Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 31/8/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1823636-la-soberbia-de-un-estado-invasivo
La intervención de los aparatos estatales en la economía perjudica a la gente, especialmente a los más necesitados, porque el derroche de capital afecta salarios e ingresos
Giovanni Papini, mi cuentista favorito, destaca que los siete pecados capitales derivan de la soberbia y escribe en una de sus múltiples ficciones (no siempre tan ficciones) que «el soberbio no tolera ser contrariado, el soberbio se siente ofendido por cualquier obstáculo y hasta por la reprensión más justificada, el soberbio siempre quiere vencer y superar a quien considera inferior a él [?] El soberbio no concibe que cualquier otro hombre pueda tener cualidades o dotes de las que él carece; el soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todos, que otros estén en lugares más altos que él».
Por mi parte, aplico esta premisa general de Papini al terreno de la relación entre gobernantes y gobernados. Gobernar significa mandar y dirigir. Leonard E. Read nos enseña que, para mayor precisión, se debería haber recurrido a otra expresión, porque hablar de gobernante sería tan inapropiado como denominar al agente de seguridad de una empresa «gerente general», ya que la función del monopolio de la fuerza es velar por los derechos de las personas y no regentearlas.
Pero resulta que los primeros mandatarios han mutado en primeros mandantes y, en lugar de proceder como efectivos agentes de seguridad de los derechos, los conculcan, con lo que se cumple la profecía de Aldous Huxley en su terrorífica antiutopía, en la que muchos piden ser sometidos, para desgracia de quienes mantienen su integridad y autoestima (lo cual es infinitamente peor que el Gran Hermano orwelliano).
En realidad, el espectáculo que ofrecen los burócratas que se consideran omniscientes es digno de una producción de Woody Allen: se dirigen a la audiencia como si estuviera compuesta por infradotados e imparten órdenes ridículas a diestra y siniestra, por ejemplo, sobre cómo deben ser los precios de bienes y servicios, sin percatarse de que las leyes de mercado operan por cuerda separada y de que cada intromisión inexorablemente provoca daños y desajustes de consideración.
El proceso es coordinado a través de los precios, que actúan como si fueran un tablero de señales que indican a los operadores las siempre cambiantes circunstancias para saber cuándo y dónde invertir o desinvertir. La información está fraccionada entre millones de actores, pero cuando desde el poder se pretende dirigir vidas y haciendas ajenas, se concentra ignorancia. Al irrumpir los megalómanos gubernamentales sobre la base de que «no puede dejarse que las cosas se desarrollen vía la anarquía del mercado y, por tanto, el gobierno debe dirigir», se afecta gravemente el proceso. Esto perjudica a la gente, muy especialmente a los más necesitados, puesto que el derroche de capital afecta salarios e ingresos en términos reales. Idéntico fenómeno ocurre en el mercado financiero, agrícola, industrial o cambiario. En este último caso, resulta tragicómico observar debates sobre la devaluación, es decir, el establecimiento de un nuevo precio artificial que se le ocurre a cierto tecnócrata.
Mucha razón tenía el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek al titular su célebre libro La arrogancia fatal, que precisamente se refiere a los efectos sumamente perjudiciales de los supuestos controles que imponen los aparatos estatales. «Nuestros políticos -escribió Woody Allen- son ineptos y corruptos y, a veces, las dos cosas en el mismo día.» Esta decadencia sólo puede revertirse instalando nuevos y efectivos límites al poder para mantenerlo en brete. De ningún modo debemos esperar que los problemas se resuelvan con «gente buena» en el gobierno, puesto que el tema no es de personas, sino de los incentivos que marcan las instituciones.
Como bien ha explicado Thomas Sowell, no se trata tampoco de contar con computadoras de gran capacidad de memoria para que los políticos en funciones coordinen las operaciones mercantiles, puesto que no sólo «descoordinan», sino que, sencillamente, la información no se encuentra disponible antes de la realización de las operaciones correspondientes.
No es procedente aplicar a un gobierno la terminología que se aplica a una empresa. La administración empresaria apunta a alinear incentivos para lograr objetivos comunes, atentos al cuadro de resultados, para conocer si se da en la tecla con las preferencias de la gente, lo cual se traduce en ganancias, o si se yerra, lo que se refleja en los consecuentes quebrantos. Esto no ocurre en un país, en el que sus habitantes tienen muy diversos proyectos y metas, que los gobernantes deben proteger, siempre y cuando no se lesionen derechos de otros.
Si un gobernante afirma que merced a su gestión se incrementó la producción de, por ejemplo, pollo, habrá que indagar acerca de las políticas dirigidas a ese objetivo que favoreció esa producción, lo cual va en detrimento de la producción de otro bien o servicio que, a su vez, genera un efecto negativo, ya que el proceso contradice lo que hubiera preferido la gente de no haber mediado la mencionada intervención. Éste es el despropósito central de las llamadas empresas estatales: en el momento de su constitución significan derroche de capital, puesto que se desvían los siempre escasos recursos hacia áreas distintas de las prioridades que hubiera establecido el consumidor.
En realidad, empresa estatal es una contradicción en los términos, ya que la actividad empresaria no es un simulacro ni un pasatiempo: en la empresa se arriesgan recursos propios y se asume la responsabilidad por los resultados (a diferencia de los empresarios prebendarios que deben su posición a los favores que le otorga el gobierno de turno). Si se afirmara que la empresa estatal no cuenta con privilegios, no tendría sentido su constitución, directamente operaría con todos los rigores del mercado.
De todo este enjambre que provoca la soberbia se desprenden las declaraciones sorprendentes de gobernantes que, como en Venezuela, hablan de «el derecho a la felicidad suprema» o en Ecuador, de establecer «el derecho al orgasmo de la mujer», propuesta de la Asamblea Constituyente afortunadamente frustrada. Es que se ha perdido por completo la noción del derecho que significa que, como contrapartida, hay la obligación de respetarlo. Entonces, si alguien reclama el derecho a percibir algo que no obtiene lícitamente (porque los congéneres no se lo reconocen) y esto es otorgado por el gobierno, es decir que el prójimo coactivamente lo debe entregar, significa que se ha lesionado el derecho del prójimo, que queda reducido a un pseudoderecho.
Lo dicho no es obstáculo para que se dé ayuda al prójimo con recursos propios, pero es inaceptable la hipocresía de prenderse de un micrófono y usar la tercera persona del plural para apoderarse del fruto del trabajo ajeno. La filantropía remite a la primera persona del singular.
En contraposición al Estado de Derecho, hoy vivimos en la era de los pseudoderechos, es decir, la aniquilación del derecho propiamente dicho, que, necesariamente, se refleja en un enorme perjuicio para todos, muy especialmente para los más débiles económicamente, a quienes -al demolerse la estructura jurídica- se les corta la posibilidad de mejorar su bienestar.
Hay un correlato inverso entre los nombres de los ministerios y lo que ocurre (recordemos el Ministerio de la Verdad, de Orwell, en plena mentira oficial) y el absurdo Ministerio de Bienestar Social, donde es seguro el malestar, y así sucesivamente. El propio Ministerio de Economía constituye un despropósito, porque manejar la economía genera los desajustes señalados. Es mejor recurrir al Ministerio de Finanzas Públicas, de Hacienda o, más modestamente aún, Secretaría del Tesoro.
Nadie sabe a ciencia cierta qué hará la semana que viene, porque las circunstancias se modifican. Pero la petulancia mayúscula de ciertos funcionarios pretende manipular las vidas de millones de personas. Además, la gente debe tener siempre presente que cada vez que se recurre a los ingresos del aparato estatal, son los vecinos los que pagan, ya que ningún gobernante financia de su propio peculio.
Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.
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