Sobre rentas y beneficios

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2021/04/sobre-rentas-y-beneficios.html

Los tributaristas dicen que el impuesto a la renta debe ser nacional. Sin embargo:

«Ello no fue óbice, lamentablemente, para que las provincias disputaran esta facultad de la Nación y que se haya escrito mucha literatura al respecto. Restituido el país a su normalidad constitucional, el 20 de febrero de 1932, se abocó al estudio de la ley que el gobierno del general Uriburu había sancionado en forma de decreto-ley dos años antes y en fecha 30 de diciembre de 1932, bajo el número 11.632 se sancionó la ley sobre el impuesto a la renta que nos rige. Si bien con numerosas reformas en punto a las cuotas imponibles y a las eximiciones.»[1]

Ya pusimos de relieve nuestra posición al respecto: si ha de haber impuestos -y se sostiene el principio federalista- ha de reconocerse a las provincias plena autonomía para crearlos. Esto es plenamente compatible con el principio republicano de delegación. La nación existe en función del poder delegado por las provincias a ella, y conservan aquellas todo el poder no delegado.

Pero, sin necesidad de una reforma constitucional (siempre peligrosas por la constante tentación de los políticos de aumentar su poder a través de ellas) se podría reglamentar el art. 75 inc. 2° de la Constitución de la Nación Argentina (que ha reemplazado al antiguo art. 67, inc. 2°) definiendo con criterio sumamente restrictivo qué ha de entenderse y qué no por «la defensa, seguridad común y bienestar general» a fin de que no sea discrecional del poder de turno y mayorías circunstanciales incluir en dichas categorías cualquier cosa que a los nuevos gobiernos se les ocurra para poder gravar con impuestos al pueblo en nombre de esos conceptos ampliamente ambiguos y vagos. Es necesario delimitarlos por ley, aunque podemos imaginar la resistencia de los legisladores para restringir algo que, con la redacción actual del texto constitucional, pueden interpretar amplia y libremente en cualquier sentido que, obviamente, siempre será favorable a sus propios intereses.

«Originariamente se dictó hasta el año 1934. Se gravan las rentas derivadas de fuente argentina, a favor de nacionales o de extranjeros residentes en el territorio argentino. Se opta por el sistema de la renta neta. Ella admite excepciones a favor de las rentas de títulos de deuda pública, aunque no con carácter absoluto; de rentas que obtengan la Nación, las provincias y municipalidades; de los diplomáticos; de las sociedades cooperativas; de las donaciones con fines de interés público; primas e indemnizaciones de compañías de seguros e indemnización por accidentes del trabajo.»[2]

La renta neta es la que resulta luego de deducidos los costos de la actividad que la produjo. Pero he aquí que, el impuesto es un costo desde el punto de vista económico, ergo, la renta no es neta hasta que se le hayan deducido todos los costos. No existe ningún argumento económico ni tampoco jurídico (excepto incurrirse en flagrante injusticia por ignorancia) por el cual se pueda negar el carácter de costo del impuesto. Siendo esto así, la renta que se grava no es neta sino bruta. Y como el costo del impuesto no se deduce por parte del fisco, la única renta neta propiamente dicha seria la que se percibe en un sistema libre de impuestos (deducidos todos los demás costos que la afectan).

¿En qué sentido usa este autor la palabra renta? Para descubrirlo veamos el concepto económico de renta:

renta. En la economía política clásica la renta era una de las tres fuentes de ingresos que distinguía a las tres grandes clases de individuos existentes en una sociedad: así como los capitalistas recibían beneficios y los trabajadores salarios los propietarios de tierra y de bienes inmuebles recibían rentas, que eran los ingresos correspondientes a la propiedad de ese factor de producción. De allí surgió el término rentista para designar a la clase de personas que obtienen sus medios de vida arrendando propiedades o recibiendo intereses por capitales puestos a interés.

En el sentido moderno renta designa los cobros de los individuos, de las sociedades o del gobierno que derivan del trabajo de las personas o de la propiedad de los factores de producción. La renta implica frecuentemente un cobro monetario, pero en sentido estricto existe una diferencia conceptual de importancia: los cobros monetarios representan la forma en que se liquida la renta, intercambiándola por el dinero, que es un título general de valor.

Pero la renta en sí puede consistir en una utilidad específica, como la que obtiene la persona que vive en la casa de la cual es propietaria, o en un ingreso que se suma al que proviene de otros factores productivos, como en el caso de un propietario rural que vende sus productos obteniendo a la vez beneficios y rentas.

En un sentido general las rentas personales asumen la forma de salarios, intereses, beneficios, dividendos y pagos por arrendamientos; estos últimos constituían, en el sentido tradicional del término, lo que se denominaba también renta de la tierra. En el caso de una empresa las rentas asumen la forma de reservas o beneficios no distribuidos. En el caso del gobierno existen rentas por el uso de la propiedad pública: tierras, construcciones, etc. Los impuestos no son rentas, pues no derivan de la propiedad estatal sino, estrictamente, transferencias del sector privado al sector público. [rent]. (V. BENEFICIOS; SALARIOS; PROPIEDAD).[3]

Entonces queda claro que -en resumidos cuentas- la renta es un beneficio.

Y de este se define que «De los beneficios brutos obtenidos por una empresa, se procede al pago de impuestos, se efectúan las deducciones correspondientes a la depreciación de los activos y se pagan los dividendos que corresponden a las acciones preferidas; el resto, los beneficios netos, suelen ser subdivididos en dos partes: una de ellas es distribuida entre los poseedores de acciones, bajo la forma de dividendos, y otra parte no se distribuye, empleándose para la formación de reservas y/o para el aumento del capital de la firma.»[4]

Lo mismo aplica a los otros sentidos de renta mencionados arriba (salarios, intereses, beneficios, dividendos y pagos por arrendamientos).


[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela.

[4] Sabino, C. Ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿De qué sirve la propiedad privada?

Por Gabriel Boragina. Publicado el 30/9/13 en http://www.accionhumana.com/

Si bien el concepto de propiedad es tan antiguo como el hombre mismo, el de propiedad privada puede decirse que es –en una comparativa histórica- relativamente reciente. La propiedad privada se generaliza (y populariza) con el auge del liberalismo, aproximadamente a partir especialmente desde fines del siglo XVIII y hasta los comienzos del XX.
Explica el Dr. A. Benegas Lynch (h):
«Es habitual sostener que no es posible “dejar todo a las fuerzas ciegas del mercado”. Se piensa que si eso fuera así podría ocurrir que todo el mundo decida producir leche y no haya pan disponible o que todo el mundo se incline por la profesión de la ingeniería y no haya médicos. Estas preocupaciones resultan cuando no se comprende el significado del mercado que está basado en la institución de la propiedad privada y trasmite información dispersa a través de los precios. La propiedad privada, es decir, la facultad de usar y disponer de lo propio, se asigna debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Esos recursos escasos pueden asignarse a muy diversas actividades por muy diversas personas. El sentido del primer ocupante y luego la transmisión de la propiedad por medio de arreglos libres y voluntarios hace que se asigne a quienes son más eficientes para atender las necesidades de los demás.»[1]. Mayor claridad es imposible.
La propiedad privada es lo opuesto al socialismo, lo cual es una de sus características distintivas:
«socialismo significa abolición de la empresa privada y de la propiedad privada de los medios de producción y creación de un sistema de «economía planificada», en el cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es reemplazado por un organismo central de planificación.»[2]
Esta es una de las razones por las cuales resultan absurdas -por autocontradictorias- expresiones tales como «socialismo libertario», o la igualmente ridícula de «socialismo de mercado» o «competitivo».
Que la ley reconozca el derecho de propiedad privada no es, en modo alguno, garantía bastante de que dicho derecho sea respetado. De hecho, la mayoría de las legislaciones del mundo reconocen formalmente el derecho de propiedad, no obstante lo cual se verifica a menudo que el mismo es repetitivamente violado por muchos otros medios. Todo lo cual ya lo había advertido F. A. von Hayek hace tiempo con estas palabras:
«No es en modo alguno suficiente que la ley reconozca el principio de la propiedad privada y de la libertad de contrato; mucho depende de la definición precisa del derecho de propiedad, según se aplique a diferentes cosas.»[3]
Del mismo modo, ya antes, en el siglo XIX, el genial pensador francés Frédéric Bastiat nos demostró como la ley también podía destruir el derecho de propiedad, tal y como lo vemos hoy en día.
Alberdi alertaba, también en el siglo XIX, sobre como el gobierno podría demoler la economía  y la propiedad de un país:
«El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.»[4]
Las lúcidas advertencias alberdianas no fueron lamentablemente escuchadas, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX, donde sus brillantes ideas fueron injustificadamente relegadas al más infundado olvido.
Los gobiernos socialistas o socialdemócratas, o del tipo «estado» -mal llamado- «de bienestar» o «benefactor», siempre son gobiernos cuyo tamaño tiende a crecer indefectiblemente. A la larga, se trasforman en gobiernos grandes o elefantiásicos (como la mayoría de los gobiernos de hoy) y perjudican la propiedad:
«El gobierno pequeño es hermoso. El gobierno pequeño es simple y barato y bueno. El gobierno pequeño responde por sí mismo. No hay lugar para esconder el dispendio y la corrupción en el presupuesto de un gobierno muy pequeño. El gobierno pequeño respeta la libertad individual y la responsabilidad personal y la propiedad privada.»[5]
Para que exista democracia ha de estar precedida antes de un sistema capitalista y –además- incluida por este, y -a su turno- para que tenga lugar este último también es condición imprescindible que exista propiedad privada:
«Se dice ahora con frecuencia que la democracia no tolerará el «capitalismo». Por ello se hace todavía más importante comprender que sólo dentro de este sistema es posible la democracia, si por «capitalismo» se entiende un sistema de competencia basado sobre la libre disposición de la propiedad privada. Cuando llegue a ser dominada por un credo colectivista, la democracia se destruirá a sí misma inevitablemente.»[6]
Estas proféticas palabras de Hayek se han visto cumplidas hoy por doquier, donde quiera que observemos el mundo vemos pseudodemocracias u otras mal llamadas así, dominadas por diferentes credos colectivistas. Sin propiedad privada no hay democracia de ninguna índole.
Generalmente, -y ya en la vida diaria- la propiedad privada es aquello que la mayoría de la gente critica en los demás, pero –por el contrario- no critica en ellos mismos, demostrando tales fustigadores una buena dosis de envidia. Es más fácil, por supuesto -para muchos- esperar que sean «los otros» los que se desprenden generosamente de sus posesiones que los primeros.
La propiedad privada es el único medio por el cual se puede combatir eficazmente la miseria y la pobreza que aun asola el mundo. Todos los demás sistemas han fallado irremediablemente. Por ello todo ataque a ella conduce a la miseria.


[1] Alberto Benegas Lynch (h) «El liberalismo como respeto al prójimo». Especial para “Contribuciones”, Fundación Adenauer. pág. 4.
[2] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág.  pág. 62.
[3] Hayek, Camino….ob. cit. pág. 68
[4] Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. pág. 181
[5] Michael Cloud. Secretos de la persuasión liberal. Instituto de Libre Empresa 2008. Pág. 132
[6] Hayek, Camino….ob. cit. pág. 103

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

Quien emprende aprende

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 10/5/13 en http://www.larazon.es/detalle_opinion/noticias/2238800/opinion+columnistas/quien-emprende-aprende#.UY9PrbXOuSo

Quien emprende aprende que el emprendedor, como se llama ahora púdicamente al empresario de toda la vida, no es un siniestro explotador que empobrece al prójimo sino que es el creador de riqueza y empleo por excelencia. Y es un paradigma de la sociedad abierta. Por eso no resulta casual que los mayores enemigos de la libertad siempre sean los mayores enemigos de los empresarios, y de las dos instituciones económicas fundamentales de la sociedad libre: la propiedad privada y los contratos voluntarios.

Quien emprende aprende que la generación de bienestar social, característica de la labor empresarial, no es nada de lo que el empresario tenga que avergonzarse, porque lo ha conseguido arriesgando sus recursos, y jamás imponiendo a los ciudadanos los bienes y servicios que ofrece a la venta. Ésta es la diferencia radical entre el mercado y la política. En el mercado el empresario sólo gana si sus clientes también lo hacen, es decir, sólo gana si sus clientes compran libremente lo que él vende, algo que sólo harán si piensan que lo que compran vale más para ellos que el dinero que entregan a cambio. Así es como el mercado crea riqueza para todas las partes contratantes. En cambio, lo que debería suscitar vergüenza es lo contrario del emprendimiento, a saber, la coacción política y legislativa. Allí sucede que los ciudadanos nunca pueden elegir no comprar y no pagar. Se habla con desprecio de los mercaderes, pero a los mercaderes podemos no pagarles: basta con que no les compremos su género. No es así con los políticos y los burócratas de las administraciones públicas, a quienes debemos pagar a la fuerza, mediante impuestos, y padecer toda suerte de regulaciones y limitaciones al libre uso de nuestras propiedades y a nuestra capacidad de contratar con las demás personas físicas y jurídicas.

Quien emprende aprende que el beneficio empresarial nunca está garantizado. Desde púlpitos, cátedras y tribunas sin fin, ese beneficio es denostado como un ingreso ilegítimo, excesivo o cruel. De hecho, hasta la propia palabra «lucro» tiene un eco casi obsceno, como si fuera una suerte de apropiación indebida, o en todo caso, indigna. Nada está más lejos de la verdad. El beneficio empresarial es un ingreso digno, producto de la relación libre entre los ciudadanos, como acabamos de comentar. Asimismo, deriva de un riesgo que casi nunca es ponderado: el riesgo de perder todo el capital. El que haya tantos trabajadores y tan pocos empresarios se explica por esa asimetría en el riesgo. En efecto, un trabajador puede perder su empleo, un riesgo real, y de hecho multiplicado por las intervenciones de las autoridades, supuestamente diseñadas y aplicadas para proteger los «derechos laborales», pero que en la práctica se traducen en más paro para más personas durante más tiempo. Ahora bien, al perder su empleo, el trabajador prácticamente nunca pierde su capital. Un camarero puede ser despedido, pero no por eso deja de conocer su oficio. Una ingeniera de caminos puede ser despedida, pero no por eso le arrebatan el título de ingeniera ni los conocimientos teóricos y prácticos de su formación y especialidad. Es decir, los trabajadores conservan casi siempre su capital humano, que pueden poner en funcionamiento en otro empleo. En cambio, el empresario, si la empresa quiebra, no sólo pierde su trabajo si está allí ocupado, sino que puede perder absolutamente todo el capital que invirtió en ella. Es interesante que pocos recuerden ese riesgo cuando despotrican contra las ganancias de los capitalistas.

Quien emprende aprende que el empresario no tiene que «devolver» nada a la sociedad. Sólo deben devolver los que han robado, y los empresarios no roban, es decir, no arrebatan los bienes de los demás mediante la coerción. Sin embargo, se extiende la idea de que los empresarios deben tener «responsabilidad social», un concepto vaporoso pero que destila la noción de obediencia al poder, un poder, claro está, al que nadie le pide «responsabilidad social», y mucho menos que «devuelva» los bienes ajenos de los que se apropia.

Quien emprende aprende a desconfiar de los políticos que aseguran que la mejor manera de ayudar al emprendedor es poblar el Estado, las comunidades autónomas y los municipios de burocracias más o menos simpáticas y comités de expertos más o menos independientes dedicados a promover el emprendimiento. En este campo, como en tantos otros, la labor de la política es tan importante como mal ponderada. No se trata de montar nuevos departamentos oficiales, con más funcionarios y más presupuesto. Y no, tampoco se trata de subvencionar, peligrosa actividad que distorsiona incentivos y anima toda suerte de conductas ineficientes, en el mejor de los casos. Se trata de algo más simple, porque no requiere hacer sino dejar hacer, y a la vez más complicado, porque la política contemporánea no concibe hacer el bien sin intervenir activamente.

Quien emprende, en suma, aprende que los políticos pueden hacer, pero casi nunca hacen lo que deben para ayudar a los empresarios. A saber, dejarlos en paz.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.