Bien común

Un autor extraordinario para nuestros días

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 13/6/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/06/13/un-autor-extraordinario-para-nuestros-dias/

Hay autores cuyos escritos conservan actualidad por más que transcurra el tiempo. Como bien ha consignado Italo Calvino, “los libros clásicos son aquellos que nunca terminan de decir lo que tienen que decir”. Son aquellos que van al hueso de las cosas y no se entretienen con lo meramente coyuntural por lo que sus consideraciones abarcan períodos muy extensos puesto que ayudan a reflexionar a las mentes curiosas de cualquier época. Este es, por ejemplo, el caso de Richard Pipes (1923-2018), el eximio profesor de historia en la Universidad de Harvard, nacido en Polonia y radicado desde muy joven en Estados Unidos.

Tuve el privilegio de conocerlo en el congreso anual de la Mont Pelerin Society en Chatanooga (Tennesse) en septiembre de 2003, oportunidad en que ambos presentamos trabajos que expusimos ante el plenario por lo que pude intercambiar ideas durante un almuerzo muy bien organizado en el que participamos los panelistas. Un hombre de una versación formidable y, como todo intelectual de peso, siempre muy solícito para responder interrogatorios de muy variado tenor.

Sus obras son múltiples pero en esta nota periodística me limito a los tres libros que tengo de su autoría en mi biblioteca, traducidos al castellano. Se trata de Propiedad y libertad. Dos conceptos inseparables a lo largo de la historia (México, Fondo de Cultura Económica, 1999/2002), Historia del comunismo (Barcelona, Mondadori, 2001/2002) y La Revolución Rusa (Madrid, Debate, 1990/2016).

El primer libro está consubstanciado con lo mejor de la tradición de pensamiento liberal en el sentido que sin el uso y disposición de lo propio, comenzando por la vida, la exteriorización del propio pensamiento y la plena disposición de los bienes adquiridos legítimamente, sin estos atributos decimos, no hay libertad posible. La libertad es ausencia de coacción por parte de otros hombres ya que el uso de la fuerza agresiva no permite lo anterior.

En este contexto es del caso recordar que Ludwig von Mises ha demostrado en los años 20 que el socialismo es un imposible técnico ya que la abolición de la propiedad que propugna no permite la existencia de precios y, por ende, no resulta posible la evaluación de proyectos y la contabilidad con lo que no se conoce el grado de despilfarro de capital. En otros términos, no hay tal cosa como economía socialista. Y es importante recalcar que sin necesidad de abolir la propiedad, en la medida en que se daña esta institución crucial se producen efectos adversos en cuanto a desajustes y distorsión de los precios relativos que inexorablemente malguian los siempre escasos factores de producción con lo que los salarios e ingresos en términos reales disminuyen.

En aquella obra sobre la propiedad, Pipes pasa revista a los instintos de los animales en cuanto a la territorialidad y los correspondientes trabajos de etología, principalmente de Konrad Lorenz y de Nikolas Tinbergen, a la natural noción de propiedad entre los niños y entre los pueblos primitivos a pesar de no contar con registros de propiedad.

Se detiene a considerar el caso del fascismo y el nacionalsocialismo como sistemas en los que se permite “o más bien se tolera” el registro de la propiedad pero en verdad se trata de “una propiedad condicional, bajo la cual el Estado, el propietario en última instancia, se reserva el derecho a intervenir e incluso a confiscar los bienes que a su juicio se usan inadecuadamente”.

Subraya que en el llamado “estado de bienestar” donde “la agresión sobre los derechos de propiedad no siempre es evidente porque se lleva a cabo en nombre del ´bien común´, un concepto elástico, definido por aquellos cuyos intereses sirve”. En la era de las carreras desenfrenadas por los proyectos de ley, pondera al “gran estadista inglés de mediados del siglo XVIII, William Pitt el viejo, conde de Chatham, quien fue primer ministro durante ocho años, no elevó un solo proyecto de ley al Parlamento […] como apuntó Frederick Hayek, todo aumento del alcance del poder estatal, en si y de por si, amenaza la libertad”. Y muestra cómo las expropiaciones fundadas en ley “a menudo se asemejan a la confiscación” .

También puntualiza que “el verbo discriminar ha siso politizado hasta tal punto que casi ha perdido su sentido original” y se ha convertido en un ataque a la propiedad de cada cual al restringir la capacidad de elegir, optar y preferir confundiéndose con la discriminación por parte de los aparatos estatales al proceder en sentido contrario a la igualdad ante la ley.

Termina su obra, luego de analizar muy diversos casos históricos, con el tema educativo lamentándose de que “cada vez más las instituciones de la enseñanza superior se encuentran bajo la vigilancia de la burocracia federal”.

En el segundo libro sobre el historial del comunismo, Pipes estudia los casos cubano, chino, chileno de Allende, soviético, de Camboya, Etiopía, Corea del Norte con una documentación muy rigurosa donde pone de manifiesto los resultados calamitosos del sistema.

Explica que “el comunismo no es una buena idea que salió mal, sino una mala idea […] el marxismo, fundamento teórico del comunismo, lleva en sí la semilla de su propia destrucción, tal como Marx y Engels le habían atribuido erróneamente al capitalismo”. Finalmente subraya el tema tan importante de los incentivos perversos inherentes al comunismo por lo que “desarrolla los instintos más rapaces”.

Hago a esta altura una digresión para aludir a Eudocio Ravines (1897-1997), quien fuera Premio Mao y Premio Lenin y cuenta en su autobiografía que su primer paso hacia la conversión fue considerar que el problema radicaba en el mal manejo y el espíritu sanguinario de Stalin. Tardó mucho en percatarse que la raíz del problema estaba en el sistema y no en los administradores.

Pipes cita en esta segunda obra El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión de Stephane Courtois y sus colegas, un volumen donde se contabilizan más de cien millones de masacrados por el comunismo de 1917 a 1989 además de las asfixias por las feroces represiones y las espantosas hambrunas provocadas por el régimen. Escribe Pipes: “Los movimientos y regímenes revolucionarios tienden, en cierta medida, a hacerse cada vez más radicales y más implacables. Esto sucede porque, después de sucesivos fracasos, sus dirigentes, en lugar de reexaminar sus premisas fundamentales -dado que son éstas las que proporcionan las bases lógicas de su existencia- prefieren ponerlas en práctica aun con mayor rigor”. Este es el resultado indefectible de la fantasía criminal de producir “el hombre nuevo” y “la felicidad eterna” en base a los aparatos estatales desbocados, cuando en verdad desde la primera restricción a la libertad por más inocente que pueda parecer al comienzo se están sentando las bases para la destrucción moral y material bajo las directivas implacables de los mandones de turno.

El tercer y último libro que comentamos aquí muy brevemente es el que se refiere a la revolución rusa (1045 páginas en la edición referida). Como he apuntado antes en base al monumental obra de Pipes, el régimen zarista implantado en 1547 por Iván IV (el terrible), con el tiempo se caracterizó por los atropellos de la policía política (Ojrana) con sus reiteradas requisas, prisiones y torturas, la censura, el antisemitismo, los siervos de la gleba en el contexto del uso y disposición de la tierra por los zares y sus acólitos sin ninguna representación de los gobernados en ninguna forma. Hasta que por presiones irresistibles y cuando ya era tarde debido a los constantes abusos, Nicolás II consintió la Duma (tres veces interrumpida) en medio de revueltas, cavilaciones varias y una influencia desmedida de Alejandra (“la alemana” al decir de la oposición en plena guerra) basada en consejos atrabiliarios de Rasputín. Finalmente, el zar abdicó primero y luego se constituyó un Gobierno Provisional que en última instancia comandaba Kerenski quien prometía “la instauración de la democracia” pero que finalmente se vio obligado a entregar el poder a los bolcheviques (cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941, Kerenski, desde Nueva York, le ofreció ayuda a Stalin por correspondencia la cual no fue respondida, una señal de desprecio que merecen aquellos que pretenden actuar a dos puntas).

Imaginemos la situación de toda la población campesina en la Rusia de los zares, nada instruida que recibía de parte de las posiciones más radicalizadas del largo período desde 1905 que comenzaron las revueltas hasta 1917 en que estalló la revolución primero en febrero y luego en octubre cuando los soviets se alzaron con el poder bajo el mando de Lenin. Imaginemos a estas personas a quienes se les prometía entregarles todas las tierras de la nobleza frente a otros que proponían limitar el poder en un régimen de monarquía constitucional y parlamentaria. Sin duda para esa gente resultaba mucho más atractivo el primer camino y no el de “salvar a la monarquía del monarca”. Cuando hubo cesiones de algunas tierras se instauró el sistema comunal que algunos pocos dirigentes trataron sin éxito de sustituir por el de propiedad privada (en primer término debido a los denodados esfuerzos de Stolipin). Es que la tierra en manos de la nobleza como una imposición hacía creer que toda propiedad era una injusticia, extrapolando el privilegio a las adquisiciones legítimas.

De las cuatro revoluciones que más han influido hasta el momento sobre los acontecimientos en el mundo, la inglesa de 1688 que destronó a Jaime II por Maria y Guillermo de Orange donde con el tiempo se recogieron en grado creciente las ideas de autores como Algernon Sidney y John Locke, la norteamericana de 1776 que marcó un punto todavía más profundo y un ejemplo para todas las sociedades abiertas en cuanto al respeto a las autonomías individuales, la Revolución Francesa de 1789 que consagró las libertades del hombre, especialmente referidas a la igualdad de derechos (art. 1), esto es, la igualdad ante la ley y la propiedad (art. 2), aunque la contrarrevolución destrozó lo anterior y, por último la Revolución Rusa de 1917 que, desde la perspectiva de la demolición de la dignidad del ser humano, constituyó un golpe de proporciones mayúsculas que todavía perdura sin el aditamento de “comunismo” porque arrastra el recuerdo de cientos de millones de masacrados y otras tantas hambrunas. Del terror blanco pasar al terror rojo empeoró las cosas y, como es sabido, el sistema actual en Rusia es uno de mafias enquistadas en el poder.

Como queda dicho, la obra de Richard Pipes no se agota en los tres libros que hemos mencionado, pero da una idea de la dimensión de las faenas emprendidas por este notable historiador que permiten extraer valiosas enseñanzas para los momentos que actualmente vivimos, en los que con la etiqueta del nacionalismo se vuelven a repetir los errores del pasado.

La tarea para aquellos que pretenden vivir en una sociedad libre consiste en salir al encuentro de las falacias del estatismo, cualquiera sea la denominación a que se recurra para que el Leviatán atropelle los derechos de las personas. La obligación moral de todos quienes pretenden ser respetados es la de contribuir a enderezar y fortalecer los pilares de la libertad. No hay excusas para abstenerse de una misión de tamaña envergadura. En esta instancia del proceso de evolución cultural, es imperioso establecer límites adicionales al poder político para no correr el riesgo de convertir el planeta en un inmenso Gulag en nombre de una democracia que en verdad se está degradado en dirección a cleptocracias de distinto grado.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

LO OPINABLE DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 2/6/19 en: http://gzanotti.blogspot.com/2019/06/lo-opinable-de-la-doctrina-social-de-la.html

(Del punto 3 del cap. 7 de mi libro “Judeo-cristianismo, civilización occidental y libertad”).

Ha sido evidente que a lo largo de todo este libro hemos tratado de aclarar qué cosas son opinables en relación a la Fe y por eso, cuando algunas intervenciones especiales del Magisterio se inclinaban por un tema opinable que nos favorecía, hemos aplicado la categoría de “acompañamiento” para respetar la libertad de opinión del católico. Ya nos hemos referido a ello y en ese sentido no habría más nada que agregar.

Sin embargo, si estamos hablando de la recuperación del laicado, este es uno de los temas más graves desde fines del s. XIX hasta este mismo año (2018) y lo seguirá siendo, temo, muchos años más, y constituye uno de los problemas más graves de la Iglesia.

3.1. El tema en sí mismo

La cuestión en sí misma no debería presentar ningún problema. Es obvio que “…Lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural “, pero ello implica justamente que el ámbito de las realidades temporales debe ser fermentado directamente por los laicos e indirectamente por la jerarquía a través del magisterio que le es propio (me refiero a obispos y al Pontífice). Es obvio también que aunque lo natural sea elevado por la Gracia, ello no borra la distinción entre lo sacro, en tanto el ámbito propio de los sacramentos, y lo no sacro, donde puede haber sacramentales pero según las disposiciones internas de los que los reciban.

En ese sentido, puede haber, a lo largo de los siglos, una enseñanza social de la Iglesia en tanto a:

a)Los preceptos primarios de la ley natural que tengan que ver con temas sociales (como por ejemplo el aborto)
b)Los preceptos secundarios de la ley natural en sí mismos, donde se encuentran los grades principios de ética social (dignidad humana, respeto a sus derechos, bien común, función social de la propiedad, subsidiariedad, etc.) con máxima universalidad, sin tener en cuenta las circunstancias históricas concretas.

El magisterio actual ha aclarado bastante sus propios niveles de autoridad sobre todo en la Veritatis splendor[1] y Sobre la vocación eclesial del teólogo[2].

Tanto a como b pueden ser señalados por el magisterio ya sea positivamente (afirmando esos grandes principios) o negativamente, cuando advierte o condena sistemas sociales contradictorios con ellos (como fueron las advertencias contra los estados y legislaciones laicistas del s. XIX, o las condenas contra los totalitarismos en el s. XX).

Ahora bien, hay otras cuestiones sociales que no se desprenden directamente de a y b. ESE es el ámbito “opinable en relación a la Fe”: opinable no porque no pueda haber ciencias o filosofía social sobre ellos, sino porque esas ciencias y-o filosofías sociales corresponden a los laicos y no se desprenden directamente de las Sagradas Escrituras, la Tradición o el Magisterio de la Iglesia.

A partir de lo anterior se desprende deductivamente que esos ámbitos opinables son:

a)El estado de determinadas ciencias o conocimientos sociales en una determinada etapa de la evolución histórica;
b)la evaluación de una determinada circunstancia histórica a partir de a,
c)la aplicación prudencial de los principios universales a una situación histórica específica, a la luz de a y b.

Ejemplo: nuestros conocimientos actuales sobre democracia constitucional (a); el diagnóstico de la falta de instituciones republicanas en América Latina (b); las propuestas de reforma institucional para América Latina (c).

Todo lo cual muestra toda la hermenéutica implícita cada vez que hablamos de estos tres niveles en los temas sociales, y por ende la ingenuidad positivista de recurrir a “facts” para estas cuestiones.

3.2. ¿Señaló el Magisterio este ámbito de opinabilidad?

Por un lado, si. Los textos son relativamente claros:

a)León XIII, Cum multa, 1882: “… también hay que huir de la equivocada opinión de los que mezclan y como identifican la religión con un determinado partido político, hasta el punto de tener poco menos que por disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Porque esto equivale a introducir erróneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religión, querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una peligrosa multitud de inconvenientes”.
b)León XIII, Immortale Dei, 1885: “Pero si se trata de cuestiones meramente políticas, del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitida en estos casos una honesta diversidad de opiniones”.
c)León XIII, Sapientiae christianae, 1890: “La Iglesia, defensora de sus derechos y respetuosa de los derechos ajenos, juzga que no es competencia suya la declaración de la mejor forma de gobierno ni el establecimiento de las instituciones rectoras de la vida política de los pueblos cristianos”…. “…querer complicar a la Iglesia en querellas de política partidista o pretender tenerla como auxiliar para vencer a los adversarios políticos, es una conducta que constituye un abuso muy grave de la religión”.
d)León XIII, Au milieu des sollicitudes, 1891: “En este orden especulativo de ideas, los católicos, como cualquier otro ciudadano, disfrutan de plena libertad para preferir una u otra forma de gobierno, precisamente porque ninguna de ellas se opone por sí misma a las exigencias de la sana razón o a los dogmas de la doctrina católica”.
e)Pío XII, Grazie, 1940: “Entre los opuestos sistemas, vinculados a los tiempos y dependientes de éstos, la Iglesia no puede ser llamada a declararse partidaria de una tendencia más que de otra. En el ámbito del valor universal de la ley divina, cuya autoridad tiene fuerza no sólo para los individuos, sino también para los pueblos, hay amplio campo y libertad de movimiento para las más variadas formas de concepción políticas; mientras que la práctica afirmación de un sistema político o de otro depende en amplia medida, y a veces decisiva, de circunstancias y de causas que, en sí mismas consideradas, son extrañas al fin y a la actividad de la Iglesia”.
f)Vaticano II, Gaudium et spes, 1965: “Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”.
g)Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991: “Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos, para discernir las nuevas exigencias de la evangelización, forma parte del deber de los pastores. Tal examen sin embargo no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del Magisterio”.

Podríamos citar algunos textos más, pero, como vemos, la noción en sí misma de lo opinable es clara.

3.3. Pero por el otro lado…

Pero, sin embargo, habitualmente las cosas no han sido tan claras. Los textos pontificios sobre temas sociales están inexorablemente adheridos a las circunstancias históricas, a su interpretación según criterios de la época y a recomendaciones y aplicaciones en sí mismas prudenciales. Nadie pide que no sea así, el problema es que los pontífices no se han caracterizado por aclararlo bien. Y no porque “se descuenten los principios hermenéuticos de interpretación teológica”. Hemos visto que, comenzando por el tema político, Gregorio XVI y Pío IX unieron indiscerniblemente a la recta condena de los estados laicistas con el intrínsecamente contingente régimen de ciudadanía = bautismo, que tantos problemas trajo para la posterior declaración de libertad religiosa. Hemos visto cómo ello fue aprovechado por los católicos que apoyaron a Mussolini (comenzando por Pío XI) y Franco, que tuvieron el atrevimiento de presentar eso como “doctrina social de la Iglesia”. Hemos visto cómo ese error comenzó a remontarse desde Pío XII en adelante, cómo este último tuvo que “acompañar” al surgimiento de las democracias cristianas de la post-guerra europea precisamente porque desde ese error se pretendía condenar por hereje al que pensara lo contrario. Hemos visto que el mismo, clerical e integrista error siguió en Lefebvre y pasa luego, de peor modo, a la horrorosa mezcolanza que hacen los teólogos de la liberación entre el comunismo de los medios modernos de producción y el “pueblo de Dios”. Hemos visto cómo Benedicto XVI tiene que salir a aclarar qué es lo contingente y qué es lo esencial, y cómo tuvo que “acompañar” nuevamente a los elementos más contingentes de la modernidad católica, para ver si la institucionalidad republicana penetraba en la mente de los integristas católicos de derecha o izquierda, y hemos visto que casi nadie lo escuchó ni lo entendió. Y todo eso por no haber distinguido en su momento lo opinable de lo que no lo era.

En el plano económico, temas que son intrínsecamente opinables en relación a la Fe, han pasado a ser parte de una especie de pensamiento único que todo católico debería aceptar so pena de ser un mal católico entre aquellos que recitan de memoria las encíclicas. La leyenda negra de la Revolución Industrial, desde León XIII en adelante; el capitalismo liberal como el imperialismo internacional del dinero, desde Pío XI en adelante; un programa casi completo de política económica, en la última parte de la Mater et magistra de Juan XXIII; la redistribución de ingresos y la llamada justicia social, desde Pío XI en adelante; la teoría del deterioro de los términos de intercambio, desde Pablo VI en adelante, y así… hasta hoy.Para colmo gran parte de esas encíclicas son redactadas por asesores que así convierten sus personales opiniones (que deberían haber sido debatidas académicamente) en “Doctrina social de la Iglesia”. La situación no se solucionó porque San Juan Pablo II haya hablado de economía de mercado en la Centesimus annus: era obvio que fue un párrafo incrustado por un asesor desde fuera del pensamiento real de Karol Wojtyla, que, por ende, ni él se lo creyó. Y además tampoco la solución pasaba porque entonces la economía de mercado pasara a ser, sin distinciones, otro tema opinable convertido en no opinable…

El problema NO consiste en que un católico considere que todas esas cosas son verdaderas. El problema es que desde los pontífices para abajo, sin casi distinciones y aclaraciones, se consideran parte de la cosmovisión católica de la vida. O sea, el problema NO consiste en que un católico, sea el pontífice o Juan católico de los Palotes, opine así, el problema es que lo piense como cuasi-dogma social. Ese es el problema.

3.4. ¿Por qué? Diagnóstico

¿Pero por qué ha sucedido esto? Fundamentalmente por dos razones.

Primera: en el plano político y económico, los pontíficesno han dejado de gobernar. Fueron casi 17 siglos de clericalismo. La desaparición forzada de los estados pontificios los dejó sin territorios pero sí con el arma moral de la conciencia de los católicos. Y abusando de su autoridad pontificia –un problema previsto por Lord Acton– no sólo condenaron rectamente lo que tenían que condenar, sino que además cada uno de ellos propuso su “plan de gobierno” en encíclicas que comenzaron a llamarse “Doctrina social de la Iglesia”. Cuidado, no digo que ello no haya sido históricamente comprensible o que en esos “gobiernos” no haya habido cosas buenas aunque opinables. Lo que digo es que, al excederse de los tres temas señalados como no opinables, “gobernaban” en lo contingente, según visiones también contingentes, y lo peor es que su territorio era el mundo entero.

En un mundo paralelo imaginario, los pontífices deben tener la “denuncia profética” de la injusticia a nivel social, rechazando lo que sea contradictorio con la Fe y la moral católicas, pero las cuestiones afirmativas –qué sistema social seguir, qué hacer in concreto- deben ser dejadas a los laicos, que, por ende, tendrían opiniones diferentes entre ellos, ninguna “oficialmente católica”. Pero no: los pontífices, hasta hoy, hablaron y hablan sencillamente de todo y prácticamente presentan todo ello como obligatorio para el laico. Y no como la filosofía, que habla “de todo” pero desde las causas últimas y los primeros principios. Hablan de todo en cuanto concreto: opciones concretas, interpretaciones concretas, de política y economía, desde los sistemas concretos de redistribución de ingresos, pasando por la política exterior, monetaria, fiscal, agrícola, industrial, cambio climático, medio ambiente, seguridad, etc. Hasta hoy. El famoso “Compendio de Doctrina Social de la Iglesia” (op.cit.) es un buen ejemplo: prácticamente no hay tema que no esté allí contemplado, y entregado al laico como “tome, esto es lo que tiene que pensar y decir”.

La segunda razón es el radical desconocimiento del ámbito propio de la ciencia económica, esto es, las consecuencias no intentadas de las acciones humanas. Casi todos los documentos pontificios están escritos desde el paradigma de que si hubiera gobiernos cristianos, y por ende “buenos”, ellos redistribuirían la riqueza, que se da por supuesta; ellos implantarían la justicia con diversas medidas intervencionistas cuyas consecuencias no intentadas no se advierten. El mal social proviene de personas malas, no católicas, que defienden la maldad de un sistema liberal que sólo puede ser defendido desde el horizonte de la defensa de los intereses del capital.

Con ello, ¿qué lugar queda para la economía como ciencia? Ninguna, excepto la del contador que hace las cuentas para el obispo. Como mucho, un laico sabrá de diversos “tecnicismos”, pero las grandes líneas de gobierno ya están planteadas porque, frente al paradigma anterior, no hay economía como ciencia sino más bien gobiernos buenos, que harán caso a las encíclicas, o gobiernos malos, que no. Y punto.

Pero la realidad de la escasez no es así. Como hemos visto cuando analizamos a los escolásticos, las medidas supuestamente “buenas” de los gobiernos tienen consecuenciasno intentadas por el “buen” gobernante. Los precios máximos producen escasez; los mínimos, sobrantes; los salarios mínimos producen desocupación; el control de la tasa de interés, crisis cíclica; el control de alquileres, faltante de vivienda; las tarifas arancelarias, monopolios legales e ineficiencia, la emisión de moneda, inflación, y la socialización de los medios de producción, imposibilidad de cálculo económico. Siempre es así pero siempre se vuelven a hacer las mismas cosas suponiendo que alguna vez un gobernante “más bueno”, “más lector del magisterio”, lo va a hacer “bien”. Y el que piense lo contrario desconoce o desobedece a “la doctrina social de la Iglesia”; por ende es un mal católico y un manto de silencio lo cubre en ambientes eclesiales, como un cadáver al cual se le cubre caritativamente el cuerpo.

Mientras no se tenga conciencia de esto, los pontífices seguirán hablando como si la economía dependiera de las solas y bienintencionadas órdenes de los gobernantes cristianos, escritas por ellas en sus encíclicas sociales.

3.5. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto?

Son desastrosas, por supuesto. Comencemos por la primera: la des-autorización del magisterio pontificio.

De igual modo que, a mayor emisión de oferta monetaria, menor valor de la moneda, a mayor cantidad de temas tratados, menor valor. O sea, se ha producido una inflación de magisterio pontificio en temas sociales[3], en cosas totalmente contingentes, que deberían ser tratadas por los laicos. Con lo cual se ha violado el principio de subsidiariedad en la Iglesia: el pontífice no debe hacer lo que los obispos pueden hacer, y los obispos no deben hacer lo que corresponde a los laicos. La invasión directa de la autoridad del pontífice en temas laicales implica que el pontífice se introduce cada vez más en lo más concreto, donde ha más posibilidad de error[4]. De igual modo que los preceptos secundarios de la ley natural demandan una premisa adicional que no está contenida en los preceptos primarios, mucho más cuando de los primarios y secundarios se pasa a cuestiones políticas y económicas irremisiblemente históricas y prudenciales.

Ante esta inflación de magisterio pontificio, se produce un efecto boomerang. Es imposible una estadística, pero algunos –ya jerarquía o laicos– no tienen idea de lo que ocurre ni les interesa. Otros, guiados por un sano respeto al magisterio, repiten todo, desde la Inmaculada Concepción hasta la última coma de la entrevista del Papa en el avión sobre las marcas dentífricas. Eso produce un caos total, porque los laicos, inconscientemente, van adaptando una multitud cuasi-infinita de párrafos pontificios a su ideología opinable concreta, y van armando una Doctrina Social de la Iglesia a la carta que luego además se echan los unos a los otros con acusaciones mutuas de infidelidad al magisterio. Ante este caos, muchos finalmente optan por decir lo que quieren ante un magisterio que en el fondo se ha metido en lo que no le corresponde. Otros, finalmente, en silencio, obedecen al magisterio en sus ámbitos específicos y mantienen en reserva mental (y en silencio) su posición en temas opinables.

Lo que ha sucedido también es el avance de teologías de avanzada en temas sociales y dogmáticos. Esto ya fue visto por Pío XII, en su famosa Humani generis, con el intento de frenarlo[5]. Pero no pudo. Esas teologías habitualmente desobedecen al Magisterio en todo lo que sea fe y costumbres pero lo siguen cada vez que el Magisterio avanza en temas sociales más para la izquierda. Así, en los 60’ y los 70’, los teólogos de la liberación proclamaban exultantes a laPopulorum progressio mientras ocultaban y silenciaban a laHumanae vitae y al Credo del Pueblo de Dios. Y así sucesivamente. Y con ello se ha producido una especie de consenso, un casi pensamiento único en la Iglesia, ante el cual, si eres un teólogo o pensador católico “de avanzada”, dices absolutamente lo que quieres en temas de Fe y costumbres, pero en cambio sigues a pie de juntillas el plan más estatista establecido en la Populorum progressio, en las Conferencias episcopales latinoamericanas y en las primeras dos encíclicas sociales de Juan Pablo II[6]. Eso sí: sobre esto, entonces, ya no hay libertad de opinión. Si no sigues al los nuevos dogmas estatistas, entonces sí que estás excomulgado. O sea, en lo opinable, pensamiento único; en Fe y costumbres, lo que quieras.

Todo esto es un caos, del cual no se ha salido en absoluto.El laicado, ante esto, ha quedado, o totalmente indiferente, con lo cual lo que digan los pontífices en temas de Fe y costumbres ya no importa, o totalmente clerical, integrista y dividido. Cada grupo se ha armado su propia versión de la Doctrina Social de la Iglesia, sin conciencia de lo opinable, cortando y pegando los párrafos que les convienen –porque la cantidad de párrafos en los asuntos contingentes es tan amplia que da para ello– y acusando al otro grupo de infidelidad a la Iglesia.

La corrección de todo esto va a tardar mucho. Pero los laicos no deberían pedir a los pontífices expedirse en temas contingentes, ni estos últimos deberían hablar sobre esos temas. La cuestión ya no pasa por interpretar lo que dijo Pablo VI sobre comercio internacional: la cuestión pasa por reconocer que sencillamente no debería haber dicho nada. La cuestión ya no pasa por interpretar los párrafos de Juan XXIII sobre industria, comercio e impuestos: la cuestión es que no debería haber dicho sencillamente de eso, igual que San Josemaría Escrivá de Balaguer, que nunca invadía los ámbitos propios de los laicos.

La solución del famoso tema de la economía de mercado no pasa, por ende, por tener un Papa que bendiga y eche agua bendita a las teorías del mercado. La cuestión pasa por callar y dejar actuar y pensar a los laicos. Establecidos principios muy generales como propiedad y subsidiariedad, hasta dónde llega la acción del estado es materia de libre discusión entre los laicos. Si un laico basado en Keynes está de acuerdo con una política monetaria activa y yo, basado en Mises, estoy de acuerdo con el Patrón Oro, la solución del problema no pasa porque venga un Papa “aurífero”. Yo no necesito que el Papa se pronuncie en ese tema. En ese tema, y en la mayor parte de los termas, que se calle y que deje actuar a los laicos. Así de simple. Y cuando los laicos opinen, que no tengan párrafos diversos del magisterio para sacralizar, clericalizar su posición y echársela por la cabeza al laico que piensa diferente.

Así, cuando Roma hable, será importante. Así, cuando Roma hable, será porque verdaderamente hay que confirmar en la Fe. Así, cuando haya un concilio ecuménico o una encíclica, será sobre temas de Fe y no sobre cuántos impuestos haya que cobrar o cuántas empresas haya que estatizar o privatizar. Pueden los pontífices “acompañar” a una cuestión temporal legítima, si –como sucedió y sucede– un pontífice anterior y/o los laicos la hubieran convertido en una herejía, para dejar lugar a la libertad de los laicos en ese tema. Exactamente como tuvo que hacer Pío XII con la democracia constitucional. Pero ese “acompañamiento” debería ser la excepción y no la regla.

Para que todo esto pase de la potencia al acto, se necesitan nuevas generaciones, formadas en todo esto, capaces de hacer y vivir estas distinciones. No sabemos cuándo y cómo puedo ello ocurrir. Los tiempos de la Iglesia son de Dios. Humanamente, un cambio así de hábitos intelectuales puede tardar cientos de años.

[1] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html.

[2]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_sp.html.

[3] Como hemos denunciado en nuestro artículo La devaluación del magisterio pontificio, op. cit.

[4] Santo Tomás explica perfectamente el grado de falibilidad mayor a medida que vamos descendiendo en las circunstancias concretas de una conclusión moral-prudencial: “…Por tanto, es manifiesto que, en lo tocante a los principios comunes de la razón, tanto especulativa como práctica, la verdad o rectitud es la misma en todos, e igualmente conocida por todos. Mas si hablamos de las conclusiones particulares de la razón especulativa, la verdad es la misma para todos los hombres, pero no todos la conocen igualmente. Así, por ejemplo, que los ángulos del triángulo son iguales a dos rectos es verdadero para todos por igual; pero es una verdad que no todos conocen. Si se trata, en cambio, de las conclusiones particulares de la razón práctica, la verdad o rectitud ni es la misma en todos ni en aquellos en que es la misma es igualmente conocida. Así, todos consideran como recto y verdadero el obrar de acuerdo con la razón. Mas de este principio se sigue como conclusión particular que un depósito debe ser devuelto a su dueño. Lo cual es, ciertamente, verdadero en la mayoría de los casos; pero en alguna ocasión puede suceder que sea perjudicial y, por consiguiente, contrario a la razón devolver el depósito; por ejemplo, a quien lo reclama para atacar a la patria. Y esto ocurre tanto más fácilmente cuanto más se desciende a situaciones particulares, como cuando se establece que los depósitos han de ser devueltos con tales cauciones o siguiendo tales formalidades; pues cuantas más condiciones se añaden tanto mayor es el riesgo de que sea inconveniente o el devolver o el retener el depósito” (Suma Teológica, I-II, q. 94 a. 4 c).

[5]Véase: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html.

[6] Nos referimos a Laborem exercens y Sollicitudo rei sociales. Cuando salió Centesimus annus, oh casualidad, los ultra pro-Juan Pablo II callaron repentinamente…

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación. Síguelo en @gabrielmises

RESPUESTA A LOS CATÓLICOS CLERICALES QUE CREEN QUE LAS ENCÍCLICAS SOCIALES LES DICTAN TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODO LO QUE TIENEN QUE PENSAR Y DECIR (INCLUiDOS QUIENES LAS ESCRIBEN).

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 18/2/18 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2018/02/respuesta-los-catolicos-clericales-que.html

De my new book Judeocristianismo, civilización occidental y libertad.

Cap. 7, punto 3.

La recuperación de lo opinable

3.1. El tema en sí mismo

En ese sentido, puede haber, a lo largo de los siglos, una enseñanza social de la Iglesia en tanto a:

a)Los preceptos primarios de la ley natural que tengan que ver con temas sociales (como por ejemplo el aborto)
b)Los preceptos secundarios de la ley natural en sí mismos, donde se encuentran los grades principios de ética social (dignidad humana, respeto a sus derechos, bien común, función social de la propiedad, subsidiariedad, etc.) con máxima universalidad, sin tener en cuenta las circunstancias históricas concretas.

El magisterio actual ha aclarado bastante sus propios niveles de autoridad sobre todo en la Veritatis splendor[1] y Sobre la vocación eclesial del teólogo[2].

A partir de lo anterior se desprende deductivamente que esos ámbitos opinables son:

a)El estado de determinadas ciencias o conocimientos sociales en una determinada etapa de la evolución histórica;
b)la evaluación de una determinada circunstancia histórica a partir de a,
c)la aplicación prudencial de los principios universales a una situación histórica específica, a la luz de a y b.

3.2. ¿Señaló el Magisterio este ámbito de opinabilidad?

Por un lado, si. Los textos son relativamente claros:

a)León XIII, Cum multa, 1882: “… también hay que huir de la equivocada opinión de los que mezclan y como identifican la religión con un determinado partido político, hasta el punto de tener poco menos que por disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Porque esto equivale a introducir erróneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religión, querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una peligrosa multitud de inconvenientes”.
b)León XIII, Immortale Dei, 1885: “Pero si se trata de cuestiones meramente políticas, del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitida en estos casos una honesta diversidad de opiniones”.
c)León XIII, Sapientiae christianae, 1890: “La Iglesia, defensora de sus derechos y respetuosa de los derechos ajenos, juzga que no es competencia suya la declaración de la mejor forma de gobierno ni el establecimiento de las instituciones rectoras de la vida política de los pueblos cristianos”…. “…querer complicar a la Iglesia en querellas de política partidista o pretender tenerla como auxiliar para vencer a los adversarios políticos, es una conducta que constituye un abuso muy grave de la religión”.
d)León XIII, Au milieu des sollicitudes, 1891: “En este orden especulativo de ideas, los católicos, como cualquier otro ciudadano, disfrutan de plena libertad para preferir una u otra forma de gobierno, precisamente porque ninguna de ellas se opone por sí misma a las exigencias de la sana razón o a los dogmas de la doctrina católica”.
e)Pío XII, Grazie, 1940: “Entre los opuestos sistemas, vinculados a los tiempos y dependientes de éstos, la Iglesia no puede ser llamada a declararse partidaria de una tendencia más que de otra. En el ámbito del valor universal de la ley divina, cuya autoridad tiene fuerza no sólo para los individuos, sino también para los pueblos, hay amplio campo y libertad de movimiento para las más variadas formas de concepción políticas; mientras que la práctica afirmación de un sistema político o de otro depende en amplia medida, y a veces decisiva, de circunstancias y de causas que, en sí mismas consideradas, son extrañas al fin y a la actividad de la Iglesia”.
f)Vaticano II, Gaudium et spes, 1965: “Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”.
g)Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991: “Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos, para discernir las nuevas exigencias de la evangelización, forma parte del deber de los pastores. Tal examen sin embargo no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del Magisterio”.

Podríamos citar algunos textos más, pero, como vemos, la noción en sí misma de lo opinable es clara.

3.3. Pero por el otro lado…

En el plano económico, temas que son intrínsecamente opinables en relación a la Fe, han pasado a ser parte de una especie de pensamiento único que todo católico debería aceptar so pena de ser un mal católico entre aquellos que recitan de memoria las encíclicas. La leyenda negra de la Revolución Industrial, desde León XIII en adelante; el capitalismo liberal como el imperialismo internacional del dinero, desde Pío XI en adelante; un programa casi completo de política económica, en la última parte de la Mater et magistra de Juan XXIII; la redistribución de ingresos y la llamada justicia social, desde Pío XI en adelante; la teoría del deterioro de los términos de intercambio, desde Pablo VI en adelante, y así… hasta hoy. Para colmo gran parte de esas encíclicas son redactadas por asesores que así convierten sus personales opiniones (que deberían haber sido debatidas académicamente) en “Doctrina social de la Iglesia”. La situación no se solucionó porque San Juan Pablo II haya hablado de economía de mercado en la Centesimus annus: era obvio que fue un párrafo incrustado por un asesor desde fuera del pensamiento real de Karol Wojtyla, que, por ende, ni él se lo creyó. Y además tampoco la solución pasaba porque entonces la economía de mercado pasara a ser, sin distinciones, otro tema opinable convertido en no opinable…

3.4. ¿Por qué? Diagnóstico

¿Pero por qué ha sucedido esto? Fundamentalmente por dos razones.

Primera: en el plano político y económico, los pontífices no han dejado de gobernar. Fueron casi 17 siglos de clericalismo. La desaparición forzada de los estados pontificios los dejó sin territorios pero sí con el arma moral de la conciencia de los católicos. Y abusando de su autoridad pontificia –un problema previsto por Lord Acton– no sólo condenaron rectamente lo que tenían que condenar, sino que además cada uno de ellos propuso su “plan de gobierno” en encíclicas que comenzaron a llamarse “Doctrina social de la Iglesia”. Cuidado, no digo que ello no haya sido históricamente comprensible o que en esos “gobiernos” no haya habido cosas buenas aunque opinables. Lo que digo es que, al excederse de los tres temas señalados como no opinables, “gobernaban” en lo contingente, según visiones también contingentes, y lo peor es que su territorio era el mundo entero.

Pero la realidad de la escasez no es así. Como hemos visto cuando analizamos a los escolásticos, las medidas supuestamente “buenas” de los gobiernos tienen consecuencias no intentadas por el “buen” gobernante. Los precios máximos producen escasez; los mínimos, sobrantes; los salarios mínimos producen desocupación; el control de la tasa de interés, crisis cíclica; el control de alquileres, faltante de vivienda; las tarifas arancelarias, monopolios legales e ineficiencia, la emisión de moneda, inflación, y la socialización de los medios de producción, imposibilidad de cálculo económico. Siempre es así pero siempre se vuelven a hacer las mismas cosas suponiendo que alguna vez un gobernante “más bueno”, “más lector del magisterio”, lo va a hacer “bien”. Y el que piense lo contrario desconoce o desobedece a “la doctrina social de la Iglesia”; por ende es un mal católico y un manto de silencio lo cubre en ambientes eclesiales, como un cadáver al cual se le cubre caritativamente el cuerpo.

3.5. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto?

Son desastrosas, por supuesto. Comencemos por la primera: la des-autorización del magisterio pontificio.

Lo que ha sucedido también es el avance de teologías de avanzada en temas sociales y dogmáticos. Esto ya fue visto por Pío XII, en su famosa Humani generis, con el intento de frenarlo[5]. Pero no pudo. Esas teologías habitualmente desobedecen al Magisterio en todo lo que sea fe y costumbres pero lo siguen cada vez que el Magisterio avanza en temas sociales más para la izquierda. Así, en los 60’ y los 70’, los teólogos de la liberación proclamaban exultantes a la Populorum progressio mientras ocultaban y silenciaban a la Humanae vitae y al Credo del Pueblo de Dios. Y así sucesivamente. Y con ello se ha producido una especie de consenso, un casi pensamiento único en la Iglesia, ante el cual, si eres un teólogo o pensador católico “de avanzada”, dices absolutamente lo que quieres en temas de Fe y costumbres, pero en cambio sigues a pie de juntillas el plan más estatista establecido en la Populorum progressio, en las Conferencias episcopales latinoamericanas y en las primeras dos encíclicas sociales de Juan Pablo II[6]. Eso sí: sobre esto, entonces, ya no hay libertad de opinión. Si no sigues al los nuevos dogmas estatistas, entonces sí que estás excomulgado. O sea, en lo opinable, pensamiento único; en Fe y costumbres, lo que quieras.

Todo esto es un caos, del cual no se ha salido en absoluto. El laicado, ante esto, ha quedado, o totalmente indiferente, con lo cual lo que digan los pontífices en temas de Fe y costumbres ya no importa, o totalmente clerical, integrista y dividido. Cada grupo se ha armado su propia versión de la Doctrina Social de la Iglesia, sin conciencia de lo opinable, cortando y pegando los párrafos que les convienen –porque la cantidad de párrafos en los asuntos contingentes es tan amplia que da para ello– y acusando al otro grupo de infidelidad a la Iglesia.

[1] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_ jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html.

[2]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_sp.html.

[3] Como hemos denunciado en nuestro artículo La devaluación del magisterio pontificio, op. cit.

[5]Véase: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf _p-xii_enc_12081950_humani-generis.html.

[6] Nos referimos a Laborem exercens y Sollicitudo rei sociales. Cuando salió Centesimus annus, oh casualidad, los ultra pro-Juan Pablo II callaron repentinamente…

El mensaje liberal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 1/10/17 en: http://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/alberto-benegas-lynch/mensaje-liberal.html

De entrada decimos que la mejor definición del liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Es una tradición de pensamiento basada principalmente en la moral que además permite el mayor progreso material, especialmente para lo que menos tienen.

Frente a esta posición están quienes sostienen que deben dejarse de lado las autonomías de las personas en pos de un supuesto bien común que en verdad es inexistente debido principal aunque no exclusivamente al ataque a la institución de la propiedad. Comenzando por el propio cuerpo, luego por la libertad para expresar el pensamiento y, finalmente, por el uso y disposición de lo adquirido lícitamente.

Es del caso detenerse en esto último. Cuando los aparatos estatales intervienen en los precios están, de hecho, interviniendo en la propiedad puesto que son el resultado de arreglos contractuales libres y voluntarios. En el extremo, al abolir la propiedad como aconseja el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, el sistema económico se queda sin las únicas señales para operar, es decir, los precios. En este caso no se sabe si conviene construir los caminos de oro o de asfalto y si alguien levanta la mano y dice que con el metal aurífero sería un derroche es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad privada.

En otros términos, no hay tal cosa como una «economía socialista» puesto que no puede economizarse donde no hay contabilidad ni evaluación de proyectos. Y si en lugar de abolir la propiedad, los gobiernos la distorsionan, en esa medida los precios quedarán desfigurados con lo que el derroche será en esa misma medida.

A su vez, el derroche de capital inexorablemente reduce salarios e ingresos en términos reales puesto que el volumen de inversiones es la única causa de la mejora en el nivel de vida. No hay magias. Sería interesante que los salarios pudieran elevarse por decreto, con lo que habría que dejarse de timideces y hacernos todos millonarios.

Ahora bien, el mensaje liberal no siempre es claro, demos solo cuatro ejemplos para ilustrar la idea. En primer lugar las recetas del llamado «ajuste» o el «shock». Ya bastantes ajustes y shocks tiene la gente desde que se despierta hasta que se acuesta para agregar reveses adicionales. De lo que se trata es de adoptar medidas responsables y prudentes para que la gente engrose sus bolsillos que han sido diezmados por el Leviatán al encarar actividades que no son propias de un sistema republicano y que empobrece a todos.

En segundo lugar, debería dejar de hablarse de «inversión pública» puesto que se trata de una contradicción en los términos. Cuando se ahorra se abstiene de consumir para invertir y este es un proceso por parte de quienes estiman que el valor futuro será mayor que el del presente. Esto me recuerda a la disposición argentina en la época del Dr. Alfonsín en cuanto a la implementación del así llamado «ahorro forzoso». No hay tal, se trataba de una exacción adicional. En las cuentas nacionales las mal llamadas inversiones públicas debieran computarse como gasto en activos fijos para diferenciarlos de los gastos corrientes.

Por otra parte, la ilusión de la inversión pública desconoce que, fuera de las misiones específicas del gobierno de una sociedad abierta de seguridad y justicia (que habitualmente son las faenas que no cumple para expoliar el fruto del trabajo ajeno), la asignación de recursos siempre es en una dirección distinta de la que hubiera decidido la gente (si fuera la misma dirección no habría necesidad de emplear la fuerza con ahorro de gastos administrativos).

Y no se diga que el voto suple esas decisiones puesto que la característica del proceso electoral es que se hace en bloque sin inmiscuirse el político en el caso por caso, a diferencia de los votos que se depositan cotidianamente en el supermercado y afines donde las compras y abstenciones de comprar revelan las cambiantes necesidades.

En tercer término, es útil precisar qué es el tan debatido «gradualismo». Si las medidas de orden financiero son buenas, cuanto antes se adopten mejor es. El decimonónico Frédéric Bastiat sostenía que cuando el gobierno se apoderaba de recursos más allá de las antedichas funciones específicas «se trata de robo legal». Si a un transeúnte le arrancan su billetera, una vez apresado el ladrón se debe reintegrar el botín a su dueño pero no gradualmente.

Por último, hay liberales que insisten con lo de «clases sociales» sin percatarse del significado de esa expresión. No hay clases o naturalezas distintas de personas, son todos seres humanos. El marxismo es consistente al haber propuesto esa denominación puesto que estima que la clase proletaria tiene una estructura lógica diferente a la del burgués, aunque nunca se explicó en qué se diferencia del silogismo aristotélico. Esa concepción la adoptó Hitler en su sistema criminal donde tatuaba y rapaba las víctimas para distinguirlas de sus victimarios.

Si se quiere aludir a los diversos ingresos, es mejor hacer referencia a los altos, medios y bajos pero hablar de «clase baja» es además repugnante, «alta» es estúpido y «media» es anodino.

Liberalismo, mercado y bien común

Por Gabriel Boragina: Publicado el 10/12/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/12/liberalismo-mercado-y-bien-comun.html

A menudo, se escucha en boca de economistas, políticos, profesores, periodistas y gente común afirmar -en forma tajante- que el mercado se opone al bien común, y que -por consiguiente- es el estado-nación (como «garante» del «bien común») el que debe imperiosamente intervenir en el mercado para evitar «abusos» que podrían –de concretarse- obstaculizar, o directamente hacer imposible la tarea del gobierno para «consolidar» el bien común. Cuando uno quiere indagar un poco más acerca de este curioso «razonamiento» se encuentra que quienes lo «argumentan» explican que, dado que el mercado por «su propia naturaleza» privada tiende a «fallar», se hace necesario que un supra-organismo sea el encargado de corregir esas supuestas «fallas» y, en su caso, suprimirlas. El mercado forma parte de lo que algunos autores denominan «la dimensión social de la política liberal», y hay otros quienes tratan de diferenciar el proceso de mercado del proceso social. Uno de tales autores lo explica de este modo:

«De manera consecuente, la dimensión social de la política liberal no va a ser encontrada ante todo en el taller de repuestos del proceso social, donde se supone que las políticas sociales del gobierno corrigen los resultados de la competencia y del proceso del mercado. Reducir la dimensión social a este tipo de taller de repuestos, y presuponer una contradicción de las preocupaciones sociales y políticas del mercado, es un malentendido básico muy difundido. Y se intensifica por citas tendenciosas de ejemplos de supuestas “fallas del mercado”, que sirven de excusa para hacer nuevos llamados a favor de la intervención estatal, usualmente sin considerar las mucho más serias “fallas del Estado”. La dimensión social del Liberalismo no significa tanto reparaciones post facto, sino que ante todo es inherente en el mismo modelo de sociedad, en su orden legal y económico, el cual garantiza el derecho a la propiedad, y canaliza la competencia mediante reglas que apuntan hacia el bien común.»[1]

El malentendido de las «fallas del mercado» proviene -en parte- de la extensa falacia que recibió por nombre «el modelo de competencia perfecta». De momento que, ciertos economistas dieron por seguro que dicho modelo es el que debe o debería presentarse en la realidad, confundiendo el modelo con esta última, y asumiendo que el modelo de «competencia perfecta» nunca se dio ni se da en los hechos, terminan afirmando que el mercado en situación de competencia presenta «fallas» y que, por tal motivo, las mismas deben ser corregidas, y que esta última intervención debe ser llevada a cabo por el gobierno. Este curioso modo de «razonar» pasa enteramente por alto que el mercado forma parte del proceso social y no constituye algo por separado de este. Por lo que, las discrepancias y distinciones que se intentan para apartar el proceso de mercado del proceso social están –de antemano- destinadas al fracaso, si es que con ellas, en realidad, no se quiere buscar otra cosa, tal como algún fin político inconfesable.

Por otra parte, también se pasa por alto que el proceso de mercado -como parte del social- es por esencia humano, con todas las falibilidades que tal condición ofrece, y que el gobierno también está compuesto por seres humanos. Lo que los enemigos del mercado (y de sus aparentes «fallas») nunca explican es: ¿sobre qué bases suponen que las personas a cargo del gobierno no fallarían nunca en sus métodos preventivos o correctivos de las imaginarias «fallas» de este último? ¿Por qué asumen omnisciencia en simples y comunes seres humanos por el hecho de que han accedido mediante el voto o por otras vías a ocupar posiciones de poder? Parecen presumir que la mera circunstancia de ingresar en la esfera estatal los hace introducir en una especie de atmósfera de superioridad intelectual y moral que, en realidad, no sólo no tiene ninguna base fáctica, sino que la menor experiencia demuestra que la actividad estatal brinda muchas mayores oportunidades para exhibir las falencias y fracasos humanos y –con frecuencia- es caldo de cultivo para dar lugar a altos niveles de corrupción. Creer que el mercado «atenta» contra «el bien común» no tiene ningún asidero, ni empírico ni teórico.

Con todo, sigue en pie la cuestión sobre a quién corresponde promover el bien común, para lo cual estatistas y liberales tienen desiguales respuestas. Así, un polémico e interesante autor plantea la cuestión y la contesta:

«Pregunta 1) ¿Con cuál de estas dos afirmaciones A o B está Ud. de acuerdo? A. “El Estado es el encargado de promover el bien común, por encima de los intereses privados que miran el bien particular”. B. “El Estado y los particulares son encargados ambos de promover el bien común, cada cual en su esfera de actividad”. La afirmación B describe en esencia el liberalismo. Y la A el estatismo.»[2]

Este argumento deja de lado la cuestión relativa a definir -en primer lugar- qué cosa es el bien común. Y da por sentado que es algo bueno y deseable para todos, lo que parece coincidir con nuestra conceptualización de bien común. La pregunta «A» admite un antagonismo entre el bien común y el particular y, efectivamente, es la posición en la que se basa el estatismo. Desconoce éste la verdad afirmada por Adam Smith en 1776, cuando advirtió que cada uno persiguiendo su interés particular promueve -sin quererlo y sin saberlo- el bien común mucho más y mejor que si se lo hubiera propuesto hacer.

Sin embargo, hay una corriente estatista que no opone el bien común al bien particular, sino que conjetura que todos los individuos buscan el bien común, pero que este sólo puede alcanzarse por la vía de la intervención y dirección del estado-nación. Esta corriente suele recibir el nombre de paternalismo y -pese a sus errores- se encuentra muy extendida en el mundo de nuestros días.

[1] Hubertus Müller-Groeling-«La Dimensión Social de la Política Liberal»- Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-Pág. 9

[2] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 35

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Caps 4 y 5: las fallas de la política comienzan a verse al cuestionar el supuesto del dictador benevolente

Por Martín Krause. Publicada el 6/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/caps-4-y-5-las-fallas-de-la-politica-comienzan-a-verse-al-cuestionar-el-supuesto-del-dictador-benevolente/

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas^{^[1]}. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”^{^[2]}? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

^{^[1]}. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

^{^[2]}. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una sola escala de menos y más” (p. 89).

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Resistencia a la opresión

Por Gabriel Boragina. Publicado el 25/7/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/07/resistencia-la-opresion.html

Para poder entender el tema de la resistencia a la opresión, es necesario previamente dar algunas nociones básicas sobre la legitimidad del poder, para lo cual nada mejor ni más apropiado que la autoridad del Profesor Constitucionalista Dr. Germán J. Bidart Campos que enseña:

«La legitimidad “de origen” y “de ejercicio”. 51. — Tradicionalmente se ha hablado, con referencia al poder, de una legitimidad de origen, y de una legitimidad de ejercicio.

a) La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el estado democrático, se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza.
b) La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.

La pérdida de la legitimidad de ejercicio proporciona título, con base en la justicia material, y en circunstancias extremas de tiranía o totalitarismo que producen la obturación de otras vías exitosas, para la resistencia del pueblo contra el gobernante. Vamos con ello, en la teoría política, hacia el derecho de resistencia a la opresión y en el derecho constitucional hacia el tema del derecho de revolución.

El derecho de resistencia está previsto en el art. 36 contra los que ejercen los actos de fuerza que la norma nulifica e incrimina (ver nº 53).”[1]

Al referirse al art. 36, el autor citado está haciendo alusión a la Constitución de la Nación Argentina. Un «estado democrático» -de acuerdo al criterio anterior que compartimos- debe reunir, entonces, para su existencia estos dos requisitos, si falta alguno de ellos no podría, pues, hablarse de «estado democrático» sino de una dictadura, tiranía o un estado totalitario. Pensamos que esto último es lo que ha sucedido en la Argentina durante los tres largos e ininterrumpidos gobiernos del FpV (Frente para la Victoria, encabezado por la tenebrosa secta Kirchner, en los que, si bien en apariencia, se habría cumplido la primera de las condiciones (de la cual tenemos justificadas dudas que hemos expuesto en más de una oportunidad y en diversas ocasiones), resulta más que claro que no se cumplió de ningún modo la segunda de ellas.

En efecto, lejos de perseguir «la realización del bien común o valor justicia» dicha secta ha procurado la concreción de metas sectoriales o particulares de afines u obsecuentes al poder detentado durante un dilatadísimo periodo, en que se prostituyó no sólo el valor justicia, sino todos los demás valores y la convivencia misma dentro del seno de la sociedad. Situaciones como la descripta, habilitan el derecho a la rebelión por parte del pueblo sometido al capricho de tales déspotas, sedientos megalómanos insaciables de poder, como tantas veces se los ha visto.

Lamentablemente, los tiranos siempre han hecho hincapié en la primera de las exigencias, omitiendo toda alusión a la segunda, de hecho la más importante de los dos atributos de la legitimidad, dado que la elección de un gobierno se agota simplemente en el acto electoral, en tanto que el ejercicio del mismo conlleva un tiempo muchísimo más dilatado, por cuanto cobra mayor gravedad la circunstancia de que ese ejercicio se aparte de la realización del bien común o del valor justicia como ha sido el caso.

«50. — Es sugestiva la ubicación del art. 36, que preserva al poder, dentro del rubro de los nuevos derechos y garantías. Por eso, también lo ligamos al sistema de derechos.

En efecto, es fácil entender que el orden institucional y el sistema democrático hallan eje vertebral en dicho sistema de derechos, y que atentar contra el orden institucional democrático proyecta consecuencias negativas y desfavorables para los derechos. No en vano en el art. 36 también viene encapsulado, con definición expresa, el derecho de resistencia dentro del marco genérico que incrimina las conductas que lesionan al bien jurídico penalmente tutelado en forma directa por la constitución, para evitar la ruptura en la transmisión legal del poder.(Ver nº 49).

Es algo así como una cobertura general, con bastante analogía respecto del clásico delito del art. 29 que, a su modo, también tiende a preservar un similar bien jurídico, cuando da por cierto que la concentración del poder en el ejecutivo, o en los gobernadores de provincia, al fisurar la división de poderes pone a merced del gobierno la vida, el honor o la fortuna de las personas.»[2]

Cualquier intento de concentración del poder habilita el derecho de rebelión de la ciudadanía para desplazar a ese poder. Y este derecho, se encuentra plasmado en la Constitución de la Nación Argentina, pero aunque no estuviera por ella contenido hay que concluir que el derecho de rebelión y de resistencia a la opresión no desaparece como tal, por cuanto se trata de un derecho natural del hombre, y no de algo que para ser deba contar con un previo «reconocimiento» positivo legal.

No son muchos, lastimosamente, los gobiernos que creen que la soberanía reside -en definitiva- en el pueblo mismo y no en los gobernantes. Por otra parte, queda claro que el abuso de poder es un delito tipificado por la constitución y penalmente sancionado. Los gobiernos no tienen derecho a violar derechos, y esto es lo que justifica plenamente el derecho de rebelión contra un gobierno que vulnera el sistema de derechos que garantiza la constitución. Derechos todos anteriores al hombre y no creados por el hombre.

La «transmisión legal del poder» implica que el poder se trasmite a otra persona diferente a quien lo ejercía hasta el momento en que dicha transmisión ha de tener lugar, es decir, implica la esencia del sistema democrático la alternancia del poder para evitar la perpetuación en el mismo de una o más personas de un único signo.

[1] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada – Editorial Ediar. Tomo I – pág. 84 y 85.

[2] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo III, Ob. Cit. pág. 14/15

Public Choice levanta el velo: no tiene sentido asumir al Estado como ‘dictador benevolente’

Por Martín Krause. Publicado el 8/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/public-choice-levanta-el-velo-no-tiene-sentido-asumir-al-estado-como-dictador-benevolente/

Con los alumnos de Economía e Instituciones de OMMA-Madrid vemos los capítulos 4 y 5 sobre el supuesto de “dictador benevolente”. Algunos párrafos:

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas . Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común” ? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

Pero no son los incentivos el único problema que se presenta en el supuesto del dictador benevolente. También está el problema de la información, similar al planteado por Mises y Hayek en relación con la planificación económica, aunque originalmente presente en un autor anterior .

Estos dos cuestionamientos plantean entonces dos principales problemas al funcionamiento de la política, como mecanismo para satisfacer las necesidades de la gente: un problema de información, relacionado con la formación de las preferencias y su “revelamiento”, y los medios y procedimientos para satisfacerlas; y un problema de incentivos, por los que las acciones de los representantes deben dirigirse a ese objetivo.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La violencia populista

Por José Benegas. Pubicado el 24/10/13 en: http://josebenegas.com//2013/10/24/la-violencia-populista/

Max Weber con total realismo definió al estado como la forma de violencia institucionalizada. Comparado con la manera en que es invocado el estado en la actualidad (no solo en los países populistas), la definición podría desconcertar a más de un desprevenido. Pero es así, el estado manda y cobra sin preguntar. Se impone. Se podría trazar una exégesis de lo que hoy consideramos el poder establecido y la dominación de tipo patriarcal que el mismo autor examinó con todo detalle. Se trataba de un tipo de dominio ilimitado en lo formal, pero sustentado en prestaciones y contraprestaciones. Una forma de protección supone otra de obediencia en lo que yo llamaría poder consentido. Si esa relación es de hecho o de derecho daría para una gran discusión a mi juicio, pero en tanto no se lo cuestiona, nada más continúa de un modo en algún sentido natural.

La institucionalización vendrá después, cuando haya que explicar más la cosa y el vínculo prestacional no sea tan claro. Cuando el patriarcado quiera extenderse a los no protegidos, por distinguirlos de algún modo, a los “hombres libres” en sentido estricto. El poder es entonces con más nitidez “político” y tiene que encontrar una justificación porque no es tan evidente que convenga a ambas partes. Este será el campo del “relato”, del mito o de la simple simulación que hará correr ríos de tinta en busca de una “legitimidad”. El hecho es que llegamos al estado moderno como esa violencia cargada de reglas, institucionalizada y de alguna manera pretendiendo un vínculo patriarcal entre gobernantes y súbditos que incluso no serán llamados de la esa manera. Lo que llamamos “poder público”.

La institucionalización supone ahora varias cosas como por ejemplo que el poder político es una extensión de nuestra voluntad (democracia), que nos protege, que se guía por reglas objetivas, que actúa (agrede) en función de nuestros intereses tomados de manera general, que existe una igualdad ante la ley y que esa ley está por encima del gobierno. La violencia del poder está encorcetada bajo el concepto de “bien común”, bastante discutible de todos modos.

Estos elementos que dan peso al complemento institucional y dominan o tornan inofensiva para las personas pacíficas esa violencia, es lo que nos mantiene libres a pesar de no ser nosotros “el poder” en realidad.

Pero imaginemos que ese poder atado pierde sus reglas. O que las reglas lo son en sentido formal porque al examinarlas comprobamos que dicen que el poder hace lo que quiere. Por ejemplo dice “derechos humanos” cuando la arbitrariedad alcanza a los propios de la facción y dice “presencia fundamental del estado” cuando el disciplinado es un extraño, un “otro”. Es decir que no son verdaderas reglas, instituciones, sino propaganda de algo que esconde otro tipo de cosa. Supongamos que nuestra voluntad está muy restringida, que votamos tal vez pero muchos de los que votan dependen del gobernante y no al revés, con lo cual nuestra participación en las decisiones se ve disminuida de modo notable por intereses que nada tienen que ver con nuestra protección y a su vez los otros que aparecen votando en realidad se parecen más a verdaderos siervos. Es más, el poder es ejercido para favorecer a los que mantienen con el poder un flujo de prestaciones y contraprestaciones en el que ya no somos unos súbditos protegidos sino el pato de la boda. Supongamos que el poder se nutre de activar a una masa importante de la población en nuestra contra, convirtiéndonos en enemigos del estado. Supongamos que las reglas objetivas ya no existen sino que tienen nombre y apellido, que lo que es válido para los amigos no es válido para los enemigos. Es más, bastaría suponer que podemos ser definidos como enemigos por nuestros protectores para que la idea de estado como sinónimo de “violencia buena” desaparezca. Supongamos que el poder nos muestra que su violencia se utiliza para beneficiar a los gobernantes, amigos y aduladores y que paga por ser defendido a ultranza y por atacar a los molestos. Supongamos que cuando alguna institución molesta a la voluntad del gobierno, se la aplasta. Cuándo pasa todo eso, la violencia institucionalizada pierde la mitad civilizada de su naturaleza y es nada más que violencia. Entonces Max Weber diría que lo único que queda de su estado es eso, la violencia.

El estado es un aparato sostenido por esa idea muy discutible, hasta débil, que es la de “bien común”. En función de eso y no ya de lo que quisiera un monarca o un patriarca benevolente, recauda. Es decir se queda con parte de nuestro trabajo. Qué otra cosa que un asalto es un impuesto si todo el vínculo anterior se ha desnaturalizado.

El populismo es el sistema más eficiente de violencia estatal ejercida sobre las personas, porque no se puede fotografiar. Sucede por desaparición del elemento institucional que mantenía a la violencia a raya. Externamente no pasa nada distinto a lo que pasaba antes de esta pérdida institucional, así que nos dirán que no hay violencia. Como una familia en la que los padres ponen todas las reglas. Esto sucede porque los padres nutren y protegen. Pero si los padres son los operadores de un sistema de bullying interno dejando de nutrir y proteger la orden tiene otro valor, se transforma en un sistema de denigración y castigo. Un régimen familiar sin ese afecto, es un totalitarismo. Un Estado sin institucionalidad, sin esas reglas, sin esa igualdad ante la ley, con los roles entre servidores y servidos invertidos, también lo es.

El sistema es eficiente porque no se ve, pero el estado populista desprovisto de ataduras, que de manera abierta favorece a un grupo y perjudica a quienes no son cómplices es de una altísima violencia cuando convierte al juez en un militante, cuando el policía pasa a ser el ladrón, el diputado el delegado del presidente, el presidente un concedente de privilegios, el jefe de la recaudación un agente de policía político, el que es pagado con dinero público para informar un propagandista. Eficiente como un motor que no pierde energía en forma de calor.

El populismo significa la evolución de la revolución, ejercida con una violencia explícita, a la infección como forma de transformar la regla protectora en regla disciplinadora.

Sumemosle ahora la parte que sigue siendo ineficiente. El grito, la invitación a la división, la retórica violenta en señalamiento permanente de enemigos internos. Un aparato de propaganda y difamación y un mecanismo vigilante bullying ejercido desde determinadas usinas. Un señor dice algo inconveniente y se lo ataca desde las redes sociales con lenguaje descalificante, multiplicando manifestaciones de desprecio y denigración, todo realizado por empleados públicos. Programas de televisión y radio que se dedican a destruirlo y aislarlo, reforzados por medios privados que reciben fondos públicos para sumarse al sistema de bullying en un mecanismo que se denomina “asesinato de la reputación”, pero que va mucho más allá del problema de la fama. Persigue otra forma de violencia tradicional y extrema, que es el ostracismo interno, la transformación de la víctima en un objeto, al cual transferir toda la cobardía de la sociedad agredida. Su aislamiento. El mensaje es que todo aquél que protesta será sometido al ostracismo interno, y los que son cómplices serán recompensados. La cobardía frente a ese clima apabullante es manejada por la mayoría de las personas con una identificación con el agresor, que multiplica los efectos del ambiente tóxico. Los cobardes eligen agredir con el agresor, para no ser agredidos con el agredido.

Mientras tanto esa violencia ya caprichosa, nada institucionalizada pero que en su infección habla de instituciones, también cierra el camino a ser denunciada transformándose en denunciante de violencia. Se crean fantasmas, se señala cualquier tipo de manifestación privada fuera de lugar como una forma de violencia no solo equivalente, sino excluyente respecto de la que ejerce el poder, para taparse. No es raro, es bien coherente que ese estado encabece campañas contra la violencia de género y dicte leyes que definen a la violencia de un modo en el que por supuesto queda él mismo definido en su bullying generalizado diario. Pero al denunciar a otros de sus propios crímenes, también obtura la posibilidad de ser denunciado.

Del Bullying y de la cobardía disfrazada de adhesión participan todo género de colaboradores. Unos pegan, otros se dedican a minimizar, relativizar, desviar la atención. Incluso a maltratar a las víctimas igualándolas con el agresor o a descalificar a los que denuncian como poco serios. Porque si los que denuncian son serios, ellos no solo son cobardes, sino también cómplices.

Así se enferma todo el sistema con esta revolución travestida en infección. La enfermedad de los que están afuera consiste en no hacer nada, en no denunciar. En hacer como que no está pasando nada y mostrar que hay elecciones, que hay críticos, que todo sigue igual cuando todo ha cambiado y los que se quejan o los llaman nazis exageran o están locos.

Llega el punto en que ya no quiero permitirle a la gente que no se ha solidarizado con Alfredo Casero simular que son moderados o serios o que no ven problema en un “debate” entre un aparato nazi de bullying político y un señor que tiene a todos sus colegas debajo de la cama, cuando no contribuyendo con algún insulto. Que sepan todos lo que han estado haciendo y mucho peor, lo que no han estado haciendo.

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

El Intervencionismo estatal y la falsificación de las políticas públicas

Por Eduardo Filgueira Lima.

“Me resulta difícil comprender y explicar como se instalan diversas conductas y pensamientos en el ser humano”. Lord Acton.

Desde el iluminismo continental europeo – del que somos fieles herederos – se consolidó crecientemente la idea de que no era relevante conceder aspectos referidos a las libertades individuales en pos de obtener supuestos réditos por la dilución de los riesgos y esfuerzos personales en el colectivo social.

Las ideas colectivistas ya fueron esbozadas en el S. XVIII, por varios autores[1], partícipes ideológicos del pensamiento instaurado por la Revolución Francesa y profundizado en los años sucesivos.

Desde la social-politik[2] instaurada en la Alemania del Siglo XIX, hasta la delegación de crecientes poderes y facultades a los gobiernos ya entrado el Siglo XX, bajo el supuesto que ellos sabrían cuidar más y mejor los intereses de los ciudadanos, este pensamiento se ha convertido de manera progresiva en predominante en el comportamiento social. Los inmigrantes fueron los importadores de estas ideas – nacientes en Europa – a nuestros países.

Y este pensamiento no ha sido casual, porque se vio reforzado por corrientes ideológicas y pensadores diversos (como J. M. Keynes[3], W. Beveridge[4] y J. Rawls[5], entre otros), quienes desde diferentes aspectos o visiones posibilitaron y dieron sustento para el desarrollo del estado de bienestar (Welfare State).

De hecho las atribuciones del estado fueron crecientes y en mayor o menor grado no solo “todo se convirtió en terreno fértil para la intervención estatal”, sino que a su vez “todo en lo que interviene el Estado se convierte en materia de políticas públicas”.

Este desarrollo no fue igual en todos los países. Algunos comprendieron que la intervención del estado debía tener límites precisos: 1) por razones políticas como el avasallamiento de las libertades individuales, y 2) por razones económicas: ya que el libre intercambio basado una real y abierta economía de mercado, posibilita una creciente generación de bienes y riqueza – sin necesidad de regulaciones excesivas del estado, ni planificaciones centralizadas – con innovación tecnológica, mejora de la accesibilidad, como de la calidad de los productos y que ello conduce a un “orden social espontáneo”, que inevitablemente genera crecimiento económico y subsecuente desarrollo.

Otros por el contrario, fueron enseñados a pensar y aceptaron, que no solo el Estado podía ser eficiente en su desempeño, sino que además podía velar por ellos y resolverles casi todos sus problemas.

Los administradores – entiéndase: gobernantes de turno –fueron complacidos en sus apetencias, pues nada hay más placentero que administrar sin demasiados compromisos (y como sucede en muchos países: sin rendir cuentas), los recursos de terceros para destinarlos según propias conveniencias disfrazadas con el edulcorado discurso del responder al “bien común”, que solo es lo que el gobernante interpreta como tal.

Es por ello que debemos distinguir entre “el como y el cuanto” de la intervención estatal, ya que diversas formas e intensidad de la misma generan diferentes efectos.

En los países más intervencionistas y en los que el estado se entromete en toda actividad que está a su alcance, porque además así lo requiere para su financiamiento y sostén, en general se conduce a más estatismo, más populismo y mayor arbitrariedad política.[6]

Los países desarrollados desde la revolución industrial han logrado escapar de “la trampa malthusiana” (en la que todavía se debaten muchos países “under” del subdesarrollo en especial en África) y el desfase en el nivel de vida entre estos países más ricos y los más pobres, ha pasado de 4 a 1, en el lapso de 100 años, a 50 a 1, y ello fue consecuencia que la libertad en la gente operó para que desarrollaran las conductas necesarias para modernizar sus economías y generar riqueza[7].

Sin dudas que los intervencionistas debieran explicar lo sucedido en apenas los últimos 150 años en los que desde la revolución industrial, el capitalismo dotó a la humanidad de ingentes riquezas, medios de subsistencia, así como mejoras de sus ingresos y condiciones de vida.

En especial los países desarrollados supieron comprender que el Estado no debe intervenir más allá de lo razonable, ya que toda intervención deviene en distorsiones luego difíciles de corregir y que originan crisis cuya génesis se encuentra en las irresponsables decisiones políticas y de política económica de los gobiernos y la banca.

El Estado solo debiera garantizar la libertad, el derecho de propiedad, reglas claras y estables de funcionamiento, con seguridad jurídica, así como un irrestricto respeto a las leyes para el buen funcionamiento del mercado, es decir: todo lo que permite el crecimiento económico y una mejora sustancial en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad.

¿Cómo promover una sana inversión a largo plazo en un territorio que es tóxico y hostil? ¿Cómo crear riqueza en unos países que se dedican principalmente a rapiñarla y consumirla? ¿Cómo lograr una cierta previsibilidad a largo plazo en los cálculos empresariales cuando la nota dominante es la imprevisibilidad?⁶

¿Qué otra forma existe de generar riqueza?,..¿Es el Estado acaso el que ha demostrado ser eficiente en la asignación de los recursos?,.. Muchos países de nuestra región – otros ya han iniciado su despegue – y el nuestro en especial son un ejemplo de la inoperancia del estado, y no solo porque se considere que han imposibilitado el normal desarrollo del mercado, sino porque la clase política nos ha convencido – y lo hemos aceptado – que ellos: administradores de los recursos del estado, nos pueden ofrecer desde el mismo y por sus acciones, una mejor salvaguarda a nuestras aspiraciones. Y este fue el argumento que justificó una creciente y desmedida intervención estatal, ahogando al acrecentamiento de un mercado que hubiera posibilitado un mayor crecimiento económico y mejor desarrollo social.

Peor aún, estos gobernantes – considerándose a sí mismos portadores del “bien común” y representantes de las aspiraciones de los ciudadanos – que no son más que simples “populistas”, terminan por suponer que ellos mismos resultan indispensables para sostener los programas de gobierno y las políticas públicas aceptadas con cierto consenso y en ese camino degradan las instituciones, se afanan por perpetuarse en el poder a cualquier costo y sus acciones políticas manipulan la opinión pública, intentando que no salga a la luz, que confunden el poder público con sus intereses personales.

También se nos ha convencido que el origen de todos nuestros males son las inhumanas y despiadadas fuerzas egoístas del mercado,.. desconociendo que es precisamente este el que posibilita las relaciones de intercambio y mejora, basado en el interés individual, y que a largo plazo alcanza a todos los miembros de la sociedad: a unos en mayor y a otros en menor medida, ya que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, ni todos somos capaces de apropiarnos del conocimiento y de los recursos al mismo tiempo.

Y es esta condición: “con seguridad a unos más y a otros menos”, la que más ha intervenido para convencernos de falsos igualitarismos.

Al decir de W. Churchill: “…el vicio inherente al capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones; mientras que la virtud inherente al socialismo es el reparto inequitativo de las miserias…”

Pero el mercado tiene su propia condición moral, si bien es cierto que no es posible su buen funcionamiento sin alguna regulación que limite los excesos, tampoco es sustentable un estado que funcione sin los recursos que el mercado le provee. Es decir: existen algunos límites necesarios en un mercado libre que se supone necesario para el crecimiento y desarrollo social,.. pero de la misma manera debieran existir límites precisos a la intervención del estado, que no lo puede todo y frecuentemente lo que puede lo hace mal.

Al decir de R. Nozick: “…convengamos que el mercado puede ser ineficiente, pero el Estado lo es siempre mucho más,…”

Lo que resulta confuso e injusto a la mente humana es que percibe que en muchas circunstancias el mercado no puede alcanzar el óptimo paretiano[8] y es por lo mismo que espera de la intervención del estado la resolución de estas denominadas “fallas del mercado”, mediante regulaciones e intervenciones directas, que supone erróneamente más equitativas y eficientes.

Y aunque es cierto que existen quienes quedan rezagados, porque no alcanzan a valerse por sí mismos, es que se entiende que de ellos es de quienes debería ocuparse subsidiariamente el estado. A ellos deberían alcanzar eficientemente las políticas públicas. Porque “…no existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas (…) como en el caso de la enfermedad y el accidente , (….) Esta demanda de seguridad es, pues, otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los meritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos del hombre”.[9]

Es de esta forma – y pocos son los que ya discuten la idea – que se implementan las políticas públicas, con el objetivo que el estado lleve adelante acciones que provean a maximizar el bienestar general.

Difícil es describir el alcance de los términos e inclusive cuales son las acciones mejor costo-efectivas para proveer al bienestar general. Con seguridad lo que es bueno para muchos puede resultar innecesario o incluso perjudicial para otros.

De igual forma se acepta que además de las funciones originarias del estado (representatividad, seguridad, defensa, definición de normas y Justicia), puede intervenir en regular los procedimientos más adecuados para facilitar el acceso a los así denominados “bienes públicos”, cuya definición también resulta difícil más allá de la conocida: “…no exclusión y no rivalidad,…” Y ello en especial por las diferentes características de los así denominados: bienes de interés público, pues depende de cómo se lo analice e interprete, todo puede llegar a ser “de interés público” y eventualmente todo en lo que interviene el estado lo es, pues de una u otra manera afecta nuestras vidas.

Esto significa con claridad que existe aceptación prácticamente universal sobre la intervención del estado en la generación de condiciones que permitan alcanzar a todos determinados bienes de interés común – y que maximizan el bienestar general – como pueden ser salud y educación, así como por lo menos es dudosa su efectiva forma de intervención.

Y otro aspecto que debe mencionarse es que no en todos los casos en los que se espera la intervención del estado, este debe hacerlo de la misma manera dadas las distintivas características de los bienes públicos.

Por ejemplo, la facilitación de los mecanismos para que estos bienes públicos se encuentren al alcance de todos no significa necesariamente que los mismos deban ser provistos por el estado.

La excesiva intervención tiene grandes riesgos, aunque el discurso político nos haya convencido de lo contrario.

Es por ello que – aunque se acepta la idea y necesariamente se la promueve – las salvedades y resguardos también fueron hechos, ya que se advierte que aún siendo menor el intervencionismo estatal siempre se producen importantes transformaciones en la economía, que además tienen importantes ciclos y diversa evolución, porque están ligadas indisolublemente a los cambios demográficos y epidemiológicos (cuando se trata de cubrir las necesidades de previsión en vejez, y enfermedad) y a los ciclos económicos cuando se trata por ejemplo de cubrir el desempleo.

Por otra parte todas estas intermediaciones de los agentes del estado permiten un importante paso facilitador de la corrupción. Porque es así cuando los políticos ponen sus propios intereses por encima de los del público o cuando los oficiales del gobierno exigen dinero y favores de los ciudadanos por servicios que deberían ser libres. La corrupción termina siendo no sólo un “ensobrado” y pagos con dinero, sino también una grave afectación de las instituciones, con toma de decisiones erróneas que afectan nuestras vidas[10]. Sin mencionar además los enormes costos de transacción que se generan – y que paga toda la sociedad – y los costos de oportunidad que origina la distracción de recursos que podrían ser más útiles en satisfacer las necesidades de la gente, que en engrosar los bolsillos de los funcionarios.

Aunque algunos – afortunadamente escasos – pensadores puedan defender el populismo como una forma de participación ciudadana, en realidad establece una relación de dependencia entre “el cliente” y el administrador (el gobernante y sus funcionarios) de los recursos: la intervención del estado permite discrecionalidad, amiguismo y prebendas, en las transferencias todo lo cual promueve su uso político. Mientras el cliente queda dependiente y subordinado al beneficio que le otorga su benevolente proveedor.

El financiamiento de las acciones prebendarías – y de las otras – por parte del estado requiere recursos crecientes, se trata de una infinita espiral inflacionaria del gasto público, que tiene raigambre en su misma funcionalidad. El gasto público creciente puede financiarse por varias vías: por ejemplo la venta de activos, el endeudamiento, el cobro de impuestos, la venta de servicios y la emisión monetaria.

En nuestro país el gasto público alcanza el 40% del PBI[11], y existe una relación inversa (en el análisis inter-temporal) entre gasto público y crecimiento. Aunque la evidencia empírica no es concluyente, porque ello depende de la orientación final (siempre discrecional y política) que se dé al mismo gasto. Es decir: no solo es importante cuanto se gasta, que sustentable es, sino cómo y en qué.

Un ejemplo claro de lo anterior encontramos en estos momentos en las diferencias existentes entre países de un mismo bloque: aquellos que a pesar de haber intervenido con fuertes políticas públicas (Alemania, Estonia, Suecia, Finlandia, etc.) y teniendo un importante gasto público, se han ocupado de generar condiciones para incrementar su tasa de capitalización, con lo que producen más y pueden sostenerse con baja tasa de desempleo. Mientras que otros (España, Portugal, Italia, Grecia, etc.), a la par que han intervenido de igual forma – pretendiendo dar “todo a todos”, con un exceso en el gasto – no han logrado desarrollar genuinamente un sistema productivo que lo sustente.

Lo incomprensible del tema es que “los indignados” de Europa, requieran ahora lo mismo que – con variantes – los condujo a la situación en la que hoy se encuentran: mayor gasto para responder a mayores demandas,.. sin considerar que “…no hay almuerzo gratis,..” (M. Friedman) y que resulta insostenible un gasto importante, sin un aparato productivo que lo respalde.

La explicación se sustenta a que el gasto público solo puede mantenerse constante (o incremental) en el tiempo si el sistema productivo es suficiente como para generar la riqueza que ese gasto requiere.

De otra forma – incluso este es tema de debate en Europa en este momento – el equilibrio fiscal solo puede mantenerse mediante un recorte en el gasto (cuestión duramente resistida por “los indignados” que verían recortados sus beneficios) o una suba de los impuestos. En cualquier caso se trataría de una transferencia de recursos.

Otra forma podría ser el endeudamiento, pero esto a su vez exige que la deuda un día se pague. Es decir: puede estar hoy en el límite de lo que se puede asumir con perspectivas de pago, o bien comprometer a las generaciones futuras.

Se ve entonces que la única forma de afrontar genuinamente la intervención del estado y el gasto público que ello genera, es que su intervención no llegue a sofocar la actividad productiva del mercado.

En el discurso político de nuestros gobernantes en la Argentina actuamos sobre el supuesto erróneo de haber logrado el desendeudamiento. Pero ello no es cierto ya que “la reestructuración de deuda de 2005 no habría desendeudado a la economía argentina, en términos del PBI, con respecto a la situación de 2001. Esto ocurre porque, además de que se reestructuró sólo una parte de la deuda que entró en default 2001, el Gobierno Nacional siguió emitiendo deuda en 2002; 2003 y 2004 (entre el default y la reestructuración).

En 2006 y 2011 sucede lo contrario; hay un aumento nominal del nivel de endeudamiento, pero una caída de la relación Deuda/PBI. Entre 2005 (US$128.630 millones) y 2011 (US$178.963 millones), la deuda nominal creció 39.1% (US$50.333 millones), pero su peso cayó 28.9 puntos porcentuales en términos del PBI. En pocas palabras, a pesar de que el peso de la deuda disminuye en relación al Producto, su nivel nominal sigue creciendo, desvirtuando en alguna medida la política de desendeudamiento oficial…”[12].

De esta manera no solo continuamos incrementando la deuda, sino que a su vez la política pomposamente denominada “de desendeudamiento” conduce a mantenernos al margen del sistema financiero internacional, precisamente cuando existen capitales que podrían contribuir mediante inversiones a nuestro desarrollo.

No es por ello llamativo que seamos uno de los países de la región que han tenido la menor inversión externa. Según un informe de la consultora AMF, en 2012 la inversión externa se desplomó nada menos que un 75% respecto al 2011. El año pasado la Argentina sólo recibió el 1,4% de las inversiones que entraron a Latinoamérica y el Caribe[13]. Y ello perpetúa nuestra dependencia del subdesarrollo. De tal forma como contribuyen otros factores, dependientes de políticas económicas distorsivas que responden a medidas de coyuntura y de nefastas consecuencias a largo plazo.

Además de lo expuesto en nuestro país asistimos a su vez asombrados a la implementación de políticas que irresponsablemente agravan nuestra condición: 1) la expansión de la masa monetaria (vía emisión) que alcanza al 40% interanual[14], y que impacta en la economía por ser uno de los factores reconocidos más importantes en la generación de inflación y 2) la presión impositiva vía recaudación que pasó, entre los años 2002 y 2012 del 19,9% al 36,7% del PBI, es decir que bastante más de un tercio del ingreso generado por el país es apropiado por el Estado a través de los impuestos[15].

No se trata de un problema menor: la supervivencia de un estado prebendario e ineficaz, clientelar y corrupto, que ofrece servicios ineficientes, además ahoga a la actividad económica que es la única que puede generar riqueza genuina.

Es por ello que nos encontramos en una situación en que el empleo público crece más que el privado, casi el 45% de estos últimos se encuentran con temor a perder su empleo[16] y más del 40% de todos los empleados se encuentra en condiciones de informalidad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en las intervenciones del estado es que la definición de políticas se deja en manos de supuestos expertos que siempre se encuentran identificados con el poder político de turno y por lo mismo responden a los intereses políticos,.. ¿no es esta acaso una de las circunstancias por las que el estado termina siendo colonizado (casi por asalto),.. por grupos afines,.. por un pensamiento único, que es lo mismo que decir: una única forma de ver las cosas?

Esta distorsión que produce la intervención del estado afecta en su matriz la eficiencia y efectividad lo que de las políticas públicas se espera. Y es por lo que los jubilados terminan siendo más pobres, los servicios que se brindan en salud y educación se ven afectados en su calidad y solo se sostienen por el esfuerzo y dedicación de unos pocos aplicados con esmero.

Es importante considerar que las políticas públicas deberían ser un denominador común en la solución de los problemas que afectan a la gente pero además poniendo razonabilidad en maximizar el bienestar general. Por ejemplo – y aunque parezca un perimido argumento utilitarista – las políticas de salud debieran promover una población más saludable, no solo por razones humanitarias y morales, sino porque es sabido que una población más sana es a su vez más productiva. Y ello es útil al país.

Otro planteo que ha cambiado sustantivamente las condiciones en las políticas de salud y el requerimiento de dilución del riesgo mediante el aseguramiento es que dada la impresionante innovación tecnológica – que indudablemente ha mejorado las perspectivas en lo referido a la disponibilidad de recursos para facilitar procedimientos diagnósticos y terapéuticos – nos ha convertido a la par a todos en “pobres” para afrontar individualmente los costos.

Lo mismo – aunque en otra dimensión – sucede con las políticas educativas, o en áreas como energía, e infraestructura (aunque en todos los casos el estado entiendo que debe ser solo un facilitador y no necesariamente un proveedor), mientras se defina que, cuanto, para qué y en qué medida es necesario y sustentable.

Los planes de asignaciones para los más desfavorecidos deberían poder ser reemplazados – en lo posible – y en el mediano o largo plazo por ingresos genuinos generados en el mercado productivo del país. La prolongación en el tiempo de manera prebendaría solo beneficia al gobernante dadivoso, pero excluye al receptor de un futuro venturoso.

En nuestro país ya existen hasta tres generaciones de receptores de planes que suponen recibir “lo posible”, y se mantienen sin siquiera “lo suficiente”, por debajo de las condiciones mínimas de dignidad y sin posibilidades de acceder a un futuro mejor.

Ello pone en evidencia que nuestro país no produce lo necesario. El aparato productivo ha sido ahogado por el estado, en el que hemos encontrado refugio todos, como si este pudiera darnos cobijo y satisfacer nuestras necesidades sin requerir de nadie que lo sustente.

Y ello incluye a los empresarios – no solo los amigos del poder – que haciendo gala (salvo honrosas excepciones) de una increíble inoperancia han buscado también su propio rédito: ser protegidos arancelariamente y/o ser subsidiados (subsidios directos o indirectos) también por el estado.

Todos estos desvíos ocurridos por políticas discrecionales nos colocan en situación de desventaja, no solo con los países desarrollados sino incluso con muchos de nuestros propios vecinos, que han comprendido que nada se puede recibir sin desarrollar un aparato productivo suficiente y que además nos permita insertarnos en el mundo.

Solo de ese modo las políticas públicas ascienden el primer escalón que es hacerse posibles. Pero ello no significa que sean eficientes, o equitativas o que sus resultados sean los deseables, que son escalones superiores.

De esta forma vemos como se desnaturalizan y falsifican desde el poder las políticas públicas, porque el irresponsable accionar de los gobernantes puede hacernos creer que todo lo que hacen es lo que se les ha requerido con la confianza del voto y que es lo que la gente necesita, aunque no sea así. Ya que por un lado las mismas resulten insuficientes, ineficientes e inequitativas y por otro pongan en riesgo de sucesivas y evitables crisis económicas al país, por el dispendio de sus recursos.

Porque el estado cuando interviene sin límites, tiende a extender sus acciones más allá de lo que debe y como consecuencias:

Malgasta el dinero de los contribuyentes,
Subsidia discrecionalmente para obtener la mayor cantidad de votos, quitando recursos a los más productivos,
Tiende a ser deficitario endeudándose, emitiendo y generando inflación, en lugar de reducir el gasto público,
Distribuye privilegios y no alienta al empresariado productivo, generando incentivos inversos,
Genera mercados cautivos, en lugar de alentar la mejora de los servicios basados en la competencia,
Acrecienta la cantidad de organismos, funcionarios y empleados públicos, lo que conduce a un mega-estado que subsiste a costa del sector productivo,
Desalienta los votantes libres de influencia y aumenta los cautivos del presupuesto público.[17]

Entonces: ¿qué es lo que nos diferencia de lo que han logrado otros países ya desarrollados y muchos vecinos ya caminan en el mismo sentido, mientras nosotros quedamos rezagados?

Y en este punto he analizado y acuerdo que juega un importante papel la calidad de nuestras instituciones[18],.. pero considero además que es importante analizar la lógica con que se moviliza la acción colectiva en nuestra sociedad (que por un buen tiempo puede ser manipulada),.. pero más aún es importante la calidad de nuestros gobernantes y su séquito de aduladores que – lealtad partidaria mediante – se juegan su propio destino político.

[1] Rousseau, J. J. “Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes” (1755) y “Du contrat social” (1762)

[2] Owens, P. “From Bismarck to Petraeus: The question of the social and the Social Question in counterinsurgency”. University of Sussex, UK (2013)

[3] Keynes, J. “Teoría General del empleo, el interés y el dinero” (1936).

[4] Beveridge, W. “Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services” (1942)

[5] Rawls, J. “Theory of Justice” (1971)

[6] Rallo, J. R. “El circo del estatismo europeo” (2013) http://www.libertaddigital.com/opinion/juan-ramon-rallo/el-circo-del-estatismo-europeo-67553/

[7] Clark, G. “A farewell to alms”. Princeton University Press (2007)

[8] Dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás.

[9] Hayek, F. “Caminos de servidumbre”. Ed. Alianza, Madrid (1995)

[10] Transparecy International http://www.transparency.org/cpi2012/results

[11] Massot & Monteverde “El gasto público ya es 45% del PBI…” http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2012/07/el-gasto-publico-ya-es-45-del-pbi-pero.html (2013)

[12] Economía & Regiones Consultora. http://www.economiayregiones.com.ar/es/index.php (2012)

[13] AMF Consultores http://www.amfeconomia.com/ (2013)

[14] Rossi, R. “El financiamiento de la inflación” http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2012/09/el-financiamiento-de-la-inflacion.html (2012)

[15] IDESA (Inf. Nº 487) http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2013/04/cargas-sociales-explican-un-tercio-de.html (2013)

[16] Kritz, E. SEL Consultores (2013)

[17] Buchanan, J & Tullock, G. “The calculus of consent: Logical foundations for constitutional democracy” (1962)

[18] http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social, Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.