“Bien común” y mercado

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/10/bien-comun-y-mercado.html

 

Nos hemos explayado antes entre dos nociones diferentes del término “bien común”, ambas antagónicas.
El dilema se plantea, pues, entre la versión colectivista de bien común y la individualista. La colectivista implica, en realidad, que por esa expresión se entiende un supuesto “derecho” de las mayorías por sobre las minorías, es decir, donde los más se benefician en perjuicio de los menos, lo que se opone al concepto liberal o individualista de la locución, en la que el favor o ventaja de unos no puede -de ningún modo- implicar el perjuicio de otros. Propiciaremos este segundo sentido como el correcto a nuestro criterio.
En este último, el bien común (y en nuestra personal opinión) alude al bien de todos sin excepción, caso contrario habría que utilizar otras fórmulas (por ejemplo, bien general, mayoritario, etc.). No obstante, está implícito en el uso habitual la frase “bien común” como el de un grupo mayoritario, difuso e indefinible o, más bien, definible a gusto del definidor. Esto ha dado pie a que políticos inescrupulosos -y aun hasta tiránicos- hayan pretendido enarbolar para sus acciones antisociales la bandera del bien común, con los consiguientes abusos y angustias que acarrearon contra sus contrarios, y paralelamente, alegrías y provechos para sus partidarios.
Personajes como Hitler, Mao Tse Tung, Mussolini, Stalin, Fidel Castro, Juan D. Perón, Chávez y otros nombres siniestros de la historia (por sólo citar algunos y los más conocidos por todos) han pretendido ser los adalides y genuinos defensores del bien común. Los resultados han sido los que son de público conocimiento: guerras sangrientas, pobreza, hambre, miseria, devastación, etc.).
Resulta intrínsecamente discordante con la frase bien común que -en su aplicación- unos se privilegien a costa de los demás. El bien común ni se contrapone ni está en contradicción con el bien particular, porque si este último supusiera, eventualmente, el mal de un semejante automáticamente desaparece el bien común. Por otra parte, en el caso de que un individuo dañe a otro, tampoco podría decirse que el bien particular del agente dañoso se logró a costa del mal provocado al sujeto dañado. Porque frente a un daño cualquiera habrá una reacción, ya sea social o individual, tendiente a una reparación, con lo que el supuesto “bien particular” obtenido a costa del mal particular de otra persona dejará de ser un “bien particular”. En otras palabras, ante tales circunstancias el bien común se disipará.
Ahora bien, la pregunta clave es ¿puede la política o los políticos conseguir el bien común? Creemos que la política es solamente un factor, entre otros, en dicho cometido. Y la experiencia ha demostrado que, lejos de ser un gestor causal del bien común, con frecuencia ha sido su primordial obstáculo. Sucede que los operadores de la política, es decir, los políticos, aun en los casos en los que abrigan las mejores intenciones, no están en condiciones de conquistar el bien común por muchas razones. La primera de todas, a nuestro entender, es la ya señalada antes: que confunden el bien común con el bien mayoritario, en consecuencia, sus acciones se encaminan en tratar de consumar, en la medida de sus posibilidades, ese bien mayoritario. La dificultad consiste en que, aun ciñéndonos a una mayoría circunstancial, cada uno de los integrantes de esa mayoría entiende el “bien” de disimiles maneras. Y ningún político se halla en condiciones de conocerlas todas y, menos todavía, al detalle, satisfacerlas todas y cada una.
Eso, como hemos señalado, suponiendo los mejores propósitos de los políticos. Pero, a menudo y, sobre todo en el caso latinoamericano, las miras de los políticos no se orientan en dicho sentido, sino que se limitan a alcanzar las mayores ganancias para sus partidarios, y sólo secundariamente para el resto de los ciudadanos, en tanto y en cuanto tales procederes les reporten algún rédito político, lo que se traduce, en buen romance, en votos que les permitan conservar el poder, o volver a acceder al mismo en el caso que -de momento- no se hallen al mando. Pero hay una situación peor aún, que se presenta cuando los políticos tratan de lucrar todo lo posible exclusivamente para el propio circulo gobernante, descartando tanto a partidarios como al resto de la ciudadanía.
Nuestra personal perspectiva es que, la meta del bien común es y debe ser algo que comprometa al total de la sociedad, esto es, tanto a la sociedad política como la civil. Y dado que, existe una interacción permanente entre ambas son ellas en conjunto las que pueden alcanzar o frustrar el objetivo tendiente de arribar al bien común. Hay que recordar que hemos caracterizado a la sociedad política como dependiente de la civil y subordinada a esta, al menos en el plano del deber ser. Si existe un enfrentamiento o alguna clase de conflicto entre ambas sociedades demos por cierto que ningún objetivo de bien común podrá ser captado. Si hemos considerado por seguro que la colisión entre dos individuos atenta contra el bien común, no menos será cierto ello cuando el problema aparezca entre dos grupos sociales.
Centrando ahora el análisis de cómo opera la sociedad civil con miras a arribar al bien común diremos que el principal instrumento es el mercado, ámbito en el cual se coordinan, combinan y complementan los deseos de compradores y vendedores. Habida cuenta que los humanos no somos autosuficientes, resulta necesario intercambiar en libertad nuestras producciones con las de nuestros semejantes. La satisfacción derivada entre las partes cuando tales procesos se verifican en la más total libertad coadyuva al fin del bien común. Pero, más allá de lo crematístico, la llave de entrada que abre la puerta del bien común es la libertad. Sin libertad no hay bien común posible. Y el bien común reside -en el fondo- en el pleno agrado de todas las aspiraciones humanas, sean dentro o fuera del mercado, ya que no olvidemos que el mercado es una simple y mera herramienta para la consecución de tales designios. No obstante, todos los fines -sean estos mercantiles o no mercantiles- necesitan inexorablemente de un requisito ineludible que -como queda dicho- se resume en una sola palabra: libertad.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Economía, moral y bien común

Por Gabriel Boragina. Publicado el 30/5/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/05/economia-moral-y-bien-comun.html

 

Normalmente se enfrenta el concepto de bien común al de bien particular tendiéndose a identificar a este último con sistemas como el capitalista, en tanto que al primero con el colectivista. No obstante, es cierto que, tanto los partidarios del capitalismo como los del colectivismo, emplean la expresión bien común como se destaca seguidamente:

“Conceptos indefinidos e indefinibles como el interés público o el bien común, que esgrimen tanto los enemigos como los defensores del capitalismo, serían resabios de una visión tribal del ser humano que sólo sirven para escapar de la moral, mas no de guía moral”.[1]

Por nuestra parte, hemos sostenido –y lo seguimos haciendo- que la expresión bien común (sin calificaciones) remite al bien de todos los individuos, sea tomados como conjunto como individualmente, lo que implica que la violación de los derechos de una sola persona importa tanto una transgresión particular hacia ella en concreto como –simultáneamente- al bien común, por cuanto si hay por lo menos una persona que resulta lesionada en sus derechos se quiebra el bien comúnpara transformarse en el bien de una mayoría contra el de una minoría.

“La justificación “moral” del capitalismo no está en la afirmación altruista de que representa la mejor forma de lograr “el bien común”. Es verdad que el capitalismo permite alcanzar el bien común —si es que esa expresión efectista tiene algún significado—, pero ello constituye solamente una consecuencia secundaria. La justificación moral del capitalismo radica en el hecho que éste es el único sistema concordante con la naturaleza racional del hombre, que protege la supervivencia del hombre en tanto hombre, y cuyo principio rector es la “justicia”.[2]

Resulta inaceptable para nosotros el machacón argumento colectivista que opone el bien común al bien particular o viceversa. Entendiendo que los derechos de unos no pueden violar derechos de otros (lo que sería -aparte de paradójico- contradictorio), nadie que ejerza su derecho puede ir en contra del bien común por aplicación de esta misma regla (los derechos no pueden violar derechos). Esto tiene inmediata aplicación práctica, por cuanto quien reclame el ejercicio legitimo de su derecho de propiedad no puede ser acusado de ir “en contra” del bien común. De la misma manera que, nadie en nombre del bien común puede impedir u obstaculizar que otro ejerza su legítimo derecho de propiedad, ya sea en forma individual o por medio de cualquier clase y especie de legislación, y ya fuere un particular quien lo intente o sea el gobierno mismo. En este último caso, quienes estarían violando el bien común serian ese particular o ese gobierno que pretenda restringir derechos de otros, como -por ejemplo- el de propiedad.

“el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado”[3]

Este enfoque parece contraponer el bien común al bien sectorial o de determinados grupos, lo que da a entender la expresión utilizada por el autor (“sectores afectados”). De ser esta la interpretación correcta se enmarca dentro de lo que afirmamos en el párrafo anterior. No obstante, no podemos dejar de señalar el peligro que representa la elaboración de políticas públicas por parte de los miembros de las burocracias políticas y gubernamentales, justamente por el fuerte incentivo que estas tienen a favorecer precisamente a “sectores afectados”, convirtiéndolos en sectores privilegiados, lo que, nuevamente, a nuestro criterio, viola el bien común. De esto último da buena cuenta la siguiente cita:

“La opinión general -cuidadosamente cultivada, claro está, por el Estado mismo- es que los hombres se dedican a la política o ejercen el gobierno motivados sólo por su preocupación por el bien común y el bienestar general. ¿Qué es lo que confiere a los gobernantes la pátina de una moral superior? Quizás el hecho de que la gente tiene un conocimiento vago e instintivo de que el Estado está involucrado en el robo y la depredación sistemáticos, y siente que sólo una dedicación altruista por parte del Estado hace tolerables estas acciones”.[4]

Como han demostrado autores como James Buchanan y Gordon Tullock, las motivaciones que animan a los políticos -ya sea en función de gobierno o como aspirantes a ocupar posiciones de poder dentro del mismo en cualquiera de sus estructuras- es ni más ni menos que la de cualquier otra persona común y corriente. No están inspirados en el bien común más que en sus propios intereses personales, y con la mira puestas en su bien privado y particular como el menor en poder de los ciudadanos. En realidad, están menos infundidos en el bien común que en su bien personal y privado. La visión romántica -e infantil- del político como “defensor” y “representante” del bien común es increíblemente mayoritaria no obstante.

“En la medida en que se construían las fábricas y comenzaban a emitir humo, destruyendo las huertas de los granjeros vecinos, éstos demandaban a sus propietarios por daños y solicitaban la intervención de los tribunales para evitar una mayor invasión a sus propiedades. La respuesta de los jueces era: “Sabemos que, lamentablemente, el humo industrial (es decir, la contaminación del aire) invade y lesiona sus derechos de propiedad. Pero hay algo más importante que los meros derechos de propiedad, y es la política pública, el ‘bien común’. El bien común decreta que la industria y el progreso industrial son algo bueno, y por lo tanto sus simples derechos de propiedad privada deben ser abrogados en nombre del bienestar general”.[5]

Aquí tenemos la versión colectivista del bien común a la que nos hubiéramos referido al comienzo, en la que se utiliza el bien común por parte de una autoridad (en este caso judicial) para destruir todos los demás derechos (en el ejemplo, el de propiedad que sirve de fundamento a todos los demás derechos).

[1] Ayn Rand. ¿Qué es el capitalismo? Estudios públicos. Introducción. pág. 64.

[2] Rand A. idem anterior, pág. 74

[3] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 8

[4] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904). Pág. 74

[5] Murray N. Rothbard, ídem. anterior, Pág. 298.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.