El oscuro negocio de la publicidad oficial

Por Iván Carrino. Publicado el 14/1/16 en: https://igdigital.com/2016/01/el-oscuro-negocio-de-la-publicidad-oficial/

 

La reciente expulsión de Víctor Hugo Morales de Radio Continental vuelve a poner sobre la mesa el tema de la distribución de la publicidad oficial, una herramienta que los gobiernos utilizan para intentar cercenar la libertad de prensa.

El lunes de esta semana nos enteramos que Víctor Hugo Morales fue echado de Radio Continental de una manera, como mínimo, desprolija. Minutos antes de comenzar su programa diario, un escribano se presentó en la radio informándole de la situación e impidiéndole seguir con su rutina. Solamente esto debería llamar la atención de cualquier persona que trabaje en relación de dependencia o por contrato, ya que siempre hay maneras más elegantes de resolver los conflictos.

Para el famoso relator deportivo devenido en defensor acérrimo del gobierno kirchnerista, detrás de su expulsión está el presidente Mauricio Macri, ya que la radio donde trabajaba tiene miedo de comenzar a recibir menos pauta publicitaria gubernamental, al tener entre sus filas a un militante del “modelo K”. Como era previsible, Macri negó las acusaciones y hasta el momento no hay datos que avalen la postura del periodista.

Ahora bien, más allá del caso particular de Morales, lo cierto es que la situación vuelve a poner sobre la mesa la cuestión del dinero que el gobierno destina para hacer publicidad en los medios de comunicación.

Según un documento de la Asociación por los Derechos Civiles publicado en la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la “publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población” con el propósito de “difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales”, entre otras cosas. Sin embargo, en los últimos años el kirchnerismo violó sistemáticamente este principio, distribuyendo, entre 2009 y 2015, más de $ 6.500 millones de pesos con un criterio absolutamente cuestionable que favorecía a los “periodistas militantes” en detrimento del resto de los medios de comunicación.

Luego de ver las sumas que recibieron algunos, no extraña ver el fervor militante que mostraban. Sin embargo, esto no atañe exclusivamente a los que se beneficiaron sobremanera con la pauta oficial, sino a todos los medios que dicen ser privados e independientes pero que necesitan del dinero público para sobrevivir. Lamentablemente, si los medios “privados” necesitan de la pauta estatal para sobrevivir, entonces no son ni privados ni independientes.

Uno podría argumentar que si no se recibe el dinero del estado, deberá buscarse el dinero del sector privado y que éste también puede condicionar los contenidos de los programas que desea auspiciar. Por supuesto que nadie niega esta realidad, pero es diferente cuando el dinero lo aporta un privado de su bolsillo a cuando lo hace el estado con el bolsillo de todos los contribuyentes.

La empresa se representa a sí misma, por lo que tiene derecho de sostener económicamente a quien más le plazca. El estado, por el contrario, debería representarnos a todos, por lo que es inadmisible que apoye una visión del mundo determinada que, en la mayoría de los casos, es concordante con la visión del propio gobierno, y que puede ser contraria a la de un sector del electorado. El caso de “678” es el ejemplo paradigmático donde el dinero de todos iba a financiar las ideas políticas de solo algunos.

En este marco, es evidente que, incluso cuando el gobierno tenga las mejores intenciones, resultará irresistible la tentación de acudir a la pauta para promover medios afines e intentar silenciar las voces disidentes. Dada esta evidente problemática, suele proponerse que la distribución de la publicidad oficial se reglamente por ley, como sucede en Perú, España o Australia, y que se privilegie la transparencia y la equidad en la distribución.

Sin embargo, aún cuando hubiera una ley al respecto, nada impediría que en el futuro la misma se modifique o incluso se viole sin más, como ha sucedido en el pasado reciente con numerosos artículos de la Constitución Nacional, supuestamente la ley más importante de la nación.

De esta forma, la conclusión más en línea con la defensa de la libertad de prensa es que la pauta oficial debe directamente eliminarse, ya que nunca dejará de ser una herramienta del poder pasible de utilizarse contra la libre expresión.

Ahora al analizar esta posibilidad, muchos temen que, sin pauta, nadie se entere de los actos o campañas del gobierno. Sin embargo, los medios son los primeros interesados en seguir la agenda oficial. De hecho, el gobierno no paga cuando un diario hace una nota sobre las novedades del Boletín Oficial y tampoco auspicia a los medios cuando quiere que éstos cubran una conferencia de prensa. Está en el interés de la prensa cubrirla y difundirla, ya que eso es lo que los consumidores quieren conocer.

Para concluir, en una era caracterizada por la revolución en las tecnologías de la información, que ni el gobierno ni los propios medios de comunicación cuestionen la existencia de la pauta oficial no solo atrasa varios años, sino que nos condena a vivir con escándalos como el de Víctor Hugo Morales u otros periodistas críticos de los gobiernos de turno.

Pero, más importante todavía, nos condena a vivir con la ausencia permanente de una verdadera prensa libre, un valor que debería ser el principal a defender por todos.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

No hay independencia en el sistema judicial argentino, según dos ONG

Por Belén Marty: Publicado el 11/12/15 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2015/12/11/no-hay-independencia-en-el-sistema-judicial-argentino-segun-dos-ong/

 

Señalan Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles que hay presiones indebidas desde el Ejecutivo y moras y omisiones en el propio poder judicial

En los últimos 12 años, las tensiones entre el gobierno y el poder judicial fueron sonstantes. (Fm89.9)

El sistema judicial argentino tiene falencias y no fue independiente del poder político durante el período de Gobierno kirchnerista. Eso concluye un informe difundido el viernes 11 de diciembre por la ONG Poder Ciudadano en conjunto con la Asociación por los Derechos Civiles(ADC).

Los autores del documento, Álvaro Herrero y Celeste Leonardi, narran en las 48 páginas del informe la situación de la independencia judicial en la Argentina. Explican en su introducción que el deterioro de la independencia judicial es un síntoma de la fragilidad de las instituciones políticas en este país.

Según el informe, los factores más comunes que boicotean la independencia judicial —principio contenido en el artículo 114 de la Constitución— son las presiones por parte del poder Ejecutivo, reformas polémicas, bajísima eficiencia para llenar los cargos vacantes, escasa actividad en materia de control disciplinario, la manipulación de las vacantes judiciales y los intentos por destituir de manera irregular a integrantes de la Corte Suprema.

Poder Ciudadano es una organización cuyo objetivo es “promover la participación ciudadana y concienciar a la población sobre los problemas de interés público que requieren del compromiso y de la participación de todos”. Mientras, ADC busca “contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas”.

“Los abusos contra la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes deben ser reparados por la justicia. De allí la importancia de que los/as jueces/zas se desempeñen sin recibir injerencias indebidas de ningún poder o autoridad, es decir, que sean independientes”, sostiene el informe.

Además, por la parálisis del Consejo de la Magistratura se generó un aumento de vacantes, y eso provocó un incremento en el número de magistrados subrogantes. Un subrogante es un juez suplente “que cubre el lugar de un juez titular cuando este renuncia, toma licencia, se excusa o no puede ejercer por otra causa”.

“En la actualidad, el 18,5% de los jueces son subrogantes. Sin embargo, la problemática situación de los subrogantes no es inédita, ya que desde 2007 se observa un porcentaje casi equilibrado en 20%”, añade el informe.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires integra el Poder Judicial porteño como órgano permanente de selección de magistrados y de administración. Su función consiste en asegurar la independencia del Poder Judicial, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.

Otro punto destacado del documento son las presiones por parte del Ejecutivo para que renuncie el juez Carlos Fayt. “El intento de controlar las designaciones de jueces provisorios en la Corte denota las injerencias del Poder Ejecutivo sobre la justicia, profundizando así el conflicto entre ambos poderes”, se explica.

Informan, asimismo, que el Consejo de la Magistratura también adolece de una sobrerrepresentación oficialista. Es decir, pueden aprobar decisiones fundamentales como la designación de jueces provisorios o subrogantes por mayoría simple.

“Por lo tanto, si bien la normativa y la jurisprudencia constitucional disponen que el Consejo de la Magistratura es un órgano compuesto equilibradamente por diversos estamentos, en la práctica la integración del partido mayoritario permite adoptar muchas decisiones por su solo acuerdo”, manifiestan los autores del mencionado escrito.

De esta manera, explican, los procesos de selección de jueces han pasado de ser mixtos (basados en méritos y en razones políticas) a ser casi exclusivamente políticos.

Indicaron: “Consideramos que la marcada influencia política en estos procesos no respeta los estándares interamericanos sobre independencia judicial. En esa línea, los adecuados procesos de designación y remoción de magistrados son fundamentales para asegurar la independencia de los jueces”.

Desde 2011, el Consejo de la Magistratura se halla en un estado de virtual paralización que le impide cumplir con sus funciones centrales: designación y remoción de jueces, indica el informe.

Por la parálisis en el sistema de designación de jueces se provocó la demora excesiva de la mayoría de los concursos.

El informe añade que en el año 2003, el entonces presidente Kirchner dispuso por medio del decreto 588/03 una serie de medidas de publicidad y transparencia para las designaciones. Sin embargo, el expresidente no estableció un plazo dentro del cual debiera enviar el pliego del candidato al Senado.

Otra falencia que destacan los expertos es que se el número de sanciones disminuyó en un 90% con respecto al período 2006-2010. Ello puede significar que “últimamente los magistrados cometen menos faltas en el desempeño de sus cargos o que el Consejo no ha actuado diligentemente en el proceso de investigación”.

Por último, el documento resalta una “injerencia indebida en el desempeño” del juez Claudio Bondadio por parte de la Cámara Criminal y Correccional que lo quiso apartar de la causa Hotesur que involucra a Cristina Kirchner, en su momento Presidenta de la Nación.

Finalmente, el informe sugiere que para volver al camino de la independencia y real equilibrio de poderes “se requiere una estrategia precisa y bien articulada para sacar al Consejo de la Magistratura de su parálisis”.

La necesidad más urgente es “el diseño de un plan de trabajo mediante el cual en un plazo de entre dos y cuatro años se reduzca de manera drástica el número de juzgados vacantes, al tiempo que se asegure la celeridad adecuada en la realización de los concursos para cubrir las nuevas vacantes”, concluyeron.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.