CENSURA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN.)»[6]

En nuestro sistema constitucional está prohibida. Se entiende que se conecta a la censura que terceros pretenden hacer contra la libertad de prensa, y no a la autocensura, que es el caso de cuando alguien se abstiene voluntariamente a dar a conocer su opinión por conducto de la prensa.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 554

[2] Ossorio, Ibidem, p. 761

[3] Ossorio, Ibidem, p. 554

[4] Ossorio, Ibidem, p. 554

[5] Ossorio, Ibidem, p. 657

[6] Ossorio, Ibidem, p. 768

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

YO SOY EL RESPETO:

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 13/1/15 en http://institutoacton.org/2015/01/13/yo-soy-el-respeto/

La libertad de expresión, como derecho humano básico, tiene dos fundamentos. El primero, más universal: es un resultado del derecho a la libertad religiosa. Toda persona tiene derecho a la inmunidad de coacción sobre su propia conciencia en materia religiosa, de lo cual se desprende que creyentes y no creyentes tienen el derecho a expresar públicamente aquello que fundamente su decisión en esas materias. Pueden equivocarse, pero el bien jurídicamente protegido es la inmunidad de coacción sobre la conciencia.

Otro fundamento, más particular, es que en una sociedad democrática y republicana todos tienen derecho a expresar sus opiniones con respecto a la gestión del gobierno de turno.

Este derecho, como vemos, se fundamenta en el respeto a la conciencia del otro. Pero ese respeto, que incluye no coaccionar –de donde se deriva, jurídicamente, que no haya censura previa por parte del estado– incluye también moralmente tratar las ideas del otro conforme a la dignidad humana del otro y, por ende, no burlarse. Respetar la libertad religiosa del otro incluye no burlarse de las creencias del otro, no tomar sus símbolos como objeto de mofa o desdén, especialmente en estas materias, donde el otro tiene toda su vida y toda su sensibilidad comprometidas a pleno.

Estas burlas, sin embargo, son difícilmente judiciables. Cualquiera tiene derecho a sentirse ofendido, pero lo preferible –igual que con el caso de la pornografía– es que estos temas sean derivados a un poder judicial independiente del poder ejecutivo.

O sea: la libertad de expresión tiene sus zonas grises, pero en una sociedad libre, es el poder judicial el llamado a resolverlas so pena de violar la libertad de expresión. Esas zonas grises incluyen expresiones que son claramente una falta a la ética más elemental, pero su tolerancia es un precio que hay que pagar so pena de que un gobierno autoritario decida qué es publicable y qué no.

Lo que debe quedar claro es que la libertad de expresión no nace en Occidente como un derecho a burlarse cruelmente del otro. Nace como una exigencia de la democracia republicana, nace en un Estados Unidos que no de causalidad tenía a la libertad religiosa como una de sus bases como país.Libertad-de-Expresión-Crop

Lo que está siendo atacado actualmente es esa libertad de expresión, y no sólo por terroristas fanatizados. También es atacada por dictadorzuelos latinoamericanos; por China, Rusia, Corea del Norte y Cuba, y hasta por una Europa y unos EE.UU. que, absorbidos en un fanatismo antricristiano violan la libertad religiosa de cristianos, en particular cuando éstos últimos no coinciden con ideologías del género, políticas de salud reproductiva o feminismos radicales que ahora se han convertido en legalmente obligatorios.

Por ende, la disyuntiva real es entre quienes defienden al liberalismo clásico versus los que lo odian y atacan con suma violencia sus libertades: terroristas fanáticos, dictadores, dictadorzuelos y supuestos demócratas que distan mucho de serlo.

La libertad de expresión, por ende, nada tiene que ver, histórica o teoréticamente, con la burla y el deprecio sistemático a las creencias del otro, sea quien fuere. Es una lástima que Occidente se esté identificando ahora con el derecho a la burla como si eso fuera su propia esencia. Nuevamente, los terroristas están ganando la peor batalla: hacerle perder a Occidente su propia identidad.

Yo soy La Declaración de Independencia de los EEUU. Yo soy el Bill of Rights. Yo soy la libertad religiosa. Yo soy la paz del libre comercio. Yo soy Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Yo soy el Rule of law.

Eso es la libertad.

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Sin libertad de prensa no hay libertad

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 13/12/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7590

Todos los tiranos y tiranuelos del globo siempre apuntan a restringir y eliminar la expresión libre en medios de comunicación. Con o sin votos, los megalómanos no resisten la crítica puesto que se consideran iluminados y los que se oponen a semejante pretensión son vituperados, perseguidos y silenciados por los comisarios del pensamiento. La petulancia y la soberbia de estos mequetrefes es ilimitada y la búsqueda de todas las artimañas posibles nunca alcanza para la mordaza.

He escrito en varias oportunidades sobre este tema vital (la última en “La Nación” de Buenos Aires el 10 de abril del corriente año bajo el título de “Asalto a la libertad de prensa”), pero es menester insistir dada la cantidad creciente de amenazas que se ciernen a diario en distintas partes del mundo.

Es sabido que Thomas Jefferson, dada la importancia superlativa que le atribuía al asunto, ha escrito que “ante la alternativa de un gobierno sin prensa libre o prensa libre sin gobierno, me inclino decididamente por esto último”. También es sabido que los sicarios del Leviatán desbocado no argumentan, apuntan a la aniquilación del pensamiento y la consiguiente expresión del mismo so pretexto de que ideas distintas a las oficiales “son desestabilizadores”, “afectan el orden público”, “comprometen la seguridad del Estado”, “invaden secretos de Estado” y sandeces similares.

Puede resumirse el asunto aquí tratado en el siguiente decálogo. Primero, absolutamente todo debe permitirse que se exprese lo cual no es óbice para que los que se sientan damnificados de algún modo recurran a la Justicia para su debida reparación. De lo que se trata es de abrogar toda posibilidad de censura previa. Segundo, lo anterior incluye ideas consideradas disolventes, las cuales deben ser discutidas abiertamente pero nunca aplicar criterios inquisitoriales. Tercero, no deben existir agencias oficiales de noticias al efecto de evitar la tentación de utilizarlas políticamente.

Cuarto, el espectro electomagnético y las señales televisivas (y las respectivas definiciones de los anchos de banda) deben asignarse en propiedad y eliminar la peligrosa figura de la concesión. Quinto, los gobiernos no deben contar con medios de comunicación estatales ni involucrarse en relación alguna con la prensa oral o escrita, lo cual naturalmente excluye también -por la consiguiente incompatibilidad- a proveedores del gobierno. Sexto, no debe existir organismo de control de ningún tipo incluido los llamados horarios para menores en un contexto de satélites que toman señales de muy diversos husos horarios, situaciones que quedan reservadas a los padres y a las codificaciones y limitaciones de los propios medios.

Séptimo, afecta la libertad de prensa el establecerse topes monetarios para la financiación de campañas electorales puesto que la independencia de los gobiernos respecto a pretendidos empresarios que esperan favores a cambio debe ser por la vía institucional a través de la preservación de las respectivas independencias en un sistema republicano a través de normas compatibles con el derecho para evitar la cópula entre el poder y el mundo de los negocios. Octavo, bajo ningún concepto se debe promulgar una “ley de medios” ya que esto significa restringir la libertad de prensa, lo cual también excluye la posibilidad de efectuar distinciones entre capital extranjero y el nacional. Noveno, la red de Internet debe quedar al margen de las garras gubernamentales, del mismo modo que los operadores de cable. Y décimo, el cuarto poder bajo ninguna circunstancia debe estar obligado a revelar sus fuentes de información.

El conocimiento está disperso entre millones de personas y para sacar partida de ello es necesario que las puertas y ventanas se encuentren abiertas de par en par para que cada uno exprese libremente su punto de vista al efecto de los fértiles intercambios de ideas y para dar lugar a eventuales refutaciones de las corroboraciones siempre provisorias.

La libertad de prensa o libertad de expresión significa eso y simultáneamente hace de contralor insustituible al poder de turno, al tiempo que informa de los actos de gobierno a la población en un proceso abierto de competencia. Quienes estimen que pueden imprimir o decir de mejor manera lo pueden hacer instalando otro medio (y si no disponen de los recursos necesarios los reclutan en el mercado si es que lo que proponen resultara atractivo y viable).

Uno de los argumentos que usan los aparatos estatales para controlar los medios es el imputarles una situación de monopolio (o, en su defecto, de “posición dominante”) cuando, en verdad, los que ocupan circunstancialmente el poder son los que cobijan la idea de ser ellos los monopolistas de la información, con la diferencia que lo hacen recurriendo por la fuerza a los dineros de los contribuyentes.

Conviene en este sentido clarificar el tema del monopolio cuya única situación dañina es cuando lo detenta el gobierno -en este caso respecto a la prensa- o cuando la legislación lo otorga a un operador del sector privado. En un sentido más general debe precisarse que el monopolio es consubstancial al progreso puesto que si hubiera una ley antimonopólica la innovación quedaría clausurada y la humanidad no hubiera pasado del garrote ya que el primero que ensayó el arco y la flecha era monopolista, concepto que modernamente se aplica, por ejemplo, a los que introducen nuevas computadoras, novedosos medicamentos etc.

Se ha dicho que el monopolista cobra el precio que decidan sus dueños, lo cual no es correcto: cobra el precio más alto que puede del mismo modo que lo hacen todos los comerciantes y están también limitados por la elasticidad de la demanda y dependerá del producto de que se trate puesto que las ventas del monopolista de tornillos cuadrados probablemente sea cero. En todo caso, el mercado siempre debe estar abierto para que cualquiera desde cualquier punto del planeta -y sin ninguna restricción- pueda competir en caso que se estime atractivo el reglón en cuestión (lo cual también limita la idea de “posición dominante” en un mundo globalizado y competitivo por las noticias).

Cuando se hace alusión a la competencia no se está definiendo a priori cuantos proveedores de cierto bien o servicio debe haber, pueden existir miles, uno o ninguno (y las situaciones no son irrevocables sino cambiantes), como queda dicho el tema crucial es que el mercado se encuentre abierto y libre de trabas de toda índole para que, en nuestro caso, cualquiera que contemple un proyecto periodístico lo pueda ejecutar (lo cual, claro está, no garantiza su éxito).

Al efecto de tender a la pluralidad de voces es también indispensable que el mercado se encuentre totalmente abierto, no solo en cuanto a lo que en esta nota dejamos consignado, sino a la libertad plena de incorporar la tecnología que se considere conveniente y comerciar con quienes ofrecen las mejores condiciones, independientemente del lugar geográfico en que se encuentren. Surge un silogismo de hierro en esta materia: si no hay libertad de prensa con sus denuncias, críticas y límites al poder, el Leviatán se hace más adiposo y grotesco, ergo, corroe, deglute y destroza las libertades individuales.

Si se adoptan actitudes timoratas, por ejemplo, en cuanto a mendigar la distribución de pautas publicitarias que reparte una agencia oficial de noticias, en lugar de pedir su abolición se está en verdad negociando la cadena de la esclavitud pidiendo que el amo la alargue lo cual es un signo de sometimiento que trae aparejados avances adicionales sobre las autonomías individuales.

Si se adopta una actitud vacilante frente a los atropellos a la prensa, en lugar de enfrentarlos en su raíz autoritaria se terminará promulgando una constitución como la soviética del 31 de enero de 1924 en la que se lee que “Para garantizar una verdadera libertad de opinión, la República Socialista Federal Soviética elimina la dependencia de la prensa capitalista…” concepción que va junto a  la meticulosa descripción orwelliana del Ministerio de la Verdad. Desafortunadamente en la actualidad hay muchos ejemplos de gobernantes desaforados que la embisten contra la libertad de expresión y la democracia. Solo para citar un ejemplo veamos lo que dijo el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en Canal Uno, en el programa de Andrés Carrión, el 26 de agosto de 2007: “¿Qué es la libertad de expresión? Que ahora llamen al Presidente ignorante…perdóneme, si eso es libertad de expresión yo no estoy de acuerdo con esa libertad de expresión. Se lo digo muy claramente: si  eso es democracia, yo no estoy de acuerdo con la democracia”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.