Argentina: Acuerdo con FMI continúa con ineficiencias

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 30/10/18 en: http://www.crusoeresearch.com/article/argentina-acuerdo-con-fmi-continua-con-ineficiencias/

 

Si uno observa el capítulo fiscal se encuentra con el siguiente texto: Dentro del Presupuesto 2019, nuestras medidas fiscales incluyen:

1) Un aumento en los impuestos a las exportaciones y una reducción en los reintegros de los impuestos sobre las exportaciones;

2) Un Impuesto a los Bienes Personales que se aplica a los activos de los miembros más ricos de la sociedad argentina tanto dentro de la Argentina como en el extranjero;

3) Reducir los subsidios a la energía y reasignar la responsabilidad de los subsidios al transporte y la tarifa social sobre la electricidad a los gobiernos provinciales que se encuentran mejor posicionados para juzgar la mejor manera de diseñar y financiar dichas ayudas;

4) Una contención del gasto de capital, que será compensado por los proyectos de Participación Público-Privada y mayor gasto de capital de las provincias;

5) La expansión de la cobertura del Impuesto a las Ganancias personales sobre algunas categorías de empleados públicos que se encuentran actualmente exentos, y la reducción del gasto tributario en el impuesto a las ganancias corporativas limitando exenciones para cooperativas y organizaciones mutuales;

6) Una reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, y un recorte real del 6% a otros gastos corrientes;

7) Un congelamiento en la nueva contratación de empleados públicos, que dará lugar a una caída en el conjunto de la nómina pública;

8) Una reducción en el gasto en otros bienes y servicios del gobierno nacional de 18% en 2018 y otro 5% en 2019 en términos reales. El control estricto sobre los compromisos evitará acumular atrasos; y;

9) Una reducción en las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas del Estado que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos en un 68%por ciento en términos reales.

Más impuestos y débil intención de bajar el gasto

Básicamente la propuesta es incrementar impuestos y mostrar algún retoque de baja del gasto público para no quedar en evidencia que no desean bajar el gasto.

El punto 2 luce particularmente lamentable en una colación política que lleva como nombre Cambiemos. Ese punto muestra que más que cambiemos es Continuemos con el tradicional populismo que nos llevó a la decadencia: se le cobrará un impuesto a los activos de los sectores más ricos de la sociedad argentina. Es como decir: Ud. es pobre porque aquél otro es rico. Alimentar la grieta entre ricos y pobres.

Cambiar la larga decadencia argentina comienza por cambiar el discurso de confrontación por el cual se le hace creer a la gente que unos son ricos porque otros son pobres. Con este párrafo el Gobierno muestra que no le interesa terminar con la pobreza, sino terminar con los ricos, aunque claramente no estarán incluidos los funcionarios y dirigencia política argentina.

¿Qué le importa al gobierno cuántos ricos hay? Lo que tiene que importarle es cómo terminar con la pobreza, algo que el mismo presidente Mauricio Macri ha dicho en infinidad de oportunidades y viene haciendo agua sistemáticamente por aferrarse al populismo que le venden sus asesores políticos y económicos.

Baja productividad del gasto

Pero el punto que interesa resaltar, una vez más, es que el gobierno está empecinado en cerrar la brecha fiscal por el lado de los ingresos en vez de bajar el gasto público. Y aquí hay que hacer un punto clave, que no es solo la carga tributaria en que se traduce el elevado gasto público. El punto que me interesa resaltar es la ineficiencia que le genera a la economía un elevado gasto público.

No es solo la carga tributaria que tiene que soportar el contribuyente y el consiguiente desestimulo a la inversión que genera, sino también que es relevante la ineficiente asignación de recursos productivos que produce el elevado gasto público.

¿Por qué? Porque cuanto mayor es el nivel de gasto público, mayor es la arbitrariedad con que el burócrata decide cómo se asignan los recursos productivos en la economía, distorsionando los precios relativos y generando una ineficiente asignación de los recursos productivos.

Ejemplo, si el Estado aumenta el gasto en obra pública, tiene que cobrar más impuestos para poder construir puentes, rutas, etc. Por lo tanto, aumenta la demanda de cemento, pavimento, hierro, etc., y disminuye la demanda de los bienes que el contribuyente no puede comprar por la mayor carga tributaria que tiene que soportar.

Si antes podía comprarse más camisas, alimentos o lo que sea, ahora disminuye la demanda de esos bienes y aumenta la demanda de los insumos ligados a la construcción de obras públicas. Lo primero que uno puede ver es que el famoso multiplicador keynesiano es un verso. En todo caso, si existiera ese multiplicador mágico, habría un desmultiplicador por el lado de lo que deja de gastar el contribuyente. De manera que los recursos se asignan de acuerdo a lo que el funcionario de turno decide y no en base a las necesidades de los consumidores que son los que generan los ingresos.

Persistencia de una posición arbitraria

Alguien, creyéndose un ser superior, decide por el resto de la sociedad, qué hay que producir, a qué precios y en qué cantidades. La opinión del consumidor no cuenta. Solo cuenta la decisión arbitraria del burócrata.

Otro ejemplo. Con el tema de cuidar a los sectores más vulnerables, el burócrata sigue disminuyendo el poder de demandan de los sectores que pagan impuestos y los destina a financiar el consumo de sectores que no desean trabajar en blanco. Por mi trabajo viajo mucho al resto del país y siempre me responden lo mismo ante mi pregunta si consiguen mano de obra: en negro sí. En blanco no porque pierden el subsidio y prefieren vivir del subsidio que no tiene fecha de vencimiento.

Esta decisión del burócrata gastando los recursos de los contribuyentes genera trabajo en negro, desestimula la cultura del trabajo y alimenta la cultura de la dádiva, el nivel de producción se reduce porque produce uno y consumen dos y hay menos riqueza disponible. Es decir, se asigna ineficientemente la mano de obra.

Otro ejemplo, todos los planes sociales que implementa el burócrata estimulan el consumo y desestimulan la inversión porque castigan a quienes producen, por lo tanto, se destinan más recursos a financiar consumo con bajo stock de capital ya que al que invierte el Estado le cobra más impuestos para sostener a los que consumen sin trabajar.

La mejor receta

Los ejemplos podrían seguir, pero el dato relevante del acuerdo con el FMI, es que lo que se busca es tratar de reducir el déficit fiscal por el lado de los ingresos sin prácticamente tocar el nivel de gasto público, con lo cual, se cambia la forma de financiar el déficit fiscal, pero no mejora la productividad de la economía dado que los recursos se asignan caprichosamente de acuerdo a la voluntad del burócrata o el político de turno, en consecuencia no podemos esperar una mejora en la productividad de la economía, que es la base a partir de la cual crecen los ingresos reales y se termina va reduciendo la pobreza.

Mauricio Macri pidió que evalúen su gestión de gobierno por la cantidad de pobres que dejará en su primer mandato. Bien, con este nivel de gasto público, podemos tener la certeza que su evaluación va a ser negativa porque si los burócratas siguen decidiendo cómo asignar los recursos productivos, el ingreso real está condenado a caer y la pobreza a perpetuarse.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Más impuestos, menos ahorro:

Por Julián Obiglio. Publicado el 8/1/14 en:  http://opinion.infobae.com/julian-obiglio/2014/01/08/mas-impuestos-menos-ahorro/

Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. Esta frase se encuentra grabada en el frente del edificio principal del IRS (Internal Revenue Service), la AFIP de los Estados Unidos, y resume los motivos por los que debemos entregar parte de nuestros ingresos al Estado.

En Argentina tenemos una presión impositiva cercana al 45% de nuestros ingresos, y si a ello le agregamos el impuesto inflacionario, seguramente descubriremos que cada año la administración estatal se queda con la mitad de nuestros ingresos. A cambio de ello deberíamos recibir seguridad, educación, jubilación, justicia, infraestructura, y algunos otros servicios más que son la esencia del contrato social entre el ciudadano y el Estado. La pregunta natural es: ¿no estaremos pagando demasiado por los pésimos servicios que recibimos? Evidentemente sí. El precio que se nos cobra para mantener nuestra sociedad civilizada es mucho más alto del que pagan la mayoría de los ciudadanos del mundo.

El Gobierno de nuestro país parece haber olvidado la finalidad de esos tributos y cada día busca nuevas herramientas que extraigan más recursos de los ciudadanos, para ser aplicados al mantenimiento del inmenso e ineficiente Estado que ha creado y alimentado a lo largo de los diez años de su gestión.

Con este sentido el titular de la AFIP ha expresado que para el pago del impuesto a los bienes personales, debería calcularse el valor de los inmuebles según el precio de mercado, y no según el valor fiscal que el propio Estado les otorga. Más allá de la desmentida que horas después hizo el ministro de Economía Axel Kicillof, si las intenciones del señor recaudador se hicieran realidad, los propietarios de pequeños inmuebles deberían dedicar un importante porcentaje de sus ingresos a pagar solamente este impuesto.

Por ejemplo, en un departamento de tres ambientes en el barrio de la Boca, de 53 metros cuadrados, con un valor de mercado cercano a los $ 389.000, el monto mensual del impuesto alcanzaría los $ 1.623. Ello es equivalente al 66% de una jubilación mínima, o al 19% de una remuneración promedio del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires (según el INDEC).

Si fuera el caso de un departamento de un ambiente, de 33 metros cuadrados en el barrio porteño de Almagro, cuyo valor según estimaciones del mercado alcanza los $ 429.000, debería pagar por mes la suma de $ 2.063. O sea, el equivalente al 83% de una jubilación mínima, o el 25% de una remuneración promedio del sector privado.

Por supuesto que luego de pagar este impuesto, los habitantes de estos departamentos deben alimentarse, higienizarse, transportarse, educarse y, claro, pagar impuesto a las ganancias, aportes jubilatorios, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, la energía eléctrica, el gas, el agua, etcétera.

Bajo estos nuevos parámetros, el impuesto a los bienes personales (que debe su existencia a una disposición que lo estableció como recurso de emergencia el día 31 de diciembre del año 1991), se convertiría en algo absolutamente confiscatorio y contrario a la ley.

Destruir o limitar los incentivos para el ahorro, la capitalización, o la realización de inversiones en bienes duraderos, destruye la riqueza de las familias y del país. Es por ello que son muy pocos los países del mundo que aplican este impuesto, y cuando lo hacen, establecen pisos muy altos, que exceptúan a la mayoría de los contribuyentes. Así por ejemplo, en España no pagan el impuesto aquellos que declaran un patrimonio inferior a 300 mil euros, y en Francia no lo hacen los que poseen bienes por debajo de 700 mil euros. En la ley argentina solamente quedan exentos aquellos que tienen un patrimonio inferior a 21 mil euros.

La capacidad de acumular propiedad privada, ya sea en forma de ingresos, inversiones o adquisiciones, es la fuerza motora que impulsa a una economía. Para que las personas trabajen, ahorren e inviertan, precisan tener la certeza de que serán los dueños exclusivos de su propiedad y que el Estado no se las arrebatará. Cuanto mayor sea la protección de la propiedad, mayor será el empeño con el que las personas emprenderán sus actividades económicas, y de ese modo promoverán el desarrollo de la sociedad.

El reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad por parte del Estado incentivan la cultura del ahorro, de la innovación y de la inversión, elementos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de todo país. Las excesivas cargas fiscales no solamente violan el derecho de propiedad sino que también debilitan la actividad económica. Los contribuyentes reducen la inversión, consumen menos, generan menor cantidad de puestos de trabajo y muchas veces transitan sin regreso hacia el mercado negro.

El Gobierno debe repasar los textos esenciales de la economía y recordar que los impuestos son solamente un precio que todos los que hemos decidido vivir en una sociedad civilizada y organizada, debemos afrontar. Si insiste con estas pretensiones recaudatorias desmesuradas, sin contraprestaciones ni servicios de calidad, encontrará cada día menos recursos para capturar e ingresará definitivamente en un camino de pobreza, marginalidad y exclusión.

Las decisiones correctas están al alcance de la mano del Poder Ejecutivo Nacional, pero también lo estuvieron cuando intentó establecer un régimen de retenciones a las exportaciones que era claramente confiscatorio e ilegal. El interrogante es cuánto daño se producirá hasta que el Gobierno corrija su error y disperse la incertidumbre que ha generado en la sociedad.

 

Julián Obiglio es Diputado Nacional y egresado de ESEADE.