“La inflación ya es el ajuste”

Por Belén Marty: Publicado el 14/2/16 en: http://cadenaba.com.ar/nota.php?Id=35366

 

Ayer fui a cenar a una parrilla porteña con mi prima de Suiza (hija de un argentino y una peruana) y cuando estábamos por terminar de comer se nos acerca el dueño para preguntarnos si estaba todo bien. Mi prima lo felicita por el lugar y por el ambiente (muy agradable por cierto) y le pregunta: “¿desde qué empezaste con el negocio, has tenido que aumentar los precios?”.

Y claro. Es muy difícil para un suizo entender de inflación cuando una gaseosa cuesta 1 franco suizo desde tiempos inmemoriales. A un ritmo de inflación de entre 3 y 4% mensual como la que estamos viviendo ahora la correcta pregunta hubiera sido: “¿has tenido que aumentar los precios este mes también?“.

Cuando Cristina Kirchner aseguró en Harvard que si el país hubiese estado teniendo una inflación del 25% anual, Argentina “estallaría por los aires”. Imagínense ustedes lo que estamos viviendo cuando las estimaciones más optimistas sostienen que este 2016 la inflación rondará el 29%.

¿Pero cómo hacen para vivir así?“, pregunta mi prima. Y yo me río. E improvisé una clase de economía de países populistas casi sin pestañar. Le muestro un billete de $100 y le digo que hoy el billete de más denominación vale algo así como unos 5 euros.

El aumento generalizado de precios (consecuencia de la inflación) se da por una creciente desvalorización del peso. No es que las cosas cuesten más todos los meses, sino que el precio del peso bajó. Nadie lo quiere. No lo atesoramos sino que buscamos deshacernos de él con la compra de bienes y servicios.

El Banco Central imprime billetes idénticos a los que ya están en circulación y que tienen exactamente el mismo poder de compra para financiar un 8% de déficit fiscal. El problema es que los nuevos billetes son físicamente iguales a los que ya están circulando entonces la gente no puede discriminarlos y los termina aceptando. Y como sucede siempre, a demanda estable, si aumenta el número de un bien (en este caso el peso), baja su precio. No hay que tener un doctorado en economía para entenderlo.

Además, como siempre, los que reciben estos nuevos billetes son los que están más cerca del poder (sindicatos, empresas contratistas) y pueden comprar productos o servicios antes de que aumenten de precios. Es un dinero que no recibieron de manera honesta ni de ahorros sino que cayó del cielo (o de la máquina de imprimir billetes).

El economista liberal Javier Milei lo explicó en su ultimo artículo en el cual citó a Milton Friedman: “Puede que los empresarios sean voraces, los sindicatos ambiciosos, los consumidores despilfarradores, los jeques árabes hagan subir el precio del petróleo y las condiciones meteorológicas a menudo sean malas. Todo esto puede conducir a aumentos de precios de bienes individuales, pero no puede llevar a un incremento general de los precios de los productos. Pueden provocar una suba temporal de la tasa de inflación, pero no pueden ser la causa de una inflación continua por una razón muy simple: ninguno de estos aparentes culpables posee la máquina de imprimir estos trozos de papel que llevamos en nuestros bolsillos”.

Por tanto, los dueños de restaurantes (por ejemplo) o el resto de los comerciantes tiene que enfrentar todos los meses la gran pregunta: ¿subo los precios? Y si los subo, ¿a cuánto? Antes, cuando el precio de los productos los ponía Guillermo Moreno o Augusto Costa, las excusas de los comerciantes eran válidas y como tenían las manos atadas, justificaban el desabastecimiento, la mala calidad de los productos, la reducción de los tamaños, en las arbitrarias decisiones de la política pública nacional. Pero ahora, que tienen libertad deberán decidir qué día del mes aumentan los precios y cuánto.

El dueño del restauran le aseguró a mi prima que sabe que si su proveedor de confianza con el que trabaja hace 15 años aumenta los precios de la carne es “porque no le queda otra”.

Una de las consecuencias de la inflación es la destrucción de los precios relativos. Como nadie sabe cuánto cuestan realmente las cosas, nadie sabe si lo que está pagando por cierto bien o servicio es caro o es barato. Ciertos bienes aumentan antes de precio, los comerciantes no pueden saber ni especular el comprotamiento real de la demanda. Ir a comer a un restorán de servilletas de tela termina costando lo mismo que comer en un bodegón de barrio.

La inflación le complica la vida a la gente. En primer lugar, le licúa el sueldo a todos los trabajadores (en especial a aquellos más alejados del poder politico que reciben más tarde los pesos falsificados por la máquina de imprimir), modifica los comportamientos de la gente (¿a dónde fueron a parar todas las monedas?), desestabiliza la estructura de precios interviniendo el mercado y embarrando la cancha, e impide u obstaculiza los planes a largo plazo (¿quién va a invertir en un contexto tan incierto?).

Mi prima se escandalizó. “Esto no es normal”, me dijo seriamente. “Ustedes estan todos locos”. Mientras Macri decidió tomar un plan gradualista para evitar el ajuste y evitar asi terminar con la inflacion este año, mi prima me mira y me dice “pero si la inflación ya es el ajuste”. Y entendió todo.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

Una ley para perjudicar a los consumidores

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 19/8/14 en: http://www.lanacion.com.ar/1719724-una-ley-para-perjudicar-a-los-consumidores

 

El proyecto de ley para no solo regular los precios sino también eliminar de hecho la propiedad privada mediante una simple decisión administrativa del burócrata de turno no solo va a fracasar sino que empeorará la situación de la gente. Si bien desde el Gobierno dicen que esta ley es para defender al consumidor, la realidad es que el consumidor terminará siendo perjudicado y la población en general retrocederá varios escalones en su nivel de vida, salvo, claro está, los burócratas que tienen el poder.

Bastaría con recomendarle a Axel Kicillof que leyera el libro de Robert Lindsay Schuettinger y Eamonn Butler titulado 4000 años de control de precios y salarios: cómo no combatir la inflación, para que adviertan por qué van a fracasar. Pero la realidad es que ni en el Gobierno van a leer este libro y si lo leyeran y comprendieran, tampoco es su objetivo resolver el problema de fondo. Su objetivo es consumir el capital de trabajo de las empresas para sostener artificialmente el consumo que viene en caída libre.

¿Por qué el Gobierno quiere una ley inconstitucional que le otorgue poderes similares a los de sistemas totalitarios? Porque por groseros errores de política económica se han metido en la tormenta perfecta y la solución que encontraron es financiarse con el capital de trabajo de las empresas.

Se metieron en la tormenta perfecta porque cada vez se producen menos bienes como consecuencia del intervencionismo y la falta de seguridad jurídica que va destruyendo inversiones. Esta menor producción de bienes se combina con una mayor cantidad de pesos en circulación que, a su vez, la gente quiere quitárselos de encima lo antes posible porque sabe que mañana podrá comprar menos bienes con un billete de $ 100. Es decir, cada vez hay menos bienes ofrecidos, más moneda circulando y encima la gente huye del peso. La tormenta perfecta. La gente tiene cada vez más pesos en sus bolsillos que valen cada vez menos y se abalanzan con esos pesos sobre una cantidad menor de bienes.

Bajo este contexto, por ejemplo, la ley le permitiría al Gobierno confiscar los granos que tienen los productores en los silos bolsa en caso de necesitar dólares. Es decir, ante la escasez de dólares: ¡confísquese! Dados los problemas de inflación y falta de productos, forzar a las empresas a vender a pérdida puede darles algo de aire para llegar a 2015. ¿Por qué? Porque pueden forzar a las empresas a perder su capital de trabajo para frenar algo la caída del consumo. Lo explico de otra forma. El empresario tiene vasos en su estantería que el Gobierno le obliga a vender a $ 10 o se los confisca. Pero resulta que cuando el empresario quiere reponer ese vaso, por efecto de la inflación, el precio es de $ 15, el resultado es que perdió su parte de su capital de trabajo. Ahora tiene un vaso menos en la estantería porque con los $ 10 no puede reponerlos. Esto no es otra cosa que financiar el consumo, consumiendo el stock de mercaderías existente. Así de sencillo.

Vayamos ahora al fondo del tema para ver por qué ni Kicillof, ni Augusto Costa, ni todas las planillas Excel pueden tener éxito con esta ley autoritaria. Para que Kicillof pudiera saber qué hay que producir, en qué cantidades y calidades producir y a qué precios vender, deberían conocer cómo valora cada uno de los 40 millones de argentinos cada bien y servicio que se ofrece en el mercado. Dicho de otra manera, cada persona está dispuesta a entregar su dinero a cambio de una mercadería si valora más la mercadería que recibe, que el dinero que entrega a cambio.

En segundo lugar debería saber cómo van cambiando las valoraciones de la gente respecto a cada bien y servicio que se produce en el mercado. Si hoy comí pizza no quiere decir que mañana tenga ganas de volver a comer pizza. Tal vez quiera comer pastas, o carne vacuna, o de pollo o porcina o verduras. ¿Cómo saben Kicillof y el resto de sus funcionarios qué voy a querer comer mañana yo y el resto de los habitantes? ¿Si hoy comí pizza y Kicillof no sabe qué voy a querer comer mañana, dónde le dice al molino harinero que lleve la harina, a la casa de pastas o a la pizzería? No puede saberlo. Sus decisiones son arbitrarias. Es más, ¿y si no quiero ni pizza ni pastas y prefiero un sándwich de mortadela con lo cual la harina hay que llevarla a la panadería para hacer el pan del sandwich? El dilema de Kicillof es tratar de saber qué voy a querer comer mañana (pizza, ravioles o sándwich). Y eso es imposible, salvo que él me imponga qué tengo que comer.

Como no lo puede saber, no puede definir qué hay que producir mañana. Ahora, si ya con el tema de la comida Kicillof no tiene la suficiente información como para saber qué quiere cada argentino y cómo cambia de gustos (cómo valora cada bien), menos puede tener idea sobre todos los bienes de la economía para los 40 millones de consumidores. Y aquí viene el problema de fondo: lejos de defender a los consumidores, en el largo plazo el Gobierno va a perjudicarlos. Es decir, no solo destruirán el capital de trabajo de las empresas, reducirán la productividad de la economía, los puestos de trabajo y los ingresos reales, sino que, además, es falso que sea una ley para proteger a los consumidores, por la sencilla razón que ni la computadora más avanzada del planeta puede llegar a procesar en una planilla Excel las valoraciones de cada uno de los consumidores y cómo cambian esas valoraciones sobre cada uno de los bienes, que son las que le indican a los empresarios, vía los precios, qué hay que producir, cuánto, de qué calidad y a qué precio vender. Los precios no son otra cosa que la expresión numérica de las valoraciones de cada consumidor. Y las valoraciones de cada uno de los 40 millones de argentinos son variables y no pueden ser metidas en ninguna celda de una planilla Excel. Por eso la economía no es una ciencia exacta y las ecuaciones no sirven para nada.

Como la llamó Hayek a este tipo de políticas económicas: la fatal arrogancia de los burócratas. Se ponen por encima de la sociedad y no solo destruirán las empresas, sino que están decidiendo por cada uno de nosotros qué tenemos que consumir, en qué cantidades, en qué calidades y a qué precios. Por lo tanto el título perfecto de esta ley debería ser: ley para perjudicar a los consumidores.

En síntesis, si Kicillof, su gabinete y todas las computadoras del Ministerio de Economía no pueden resolver este problema económico porque las valoraciones de los consumidores no son constantes, sino que son variables, lejos pueden afirmar que es una ley para defender a los consumidores..

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Telefonía móvil prepaga ahora bajo control de precios en Argentina

Por Belén Marty: Publicado el 6/8/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/08/06/telefonia-movil-prepaga-ahora-bajo-control-de-precios-en-argentina/

 

El Gobierno de Cristina Kirchner anunció el 4 de agosto que expandirá el plan de Precios Cuidados a los planes de telefonía prepaga. Ahora la iniciativa no solo contemplará controles de precios a las comidas, bebidas, materiales de construcción y a las motocicletas, sino que incluirá a partir del 15 de este mes el Plan Prepago Nacional (PPN) para celulares.

El PPN incluirá a todas las empresas de telefonía móvil que operan en Argentina (Claro, Personal, Movistar y Nextel) y aplicará control de precios a todos los servicios: SMS (mensajes de texto), MMS (mensajes multimedia), Internet móvil, llamadas de voz, con el agregado de que contemplará, además, un número gratis para llamadas y otro para envío de SMS.

Este plan, presentado por el secretario de Comercio Augusto Costa y el secretario de Telecomunicaciones Norberto Berner, busca establecer una tarifa de referencia y crear competencia entre las cuatro empresas de telefonía móvil que operan en Argentina.

“Se pondrá en marcha una alternativa de consumo que servirá de referencia para que los consumidores argentinos estén informados de los costos de la telefonía y puedan comparar y elegir qué plan se adapta mejor a sus necesidades,” afirmó Berner.

Además aseguró que los precios de este plan serán “sensiblemente menores” a los que ofrecen hoy las compañías. Los usuarios de celulares con planes prepagos podrán “de manera libre y gratuita cambiarse al plan prepago nacional, optando por mantener la portabilidad numérica”, puntualizó Berner.

Por su parte, el secretario de Comercio indicó que “con más elementos, el consumidor puede tomar decisiones informadas, y eso es sinónimo de un ejercicio efectivo de los derechos”.

Esta propuesta del Gobierno se aplica solo a los planes prepagos, que representan el 70% del total de la facturación de las empresas. Buscan “evitar abusos por la multiplicidad de planes ofrecidos y la falta de información sobre los costos del servicio”, según informó el comunicado del Palacio de Hacienda.

Los precios establecidos por el ministerio de Economía incluyen un valor de AR$0,74 (US$0,06) por el envío de un SMS (frente a los AR$0,99 que está ofreciendo hoy Claro Argentina) y AR$1,47 (US$0,11) por el bloque de los primeros 30 segundos de llamada (contra AR$1,65). Además ofrece un precio diario de envío y recepción de datos de internet a AR$2,50 (US$0,2), contra los AR$3 de Claro.

En cuanto a la magnitud de la industria, Berner precisó que el consumo en Argentina aumentó “de 4,5 millones de celulares en 2003 a 63 millones” en la actualidad, y sostuvo que así se pasó “de un servicio para una élite, a uno de todos los argentinos con celular, es decir, acceso universal”.

También sostuvo que ahora lo importante es que las empresas de telefonía sigan invirtiendo cada vez más en el país, pero que esa inversión esté “mejor destinada”. Justificó la medida diciendo que desde el Estado se cumple con regular y controlar.

La contracara

Jose Luis Espert, economista argentino, le expresó a PanAm Post que esto terminará perjudicando aún más a la industria de la telefonía móvil argentina. Aseguró que pasará exactamente lo opuesto a lo que dice el Gobierno que sucederá.

“Tenemos el parque tecnológico más viejo de América Latina en materia de telefonía móvil. Hoy ya casi no se puede hablar por celular por la interferencia y la mala calidad de la señal de cobertura, y este plan es un desincentivo para la inversión. Los empresarios deberían poder poner los precios que deseen”.

Ademas, señaló que cada vez que el Estado interviene en una industria en particular la destruye. “Esto ocurrió con el mercado de la carne, de las frutas y verduras, hoy ya no hay más trigo y estamos sin energía”, indicó Espert.

Finalmente aseguró que hoy Argentina es el segundo país del mundo con mayor inflación. “Están cuidando los precios para que sean los más altos posibles”, ironizó.

¿Inflación cuidada?

Bajo el lema de “a los precios los cuidamos entre todos”, el Gobierno nacional obligó a empresas comercializadoras, distribuidoras y otros proveedores a mantener una administración de precios controlados, determinados por las autoridades según el análisis de las cadenas de valor.

Según la página web oficial del programa, “son precios que permiten asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado”.

Actualmente esta iniciativa del Gobierno se aplica a productos de supermercados y autoservicios, materiales de la construcción, mayoristas y distribuidoras y hasta acuerdo de precios de 23 modelos de motos.

A pesar de la intención del Gobierno nacional de mantener un nivel de precios estable, la inflación de Argentina solo en el mes de julio fue del 2,55%, según los datos del Índice de Precios de elaborado por el Congreso. El Instituto Cato calcula que Argentina ya está con una inflación anual implícita del 56%.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.