Carta a mis consubditos argentinos

Por Aldo Abram: Publicado el 20/4/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/04/20/carta-a-mis-consubditos-argentinos/?outputType=amp-type

El presidente Alberto Fernández

A algunos les llamará la atención que no haya puesto conciudadanos en el título. Es porque ello significaría que nos asumimos como ciudadanos; lo cual implicaría ser miembro activo de un Estado en el que los derechos y libertades fundamentales son garantizados por su Constitución. Para que así sea, es necesario que rija plenamente una Democracia Republicana; lo cual, no solamente implica el derecho a votar a nuestros gobernantes y legisladores, sino que los poderes que se les delegan a quienes son electos tengan límites y controles cruzados para que no sean usados para avasallar los derechos de quienes se los delegaron. Dado que esos límites están en nuestra Constitución Nacional, es obvio que nadie puede estar por encima de ella; porque implicaría tener el carácter de monarca y los monarcas tienen súbditos. Los derechos de estos últimos no derivan de su dignidad humana, sino que les son concedidos por el Soberano que los gobierna.

Desde un punto de vista formal, la Argentina es una Democracia Republicana y Constitucional. Sin embargo, no siempre las instituciones formales son las que rigen un país, sino que dominan las informales que es lo que aquí sucede. Poco a poco, los políticos que llegan a los sucesivos gobiernos o las legislaturas se han ido acostumbrado a que no existen límites para las decisiones que pueden tomar. Esto surge de una cultura en la cual, cuando se vota, se elige un líder mágico e iluminado que resolverá milagrosamente todos los problemas. De hecho, nos quejamos del Congreso y lo acusamos de “escribanía”; porque “se aprueba lo que manda el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin discutir, con el voto favorable de su fracción y aliados y con el de la oposición en contra”. Sin embargo, cuando elegimos legisladores lo hacemos con listas sábanas de gente a la que no conocemos; pero las colocamos en la urna porque responden a un determinado líder o partido. Entonces, ¿por qué nos llama la atención que respondan a éstos, que los pusieron en la lista, y no a los intereses de quienes los votaron?

Por otro lado, es lógico que los legisladores estén siempre dispuestos a delegarles a los Presidentes facultades que, según la Constitución, no pueden cederle. En definitiva, “la gente no lo votó a él para que resuelva todos los problemas, pues hay que cederle todos los resortes del poder para que pueda hacerlo”. Como vemos, nuestros representantes y gobernantes no hacen otra cosa que actuar en base a la misma cultura “paternalista” predominante en la sociedad que los ha elegido.

Esta degradación de la calidad institucional argentina viene dándose desde hace décadas y en la medida que la gente va dejando avanzar a los gobiernos en la búsqueda de maximizar su poder. Esto puede explicarse como una infección que se expande en la medida que los anticuerpos cívicos se van debilitando y, por lo tanto, va corrompiendo gradualmente las instituciones. También, con el ejemplo de la rana que, si una la tira en una olla con agua hirviendo, salta y se escapa; pero, si el líquido está frío y luego se lo va calentando, la rana se acostumbra y termina hervida.

En el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional se establecen los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos y que no pueden ser avasallados por los gobernantes ni los legisladores. Entre ellos, el de circular libremente que restringe el DNU presidencial recientemente emitido, que imponiendo un “toque de queda” justificado en una emergencia de salud surgida de la pandemia. Éste es un típico ejemplo de lo que se comentara en los párrafos anteriores. Si uno busca en la Carta Magna algún artículo en el que se otorgue al Presidente la facultad para suspender esos derechos y garantías por un “toque de queda” o una emergencia, no lo va a encontrar.

El artículo 23 de la Constitución sí permite suspender dichos derechos en el marco de la declaración de un Estado de Sitio, que es en definitiva lo que está imponiendo el DNU presidencial; pero evitando reconocerlo y haciéndolo en forma inconstitucional. En primer lugar, establece que es facultad del Congreso, que debe sancionarlo por ley, y sólo podría decretarlo el Presidente si este no estuviera en funcionamiento o por una emergencia en la que no hubiera tiempo para reunirlo. Pues tenemos un Parlamento que está funcionando y que podría sesionar rápidamente para tratar una ley en una situación de gravedad. Además, un Estado de Sitio sólo se justificaría en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella. Sin duda, es muy discutible que ese sea el caso actualmente; pero, en todo caso, debería decidirlo el Congreso.

Por lo tanto, queda claro que el DNU presidencial es inconstitucional; pero lo que más llama la atención es que el resto de nuestros representantes, que hemos votado como gobernadores o legisladores, no estén haciendo nada para que el PEN cumpla con las limitaciones a su poder que emanan de la Constitución. Sin embargo, deja claro que ellos comparten la cultura paternalista que considera que, a quien es electo Presidente, se le debe conceder la suma del poder público para que resuelva los problemas de la Argentina; lo cual está expresamente prohibido en el artículo 29 de la Carta Magna, aclarando que quien así lo haga será penado como infame traidor a la Patria.

Conclusión, si los argentinos estamos dispuestos a dejar que quien elegimos Presidente esté por encima de la Constitución Nacional; lo que tendremos al final será una monarquía electoral que nos permitirá elegir a quién rija nuestros destinos a su arbitrio por un plazo determinado de tiempo. Lamentablemente, está demostrado que, quien ostenta semejante poder, termina destruyendo la Democracia para mantenerse indefinidamente en su cargo, como sucedió en Venezuela. O sea que, si estamos dispuestos a dejar que nuestros derechos y garantías dependan de la voluntad de quien ejerce el PEN, independientemente de lo que mande la Carta Magna; por lo menos seamos honestos y asumámonos como lo que en realidad somos, súbditos.

Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

La recuperación de EEUU de la crisis de 1930 versus la justicia militante del kirchnerismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 19/3/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/03/19/la-recuperacion-eeuu-de-la-crisis-de-1930-versus-la-justicia-militante-del-kirchnerismo/?fbclid=IwAR0qlKwaGNIrcdpMtSqS7BQzbkDiRPee6XKr6oc0-7XRJarDwgs68KyKIA0

 

Con tribunales politizados sólo se puede esperar más pobreza, indigencia y corrupción. Con calidad institucional, el horizonte de prosperidad es una realidad

Muchos de mis colegas economistas insisten permanentemente con que hay que bajar el gasto público y los impuestos, tema que, sin lugar a dudas, comparto plenamente. El punto es que muchos colegas se han quedado sólo en las cuentas y no parecen haber avanzado demasiado sobre la relación entre economía e instituciones. Dicho de otra manera, se limitan a decir que hay que bajar el gasto, pero no se plantean por qué se ha llegado a niveles de gasto público récord en Argentina. Para resolver un problema, primero hay que reconocerlo y luego tratar de ver por qué se produjo. Es la segunda parte en la que veo una falta de análisis.

Lamentablemente, economistas que están bien orientados en lo económico, han leído poco sobre economía e instituciones para advertir que el problema económico se explica por problemas de carácter institucional que, a su vez, es el resultado de los valores que imperan en la sociedad.

Se han quedado en algún modelito econométrico y no han leído los aportes de autores como Mancur Olson, en «Auge y Decadencia de las Naciones» y «Poder y Prosperidad». Antes, Hayek, en The Constitution of Liberty (1960) hizo un primer gran avance al respecto completándolo con «Derecho, Legislación y Libertad», tres tomos publicados en 1973, 1976 y 1979 que muestran la necesidad de limitar el poder del Estado para que pueda haber prosperidad económica y libertad. Mises, Popper y tantos otros autores hicieron gigantescos aportes para explicar este fenómeno económico institucional.

Hoy sabemos que el gasto público consolidado está en el 47% del PBI y que para volver a los niveles de la década del 90 habría que reducir el gasto consolidado en unos U$S 75.000 millones.

Claramente la explosión del gasto público se produjo en la era k cuando hubo un salto populista con fuerte debilitamiento de las instituciones. El populismo incentivó el resentimiento en la sociedad vendiendo el argumento que la pobreza de unos era consecuencia de la riqueza de otros, de manera que la pobreza se solucionaba repartiendo riqueza en vez de generándola. Los que más ganan tienen que pagar más impuestos para asistir a los que menos ganan. Para eso hubo que avanzar sobre los derechos individuales, los derechos de propiedad y tratar de domesticar a la justicia. No en vano el kirchnerismo quiere volver por la revancha y argumenta que tiene que haber una justicia militante. Claramente, los regímenes populistas que mutan en autocracias necesitan domesticar a la Justicia para cometer todo tipo de atropellos sin que la Justicia le ponga límites, sin embargo la evidencia histórica muestra que tener una justicia independiente hace al crecimiento económico.

Qué paso en EEUU luego del ’30

Al respecto, es interesante analizar cuál fue el factor fundamental que llevó a que la economía norteamericana se recuperarse de la crisis de 1929, conocida como la crisis del 30.

Pocos han analizado en profundidad ese período y muchos suelen argumentar que Estados Unidos salió de la crisis del 30 gracias a la Segunda Guerra Mundial, como si una guerra generara riqueza en vez de destruirla.

Otros creen que fue la teoría keynesiana la que ayudó a EEUU a salir de la gran depresión y otros dicen que eso es imposible porque Keynes recién influye en la economía en 1936 cuando publica la Teoría General.

El caso de la crisis del ’30 y el New Deal es un caso emblemático en el que pocos han reparado en la importancia que tienen las instituciones para salir de las crisis económicas. Todo el debate se ha limitado a determinar si el New Deal fue exitoso y si las políticas keynesianas influyeron en la salida de la crisis.

John Maynard Keynes

En general se cree que el New Deal fue una receta puramente keynesiana de aumento del gasto público financiado con emisión monetaria. La realidad es que el New Deal fue algo mucho más complejo que el aumento del gasto público, aunque sí está comprobado que Roosevelt estuvo en contacto personal con Keynes y sus ideas que luego volcó en la Teoría General en 1936.

Al margen de la carta que Keynes publica en 1933 sobre la necesidad de aumentar la demanda agregada y se lamenta de la disciplina fiscal que proponía Roosevelt, en 1934 Keynes tuvo una reunión con Roosevelt y le explicó sus ideas de aumentar el gasto público y el déficit fiscal. En una carta de Keynes a al presidente, fechada en 1 de febrero de 1938 hace referencia en al menos dos oportunidades a la reunión que tuvieron 3 años y medio atrás, o sea, está haciendo referencia a mediados de 1934, reunión que se confirma en el borrador de la carta que le prepara el secretario del Tesoro de Estados Unidos para responderle a Keynes (carta que está fechada el 3 de marzo de 1938 y hace referencia a esa reunión de mediados de 1934).

El dato concreto es que Roosevelt conocía las ideas de Keynes antes que este las publicara en la Teoría General en 1936, pero las descartó porque su campaña presidencial de 1932 estuvo basada en el equilibrio fiscal. Roosevelt consideraba que el equilibrio fiscal iba a traer confianza, más inversiones y mejorar la situación de los agentes económicos en beneficio para salir de la recesión. Recordemos que cuando asumió como presidente en 1933, la desocupación estaba en el 25% aproximadamente y que tampoco en 1933 había finalizado por completo la gran depresión.

El presidente Roosevelt navegó las aguas turbulentas de la Gran Depresión

La economía había mejorado algo pero entró en un proceso recesivo nuevamente en agosto de ese año, a mi juicio por las múltiples regulaciones que impuso Roosevelt. Es más,comenzó a seguir en alguna medida las ideas de Keynes y empieza a aumentar el gasto público, pero no en la magnitud que sugería Keynes.

Pero el New Deal no fue sólo el gasto público, además Roosevelt prohibió la tenencia de oro. Es como si hoy se les prohibiera a los argentinos tener dólares. Se estableció la Agricultural Adjustment Act por la cual se subsidiaba a los productores agrícolas para que no produjeran. Ese subsidio se financiaba con el impuesto a la transformación. Un impuesto que tenían que pagar los que compraban como insumos los productos agrícolas. El que compraba algodón para hacer una camisa, pagaba el impuesto a la transformación para que el que producía algodón produjera menos vía el subsidio que le daba el estado con ese impuesto.

También se estableció la National Industrial Recovery Act que reguló la actividad de la industria, las horas de trabajo, los salarios, etc. Y, además del proteccionismo impuesto, se creó la National Recovery Administration para regular toda la economía.

Toda esta maraña de regulaciones que componían el New Deal ahogaba la economía y llevaron a una cantidad de juicios cuestionando su constitucionalidad. Al principio, la Corte Suprema de Justicia acompañó, pero llegó un punto en el que dijo basta.

Aquí vale la pena aclarar que Herbert Hoover, el presidente que antecedió a Roosevelt, dejó una corte compuesta por cuatro miembros conservadores, dos moderados y tres liberals (aquí les diríamos «progres»), de acuerdo al trabajo de Antonia Sagredo Santos publicado por la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, Roosevelt no tenía toda la Corte Suprema en contra. Pero en 1935 el tribuna empezó a frenarle la avalancha de regulaciones por inconstitucionales y en enero de 1936 le voltea el corazón del New Deal que estaba en la Agricultural Adjustment Act por el caso Estados Unidos vs. Butler, conocido como el caso Butler. En esencia la Corte Suprema declaró inconstitucional el impuesto a la transformación por coaccionar la libertad, digamos extorsivo para quienes no quisieran cumplir con las órdenes del gobierno de producir menos, avanzaba sobre los derechos de los estados transformando a EEUU en un gobierno unitario y la potestad que se arrogaba el Ejecutivo de ejercer poderes legislativos.

Al caer la Agricultural Adjustment Act, cayeron al poco tiempo la National Industrial Recovery Act y la National Recovery Administration porque estaban basadas en el espíritu de la primera. Esta declaración de inconstitucionalidad fue liberando la economía del ahogo de las regulaciones y ya en 1935 con las primeras limitaciones y en 1936 con el freno a la maraña de controles del New Deal, la economía recupera confianza.

Obviamente, Roosevelt quiso remover a parte de la Corte, algo que hace recordar al kirchnerismo, por oponerse a sus poderes especiales que le había delegado el Congreso, algo que el trubuna consideró inadmisible en un estado con división de poderes. La embestida de Roosevelt contra la Corte de EEUU no tuvo apoyo ni siquiera en su propio partido, el Demócrata, y esta postura ayudó a recomponer la confianza.

Luego, el Presidente quiso neutralizarla ampliando la cantidad de miembros. Como no logró ese objetivo, intentó reducir la edad de sus miembros a 65 años. Tampoco funcionó. La firmeza de la Corte y el funcionamiento de las instituciones en Estados Unidos, incluso el Partido Demócrata, permitieron recuperar la economía luego de haber confiscado depósitos, prohibir la tenencia de ahorro y establecer las regulaciones más absurdas al estilo Moreno, junto con el déficit fiscal. Es decir, las barbaridades económicas que se hicieron en el New Deal, las cuales nosotros copiamos con mucho entusiasmo, fueron frenadas por el funcionamiento institucional. En definitiva, prevaleció el espíritu de los padres fundadores a la hora de respetar el derecho de propiedad y de división de poderes.

Mi impresión es que no fueron ni el New Deal, ni la receta keynesiana –que Roosevelt ya conocía desde 1934–, ni la Segunda Guerra Mundial, las que le permitieron a EEUU salir la depresión del 30.

Lo que quiero dejar bien en claro es: 1) lo peor que podría pasarle a la Argentina es tener una justicia militante, porque destrozaría los derechos individuales y hundiría la economía en una fenomenal caída de largo plazo y 2) que el problema económico no se resuelve sólo con ingredientes de reforma impositiva, del estado, apertura al mundo y reforma laboral. Sin duda que estos factores son importantes, pero hay que grabarse a fuego que el primer paso para la recuperación económica es la calidad institucional y la calidad institucional depende de los valores que imperen en la sociedad.

Si uno mira la crisis del 30, puede verificar que la salida de la depresión fue por razones institucionales. Si uno mira por qué Argentina fue una potencia económica a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fue porque la constitución alberdiana de 1853/60 sentó las bases de la calidad institucional. Y si uno mira casos como los de España luego de Franco, Irlanda, Chile y tantos ejemplos más, advierte que el paso previo al despegue económico fue el cambio de las instituciones, es decir, las reglas de juego que deben imperar en la sociedad.

Con una justicia militante, solo podemos esperar más pobreza, indigencia y corrupción. Con calidad institucional el horizonte de prosperidad se abre delante de nosotros. Esto es lo que, por el momento, parece que tenemos por delante de cara a las elecciones de octubre. Justicia militante que nos lleve al chavismo, o el largo camino de reconstruir la calidad institucional como paso previo a la recuperación económica.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Un sistema perverso no se arregla con un buen management

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 11/12/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/12/11/un-sistema-perverso-no-se-arregla-con-un-buen-management/?fbclid=IwAR2RvoFZjzI69D4Gd_2M-C6kBN6akOL_DGfInlLVI4dL21X6ZJlgh-0Afv8

 

El Gobierno cayó en el error de dejar que sectores de la sociedad le reclamen al Estado que le quite a otro el fruto de su trabajo para que se lo dé al que no le pertenece. Al cumplirse 3 años desde que Cambiemos llegó al Gobierno, queda claro que su política económica no obtiene el mínimo de logros para conseguir el aprobado

En general, en los primeros 3 años de Gobierno, Mauricio Macri no ha podido dominar la economía, ni aun tomando el criterio que pidió para que evalúen su gestión: «cuánto disminuyó la tasa de pobreza», ya que dudo seriamente que en un año le vaya a dar positivo el resultado.

El grave error de Cambiemos, y del Presidente en particular, fue creer que un sistema intrínsecamente ineficiente (el populismo) puede ser transformado en eficiente con un buen management. Mauricio Macri y sus principales colaboradores despreciaron la macro y creyeron que podían gestionar la herencia recibida.

Ese fue el error más grosero que cometieron porque a los problemas heredados le agregaron otros como el arbitraje tasa versus dólar, primero con las Lebac y ahora con las Leliq, que constituyen un polvorín en el que no puede haber la más mínima chispa.

Pero más grave aún, al considerar que no hacía falta un plan económico porque pensaron que podían administrar el desastre recibido, mostraron no comprender cómo funciona el proceso económico. El hecho de que muchos de ellos provengan del mundo empresarial no los hace conocedores del funcionamiento de la economía y su estrecha relación con la calidad institucional.

Sobre el tema institucional cometieron otro error, creer que porque Macri se sentara en el sillón de Rivadavia y Cristina Fernández de Kirchner se fuera derrotada, iban a llover las inversiones. Otro grosero error de apreciación.

Sin duda Argentina tiene mucha mejor imagen hoy ante el mundo, pero no por eso alguien va a venir a hundir una inversión con esta carga tributaria, esta legislación laboral y este nivel de gasto público alto e ineficiente.

Nuevamente, sobre el nivel de gasto público parecen no haberse preocupado demasiado y creyeron que el gradualismo iba a llevar a un crecimiento sostenido de la economía que, combinado con un gasto público congelado en términos reales, iba a termina licuando su peso sobre el PBI. El problema es que nunca dijeron por qué iba a crecer la economía. Pensaron en la magia de Mauricio Macri como presidente, de otra forma no se explica lo que hicieron.

Un espejo donde mirarse

Es más, no le dieron mucha importancia al gasto público/PBI si, como creyeron, en Europa el peso del Estado sobre la economía es similar y tienen un buen nivel de vida. Basta con ver lo que está ocurriendo en Francia en estos días para advertir que Europa, o buena parte de ella, está agobiada por el Estado de bienestar que aquí quieren copiar.

Si uno observa la evolución de la tasa de crecimiento del PBI por habitante en los últimos 56 años de las naciones que integran la Unión Europea puede ver una clara tendencia decreciente. De crecer a un ritmo en la banda del 4/6 por ciento anual, terminaron en el rango del 0/2 por ciento de aumento del PBI por habitante.

Como puede observarse en los gráficos previos, la UE y Francia, actualmente con serios conflictos en las calles, tienen un dibujo similar de tendencia hacia el estancamiento y menor tasa de aumento del PBI por habitante, por lo tanto, no es el mejor ejemplo a tomar para decir que en Argentina el problema no es el nivel de gasto público sino su calidad y que hay que administrarlo bien como en Europa.

En Argentina tenemos los dos problemas y Cambiemos creyó que podía solucionarlo con una buena gestión de un gasto público gigantesco, que impide todo crecimiento económico porque espanta las inversiones y eso lleva a que nunca se dé la licuación del gasto sobre el PBI por crecimiento de éste.

Pero, si de instituciones se trata, no es solo que el Gobierno no esté copado por una banda de delincuentes y corruptos. La calidad de las instituciones tiene que ver con que el Estado puede transformarse en ladrón para robarle el fruto del trabajo a quienes todos los días se esfuerzan por producir para repartirlo entre quienes viven a costa del trabajo ajeno.

El ABC de la equidad tributaria

Como dice el genial Fréderic Bastiat en su ensayo La Ley, refiriéndose a cómo la ley fue pervertida, «el gobierno ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas; ha convertido la expoliación, para protegerla, en derecho y la legítima defensa en crimen, para castigarla».

Este ensayo, que fue escrito en 1850 tiene total vigencia en la Argentina actual cuando uno ve a los piqueteros «exigir» planes sociales y al Gobierno negociar con ellos. El Estado no tiene ningún derecho a negociar con nadie el fruto del trabajo ajeno.

¿Qué es lo que ocurre en este caso? En vez de que los piqueteros vengan a robarnos directamente, lo mandan al Estado a robarnos en nombre de la solidaridad social. Y el robado, que somos los expoliados impositivamente, pasamos a ser delincuentes si queremos defendernos de la expoliación impositiva, cuando no somos tildados de insensibles sociales. En definitiva, el orden jurídico es dado vuelta y el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, utiliza ese monopolio de la fuerza para quitarle al que produce y dárselo al que no produce.

Bajo estas condiciones, se va desestimulando la inversión, la economía genera cada vez menos riqueza y la inseguridad jurídica es la regla que impera porque el Estado, en cualquier momento, puede recurrir a la expoliación impositiva o a la confiscación directa para financiar a los grupos que mayor presión hacen para quedarse con el fruto del trabajo ajeno.

Bajo este sistema, en que los diferentes sectores de la sociedad van a reclamarle que el Estado le quite a otro el fruto de su trabajo para que se lo dé al que no le pertenece, es un sistema perverso. Es un sistema que está basado en el robo de la riqueza y no en la generación de riqueza. Por eso decía desde el inicio, que Cambiemos cometió el grosero error de creer que un sistema perverso como este podía funcionar si tenía un buen management.

Ningún sistema económico basado en el robo legalizado, como lo llama Bastiat, puede funcionar con un buen management. Por definición está destinado al fracaso. Cambiemos no entendió la relación entre economía y calidad institucional.

Si Cambiemos logra ganar un segundo mandato y quiere tomar revancha de estos tres años de malos resultados económicos, va a tener que entender mejor cómo funciona la economía y su estrecha relación con la calidad institucional. Gerenciar «eficientemente» un sistema perverso no es el camino para terminar con 70 años de decadencia.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE  

Martín Krause, economista argentino: “Controlar el poder y limitarlo es clave para esclarecer los casos de corrupción en nuestros países”

Entrevista publicada el 11/8/18 en: https://www.ellibero.cl/actualidad/martin-krause-economista-argentino-controlar-el-poder-y-limitarlo-es-clave-para-esclarecer-los-casos-de-corrupcion-en-nuestros-paises/

 

El académico destaca la actuación de la justicia en Brasil y de la prensa argentina en los procesos Lava Jato y los «cuadernos de la corrupción». Invitado a Chile por la Fundación para el Progreso, el defensor del liberalismo comenta, además, cómo la opción bolivariana debiera ir en retirada en la región.

Frases como “cuestionar incluso el monopolio del Estado y la existencia del mismo”, son las que sitúan a Martín Krause como uno de los referentes del liberalismo en la región. Esta semana estuvo en Chile para participar en el seminario “Liderazgos para el progreso en el siglo XXI”, organizado por la Fundación para el Progreso y que se llevó a cabo en Santa Cruz, VI Region.

En conversación con “El Líbero”, el economista argentino aborda los casos de corrupción destapados hace unos días en su país. Y profundiza, además, aspectos del liberalismo que considera que deberían tenerse en cuenta, como la no dependencia del Estado. “Hay muchos problemas que los soluciona la sociedad misma. Meter al Estado es como meter al elefante en el bazar, se generan más problemas de los que quieres solucionar”, plantea

-En Argentina, se destapó el caso “cuadernos de las coimas” que afecta a la ex Presidenta Cristina Fernández, y a parte de su entorno. Además, su vicepresidente se encuentra preso por otra acusación. En Brasil, Lula Da Silva tras las rejas por Lava Jato ¿Eso lo ve como algo positivo en el sentido que las instituciones funcionan? ¿O negativo al parecer que es destino de los países de la región?

-Claramente es algo bueno. Lo que están mostrando todos estos casos, no solo el de Argentina, es que hay algunos elementos que han funcionado, que podríamos llamar “la calidad institucional”. Es básicamente control al poder, lo cual está en las esencia de las ideas liberales. Controlar el poder y limitarlo. Eso es clave para esclarecer los casos de corrupción en nuestros países.

-¿A qué se refiere con la “calidad institucional”?

-La calidad institucional se ve a través de distintos mecanismos, muchos de los cuales conocemos hace tiempo como la división de poderes, la independencia de la justicia, de la prensa, etc. Y, de alguna forma, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con alguno de estos elementos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el Lava Jato es el resultado de reformas en el sistema judicial brasileño que le dieron un poco más de independencia al Poder Judicial y como resultado tuviste a un juez que dijo “voy a seguir investigando esto” y hoy tienes a un ex Presidente preso. Y en Argentina, no hubo un “juez Moro” pero sí periodistas que hicieron un trabajo espectacular y notable. Años atrás con Lanata, luego otras  investigaciones y ahora esta, la de los cuadernos que es fruto de una larga tarea de un periodista que juntó material, fue a la justicia, le dio tiempo a ellos para que confirmaran los datos. Y  cuando la justicia va a lanzarse a meterlos presos, ahí pública en su medio.

Lo que están mostrando todos estos casos, no solo el de Argentina, es que hay algunos elementos que han funcionado, que podríamos llamar “la calidad institucional”. Es básicamente control al poder, lo cual está en las esencia de las ideas liberales”.

Lo que están mostrando todos estos casos, no solo el de Argentina, es que hay algunos elementos que han funcionado, que podríamos llamar “la calidad institucional”. Es básicamente control al poder, lo cual está en las esencia de las ideas liberales”.

-¿Esos serían los factores para frenar estos casos?

-Hay otro elemento que se ve en estos escándalos latinoamericanos, que es la “competencia entre jurisdicciones” que es una consecuencia de este mundo globalizado. Muchos negocios internacionales pueden elegir cuál es la sede donde hacen sus contratos. Entonces, en el comercio y las finanzas personales la justicia está en competencia también. Los inversores se van donde hay mejores servicios de justicia, y entra en competencia algo que se veía monopólica como la justicia de cada país. Y ahora empiezan a surgir casos que tienen alto impacto, pero que en realidad surgieron por las investigaciones en otros países. Por ejemplo, cae el Presidente de Perú o el vicepresidente de Ecuador, no por algo que haya hecho la justicia de esos países, sino por lo que ocurrió en Brasil. O caen en Argentina unos tipos porque se destapó el FIFA Gate en Estados Unidos y en Suiza. Y muchos caen en países donde tú no hubieras esperado que se hiciera esa investigación.  Ahora en Argentina vamos a ver qué nos trae el Lava Jato porque en estos días se han completado los acuerdos entre la justicia brasileña y argentina para compartir información.

-¿Por qué aún Cristina Fernández tiene apoyo en el electorado?

-En el caso de Argentina hay un 25% que apoya a Cristina Kirchner. A esa gente no es algo que le importe estos casos de corrupción. Normalmente son los militantes kirchneristas duros o son gente pobre que vive de recibir algún tipo de programa público. Ver los cuadernos o ver las valijas con dinero no les produce nada, no cambian de opinión. El resto de la población ve esto con repulsión y está esperando que de una vez por todas se haga algo. La típica opinión que encuentras en Argentina es “a ver si alguna vez van presos”. Hay varios ya presos del gobierno anterior, ministros, vicepresidente. Los tiros llegan cada vez más arriba y si esto sigue así, van a llegar. Va a ser histórico cuando se vaya Cristina presa.

Este mundo globalizado ahora da oportunidad a países como los nuestros, que de pronto no tienen buena justicia, a lograr algo con la justicia de otros países”.

“No se deben imponer políticas a todos por igual porque somos distintos”.

-Usted hablaba de la fortaleza de las instituciones. En Chile cada cierto tiempo se habla de la modernización del Estado. ¿Cómo cree que se puede avanzar en eso? ¿O primero hay que repensar el rol del Estado?

-Hay que discutir la función del Estado como tal. Después que definas si hace falta que haga algo, bueno ahí es mejor hacerlo de manera más eficiente. Esa es la visión que al principio tuvo el gobierno de Macri. “Venimos a hacer este Estado más eficiente y más moderno”. Perdón, pero lo que pasa es que acá hay muchas cosas que el Estado no debería estar haciendo. ¿Para qué vas a hacer más eficiente algo que no habría que hacer? Yo, personalmente, estoy dispuesto a llegar hasta el final.

-¿Qué significa hasta el final?

-A cuestionar incluso el monopolio mismo y la existencia del Estado. No creo que sea algo que vaya a ver en mi vida, pero no me asusta la idea.

¿Por qué debe haber una política nacional de Salud? Puede ser distintas por regiones, por ciudades, y veamos cuál funciona”.

-Cuándo usted señala que el Estado no debería existir, ¿qué ocurre por ejemplo, cuando cumple una función de ayudar a quienes no tienen ciertos beneficios?

-La primera actitud que le aconsejaría a la gente tener, es la de no hacer el salto inmediato de que, porque hay un problema, el Estado debe solucionarlo. No es así, hay muchos problemas que los soluciona la sociedad misma, nosotros mismos. Meter al Estado es como meter al elefante en el bazar, se generan más problemas de los que quieres solucionar. Las políticas públicas yo las usaría al final, otras pueden ser soluciones cooperativas, voluntarias, comunitarias. Primero, ver cómo se puede solucionar un problema y recién al final discutir algún tipo de política si no hay ninguna solución satisfactoria

Y profundiza:

“Si bien no me gusta imponer soluciones tal vez deberíamos avanzar en un camino de la descentralización. De que haya muchos experimentos posibles y que veamos cuál funciona. Por ejemplo, ¿por qué debe haber una política nacional de Salud? Puede ser distintas por regiones, por ciudades, y veamos cuál funciona. O en Educación, uno querrá escuelas públicas, otro todos privados. En otras si quieren que enseñen Marx solamente. Está bien, júntense ahí y exprópiense entre ustedes, y los demás querrán otra cosa. Y así se verá cuál se acomoda más. Pero que no se impongan políticas a todos por igual porque somos distintos.

“La opción bolivariana, como alternativa, está terminada. Falta cerrar el cajón”.

-Si por un lado es positivo lo que está pasando con el esclarecimiento de casos de corrupción, por otro lado hay gobiernos en Latinoamérica donde no se respetan los derechos, las libertades, como lo que está pasando en Venezuela, Nicaragua… ¿En qué etapa cree que se encuentra la región?

-Hay olas en América Latina en las que coinciden ciertos rumbos. Coincidieron en los 80 políticas de altas inflaciones, coincidieron después en los 90 las políticas de privatización y luego de esas olas, se abrieron dos caminos en América Latina. Uno fue el camino del Pacífico, con Chile, Perú, Colombia (y también Uruguay aunque no sea en el Pacífico) y, por otro lado, los bolivarianos. Y es interesante esta oportunidad de contrastar resultados. Parecería ser, claramente que el lado bolivariano está en retroceso. Está en retroceso en Argentina, en Ecuador, vamos a ver qué pasa en Nicaragua, debería retroceder si no hay frenos dictatoriales. Debería claramente en Venezuela.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La corrupción es inherente a la falta de límites al poder

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 9/8/18 en:  http://economiaparatodos.net/la-corrupcion-es-inherente-a-la-falta-de-limites-al-poder/

 

Los escándalos que últimamente vienen destapándose en América Latina, en general están asociados a gobiernos de izquierda, progresista o populistas, como los de Correa, Lula y los Kirchner, por no hablar del chavismo

Los escándalos de corrupción que últimamente vienen destapándose en América Latina, en general están asociados a gobiernos de izquierda, progresista o populistas, como los de Correa, Lula y los Kirchner, por no hablar del chavismo. No es casualidad que estos tipos de gobiernos sean los más ligados a grandes casos de corrupción. La razón fundamental para que la corrupción florezca en estos tipos de gobiernos tiene que ver con la falta de límites al poder del gobernante o, si se prefiere, al poder que vuelve a tener una dirigencia política que es un retroceso institucional a la época de las monarquías absolutas.

En una conferencia que Hayek dictó en 1976 en el Instituto de Asuntos Públicos, Nueva Gales del Sur, titulada ¿Adónde va la democracia? Afirma: “El advenimiento de la democracia en el siglo pasado (habla del siglo XIX) provocó cambios decisivos en el ámbito de los poderes de gobierno. Durante siglos los esfuerzos habían sido dirigidos hacia la limitación de dichos poderes, y la evolución gradual de las constituciones no había servido a otro propósito que éste”, pero enseguida agrega: “Súbitamente se creyó que la limitación del gobierno por los representantes electos de la mayoría tornaba innecesario el control de los poderes gubernamentales, de modo que podía hacerse caso omiso de las distintas garantías constitucionales desarrolladas con el transcurso del tiempo”.

Puesto en otras palabras, el esfuerzo de limitar el poder surgido de la democracia liberal dio paso a que ignoraran todo tipo de restricción aquellos que tenían una circunstancial mayoría de votos, volviéndose al tipo de gobierno de los días de las monarquías absolutas. La democracia degeneró en una competencia populista en la que el que tiene más votos se siente con derecho a no respetar los límites que debe tener todo gobierno. Basta recordar aquella famosa frase de Cristina Fernández, diciendo: si no les gusta, armen un partido político y ganen las elecciones, para advertir que para ellos el voto da derecho a todo. O sea, para este tipo de gobiernos, los votos dan derecho a ejercer el poder sin límites, lo que Hayek llamó la democracia ilimitada.

El gran crecimiento económico a partir del siglo XIX tiene que ver no tanto con los inventos sino con la mejora en la calidad institucional de los países que adoptaron democracias liberales en que se restringía el poder de los monarcas.

La nueva ola de democracias ilimitadas, en las que el voto de la mayoría es considerado como el pasaporte al poder absoluto del gobierno electo, nos retrotrae institucionalmente y eso impacta en el crecimiento económico. Por eso hay toda una corriente de análisis de la economía y las instituciones en que se analiza el marco institucional de los países para explicar su crecimiento o su decadencia. La decadencia está en los países con gobiernos que no tienen límites en el poder.

La corrupción es consecuencia de esa decadencia institucional. ¿Cuándo hay corrupción? Cuando el gobernante tiene el poder de decidir arbitrariamente ganadores y perdedores dentro de una política económica. Cuando el ingreso de las personas no depende tanto de su capacidad de abastecer a sus semejantes de bienes y servicios de buena calidad, sino de los favores del funcionario público, surgen las razones para “comprar” el favor del funcionario público. Los controles de precios son un ejemplo claro de una de las puertas a la corrupción. Si la vida de mi empresa depende de que un funcionario público firme una autorización para que pueda aumentar los precios de mis productos, enseguida pueden aparecer las coimas para autorizar esos aumentos de precios de los cuales depende la vida de mi empresa. El funcionario pasa a tener el poder de “vender” la supervivencia de un sector o su muerte. Pero en el caso del kirchnerismo, tal vez el negocio de las autorizaciones de aumentos de precios haya sido un kiosco menor. El intervencionismo estatal fue lo más amplio posible para generar muchas fuentes de ingresos.

Hoy todos hablamos de los cuadernos de la obra pública, pero atención que en la época kirchnerista se asignaron U$S 161.000 millones a subsidios económicos, de los cuales U$S 139.000 millones fueron destinados a subsidiar transporte y energía, donde hay sospechas tan grandes de corrupción como en la obra pública. Ni que hablar de los subsidios sociales, tema sobre el que vengo insistiendo que tienen que ser revisados. No puede ser que el kirchnerismo haya dejado un millón de beneficiarios de pensiones por invalidez entre 2003 y 2015 sin que hubiese habido una guerra, un terremoto o un tsunami. Nuevamente, quien tiene el poder de otorgar esos subsidios, los otorga a gente que puede competir en las olimpíadas a cambio del correspondiente peaje.

¿Qué control puede uno esperar de un Congreso que tiene 80 empleados por cada senador y 24 empleados por cada diputado y dónde la biblioteca tiene 1.700 empleados? ¿Esos van a ser los que van a controlar al Ejecutivo?

¿Qué control puede uno esperar de un congreso de la provincia de Buenos Aires en el que se van a gastar $ 6.800 millones este año sin que el ciudadano sepa en qué se gasta ese dinero porque el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es un secreto de estado? Y si vamos a niveles municipales el escándalo de los concejos deliberantes es parecido pero en escala menor a los del Congreso de la Nación y de las provincias.

Todo este negocio de la política tiene un costo que hay que mantener y ese costo se transforma en impuestos que deben pagar los sufridos contribuyentes. Pero como además la política se ha transformado en un negocio, hay que conseguir el favor del votante ofreciéndole todo tipo de subsidios y “beneficios” de un estado benefactor que en realidad es una pantalla para esconder la corrupción más descarada que uno pueda imaginar.

No es casualidad que en Argentina hayamos llegado a tener 8 millones de personas que trabajamos en blanco y 20 millones de personas que todos los meses pasan a buscar su cheque por la ventanilla de pagos del estado.

El destrozo económico que genera ese corrupto armado institucional es enorme. Las razones son varias: 1) se dilapidan miles de millones de pesos de los contribuyentes en mantener el aparato del funcionamiento de la  política. Hay que nombrar en cargos públicos a punteros que nunca van a sus puestos de trabajo y se quedan “trabajando” en su provincia para el diputado o senador que los nombró, 2) ¿cómo se bancaba a la militancia de La Campora? Con miles de puestos de trabajo que son retribuciones a la “militancia” que paga el contribuyente, 3) los subsidios económicos dieron lugar a que se manejaran millones de dólares en barcos que traían gas a precios desorbitados y a que se manejaran fortunas en efectivo para subsidiar el transporte público, 4) mantener a miles de piqueteros, “inválidos” y demás beneficiarios de planes sociales tiene un costo fenomenal para el contribuyente.

En definitiva, hay corrupción cuando en, nombre de la solidaridad social y los “precios justos”, los funcionarios públicos tienen poderes propios de la época de las instituciones arbitrarias de los monarcas absolutos. Con el Kirchner llegó a niveles impensados porque armaron toda su carrera política como si fuera una sociedad anónima cuyo objetivo fuera delinquir.

No es casualidad que regalaran millones de jubilaciones a personas que nunca habían aportado, el fútbol para todos, las tarifas de servicios públicos baratas y demás “beneficios sociales”. Entretuvieron a la masa del pueblo con el televisor en cuotas y mientras tanto robaban a cuatro manos.

Pero esto que estamos viviendo hoy con los famosos cuadernos, debería dejar como enseñanza que detrás de toda política populista no solo se esconde una fenomenal ineficiencia económica que tiene como contrapartida impuestos, regulaciones y controles que espantan la inversión y retrasan el nivel de vida del país. Además, es la pantalla perfecta para la corrupción. La ineficiencia económica es doble. Por el lado de la ineficiencia económica y por el lado de lo que se roba detrás de la escenografía de las políticas de solidaridad social.

La lección debería ser no creer que el voto soluciona todo. No es cierto que con la democracia se come, se cura y se educa. Se come, se cura y se educa con calidad institucional. Limitando el poder de los gobernantes Con el voto sin restricciones al gobierno se puede volver al poder las monarquías absolutas y despóticas. Limitar el poder del estado, es decir el grado de discrecionalidad con que los funcionarios declaran ganadores y perdedores de la economía, debe ser reducido a su mínima expresión. Por algo todos estos populistas hablan con desprecio del mercado y se erigen en la reserva moral del país que van a redistribuir con justicia social la riqueza que se genera. Es su manera de conseguir poder político vía los votos para robar y la excusa para establecer regulaciones, subsidios y demás controles que son la puerta para abrir el negocio de la corrupción.

La combinación de la ineficiencia económica que genera el populismo junto con la corrupción que conlleva el populismo, hacen económicamente inviable un país, destruyen la cultura del trabajo y las mafias terminan apoderándose del control del monopolio de la fuerza, llegándose a extremos como es el caso del chavismo en Venezuela.

El origen del mal está en no limitar el poder del estado. Una vez que no se limita al gobierno, la corrupción se enquista en el poder y eso lleva a violar los derechos individuales. Y si hay que matar a un fiscal, se lo mata con tal que la verdad no salga a la luz.

Esperemos que, a partir de estos cuadernos, en la Argentina tengamos un Nuremberg de la corrupción. Tal vez sea un buen punto de partida como base fundacional de una nueva Argentina. O de la Argentina que una vez fuimos hasta que llegó el populismo con su ineficiencia y corrupción.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Macri frente al desafío de cumplir con su palabra

Por Iván Carrino. Publicado el 31/10/17 en: http://www.ivancarrino.com/macri-frente-al-desafio-de-cumplir-con-su-palabra/

 

Ayer al mediodía, el presidente de Argentina anunció “tres ejes” básicos para el crecimiento del país. ¿Cumplirá?

No había habido tanta expectativa desde el comienzo de la doceava temporada de Showmach, el programa de TV conducido por el popular animador Marcelo Tinelli.

Después de ganar las elecciones legislativas el 22 de octubre, Mauricio Macri se había comprometido a convocar a “todos los sectores”, para explicarles cuáles eran los consensos básicos que se necesitan para que el crecimiento económico de Argentina se consolide.

A las 12 del mediodía de ayer estaba pautado que el presidente comenzara su alocución. Durante el fin de semana, los rumores se esparcieron por doquier.

La renuncia de la fiscal general de la República, la militante kirchnerista Alejandra Gils Carbó, le puso más misterio a la presentación, e incluso demoró algo el arranque del evento.

Finalmente, algunos minutos después de las 12 del mediodía el discurso comenzó.

Tres Ejes para las reformas

El contenido de lo que dijo Macri fue, en líneas generales, digno de aplausos.

Comenzó destacando el potencial que tienen los argentinos. Afirmó que la herramienta más poderosa para bajar la pobreza era la “fuerza emprendedora del pueblo” y que solo había que desatar los “nudos que nos tienen maniatados”. Es decir, liberar la “potencialidad latente”.

Exactamente eso es lo que planteamos los liberales: son los empresarios los verdaderos creadores de riqueza. Y todos tenemos la capacidad de convertirnos en empresarios exitosos, siempre y cuando el gobierno nos quite el pie de encima.

Menos impuestos y regulaciones, y más estabilidad es lo que se necesita.

Avanzando con cuestiones más concretas, si bien afirmó que no explicitaría los “instrumentos”, el presidente propuso tres ejes para “construir consensos básicos”. Es decir, tres ideas que deberían obtener un amplio apoyo popular para ejecutar políticas de estado.

Los tres ejes mencionados fueron:

–          La Responsabilidad Fiscal,

–          El Favorecimiento del Empleo Privado, y

–          La Calidad Institucional

Al respecto de la responsabilidad fiscal, Macri pidió no gastar más de lo que se recauda en todos los niveles del estado. Sostuvo que hay que seguir bajando la inflación y pidió compromiso para que ésta “nunca más sea un instrumento de la política”. Por último, sostuvo que hay que reducir la carga tributaria y que debe haber un esfuerzo por bajar el gasto público.

Para Macri, esto no es negociable, puesto que “no es nuestro dinero el que nos toca administrar, sino el de todos los argentinos”.

Sobre el empleo¸ afirmó que se necesitan reglas de juego que fomenten el trabajo privado formal. La creación de puestos de trabajo es vista por el gobierno como la única forma de salir de la pobreza. Para fomentarla, se anunció que habrá un blanqueo de empleados “en negro”, y que se seguirá combatiendo a la llamada “mafia de los juicios laborales”.

Macri dijo que los argentinos pueden competir exitosamente con los mejores del planeta, pero siempre que el gobierno les quite las trabas a las empresas y genere condiciones propicias.

Por último, pidió un mayor compromiso para que haya más república. El mandatario pidió un estado que esté al servicio de los argentinos, no al de los funcionarios o de los gremios.

Estar a la altura de sus palabras

De acuerdo a las primeras reacciones tras el anuncio, los “tres ejes” de Macri fueron compartidos por un amplio espectro de la política y la dirigencia nacional. Es que, como objetivos propuestos, no hay mucho para objetar.

Un país con equilibrio fiscal, buena calidad institucional y una firme creación de empleo privado es  deseable desde todo punto de vista. No obstante, lo más difícil es hacer que esto se concrete.

Es que, como dice el refrán, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

Para que quede claro el tema, 14 años atrás otro mandatario dio un discurso con unas líneas bastante similares.

En su presentación oficial como presidente de la República, Néstor Carlos Kirchner también pidió una mayor calidad institucional, sensatez fiscal y creación de empleo.

En cuanto a lo fiscal, vale la pena citarlo in extenso:

“El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años (…)

La sabia regla de no gastar más de lo que entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse (…)

El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menores ingresos.”

A pesar de sus dichos, Kirchner inauguró una larga etapa de despilfarro fiscal, desborde inflacionario, y un auge económico insostenible que terminó en una nueva crisis. Los últimos años del kirchnerismo se caracterizaron por la nula creación de empleo privado, el exceso de empleo público y los controles de precios y del tipo de cambio.

Por si esto fuera poco, la “calidad institucional” que tanto proclamaba quedó reducida a cenizas. De acuerdo con el ránking de la Fundación Libertad y Progreso, Argentiná cayó 99 puestos en los últimos 20 años.

Mauricio Macri transmite convicción y seriedad. Es decir, parecería estar más comprometido que Kirchner en cumplir sus propias metas. Sin embargo, no es solo una cuestión de voluntad. Mucho menos en esta Argentina corporativa y facciosa. Y mucho menos cuando bastante de lo que dice se contradice con lo que su gobierno ha hecho hasta ahora.

Al margen de ello, por ahora los objetivos quedaron enunciados.

Queda ver qué contenido tienen las propuestas concretas y qué posibilidad de avance tendrán en el congreso y los pasillos del poder.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

La cultura del saqueo como fuente de nuestra decadencia económica

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 26/9/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/09/26/la-cultura-del-saqueo-como-fuente-de-nuestra-decadencia-economica-2/

 

Con este esquema el país no puede crecer a largo plazo, en base a inversiones, porque nadie invierte para ser saqueado.

La corrupción y el clientelismo generaron un sistema de destrucción de la riqueza en la Argentina.

Si se confirman los pronósticos que dan ganador al oficialismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en los distritos electorales con mayor peso electoral, el presidente Mauricio Macri no tendrá la mayoría en ambas cámaras pero habrá acumulado un capital político nada despreciable, que le otorgará un margen de maniobra más amplio, para llevar adelante reformas estructurales que nos permitan entrar en una senda de crecimiento de largo plazo.

Que hoy varios indicadores económicos estén dando bien no quiere decir que sean sostenibles en el tiempo. A modo de ejemplo, y salvando las distancias, Cristina Fernández logró mostrar durante un tiempo un fuerte aumento del consumo, pero basado en artificios económicos que hacían que ese aumento no fuera sustentable en el tiempo. Es la famosa herencia recibida.

Esperemos, entonces, que con ese mayor capital político, Macri comience a cambiar el discurso y, sobre todo, el rumbo económico. Lo que sirve para ganar las elecciones no necesariamente sirve para crecer en el largo plazo.

Mi visión es que la economía argentina tiene por delante dos grandes problemas. Uno, el de solucionar la cuestión estrictamente económica. Déficit fiscal, inflación, distorsión de precios relativos, tipo de cambio real, etcétera. El otro es la política económica de largo plazo. Cambiar por completo la política económica apuntando a crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, incrementar la productividad de la economía, generar más demanda de trabajo y así comenzar un ciclo de crecimiento de largo plazo.

Pero claro, esas condiciones necesarias para atraer inversiones requieren de algo que vengo repitiendo hasta el hartazgo: calidad institucional. Me refiero a las reglas de juego, códigos, leyes, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y de estos con el Estado.

Lo que hoy tenemos es un sistema de saqueo generalizado. El Estado es el gran saqueador que luego decide a quien le da parte del botín. Es el que a su antojo reparte el botín del saqueo. Pero ojo, esto no es nuevo en Argentina. Nuestra larga decadencia tiene como germen esta «cultura»por la cual todos pretenden vivir a costa del trabajo ajeno y usan el  monopolio de la fuerza del Estado para que saquee a otros y luego les transfiera a ellos parte del botín. El kirchnerismo ha llevado hasta niveles insospechados esta cultura del saqueo y, a mi entender, el gran desafío de Macri consiste en empezar a desandar ese nefasto camino que se ha traducido en un gigantesco gasto público con la correspondiente presión impositiva, que ya nadie puede negar que está destruyendo la economía argentina.

¿Qué quiero decir con cultura del saqueo? No me refiero solamente a la legión de gente que recibe los llamados planes sociales y se sienten con derecho a ser mantenidos por el resto de la sociedad o a la legión de ñoquis que permanecen en el estado, sino también a que buena parte de la dirigencia empresarial local (de capitales argentinos y extranjeros) pretenden parte del botín pidiendo proteccionismo, créditos subsidiados y otros privilegios que les evite competir. Quieren un mercado cautivo para vender productos de mala calidad y a precios que no podrían cobrar en condiciones de una economía abierta para obtener utilidades extraordinarias.

Además hay sectores profesionales que actúan como corporaciones, dirigentes políticos, sindicales, etcétera, que pretenden también vivir de ese saqueo generalizado.

La política económica que impera en nuestro país se basa en esta regla por la cual diferentes sectores recurren al Estado para que este, utilizando el monopolio de la fuerza, le quite a otro para darles a ellos.

Es todos contra todos. Una sociedad que vive en permanente conflicto social porque el que es saqueado por el Estado pide algo a cambio y, entonces, el Estado saquea a un tercero para conformarlo y ese tercero protesta y el Estado saquea a un cuarto sector para conformar al tercero y así sucesivamente. Obviamente que los que menos poder de lobby tienen son los perdedores de este modelo de saqueo generalizado.

Con este esquema el país no puede crecer en base a inversiones porque nadie invierte para ser saqueado. En todo caso hace un simulacro de inversión para luego saquear a otro. Pero inversiones en serio, aquellas que tratan de conseguir el favor del consumidor son mínimas con estas reglas. Es más, casi tienden a cero.

En consecuencia, no tenemos un sistema de cooperación voluntaria y pacífica por el cual un sector solo puede progresar si hace progresar a sus semejantes produciendo algún bien que la gente necesite y vendiéndolo en el mercado a precio y calidad competitivos. Por el contrario, tenemos un sistema de destrucción de riqueza. De destrozo del sistema productivo. Y eso se traduce en menos bienes para ser saqueados y repartidos. Cuanto más saquee el Estado, menos se produce, menor es el botín a repartir y mayor la conflictividad social.

Las recurrentes crisis económicas argentinas son el fruto de esta cultura del saqueo. Cuando se acaba el botín viene la crisis y empezamos de nuevo, pero no cambiamos la cultura de fondo.

El mayor problema que tenemos que enfrentar es cambiar esta cultura del saqueo por la cultura del trabajo, de la competencia, de la innovación. No es cierto que el país no esté en condiciones de cambiar esta cultura decadente. Que sea imposible llevar a cabo un cambio de estas nefastas reglas de juego sin evitar una crisis social. Eso es lo que venden los políticos que prefieren seguir teniendo el poder de saquear porque saqueando pueden retener poder político. Saqueo a unos pocos y reparto entre muchos y así gano votos, es decir, kirchnerismo en estado químicamente puro.

Podremos discutir hasta el hartazgo si gradualismo fiscal o baja del gasto público. Si hacemos una reforma impositiva que atraiga inversiones o continuamos con la cantinela de que primero hay que recaudar más para luego bajar los impuestos y delirios de ese tipo.

Ahora, lo que seriamente tenemos que plantearnos es si vamos a seguir usando al Estado para robarnos unos a otros (el robo legalizado, como lo llamaba Bastiat) o le ponemos un límite en que el monopolio de la fuerza que le delegamos es para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas y no para que lo use para saquear en nombre de la solidaridad social. Verso también inventado por los políticos para decir que tienen el monopolio de la benevolencia y así seguir saqueando a los sectores productivos para repartir el fruto del saqueo y ganar votos.

En síntesis, terminar con esta competencia populista en que se ha transformado la democracia en Argentina y volver a una democracia republicana.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Los países de mayor apertura comercial son también los de mayor calidad institucional. La apertura limita al poder

Por Martín Krause. Publicada el 1/8/17 en: http://bazar.ufm.edu/los-paises-mayor-apertura-comercial-tambien-los-mayor-calidad-institucional-la-apertura-limita-al-poder/

 

Los países de mayor apertura comercial son países de mayor calidad institucional porque esa apertura limita la discrecionalidad de los gobernantes, reduce las presiones para obtener esos u otros privilegios y “protecciones” y empodera a los consumidores, no a los distintos sectores de interés. Una estructura institucional permeable a las presiones desata una carrera por obtener privilegios que termina convirtiendo a la política en una rapiña a obtener a costa de los consumidores, quienes pagan también como ciudadanos ya que el estado desatiende las necesidades generales de la población para convertirse en un instrumento de la distribución de rentas hacia quienes tienen más éxito político o poder de fuerza para presionar.

Mejorar la calidad institucional demanda muchos esfuerzos en distintos frentes, pero el resultado final es más y mejores oportunidades de progreso. El mercantilismo populista nunca ha llevado a esto, todo lo contrario.

La amenaza de retirar a Estados Unidos de las negociaciones para un tratado de libre comercio en el Pacífico, las amenazas del nuevo gobierno norteamericano de dar marcha atrás con el acuerdo comercial que tiene con México (no está claro si pretende lo mismo con Canadá) y la salida de Inglaterra de la Unión Europea serían pasos negativos, a menos que la alternativa fuera la apertura unilateral tanto sea de Estados Unidos como de Inglaterra, que no parece ser el caso, especialmente en el primero de ellos.

Esos tratados, si bien no brindan los beneficios del libre comercio, cumplen un objetivo “institucional”, ya sea porque fuerzan mejoras institucionales que serían difíciles de implementar a través del sistema político local (México en el TLCAN o NAFTA) o porque consolidan y bloquean reformas ya realizadas (los TLCs firmados por Chile, por ejemplo). En el primer caso, un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) se convierte en un condicionante externo para cambios que resulta difícil alcanzar internamente en países de la baja calidad Institucional y también en una barrera para el deterioro en aquellos de mejor calidad. En el primer caso se lo llama muchas veces “importación de instituciones”. En el segundo, es por el temor a que ese consenso no se obtenga en el futuro, a que políticas puedan deteriorar la calidad institucional, que no funcionen los límites internos, y de esta forma se impone un límite externo que cumple la función de “limite al poder” que la política local no puede alcanzar. Ambos casos implican “atarse las manos”, o tal vez más preciso, comprar límites al poder que la política interna es incapaz de proveer.

En particular, esos tratados (y, por supuesto, más aún el libre comercio unilateral) pueden poner freno a presiones proteccionistas locales, si es que por alguna circunstancia prefieren una limitación a la capacidad de lobby que puedan tener productores locales.

No es casualidad tampoco que los países de mayor calidad institucional sean más abiertos al comercio internacional y tengan más tratados preferenciales firmados. Salir de ellos sería una ventaja solamente si fuera para avanzar hacia el libre comercio, pero los mensajes recientes muestran que la intención es ir en sentido contrario.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA. 

Lineamientos de una propuesta económica para enfrentar la herencia k

Publicado el 11/9/16 en http://economiaparatodos.net/lineamientos-de-una-propuesta-economica-para-enfrentar-la-herencia-k/

 

El presente documento fue redactado por cuatro economistas: Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky y Roberto Cachanosky

El objetivo del documento fue establecer los lineamientos  a seguir para dominar la herencia k y lograr la reactivación de la economía lo antes posible. La propuesta no busca el máximo de medidas posibles, sino el mínimo indispensable para evitar que la herencia que dejó el kirchnerismo le genere un alto costo político al nuevo gobierno y derive en una crisis social.

Este documento fue presentado el pasado 8 de septiembre en el auditorio de UCEMA organizado el evento por la Fundación Cívico Republicana, AMAGI, RELIAL y la Fundación Naumann. Presentación que en las próximas semanas será profundizada en 3 reuniones específicas.

Además, nos proponemos profundizar el análisis de algunas medidas y mantenerlo actualizado.

Deseamos aclarar que ninguno de los cuatro economistas que redactó este documento está buscando un cargo público. Solo pretendemos poner sobre la mesa el debate de temas que hoy no se tratan y son fundamentales para el crecimiento económico como la reforma tributaria, la reforma del estado, la incorporación de la economía al mundo, la reforma laboral, etc.

En definitiva, es solo un aporte a la comunidad de cuatro economistas preocupados por la marcha de la economía dada la herencia recibida.

EL DOCUMENTO

Si bien la economía argentina viene de un proceso de larga decadencia, tal vez el período kirchnerista (2003/2015) se haya caracterizado por llevar el populismo autoritario hasta niveles que pusieron en riesgo la existencia del sistema republicano de gobierno.

Consideramos que los países crecen cuando tienen instituciones sólidas que atraen inversiones competitivas, generan nuevos puestos de trabajo, y mejoran el ingreso real de la población. Es lo que habitualmente se denomina “Imperio de la Ley”, bajo la cual ningún sector económico posee privilegios institucionales. Como en las actividades deportivas, el rol del gobierno no debe ser administrar beneficios entre sectores sociales y económicos, sino ser un árbitro imparcial que facilite el desarrollo de sus ciudadanos.

Debido a que esas instituciones son las leyes, códigos, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y el estado, y entre los particulares entre sí, no puede separarse la relación entre crecimiento económico y calidad institucional. El marco institucional define el nivel de riqueza en el largo plazo de un país (la política económica produce oscilaciones en torno al nivel de riqueza.) El problema institucional argentino es más serio que sus problemas de política económica.

A su vez, las leyes, códigos, normas y costumbres que conforman las instituciones de un país son fruto de los valores que imperan en la sociedad. Si los valores que arraigan son los de vivir a costa del fruto del trabajo ajeno, se destruye el estímulo por invertir y producir, con lo cual la economía genera menos bienes y servicios cuyo resultado es mayor pobreza. Y esto irá más allá de las propias leyes, que están, pero no se cumplen (no hay Imperio de la Ley) o, aún peor, se instrumentan regulaciones que atentan contra la esencia de la libertad y el respeto individual. Impera, por decreto o por constitución, la ley de la selva.

Teniendo en cuenta la pesada herencia económica que dejó el kirchnerismo y las restricciones políticas que debe afrontar el nuevo gobierno, el presente documento tiene como objetivo plantear la necesidad de debatir de manera seria y profunda problemas económicos e institucionales que parecen seguir ausentes en la agenda política del nuevo gobierno que tanto ha prometido el Cambio en Argentina. Si Cambiemos quiere demostrar que no es “kirchnerismo de buenos modales” y que “sí, se puede”, entonces no debe evadir afrontar reformas como las aquí planteadas.

No pretendemos que las medidas necesarias puedan implementarse de un día para el otro, ni solucionar décadas de populismo en unos pocos meses. Pero sí es necesario fijar el rumbo. El gradualismo elegido por el gobierno de poco sirve si no está claro hacia dónde nos lleva dicho gradualismo.

El proyecto de chavización que el kirchnerismo propuso a la Argentina requirió un alto grado de populismo fiscal, es decir gasto público para financiar planes “sociales”, subsidios para las tarifas de los servicios públicos y más empleo público a nivel nacional, provincial y municipal. Obviamente que ese mayor nivel de gasto público exigió una creciente presión impositiva y más impuesto inflacionario y el endeudamiento público que se pudiera conseguir (o los activos públicos y privados que se pudieran dilapidar) para financiar el creciente déficit fiscal.

Los problemas más urgentes a enfrentar, herencia del kirchnerismo son los siguientes:

1)   Gasto público récord y altamente ineficiente ya que no proporciona los bienes básicos que debe brindar un gobierno republicano,

2)   Una presión impositiva récord que asfixia la actividad privada y llegando a niveles confiscatorios que ahuyenta las inversiones,

3)   A pesar de la asfixiante presión impositiva, se heredó un déficit fiscal del 7% del PBI, financiado con emisión monetaria

4)   Alta tasa de inflación fruto del financiamiento monetario del déficit fiscal

5)   Fuerte distorsión de los precios relativos, entre otras cosas, por las tarifas de los servicios públicos subsidiados y un nivel de salarios elevado en términos de tipo de cambio oficial

6)   Stock de capital en infraestructura virtualmente agotado o colapsando, como es el caso de las rutas y del sistema energético.

La herencia recibida obliga a asumir un doble desafío: por un, lado evitar que se produzca una crisis social al recalibrar los precios relativos de modo tal de que empiecen a dar las necesarias señales de escasez y poner orden fiscal. Por otro lado, iniciar un camino de largo plazo de crecimiento económico con profundas reformas estructurales que nos aparte definitivamente del populismo.

Las medidas para enfrentar la herencia k deben ser parte de un plan económico de largo plazo y multifacético.

En este sentido consideramos que es necesario entender que un sistema económico institucional con incentivos equivocados nunca va a transformarse en un sistema eficiente, por más que se intente administrarlo “eficientemente”. No es cuestión de administrar mejor un sistema ineficiente que crea las condiciones para que florezca la corrupción. La clave está en cambiar el sistema no en administrarlo mejor u “honestamente”.

El sistema o los ejes de la política económica

La política económica sólo puede brindarle a la población un nivel de vida material más elevado en la medida que genere una fuerte corriente de inversiones, en especial en actividades competitivas y, por lo tanto, sustentables.

Actividades competitivas significan que pueden competir con importaciones e, incluso, incrementar las exportaciones y que no requieren de subsidios o beneficios como políticas de sustitución de importaciones. Para lograr esa corriente inversora en actividades competitivas, la política económica debería tener tres grandes ejes

1)   Disciplina fiscal

2)   Disciplina monetaria

3)   Calidad institucional

Disciplina fiscal

La disciplina fiscal no se limita bajar el déficit fiscal solamente. No tiene sentido buscar un equilibrio fiscal con un gasto público del nivel del actual. Esto significaría consolidar un sector productivo raquítico y burócratas cada vez más ricos y corruptos.

Lo que se requiere es una profunda reforma del sector público con reducción del gasto y una reforma impositiva. Es imprescindible que la población tome conciencia de las funciones que quiere que preste el gobierno y esté dispuesta a solventarlas con sus impuestos. Se trata de un proceso sociológico profundo en una comunidad habituada a la gratuidad y a respaldarse en el Estado como si se tratara de un Rey Rico.

Tener un gasto público del 48% del PBI sin déficit fiscal imposibilita el crecimiento económico porque el estado termina aplastando al sector privado con impuestos. La dimensión del desequilibrio fiscal no se soluciona con retoques en el gasto público, sino que la dimensión del desequilibrio implica tener que replantearse cuál debe ser el rol del estado en Argentina.

Para reducir el gasto público consideramos que se puede disminuir la cantidad de personal en el Sector Público Nacional (y un paralelo en las jurisdicciones provinciales y municipales) mediante planes de retiro anticipado, el cierre de secretarías y reparticiones públicas en general pagando las indemnizaciones correspondientes.

Esta medida no implica incrementar la desocupación propiamente dicha.  Esas personas no están ocupadas actualmente, sino que cobran un disimulado seguro al desempleo mediante un cargo público al cual, muchas veces, no asisten personalmente. Se ha escondido la verdadera tasa de desempleo simulando puestos de trabajo en el sector público. Se confunde genuina generación de empleo (que genera valor económico) con un efecto estadístico al clasificar este disimulado subsidio al desempleo como “empleo”. Proponemos comenzar a sincerar esa situación, hablando con la verdad como insistentemente proclama el Presidente Macri, con la ventaja que, a menor burocracia menos entorpecimiento para que produzca eficientemente el sector privado. Cada empleado público que no contribuye a generar valor económico es un ladrillo más en la ya pesada mochila impositiva que carga el contribuyente.

Proponemos asimismo un proceso de re empadronamiento de todos aquellos que reciben planes sociales. El objetivo final es que se otorguen en casos especiales exclusivamente. No pueden ni deben constituir una forma de vida porque destruye la cultura del trabajo y es injusto e inmoral que unos vivan a costa de otros de manera permanente cuando es posible trabajar. A modo de ejemplo, el gobierno puede administrar una bolsa de trabajo ante la cual los beneficiarios de planes sociales no pueden rechazar una oferta de trabajo dentro de su especialidad y de un rango geográfico aceptable sin perder el plan social. El éxito de los planes sociales, como el de los medicamentos, se mide por qué tan rápido el mismo se vuelve innecesario y desaparece, no por qué tan rápido es necesario incrementar la dosis. La expansión de los planes sociales en Argentina sugiere que los mismos están mal diseñados y/o aplicados. Lo que proponemos no es dejar a sus beneficiarios a su suerte, sino revisar los planes sociales para que efectivamente cumplan con su cometido.

Otro punto sobre el que hay que trabajar es la recomposición de las tarifas de los servicios públicos congeladas durante casi 14 años, como paliativo para un desmadre económico que destruyó los ingresos reales de los menos favorecidos. El principio que debe regir es el de pagar por lo que se consume. Como cualquier otro bien o servicio; sin subsidio alguno. Pero no se le puede pedir a las familias y empresas que paguen la tarifa plena cuando, al mismo tiempo, ese precio final tiene incorporado una feroz carga tributaria. El consumidor debe hacer el esfuerzo de pagar por lo que consume, pero el estado debe hacer el esfuerzo de reducir la carga tributaria sobre el consumo de energía eléctrica, gas y demás servicios públicos, lo que tiene como contrapartida una reducción del gasto público para no quedar desbalanceado. Subir las tarifas de servicios públicos debe implicar bajar impuestos y, en consecuencia, reducir gasto público.

El proceso de reestructuración del estado llevará tiempo, pero es fundamental comenzar a recorrer el camino lo antes posible, transmitiendo con claridad, a la sociedad toda, los objetivos (parciales y totales) y los caminos para alcanzarlos. Este proceso debe ser a favor de la gente y debe hacerse explícita esa finalidad de modo tal de debilitar la resistencia de los intereses creados.

Política tributaria

El principio básico de la política tributaria debe ser que muchos paguen poco y los impuestos sean sencillos de liquidar. En vez de concentrar una enorme carga tributaria sobre un reducido sector de la población, se debe buscar aplicar alícuotas bajas y que todos paguen.

Suele argumentarse que hasta que no se reduzca la evasión impositiva no se pueden bajar los impuestos. Esto es un error. Para reducir la evasión impositiva primero hay que bajar los impuestos de manera tal que el premio por evadir sea tan bajo que el contribuyente tenga menores estímulos para evadir. El camino de reducir la tasa de evasión pasa por reducir las alícuotas de los impuestos. El camino inverso implica matar impositivamente al sector productivo e incentivar la evasión. No existe fuga de capitales a paraísos fiscales sin infiernos fiscales.

Como parte de la política impositiva sugerimos eliminar el impuesto a las ganancias y establecer un low flat tax que equipare a la recaudación de todos los impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Bienes Personales). Además, eliminar lo antes posible el impuesto al cheque o tomarlo a cuenta del low flat tax.

Disciplina monetaria

Volver a un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo es parte de la política de disciplina monetaria. Volver a la Carta Orgánica anterior es imprescindible. Desde su fundación en 1935 a la fecha, la inflación promedio anual en Argentina fue del 54%. Este pobre desempeño sugiere que el problema monetario en Argentina no se debe meramente a seleccionar una buena administración del BCRA, sino que el problema de fondo es institucional o de diseño. Una reforma seria y profunda que garantice la independencia del BCRA es necesaria para garantizar la estabilidad monetaria en el mediano y largo plazo en Argentina.

Debe establecerse una total libertad en el uso de las monedas, anulando el curso forzoso de la moneda nacional. Los agentes económicos podrán realizar las transacciones comerciales y todo tipo de operación económica en la moneda que las partes acuerden. El peso debe ser una moneda más que podrá utilizar la gente, pero al no existir el curso forzoso el BCRA estará obligado a preservar el valor de la moneda para que la gente la elija como reserva de valor o medio de intercambio. Sin curso forzoso, con libertad de monedas, la solidez de los mercados de capital y del sistema financiero locales será finalmente alcanzable.

La política cambiaria será de flotación limpia. Si el Banco Central preserva el valor de la moneda, el tipo de cambio tenderá a ser estable. De todas formas, con un frente fiscal sólido y consolidado, unido a un Banco Central patrimonialmente rico y profesionalizado, una política cambiaria activa transitoria, para neutralizar corrientes externas perturbadoras para un país chico y abierto, tendrá plena cabida.

El Banco Central tendrá que capitalizarse. El Tesoro le entregará letras transferibles en dólares a cambio de los U$S 48.000 millones de letras intransferibles del tesoro que actualmente tiene el Banco en su Activo. Asimismo, el BCRA dejará de incrementar la cartera de LEBACs, ya que desplaza al sector privado del mercado crediticio.

Calidad institucional

Recuperar la calidad institucional es lo que más tiempo llevará, dado que implica modificar los valores que hoy imperan en la sociedad.

De todas maneras, el conjunto de la política económica debe apuntar, en los hechos y en el discurso, a cambiar la cultura de la dádiva, los subsidios y el proteccionismo por la cultura del trabajo, la competencia y el desarrollo de la capacidad de innovación de la gente. El gobierno no debe ser un mero seguidor de encuestas, sino que debe ser un genuino líder social. En las últimas ediciones del índice de Libertad Económica del Fraser Institute, Argentina se ubica entre los 10 países con menos libertad económica del mundo. Argentina no necesita retoques de política económica. Argentina necesita un cambio fundamental en su concepción de cuáles deben ser los principios económicos imperantes.

Se debe revertir la perniciosa consigna que los planes sociales (que han destruido la cultura del trabajo) son un derecho de la gente. En todo caso, serán una ayuda extraordinaria en una circunstancia particular. Lo que debe cambiarse es la concepción de que el vivir del fruto de trabajo ajeno es un derecho adquirido.

Mención especial merece que, en lo inmediato, también debe el Ejecutivo impulsar una política de transparencia denunciando todos los casos de corrupción y los abusos de poder. Es imposible pensar en el crecimiento de largo plazo si quienes cometieron delitos contra la hacienda pública y abusaron del poder no son sancionados con la mayor severidad. Por lo cual, el paso siguiente será la celeridad, eficacia y ecuanimidad del Poder Judicial, quien no debe hacerse el distraído antes casos de abuso de poder, corrupción, y avance sobre las instituciones republicanas. El rol institucional del Poder Judicial es proteger las instituciones republicanas, tarea en la que este poder tiene mucho por corregir y sentar ejemplo. Caso contrario se estaría enviando el mensaje que se puede ser corrupto y abusar del poder sin sufrir las consecuencias, aún a pesar de cambio sustancial de signo político que la sociedad votó. Por poco margen, es cierto, pero más de la mitad de los votantes pidió un cambio en este sentido. No se cambian los valores dejando pasar por alto la corrupción y el abuso de poder y, por lo tanto, no se mejora la calidad institucional que es la que atraerá inversiones. Avanzar sobre la república es un problema institucional, no un problema de la política.

Insistimos, sancionar con severidad los casos de corrupción y abuso de poder deben ser considerados parte de la política económica, dado que ayudan a reconstruir la calidad institucional que es la llave para atraer inversiones.

Un giro constructivo del castigo a la corrupción es la pérdida de la propiedad de los bienes y dinero obtenido en ocasión de un acto corrupto. Del mismo modo que un simple ladrón debe devolver lo robado, si lo tiene en su poder y su propietario original lo reclama, los fondos provenientes de la corrupción deben volver a un Fideicomiso para fomentar actividades de alto impacto social. Ese ejemplo valdrá más que mil palabras.

El corto y el largo plazo

Considerando que la economía se mueve por tres factores, a saber: 1) el consumo interno, 2) la inversión y 3) las exportaciones netas, el camino menos doloroso para que la población supere la herencia recibida del kirchnerismo pasa por bajar la tasa de inflación, ir a una libre flotación y permitir que el tipo de cambio alcance el nivel de mercado.

Con un tipo de cambio real más alto las exportaciones actuarán como el primer motor que pondrá en funcionamiento la economía y la sacará del actual proceso recesivo. Un proceso acelerado de inversión externa neta (de cartera y/o inversión externa directa); es decir, un brusco aumento del ingreso de capitales por las mejores expectativas que el mediano plazo argentino promete frente a una región y un mundo emergente complicados, puede actuar como depresor de tipo de cambio real. Ello encarecerá nuestra producción, en relación con la resto del mundo. Para ello, una política inteligente del Banco Central evitando lo que se conoce como enfermedad holandesa, será crucial.

Solucionar el problema energético de Argentina es esencial para evitar un efecto de cuello de botella en la recuperación económica del país. Si no hay oferta suficiente de energía para aumentar la producción, la recuperación no será posible o la misma será muy lenta. El problema energético requiere, sin embargo, de fuertes inversiones de largo plazo;lo que hace más urgente, aún, las reformas económicas e institucionales que se discuten en este texto.

En lo que hace a la obra pública, en vez que el estado tome deuda externa para realizar las obras, resulta más conveniente que se llame a licitación para la ampliación, construcción y mantenimiento de rutas e infraestructura en general con aportes de capital privado. En este caso, habrá que desistir de la habitual práctica de garantizar (con respaldo del estado) los pasivos financieros de los contratistas. Los avales caídos a cargo del estado tienen una larga y triste historia en el país.

Un flujo de inversiones importante en este rubro permitirá reconstruir la infraestructura del país en el mediano plazo y, en el corto, movilizar rápidamente la actividad económica.

Reforzando lo dicho anteriormente respecto del riesgo de sobrevaluación de la moneda local, será clave que, si ingresan capitales para invertir tanto en obra pública como en otros sectores, la economía esté totalmente abierta al comercio internacional y a los flujos financieros en ambos sentidos.

Vemos también que una suba del tipo de cambio puede cambiar el flujo del turismo, logrando aumentar el turismo receptivo.

La inversión será el segundo motor en movilizar la economía, pero para ello se requiere un plan económico global consistente, con una política tributaria amigable hacia la inversión y un cambio profundo en la legislación y en la política laborales. Si se pretende reducir la tasa de desocupación como primer paso hacia la eliminación de la pobreza, es indispensable facilitar las contrataciones de personas con cualquier tipo de capacitación en el mercado laboral.

Con décadas de preminencia de la negociación salarial en las cúpulas (de empleados y de patrones), basamento de la partidocracia totalitaria, estas modificaciones sustanciales serán delicadas, largas y, si no se explican bien sus beneficios, resistidas en casi toda la población.

Sólo luego de iniciar el ciclo virtuoso del crecimiento es posible pensar en que el consumo sea vigoroso, mientras tanto lo que puede lograrse es evitar que el consumo siga cayendo fruto la presión impositiva, la falta de inversiones y la inflación como consecuencia del desequilibrio fiscal.

En síntesis, la visión de largo plazo de la política económica debe ser la de crecer con fuertes inversiones incorporando y abriendo la economía argentina al mundo, mediante todos los acuerdos de libre comercio que seamos capaces de firmar. Hay que ver el mundo como lo que es: una oportunidad; no una amenaza. La propuesta marketinera de hacer de Argentina el “supermercado” del Mundo (como superadora de ser “el granero del mundo”) tiene raíces profundas en este razonamiento. Argentina debe renunciar a la concepción tan arraigada de sustitución de importaciones y proteccionismo para incorporarse a un mundo globalizado y recibir los beneficios de la división internacional del trabajo.

La visión económica de largo plazo tiene que estar basada en que las empresas obtengan sus utilidades satisfaciendo las necesidades de los consumidores, dentro de reglas de juego que maximicen la competencia en todos los mercados, en vez del actual esquema que se basa en buscar el favor del funcionario de turno para no competir, aprisionando a los consumidores en un mercado cautivo.

El gobierno debe marcar el rumbo en el cual los subsidios no deben ser duraderos y que se debe volver a la cultura del trabajo. Un año 2017 con menos feriados inventados (puente, fechas corridas, conmemoraciones absurdas) será una señal poderosa.

En lo inmediato, es fundamental comenzar a poner orden fiscal bajando el gasto público mediante la reconfiguración estructural de las funciones del estado y su relación con los particulares y re-escribiendo el sistema tributario, empezando a incorporar el low flat tax en lugar de la intransitable y asfixiante maraña actual. Esta es la única manera de lograr disciplina fiscal para tener disciplina monetaria e ir bajando la tasa de inflación.

El anuncio de un plan económico global y el inicio de su aplicación atraerán las inversiones que junto con las exportaciones permitirán en una senda de crecimiento sostenido para ir bajando la desocupación y la pobreza, no con paliativos o soluciones que no emancipan a los menos favorecidos sino con trabajo formal, digno y bien remunerado. Objetivo que, en última instancia deber ser el fin de toda política económica: que todas las familias vivan mejor materialmente.

Firman: Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky, Roberto Cachanosky

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Aunque evaluamos la calidad institucional en términos relativos, en el mundo ha mejorado

Por Martín Krause. Publicada el 30/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/aunque-evaluamos-la-calidad-institucional-en-terminos-relativos-en-el-mundo-ha-mejorado/

 

Como dijimos antes, no tenemos un parámetro absoluto sobre la calidad de las instituciones contra el cual evaluar el desempeño de todos los países. Sabemos cuáles tienen mejores instituciones que otros, pero esa falta nos limita la posibilidad de analizar si el mundo, y nuestra región, están mejorando o empeorando en calidad institucional. Es decir, no podemos ver la tendencia general.

Nuestra evaluación tiene que ser necesariamente cualitativa. Y es desde esta perspectiva que podría tal vez decirse que la calidad institucional ha estado mejorando en las últimas décadas en el mundo, un proceso favorecido y presionado por la competencia institucional que genera la globalización. La caída de los regímenes comunistas, ocurrida antes que comenzáramos a producir este índice, ha dado como resultado la mejora institucional de casi todos los países que abandonaran ese modelo. Algunos de ellos, como Estonia, han alcanzado destacadas posiciones; otros como Turkmenistán han cambiado de régimen pero sin que esto significara una mejora institucional, sigue estando entre los peores.

El avance de los países asiáticos y ahora algunos países de África también nos brinda señales de mejora institucional. Y en el caso latinoamericano hubo una gran mejora a partir de los años 80s con el abandono de las dictaduras militares que pisotearan las democracias, los derechos humanos y en muchos casos hicieran también estragos económicos. Algunos países de la región  mejoraron sus instituciones de mercado durante los años 90s, y alguno entre ellos dieron marcha atrás y volvieron a los años 70s o peor aún. ¿Tal vez un rechazo de esas sociedades a los desafíos e inseguridades que plantea un nuevo mundo globalizado? Puede ser, pero lo cierto es que ese rechazo llevó a una caída fuerte de la calidad institucional en la región que ahora podría haberse detenido e insinuar un regreso al camino de la mejora. El nuevo gobierno argentino y el nuevo Congreso venezolano parecen ser fuertes señales de que los latinoamericanos quieren dejar atrás el populismo chavista que destruye las instituciones. Habrá que ver si esto es así y si refleja una tendencia que pueda presentarse en el resto de la región. Y habrá que ver también si esa tendencia perdura y se alcanzan esos consensos institucionales que algunos pocos países de la región han logrado alcanzar, permitiendo obtener resultados bien superiores al resto, generando más oportunidades de progreso para sus habitantes.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).