Ninguna causa justifica la tortura

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 23/7/07 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/ninguna-causa-justifica-la-tortura-nid928080

 

Se debate en diversos foros la posición de Estados Unidos sobre los llamados “interrogatorios coercitivos”, al tiempo que existe el agujero negro de Guantánamo y agentes gubernamentales subcontratan torturadores en terceros países, como quedó documentado en un meduloso libro de Stephen Grey. Asimismo, la lucha antiterrorista que ha tenido lugar en buena parte de América latina sigue dando lugar a discusiones.

César Beccaria, el precursor del derecho penal, escribe: “¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o es incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos, porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente”. Concluye Beccaria: “No vale la confesión dictada durante la tortura”.

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso si se conjetura que determinada persona sabe quién hará detonar una bomba, y aunque se sospeche de que es cómplice del hecho. No resulta aceptable argumentar que hacer sufrir a una persona queda compensado por las muchas vidas salvadas. Cada persona tiene valor en sí misma. La vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances, como si se tratara de carne en la balanza de la carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que los jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

Además, el ejemplo de la bomba supone más de lo que es posible suponer. Parte de la base de que el torturado posee la información, de que la bomba existe y funciona, de que el sospechoso trasmitirá la información correcta, de que la tortura se limitará a ese hecho, etcétera.

A veces se formulan interrogantes de este tipo: ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado? En realidad, son preguntas tramposas, como las que aparecen en las life boat situations : en caso de encontrarse en un naufragio, ¿usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas preferidas por el titular? No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente, los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano. Se practicaba todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaban niños a los dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados.

En un proceso evolutivo, los conquistadores tomaban después a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes”, según la horripilante denominación de entonces). En la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los vencidos. Pero en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales”, en lugar de eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

Michael Ignatieff escribe: “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos, y la tortura es la más ilimitada, la forma más desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”.

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura”, como consecuencia de la antes mencionada subcontratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la existencia de Guantánamo. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana, que, mientras declama el Estado de Derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos mientras se estima aceptable someter a suplicios a no estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo, puesto que adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes se supone que están defendiendo el derecho.

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que la guerra es siempre terrible y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso el juicio sumario con todas las garantías, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar, pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

Claro que la hipocresía no sólo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo, sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustada en ciertos personajes que alardean de proteger derechos humanos (lo que, como hemos dicho en estas columnas, constituye un grosero pleonasmo, puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia, al desconocer los crímenes atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad es dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea de la interrupción del derecho: viene de Roma. Se ha escrito muchísimo sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista a algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra cómo la legislación sobre sedición y sobre extranjeros de 1789, la de espionaje de 1917, otra vez la de sedición de 1918 y la orden ejecutiva de F. D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales, sin que ofrecieran mayor seguridad.

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista”, debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos, y “ni uno de los 112.000 fue imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias”.

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos, a raíz de las agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía: “Aquel país que renuncia a algunas libertades en nombre de la seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es, en verdad, la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante: “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho. (…) Es imposible buscar el derecho sin el derecho. Formalmente, nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Acerca de la portación y tenencia de armas:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/7/12 en: http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7393

Es notable el marcado contraste en el continente americano entre el mundo anglosajón y el latino en cuanto a la concepción original de gobierno. En el primer caso, se trató de funcionarios a los que se desconfiaba respecto a las posibilidades de abuso de poder y que, por tanto, había que controlar y limitar severamente en sus funciones al efecto de garantizar los derechos de quienes venían escapados de la intolerancia y la persecución gubernamental. En el sur, en cambio, la idea de gobierno parió con la noción de conquista (salvo casos excepcionales como el extraordinario Fray Bartolomé de las Casas) y el uso de títulos como los de “reverendísimo” “excelentísimo” y sandeces equivalentes que muestran servilismos a todas luces improcedentes dirigidos a meros empleados de ciudadanos libres. Después de la llamada independencia, como pronosticó Juan Bautista Alberdi, dejamos de ser colonos de los españoles para serlo de nuestros propios gobiernos durante buena parte de las historias latinoamericanas. Recién ahora, en Estados Unidos, lamentablemente, se nota una modificación sustancial en dirección a inflamar las atribuciones del Leviatán.
 
En todo caso en buena parte de la historia estadounidense, la libertad estaba garantizada y cuidada en grado sumo. Su Constitución estableció prioritariamente la tenencia y portación de armas al efecto de defenderse de los agresores a los derechos, comenzando por el gobierno que consideraban una simple repartición para la proteger al ciudadano el cual no debía encontrarse desarmado y desguarnecido, del mismo modo que el titular de una propiedad vigilada por sus empleados no se desarma frente a ellos sino que los controla. Más aún, como ha escrito Leonard E. Read “Hay sin embargo razones para lamentar que nosotros en Norteamérica hayamos adoptado la palabra gobierno. Hemos recurrido a una palabra antigua con todas las connotaciones que tiene el gobernar, el mandar en un sentido amplio. El gobierno con la intención de dirigir, controlar y guiar no es lo que realmente pretendimos. No pretendimos que nuestra agencia de defensa común nos debiera gobernar del mismo modo que no se pretende que el guardián de una fábrica actúe como el gerente general de la empresa” (en Government: An Ideal Concept).
 
Por su parte S. P. Halbrook en su obra titulada That Every Man be Armed: The Evolution of a Consitutional Right pone de manifiesto el estrecho correlato entre cantidad de homicidios y asaltos con la prohibición de tenencia y portación de armas, y Brian Doherty en Gun Control on Trial muestra que, hasta el momento, la mayor parte de los conocidos tiroteos en ocurridos en lugares públicos en Estados Unidos se originaron en personas que no tenían permiso de portación y tenencia de armas de fuego, ni mostraron inclinación alguna por obtenerlo. Es que como apunta Cesar Beccaria -precursor del derecho penal- el que desea cometer un delito no pide permiso para utilizar armas mientras que la víctima se encuentra en desventaja manifiesta si la obligan a estar desarmada. Escribe Beccaria en On Crimes and Punishments que la prohibición de contar con armas “sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o el agua porque ahoga […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante”.
 
No en vano gobiernos como los de Cuba y los Hitler y Stalin del planeta lo primero que decretan es la prohibición para la tenencia de armas y proceden a la confiscación de las existentes. No por casualidad aconsejan la tenencia y portación de armas desde antiguo autores, entre otros, como Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Locke, Algernon Sidney, Montesquieu, Edward Cooke, Blackstone, George Washington, George Mason, Adams, Patrik Henry, Thomas Jefferson y Jellinek.
 
De más está decir que la tenencia y portación de armas implica penas muy graves por el solo hecho de amenazar a otra persona sin que medie defensa propia (o alardear y exhibir el arma), lo cual incluye la responsabilidad penal por el uso irresponsable de armas que pongan en riesgo a vecinos y procedimientos equivalentes y, desde luego, la prohibición a menores y delincuentes por lo que, igual que las licencias para conducir, en este caso se requieren autorizaciones de las respectivas agencias. Pero tan desacostumbrado está el habitante de países latinos respecto a las tradiciones compatibles con la sociedad abierta, que el permitir la tenencia y portación de armas en estas regiones suena extemporánea, fantasiosa y atrabiliaria (obsérvese que siempre es “el otro” el que sería imprudente) y que solo los gobiernos pueden estar armados aunque permanentemente usen la fuerza para exprimir y explotar a los gobernados y los asaltos y homicidios se multipliquen por doquier. Y cuando aparecen inmensos carteles en los que se retrata un monstruo acompañado de la leyenda “¿Permitiría usted que esta persona porte armas?” no parece percatarse que, precisamente, ese será el que use armas contra víctimas indefensas.
 
El derecho a la defensa propia resulta esencial, para lo que debe comprenderse que en última instancia el problema no radica en las armas peligrosas sino en los sujetos peligrosos. Los asesinos no reparan en leyes que prohíben el uso de armas cuando estas existen o, de lo contrario, cuando rigen requisitos para sus respectivas adquisiciones y, en cualquier caso, siempre sacan partida de personas indefensas tal como lo demuestra, por ejemplo, la masacre de la semana pasada en Aurora y las anteriores de Oakland, Ohio, Orlando, Fort Hood, Virginia Tech y Columbine. Los terroristas tampoco atienden normas ni restricciones de ninguna naturaleza, pero el problema se agrava exponencialmente cuando las víctimas estás obligadas a estar desarmadas tal como ocurrió en los horripilantes hechos del 11 de septiembre de 2001 que, a pesar de las reiteradas propuestas de dos transportadoras aéreas en relación a nuevos armamentos con un mínimo de detonación en vuelo, una ley federal prohibía a la tripulación estar armada por lo que los homicidas pudieron perpetrar sus crímenes con cuchillitos de plástico.
 
Nada que esté al alcance de los mortales será perfecto, de lo que se trata es de minimizar problemas y, tal como lo demuestran los estudios antes mencionados y las propias declaraciones de delincuentes de gran peligrosidad, resulta inmenso el poder disuasorio para un violador el hecho de conjeturar que su posible víctima pueda estar armada.
 
Hace pocas semanas se trasmitió con bombos y platillos por muy diversos medios periodísticos argentinos y extranjeros la noticia que dos encapuchados asaltaron una conocida joyería ubicada en las instalaciones del Alvear Palace Hotel, uno de los hospedajes más elegantes y concurridos de la ciudad de Buenos Aires, y se dieron a la fuga con un suculento botín, negocio que estaba vigilado por guardias privados…¡pero obligados a estar desarmados debido a la legislación vigente!

 Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.