Autoabastecimiento y soberania: una nota:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 16/5/12 en: http://www.cronista.com/contenidos/2012/05/16/noticia_0053.html

El principio elemental del comercio descansa en la noción de las ventajas comparativas. Si a alguien se le ocurriera producir todos los bienes que necesita vería su nivel de vida comprimido al nivel de las cavernas. La división del trabajo es lo que permite incrementar la productividad conjunta.
En general, el uruguayo consume diariamente yerba mate pero la importa en su totalidad de Brasil, Japón es un cascote sin recursos naturales que solo el veinte por ciento de su territorio es habitable. En el transcurso de la historia de Estados Unidos no ha regido la opresiva legislación colonial que tanto daño le han hecho a muchos pueblos latinoamericanos.
El autoabastecimiento que ahora se reclama en nuestro país para el petróleo al efecto de decidirla por decreto, constituye una meta autodestructiva. Se necesitan marcos institucionales civilizados que garanticen los derechos de propiedad en lugar de imponer políticas que imposibilitan la inversión (que luego, paradójicamente, es invocada para arrancar empresas de sus dueños y politizar lo que debe operar con todos los rigores del mercado y sin privilegio alguno).
El economista decimonónico Frédéric Bastiat ilustra el derroche y el absurdo del autoabastecimiento a través del proteccionismo y la discriminación en su célebre Petición de los fabricantes de velas en donde sugiere que todas las casas deberían tapiar sus ventanas “para defenderse de la competencia desleal del sol”.
Por otra parte, la idea de la soberanía está mal concebida. Como señala Bertrand de Jouvenel en Los orígenes del estado moderno, la idea estrafalaria de ubicar la soberanía en el rey fue trasladada a los votos mayoritarios en lugar de instalarla en el individuo y el gobierno como garante de aquellos consiguientes derechos. Ahora se ha desplazado la idea a los bienes: así se declama “la soberanía del petróleo” lo cual es tan desatinado como aludir a la soberanía de la zanahoria o del garbanzo.
El texto constitucional de 1853 estaba inspirado en los trabajos de Alberdi quien enfáticamente sostuvo en Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853 que “tanto la legislación minera, como los reglamentos de caza y pesca, las leyes agrarias y los estatutos rurales que han existido hasta aquí en la República Argentina, deben considerarse derogados”.
Esto marcaba una reacción frente a la legislación estatista-colonial, según Alberdi el “sistema de Carlos V y Felipe II a quienes se atribuye la ruina de la libertad económica” al efecto de mantenerse en guardia respecto a que “después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional”.
Luego, el llamado Estatuto de Hacienda y Crédito y la Ley Minera de 1886 modifican radicalmente ese espíritu y lo retrotrayeron al esquema colonial debido a que, como ha consignado Luis Roque Gondra, “la voracidad fiscal tiene más poder que las constituciones”.
A esto se agregaron dos artículos en el Código Civil de 1871 que, al decir de Joaquín V. González, “se deduce la vacilación o la incertidumbre del codificador para dar al derecho de propiedad de las sustancias minerales una posición jurídica, clara y terminante”.
Esta situación se viene agravando en los últimos tiempos y ha hecho eclosión con las recientes medidas de público conocimiento. Es de desear que pase esta ola de patrioterismo xenófobo digno de trogloditas y típico del nacionalismo fascista y retomemos la cordura en el contexto republicano, donde se abandonen la políticas del zigzag mezcladas con los negocios de amigos del poder que nada tienen de empresarios y mucho de barones feudales.
No se trata de inventar el círculo cuadrado jugando al profesionalismo en medio de la polítiquería. Hoy todo el cuadro de situación se presenta como de acendrado fascismo que, por definición, simula lo privado pero el aparato estatal maneja el flujo de fondos.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fué profesor y primer Rector de ESEADE.

Un escenario en el fondo previsible:

Por Enrique Zuleta Puceiro: Publicado el 23/4/12 en:  http://www.cronista.com/contenidos/2012/04/23/noticia_0068.html

La decisión del gobierno nacional de asumir en todos sus aspectos el control total de la política de autoabastecimiento de hidrocarburos debe ser interpretada en el contexto del nuevo ciclo de políticas de emergencia que vive el país. La intervención de YPF y la ocupación casi por la fuerza de todas sus oficinas, dependencias, archivos, redes de comunicaciones recordaron a algunos observadores interesados procesos similares que, en muchos momentos y lugares del mundo, sirvieron de punto de partida de procesos de redefinición drástica del papel del Estado en la vida social. Tal vez por ello, gran parte de la prensa nacional se sumó a la promoción del clima de confrontación absoluta que procuraron imponer casi todos los protagonistas del proceso.
No ha sido ese, sin embargo, el talante básico con que una amplia mayoría de la sociedad argentina recibió una noticia sorpresiva pero, por muchas razones, deseada y en el fondo previsible. La expropiación cierra un proceso breve y accidentado de gestión privada nunca entendida del todo por la sociedad argentina.
La privatización de YPF jamás contó, en efecto, con dosis de consenso equivalentes a las del resto de los servicios públicos. Una visión retrospectiva de la evolución de los niveles de apoyo de las reformas iniciadas a principios de los años 90 demuestra con claridad que los mayores consensos se produjeron respecto de los servicios públicos domiciliarios de carácter universal, sobre todo teléfonos, distribución de gas y electricidad, agua y saneamientos urbanos. Las infraestructuras y servicios no universales debieron en cambio imponerse en un clima de debate y suspicacias. Tal fue el caso de la construcción y mantenimiento de rutas, los servicios de correos, o los puertos, aeropuertos y concesiones de transportes.
La exploración y explotación privada de petróleo y gas fue siempre resistida y no por una suerte de fundamentalismo mágico nacionalista, sino por el rechazo de la mayor parte de las fuerzas políticas tradicionales, los viejos y nuevos movimientos sociales y la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas. Salvo la opinión de un grupo reducido de economistas y empresarios, en general primó una visión defensiva y hostil a los diversos episodios que jalonaron la desnacionalización. La escasa transparencia de los procedimientos y decisiones adoptadas rodearon siempre a YPF de un barniz de sospecha, más que suficiente para explicar el actual clima de opinión.
La presencia universal del Estado en un sector pensado desde siempre como estratégico fue una demostración viva y permanente de la rara e inexplicable singularidad del caso argentino. Los resultados del experimento español convocaron un rechazo poco menos que absoluto. Bastó que el gobierno lo reconociera y encabezara la reacción reparadora para que los indicadores de consenso se dispararan con la contundencia que revelan los datos disponibles.
De acuerdo con los resultados del monitoreo nacional llevado a cabo por la consultora OPSM sobre sucesivas muestras nacionales en los últimos días, un 91% de la población ha venido siguiendo con interés y detalle los avatares del caso YPF. Un 75,6% se manifiesta de acuerdo con la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía. La resistencia a la medida se limita a un 18,3%, porcentaje donde el rechazo absoluto llega apenas a un 3,7% de la población. Se trata de una aceptación clara en cuanto al contenido y objetivos del paso del gobierno aunque dividida respecto de los métodos y procedimientos. Un 42,1% hubiera preferido una negociación en buenos términos con Repsol, en tanto que un 51.8 refrenda el método escogido. Un porcentaje importante de la población espera consecuencias negativas en las relaciones con España (65,2%) y con el resto de los países desarrollados (49,4%).
Los porcentajes de expectativas de mejora de la situación de la nueva YPF alcanzan proporciones cercanas o superiores al 70% en temas clave como la capacidad de inversión, desempeño técnico, resultados económicos y sobre todo contribución del nuevo esquema al autoabastecimiento energético. Los puntos que suscitan mayor debate son los referidos a la capacidad de gestión estatal. Una aceptación amplia pero cautelosa. Aun así, un porcentaje de 73,1% se confiesa optimista respecto al futuro de YPF, aun cuando la cifra sea algo menor al evaluar la política energética en general (66,5%). El clima de época -por cierto no exclusivo de la Argentina-, la búsqueda de mayor protección estatal y el fracaso de las recetas privatizadoras explica que un 62% reclame mayor intervención estatal en otros sectores estratégicos. Sin embargo, se reconocen y asumen los riesgos del conflicto y los costos seguros de toda reacción de emergencia.
Para una amplia mayoría, el fin no justifica los métodos. Sin embargo los excusa en una coyuntura que ofrece muy pocas opciones, como la que se reconoce estar viviendo. Toda una carta de navegación compleja y sofisticada para iniciar un trayecto en la que el punto final parece estar bastante más claro que el trayecto elegido. Las dificultades están a la vista y está aún por comprobarse la capacidad de los diversos actores, tanto públicos como privados, para adaptarse a un nuevo mundo, pleno de desafíos y cambios irreversibles.

Enrique Zuleta Puceiro es Profesor de la UBA, Sociologo y miembro del Consejo directivo de ESEADE.

Patoterismo populista: ahora con YPF:

Por Pablo Guido: Publicado el 17/4/12 en: http://chh.ufm.edu/blogchh/

Ayer, la presidente argentina anunció que el Estado expropiaría el 51% de las acciones de YPF, la empresa petrolera insignia del país. Solo para ponerlo en contexto: la empresa YPF fue privatizada en la década del 90 porque las pérdidas eran tan grandes que no había manera de mantener la exploración, producción y refinación del petróleo suficiente para abastecer al mercado. El mismo partido gobernante y casi los mismos políticos que aplaudieron a rabiar la privatización hace poco más de 10 años ayer aplaudieron a rabiar la estatización, por ahora parcial de la misma empresa. En segundo lugar, como en otros mercados la intervención estatal ha generado escasez de productos como consecuencia de la falta de inversiones. Desde el año 1998 no sólo ha bajado la producción de petróleo sino también las reservas petroleras (lo que se estima con cierta probabilidad que existe debajo de al superficie por las exploraciones realizadas). Además, la refinación de petróleo también está muy limitada. Algunos números: en el año 2006 las exportaciones del rubro combustibles y energía llegaban a 7,800 millones de dólares y las importaciones del mismo rubro a 1.700 millones, alcanzando un superávit comercial energético de 6.000 millones aproximadamente. En el año 2011 las exportaciones energéticas fueron de 6.500 millones y las importaciones de 9.400 millones, haciendo un déficit energético de casi 3.000 millones de dólares. Claro que esta situación de desabastecimiento fue anunciada hace más de dos años en un informe redactado por 8 ex secretarios de energía de la nación. Obviamente que fueron calificados por el gobierno poco menos como traidores a la patria. 

La pregunta es: ¿por qué no se invierte en la Argentina en el rubro energético? La respuesta es de manual: por los controles de precios, que hacen no rentable dichas inversiones. Pero como el gobierno argentino ha generado esta política populista de “combustible y energía barata para todos” y ahora llega el momento donde la escasez energética provoca una sangría de recursos para pagar importaciones fenomenal, entonces ahora se preocupa y desesperadamente estatiza YPF. Como podemos observar en el gráfico, desde que los rumores de la estatización comenzaron a arreciar a principios de año el precio de la acción se desplomó un 50%: en 3 o 4 meses la caída fue de los $40 a los $20 dólares. Ayer, después del anuncio de la estatización parcial las transacciones de la acción de YPF, tanto en la bolsa de New York como de Buenos Aires, tuvo que ser suspendida por la caída estrepitosa que se venía en el precio de la misma.   

Según los datos oficiales, el valor de mercado de la empresa llega a unos 8 mil millones de dólares, muchísimo menos que los 18 mil que valía hace un par de meses, antes que comenzara su andanada de rumores estatizadores. De todas maneras, el presidente de Repsol dice que reclamará un pago de unos 10 mil millones de dólares. Y a partir de ahí tendría que comenzar a invertir miles de millones de dólares anuales para recomponer no sólo el nivel de reservas perdidas en la última década sino también la producción y refinación de petróleo. Esto, según los expertos, no llevaría menos de 3 o 4 años, si se comenzara ya el proceso de inversiones. Pregunta obvia: ¿quién invertirá en la Argentina, prestándole al gobierno argentino, miles de millones de dólares en el sector petrolero después de lo que ha pasado ayer?

 Mañana seguimos contando esta medida que forma parte de una novela populista de bajo calibre, apoyada por la mayoría del electorado argentino.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.