Intervencionismo

Por Gabriel Boragina. Publicado en: 

 

Los intentos de reemplazar al capitalismo por otro u otros sistemas han sido constantes prácticamente desde la aparición del mismo en la escena económica de los pueblos.

Al identificárselo como el «enemigo» del bienestar y del progreso económico de la gente han sido múltiples los pensadores que trataron de idear modelos alternativos. El más popular desde hace buen tiempo hasta la actualidad es el mixto:

«Se supone que esta economía mixta no es capitalismo ni socialismo. Se describe como un tercer sistema, tan alejado del capitalismo como del socialismo. Se supone que está a medio camino entre socialismo y capitalismo, manteniendo las ventajas de ambos y evitando los inconvenientes propios de cada uno».[1]

En realidad, esta pretendida fusión de dos patrones en uno que, a su vez, no son ni uno ni el otro no es más que un mito, una verdadera utopía quimérica. Para prueba basta observar que prácticamente todas las economías del mundo han prohijado tal pretendido diseño mixto, lo que ha provocado y sigue ocasionando las recurrentes crisis económicas en las que el planeta se debate sin cesar año tras año, década tras década y ya sin fronteras visibles. Pero no hay tal supuesto tercer esquema, sino que lo que existe es una mezcolanza de dos modelos que se oponen abiertamente entre sí y que no poseen los pretendidos «elementos comunes».

«Hace más de medio siglo, el principal hombre del movimiento socialista británico, Sídney Webb, declaraba que la filosofía socialista no es “sino la afirmación consciente y explícita de principios de organización social que ya se han adoptado en buena parte inconscientemente”. Y añadía que la historia económica del siglo XIX era “una historia casi continua del progreso del socialismo”.[2]

De alguna manera, la afirmación anterior era exacta y contradice la observación de muchos (o de la mayoría de los socialistas de nuestro tiempo) que sostienen que vivimos en un «universo capitalista». No tenemos -por cierto- tal «mundo capitalista» al menos en la medida que pueda decirse que es la economía que impera y que sustentan los países más desarrollados y los menos del planeta. El capitalismo nunca pudo operar en ninguna parte del planeta al cien por ciento de sus potencialidades, sin embargo, donde lo ha hecho -en muy escasa medida- ha producido adelantos y progresos formidables, que son a los que debemos todos los artículos de confort que han mejorado nuestras vidas y las de nuestros contempéranos.

«Unos pocos años después, un eminente estadista británico, Sir William Harcourt, declaraba: “Todos somos ahora socialistas”.Cuando en 1913 un estadounidense, Elmer Roberts, publicó un libro sobre las políticas económicas del gobierno imperial de Alemania llevadas a cabo desde finales de la década de 1870, las llamó “socialismo monárquico”.»[3]

Digamos que, tanto en la filosofía de estos pensadores como en el ambiente popular la última etapa sería la imposición del socialismo por sobre el capitalismo, y que la misma seria «altamente deseable». Marx, contradictoriamente, sostenía que esta conclusión se daría natural y evolutivamente por el mero devenir histórico, y que -por lo tanto- ningún esfuerzo humano podría acelerar o retardar el proceso. Sin embargo, en sus escritos revolucionarios junto con Engels (tales como el tristemente célebre Manifiesto comunista de 1848) mantenía la necesidad de provocar lo que -por otra parte- había declarado antes no sería necesario promover, ya que de lo contrario la revolución socialista no se daría nunca o no lo haría cuando el suponía que tenía que realizarse.

«Sin embargo no sería correcto identificar simplemente intervencionismo y socialismo. Hay muchos defensores del intervencionismo que lo consideran el modo más apropiado de llegar (paso a paso) al socialismo total. Pero también hay muchos intervencionistas que no son abiertamente socialistas: buscan el establecimiento de la economía mixta como un sistema permanente de gestión económica. Quieren restringir, regular y “mejorar” el capitalismo por interferencia pública con los negocios y con el sindicalismo.»[4]

Esto, de alguna manera, explica que sea el intervencionismo el estándar económico actual en la mayor parte del orbe (por no decir en todo el). Unos lo apadrinan por un motivo y los demás lo implementan por todos los motivos restantes. Es decir, tanto partidarios como adversarios del socialismo y del capitalismo aceptan el intervencionismo por razones diametralmente diferentes. En el caso socialista, se recurre al mismo como método para llegar gradualmente al socialismo, y -en el opuesto- los antisocialistas o pseudo-capitalistas creen que es el intervencionismo la vía por medio de la cual el capitalismo se puede «mejorar».

Pero lo que están más cerca de acertar en esta aparente «paradoja» son los socialistas, ya que la admisión de la supuesta «economía mixta» es un verdadero camino de servidumbre como diría F. v. Hayek parafraseando el título de su más célebre libro. Unos para aniquilar el capitalismo y otros para «mejorarlo» hacen que el intervencionismo sea el modelo económico que siguen la mayoría de los países del globo.

«Primero: Si, dentro de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, algunos de estos medios son propiedad y están gestionados por el gobierno o por los municipios, esto sigue sin ser un sistema mixto que combinaría socialismo y propiedad privada.»[5]

La economía de mercado no se ve afectada si sólo algunos bienes de producción son de propiedad estatal en tanto el resto de ellos permanece en manos privadas. No concurre aquí -nos dice L. v. Mises- intervencionismo, ni tampoco socialismo, sino capitalismo. Cabría pues inferir que, en tanto no más del 49% de los bienes de producción está en manos del gobierno no habría allí ninguna economía intervencionista. Aquí nos parece relevante apuntar que, no sólo la cantidad de las empresas de propiedad estatal debería ser reducida sino también el tamaño concreto de esas empresas debería serlo, porque es difícil aseverar que si una empresa (o conjunto de ellas) cuyo tamaño equivale al 100% de la producción total de la economía deviene en propiedad del estado (vía expropiación, estatización, etc.) dicho entramado continuaría siendo una economía de mercado. Si bien el ejemplo suele ser infrecuente (salvo en regímenes abiertamente socialistas) no está de más tenerlo en cuenta.

[1]Ludwig von Mises, Caos planificado, fuente: http://mises.org/daily/2454 (Publicado el 3 de febrero de 2007). Pág. 6.

[2] L. v. Mises ibidem, pág. 6

[3] L. v. Mises ibidem, pág. 6

[4] L. v. Mises ibidem, pág. 6-7

[5] L. v. Mises ibidem, pág. 7

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

La trampa del colectivismo

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 1/5/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/05/01/la-trampa-del-colectivismo/

 

Pocos en el mundo pueden entender cómo un país con los recursos que tiene la Argentina registra lamentables indicadores de calidad de vida

Pocos en el mundo pueden entender cómo un país con los recursos que tiene la Argentina registra lamentables indicadores de calidad de vida

 

Los lamentables indicadores de calidad de vida, crecimiento y cualquier otra referencia vinculada al bienestar, grado de libertad y respeto a la propiedad privada, son reveladores de nuestro declive. Durante las dos décadas del actual siglo, la situación se agravó y hemos estado a contramano de las soluciones a problemas recurrentes.

Para revertir la tendencia argentina, se dispone de buenos ejemplos si se presta atención al camino que tomaron aquellos países que hoy tienen los más altos standards de bienestar. Es importante no perder de vista el hecho que, en todos esos casos, partieron de situaciones desesperantes.

Incluso no hay que olvidar que nuestro país disfrutó de un período de gran prosperidad desde mediados del siglo XIX y llegó a ser potencia mundial gracias a las ideas liberales de Alberdi. «El granero del mundo» estaba en auge y, sin fantasmas migratorios absurdos, recibía a centenares de europeos que huían de la miseria y de la guerra. Pero el progreso se detuvo y se inició la mencionada debacle cuando el socialismo ganó progresivamente la batalla de las ideas.

Cuando se expone el ejemplo argentino de fines de 1800 y principios de 1900 o el de otros países exitosos, no faltan quienes recurren a los argumentos de «eran otros tiempos», la idiosincrasia de inmigrantes y otros disparates de variado calibre y sin relación causal alguna. Se debe entender que los principios elementales de la libertad y el derecho no se alterarán con el paso del tiempo ni depende de la latitud donde ha nacido un número determinado de habitantes.

A mi juicio, los países marginales están rezagados y ajenos a los avances del resto del mundo debido a un tema moral, un tema de valores; debido a la falta de respeto recurrente e institucionalizada al ciudadano. En todos esos países, con distinto grado, rige la supremacía de los aparatos estatales y la planificación central, postulados incompatibles con el respeto a la propiedad privada, la defensa de la libertad y la preservación de los proyectos de vida de cada individuo.

Es difícil que alguien se exprese abiertamente en contra de la libertad y a favor de las tiranías. Hasta los propios tiranos deben buscar la forma de apropiarse del término «libertad» a efectos de simular gestas heroicas y ocultar sus sangrientos absolutismos. Tal es el caso de Maduro en Venezuela cuando se refiere a la «libertad bolivariana»; o de Fidel Castro cuando distinguía la «libertad revolucionaria»; de la «libertad burguesa». A todos nos seduce la libertad porque es un valor que se corresponde a la naturaleza del hombre. Todos calificarán a la libertad como un valor irrenunciable.

No obstante, predomina una llamativa incoherencia que, ante cualquier dilema social, el ciudadano reclamará la intervención del gobierno -el aparato de coacción- para que regule, restrinja, controle, limite, fiscalice, instruya o grave nuestras vidas y labores.

Hasta los propios tiranos, como  Maduro deben buscar la forma de apropiarse del término “libertad” a efectos de simular gestas heroicas y ocultar sus sangrientos absolutismos

Hasta los propios tiranos, como  Maduro deben buscar la forma de apropiarse del término “libertad” a efectos de simular gestas heroicas y ocultar sus sangrientos absolutismos

Es imperativo que se comprenda que, si la opinión pública reclama intervención del gobierno, el gobierno le dará intervencionismo, lo que es decir, más impuestos y más pérdida de libertades. Si la gente reclama «estado presente», el núcleo político asumirá que su rol es legislar más, controla más y limitar más. Y para todo ello, claro está, se requieren más estructuras estatales y un consecuente aumento en la carga fiscal y el endeudamiento estatal que recae sobre el sector productivo. Eso es, ni más ni menos, el «estado presente».

Quitar la adiposidad de la estructura política, siempre genera resistencia, más aún cuando se trata de la propia clase política, silenciosa ganadora del populismo clientelista y de los ladrones de cuello blanco que hacen magníficos negocios explotando a la gente al calor de privilegios otorgados por el gobierno de turno. Lo que sí resulta estremecedor y paradójico es que, cual Síndrome de Estocolmo, los mayores promotores del sistema de expoliación, resultan ser, en buena parte, los mismos expoliados.

Gradual de seducción para el mal camino

Hay que recordar que, la tiranía no se presenta de la noche a la mañana, es una gradual pérdida de pequeñas libertades. Para dar una idea de cuán atados estamos al entramado socialista, viene a cuento un debate que se suscitó vez pasada sobre el uso obligatorio del casco para quien circula en una moto. Dejando de lado la probada conveniencia de su uso, el tema de discusión era en torno a si resultaba correcto que, desde el punto de vista de las libertades civiles, el gobierno imponga el uso de un elemento de seguridad personal que no afecta a terceros.

La gran mayoría de los que intervenían en el intercambio caían en la trampa del colectivismo, es decir, sostenían que, si el conductor de una moto sufría un accidente, un hospital público sería el receptor del caso, lo cual implicaría que otros pagarán por los resultados de una irresponsabilidad ajena. Siguiendo la misma lógica, debería el gobierno también controlar el nivel de grasas que ingerimos, prohibir los cigarrillos, monitorear el ejercicio que hacemos, forzar a las personas sedentarias a que incorporen el ejercicio físico a sus actividades y prohibirle jugar al fútbol a los marcadores centrales resueltos y ásperos.

Al menos destaco del argumento la correcta percepción de que alguien paga el gasto público y que nada es gratis. Pero, deberían entonces también advertirse que resulta injusto que una persona que se levanta a la madrugada para tomar tres colectivos para mantener dos trabajos y que no puede darse el lujo de mandar a su hijo a la universidad porque lo necesita trabajando, le esté financiando la educación a un chico que vive con los padres en un barrio cerrado exclusivo y que se traslada en su 4×4 para asistir a su clase de una universidad estatal.

Si se pretende resolver temas manteniendo inalterables los postulados estatistas que originan los problemas, vamos a gastar grandes energías sin llegar a ningún sitio distinto del que estamos. Quedaremos in aeternum en una especie de globo de la muerte colectivista. Sin embargo, soy optimista.

Me inclino a pensar que Argentina lentamente retomará la senda de los valores morales de respeto a la vida, la libertad y la propiedad de cada individuo, reclamará la necesidad de destrabar el cepo a la creación y la innovación para retomar los incentivos que implican poder disponer de los resultados del propio esfuerzo. La opinión pública cambiará a la política y no al revés. Siempre fue así.

 

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Síguelo en @nygbertie

Proteccionismo «Hood Robin»: sacarle a la gente para darle a los ricos

Por Aldo Abram: Publicado el 19/11/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1995093-proteccionismo-hood-robin-sacarle-a-la-gente-para-darle-a-los-ricoshttp://www.lanacion.com.ar/1995093-proteccionismo-hood-robin-sacarle-a-la-gente-para-darle-a-los-ricos

 

 

Son cada vez mayores las presiones de los sectores que fabrican productos que compiten con importaciones para que el Gobierno los proteja. Las demandas tienen que ver con un incremento de la llegada de productos del exterior, que no se verifica en los datos totales, pero sí en algunos sectores en particular. Hay que tener en cuenta que estamos comparando un período, 2016, donde se eliminaron algunas restricciones para comprar en el exterior, con un 2015 signado por una fenomenal cerrazón, por lo que es lógico que quienes son más ineficientes vean subir su competencia externa.

Obviamente, todos estos sectores han focalizado sus críticas en la estrategia de gradual apertura de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior. Pero, ¿a quién está defendiendo esta secretaría con su política? Cuando se protege a un sector que compite con importados se le permite cobrar más de lo que vale ese bien. Por lo tanto, se genera un subsidio que va directamente desde el bolsillo del consumidor al del empresario ineficiente que se enriquece. Es notable que algunos «progres» defiendan el proteccionismo, convirtiéndose en «Hood Robin». Lo lógico es que, si quieren ganar plata, los empresarios estén al servicio de la gente, proveyéndolos de mejores bienes y servicios más baratos.

Entonces, ¿por qué en otros países también hay sectores protegidos? Porque en todos lados hay empresarios ineficientes dispuestos a garantizarse seguir ganando plata, invirtiendo millones de dólares para convencer a la gente y a los funcionarios de que hay que protegerlos. Lamentablemente, al frente están millones de personas que se ven perjudicadas, pero que no tienen la posibilidad de juntarse a reclamar. Pues bien, esta es una oportunidad para apoyar la apertura que alienta la Secretaría de Comercio Interior y Exterior en defensa del bolsillo de todos y exigirle que la profundice.

Además, no es cierto que el proteger a un sector salva empleos; sólo los destruye en otros sectores. Si se protege un bien, la demanda de importaciones bajará y, con ella, la de las divisas que eran necesarias para comprarlas. Por lo tanto, el tipo de cambio disminuirá, por lo que se complicará la situación de los productores que compiten con importados y no tuvieron la suerte de conseguir esa prebenda. También la de los sectores que podrían exportar, lo hagan o no, ya que serán menos rentables, porque valdrán menos sus productos. Por lo tanto, ambos reducirán su producción y el empleo. En una palabra, los trabajadores de los sectores ineficientes protegidos no tienen oportunidades de empleo en los más eficientes, que pueden pagar mejor, porque estos generan menos puestos culpa del proteccionismo.

Imaginemos que tenemos una empresa que sabe producir algo que la gente aprecia mucho y está dispuesta a pagar bien. De golpe, el gerente general nos dice que quiere usar parte de la fábrica para hacer otra cosa de la que no sólo produciremos menos por no saber hacerla, sino que podremos cobrar un precio menor porque a la gente no le interesa tanto. ¿Se lo permitiríamos? No, porque los accionistas ganaríamos menos y deberíamos abonarles menores sueldos a nuestros trabajadores. Sin embargo, eso es lo que dejamos que hagan los gobiernos desde hace décadas y, después nos extraña nuestro perseverante subdesarrollo y bajo poder adquisitivo salarial.

Existe el mito de que un país tiene que producir todo para que le vaya bien. No es cierto. ¿Quién de nosotros hace en su casa los zapatos, la ropa o los artículos electrónicos que usa? Nadie. Trabajamos de aquello que sabemos hacer y que alguien está dispuesto a pagar bien. Luego, con el dinero que ganamos compramos lo que necesitamos a los que saben hacerlo mejor y más barato. De esa forma, nos garantizamos el mayor bienestar económico para nuestra familia. Sin embargo, cuando proponemos algo para el país, queremos hacer lo contrario. Un absurdo, ya que eso baja la cantidad de bienes y servicios que tendremos disponibles los argentinos, lo que significa menos bienestar y más pobreza.

El principal argumento para justificar la ineficiencia de los distintos sectores es el famoso «costo argentino», pero el problema es que éste afecta a todos los productores de bienes y servicios. Gracias a la protección y debido al sobreprecio que les permite cobrar, algunos logran transferirles parte o toda esta carga a otros que no lograron obtener esa misma prebenda y, entonces, deberán acarrear la propia y la ajena. Esto es sumamente injusto. Por lo tanto, si el problema es el «costo argentino», juntémonos para reclamarle a los políticos que se reduzca la presión tributaria, se disminuya y eficientice el gasto público, y se reforme la arcaica legislación laboral. De esta forma, lograremos potenciar las posibilidades de desarrollo de la Argentina y las oportunidades de progreso de todos sus habitantes.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

Sobre por qué la evasión fiscal es el único límite al poder que queda (Mayo 2001)

Por José Benegas. Pubicado el 10/4/16 en: http://josebenegas.com/2016/04/10/sobre-por-que-la-evasion-fiscal-es-el-unico-limite-al-poder-que-queda-mayo-2001/

 

Todos sabemos el peso enorme que la maquinaria política tiene sobre nuestro bienestar, pero no sólo porque son muchos los que se encuentran colgados en ella, sino por el tipo de pensamiento predominante entre políticos y en la sociedad en general.

Hagamos nuestra pequeña encuesta y preguntémosles a diez de nuestros conocidos cual es la función de un legislador y cuales son las condiciones requeridas para que el encuestado tenga un buen concepto de un legislador. Me atrevería a decir que salvo en reducidos círculos de inadaptados cómo mis propios amigos, todas las demás respuestas contribuirán a alimentar al aparato político y a hacer crecer el gasto público como viene ocurriendo hasta ahora.

Quejándonos de los políticos somos como una madre que conocí que le pegaba a un bebe porque lloraba. Adivinen que hacía el bebe después de recibir los cachetazos.

Va a ser difícil deshacer el trabajo de la deseducación pública, que ha dado muerte a la filosofía convirtiendo casi todo en un problema técnico que podría resolverse con un par de manuales de instrucciones. Desgraciadamente la “técnica” no sirve para mucho si no se tienen en claro los problemas de fondo.

Es así que a la pregunta de para que sirve un legislador, por toda respuesta obtendremos: “Para hacer leyes”. Dentro de este concepto “aséptico” tan digno de la UBA y del Colegio Sarmiento, como del Newman o la UCA, caben: la ley de entidades financieras, la ley de asociaciones profesionales, la ley de contrato de trabajo, la ley anti evasión, etc. Etc. Etc. Si esa es la función del legislador, vayamos ahorrando para prever que el gasto público siga creciendo al infinito y por supuesto, el aparato político asociado a él también.

Si conseguimos salvarnos de la devastación de muchas décadas de intervención estatal en la educación, tal vez podamos responder que dentro de la función (pretendida) del estado de velar por las libertades individuales, la del legislador consiste en hacerlo mediante normas que tiendan a ese fin y controlando a los otros dos poderes. Si ese es el cometido del legislador, entonces podremos pretender que el gasto público disminuya.

En el contexto actual, menos legisladores no garantizan menor gasto ni mas justicia, ni mas limpieza ni nada lo que se suele pretender de las instituciones tal cual están, salvo tal vez en el corto plazo. Y no tengo nada contra ahorrarnos unos pesos teniendo veinte inútiles en lugar de cien, pero no puedo poner expectativas desmedidas en eso.

La primera conclusión es sobran conocimientos inútiles, sobra educación vacía, sobra idioma inglés, sobran “family days”, y, como corolario: sobra ignorancia. No hacemos otra cosa que adular a supuestos impecables que van a destrozar todo lo que nos importa de verdad porque ya no somos capaces de distinguir el bien del mal.

Conclusión dos: tenga cuidado: su hijo también esta siendo mal programado en este preciso instante y esta en riesgo de repetir la historia de quejarse de lo que el mismo genera. Si usted no sabe para que sirve un legislador y por tanto es parte del problema, lo que le cuesta mucha plata, sepa que su hijo está siendo formado de igual manera.

Sin embargo este elefante que se retroalimenta de esa manera, tiene una debilidad. Esa debilidad no es por cierto el hecho de que el ciudadano vote, ni que “participe” en internas partidarias, conteste encuestas o compre el diario. Todo eso lo hace del mismo modo en que piensa, y nada de eso sirve realmente para limitar al poder si el propósito del fondo que sostiene a la idea de división de poderes, por ejemplo, ha sido por completo divorciado de ella.

La única debilidad real del estado elefantiásico, inclusive la debilidad del sistema por el cual las propias víctimas alimentan al victimario es la evasión fiscal. Los impuestos son la contracara de la ignorancia.

Una pregunta que tal vez ni siquiera resista a nuestro pequeño círculo es para que sirven los impuestos. Hagan esta encuesta también, verán que la gente, a pesar de lo que dice, no piensa que sobren políticos sino que cree que faltan.

La respuesta es: sirven para que unos vivan a costa de otros. No tienen absolutamente otra utilidad. Por medio del aparato de deseducación se ha convencido a la población de que si no nos gustan tales o cuales impuestos (la cuestión de si nos gustan LOS impuestos queda directamente fuera de cuestión), lo que “corresponde” es que los discutamos, que hagamos campaña, que propongamos la derogación, que nos metamos en política (es decir, que nos convirtamos en PARTE DEL PROBLEMA), PERO QUE NO DEJEMOS DE PAGARLOS porque eso es algo así como un pecado. No tengo tan claro pecado de que religión, porque en lo que respecta al cristianismo el recaudador de impuestos era considerado al mismo nivel que las prostitutas; pero pecado al fin.

La evasión fiscal y no los jueces, ni los legisladores, ni los comicios, ni las comisiones investigadoras, ni el periodismo (todos ellos mas bien contribuyen), ES EL ÚNICO LIMITE REAL DEL PODER que nos queda.

Si nos asusta que el Estado no pueda financiarse por medio de tasas en lugar de impuestos pensemos que no sería una gran pérdida pues lo que esperábamos de él era seguridad fundamentalmente, que brilla por su ausencia.

Que no nos engañen con que si nosotros pagamos los demás también deben hacerlo. Nuestro bienestar depende de que no nos roben ni a nosotros ni a nuestro vecino. Si después de que nos robaron a nosotros le roban a otro señor, no estaremos mejor.

¿Qué no es justo que unos paguen y otros no?. Esto es una gran falacia que el Estado promueve. Si hablamos de una transacción limpia como por ejemplo comer en un restaurante: no es que debemos pagar porque otros lo hacen, sino porque hemos comido, NO POR UN PROBLEMA DE IGUALDAD, SINO DE JUSTICIA. Si a mi vecino lo pisó un auto, ¿DONDE ESTA LA JUSTICIA EN QUE ME VENGA A PISAR TAMBIÉN A MI?. Cuando el estado me sacude tengo un problema, cuando sacude también a mi cliente o a otro con el que me relaciono directa o indirectamente, tengo dos problemas.

¿Ustedes creen que puede construirse una sociedad justa y moral sobre la base de la imposición, de cobrar sin contraprestación, de obligar al otro a pagar por NADA, o lo que es peor, pagar para que alguien pueda dedicar su vida a joder la nuestra?. ¿Cómo puede alguien sostener éticamente semejante concepto?.

¿No hemos soportado suficiente en esta materia?. Hasta aceptamos que se nos obligue a declarar nosotros lo que tenemos para que nos puedan robar. Cómo decía la propia DGI: No deje que le roben: SOBRAN IMPUESTOS. HAGAMOS UN MUNDO MEJOR, TERMINEMOS CON LA ESCLAVITUD, TERMINEMOS CON LOS IMPUESTOS Y LOS SERVICIOS GRATUITOS AL ESTADO.

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

Llegamos a esto porque la Justicia lo permitió

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 20/7/13 en http://economiaparatodos.net/llegamos-a-esto-porque-la-justicia-lo-permitio/

La Justicia existe para evitar que la república se transforme en dictadura.

Aclaro de entrada que esta nota es una opinión, y como tal no pretende ser definitiva. Puede haber otros puntos de vista diferentes al mío que logren convencerme que las siguientes líneas no son del todo correctas. De todas formas voy a ensayar una explicación de por qué llegamos a este punto de riesgo perder la democracia republicana e ir a un sistema autoritario.

En general se dice que estamos en esta situación crítica porque la gente vota a gobiernos autoritarios. En este punto estoy de acuerdo. Es más, yo mismo considero que poco y nada entiende el ciudadano promedio sobre calidad institucional, crecimiento y bienestar. Alguna vez escribí que mientras drogaban a la gente con una fiesta de consumo, le robaban la república. De manera que uno no puede quitarle la responsabilidad al conjunto de la población que, en su momento, miró para otro lado ante las denuncias de corrupción y atropellos a las instituciones.

Sin embargo, y aquí viene mi crítica a la Justicia, en un sistema republicano es la Justicia la que tiene que ponerle un límite al monopolio de la fuerza del Estado. Ningún gobierno, en nombre de una mayoría circunstancial, queda habilitado para violar los derechos de una minoría. Si ese fuera el caso, volveríamos a un sistema en que el más fuerte puede robarle, matar y violar los derechos de los más débiles. En rigor, cuando CFK dice que como ella tiene el 54% de los votos, tiene el respaldo de la población, cae en un argumento de tipo autoritario. El argumento sería: yo tengo más poder que vos así que puedo violar tus derechos, cuando, en rigor, el monopolio de la fuerza se le otorgó para hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos.

Y aquí vuelvo al tema de la Justicia. En una democracia republicana, debería haber sido la Justicia la que tendría que haber puesto límites a los atropellos institucionales. ¿Cuántos años hace que se viola el artículo 29 de la Constitución en nombre de la emergencia económica?

Por las dudas recuerdo el artículo 29 de la CN: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

El legislativo le ha otorgado poderes extraordinarios al Ejecutivo para que reasigne partidas del presupuesto o incremente la carga tributaria sin pasar por el Congreso. Nuestros representantes, que tiene que controlar que los recursos de los contribuyentes sean asignados eficientemente y se gasten para lo que fueron votados, le otorgaron al poder al Ejecutivo de usar la plata de los contribuyentes a su antojo.

En materia impositiva pasa lo mismo. La carga impositiva está compuesta por la base imponible y por la tasa del impuesto que se aplica sobre esa base imponible. Si el gobierno desconoce la inflación y no aumenta los mínimos no imponibles, ni permite ajustar los balances por inflación, está aumentando los impuestos no por el lado de la alícuota sino por el lado de la base imponible. Aplica impuestos sobre ganancias e ingresos inexistentes o fraudulentos.

Tal es el grado de presión impositiva que hasta los sindicatos se quejan del impuesto a las ganancias.

El atropello de la AFIP contra el Dr. Lorenzetti llamó la atención por lo grosero de la réplica del gobierno ante el fallo adverso de la Corte Suprema y porque el Dr. Lorenzetti es el presidente de la Corte, pero en rigor lo que le ocurrió al Dr. Lorenzetti es lo que le ocurre todo el tiempo al contribuyente común.

En nombre de la santa recaudación impositiva, se violan los derechos más elementales de los contribuyentes. Si a eso se le agrega una AFIP que ya actúa como órgano de presión política, podemos decir que entramos en el terreno del terrorismo de Estado.

Y que por favor no me vengan con la historia de que nadie le tiene que tener miedo a la AFIP si tiene todo en regla, y mucho menos los funcionarios kirchneristas que parecen tener impunidad impositiva.

Digo que no me vengan con el verso de que si uno tiene en regla sus cuentas no hay que tenerle miedo a la AFIP porque no es una cuestión de tener los impuestos en regla, es una cuestión de principios. El Estado, en nombre de la recaudación, no puede violar los derechos de los contribuyentes exigiéndoles documentos privados que solo un juez, y con causa justificada, podría pedir. O realizar verificaciones e inspecciones sin justificar debidamente la causa de las mismas. Bajo esta presión del organismo recaudador, todos pasamos a ser culpables hasta que demostremos lo contrario. ¿No es eso terrorismo de Estado?

Pero esa facultad de disponer del dinero de la gente, de gastarlo a su antojo y de subordinar al contribuyente a una condición de culpable permanente fue tolerado por la justicia. Pero ojo, que ahora los jueces también pueden ser presionados por el gobierno vía los entes recaudadores de impuestos si fallan en contra de los caprichos del gobierno.

Esa facultad se la otorgó el Congreso al Ejecutivo violando el artículo 29 de la Constitución y, que yo sepa, ningún legislador se ha ocupado de presentar un proyecto de ley para poner límites que defiendan los derechos de los ciudadanos. Pero lo más grave es que la Justicia no puso límites estableciendo que el Ejecutivo no puede utilizar las partidas presupuestarias a su antojo ni puede aumentar la carga tributaria sin autorización del Congreso.

Hoy vemos una reacción de la Justicia, porque los jueces advierten que ahora van por ellos. Es bueno que reaccionen ante el atropello del gobierno a la Justicia, pero hubiese sido más sano que la Justicia hubiese frenado al Ejecutivo cuando atropellaba a los ciudadanos comunes.

Siempre cito la película Vencedores o Vencidos (en inglés Judgment at Nuremberg) protagonizada, entre otros, por Spencer Tracy y Burt Lancaster. Este último actor personifica al juez Ernst Janning, que en su tiempo había sido un destacado jurista. Al llegar el nazismo al poder, la justicia empieza a tolerar los atropellos de Hitler porque el país tenía que levantarse de la crisis en que había quedado luego de la primera guerra mundial. Spencer Tracy hace el papel del juez norteamericano Dan Haywood que preside el tribunal que enjuicia a los jueces del nazismo, entre ellos Janning.

Luego de reconocer sus errores durante el juicio y tras de ser condenado, Janning, ya en la cárcel, pide ver al juez Dan Haywood. En la escena final, Janning le entrega unos papeles a Haywood, le dice que su sentencia había sido justa y en el final le dice que él nunca pensó que el nazismo podía llegar tan lejos en las atrocidades que había cometido.

La respuesta de Haywood es contundente. Le responde: “Sr. Janning, se llegó a eso la primera vez que Ud. condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente”.

Mi punto es que llegamos a esto, cuando la Justicia, dicho en términos generales y aceptando las excepciones del caso, permitió que el Ejecutivo violara las normas más elementales de la república.

¿Hubiese la gente apoyado una decisión contraria de la Justicia en los momentos de esplendor del kirchnerismo? No los sabemos, pero sí sabemos que los jueces no deben guiarse por lo que cree o apoya una mayoría circunstancial sino por los principios del estado de derecho. Tal vez hubiesen destituido al juez que limitara al ejecutivo. No lo sabemos. Pero tal vez no hubiésemos llegado al grado de destrucción institucional que hoy tenemos.

Es cierto que buena parte del electorado se dejó seducir por la fiesta de consumo artificial y le toleró al gobierno la corrupción escandalosa que estamos viviendo o la violación de derechos individuales elementales. Todo en nombre de la fiesta de consumo. Pero era de esperar que la Justicia hiciera de contrapeso frenando los desbordes autoritarios.

Si la gente común que apoyó al kirchnerismo es responsable de este destrozo, la Justicia no lo es menos porque debería haber reaccionado diferente a la seducción que el populismo le produjo al electorado. Para eso existe la Justicia. Para evitar que la republica se transforme en dictadura.

Por último, yo diría que si la Justicia pone límites firmes, seguramente el oficialismo dirá que es una corporación destituyente. Si ese fuera el argumento, en todo caso sería cierto, porque la Constitución prevé la destitución del presidente por causales que son perfectamente aplicables al caso actual. En definitiva, es legítimo y legal destituir a aquel que usa el monopolio de la fuerza para violar el derecho de los ciudadanos. No hay que escandalizarse por la palabra destitución dado que la Constitución es destituyente cuando no se cumple con el orden institucional imperante.

Y lo dice explícitamente.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.