LOS SINDICATOS: DEL DERECHO DE HUELGA A LA FUERZA DE LOS BESTIAS.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 30/9/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/09/los-sindicatos-del-derecho-de-huelga-la.html

 

Nada está más incorporado al horizonte de pre comprensión de casi todos que los sindicatos deben tener el derecho de huelga, como habitualmente se lo entiende, para luchar contra el pérfido capitalismo. No es un fenómeno argentino, es un problema mundial.

El marxismo ha logrado convencer a casi todo el mundo, excepto a los que han leído y comprendido a Bohm-Bawerk, Mises y Hayek, que el aumento de salarios se debe la “lucha” sindical. Craso error. El aumento generalizado de salarios sólo puede deberse al aumento de la demanda de trabajo, y ello sólo se produce por el aumento de la inversión y la fabricación de nuevos bienes de capital que permitan producir más en menos tiempo. El subdesarrollo es el precio de todos los socialismos, marxismos e intervencionismos que aún no han logrado entender la relación entre la tasa de capital y el nivel de salarios.

Los sindicatos pueden, por la fuerza, hacer que: a) el gobierno emita moneda para pagar los salarios públicos, lo cual produce inflación y, por ende, menos salario; b) que los empleadores se vean forzados a subir los salarios, en cuyo caso baja la demanda de trabajo, produciendo ello desocupación, y, además, los gobiernos expanden el crédito para que los empleadores puedan absorber el salario más caro, y esa expansión del crédito produce también inflación y por ende una disminución del salario real.

Pero, como dije, los sindicatos hacen esto por la fuerza. Esto es, declaran una huelga e impiden a otros trabajadores que cubran sus puestos. Eso es lo que habitualmente se conoce como “derecho de huelga”, aceptado y protegido por todas las legislaciones de las naciones occidentales (excepto en aquellas donde “gobierna el proletariado”, por supuesto).

Ese derecho de huelga, así entendido, no sólo produce una baja en el salario real, como hemos explicado, sino que es en sí mismo un atentado contra el Estado de Derecho. Nadie tiene el derecho de impedir a otro ocupar un puesto de trabajo abandonado por otro. Ello es ilegal e inmoral. Pero como Occidente, putrefacto de marxismo, ha aceptado esa modalidad porque cree que ello es “en nombre de los trabajadores”, entonces la permite. Por eso los piquetes, que no son un invento del peronismo-kirchnerismo argentino, sino la modalidad obligada del derecho de huelga así entendido.

Esos piquetes son una quiebra del Estado de Derecho y, por ende, un estado dentro de otro estado. Si un estado limitado, constitucional, no puede hacer cumplir la ley, porque otra ley, contradictoria con la pirámide jurídica, se lo impide, o porque está temeroso de hacerlo por las amenazas sindicales, que son siempre amenazas delictivas, entonces se está enfrentando a un grupo que se ha salido del Estado de Derecho, ha organizado un grupo con sus propias normas y desafía al poder constitucional. O sea, una mafia, por definición, o un ejército paralelo.

Los intentos de distinguir entre el derecho de huelga, así entendido, y los abusos del derecho de huelga, son por ende conceptualmente vanos. Ya el derecho de huelga, así entendido, es ilegal, y por ende ni siquiera puede haber abuso, como su hubiera un uso racional o legal.

Por ende, todos los desmanes, amenazas, violencias y crueldades realizadas por los sindicalistas, ipso facto delincuentes organizados, ipso facto mafiosos aunque marchen a Luján y tengan las sacrílegas bendiciones de los obispos, forman parte de la misma naturaleza del sindicalismo entendido como lucha contra el capitalismo mediante el así llamado derecho de huelga.

Esto sucede en todo el mundo.

En el caso argentino, casi todos olvidan que Perón fue un fascista en sentido estricto (y por ende socialista), un seguidor de Mussolini que organizó a los sindicatos según la Carta Del Lavoro del dictador italiano. La violencia y la corrupción del sindicalismo argentino quedó por ende elevada a la enésima potencia por la organización sindical peronista, cáncer sacrosanto e intocable que nadie se atreve a enfrentar, pero fundamentalmente, que casi nadie entiende como lo que es: una mafia violenta, mediante la cual se conduce toda la hiel putrefacta de la pulsión de agresión de todo ser humano investido de semejante poder que, para colmo, está investido de aprobación moral. Porque muchos coinciden que el sindicalismo argentino está corrupto pero creen que se lo puede reemplazar por otros dirigentes, sin ver el problema del sistema en sí mismo. Como si la mafia de Chicago o New York se hubiera podido solucionar, en su momento, con dirigentes mafiosos “buenos”. No, el problema no son las personas, sino el sistema. Podrás encontrar un Don Corleone más dialogante, más racional, al cual sobornar mejor, o una bestia ideologizada que para colmo de mafioso sea pro-Maduro (otro mafioso), pero es mafia, gente: una banda de delincuentes, y con los años, uno más bestia que el otro, de los cuales, esperemos, Dios se apiade de su alma.

 

Mientras tanto, esto forma parte de esas pre-suposiciones  marxistas  que conducirán inexorablemente a la desaparición de este mal experimento llamado Argentina.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Apunte sobre legislación sindical

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 28/6/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7343

 Contemporáneamente en casi todos lados se ha adoptado la visión fascista de la Carta del Lavoro de 1927 que, a su vez, respondiendo a la genealogía de Mussolini, se basa en la noción marxista de “las relaciones contractuales entre el capital y el trabajo”, primer error conceptual puesto que el capital no negocia ya que se trata de maquinarias y equipos, son distintas formas de trabajo que en una sociedad libre arriban a salarios monetarios y no monetarios según sea la tasa de inversión correspondiente (esa es la diferencia entre los salarios en Angola y Canadá, no los decretos y leyes que se promulgan con criterios voluntaristas).
 
Vamos por pasos en este asunto. En un ambiente civilizado, un sindicato es una asociación libre y voluntaria que se establece para todo aquello que los sindicados consideren pertinente (a menos que se trate de lesión de derechos de terceros en cuyo caso se convierte en una asociación ilícita). Generalmente en estos contextos la función primordial del sindicato consiste en informar a sus miembros de los salarios obtenidos en distintos lugares y actividades ya que si bien los ingresos en términos reales dependen de la inversión per capita que hace posible incrementos en la productividad del trabajo (no es lo mismo arar con las uñas que con un tractor), las cifras no aparecen en algún tablero universal sino que hay que averiguarlas (cosa que no es una faena difícil, de lo contrario pruébese remunerar a una secretaria en niveles bajo el mercado y se comprobará que no dura ni siquiera pasada la hora del almuerzo del primer día laborable).
 
Lo dicho no es óbice para que las referidas asociaciones establezcan otros servicios y otras condiciones para ser miembro aunque alguna puede aparecer chocante o ridícula como la de pertenecer a cierto partido político o, para el caso, condiciones para el salto de garrocha, todo es aceptable siempre que se trate de acuerdos libres y voluntarios entra las partes.
 
Observamos, sin embargo, que la situación es muy otra en nuestro mundo de hoy. Se impone que los empleadores descuenten compulsivamente contribuciones o cuotas sindicales enmascaradas o explícitas y de obras sociales a todos los empleados en relación de dependencia, lo cual constituye una inmoralidad superlativa. Se desconfía que los candidatos aporten voluntariamente a las cajas sindicales. Más aun, al universo que se le ha descontado para obras sociales se le requiere el carnet de afiliación para hacer uso de dichos servicios (generalmente muy deficientes como todo lo monopólico artificial) con lo que, de facto, significa membresía forzosa. De ninguna manera esto implica que los sindicatos no puedan contar con servicios médicos denominados “obras sociales”, de lo que se trata es que sean voluntarias y que compitan con otras. Un amigo co-fundador de dos mutuales de medicina muy prestigiosas en Argentina me decía que hicieron un estudio para extender el servicio a personas de menores ingresos pero la legislación sindical no les permitió competir. Desde luego que esta situación compulsiva se presta para todo tipo de maniobras por parte de la dirigencia sindical.
 
Otra característica de esta extendida legislación fascista es la llamada “personería gremial” que no es la simple personería jurídica que debe otorgársele a toda asociación libre, sino que es una figura que significa que la autoridad gubernamental la concede a un sindicato por rama de actividad que compulsivamente representa a todos los que trabajan en esa área y bloquea que lo hagan otros en grupo o lo hagan personas individualmente con lo que se impone la contratación colectiva por la fuerza. Nada tiene de objetable la contratación por grupos si los trabajadores lo prefieren, pero, como queda dicho, en este caso se trata de recurrir a la legislación para imponerlo y direccionado en cierto sindicato (que habitualmente se dice “el más representativo” con lo que se elimina a otros sindicatos o representaciones personales para negociar sus preferencia ya que si voluntariamente los trabajadores decidieran otorgar representatividad en ese mismo sindicato al que se le concede la personería gremial no habría necesidad de escudarse en esta figura coercitiva, que en estos contextos solo pueden eventualmente zafar de la imposición a través de contrataciones temporarias y similares).
 
Esta maraña legislativa en materia sindical y laboral en general conduce al mercado informal al efecto de evitar todos los impuestos al trabajo que expulsan de las posibilidades laborales a los que más necesitan trabajar ya que, como queda dicho, los salarios no dependen de la voluntad del legislador sino de las referidas tasas de capitalización que cuando se establecen por encima de esa marca aparece el desempleo. En cambio, en un clima de arreglos contractuales libres y voluntarios nunca sobra aquello que es indispensable para brindar servicios y producir bienes ya que, precisamente, el problema económico consiste en que los bienes y servicios son escasos en relación a las necesidades (de lo contrario estaríamos en Jauja, es decir, habría de todo para todos todo el tiempo, en cuyo contexto nadie demandaría empleo). La tragedia de la desocupación siempre se debe a la intromisión forzosa de legislaciones que no permiten contratar libremente, situación en la que se entrometen los aparatos estatales a través de lo que se ha dado en llamar “arbitraje” o “conciliación obligatoria”.
 
En esta misma línea argumental se impone una peculiar forma violenta de huelgas. En lugar de entender la huelga como el derecho a no trabajar que lo tiene cualquier persona libre, se introduce la idea del “derecho a estar y no estar al mismo tiempo en el lugar de trabajo”, es decir, quien se declara en huelga no trabaja pero tampoco permite que otros sean contratados en esa empresa (por medio de piquetes intimidatorios o por medio del decreto gubernamental), con lo que se conduce al desempleo o a través de la disminución del poder adquisitivo por medio de la inflación monetaria al efecto de cubrir la desocupación que de otro modo hubiera surgido ya que los salarios no son nunca consecuencia del voluntarismo sino de la realidad económica.
La huelga como el natural y a todas luces lícito derecho a no trabajar somete al empleador a una de dos posibilidades: o contrata a otros si es que lo que ofrece son salarios de mercado o debe incrementar la paga si es que estaba bajo el nivel que exigen las tasas de inversión.
 
Toda la nociva legislación a que nos venimos refiriendo parte de la falacia de “la teoría de la desigualdad en el poder de contratación” la cual sostiene que no es permisible que el gobierno no intervenga cuando quienes contratan tienen diferentes patrimonios lo cual pondría en desventaja al más débil. Esto así está mal planteado. La desigualdad patrimonial en el contrato es del todo irrelevante, nuevamente lo decisivo es la cuantía de inversión y los consiguientes marcos institucionales que permiten la formación de ahorro interno y externo en el lugar para ampliar esa inversión. En otros términos, si un multimillonario llega a un lugar y averigua cuanto debe remunerarse a un trabajador para pintar su casa y decide ofrecer la mitad porque es muy rico, sencillamente no podrá pintar su casa (para el caso no importa si su cuenta corriente es muy abultada o si está quebrado).
 
Las remuneraciones de las que estamos hablando incluyen todas sus formas tanto monetarias como las no monetarias. Si las cosas no fueran de esta manera no habría que ser tímido en los pedidos y lanzar un decreto por el que todos se conviertan en millonarios, pero lamentablemente las cosas no son así. Obsérvese que en el caso argentino (y en otros) los salarios del peón rural y los de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España (de allí es que en esas épocas la población se duplicaba cada diez años debido a la inmigración), situación que operaba cuando los arreglos contractuales se guiaban por el Código Civil de 1869 y los problemas para los más necesitados comenzaron en paralelo con la legislación de las mal denominadas “conquistas sociales” a partir de los años cuarenta y sin solución de continuidad hasta el presente, puesto que todos los gobiernos (civiles y militares) pretendieron y pretenden utilizar el movimiento obrero en provecho propio sin abrogar las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos y equivalentes que constituyen la raíz del problema que embretan a los genuinos trabajadores en favor de la cúpula sindical.
 
Este tema de la incomprensión respecto a las causas de los niveles de salarios no se circunscribe a sindicatos y afines sino que abarca territorios mucho más amplios. Hace un tiempo estaba yo dictando un seminario en una cámara empresarial y uno de los asistentes (muy conocido) me preguntó que si no se aceptaba la huelga intimidatoria como se incrementarían salarios, con lo que se pone de manifiesto el grado de confusión mayúsculo que también incluye al empresariado (y a muchos otros sectores) que en no pocas ocasiones avala los absurdos e improcedentes “consejos de salarios” como si éstos fueran el resultado de la “puja distributiva” desconociendo en forma absoluta el significado elemental de los procesos de mercado.
 
En momentos de escribir estas líneas el caso argentino revela que el movimiento sindical se subleva frente al actual gobierno debido a excesivas presiones fiscales al trabajo para financiar el creciente gasto público, situación que escandaliza y sorprende al aparato estatal del momento que no puede creer que pasen por izquierda a una estructura que se autoconsidera “progresista”, pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo solo que hay dos competidores por la imposición de condiciones desfavorables al trabajador que se encuentra en medio de una operación pinza y que, en definitiva, siempre paga los platos rotos.
 
Resulta indispensable y muy urgente revisar las falacias, los mitos y las grotescas tergiversaciones históricas tejidas en torno a los temas aquí apuntados y abandonar la hipocresía de escudarse bajo el manto de los pobres al efecto de explotarlos miserablemente.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.