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Tres simples principios de Comercio Internacional

Por Iván Carrino. Publicado el 14/1/18 en: http://www.ivancarrino.com/tres-simples-principios-de-comercio-internacional/

 

Un impuesto a la importación es un impuesto a la exportación, las empresas también son consumidores y los desequilibrios de cuenta corriente son el resultado de los flujos de capitales.

Douglas Irwin es profesor de Economía en Darmouth College, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Su área principal de estudios es el comercio internacional, temática sobre la que publicó numerosos libros y trabajos académicos.

Todos los años, después de dictar 10 clases de un curso de Economía Internacional, Irwin busca resumirlo para que sus alumnos se lleven a sus casas al menos 3 principios simples de política comercial.

Así que dado que recientemente terminamos de dictar, junto con Marcos Hilding Ohlsson, nuestro curso de Economía Internacional en ESEADE, resumiré esos tres principios y los ilustraré con datos actualizados de Argentina para que estén disponibles al público local.

Los principios son los siguientes:

1)      Un impuesto a las importaciones es un impuesto a las exportaciones

2)      Las empresas también son consumidores

3)      Los desequilibrios comerciales dependen de los flujos de capitales

Analicemos uno por uno.

Un impuesto a las importaciones es un impuesto a las exportaciones

En el eterno debate proteccionismo versus libre comercio, la primera mirada suele argumentar que el mercado interno debe protegerse. El gobierno debe imponer aranceles u otras barreras burocráticas de manera de impedir el ingreso de productos importados. Eso les da espacio a los productores locales para crecer, fabricando lo que, de otra forma, se le compraría al extranjero.

El argumento proteccionista no tiene pocos detractores. Nada menos que Adam Smith y David Ricardo se opusieron a sus postulados, destacando los beneficios del intercambio.

Más recientemente, otro economista aportó un argumento crucial en el debate sobre los aranceles a la importación. El moldavo Abba Lerner, egresado de la London School of Economics, escribió un trabajo que tituló “The Symmetry between Import and Export Taxes”.

Allí argumentó que existía una simetría (que luego se conocería como Simetría de Lerner) entre gravar las importaciones y gravar las exportaciones. De acuerdo con Lerner, frenar las compras externas es, entonces, equivalente a detener las ventas al extranjero.

Irwin explica esto en sus principios, y sostiene que:

El motivo fundamental de esta verdad es que la exportaciones son la contracara de las importaciones. Las exportaciones son necesarias para generar ingresos que paguen por las importaciones.

(…)

A cierto nivel, la idea de que los impuestos a las importaciones reducirán las exportaciones es simple y directa: si los países extranjeros no pueden venderle bienes a nuestro país, por ejemplo, entonces no tendrán el dinero necesario para comprar bienes fabricados por nosotros.

Otra manera de ver esta relación estrecha entre importaciones y exportaciones es el tipo de cambio. Si, para proteger a los fabricantes locales impone el gobierno un arancel a la importación, entonces el mercado cambiario tendrá ahora una menor demanda para la moneda extranjera.

Dado que los locales no pueden comprar determinadas importaciones (o pueden comprar menos que antes producto del impuesto), entonces demandarán menos dólares, haciendo que el tipo de cambio baje. Ahora un tipo de cambio bajo afecta las exportaciones, ya que restan ingresos a ese sector, presionando la rentabilidad.

Lo inverso también es cierto. Asumiendo inflación cero, un aumento de las importaciones presiona al alza la demanda de dólares y también el tipo de cambio real, lo que estimula las exportaciones producto de la mayor rentabilidad exportadora.

Los datos avalan esta teoría. Si miramos los números que Irwin ofrece para los Estados Unidos (Figura 1, en su trabajo original), constatamos que las importaciones y las exportaciones se mueven de forma muy similar a lo largo de un muy extenso período histórico.

Sin sorpresas, en Argentina sucede lo mismo.

Gráfico 1. Importaciones y exportaciones en % del PBI.

irwin1

Fuente: Iván Carrino en base a OJF, INDEC y Banco Mundial.

En el gráfico de arriba se ve con claridad que las exportaciones y las importaciones están íntimamente ligadas  y que, cuanto mayor es el valor de las primeras, mayor es el valor de las segundas. Lo mismo sucede a la inversa: a menos importación menos exportación.

Exportaciones e importaciones son dos caras de la misma moneda. Castigar una implica necesariamente castigar a la otra, tal como explicó formalmente Abba Lerner en 1936.

Las empresas también son consumidores

Adam Smith sostenía que:

El consumo es el único fin de toda producción; y los intereses de los productores deben ser atendidos solo hasta el punto en que sea necesario para promover el de los consumidores (…) Pero en el sistema mercantilista, el interés del consumidor casi constantemente se ve sacrificado por el del productor, y parece que se considera a la producción, y no al consumo, como el fin último y objeto de toda industria y comercio.

Así, para el beneficio de los consumidores, el padre del Libre Comercio sostendría que lo que resulta sensato en el seno de la familia, difícilmente puede ser una tontería en el contexto de un Gran Reino. Se refería, por supuesto, a la “insensata” idea de cerrarse a las importaciones, ya  que en una familia uno no vería como una buena idea dejar de comprar en el supermercado para “producirlo uno mismo”.

El “argumento del costo para los consumidores” del proteccionismo, como lo llama Irwin, fue perfeccionándose con el correr de la historia y hoy se estudia en cualquier manual de Economía Internacional.

Sabemos que los impuestos a la importación encarecen los productos importados y también aquellos que son producidos localmente pero compiten con la importación, generando pérdidas para los consumidores que no son recuperadas ni por los productores ni por el gobierno que cobra dichos impuestos.

El arancel, como hemos visto en este curso, genera una  pérdida social neta, y perjudica a la economía porque el consumidor debe pagar más caro por el bien de lo que pagaría en otra circunstancia.

Ahora bien, si nadie cuestiona este hecho: ¿por qué es que todavía hay tantas tentaciones proteccionistas?

Para Irwin, el problema radica en que el argumento del costo para los consumidores no resulta del todo efectivo.

Es decir, no es que no sea cierto, pero a la hora del debate político, parece que no tiene la fuerza necesaria para imponerse.

De acuerdo con Irwin:

Los puestos de trabajo son vistos en la arena política como mucho más importantes que el bienestar de los consumidores. Si la cuestión se reduce a preservar algunos cientos de puestos de trabajo en alguna industria o a ahorrarle a los consumidores algunos cientos de dólares, la política de restricción de las importaciones se impondrá siempre.

A la luz de lo que sucede en la “industria” de Tierra del Fuego o en el sector textil o de electrodomésticos en Argentina, podemos verificar que algo de esto efectivamente existe.

El profesor de Darthmouth también llama la atención a un argumento muy escuchado por nuestros lares, que es que si la apertura comercial genera el desempleo que los proteccionistas dicen que generará, entonces los consumidores no tendrán ingresos, porque no tendrán trabajo, así que no habría ninguna mejora para ellos por los precios más bajos que podrían venir desde afuera.

En este contexto, la protección que encarece los bienes de consumo sería un “pequeño” precio a pagar por mantener los niveles de empleo.

El argumento es erróneo y está empíricamente demostrado que es así, pero Irwin propone evitar dicho debate y mejorar el argumento del costo para los consumidores, aumentándolo.

Así, a los efectos de reforzar el argumento en el debate político, a la cuestión del costo para los consumidores hay que añadirle una simple frase: que las empresas también son consumidoras.

¿Qué quiere decir esto? Que, dado que las empresas, que son las que contratan mano de obra, también son consumidores, una traba a la importación hace que éstas deban pagar costos más altos. Si deben pagar costos más altos, menor será su rentabilidad y, finalmente, menor su capacidad para contratar empleados.

O sea que una traba a la importación puede beneficiar a una industria particular que ahora tendrá menos competencia, pero no solo implicará un costo para los consumidores, sino también para otras industrias que utilizan los insumos importados. La consecuencia, entonces, es que la ganancia de empleo en una industria particular se dará a costa de la pérdida de empleo en otra industria específica.

Los datos de la realidad dan apoyo a esta teoría. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 60% de las importaciones son bienes intermedios y materias primas que son insumos para la producción.

Cuadro 1. Importaciones por uso económico en Argentina.

Bienes de capital

Bienes intermedios

Combustibles y lubricantes

Piezas y accesorios para bienes de capital

Bienes de consumo

Vehículos automotores de pasajeros

Resto

1980′s

18,8%

42,7%

10,0%

16,7%

10,5%

1,0%

0,5%

1990′s

24,7%

33,3%

3,2%

17,0%

16,8%

4,8%

0,1%

2000′s

22,5%

35,8%

5,8%

17,5%

12,8%

5,4%

0,3%

2010-16

18,6%

28,9%

13,0%

20,7%

11,0%

7,5%

0,4%

 Fuente: Iván Carrino en base a INDEC

En Argentina se verifica la misma situación, incluso de manera más intensa. A lo largo de las últimas 3 décadas y media, las importaciones de bienes listos para el consumo oscilaron entre el 12% y el 22% del total de las compras al extranjero. Es decir que, del total de las importaciones argentinas, entre el 78% y 88% son insumos para producir, tales como bienes intermedios, combustibles o bienes de capital.

¿Qué ganamos restringiendo las importaciones? Que todo nuestro sistema productivo deba pagar más caro estos insumos y, por tanto, tenga menos recursos para invertir y producir en el país.

Finalmente, por proteger las fuentes de trabajo en un sector, la consecuencia no intencionada es una pérdida de fuentes de trabajo en otros sectores y el freno de la actividad productiva.

Como dice Irwin, al ver las importaciones no solo como bienes finales sino como insumos para la producción, los hacedores de política económica deberían poder reconocer más claramente que la cuestión ya no pasa tanto por “proteger puestos de trabajo” sino por los puestos que van a crearse en un sector contra los que se perderán en otro.

Y ahí el argumento de que la protección es un costo a pagar por el empleo se vuelve mucho menos claro.

Los desequilibrios comerciales dependen de los flujos de capitales

Recientemente, en la red social Twitter, el ex ministro de economía de Argentina, Axel Kicillof, se indignaba por un tema.

Al ver los recientemente publicados datos de la Balanza Comercial, y observar un déficit comercial en “¡RÉCORD HISTÓRICO!” (sic.), reflexionó:

El gobierno de Macri, además de detonar el mercado interno bajando jubilaciones y salarios y de seguir ahogando pymes y comercios con el tarifazo, destruye la balanza comercial con la apertura indiscriminada.

Curiosamente, en Estados Unidos sucede algo similar. Su saldo de Balanza Comercial es negativo hace décadas, motivo por el cual el gobierno recibía acusaciones, dado que –según  los críticos- no protege el mercado interno por su política demasiado aperturista. Obviamente, esto comenzó a cambiar a partir de la llegada de Trump, quien ha levantado la bandera de los proteccionistas.

Irwin aborda este tema y destaca las críticas al aperturismo norteamericano. Sin embargo, explica:

Estados Unidos tiene un mercado más abierto y puede que haya mercados extranjeros más cerrados, pero estos hechos no se manifiestan en la balanza comercial.

“¿Cómo puede ser?”, se preguntará alguno. Después de todo, si yo abro mis importaciones,  eso debería hacer que mi saldo de balanza comercial empeore, puesto que ahora exporto por el mismo valor pero importo por más que antes…

Ya vimos que esto no es tan así, ya que remover trabas a las importaciones equivale a promover las exportaciones por la Simetría de Lerner.

Entonces, ¿por qué existen los desequilibrios comerciales?

Yendo al contexto local, ¿por qué Argentina va camino a tener un déficit histórico de su cuenta corriente?

Para explicar el asunto Irwin empieza por referirse a la Balanza de Pagos. La Balanza de Pagos reúne todas las transacciones que tiene un país con el extranjero y está formada por dos grandes cuentas. Por un lado, la cuenta corriente. Por el otro, la cuenta capital y financiera.

La lección número uno de la Balanza de Pagos es que ésta siempre está en equilibrio. Es decir, la suma de ambas cuentas siempre da cero.

La cuenta corriente refleja el total del comercio de mercancías y servicios. La cuenta capital y financiera refleja todas las transacciones de activos entre países. Como explica el profesor, “dado que la Balanza de Pagos siempre balancea, un país que tiene un déficit de cuenta corriente, debe tener también un superávit en la cuenta capital”.

Es decir que si uno compra más mercancías de las que vende, entonces por otro lado estará vendiendo más activos de los que compra.

Un ejemplo con un individuo puede ayudar a entender. Si en un año dado, una persona gasta exactamente lo mismo que le ingresa, su “posición neta de activos” no se modificará. Sin embargo, es perfectamente posible que esa persona gaste en compras de bienes y servicios más de lo que ingresó por su trabajo.

¿Cómo haría esto?

De dos formas: o bien tomando deuda con el banco, o bien vendiendo los dólares que tenía debajo del colchón. Ambas maneras están reduciendo la posición neta de activos de la persona. Si se endeuda, su activo neto del pasivo es inferior (porque se incrementó su pasivo); si vende sus dólares, si bien su pasivo no se modifica, su activo cae.

Los países financian sus desequilibrios corrientes de la misma forma. Si existe un déficit de cuenta corriente, entonces la contrapartida será un superávit de la cuenta capital (el país está endeudándose con el mundo), o bien una caída de las reservas (el país está consumiéndose sus ahorros). Al contrario, si el país tiene un superávit de cuenta corriente, entonces la contrapartida será un déficit de la cuenta capital y financiera (aumenta la posición neta de activos).

En economía internacional sabemos que las exportaciones menos las importaciones son iguales al ahorro menos la inversión (X – M = S – I). Es decir que un déficit en la cuenta corriente responde a que el país invierte más de lo que ahorra.

A priori, esto no tiene nada de malo. De hecho, contiene un elemento positivo: si el país tuviese que vivir solo de su ahorro interno, no podría emprender todas las inversiones que está emprendiendo hoy.

Ahora una poderosa implicancia de esta equivalencia es que si un país desea reducir su déficit de cuenta corriente, deberá reducir su inversión o aumentar el ahorro interno. Y -a menos que la política comercial pueda afectar estas variables (difícil)- entonces no será efectiva para equilibrar la balanza. Es decir,  cerrar la economía no mejorará la cuenta corriente.

Para Irwin:

Este es el motivo por el que una simple observación nos muestra que algunos países abiertos al comercio tienen superávits de cuenta corriente, mientras que otros países, más cerrados, presentan déficits. Esos desequilibrios tienen todo que ver con los flujos de crédito internacional y casi nada que ver con la política comercial.

Lo que se plantea es totalmente compatible con los datos empíricos. Con 81 puntos sobre 100, Australia ocupa el 5to puesto del mundo en el Índice de Libertad Económica que elabora la Fundación Heritage de los Estados Unidos. En cuanto a su libertad para el comercio internacional, el país tiene un puntaje de 86,2; quedando también como una de las economías más abiertas del planeta.

Gráfico 2. Cuenta Corriente y Capital en Australia (1959-2016).

irwin2

Fuente: Iván Carrino en base a Australian Bureau of Statistics.

De los datos de su Balanza de Pagos también se extrae que este país tiene un déficit comercial de proporciones, llegando a los AUSD 78.000 millones en 2014. Es decir que es una economía totalmente abierta y con déficit comercial.

“¡Eureka!”, dirán algunos, “¡El déficit refleja la apertura al comercio de Australia!”. Pero lo cierto es que no es así, sino que refleja el enorme ingreso de capitales que dicho país recibe anualmente.

Es que si bien Australia tiene un importante déficit de cuenta corriente, el superávit en la cuenta capital y financiera es igual de importante. De hecho, una cuenta es la casi perfecta contracara de la otra, tal como explica la teoría.

Otro dato importante es que en los últimos 25 años Australia ha crecido ininterrumpidamente, creando empleo de calidad, aumentando los salarios de sus ciudadanos y también su ingreso per cápita. Todo esto en paralelo con un “deterioro” de la cuenta corriente.

¡Viva el deterioro!

Argentina guarda alguna similitud con el caso australiano. Como se observa en el gráfico siguiente, la relación entre el saldo de la cuenta corriente y el de las cuentas capital y financiera es inversa.

Gráfico 3. Cuenta Corriente y Capital en Argentina (1994-2016).

irwin3

Fuente: Iván Carrino en base a INDEC.

Durante la década del ’90, el déficit de la cuenta corriente fue casi totalmente compensado por el superávit de la cuenta financiera, siendo la diferencia la acumulación de reservas. Durante los primeros años del kirchnerismo y hasta el año 2011, la balanza por cuenta corriente fue positiva, mientras del país se fugaban capitales, resultando en un déficit de la cuenta capital y financiera (los superávit de cuenta corriente no compensados por déficits de cuenta capital fueron años de acumulación de reservas).

Por último, desde 2011 que el deterioro de la cuenta corriente es financiado con el superávit de la cuenta capital y financiera.

Ahora bien, ¿a qué se debe el fuerte deterioro de los últimos años? Irwin también puede ofrecer una respuesta:

Un gobierno que se endeuda para cubrir el déficit fiscal puede ser una de las fuentes de absorción más fuertes del ahorro nacional y, por tanto, puede llevar a un déficit externo. Uno de los motivos del gran déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos a principios de la década del ’80 fue el rápido incremento del déficit fiscal. La lección es que una reducción del desequilibrio de las cuentas públicas puede revertir el desequilibrio comercial de una nación.

Los datos para Argentina son contundentes en este sentido. El resultado de la cuenta corriente siempre ha sido la contracara del resultado fiscal.

Gráfico 5. Resultado Fiscal y de Cuenta Corriente en % del PBI (1976-2016).

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Fuente: Iván Carrino en base a Banco Mundial.

Es decir, que el principal sospechoso detrás del déficit comercial de los últimos dos años en Argentina no es la política comercial aperturista (que no existe prácticamente), sino el desequilibrio fiscal, como siempre ha sido en la historia. Esto deja en offside, por supuesto, a quienes dicen que preocuparse por el déficit fiscal es secundario, y que la principal preocupación debería ser el déficit externo.

El segundo es resultado del primero: el elevado desequilibrio fiscal se consume el ahorro interno y genera ingreso de capitales del exterior (reduciendo la posición neta de activos), que terminan siendo consumo de importaciones que exceden a las exportaciones.

Conclusión

El profesor Irwin resumió en el trabajo reseñado aquí siglos de historia del pensamiento sobre la economía internacional. Además, nos ofreció tres poderosos argumentos para defender un comercio libre entre los países. Por último, se observa que los datos para Argentina son totalmente compatibles con los postulados del profesor de Darmouth.

No debemos gravar las importaciones, porque eso equivale a gravar las exportaciones.

No debemos restringir las compras externas con el argumento de defender el trabajo local, porque lo único que eso genera es la protección de unos puestos a costa de otros.

Por último, no se debe cerrar la economía para evitar desbalances comerciales, sino recibir de buena manera el ingreso de capitales del extranjero, o bien, si el origen del desequilibrio es fiscal, ir a tocar las puertas del Ministerio de Hacienda.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Vaca Muerta: flexibilización laboral para volver a crecer

Por Adrián Ravier. Publicado el 17/1/17 en http://www.infobae.com/opinion/2017/01/17/vaca-muerta-flexibilizacion-laboral-para-volver-a-crecer/

 

No se trata sólo de Vaca Muerta. Hay millones de proyectos de inversión que hoy no se ejecutan por las reglas de juego existentes, por la alta presión tributaria o por la legislación laboral restrictiva.

 

Argentina lleva décadas sin crecimiento. No se trata sólo del estancamiento iniciado en 2011 con la llegada de Axel Kicillof al Gobierno kirchnerista, sino que el problema viene de bastante más atrás. El ingreso por habitante de 2016, por ejemplo, es similar al alcanzado en 1996. ¿Qué pasó con el “crecimiento” ocurrido entre 2003-2008? Fue más un proceso de recuperación del ingreso tras la crisis de 2001-2002 que un crecimiento real que expandiera la capacidad productiva del país. El año 2009 fue de recesión global, 2010 simplemente recuperó aquella caída, y luego la Argentina siguió en una fase cíclica donde un año perdía ingreso para recuperarlos al siguiente, sin expandir realmente la frontera de posibilidades de la producción.

Hay un consenso entre economistas, criticado a veces por quienes son ajenos a esta disciplina, de que no es posible crecer sin ahorro e inversión previa. Y Argentina no atrae inversiones locales y externas por la falta de seguridad jurídica, el cambio continuo en reglas de juego, la alta presión tributaria y la legislación laboral restrictiva, entre varios otros aspectos que habría que tratar en otro lugar.

Vaca Muerta presentaba estos mismos problemas. Un enorme potencial de ingresos que requerían, para explotarse, unas reglas de juego diferentes a las existentes. Claro que el sindicalismo pretende mejores ingresos para los trabajadores que representa, pero en las condiciones existentes Vaca Muerta no recibió inversiones ni generó empleo.

Los actores comprendieron este diagnóstico. Se reunieron en Casa de Gobierno el presidente Mauricio Macri, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Energía, Juan José Aranguren; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra; y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo. Entendieron que no podían seguir colocando el carro delante de los caballos. Si con estas nuevas reglas de juego, Vaca Muerta empieza a recibir inversiones, ya habrá tiempo más adelante para mejorar los ingresos de los trabajadores y las familias que se acerquen a explotar el potencial del yacimiento.

Vaca Muerta debe tomarse hoy como una lección para recuperar el crecimiento de la Argentina. No se trata sólo de Vaca Muerta. Hay millones de proyectos de inversión que hoy no se ejecutan por las reglas de juego existentes, por la alta presión tributaria o por la legislación laboral restrictiva.

¿Por qué no extendemos estas nuevas reglas de juego a todo el país? Porque hay intereses creados. A diferencia de Vaca Muerta, que era una tierra virgen de privilegios, la Argentina tiene una enorme Unión Industrial compuesta por empresarios que están aferrados a las condiciones existentes. No importa el potencial de ingresos y empleos que podría generarse con otras condiciones más competitivas, si en la situación actual ellos poseen sus ingresos y sus empleos.

La flexibilización laboral es un requisito para el crecimiento y lo ha sido siempre. El concepto ha sido castigado, vapuleado, incomprensiblemente, pero vuelve. Si Argentina quiere volver a crecer, a crecer en serio, debe regresar, primero, el consenso sobre la economía ortodoxa.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Ni industria ni campo: libertad económica es el camino para Argentina

Por Iván Carrino. Publicado el 27/9/16 en: https://es.panampost.com/ivan-carrino/2016/09/27/argentina-libertad-economica/

 
La idea de que el país debe ser industrializado es, a grandes rasgos, pensar que el gobierno debe tomar políticas activas para que en la economía se desarrolle la industria manufacturera. 
Axel Kicillof es, junto con Yanis Varoufakis y Jorge Giordani, uno de los pocos ex ministros de economía del siglo XXI de profunda formación marxista. A juzgar por sus resultados, está claro que su cosmovisión del mundo no es la más adecuada para resolver los problemas actuales.

Varoufakis estuvo poco tiempo en funciones, pero fue suficiente para generar un pánico financiero en Grecia que terminó con la imposición de un corralito bancario. Jorge Giordani, quien saltó del barco de la economía venezolana en 2014, fue el artífice de la destrucción del país y cómplice de la hiperinflación y escasez que hoy asolan a su población.
Kicillof, por su parte, es responsable directo de la gestación de la bomba económica que el gobierno de Macri todavía está tratando de desactivar. Inflación, controles de precios, control de cambios, juicios sin pagar y déficit fiscal récord son solo alguna de las medallas que el joven exministro puede colgarse en su cuello. Otras son la economía frenada por 4 años, la caída del PBI per cápita y el aumento sostenido del nivel de pobreza. Nada para festejar.

Recientemente, Axel Kicillof fue entrevistado por el conocido periodista argentino Nelson Castro, en su programa “El Juego Limpio”. La entrevista se transformó en un cruce de acusaciones y tuvo momentos de contrapuntos picantes y tensos. Castro acusaba al exministro por su responsabilidad en la crisis actual, mientras que Kicillof intentó desligarse, echándole la culpa a la nueva política económica.

Al margen del cruce circunstancial entre el periodista y el economista, hubo un comentario al pasar sobre el que vale la pena reflexionar. En un momento de la conversación, Kicillof afirmó:

“Nuestro programa económico es un programa que se proponía una meta difícil: industrializar la Argentina”

En este momento de la charla, si bien hubo desacuerdo respecto de cómo lograr esa meta, nadie debatió el punto más importante. Es decir, si debe o no, darse dicha industrialización.

Analicemos este punto.

La idea de que el país debe ser industrializado es, a grandes rasgos, pensar que el gobierno debe tomar políticas activas para que en la economía se desarrolle la industria manufacturera. Trabas a las importaciones, subsidios directos, créditos blandos e inflación, todo vale para promover a los industriales del país. Si estas políticas dañan a otros sectores más competitivos o perjudican a los consumidores, eso no debería verse como un problema, ya que la industrialización es el camino para garantizar el progreso de todos.

Esta perspectiva sobre el rol que la industria manufacturera tiene en el desarrollo nacional puede provenir de una errónea interpretación de la historia de los Estados Unidos y otros países desarrollados. Durante el siglo XX, en Estados Unidos la industria tuvo un desarrollo muy marcado. Se estima que en 1840, solo representaba el 20% del PBI, mientras que a principios del Siglo XX ese porcentaje había llegado a superar el 40%. En paralelo a este verdadero proceso de industrialización, el nivel de vida de los americanos creció notablemente.

De ahí que muchos crean que la base de la riqueza se encuentra en la industria.

Sin embargo, hay dos puntos a destacar. El primero es que esta industrialización no fue producto de un deseo deliberado del gobierno de ese país, sino del desarrollo natural de las fuerzas del mercado, que fueron dejando el campo y llegaron a las ciudades en busca de mayores beneficios para sus inversiones. El segundo punto es que, a partir de la década del 70, la participación de la industria en el PBI cayó notablemente, sin que esto significara un problema para su economía. Hoy más del 70% de la producción norteamericana está en los servicios y el país sigue siendo uno de los que mejores niveles de vida tienen en el mundo.

En Argentina solemos enfrascarnos en una discusión anacrónica y obsoleta entre “industrialización” o “modelo agroexportador”, olvidando las bases verdaderas de la prosperidad económica de largo plazo. Es que no hace la diferencia si la economía tiene una mayor participación de un sector u otro, sino si ésta, como un todo, puede crecer de manera sostenible, generando progreso y bienestar para todos.

Estados Unidos no se convirtió en el primer país del mundo gracias a su industria, sino gracias a la libertad económica. Y fue esta libertad económica la que permitió a sus ciudadanos explorar un nuevo sector llamado industria a principios del siglo pasado. Fue la libertad la que industrializó al país. Y la misma libertad hoy permite el desarrollo del sector de servicios.

Para que nuestro país crezca, debemos dejar de lado viejas confrontaciones. La clave del desarrollo no está en la mano visible del estado, que decide qué sectores deben ser prioritarios, sino la mano invisible del mercado. Es ella, dejada a su libre albedrío, la que mejor garantiza el crecimiento de la producción, y en aquéllos sectores que más demandan los consumidores.

Si dejamos a la economía en libertad, no sabemos qué sectores se desarrollarán de manera más intensa, pero sí podemos pronosticar que todos viviremos mejor. Ése es el verdadero parámetro para medir el éxito de un programa económico.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El mito de la transferencia de ingresos II: el cepo y las retenciones

Por Iván Carrino. Publicado el 21/7/16 en: http://www.ivancarrino.com/el-mito-de-la-transferencia-de-ingresos-ii-el-cepo-y-las-retenciones/

 

El fin del cepo cambiario y la eliminación de las retenciones a la exportación fueron dos de las medidas más importantes que tomó el gobierno actual. En mi nota de hoy explicaré por qué estas no constituyeron una transferencia de ingresos de pobres a ricos, sino todo lo contrario.

La semana pasada escribí la primera de una serie de notas que busca responder a una idea que está cada vez más instalada entre algunos sectores de la opinión pública. La idea, en concreto, es que algunas medidas económicas de liberalización constituyen una transferencia arbitraria de ingresos desde los sectores más pobres a los sectores más ricos de la sociedad.

El foco del análisis de la semana pasada fue el tema de las tarifas. Lo que mostré allí fue cómo, en realidad, lo que había sucedido durante la gestión del kirchnerismo había sido una transferencia de ingresos desde los productores a los consumidores, y que la consecuencia más visible era la crisis energética que vivimos en la actualidad.

Al punto anterior también habría que agregarle el tema de los subsidios que las compañías exigieron para seguir operando frente al congelamiento tarifario. Estos subsidios dieron lugar al déficit fiscal, que luego derivó en una de las inflaciones más altas del mundo y que afecta principalmente a los que menos tienen.

En mi nota de hoy voy a enfocarme en otras dos medidas importantes que el gobierno tomó al inicio de su mandato: el fin del cepo cambiario y la eliminación de las retenciones a la exportación.

Sobre el tema del cepo, la leyenda de la izquierda reza lo siguiente:

“Apenas asumió el gobierno decidió liberar el mercado de cambios, por lo que el dólar pasó de valer $ 9,6 en diciembre; a valer $ 14,5 en abril. Esta devaluación implicó una transferencia de ingresos por distintas vías. Por ejemplo, un exportador, que vendía una tonelada de trigo a USD 170, antes obtenía $ 1630 y ahora obtiene $ 2465”

Lo primero que hay que aclarar es que liberar un mercado de cambios no es lo mismo que devaluar. Para devaluar una moneda de manera deliberada, el gobierno debería incrementar la emisión monetaria y destinar los pesos nuevos a comprar dólares para hacer subir el tipo de cambio. En el caso del cepo, quienes habían generado la suculenta emisión de pesos habían sido los banqueros centrales del kirchnerismo, por lo que la devaluación ya estaba hecha. Prueba de esto es que el dólar no valía $ 9,6 como se afirma, sino que sin restricciones sólo podía comprarse en el mercado paralelo, a $15.

Tras el fin del cepo, el dólar se acercó rápidamente al valor del “mercado blue”, reflejando  que el precio real del dólar era ése y no el que decían Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.

¿Y qué nos dice esto? Que antes del 10 de diciembre, la riqueza de los exportadores estaba siendo confiscada a causa de los controles estatales. En concreto, al exportador de trigo del ejemplo de más arriba, le estaban confiscando $ 835 por cada tonelada que exportaba.

Si el análisis de este exportador se amplía a todas las exportaciones que hizo el país desde noviembre de 2011 hasta diciembre de 2015, obtenemos una medida contundente de la verdadera transferencia arbitraria de ingresos que generó el kirchnerismo. Por la vía del cepo cambiario, a los exportadores de cualquier rubro les confiscaron $ 916.576 millones de sus ventas al extranjero.

Esta sí que es una clara transferencia de ingresos, pero una creada arbitrariamente por el gobierno que le quitaba al sector exportador para beneficiar a privilegiados importadores, turistas argentinos en el exterior, y compradores del tristemente célebre “dólar ahorro”.

Todo muy progresista.

Con las retenciones el caso es similar. Las retenciones son un impuesto que sólo se le cobraba a algunos sectores de la exportación. Los derechos sobre la soja,  el maíz y el trigo, son los casos más paradigmáticos.

Por derechos de exportación, el gobierno recaudó desde el año 2003 al año 2015 la friolera de $ 497.496 millones. Esto también constituyó una clara transferencia de ingresos de los productores de bienes gravados hacia el estado, que el nuevo gobierno decidió finalizar, reduciendo la presión fiscal sobre el sector.

Ahora la pregunta es: ¿sirvieron todas estas confiscaciones y transferencias coactivas contra los productores para mejorar la calidad de vida de los pobres? La respuesta es rotundamente negativa. De 2011 a 2015, la economía argentina sólo creció 0,3% por año, una cifra enormemente insuficiente para sacar al a gente de la pobreza. En paralelo, las exportaciones cayeron 32,4%, la inflación acumulada fue de 178,4% y la cantidad pobres creció en 2,3 millones según datos de la UCA.

Las medidas puntuales de liberalización tomadas por el gobierno deben ser bienvenidas. Y no constituyen una transferencia arbitraria entre sectores, sino el restablecimiento de su natural distribución en un mercado libre.

Si seguimos en este camino de liberalización, los beneficios los veremos todos, y no solo algunos como se quiere instalar.

Finalmente, como decía Abraham Lincoln, “No se puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia; no se puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el salario; y no se puede ayudar al pobre, destruyendo al rico”.

Tomemos nota.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Panama Papers: reacción a las legislaciones fiscales

Por Iván Carrino. Publicado el 7/4/16 en:  http://www.ivancarrino.com/panamapapers-reaccion-a-las-legislaciones-fiscales/

 

Recientemente se conoció una filtración gigantesca de datos que recoge cómo miles de personas buscan ocultar su patrimonio armando sociedades offshore.

Los Papeles de Panamá, como se ha llamado a esta investigación conjunta de más de trescientos periodistas, ponen el ojo sobre un sinnúmero de personalidades que habrían utilizado la benevolente legislación fiscal de Panamá para defraudar al fisco o bien ocultar lo obtenido gracias a la corrupción.

A raíz de esto, me parece oportuno divulgar, como anticipo exclusivo, un extracto de mi próximo libro, Estrangulados, a publicarse este 20 de abril, en donde me refiero específicamente a esta cuestión:

A principios de 2015, Thomas Piketty, autor del famoso libro El capital en el siglo XXI, pasó por Buenos Aires. Además de presentar su obra, se tomó un tiempo para reunirse con la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y también para compartir un almuerzo con Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.

Consultado sobre el estado de la desigualdad en el mundo, Piketty cargó contra el enemigo de moda de nuestra época: los paraísos fiscales, esos “países que roban las bases tributarias de sus vecinos”.

Según un cercano colaborador suyo, Gabriel Zucman, la riqueza escondida en los paraísos fiscales asciende nada menos que a 7,6 billones de dólares, el 10% del PBI mundial y 15 veces el PBI de Argentina. Según su punto de vista, esto constituye un problema mayúsculo, ya que todo ese dinero deja de pagar impuestos con los cuales los gobiernos podrían llevar a cabo obras consideradas deseables por estos analistas.

Para los defensores del ahora llamado “Estado presente”, el Gobierno es el que está en mejor posición para administrar los recursos de la gente. Es por ello que lamentan que no se quede con todo lo que le gustaría del dinero de sus ciudadanos. Sin embargo, esta no es toda la verdad acerca de los paraísos fiscales.

Lo primero que debe decirse es que la denominación “paraíso fiscal” surge de una mala traducción del inglés al español, ya que tax haven no quiere decir ‘paraíso fiscal’ (eso sería tax heaven) sino ‘refugio fiscal’. Esta mejor traducción dota de mayor realismo lo que verdaderamente es, un refugio fiscal. A saber, un país a donde se acude para huir de la voracidad fiscal de los Gobiernos.

El atractivo de llevar el dinero a un refugio fiscal aparece porque estos, en general, tienen un trato impositivo muy favorable para los extranjeros que abren cuentas bancarias o constituyen sociedades en esas jurisdicciones. A veces, radicar una empresa en un refugio fiscal puede representar la diferencia entre pagar un 30% de impuestos a las ganancias o pagar cero por ciento. Sin embargo, el beneficio no se lo lleva solamente esa empresa, sino que se contagia a toda la economía.

Como señala Dan Mitchelltodos somos beneficiarios de los paraísos fiscales: “Antes que nada, si uno vive en un país desarrollado, los impuestos son probablemente mucho menores de lo que eran hace 30 años, gracias en parte a los paraísos fiscales. En 1980 las tasas más altas del impuesto personal en los países miembros de la OCDE promediaba más del 67% y las tasas corporativas en ese año promediaban casi un 50% […].

Sin embargo, empezando por Reagan y Thatcher, los Gobiernos se han esforzado por disminuir las tasas fiscales y reformar sus regímenes. Las tasas personales ahora promedian solamente cerca de un 40% y las corporativas se han reducido a un 27 por ciento. Es en gran medida la globalización —no la ideología— lo que ha conducido esta virtuosa ‘carrera hacia abajo’. Los Gobiernos están disminuyendo impuestos porque temen que los empleos y las inversiones se vayan de su país. Al proveer un refugio seguro para las personas que buscan evadir tasas confiscatorias, los paraísos fiscales han jugado un rol imprescindible. Los legisladores han concluido que es mejor recibir algún ingreso con tasas fiscales modestas que imponer altos impuestos y perder dinero”.

A menudo se acusa a los paraísos fiscales de ser refugio no sólo de las víctimas del Estado híper-recaudador, sino de terroristas, narcotraficantes y políticos corruptos. Esta acusación puede ser cierta, como es cierto que el dinero en efectivo es utilizado por quienes violan los derechos de terceros en su vida diaria como forma de vida. Sin embargo, si se quiere perseguir a quienes quiebran leyes, los que deben actuar son la Policía y el Poder Judicial, no los recaudadores de impuestos.

El enojo que generan los paraísos fiscales, en realidad, debería estar orientado hacia otro lugar: las elevadas tasas impositivas que cobran los Gobiernos y que nos quitan, no sólo nuestro dinero, sino también nuestra libertad. Los mal llamados paraísos fiscales no son más que una reacción frente a este orden de cosas.

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Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Fondos Buitre: ¿cómo llegó Argentina a la situación actual y qué podemos esperar?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 6/3/16 en: http://es.panampost.com/carlos-salguero/2016/03/06/fondos-buitre-como-llego-argentina-a-la-situacion-actual-y-que-podemos-esperar/

 

El acuerdo reciente es un avance, pero Argentina debe evitar caer en el clientelismo y el despilfarro

El default del año 2014 produjo un nuevo temblor en la República Argentina. Los fondos de inversión Elliott Management Corp., Aurelius Capital Management LP y NML Capital Ltd, que adquirieron bonos de deuda soberana en suspensión de pagos tras la crisis del año 2001, a sólo 20 centavos por dólar, obtuvieron una sentencia favorable por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La noticia, como es natural, no fue bien recibida por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo, porque puso al desnudo la impericia del gobierno nacional para solucionar un problema tan sensible y costoso a los intereses del país. Fernández de Kirchner, de modo sistemático, se negó a negociar con los holdouts y azuzó a sus seguidores bajo la consigna “patria o buitres”, calificando a la contraparte con el mote despectivo de “buitres” y “terroristas económicos”, una estrategia ciertamente ineficaz a la hora de sellar un acuerdo.

En julio de ese año, en sintonía con la primera mandataria, el entonces ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, aseguró a los inversionistas del grupo que “nunca obtendrían” más de 30 centavos por dólar por los bonos, ¡y Argentina volvió a caer en default! Esta vez, sobre los bonos que los inversionistas habían recibido en los canjes de 2005 y 2010, los “holdings”.

Recapitulando sobre los hechos, el default del 2001 afectó a los bonos argentinos emitidos bajo diversas jurisdicciones, entre ellas la de Nueva York. Recién en el año 2005 se ofreció un primer canje de deuda a razón de 30 centavos por dólar, más un cupón atado al PBI (GDP kicker o GDP warrant), bajo el argumento de que el nivel de deuda soberana debía ser sustentable con las condiciones macroeconómicas del país. Pero la reestructuración de la deuda alcanzó solo al 75% de los bonistas, uno de los porcentajes de aceptación más bajos en este tipo de acuerdos. Más tarde, en el año 2010, un segundo ofrecimiento fue bien recibido por el 93% de los bonistas, en un marco de similares condiciones. El 7% restante siguió adelante con los reclamos por la vía judicial.

El comportamiento del gobierno argentino fue lo que llevó a que los demandantes reclamasen el incumplimiento de la cláusula pari passu. El principal problema se centró en torno de la Ley Cerrojo (Ley 26.017, sobre las disposiciones adicionales a las que quedan sujetos los bonos del Estado Nacional que resultan elegibles para el canje), que prohibió al gobierno extender nuevas ofertas a los acreedores disidentes.

La Ley Cerrojo, promulgada el 10 de febrero de febrero de 2005, tuvo el propósito de que los derechos de los bonistas no presentados al canje quedasen sujetos adicionalmente a las disposiciones de la presente ley. Pero, dada la pobre aceptación, debió ser suspendida temporalmente por el Congreso para que se pudiera realizar el segundo canje de deuda en el 2010. La consecuencia más gravosa de la normativa fue a la postre la diferente clasificación de los bonos: holdings y holdouts.

En diciembre del 2011, el Juez Griesa emitió un fallo en el cual sostuvo que la Ley Cerrojo violó la cláusula pari passu. El gobierno de Cristina Fernández apeló el fallo, pero la Corte de Apelaciones, de manera unánime en octubre del 2012, afirmó la sentencia de Griesa. No obstante, le fue solicitada al juez la aclaración de la fórmula con la que se habría de definir el pago a los holdouts. En esa instancia, lo lógico también hubiera sido que Argentina ofreciera pagar con quita.

Simultáneamente, el 2 de octubre de ese año, el Grupo Elliott convenció a un tribunal en Ghana para que confiscara la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada de Argentina, al tomar amarras en el país africano, lo que tensó aún más la cuerda.

El Gobierno, subido a su abyecta pedantería y ahora cegado en la irritación, lejos de intentar resolver el problema, no sólo desestimó la propuesta del juez, sino que hizo público que no pagaría ni acataría la decisión judicial. Frente a ello, el dictamen del juez Griesa resultó mucho más adverso que lo que se anticipaba y obligó a Argentina a pagar de inmediato lo máximo posible. Para evitar este tipo de estrategias, Griesa exigió: pagar la totalidad de la deuda de manera simultánea con el pago del cupón del PBI el 15 de diciembre del año 2012.

Un fallo verdaderamente atípico para un juez que ha actuado con cierta ecuanimidad durante los últimos 10 años. Lo ordinario hubiese sido obligar a los fondos buitre a aceptar la misma quita de quienes aceptaron el canje y cerrar definitivamente las instancias judiciales para los holdouts. En particular, porque hoy los bonos ya se emiten con cláusulas que obligan a todos a aceptar una reestructuración si un mínimo de inversores la acepta.

El Directorio Ejecutivo del FMI se manifestó de esa manera el 6 de octubre de 2014, en una publicación propia, y se comprometió a garantizar las reformas de los contratos internacionales de bonos soberanos ideadas con el propósito de abordar problemas de acción colectiva en las reestructuraciones de deuda. Al mismo tiempo, el organismo reconoció que el marco jurídico actual quizás no sea suficientemente sólido para impedir que los acreedores disidentes, comúnmente conocidos como holdouts, menoscaben el proceso de reestructuración que buscan abordar estas cuestiones.

Hoy los bonos soberanos incluyen no sólo cláusulas de acción colectiva, que obligan a un bonista a aceptar una restructuración si otros bonistas de su especie la aceptaron, sino aquello que se conoce como “super aggregation clauses” (de un conjunto de deuda con varios instrumentos, la aceptación de reestructuración de un número mínimo de tenedores obliga al conjunto de portadores de todos los instrumentos), recientemente usadas en la reestructuración griega. De ese modo se elimina la posibilidad de que un fondo buitre pueda comprar un porcentaje significativo de deuda, de ningún título, sin estar obligado a aceptar las generales de la ley.

En cambio, a diferencia de este procedimiento, el caso argentino se encuentra sujeto a una sentencia judicial en firme, confirmada por la Corte Suprema de EE.UU., y la obligación de pagar a los acreedores el total de la deuda −valor nominal más los intereses devengados a la fecha−. Al mismo tiempo, se estima que el total de la deuda en default (que incluye bonistas italianos, alemanes, argentinos y otros sin identificación) es del orden de los USD $18.800 millones.

El acuerdo alcanzado el 18 de febrero entre el Ministro de Economía y Finanzas del presidente Mauricio Macri y el mediador designado por la corte (aún no refrendado por el Congreso), sin lugar a dudas, no es la mejor solución posible —entre 15 y 20 veces el capital invertido—, pero es el punto final para el aislamiento y las posibilidades que ofrece el mundo al sector privado a través de los mercados de capitales.

El gran dilema es, sin embargo, establecer en términos pragmáticos el corsé o límite que debe imponerse a la forma de actuar del gobierno para evitar clientelismos, gastos superfluos y despilfarro tan arraigados en los últimos setenta años de la historia argentina.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Recuperar la igualdad ante la ley y el mercado

Por Adrián Ravier: Publicado el 14/9/15 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2015/09/14/recuperar-la-igualdad-ante-la-ley-y-el-mercado/

 

“Si se aplica un plan liberal, ninguna pyme va a sobrevivir”, dijo el ministro de Economía Axel Kicillof mientras anunciaba la creación de un consejo de defensa a las pequeñas y medianas empresas. Luego sentenció: “En el mercado, si no está el Estado, rige la ley de la selva”.

La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

La devaluación del peso argentino en 2011-2015

Por Adrián Ravier: Publicado el 26/8/15 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2015/08/26/la-devaluacion-del-peso-argentino-en-2011-2015/

 

Devaluar es, según la Real Academia Española, ‘rebajar el valor de la moneda’. Nadie contribuyó tanto a rebajar el valor del peso argentino como este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el que tuvo una destacada participación el actual ministro de Economía, Axel Kicillof. El economista Luis Secco guarda plena razón cuando explica: “La devaluación ya está hecha”, “Solo resta sincerarla”, algo que aparentemente le corresponderá hacer al próximo Gobierno, con el costo político y social que eso trae aparejado.

Para mostrar esta rebaja en el valor del peso entre 2011 y 2015, cabe una mirada a la evolución de las distintas partidas del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que cuenta con el monopolio de emisión de estos billetes depreciados. El cuadro presentado a continuación es un extracto del resumen estadístico que elabora trimestralmente Nicolás Cachanosky para nuestro blog Punto de Vista Económico.

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Nótese, por ejemplo, la evolución del pasivo, que pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015. El pasivo se triplicó desde que Kicillof incide en la política monetaria del BCRA, lo que se logró con dos políticas concretas:

–          Emitiendo billetes que más que duplicaron la base monetaria (pasó de 223 a 483 mil millones de pesos).

–          Colocando títulos del BCRA en pesos (pasó de 84 a 355 mil millones de pesos).

Una mirada al activo nos puede explicar el destino de estos fondos. Mientras el activo pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015, las reservas apenas pasaron de 200 a 308 mil millones de pesos. De nuevo, hay dos destinos concretos para la emisión monetaria del BCRA:

–          La compra de títulos públicos (pasó de 127 a 534 mil millones de pesos).

–          Adelantos del BCRA al tesoro del Gobierno nacional (pasó de 67 a 272 mil millones de pesos).

Para ser claros, el Gobierno quebró al BCRA. En 2011 las reservas representaban el 46 % del activo del BCRA; en 2015 esa misma relación cayó a menos del 25 %. La sumatoria de títulos públicos y adelantos del BCRA al Tesoro del Gobierno Nacional representaban en 2011 el 44 % del activo del BCRA, en 2015 estas mismas partidas representan el 63 % del activo.

La situación se agrava, lógicamente, si en lugar de tomar las reservas brutas, se tomaran las reservas netas, es decir, si se descontara aquella porción de esas reservas que no son propiedad del BCRA.

Resulta claro que un desafío difícil de lograr para el próximo Gobierno es el saneamiento del BCRA. Los asesores de ambos candidatos, Mauricio Macri y Daniel Scioli, apuestan a crear un marco de confianza que conduzca a una gran atracción de capitales en el país, pero esta confianza difícilmente ocurra mientras el BCRA presente este estado de situación. Por eso, volvemos al comienzo. “La devaluación del peso está hecha, solo resta sincerarla.”

Y entonces sí, los costos de esta devaluación serán más bajos si se ofrece un plan integral de reformas al Estado, que significan -necesariamente- un cambio de modelo.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Los mayores errores de la gestión Kicillof

Por Adrián Ravier: Publicado el 13/8/15 en:

 

El ministro de Economía, Axel Kicillof, fue entrevistado recientemente por Joaquín Morales Solá y nos dejó -en 35 minutos- interesantes argumentos para defender su administración de la política económica.

En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Tres razones para desinflar la burbuja del Estado

Por Adrián Ravier: Publicado el 11/8/15 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2015/08/11/tres-razones-para-desinflar-la-burbuja-del-estado/

 

Cuando los historiadores económicos se refieren a las grandes crisis económicas del siglo XX -y lo que va del siglo XXI- identifican cada caso con una burbuja. En la crisis de los años 1930, por ejemplo, los historiadores observaron burbujas bursátiles e inmobiliarias. La crisis dot-com de 2001 en Estados Unidos fue la burbuja bursátil de las acciones relacionadas a internet. La gran recesión de 2008, también en Estados Unidos, fue el desenlace de la burbuja inmobiliaria gestada desde fines de 2001. La crisis europea actual fue la de una burbuja inmobiliaria, seguida de una burbuja del gasto público que se ha pinchado en varios países, pero queda aún una brecha importante por corregir. Vale aclarar que las economías solo lograron recuperarse de las distintas crisis mencionadas cuando las burbujas se terminaron de desinflar y emprendieron un proceso de formación de capital a través del ahorro y la inversión.

En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.