Consensos para bajar la presión tributaria: la Curva de Laffer, Irlanda y Reagan

Por Adrián Ravier: Publicado el 20/7/17 en: https://www.elcato.org/consensos-para-bajar-la-presion-tributaria-la-curva-de-laffer-irlanda-y-reagan

 

Adrián Ravier estima que el gobierno de Mauricio Macri podría simplificar el sistema tributario y reducir la presión tributaria sin necesariamente mermar la recaudación tributaria.

La herencia del gobierno anterior ha sido bastante compleja de desarticular. Ha habido avances en algunos frentes como el monetario y el cambiario, pero han sido claramente insuficientes en el frente fiscal. El gobierno parte de un diagnóstico adecuado. Acepta que la presión tributaria es excesiva para sus pretensiones de recuperar la inversión privada, a la vez que admite el elevado déficit fiscal, que lo mantiene acorralado en su intención de reforma tributaria. El ministro Nicolás Dujovne se ha propuesto para los próximos meses lanzar una reforma tributaria, pero los analistas temen que ésta sólo busque resolver el laberinto fiscal, sin reducir al mismo tiempo la presión tributaria.

Argentina tiene más de 100 impuestos en los tres niveles de gobierno, y las recomendaciones de los especialistas de finanzas públicas sugieren no tener más de 10. Está claro que la simplificación tributaria es necesaria, pero olvidarse de la presión tributaria constituye un error. No debemos buscar reemplazar algunos impuestos con otros nuevos, o elevando las alícuotas de los existentes. Argentina debe eliminar impuestos para alcanzar así el doble objetivo de simplificar el laberinto fiscal y, a la vez, reducir la presión tributaria.

El temor por la recaudación

El gobierno teme que hacerlo pueda implicar una reducción en la recaudación, lo que perjudicaría aun más las metas de acotar el déficit fiscal. Este temor, sin embargo, está infundado. El argumento principal para mostrar el punto no es otro que el conocido modelo de la Curva de Laffer.

La recaudación tributaria surge de multiplicar la “presión tributaria” por una cierta “base imponible”. Si el gobierno estuviera realmente convencido de que la presión tributaria actual inhibe la inversión, entonces debe comprender que desmantelar la mayoría de los impuestos podría impulsar fuertemente la actividad económica y el empleo, lo que incrementaría la base imponible y con ello aumentaría la recaudación. En términos de la Curva de Laffer, parece haber consenso entre los economistas de que la Argentina se encuentra por encima del óptimo.

Otro efecto secundario a la reducción de la carga tributaria es el consecuente impulso en la actividad económica y el empleo, lo que abre soluciones de mercado para muchos de los problemas que hoy el Estado busca resolver por la vía pública. Si reducimos la presión tributaria drásticamente y se crean nuevos puestos de trabajo, entonces el Estado puede reducir el gasto social, porque se reduce el número de necesitados. El efecto es benéfico económica y socialmente.

El consenso sobre la baja en la presión tributaria es tan amplio en economía que hasta ortodoxos y heterodoxos se darían la mano. Los ortodoxos no desconocen que el déficit fiscal es un problema real, pero aplauden desde luego reducir la órbita del Estado para dar lugar al mercado. Los heterodoxos, por su parte, comprenden que reducir la carga tributaria incrementa el ingreso disponible y con ello el gasto en consumo, lo que también da impulso a la demanda agregada en un momento en que la economía real todavía está en una situación delicada.

Irlanda, Reagan y Europa del Este

La evidencia empírica es enorme en esta materia. Quizás el caso más reciente es el de Irlanda, que bajando la presión tributaria logró atraer a numerosas empresas que querían escapar del fisco europeo. El impulso en la actividad económica desarrolló lo que hoy la literatura conoce como “el milagro del Tigre Celta”, básicamente por ser una isla de baja presión tributaria en un océano de Estado Benefactor.

Otro caso digno de mención es el de Ronald Reagan en Estados Unidos, quien bajó la tasa marginal más alta desde el 70 al 28%. En 8 años de gestión, Reagan consiguió reducir la inflación, acelerar el crecimiento económico y mantener prácticamente el mismo nivel de recaudación en relación con el PIB que el que existía cuando llegó al gobierno. Un claro ejemplo del mensaje de la Curva de Laffer.

Si el gobierno además se animara a dejar a un lado el gradualismo, entonces podríamos mirar otros casos emblemáticos en los países del Este de Europa, que emprendieron una transición desde el socialismo hacia las economías de mercado, no dudando en generar un cambio profundo en el frente fiscal para obtener una transformación real de sus economías.

Mauricio Macri está a tiempo de transformar la Argentina, como lo hizo la generación del 37 en tiempos pasados. Pero sin convicción, esta transformación será efímera. La reforma tributaria de Dujovne generará seguramente un impulso positivo en la actividad económica, pero su magnitud dependerá directamente de su convicción para simplificar el laberinto fiscal y también para reducir la presión tributaria.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Los estados son monopólicos, pero la movilidad de los recursos los somete a algo de competencia

Por Martín Krause. Publicada el 20/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/los-estados-son-monopolicos-pero-la-movilidad-de-los-recursos-los-somete-a-algo-de-competencia/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos el capítulo “Competencia institucional y globalización” donde analizamos cómo la movilidad de los recursos genera una competencia entre jurisdicciones donde pesa la calidad de las instituciones:

El proceso competitivo del mercado es eficiente, porque obliga a los proveedores a prestar atención a los consumidores y a sus necesidades. Esto es así porque los primeros necesitan la aprobación voluntaria de los últimos en un intercambio que tiene que ser mutuamente beneficioso para realizarse. En el ámbito de las acciones del Estado eso no sucede, porque quien ofrece los servicios no requiere tal aprobación, al menos directamente. Esta desvinculación entre prestación y pago está en la raíz del problema, y mientras exista el problema de la ineficiencia del monopolio y el abuso de poder subsistirá.

En tal sentido, el proceso de competencia intra-, inter- y extra-jurisdiccional actúa como un mecanismo adicional de control, ya que establece límites a lo que se puede realizar sin el consentimiento explícito de los ciudadanos. En la medida que la movilidad de los factores ejerce presiones positivas y negativas, introduce un mecanismo de premios y castigos que fuerzan al gobernante a prestar atención a esos movimientos y actuar en consecuencia.

Pero estamos hablando de monopolios territoriales, con una imperfecta (aunque creciente) movilidad por parte de los ciudadanos y con imperfecta información respecto a los costos y beneficios provenientes de las distintas jurisdicciones, debido a la ausencia de precios en estos servicios. Por eso la competencia genera mejores condiciones mientras el individuo puede trasladarse, pero, al mismo tiempo, estamos lejos del grado de competencia que existe cuando, sin necesidad de hacerlo, puede optar entre un producto o servicio y otro. Un caso similar al comentado sería el existente en algunos países en relación con las concesiones de servicios telefónicos en redes donde existen distintos proveedores, pero cada uno de ellos con un monopolio regional: el individuo puede ejercer su poder de opción trasladándose de una región a otra, pero no dentro de una de ellas.

No obstante, como hemos visto, ese traslado existe y se hace más intenso a medida que se reduce el tamaño de la jurisdicción a cargo de la provisión del servicio . De ahí que las bondades de la descentralización vayan más allá que el conocimiento de las condiciones específicas de tiempo y lugar, al permitir un incremento proporcional de la movilidad y, por ende, de la competencia.

Las semanas previas a un acto electoral nos muestran una intensa actividad, que bien podríamos denominar “competencia”: los candidatos, al menos durante ese breve periodo, compiten entre sí. ¿Es esa la única competencia en el ámbito de la política? Después de todo, la definición de un “gobierno” es la de poseer el “monopolio” de la coerción y la palabra monopolio sugiere todo lo opuesto a competencia.

No obstante, el análisis económico de la política ha señalado dos formas en las que la competencia “entre gobiernos” se manifiesta. A una de ellas podríamos llamarla “competencia por comparación”: es aquella desde que la gente observa lo que pasa en el gobierno de al lado y demanda políticamente algo similar. Para eso no hace falta que la gente o los recursos se muevan de donde están. La otra forma de competencia es, precisamente, la que genera esa posibilidad de trasladarse de una jurisdicción a otra.

Que los capitales pueden trasladarse resulta claro, pero ¿son también móviles otros recursos? En concreto, ¿se traslada la gente comparando condiciones según un gobierno u otro? La respuesta es, por supuesto, afirmativa. Basta recordar las recientes noticias sobre los africanos que querían ingresar a Europa por Ceuta y Melilla o al ocasional balsero cubano. Suele decirse que, a nivel intergubernamental, la gente “vota con los pies”, y para tener una idea de la calidad institucional en cada caso solo hace falta observar de dónde quiere salir la gente y a dónde quiere entrar.

Los gobiernos están preocupados por esta competencia: la existente entre aquellos que pierden recursos, precisamente porque se les escapa su “base imponible”, y aquellos que los reciben, porque, se sostiene, en un mundo en competencia para atraerlos hay que reducir constantemente las tasas impositivas. Ahora bien, esta es una cuestión mucho más acotada que la anterior: ¿compara la gente distintas presiones impositivas y decide mudarse de un lado a otro cuando solamente hay diferencias en los impuestos?

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

¿Acaso la competencia entre jurisdicciones ‘protege’ al contribuyente como al consumidor en el Mercado?

Por Martín Krause. Publicado el 19/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/acaso-la-competencia-entre-jurisdicciones-protege-al-contribuyente-como-al-consumidor-en-el-mercado/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones, de OMMA-Madrid, vemos el Capítulo 10 sobre Globalización y Competencia Institucional.

El proceso competitivo del mercado es eficiente, porque obliga a los proveedores a prestar atención a los consumidores y a sus necesidades. Esto es así porque los primeros necesitan la aprobación voluntaria de los últimos en un intercambio que tiene que ser mutuamente beneficioso para realizarse. En el ámbito de las acciones del Estado eso no sucede, porque quien ofrece los servicios no requiere tal aprobación, al menos directamente. Esta desvinculación entre prestación y pago está en la raíz del problema, y mientras exista el problema de la ineficiencia del monopolio y el abuso de poder subsistirá.

En tal sentido, el proceso de competencia intra-, inter- y extra-jurisdiccional actúa como un mecanismo adicional de control, ya que establece límites a lo que se puede realizar sin el consentimiento explícito de los ciudadanos. En la medida que la movilidad de los factores ejerce presiones positivas y negativas, introduce un mecanismo de premios y castigos que fuerzan al gobernante a prestar atención a esos movimientos y actuar en consecuencia.

Pero estamos hablando de monopolios territoriales, con una imperfecta (aunque creciente) movilidad por parte de los ciudadanos y con imperfecta información respecto a los costos y beneficios provenientes de las distintas jurisdicciones, debido a la ausencia de precios en estos servicios. Por eso la competencia genera mejores condiciones mientras el individuo puede trasladarse, pero, al mismo tiempo, estamos lejos del grado de competencia que existe cuando, sin necesidad de hacerlo, puede optar entre un producto o servicio y otro. Un caso similar al comentado sería el existente en algunos países en relación con las concesiones de servicios telefónicos en redes donde existen distintos proveedores, pero cada uno de ellos con un monopolio regional: el individuo puede ejercer su poder de opción trasladándose de una región a otra, pero no dentro de una de ellas.

No obstante, como hemos visto, ese traslado existe y se hace más intenso a medida que se reduce el tamaño de la jurisdicción a cargo de la provisión del servicio. De ahí que las bondades de la descentralización vayan más allá que el conocimiento de las condiciones específicas de tiempo y lugar, al permitir un incremento proporcional de la movilidad y, por ende, de la competencia.

Las semanas previas a un acto electoral nos muestran una intensa actividad, que bien podríamos denominar “competencia”: los candidatos, al menos durante ese breve periodo, compiten entre sí. ¿Es esa la única competencia en el ámbito de la política? Después de todo, la definición de un “gobierno” es la de poseer el “monopolio” de la coerción y la palabra monopolio sugiere todo lo opuesto a competencia.

No obstante, el análisis económico de la política ha señalado dos formas en las que la competencia “entre gobiernos” se manifiesta. A una de ellas podríamos llamarla “competencia por comparación”: es aquella desde que la gente observa lo que pasa en el gobierno de al lado y demanda políticamente algo similar. Para eso no hace falta que la gente o los recursos se muevan de donde están. La otra forma de competencia es, precisamente, la que genera esa posibilidad de trasladarse de una jurisdicción a otra.

Que los capitales pueden trasladarse resulta claro, pero ¿son también móviles otros recursos? En concreto, ¿se traslada la gente comparando condiciones según un gobierno u otro? La respuesta es, por supuesto, afirmativa. Basta recordar las recientes noticias sobre los africanos que querían ingresar a Europa por Ceuta y Melilla o al ocasional balsero cubano. Suele decirse que, a nivel intergubernamental, la gente “vota con los pies”, y para tener una idea de la calidad institucional en cada caso solo hace falta observar de dónde quiere salir la gente y a dónde quiere entrar.

Los gobiernos están preocupados por esta competencia: la existente entre aquellos que pierden recursos, precisamente porque se les escapa su “base imponible”, y aquellos que los reciben, porque, se sostiene, en un mundo en competencia para atraerlos hay que reducir constantemente las tasas impositivas. Ahora bien, esta es una cuestión mucho más acotada que la anterior: ¿compara la gente distintas presiones impositivas y decide mudarse de un lado a otro cuando solamente hay diferencias en los impuestos?

Feld y Reulier (2005) han estudiado este fenómeno analizando los cantones suizos desde 1984 hasta 1999. Su conclusión es que, efectivamente, existe una movilidad relativamente importante, inducida por la carga impositiva. La elección de Suiza como objeto de estudio no es caprichosa, pues en ese país los cantones pueden fijar las tasas de impuestos a los ingresos y la diferencia entre ellos es mucho más notoria que en cualquier otro país europeo. Los cantones suizos obtienen el 50% de sus ingresos de estos impuestos y las tasas varían desde el 12% en el cantón de Zug hasta el 28% en Ginebra.

Los autores descubren algunos hechos interesantes. La competencia existe y en el periodo analizado las tasas se han reducido en todos los cantones. Esta competencia parece ser mucho más intensa en cantones vecinos, ya que la gente está más dispuesta a mudarse, por ejemplo, de Zurich a Zug, pero no tanto desde Ginebra, donde las diferencias culturales y de idioma son importantes. Ginebra compite con Vaud y la ciudad de Basilea con el condado del mismo nombre.

Asimismo, esa competencia es mucho más intensa en el nivel de ingresos medios, que va desde 70 mil a 100 mil francos suizos anuales. ¿Por qué? Fled y Reulier sostienen que quienes están en esa franja suelen ser profesionales jóvenes a quienes hay que atraer. Ya después tendrán ingresos mayores, pero también menor movilidad, por cuestiones de familia: hijos, colegios, amistades. Con más ingresos y menor movilidad, ya se puede subir la tasa.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El remedio K es romper el termómetro

Por Aldo Abram. Publicado el 1/7/12 en:

Algunos funcionarios minimizaron el alza del tipo de cambio «paralelo» por su poca operatoria relativa. Es como si uno mirara el termómetro con el que acaba de medir la temperatura del paciente y, como marca 40 grados, lo rompe; porque ¿a quién le importa un pequeño termómetro?

No es la primera vez que el kirchnerismo decide que el mejor remedio es romper el termómetro. A partir de 2007, lo hizo con el Indec y, desde entonces, la inflación es de un dígito; la pobreza y la indigencia están en los niveles de los países desarrollados y, en 2011, crecimos a «tasas chinas». Sería mejor que el gobierno comprendiera que el problema no es el termómetro, que señala la elevada temperatura que tiene el paciente. Al ignorar ese indicador, corremos serios riesgos de que el enfermo se agrave por no recetarle los «remedios» adecuados.

Es un error diagnosticar una «fiebre del dólar» y recomendar la «desdolarización» como solución. En realidad, no es que los argentinos se hayan vuelto locos por tener «billetitos verdes», porque es el color de moda. Lo que sucede es que residentes y extranjeros están huyendo de los pesos y de todo lo que tenga riesgo argentino, para lo cual demandan activos externos.

Entonces, el remedio es recuperar la confianza en el peso y en el futuro del país. Sin embargo, todas las restricciones y controles a la compra de divisas, todas las medidas tendientes a obligar a los argentinos a demandar moneda local, lo único que generan son más incertidumbre y temor. Se interpreta que el Gobierno no está dispuesto a hacer nada para que los atesoremos voluntariamente.

Hasta el tercer trimestre de 2011, nadie hubiera dudado de la capacidad del Banco Central (BCRA) de ejercer cierto manejo del mercado cambiario. Pero el corralito cambiario dejó claro que esa facultad se perdió. No es casualidad. Si bien el Gobierno ya financiaba su gasto con recursos del Central, durante 2010 y 2011, hizo abuso de esa posibilidad, quitándole solvencia y, por ende, capacidad de moderar la suba del valor local del dólar. Para recuperarla, solamente había que acotar el despilfarro motivado por los comicios y bajar la presión para emitir pesos.

Sin embargo, la respuesta fue reformar la Carta Orgánica del BCRA para eliminar o flexibilizar las restricciones vigentes para financiar al Gobierno. Queda claro, entonces, que el objetivo será hacer mayor uso, aún, del impuesto inflacionario para permitir que el gasto público siga creciendo en exceso. Para lograrlo es necesario forzar al máximo a los argentinos a atesorar pesos, que es la base imponible de dicho tributo. Conclusión: hay que olvidarse de que los controles cambiarios se vayan a revertir mientras esta estrategia persista.

Así es como el BCRA excluyó del mercado oficial a la mayor parte de los compradores particulares y empresas para comprar reservas a un precio más barato, con emisión. Estas divisas se transfieren al Gobierno, lo mismo que una gran cantidad en moneda nacional. Como la gente no demanda tantos pesos y, mucho menos, sabiendo que no pueden cambiarse libremente por otras divisas, el resultado es una caída en su valor. En una palabra, no es que el «dólar libre» sube, es que el peso baja y seguirá siempre que la medida que la actual política continúe. Sin embargo, como el BCRA querrá acotar lo que paga por las reservas, el resultado será una brecha creciente con la cotización oficial, además de una creciente inflación.

Historia repetida

En los últimos 60 años, la Argentina implementó controles cambiarios más de una decena de veces y todas terminaron mal. No es raro que los argentinos dejemos de consumir y de invertir. Para colmo, los exportadores perdieron competitividad como consecuencia de las trabas a las importaciones que los obligan a mantener mayores stocks de los necesarios y/o comprar insumos locales de peor calidad y mayor precio.

Además, por el control de cambios, cobran por las divisas que traen un menor valor del que justifica la depreciación del peso; lo que se transforma en una retención sobre sus ingresos. No es que el «mundo se nos cae encima», sino que las erradas políticas oficiales aplastan la producción al bajar la demanda interna y las posibilidades de vender al exterior; lo que se nota en los «termómetros» económicos.

Si comprendemos el origen del problema podemos evitar repetir las recurrentes crisis argentinas. Lo antes posible, hay que establecer una estrategia para volver a un mercado único y libre de cambio, disminuyendo el crecimiento de las erogaciones del Estado, para permitir que baje el ritmo de emisión para financiarlo. Además, el BCRA debe contraer la oferta monetaria excedente usando, razonablemente, los instrumentos con los que cuenta.

Habrá que acelerar la suba del tipo de cambio «oficial»; pero cabe tener en cuenta que el «salto» necesario para unificar los mercados será mayor cuanto más se demore en resolver este problema. Un tema que puede bajar muchísimo el «costo» de salida es mostrar voluntad de rever las políticas intervencionistas y estatistas que han diluido la seguridad jurídica en el país. Esto podría incrementar la demanda de activos locales, moderando la presión sobre el mercado cambiario.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .