La soberbia de un Estado invasivo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 31/8/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1823636-la-soberbia-de-un-estado-invasivo

 

La intervención de los aparatos estatales en la economía perjudica a la gente, especialmente a los más necesitados, porque el derroche de capital afecta salarios e ingresos

Giovanni Papini, mi cuentista favorito, destaca que los siete pecados capitales derivan de la soberbia y escribe en una de sus múltiples ficciones (no siempre tan ficciones) que “el soberbio no tolera ser contrariado, el soberbio se siente ofendido por cualquier obstáculo y hasta por la reprensión más justificada, el soberbio siempre quiere vencer y superar a quien considera inferior a él [?] El soberbio no concibe que cualquier otro hombre pueda tener cualidades o dotes de las que él carece; el soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todos, que otros estén en lugares más altos que él”.

Por mi parte, aplico esta premisa general de Papini al terreno de la relación entre gobernantes y gobernados. Gobernar significa mandar y dirigir. Leonard E. Read nos enseña que, para mayor precisión, se debería haber recurrido a otra expresión, porque hablar de gobernante sería tan inapropiado como denominar al agente de seguridad de una empresa “gerente general”, ya que la función del monopolio de la fuerza es velar por los derechos de las personas y no regentearlas.

Pero resulta que los primeros mandatarios han mutado en primeros mandantes y, en lugar de proceder como efectivos agentes de seguridad de los derechos, los conculcan, con lo que se cumple la profecía de Aldous Huxley en su terrorífica antiutopía, en la que muchos piden ser sometidos, para desgracia de quienes mantienen su integridad y autoestima (lo cual es infinitamente peor que el Gran Hermano orwelliano).

En realidad, el espectáculo que ofrecen los burócratas que se consideran omniscientes es digno de una producción de Woody Allen: se dirigen a la audiencia como si estuviera compuesta por infradotados e imparten órdenes ridículas a diestra y siniestra, por ejemplo, sobre cómo deben ser los precios de bienes y servicios, sin percatarse de que las leyes de mercado operan por cuerda separada y de que cada intromisión inexorablemente provoca daños y desajustes de consideración.

El proceso es coordinado a través de los precios, que actúan como si fueran un tablero de señales que indican a los operadores las siempre cambiantes circunstancias para saber cuándo y dónde invertir o desinvertir. La información está fraccionada entre millones de actores, pero cuando desde el poder se pretende dirigir vidas y haciendas ajenas, se concentra ignorancia. Al irrumpir los megalómanos gubernamentales sobre la base de que “no puede dejarse que las cosas se desarrollen vía la anarquía del mercado y, por tanto, el gobierno debe dirigir”, se afecta gravemente el proceso. Esto perjudica a la gente, muy especialmente a los más necesitados, puesto que el derroche de capital afecta salarios e ingresos en términos reales. Idéntico fenómeno ocurre en el mercado financiero, agrícola, industrial o cambiario. En este último caso, resulta tragicómico observar debates sobre la devaluación, es decir, el establecimiento de un nuevo precio artificial que se le ocurre a cierto tecnócrata.

Mucha razón tenía el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek al titular su célebre libro La arrogancia fatal, que precisamente se refiere a los efectos sumamente perjudiciales de los supuestos controles que imponen los aparatos estatales. “Nuestros políticos -escribió Woody Allen- son ineptos y corruptos y, a veces, las dos cosas en el mismo día.” Esta decadencia sólo puede revertirse instalando nuevos y efectivos límites al poder para mantenerlo en brete. De ningún modo debemos esperar que los problemas se resuelvan con “gente buena” en el gobierno, puesto que el tema no es de personas, sino de los incentivos que marcan las instituciones.

Como bien ha explicado Thomas Sowell, no se trata tampoco de contar con computadoras de gran capacidad de memoria para que los políticos en funciones coordinen las operaciones mercantiles, puesto que no sólo “descoordinan”, sino que, sencillamente, la información no se encuentra disponible antes de la realización de las operaciones correspondientes.

No es procedente aplicar a un gobierno la terminología que se aplica a una empresa. La administración empresaria apunta a alinear incentivos para lograr objetivos comunes, atentos al cuadro de resultados, para conocer si se da en la tecla con las preferencias de la gente, lo cual se traduce en ganancias, o si se yerra, lo que se refleja en los consecuentes quebrantos. Esto no ocurre en un país, en el que sus habitantes tienen muy diversos proyectos y metas, que los gobernantes deben proteger, siempre y cuando no se lesionen derechos de otros.

Si un gobernante afirma que merced a su gestión se incrementó la producción de, por ejemplo, pollo, habrá que indagar acerca de las políticas dirigidas a ese objetivo que favoreció esa producción, lo cual va en detrimento de la producción de otro bien o servicio que, a su vez, genera un efecto negativo, ya que el proceso contradice lo que hubiera preferido la gente de no haber mediado la mencionada intervención. Éste es el despropósito central de las llamadas empresas estatales: en el momento de su constitución significan derroche de capital, puesto que se desvían los siempre escasos recursos hacia áreas distintas de las prioridades que hubiera establecido el consumidor.

En realidad, empresa estatal es una contradicción en los términos, ya que la actividad empresaria no es un simulacro ni un pasatiempo: en la empresa se arriesgan recursos propios y se asume la responsabilidad por los resultados (a diferencia de los empresarios prebendarios que deben su posición a los favores que le otorga el gobierno de turno). Si se afirmara que la empresa estatal no cuenta con privilegios, no tendría sentido su constitución, directamente operaría con todos los rigores del mercado.

De todo este enjambre que provoca la soberbia se desprenden las declaraciones sorprendentes de gobernantes que, como en Venezuela, hablan de “el derecho a la felicidad suprema” o en Ecuador, de establecer “el derecho al orgasmo de la mujer”, propuesta de la Asamblea Constituyente afortunadamente frustrada. Es que se ha perdido por completo la noción del derecho que significa que, como contrapartida, hay la obligación de respetarlo. Entonces, si alguien reclama el derecho a percibir algo que no obtiene lícitamente (porque los congéneres no se lo reconocen) y esto es otorgado por el gobierno, es decir que el prójimo coactivamente lo debe entregar, significa que se ha lesionado el derecho del prójimo, que queda reducido a un pseudoderecho.

Lo dicho no es obstáculo para que se dé ayuda al prójimo con recursos propios, pero es inaceptable la hipocresía de prenderse de un micrófono y usar la tercera persona del plural para apoderarse del fruto del trabajo ajeno. La filantropía remite a la primera persona del singular.

En contraposición al Estado de Derecho, hoy vivimos en la era de los pseudoderechos, es decir, la aniquilación del derecho propiamente dicho, que, necesariamente, se refleja en un enorme perjuicio para todos, muy especialmente para los más débiles económicamente, a quienes -al demolerse la estructura jurídica- se les corta la posibilidad de mejorar su bienestar.

Hay un correlato inverso entre los nombres de los ministerios y lo que ocurre (recordemos el Ministerio de la Verdad, de Orwell, en plena mentira oficial) y el absurdo Ministerio de Bienestar Social, donde es seguro el malestar, y así sucesivamente. El propio Ministerio de Economía constituye un despropósito, porque manejar la economía genera los desajustes señalados. Es mejor recurrir al Ministerio de Finanzas Públicas, de Hacienda o, más modestamente aún, Secretaría del Tesoro.

Nadie sabe a ciencia cierta qué hará la semana que viene, porque las circunstancias se modifican. Pero la petulancia mayúscula de ciertos funcionarios pretende manipular las vidas de millones de personas. Además, la gente debe tener siempre presente que cada vez que se recurre a los ingresos del aparato estatal, son los vecinos los que pagan, ya que ningún gobernante financia de su propio peculio.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Los problemas de volver a tomar deuda

Por Adrián Ravier. Publicado el 27/09/16 en: http://www.infobae.com/opinion/2016/09/27/los-problemas-de-volver-a-tomar-deuda/

 

La herencia kirchnerista se resumió en tres grandes desequilibrios en el campo fiscal, monetario y cambiario. El macrismo intentó avanzar en resolver los dos últimos, pero ha postergado avanzar en el primero. La razón posiblemente se entienda en el impacto que resolver estas cuestiones tiene en la opinión pública. Mientras comprar dólares libremente (tanto para ahorro como para la compra de insumos) o bajar la inflación son aspectos deseables por el colectivo de la sociedad, la baja del déficit fiscal genera —en el corto plazo— desempleo y caída del consumo.

El macrismo optó, entonces, por postergar la baja del déficit y, en su lugar, cambia la forma de financiarlo, esto es, tomando deuda interna y externa. El conflicto con los holdouts tuvo una rápida resolución, tanto por la necesidad interna como por la voluntad externa. Y el acceso al crédito externo hoy está a la orden del día, una medida que ayuda en esta difícil transición.

Sin embargo, tomar deuda tiene también sus consecuencias. Es cierto que en lo inmediato la entrada de estos capitales puede contribuir a resolver el problema de la inflación, al tiempo que evita una caída inmediata en el consumo. Pero el desequilibrio fiscal sigue allí, en los microfundamentos de la economía argentina, el que puede ocultarse con un manto de deuda, pero que pronto saldrá a la luz con la misma fuerza de siempre.

El primer problema de la deuda es moral. El macrismo está apostando a un mayor consumo presente que el que sería posible sin este financiamiento, a costa de los ingresos de contribuyentes futuros que ni siquiera votaron por este Gobierno que adquiere la deuda.

El segundo problema es económico, y en la literatura económica lo han bautizado como el efecto crowding out o efecto desplazamiento hacia la actividad privada. Cuando el Gobierno toma crédito local e internacional, absorbe como una aspiradora esa liquidez que los ahorristas ofrecen, reduce el crédito, encarece y obliga a consumidores y empresas privadas a pagar tasas más elevadas por los préstamos que adquieren.

El Gobierno parece mostrar por momentos una retórica a favor del mercado y contraria al Estado de bienestar, pero en la práctica insiste en mantener el Estado elefante, desplaza las posibilidades del mercado de contribuir a desarrollar una industria competitiva, insertada en el mundo y creadora de empleo.

Los economistas nos dividimos hoy entre optimistas y pesimistas. Los primeros creen que este déficit fiscal será atacado con rapidez una vez que el blanqueo reactive la economía y mejore la recaudación fiscal, tras lo cual puede ser más fácil emprender el postergado ajuste. Los segundos creen que este déficit fiscal no será atacado en este Gobierno, y que este cambio en la fuente de financiamiento nos acompañará a lo largo de todo el período, con las mencionadas consecuencias.

Recordemos que el impacto del blanqueo es de una sola vez y que si bien puede ayudar como shock de confianza, cuando la marea pase, el desequilibrio fiscal seguirá allí, esperando que por fin alguien se decida a atacarlo.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

La mala costumbre de romper el termómetro

Por Adrián Ravier: Publicado el 25/6/14 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2014/06/25/la-mala-costumbre-de-romper-el-termometro/

 

La temperatura del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 grados. Cuando nos ataca un virus o una bacteria, la temperatura puede subir por encima de 38 grados y a eso lo llamamos “fiebre”. Las causas pueden ser varias, pero si el termómetro marca esa temperatura, implica que hay un problema. Hay dos acciones posibles ante este problema: intentar solucionarlo atacando la causa o ignorarlo, rompiendo el termómetro. Está claro que hacer esto último en forma continua puede ser fatal. La economía argentina tiene varios desequilibrios, o fiebre, en el frente fiscal, monetario y cambiario. Veamos cómo ataca el gobierno estos problemas.

En primer lugar, tenemos el déficit fiscal, donde la presión tributaria más alta de la historia argentina no alcanza a cubrir el total del gasto público. El gobierno ha decidido ignorar esta situación sumando a los ingresos tributarios el dinero que toma de ANSES como si fueran impuestos. Esta política, sin embargo, le deja al Estado una deuda pública que deberá atenderse con impuestos de generaciones futuras.

En segundo lugar, aparece el desequilibrio monetario, que es una derivación del déficit fiscal anterior. Como la recaudación tributaria más la deuda de ANSES aun no alcanza a cubrir el déficit fiscal, se monetiza la diferencia, lo que quiere decir que se impone un impuesto inflacionario, regresivo y creciente a la población. Las estimaciones no oficiales ya estiman una inflación del 39 % para 2014, aspecto que se cubre con la manta del INDEC, que si bien ha sido corregido, aun está lejos de ofrecer estadísticas confiables.

En tercer lugar, tenemos el déficit cambiario, con una limitada oferta de dólares que no puede atender la creciente demanda de la divisa norteamericana. La respuesta del gobierno ha sido la aplicación de todo tipo de restricciones para la compra de divisas. Primero jurídicas, con penas a quienes compran y venden divisas por fuera del sistema “oficial”, y luego morales, como si estos compradores interesados en mantener el poder adquisitivo de sus ahorros fueran delincuentes, ajenos al “modelo de inclusión”. El desdoblamiento cambiario muestra entonces un dólar oficial en $ 8.20,y un cambio paralelo en torno a los $ 12, aunque una potencial disparada del paralelo está siempre latente. Esta disparada se justificaría en la relación circulante/reservas “netas” que mantiene el BCRA, que se mantiene por encima de los $ 20 por dólar.

Por supuesto que hay otros desequilibrios, como los crecientes niveles de pobreza, las mayores dificultades para encontrar empleo y la recesión. En el primer caso, se observa en la Argentina de estos últimos años crecientes niveles de pobreza asociados a la inflación, que encarece el costo de la canasta básica. El gobierno no sólo niega la realidad sub-estimando la inflación, sino que ahora ha decidido abandonar las mediciones oficiales. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha generado mediciones privadas que ubican la pobreza en torno al 30 % de la población.

El desempleo real también es más elevado y creciente de lo que oficialmente se reconoce, pero esto se desmiente tomando a los desempleados que reciben planes sociales como “ocupados”, lo que vuelve ridículas las tasas de empleo y desempleo que se comunican a la sociedad.

Varios indicadores están mostrando una recesión en Argentina que es ajena para los países vecinos, dado el contexto internacional favorable no sólo en relación al precio de los commodities -como la soja- sino también a las política de enorme liquidez que inyectan los bancos centrales generadores de divisas. Un síntoma de este problema se observa en la baja facturación de la industria automotriz. ¿Cómo se resuelve el problema? Con un plan Pro-Cre-Auto, que establece que establece rebajas en los precios de los vehículos y créditos blandos para adquirirlos.

Desde luego que la industria automotriz es sólo una industria específica en problemas, y que la mayor venta de autos no resolverá la recesión. En lugar de revisar el modelo que nos conduce a una recesión general de la economía, se vuelve a romper el termómetro para negar la realidad. Mientras no se atiendan los problemas de fondo y se siga rompiendo el termómetro, los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan.

Recordemos que el “crecimiento económico” del período 2003-2008 no fue crecimiento sino recuperación de una economía que sufrió en 2002 las consecuencias de un modelo “deficitario” similar a éste. Da la impresión que la “década ganada” es en realidad otra “década perdida”.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.