Tomar por las astas el toro de las reformas

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 27/8/19 en: https://www.lanacion.com.ar/

 

Cualquiera sea su ubicación geográfica circunstancial, todos los argentinos  estamos en el mismo barco así como también los hermanos extranjeros que habitan nuestro suelo. No hay excepción en cuanto al deseo que el país salga de una vez a flote después de muchas décadas de zozobra por una persistente bancarrota moral y material.

Estábamos a la vanguardia de las naciones civilizadas desde que se selló la organización nacional en 1853 hasta el golpe fascista de los años 30 en el que se intentó una reforma constitucional corporativa, se quebró el federalismo fiscal, se creó la banca central, se estableció el impuesto progresivo y se establecieron las juntas reguladoras.

Esta situación se agravó notablemente a partir del golpe militar del 43 estableciendo un sistema estatista asfixiante que se reflejó en la inconstitucional Constitución del 49 que se promulgó por decreto puesto que no cumplió con los procedimientos parlamentarios requeridos. Aun reestablecida la Carta Magna fundadora con engendros varios que contradecían su espíritu original, la nave argentina  fue a los tumbos hasta el presente bajo las más variadas etiquetas.

Antes del señalado derrumbe, los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España y muy poco por debajo de los de Inglaterra y Estados Unidos. Las oleadas inmigratorias se duplicaban cada diez años.

El volumen exportador era igual al de Canadá y en el Centenario miembros de la Academia Francesa compararon los debates en nuestro Congreso con los que tenían lugar en la referida institución académica debido a la versación de los legisladores argentinos.

Se avecina la primera vuelta electoral luego del resultado adverso de las PASO. Resulta patente el inmenso peligro de las propuestas de los partidarios del gobierno anterior que de llevarse a la práctica significarían un punto de no retorno. Confiamos en que en la contienda definitiva, la actual gestión resulte ganadora en la esperanza que prevalezca la democracia.

Esto no quita que a juicio de no pocos compatriotas se estima que la actual gestión comenzó mal su primer período con un bailecito impropio de un sistema republicano con la banda presidencial en la Casa Rosada ante el  estupor de ciudadanos que rechazan la frivolidad y la banalización. Acto seguido se incrementaron los ministerios y se pretendió designar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto.

Esto  solo para referirme al punto de largada para ahora en el balance de la actual administración destacar que el incremento del gasto público en valores absolutos desde una marca ya insólitamente alta. Y no aludo a ratios con el producto bruto interno puesto que este guarismo no justifica ampliaciones en el Leviatán.

También se elevó el neto tributario en el contexto de un embrollo fiscal que no tiene parangón en las naciones civilizadas. Asimismo, se disparó el déficit total fruto de un endeudamiento estatal que pone en peligro la situación financiera inmediata junto al empapelamiento de los bancos con títulos públicos y una inflación mensual que está a tono con la anual en las naciones más prósperas.

La buena relación con otros gobiernos del mundo libre abre esperanzas de una rectificación, un acercamiento que no producirá ningún resultado si no se modifica lo anterior eliminando de cuajo funciones incompatibles con un sistema republicano.

Lo mismo puede decirse de los eventuales acuerdos comerciales, puesto que es imposible comerciar con una carga tan brutal sobre las espaldas de quienes producen a lo que se agrega legislaciones laborales que imposibilitan el trabajo, al tiempo que los llamados “agentes de retención” se ven obligados a sustraer tajadas sustanciales del fruto del trabajo ajeno.

De nada vale contar con rutas si no se puede competir y transportar mercadería que está recargada de gravámenes y cortapisas. La ausencia de corrupción no es algo para aplaudir puesto que es lo normal, pero la buena voluntad y la decencia no son suficientes, se necesitan urgentes medidas de fondo para revertir la antes mencionada decadencia.

El federalismo genuino  no se basa en graciosas entregas de recursos a las provincias. Se basa en la autonomía de cada jurisdicción provincial para administrar los impuestos y coparticipar al gobierno central al solo efecto de la Justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa. Tengamos presente que son las provincias las que constituyen la Nación y no el gobierno central.

Tenemos que dejar de lado la manía de la guillotina horizontal en la busca de igualitarismos inconducentes. La única igualdad en una sociedad abierta es la igualdad ante la ley. La macabra tendencia al igualitarismo patrimonial y de rentas derrumba la cooperación social y la consiguiente división del trabajo. Las diferencias resultan esenciales a los efectos de atender muy diversas ocupaciones y vocaciones. Además, el igualitarismo convertiría las relaciones sociales en un tedio insoportable puesto que la misma conversación seria equivalente a hablar con el espejo. La tan cacareada redistribución de ingresos significa que los aparatos estatales vuelven a distribuir por la fuerza lo que pacíficamente distribuyó la gente en los supermercados y afines.

Somos uno de los países más cerrados del orbe, el comercio internacional no consiste solo en formular declaraciones y suscribir documentos sino que se concreta cuando se abren las fronteras para permitir la disminución del fenomenal gasto por unidad de producto que a su vez hace posible la mejora en el nivel de vida de los locales. Años de investigación para reducir costos de transporte aéreo, marítimo y terrestre para que en las aduanas se anulen de un plumazo esos progresos tecnológicos.

Por supuesto que lo dicho implica procesos competitivos que son lo contrario a los disfrazados de empresarios que operan en base a alianzas hediondas con el poder de turno para usufructuar de privilegios y mercados cautivos que se traducen en la explotación de sus congéneres. En una sociedad libre, quienes se enriquecen es exclusivamente porque sirven al prójimo con bienes y servicios por ellos demandados y los que yerran en este proceso incurren en quebrantos. Las consecuentes tasas de capitalización constituyen las únicas causas de salarios e ingresos en términos reales. Toda política desacertada de despilfarro inexorablemente contrae ingresos, muy especialmente de los más necesitados puesto que el impacto recae con más fuerza sobre ellos dado lo expuestos que están a los vaivenes de las medidas antieconómicas.

En resumen, nada se gana con arengas vacías ni con insistencias en rumbos errados. Se necesita coraje para ir al fondo de los problemas. No pretendo que se adopten todas las recetas que nosotros los liberales venimos bregando desde hace tiempo, pero si esperamos que algunos toros se tomen por las astas puesto que no se toleraría otro fracaso elevando la pobreza como la que ha tenido lugar en estos años. Confiamos en que este gobierno reaccionará y no  defraudará a los que creemos en la República. Las anécdotas y las explicaciones son irrelevantes, lo importante son los resultados.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

 

El contenido “institucional”de Game of Thrones: algunos límites al poder, y también algunos errores

Por Martín Krause. Publicado el 18/6/19 en: http://bazar.ufm.edu/contenido-institucionalde-game-of-thrones-limites-al-poder-tambien-errores/

 

El profesor de George Mason University, Ilya Somyin, comenta el contenido político-institucional de la serie Game of Thrones. El artículo completo en: https://reason.com/2019/05/20/reflections-on-game-of-thrones/

Las fortalezas más obvias son la intrincada conspiración y caracterización de la serie, y su disposición a cambiar los tropos (antinomias) de las historias de fantasía tradicionales con eventos horrendos como la “Boda Roja”: matar inesperadamente a los “buenos” protagonistas y demostrar que el heroísmo no es suficiente para asegurar que buenos triunfos.

Otro tema distintivo es el énfasis en la idea de que los peligros del poder político requieren soluciones institucionales, no simplemente el reemplazo de los malos gobernantes por buenos. Al principio de la historia, a veces parece que todo estará bien si los gobernantes malvados (como Lord Tywin) y los desquiciados (como el rey Joffrey y Ramsay Bolton) son reemplazados por los buenos. Pero gradualmente queda claro que incluso los pocos señores relativamente bien intencionados, como Ned y Robb Stark, son en gran medida incapaces de ayudar a la gente. Solo el cambio institucional superó las fallas estructurales integradas en el Juego de Tronos. Nadie es verdaderamente digno de ejercer el vasto poder de la monarquía de Westerosi, simbolizado por el Trono de Hierro.

Tal como lo expresó Daenerys Targaryen, el objetivo debe ser “romper la rueda” del poder político, no simplemente girarlo en una dirección diferente. El punto es cierto, aunque nunca tuvo una idea clara de cómo hacerlo, y en la Temporada 8 (de manera poco probable) llegó a ejemplificar el tipo de mal al que se había opuesto anteriormente.

La importancia de las instituciones volvió a centrarse en el final, donde el conflicto con la recientemente malvada reina Daenerys se resolvió inesperadamente en la primera parte del episodio, y la mayor parte del tiempo se dedicó a los esfuerzos de los personajes restantes para establecer Un asentamiento de posguerra para los westeros. En el proceso, la monarquía previamente hereditaria se hizo electiva (aunque con los señores de las distintas provincias como los electores, en lugar de la gente). Este asentamiento vagamente similar a la Carta Magna es el primer paso hacia la limitación del poder previamente absoluto del monarca. Si los señores del reino pueden elegir al rey, es un paso corto para llegar a la conclusión de que también pueden eliminarlo, si resulta ser incompetente u opresivo. No es democracia liberal o gobierno constitucional. Pero es un paso importante en la dirección correcta, tan grande como se puede esperar dado el mundo en el que se desarrolla la historia.

La selección inesperada de Bran Stark como el nuevo rey es también un sutil asentimiento en dirección al institucionalismo. Como el “Cuervo de tres ojos”, ya no es completamente humano y ni siquiera tiene deseos humanos normales. La implicación es que a ninguna persona sujeta a las debilidades humanas normales se le puede confiar el poder monárquico.

Finalmente, la independencia del Norte y la Reina Sansa, recientemente elevada, introducen otro importante obstáculo en el poder de la monarquía de los Westerosi, que ya no domina todo un continente (aunque la aparente representación de Sansa como un gobernante sin problemas maravilloso es un poco inoportuna con el mensaje de la serie de que debemos sospechar del poder concentrado). Fue bueno que la serie mantuviera constantemente el hilo de las tensiones de larga data entre el Norte y la monarquía, un elemento de la historia que destacaba los peligros de la autoridad sobrecentralizada.

El énfasis de la serie en la necesidad de restricciones institucionales sobre el poder y los peligros del liderazgo político “personalista” carismático son altamente relevantes para el mundo real. No somos tan diferentes de los despreocupados Westerosi como nos gusta pensar.”

También tiene cosas a criticar…

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Nicolás Maduro desangra a Venezuela

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 22/6/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2035925-nicolas-maduro-desangra-a-venezuela

 

Desde el 6 de abril, hace más de dos meses, los enfrentamientos callejeros venezolanos entre quienes protestan contra el gobierno y las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro se han sucedido ininterrumpidamente y generado nada menos que 75 muertos. La enorme mayoría de esas muertes han sido atribuidas a efectivos de la llamada Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de las distintas policías regionales o de los “colectivos” (esto es, de los “grupos de choque” -armados e irregulares- de Nicolás Maduro). Todos ellos actúan en un marco de gran impunidad. Hay, además, unas 15.000 personas heridas, en lo que luce como una larga batalla campal.

Ocurre que las fuerzas de seguridad que responden a Nicolás Maduro han desatado una ola de dura represión con la que Maduro procura sobrevivir a las constantes repulsas de su sufrido pueblo. Como consecuencia de ella, a los aludidos muertos cabe asimismo sumar más de 1300 heridos.

A lo que también se agrega que 3106 venezolanos han sido detenidos por disentir o protestar públicamente y que centenares de personas están siendo ahora juzgados en los tribunales militares. Y todos recordamos aquello de que la justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música. Más del 80% de los detenidos son jóvenes; el 60% son estudiantes; el 23% mujeres; y el 14,5% menores de edad.

Todo ello conforma un cuadro realmente patético, que refleja la desoladora realidad venezolana. Que aparentemente no tiene visos de cambiar en el corto plazo, sino más bien de profundizarse.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sintetiza -dolorosamente- lo que ocurre en Venezuela como “una guerra civil de fuerzas represivas del Estado, ejecutada contra personas desarmadas”.

¿Cuál es la respuesta política de Nicolás Maduro a las permanentes protestas populares? La de convocar a una Asamblea Constituyente, que será dominada por sus correligionarios, para estructurar así una nueva Constitución para Venezuela. A su medida. Con una estructura no democrática, edificada sobre las llamadas “comunas”, como forma de evitar que las urnas decidan el camino a seguir.

Con lo que pretende legalizar, a su entero gusto y paladar, su reconocido autoritarismo. Para siempre, cree. Así como poder eternizarse en el poder. Como sucede en Cuba. La mañosa elección de los “constituyentes” será, a estar a los anuncios, el próximo 30 de julio.

El texto de la nueva Carta Magna ya se está elaborando, con asesoramiento cubano. De esa manera, según Maduro, se “restablecerá la paz” en Venezuela.

Lo cierto es que ese texto es, en todo caso, el perverso diseño de la prisión en la que Nicolás Maduro pretende encerrar a sus conciudadanos, despojándolos de la libertad. De allí la continuidad e intensificación de las protestas populares, como respuesta.

Por esto aparentemente la oposición podría llamar a sus integrantes a no participar en la referida elección de constituyentes, lo que sería un error que permitiría a Nicolás Maduro salirse con la suya, formalmente al menos. Parecido al cometido en el 2005, cuando una abstención similar en las elecciones parlamentarias venezolanas, de pronto permitió a Hugo Chávez hacerse del control absoluto del Poder Legislativo.

Si el presidente venezolano logra hacer aprobar una nueva Constitución, podrá desligarse de algunos de sus propios funcionarios que, como sucede con la Fiscal de Estado, Luisa Ortega Díaz, ya han tomado distancia de su gobierno y están impugnando judicialmente (de nulidad) a la reforma constitucional que se procura consumar. Lo que obviamente es una suerte de loca utopía, desde que la justicia venezolana, y muy particularmente sus más altos tribunales, no son independientes, sino meros agentes lamentablemente adictos a Maduro.

Ex jueces y ex fiscales, acompañados por líderes políticos de la oposición, intentaron sumarse a la mencionada acción de nulidad. Pero no pudieron hacerlo, porque el Tribunal Supremo de Justicia cerró físicamente sus puertas y solicitó un cinturón militar de protección para de ese modo impedir el acceso de quienes tenían esa pretensión. Para luego, rápidamente, denegarla.

Una encuesta reciente muestra que un 85% de los venezolanos se oponen abiertamente a la reforma constitucional que busca Nicolás Maduro. Cabe además recordar que, en la última elección libre (en el 2015) el oficialismo sufrió una apabullante derrota, razón por la cual la oposición hoy domina ampliamente la Asamblea Nacional, lo que de alguna manera restringe el autoritarismo con el que Nicolás Maduro procura contar. En la reforma constitucional anunciada por Nicolás Maduro uno de los objetivos es -precisamente- el de vaciar de poder a la Asamblea Nacional o eliminarla.

Las próximas elecciones presidenciales venezolanas tendrán lugar el año que viene y la intención de voto a favor del oficialismo hoy no llega al 20%. Poco y nada, entonces. Por ello el gobierno de Maduro apuesta a poder cambiar drásticamente las reglas de juego. Porque sabe que con las normas actuales, se arriesga a perder el poder y tendría que alejarse del gobierno. Para Venezuela ello sería una bendición que le permitiría comenzar a salir de la postración a la que lo ha llevado la receta bolivariana, la del colectivismo.

Mientras tanto, para las protestas de su pueblo Nicolás Maduro tiene una sola respuesta, la de los palos. Esta es la dura y afligente realidad. Por eso monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos conmueve al decir que el chavismo tiene un proyecto: “Se llama el Plan de la Patria, que está en marcha con la constituyente y el peligro es que Venezuela sea comunista y perder lo poco de democracia que nos queda”.

Para los venezolanos, la realidad material cotidiana es cada vez más dura. En lo que va del año el dólar subió un 130% en el mercado negro. En la última semana trepó un 14%.

Colombia informa que cada día unos 5000 visitantes venezolanos se quedan en el país. Y Brasil ya ha conferido el carácter de refugiados a unos 6000 venezolanos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Alberdi y el gasto público (3)

Por Gabriel Boragina Publicado  el 19/3/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/03/alberdi-y-el-gasto-publico-3.HTML

 

En el excelente comentario que el prócer argentino Juan Bautista Alberdi hace de la Constitución de su país, que en rigor constituye una explicación de la filosofía económica que inspira a dicha Carta Magna, se destacan ideas de gran valor. En muchos casos de gran actualidad. En otros, como es lógico imaginar, ciertos pasajes tienen en mira la situación histórica concreta en la que el insigne letrado se desenvolvía. Alberdi dedica gran atención al gasto público, al que le asigna diferentes finalidades, algunas válidas para su tiempo y otras para el suyo y el nuestro.

“La Unión nacional, es decir, la reinstalación constitucional de la integridad nacional del pueblo argentino, y la paz y el orden interiores de la República, son con razón, a los ojos de la Constitución, el primero y más grande objeto del gasto público, Ese interés representa hoy toda la causa política de la Nación Argentina, como en otra época consistió en la de su independencia de la España.”[1]

Este es un pasaje eminentemente histórico. Alberdi tiene en mente la situación de anarquía que vivía la Argentina durante la tiranía rosista, y el desmembramiento que el país sufría y que dieran origen a las luchas fratricidas entre “unitarios” y “federales”, alentadas por el mismo Juan Manuel de Rosas durante su larguísimo gobierno. Lograda la independencia, Alberdi pensaba que la primera prioridad del país era su unificación, y en cierto modo no le faltaba razón. El mismo Preámbulo de la Constitución que comenta así lo establecía, muestra de la vital importancia que para aquellos hombres tenía el proyecto.

“La obligación del gobierno general de destinar una parte del gasto público interior a las obras y trabajos de utilidad nacional, no debe medirse por la grande necesidad que el país tiene de esas obras. La Constitución anduvo muy acertada en hacerlas depender más bien de las facilidades estimulantes ofrecidas al espíritu particular de empresa, que de los recursos de un Erario naciente y desprovisto de medios actuales.”[2]

En los albores de la organización del país, las arcas del estado eran muy reducidas como no podía ser de otro modo, de la misma manera que cualquier emprendimiento nuevo nace con escasos recursos materiales. También así era la situación de la flamante Argentina. En este lúcido pasaje, Alberdi juiciosamente pone el acento en la necesidad de dejar –al menos en parte- en manos de la actividad privada el emprendimiento y financiamiento “a las obras y trabajos de utilidad nacional”, no tanto por razones de que el estado no debiera ocuparse de ellas, sino porque en aquella etapa, los recursos del Tesoro eran escasos, dado el carácter incipiente de la nación en gestación.

“Otro medio de economizar gastos en sueldos de empleados, es emplear pocos agentes, hábiles y honrados, en lugar de muchos ineptos y sospechosos. Y como no se consigue el servicio de hombres de capacidad notable y de respetabilidad acreditada sino por compensaciones dignas de tales prendas, los sueldos crecidos pagados a la aptitud son un medio de disminuir el gasto público en empleados de hacienda.”[3]

Párrafo en extremo juicioso, completamente ignorado en nuestros días y -podríamos decir- tanto en nuestro siglo como en el anterior. Parece que ya en la época del Alberdi esto era un problema, de otro modo no hubiera reparado en el asunto como para darle importancia. Lo cierto es que el consejo no fue atendido, excepto por esos tiempos y, como decimos, desde el siglo pasado hasta el presente el procedimiento seguido ha sido por completo el inverso al aconsejado por Alberdi. No es difícil imaginar cómo se escandalizaría nuestro autor si contemplara el derroche presente, ya en empleos públicos inútiles y superfluos, sino en la dilapidación sistemática de dineros públicos en prebendas y privilegios a sectores que directamente no trabajan, ni en el sector publico ni en el privado, viviendo de subsidios, planes sociales, transferencias directas y demás dádivas otorgadas por el estado asistencialista. Veamos que pensaba del gasto público aplicado a la educación:

“Si la dirección del gasto público es un medio de reglar la educación, las arcas del Tesoro deberían abrirse con doble facilidad cada vez que se trate de pagar la enseñanza de artes y oficios, de lenguas vivas, de materias exactas, de conocimientos positivos para el pueblo, en lugar de gastar dinero en difundir la metafísica, que conviene más a las épocas de demolición que a las de creación y organización.”[4]

Evidentemente, Alberdi parecía opinar que la educación era asunto estatal antes que privado. Nuevamente hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que escribía: una nación de gran extensión territorial, prácticamente desértica y con una elevadísima cuota de analfabetismo. Como vemos, Alberdi era patrocinador de lo que hoy en día podríamos llamar las carreras de “índole práctica”. Escribía para un país en donde casi todo estaba por hacerse. Había que construirlo culturalmente. No deja de llamar la atención su alusión a la metafísica como más propia de “épocas de demolición”. Hay un cierto dirigismo educativo en el párrafo, que denota las preferencias personales del autor en materia educacional.

“A propósito de este ramo del gasto público, convendrá no olvidar que la Constitución argentina hace depender la cultura del país de la educación que dan las cosas por sí mismas, de esa educación que se opera por la acción de la cultura extranjera venida en las poblaciones civilizadas de la Europa, y en los demás elementos de prosperidad y cultura que ella nos envía ya formados, al favor de las sabias franquicias que le abre la Constitución moderna argentina.”[5]

Una nueva referencia a un tipo de educación de orden práctico (“la educación que dan las cosas por sí mismas”) y –naturalmente- esa educación, atento las necesidades del momento que vivía la naciente nación, debería provenir casi enteramente del exterior, en particular de Europa, sin lugar a dudas el centro cultural por antonomasia de la época en la que nuestro autor escribe su obra. Hoy diríamos -frente a eta cita- que Alberdi estaba proponiendo que el estado importara la educación del exterior. Teniendo en cuenta el contexto, la idea era altamente plausible. Veía en ella una acción necesaria por parte del estado.

[1] Alberdi, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853.

  1. 199

[2] Alberdi….Ob. cit. pág. 199-200

[3] Alberdi….Ob. cit. pág. 201

[4] Alberdi….Ob. cit. pág. 204

[5] Alberdi….Ob. cit. pág. 205

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Donald Trump y la libertad de prensa

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

En un sistema republicano nada hay más importante al efecto de preservar las libertades individuales que la libertad de prensa. Después de un gran debate en medios estadounidenses por parte de quienes sostenían en el siglo xviii que no debería insertarse en la Carta Magna lo que el gobierno no puede hacer puesto que se afirmaba  que en un sistema libre como el proclamado en la Constitución va de suyo que el abuso queda excluido. Sin embargo, la posición contraria prevaleció y así se aprobaron las primeras diez enmiendas constitucionales,  de las cuales la primera —la prioritaria— resguarda la libertad de prensa de toda intromisión gubernamental. En esta misma línea, Thomas Jefferson escribió en 1787 que “si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir esto último”.

Ahora resulta que acaba de asumir un presidente del otrora baluarte del mundo libre que se pronuncia en contra de la prensa libre. Entre otras trifulcas con los medios —la última antes de asumir cuando en su conferencia de prensa hizo callar a un periodista de CNN— ha dicho en Forth Worth en Texas que cambiará las leyes “para cuando los medios escriban noticias negativas los podamos demandar y así hacer mucho dinero” y con una inusitada agresión ad hominem  en West Palm Beach en Florida afirmó que después de que cambiemos las leyes referidas a la prensa “cuando el New York Times o el Washington Post escriban los podamos demandar” y “los medios se encuentran entre  los grupos de personas más deshonestas que he conocido. Son terribles”, lo cual repitió en su visita a la CIA después de asumir la presidencia, oportunidad en la que agregó “estoy en guerra con los medios” y  otras manifestaciones de desprecio a la libertad de pensamiento.

Este peligro inminente se agrega a la xenofobia del nuevo presidente, de su prepotente, arrogante y anunciada intervención en el comercio internacional y de su preocupante esquema para la economía local con los gastos colosales que proyecta, su amistad con Rusia, su enemistad con China y el nombramiento del Secretario de Defensa (el jefe del  Pentágono), el general James Mattis, que ha declarado públicamente en un panel ante sus pares en la Asociación de Comunicaciones y Electrónica de las Fuerzas Armadas (San Diego, California) que “En realidad me gusta pelear, ustedes saben. Es estimulante. Es divertido matar a algunas personas. Me gusta la camorra”. Con seguridad estas medidas no se dirigen a su reiterado lema de Make America Great Again, más bien a acentuar la decadencia que se viene apartando aceleradamente de los valores proclamados por los Padres Fundadores (en el contexto de modales impropios por más que se empeñe en mostrar otos aspectos formales de buena calidad como la reposición del busto de Churchill en la Oficina Oval en su primer día de gestión).

No tenemos la bola de cristal, no sabemos que ocurrirá, aparecen declaraciones contradictorias del novel mandatario las cuales se reiteraron en su discurso inaugural, pero, como queda dicho, hay síntomas muy alarmantes y otros que apuntan a tranquilizar a los más sensatos, medidas ponderables como la elección del vicepresidente, la secretaria de educación, el de vivienda y urbanismo y algunos temas importantes de salud, tributarios y de regulaciones pero nada compensa su tratamiento desaforado para con la prensa.

En cualquier caso, como es sabido, la libertad de expresión resulta esencial para aprender puesto que como el conocimiento está inmerso en la provisionalidad y siempre abierto a posibles refutaciones, la manera de reducir nuestra ignorancia consiste en contar con debates abiertos de par en par.

Esta libertad es respetada y cuidada como política de elemental higiene cívica en el contexto de una sociedad abierta, no solo por lo anteriormente expresado sino porque demanda información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de la extralimitación del poder. En innumerables casos, el periodismo ha hecho mucho más que la propia Justicia para investigar y denunciar casos de corrupción gubernamental.

Como he escrito en otra oportunidad en La Nación de Buenos Aires, resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de la “seguridad nacional” y los “secretos de Estado” alegando “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa. Debido a su trascendencia y repercusión pública internacional, constituyen ejemplos de acalorados debates sobre estos asuntos los referidos a los llamados “Papeles del Pentágono” (tema tan bien tratado por Hannah Arendt) y el célebre “Caso Watergate” que terminó derribando un gobierno.

Por supuesto que nos estamos refiriendo a la plena libertad sin censura previa, lo cual no es óbice para que se asuman con todo el rigor necesario las correspondientes responsabilidades  ante la Justicia por lo expresado en caso de haber lesionado derechos de terceros. Esta plena libertad incluye el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios.

Hasta aquí lo básico del tema, pero es pertinente repasar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados y permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo aunque no se refiera específicamente a Estados Unidos. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. No resulta infrecuente que periodistas bien intencionados y mejor inspirados se quejen amargamente porque sus medios no reciben el mismo trato que los que adhieren al gobierno de turno o a los que la juegan de periodistas y son directamente megáfonos del poder del momento. Pero en verdad, el problema es aceptar esa repartición estatal en lugar de optar por su disolución, y cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos se han acostumbrado.

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo, que en este campo se de por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.

De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.

Fenómeno parecido sucede con la pornografía y equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se trasmiten imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran padres putativos, cosa que no excluye que las emisioras privadas de cualquier parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas para seleccionar audiencias.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero en varios países irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra el periodismo independiente (un pleonasmo pero en vista de lo que sucede, vale el adjetivo).

Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia y a diferencia de lo sugerido por Einstein, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas en imparables verborragias, tal como ocurre con los artilugios que planea Donald Trump para amordazar a la prensa independiente que esperemos se rectifiquen de inmediato.

Dados los temas controvertidos aquí brevemente expuestos —y que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa ni los planes de Trump— considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Alberdi y el libre comercio

Por Gabriel Boragina: Publicado el 9/10/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/10/alberdi-y-el-libre-comercio.html

 

 

alberdi

Juan Bautista Alberdi, a quien no creemos equivocarnos si lo designamos como el primer gran constitucionalista argentino, fue -sin lugar a dudas- un gran paladín de la libertad, y tuvo un papel transcendental en la época de la formación de la República Argentina. Inspirador de la Constitución de esa nación, fue precisamente sumamente claro en describir el espíritu que animaba a esa constitución que se basó en sus formidables ideas, verdaderamente revolucionarias para su tiempo. Una de sus preocupaciones residió en explicar cómo esa misma constitución contenía un programa completo de libertad económica, que incluía –como no podía ser de otro modo- la libertad de comerciar. He aquí algunos de sus párrafos en tal sentido:

“Los art. 9, 10, 11 y 12, según los cuales no hay más aduanas que las nacionales, quedando libre de todo derecho el tránsito y circulación interna terrestre y marítima, hacen inconstitucional en lo futuro toda contribución provincial, en que con el nombre de arbitrio o cualquier disfraz municipal se pretenda restablecer las aduanas interiores abolidas para fomentar la población de las provincias por el comercio libre. En Francia se restauraron con el nombre de octroi (derecho municipal) las aduanas interiores, abolidas por la revolución de 1789. Es menester no imitar esa aberración, que ha costado caro a la riqueza industrial de la Francia.”[1]

Desafortunadamente, y salvo muy contados periodos posteriores al ejercicio de la novel constitución alberdiana, con el andar de los tiempos, el noble federalismo que la Carta Magna proclamaba fue paulatinamente dejado de lado y, algunas veces más, otras veces menos, pero con tendencia progresiva, el federalismo constitucional fue disipándose en el transcurrir. Formalmente, en nuestros días las aduanas interiores ya no existen. Pero –acorde lo temía nuestro prócer- fueron sigilosamente reemplazadas por medio de otras medidas que, con nombres diferentes, se alzaron como barreras muy similares a la de las aduanas de aquel entonces. Los impuestos provinciales, por ejemplo, que a veces alcanzan niveles abusivos para determinados artículos o renglones, hacen en los hechos de barreras aduaneras para el ingreso de empresas, productos o servicios. El régimen actual de coparticipación federal es muestra acabada de la más flagrante violación a la letra y al espíritu de la constitución fundadora.

“Conforme a semejantes leyes, ¿puede entenderse concedido el goce y ejercicio de las garantías de libertad, igualdad y propiedad? ¿Podría ser ejercida la libertad de comercio conforme a las leyes de Felipe II y de su padre Carlos V, los opresores del comercio libre? Nuestros legisladores deben tener presente la historia del derecho que está llamado a reformar; y todo economista argentino debe fijarse en los nombres que suscriben la sanción de la mayor parte de las leyes civiles que reglan el ejercicio de las garantías que la Constitución ha concedido a la industria. Así verán que en la obra de la organización que nos rige en plena república independiente, nueve partes tienen los reyes absolutos de España, y una la América emancipada. Esta única parte está en el derecho constitucional; las nueve realistas en el derecho orgánico. Practicar la Constitución conforme a este derecho, es realizar la república representativa conforme a la monarquía simple y despótica. He aquí lo que pasa de ordinario en nuestro régimen económico.”[2]

Alberdi se lamentaba en este párrafo de las leyes que -por entonces- regían a la Confederación Argentina. Se refería al derecho español que gobernó hasta 1810. Pero que -en los hechos- perduró durante muchos años más, ya no tanto en su letra como en su espíritu, incluso en las primeras leyes patrias propiamente dichas. Desdichadamente, el llamado del insigne argentino hacia los legisladores no fue escuchado, y si bien entre estos últimos ha habido –fuerza es reconocerlo- honrosas excepciones, la tendencia mayoritaria ha sido en restringir el libre comercio mediante leyes regulatorias de corte proteccionista, lo que -en los hechos- implicaba un retorno a la legislación colonial de la cual se suponía se quería renegar a través de las luchas de la independencia. El tiempo demostró que se obtuvo una mera independencia política de la metrópoli, y hasta todavía económica de esta también, pero el elemento ausente en el tramo final fue una auténtica independencia de sistema económico, y que -en definitiva- la República terminó adoptando como propio el régimen económico mercantilista heredado de España, el que, en una general visión retrospectiva histórica, no fue abandonado jamás hasta el presente. Alberdi temía -ya en su momento- que ello fuera a suceder, como lo demuestran estas otras palabras suyas:

“Guárdese el comercio actual de Buenos Aires de volver a merecer la descripción que hizo el doctor Moreno del comercio bonaerense de 1809. – “Un cuerpo de comercio que “siempre ha levantado el estandarte contra el bien común de los demás pueblos; que ha sido ignominiosamente convencido ante el monarca del abuso rastrero de comprar el mal nacional con cantidades de que no podía disponer”. (Representación de los hacendados de las campañas del Río de la Plata, pidiendo el comercio libre con la nación inglesa en 1809)”.[3]

Paradójicamente, era Buenos Aires quien se oponía al libre comercio entre Inglaterra y las Provincias Unidas del Rio de la Plata, conforme el propio Alberdi lo explica. Clara demostración todo, de cómo se combinaban de manera perfecta -tal como hoy también sucede- un exacerbado centralismo político complementado por un proteccionismos económico, que no son más que dos caras de la misma moneda, y que concurren paralelamente. Esta puja entre el centralismo porteño y el descentralismo provincial ha sido una constante desde las palabras de Alberdi hasta hoy, y continúa siendo un tema de gran actualidad pese a su antigüedad.

“Como repetidas veces Buenos Aires había frustrado los esfuerzos de las provincias para crearse un gobierno común con sólo quedar aislada y prescindente, las provincias vieron que para crear su gobierno general, les era indispensable destituir a Buenos Aires de los medios efectivos que tenía de impedírselos por su simple prescindencia sistemática, con la cual debían contar siempre las provincias. Y como Buenos Aires retenía esos medios al favor del monopolio que hacía de la navegación y del comercio exterior, las provincias cuidaron esta vez de proclamar la libre navegación de los ríos, para atraer a sus manos, por medio del comercio libre, los recursos elementales del poder de que Buenos Aires las tenía privadas por medio del comercio esclavizado, es decir, por medio del comercio indirecto obligatorio.”[4]

[1] Alberdi, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. .pág. 48

[2] Alberdi, J.B. ídem. Pág. 57

[3] Alberdi, J.B. ídem. Pág. 122

[4] Alberdi, J.B. ídem. Pág. 221

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El sentido de la independencia

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 13/7/16 en: http://www.cronista.com/opinion/El-sentido-de-la-independencia-20160713-0027.html

 

Ahora que han pasado los festejos del 9 de julio, es momento de reflexionar serenamente sobre el significado de la independencia. En el Acta firmada en 1816, hacen doscientos años, aparecen dos conceptos centrales. En primer lugar, se lee de la necesidad de recuperar los derechos de que fue despojada la población y, en segundo lugar, expresamente se consigna que la independencia es para garantizar las vidas y haciendas de los habitantes.
Juan Bautista Alberdi, el artífice intelectual de nuestra Constitución fundadora, señala el peligro de liberarnos de las máquinas fiscales de la metrópoli para en cambio convertirnos en colonos de nuestros propios gobiernos, lo cual subraya sucedió hasta la promulgación de la referida Carta Magna en 1853 que, aplicada, permitió ubicar a nuestro país a la vanguardia de las naciones civilizadas.
Hasta 1930 los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y el obrero de la industria incipiente de los argentinos eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. De allí las multitudinarias inmigraciones a nuestras costas. El volumen del comercio exterior estaba a la altura del de Canadá y Australia. Miembros de la Academia de Francia compararon el nivel de los debates que tenían lugar en esa corporación con los que se suscitaban en el Parlamento argentino. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia constituían un ejemplo para todas las naciones civilizadas.
Luego vino el estatismo, primero en los treinta con los impuestos directos y el unitarismo fiscal, el control de cambios, la banca central y las juntas reguladoras. Y en los cuarenta el populismo acentuado con el establecimiento de controles de precios, el sindicalismo fascista de las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos copiadas de la Carta de Lavoro de Mussolini, la inflación monetaria, los ataques a la libertad de prensa, la estatización de empresas, el aumento sideral en la presión tributaria, la corrupción administrativa, saltos cuánticos en el gasto público y la proliferación de regulaciones incompatibles con un sistema republicano. Situación ésta que en mayor o menor medida continuó durante más de siete décadas. Es decir, las máquinas fiscales que tanto preocupaban a Alberdi que anticipaba nos harían colonos de nuestros propios gobiernos.
La independencia es entonces de cada habitante en cuanto a su libertad, en cuanto a la posibilidad real de expresar su pensamiento, en cuanto al uso y disposición de lo que le pertenece legítimamente. Los alarmantes indicadores del gasto público sobre el producto, la antedicha presión tributaria y la deuda gubernamental, sea interna o externa, revela el grado de dependencia de los argentinos con los aparatos estatales.
La lucha por la independencia debe ser una tarea cotidiana de todos los que quieren que se los respete. Es de desear que el actual gobierno revierta la situación y centre su atención en el desmantelamiento de un Leviatán hiperdimensionado. Solo así tiene sentido hablar de independencia.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.