Sobre las cuotas de género y otras yerbas

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/10/17 en https://www.cronista.com/columnistas/Sobre-las-cuotas-de-genero-y-otras-yerbas-20171004-0051.html

Sobre las cuotas de género y otras yerbas

Se ha puesto de moda la idea de las cuotas para acceder a cargos políticos, para aplicar a estudios universitarios y para empleos en ámbitos empresarios. La moda en nuestro país por ahora ha quedado en el primer rubro, mientras que en otros países se ha extendido a diferentes áreas.

No pocos son quienes han quedado muy impresionados con la sandez de las cuotas para mujeres en relación a los cargos públicos. Constituye una afrenta para la mujer el acceder al cargo debido a la compulsión que impone una legislación y no por su mérito.

Hay en esto una horrible discriminación puesto que el aparato estatal se aparta de la igualdad ante la ley y otorga privilegios.

Como es sabido, discriminar significa diferenciar, optar, elegir, discernir, en otros términos es un ingrediente inseparable de la acción humana. Discriminamos cuando elegimos nuestra lectura, a que cine vamos, que comida engullimos, con quien contraemos nupcias, que amigos incorporamos etc. No hay acción sin discriminación.

Muy distinta es la discriminación por parte del Gobierno puesto que, como queda dicho, eso implica otorgar diferentes derechos a diferentes personas lo cual es absolutamente incompatible con un sistema republicano.

Pero hay otro aspecto aun peor y es que con este sistema discriminatorio en el peor sentido de la expresión, se contribuye a deteriorar aun más la calidad de la estructura política. En lugar de ocupar cargos los mejores, acceden quienes han sido seleccionados merced a la arbitrariedad de las cuotas.

Esta situación se extiende a media que se extienden las cuotas también a otros campos y no solo en el plano del género. Cuando se imponen cuotas en los ingresos universitarios, por ejemplo, para latinos, negros, sajones y asiáticos, necesariamente desmejora la calidad educativa de la institución del caso debido a que se bloquea la entrada de los mejores.

Cuando con la idea de ofrecer mayores oportunidades a otros en las empresas, se atropellan derechos de los más eficientes al imponer cuotas, se están elevando inútilmente los costos y reduciendo la productividad lo cual, a su turno, se traduce en un derrumbe en el nivel general de vida, situación que en última instancia perjudica especialmente a los marginales.

La posición liberal es la de respetar la igualdad ante la ley y que los aparatos estatales no discriminen. Es tragicómico: con el pretexto de que no se discrimine a través de la acción libre de las personas se implanta a la fuerza la única discriminación a todas luces malsana.

Y digo posición liberal y no la etiqueta fantasiosa de neoliberal con la que ningún intelectual se identifica. En este sentido, cierro con una frase de Mario Vargas Llosa: «Me considero liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que no los son. Pero, a lo largo de una trayectoria que comienza a ser larga, no he conocido todavía a un solo neo-liberal».

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

La UBA está en crisis hace años

Por Yamil Santoro: Publicado el 3/5/16 en: http://opinion.infobae.com/yamil-santoro/2016/05/03/la-uba-esta-en-crisis-hace-anos/ 

Soy uno de los cientos de miles que hoy tienen un título universitario gracias al sacrificio de millones de argentinos que, con sus impuestos, permitieron que pudiera estudiar. También hoy estoy recibido gracias al esfuerzo de miles de profesores que donaron (y donan) sus horas de clase. A pesar del sacrificio de tantos, veo que actualmente unos pocos oportunistas se quieren colgar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para criticar al Gobierno de Mauricio Macri, al opacar con su miseria política un debate mucho más profundo y concreto: la UBA está en crisis hace años.

La UBA sufrió un serio proceso de desfinanciamiento durante la gestión kirchnerista. Si bien aumentó a nivel nacional el porcentaje del PBI que se invierte en educación superior, dicha distribución no fue uniforme, ni se rigió por criterios de eficiencia ni de necesidades reales. En la repartición, la UBA salió perdiendo. Así las cosas, en el 2008, la UBA recibió el equivalente a aproximadamente 50 pesos diarios por alumno: unas ocho veces menos que la Universidad de Avellaneda (455 pesos diarios) y unas seis veces menos que las universidades que se fueron creando desde el 2009 (301 pesos diarios). Esto surge de las partidas asignadas según la ley de presupuesto nacional nº 27.008, cruzándolo con la cantidad de alumnos por casa de estudios. La universidad más grande del país, bajo la gestión kirchnerista, recibió uno de los menores presupuestos por alumno.

De hecho, en términos reales, la UBA tuvo un achicamiento presupuestario entre el 2014 y el 2015. El aumento presupuestario fue del 29,6%, una disminución en torno al 10% si se tiene en cuenta que la inflación 2014 estuvo cerca del 40% anual. Nos vienen ajustando hace rato para beneficiar, en cambio, a universidades con pocos alumnos o recientemente estatizadas. A eso debe sumársele que ha pasado de representar un 31% del total del presupuesto universitario a estar en torno al 28 por ciento. La UBA perdió terreno frente a universidades más chicas bajo la gestión kirchnerista. Para coronar el desfinanciamiento kirchnerista, antes de irse, aprobaron el presupuesto 2016, que tenía previsto un aumento real del 0% (30% en términos nominales, similar a la inflación 2015).

Más del 53% de los docentes de la UBA trabajamos ad-honorem hace años. En parte esto se debe a fallas organizativas, dado que hay gente que cobra sin ir a dar clases y nos bloquea el acceso a quienes efectivamente trabajamos. De hecho, muchos buenos docentes se terminan yendo de la UBA porque no reciben un pago por su trabajo y si lo reciben, es una miseria. La docencia en la UBA es un sacerdocio y muchos lo hacemos por apostar genuinamente a la educación pública. Pero lejos está de ser una organización sostenida con fondos públicos. Esa es una mentira que tenemos que dejar de repetir, es una entidad de economía mixta que se sostiene en buena parte por el sacrificio de docentes que donan sus horas y alumnos que sufren las consecuencias de una mala administración o una insuficiencia de fondos, según el caso.

El problema fundamental en torno a la educación pública en Argentina es que los fondos no se distribuyen con criterios técnicos ni estratégicos. De hecho, el Congreso Nacional tuvo la deshonrosa irresponsabilidad de estatizar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo sin que existiera ninguna razón técnica ni educativa para hacerlo. Son fondos que nos robaron a los docentes que trabajamos para sostener estructuras políticas. Un insulto para todos los que integramos la comunidad educativa. Varias universidades más fueron creadas sin el aval del Consejo Interuniversitario Nacional. Gastaron la plata sin pensar en la calidad educativa, no hubo planificación estratégica y a nadie le importó corregir injusticias: el clientelismo movió la mano de los funcionarios durante años y perdió la educación.

Hace años que la comunidad educativa advierte sobre los riesgos de este crecimiento irresponsable. Julieta Claverie, doctora en Educación e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, advirtió: “El tema es cómo se sostendrá ese financiamiento a largo plazo. No se está pensando la articulación del sistema en su conjunto; en el Conurbano algunas universidades se están ‘pisando’ entre sí”.

A nivel regional, la UBA tampoco sale favorecida. A valores de 2015, estaba recibiendo un aproximado de 5-6 dólares, muy por debajo de los 73 dólares diarios que maneja la Católica de Chile (que es privada), los 68 dólares diarios que tiene la de San Pablo o la Autónoma de México, que posee aproximadamente 15 dólares diarios, con la misma cantidad de alumnos. Y aun así mantenemos un muy buen nivel. ¿Por qué? Por los miles de héroes que donan sus horas y trabajan a pesar de todo, no por el vendaval de oportunistas que ahora salen a decir que la UBA tiene problemas porque aumentó la factura de luz.

Hay varias partidas presupuestarias que pueden optimizarse o deberían auditarse. Por ejemplo, tomando algunos números del presupuesto 2015, ¿son necesarios los 672 mil pesos de “subsidios de viajes a decanos”? ¿Y los 3.843.000 pesos de la gestión de relaciones internacionales? Sólo por poner un par de casos. ¿Saben cuánto representa la factura de luz en el presupuesto de la UBA? Se encuentra en torno al 1% del total. La Constitución Nacional consagra la autonomía universitaria, es decir, la UBA elige cómo administrar sus recursos.

Con base en todo lo anterior tenemos dos discusiones que dar: primero, dónde estamos invirtiendo; indudablemente la UBA ha perdido terreno en términos presupuestarios por una administración clientelar de la inversión educativa y se han desviado fondos para financiar universidades sin respaldo técnico, cuando existen muchas necesidades en algunas de las universidades existentes. Segundo, la UBA se maneja con escasa transparencia y sin un debido control. Sin ir más lejos, las páginas de esta universidad sobre datos presupuestarios no poseen información actualizada (la última resolución sobre presupuesto subida es del 2013 y la última auditoría publicada es del 2012).

La UBA está en crisis hace años. Funciona gracias al sacrificio de muchos y muy por debajo de todo su potencial. Quizás sea un buen momento para dar un debate serio sobre el papel de la UBA. Hay muchas injusticias por corregir, pero para empezar a cambiarlas debemos sacarnos las anteojeras del chiquitaje político-partidario y comprometernos con el tema de fondo: la educación pública.

 

Yamil Santoro es profesor de Microeconomía en la Carrera de Administración de Empresas de ESEADE.

La pobreza como negocio político

Por Gustavo Lazzari. Publicado el 12/7/13 en http://opinion.infobae.com/gustavo-lazzari/2013/07/12/la-pobreza-como-negocio-politico/

Cabe preguntarnos, con tanto discurso progresista en favor de políticas “inclusivas”, “sociales”, “solidarias”, ¿cómo puede explicarse que todavía subsista la pobreza?

Eso tiene una única razón: la pobreza es un negocio político y patrimonial. El populismo es inimaginable sin pobreza. Los movimientos políticos populistas pierden mercado si no hubiera pobres a los cuales subsidiar y “enamorar”. No es casual que los populismos latinoamericanos hayan generado los tres factores determinantes en el crecimiento de la pobreza: inflación, pérdida de inversiones y pésima calidad educativa.

Además la pobreza es un negocio patrimonial. Ejércitos de agentes públicos viven de los presupuestos destinados a la solución de la pobreza. La superposición de funciones estatales, los numerosos planes sociales y los agentes públicos y “para-públicos” como los punteros para administrar lo que otros ya administraron son muestras de que se puede vivir bien “ayudando a los pobres con recursos públicos”.

Crear riqueza

El populismo habla de combatir la pobreza pues supone que la riqueza está dada. Por lo tanto hay que sacársela a unos para dársela a otros. El auténtico combate a la pobreza pasa por la creación de riqueza. La creación de riqueza depende de instituciones que canalicen incentivos. Es más progre el libre comercio, las inversiones externas, la prudencia monetaria y el respeto a la propiedad que los planes sociales anunciados con bombos y platillos. Si queremos eliminar las villas de emergencia habrá que otorgar derechos de propiedad sobre las casas, obras de infraestructura en las calles y provisión de servicios adecuados y nominados.

Si queremos mejorar los ingresos de los pobres habrá entonces que motorizar la inversión local y externa sin distinciones, con normas claras, impuestos bajos y regulaciones razonables.

Si queremos que los pobres no sufran el deterioro en sus ingresos habrá que eliminar la inflación, bajándola hasta al cero o,3% como objetivo prioritario. Nada de eso está haciendo el gobierno, más preocupado en esconder la pobreza antes que solucionarla definitivamente. 

La propuesta fácil

La administración K considera que la única forma de combatir la pobreza es mediante la distribución del ingreso. En varias oportunidades la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado “guste o no, la pobreza se resuelve con distribución del ingreso”. La distribución del ingreso quizás logre que los beneficiados la pasen mejor, pero no contribuirá definitivamente a sacar a la gente de la pobreza en forma consistente y de largo plazo.

Los pobres seguirán siendo pobres y por tanto vulnerables y dependientes del poder político que detenta la soga que evita su ahogo. La distribución del ingreso como mecanismo para eliminar la pobreza requiere un mecanismo de transferencia eficiente y transparente. Es decir, estructuras estatales capaces de cobrar impuestos, administrarlos cristalinamente y distribuirlos hacia aquellas personas que efectivamente lo necesitan.

Parece simple pero en el Estado argentino es una tarea de alta complejidad. Tanto por motivos políticos (incapacidad de explicar los beneficios de identificar a los verdaderos necesitados) como por motivos técnicos (incapacidad de las administraciones públicas de producir información confiable), se ha demostrado que es imposible identificar y subsidiar a la demanda. Es decir, específicamente a aquellas personas que lo necesitan.

Identificar a los necesitados tornaría más eficiente la provisión de subsidios, más económica y justa. Ante esa incapacidad, los estados hacen “la fácil”. Montan estructuras gigantes que sirven más para impresionar y ganar votos que para solucionar problemas. Vemos, por tanto, enormes hospitales públicos inaugurados varias veces con filas interminables de personas en situación de necesidad sin poder ser atendidos.

En lugar de atender directamente al necesitado (subsidio a la demanda) los estados optan por subsidiar a la oferta. Los gastos se multiplican en enormes estructuras que más temprano que tarde se transforman en burocráticas y anquilosadas con baja productividad en los resultados. Redunda entonces, estados grandes, gastos sociales “récords” y pobres más pobres que antes.

La distribución destruye incentivos a la producción. Tanto para el beneficiado como para quien aporta mediante impuestos. El beneficiado internaliza el concepto de que “cualquiera sea su productividad, igualmente el Estado se encargará de compensarlo”. El contribuyente en cambio internalizará el concepto que “para qué esforzarme si de cualquier manera el estado quitará parte de mi esfuerzo”.

Ante la pérdida de incentivos la economía se resiente. Pero además, instrumentos para cobrar impuestos y distribuirlos suelen afectar las decisiones de inversión y producción.

Gustavo Lazzari es Licenciado en Economía, (UCA), Director de Políticas Públicas de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y fue investigador del Proyecto de Políticas Públicas de ESEADE entre 1991-92, y profesor de Principios de Economía de 1993 a 1998 y en 2002. Es empresario.

Inflación, salarios y mala educación

Por Agustín Etchebarne. Publicado el 12/3/13 en http://www.elpuntodeequilibrio.com/front/opinion.php?id=65&utm_source=v2.envialosimple.com&utm_admin=14140&utm_medium=email&utm_campaign=El_enemigo#.UT9fN1f_0pR

 En su discurso inaugural, la señora presidente de la Nación mostró el aumento del gasto público destinado a la educación pasó de 3% al 6,2% del PIB en la década pasada, lo cual es muy importante considerando también el crecimiento económico. Pero lo que no dijo, es que en el mismo período los tests internacionales muestran una caída de calidad comparativa contra Latinoamérica. De 2000 a 2009, la Argentina perdió 31 puestos en PISA, índice de la OCDE que mide la calidad educativa. Esto merece un amplio debate para considerar propuestas superadoras.

Lamentablemente, estas cuestiones pasan a un segundo plano, ya que la elevada inflación obliga, todos los años, a empezar el ciclo lectivo con una dura negociación salarial en todos los gremios. Esto complica las relaciones de trabajo en todas partes, y muy particularmente en el rubro de la Educación. A cualquier gremio le resulta muy difícil aceptar un aumento de salarios inferior al 25% anual, simplemente porque significaría un recorte del salario real. Así, la CABA logró empezar las clases otorgando un 26% de aumento, mientras que la provincia de Buenos Aires sigue sin clases porque los gremios piden un aumento del 30% mientras Scioli ofrece 22%. Pagar buenos sueldos a los docentes debiera ser una prioridad de cada provincia. No hay buena educación sin buenos docentes. 

Pero hay otros factores que inciden también en la calidad de la enseñanza. Un buen comienzo es aceptar que estamos mal. Tal como lo hizo Esteban Bullrich, ministro de educación de CABA: «No hay prueba internacional en la que no hayamos descendido en los últimos quince años.» 

Las diversas propuestas con cambios fundamentales para mejorar el sistema educativo. Pero tenemos claro que ningún cambio es posible sin el apoyo de los más de 800.000 maestros que hay en nuestro país. Es por eso que reclamamos un debate abierto al respecto.

Además del deterioro en la Argentina, hay que tener los ojos abiertos a las inmensas oportunidades que ofrece un mundo que está enfrentando un rápido cambio del paradigma educativo y una revolución en la tecnología para la educación. El nuevo sistema educativo que debemos desarrollar debe contemplar los avances del conocimiento, de las neurociencias, el hecho de que sabemos que no existe una única forma de aprender sino decenas de habilidades diferentes genera al mismo tiempo un desafío y una oportunidad. 

Los niños no son todos iguales, son muy ricos en su diversidad, algunos tienen inteligencia lingüística otros matemáticas, musical, cinética, artística. Un maestro que enseña delante de una clase a 30 o 40 alumnos es más una visión del pasado que del futuro. Mirando hacia adelante tenemos que pensar un sistema que ofrezca una enorme diversidad en su oferta educativa, de modo que los padres puedan elegir las mejores oportunidades para sus hijos. 

Esto no es tan difícil si nos desprendemos de viejos prejuicios. En Suecia, se hizo una profunda transformación basándose en que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos y el Estado puede financiar la demanda en lugar de la oferta educativa. Lo mismo ocurre en Chile. De este modo, las escuelas privadas, las ONG.s y las escuelas públicas pueden competir en igualdad de condiciones. 

Los contenidos mínimos educativos, serían mínimos y no máximos, es decir, no ocuparían el 100% del tiempo, sino tal vez, el 50 o 60%, dándole a los directores de escuela mayor autonomía para decidir. También debieran tener posibilidad de decidir sobre el despido de, al menos, el 5% de los docentes. Finalmente, los padres debieran acercarse mucho más a la escuela, una forma de incentivarlo sería descentralizar las decisiones,  dejándolas en manos de un gobierno tripartito, director, docentes y padres, y con la participación de los niños (pero sin voto) en cada escuela.

De este modo, la escuela pasará a ser un lugar donde los niños desplieguen interés, imaginación, investigación, creatividad, inteligencia emocional, y donde los docentes no sean los que inculquen contenidos, sino tutores que impulsen el desarrollo de los niños a nivel corporal, mental y espiritual.

Agustín Etchebarne es Lic en Economía (UBA); Máster en Desarrollo Económico (ISVE), posgrado en Comercialización Estratégica de la (UB). Ex profesor de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho de la UBA y profesor de ESEADE.