¿Qué diablos quiere decir que hay que “hacer un ajuste”?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 5/3/2en: https://www.infobae.com/opinion/2023/03/04/que-diablos-quiere-decir-que-hay-que-hacer-un-ajuste/

Insistir en que los actuales niveles del gasto público deben hacerse eficientes es tan desatinado como sostener que el robo debe ser eficiente

Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat

Hay quienes insisten en que para corregir los entuertos que vivimos los argentinos hace falta “un ajuste” por lo que es pertinente detenernos en esta palabreja a los efectos de aclarar su significado. Antes nos hemos referido al asunto pero en vista de que se reiteran casi a diario una y otra vez las recomendaciones del ajuste, es del caso volver sobre este tema con la intención de despejar telarañas mentales.

Ajustar tiene la connotación de algo doloroso y casi cruel. En este contexto se pregunta y repregunta en diversos medios cuando se sugieren medidas de fondo para revertir la situación hasta que punto sangrará la comunidad al adoptar tal o cual política considerada necesaria.

A nuestro juicio el asunto está mal planteado. El ajuste, el dolor, la crueldad y el sangrado ocurren como consecuencia de no adoptar medidas correctivas que precisamente nos liberen del espantoso ajuste cotidiano que venimos soportando desde hace décadas. Un verdadero ajuste a la garganta de cada cual. Se requieren entonces medidas que nos liberen del ajuste que sufre la comunidad argentina, muy especialmente sobre las espaldas de los más vulnerables. Hay que demandar medias anti-ajuste para liberar la energía creadora aplastada con gastos exorbitantes, impuestos insoportables, inflación inaguantable, regulaciones asfixiantes, legislación laboral contraria al trabajo y cerrazón al comercio internacional que obligan a pagar más caro y de peor calidad. Estos ajustes brutales son al cinturón de la gente que respira con dificultad como consecuencia del apriete inmisericorde. Por tanto debemos liberarnos del ajuste crónico que siempre provoca el estatismo.

El reducir el monstruoso aparato estatal libera recursos para que puedan emplearse de modo productivo y no parasitario que empobrece a todos. Del mismo modo que se liberó al hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera, al cartero cuando se generalizó el uso del correo electrónico o los fogoneros cuando aparecieron las locomotoras Diesel, de ese modo y con mucha mayor razón y urgencia se libera fuerza laboral para emplearse en faenas útiles en lugar de paralizarlas en poner palos en la rueda. A su vez el empresario deseoso de sacar partida de nuevos arbitrajes estará especialmente interesado en capacitar para incrementar sus ganancias en nuevos renglones.

A los que, dentro o fuera del gobierno, se alarman por los llamados “ajustes” debo decirles que tienen razón en preocuparse, así como cuando se proponen medidas de shock. Ya bastantes ajustes y shocks sufre la población en nuestro medio desde que amanece hasta que se acuesta como para absorber otros reveses.

A partir del golpe fascista del 30 y mucho más desde el peronismo y sus imitadores venimos chocando contra una pared. Es momento de escuchar otras voces que no sean las de repetir la misma cantinela estatista de los últimos largos tiempos.

El asunto es precisar que si en verdad se quiere aliviar la situación de la gente, es imprescindible engrosar sus bolsillos, para lo cual deben transferirse recursos desde el Leviatán, que ha venido saqueando el fruto del trabajo ajeno al acumular funciones incompatibles con un sistema republicano. No se trata entonces de ajustes y shocks adicionales, sino de restituir e incrementar el poder adquisitivo de los gobernados.

No se trata tampoco de disimular el gasto elefantiásico con el incremento del producto bruto para modificar la ratio respectiva; se trata de eliminar facultades que se han arrogado con inaudita insolencia los aparatos estatales, pero que son propias del ciudadano.

Entre otros, el decimonónico Frédéric Bastiat en su obra titulada La ley, explica con claridad que no se puede recurrir a subterfugios para disfrazar las recaudaciones gubernamentales que exceden las funciones específicas de una sociedad abierta, las cuales, subraya, se traducen en mero “robo legal”.

Ilustremos esto con un ejemplo extremo referido a la zoncera del gradualismo: supongamos que un ladrón arranca la billetera de un transeúnte; seguramente si es apresado se hará que el delincuente devuelva el botín a la víctima, pero no gradualmente, sino lo antes posible. De lo que se trata no es de implantar la justicia con cuentagotas, sino de restituir la propiedad.

Del mismo modo ocurre con un gobierno completamente desordenado en sus cuentas. Si se gasta más de lo que ingresa en un contexto de gasto hipertrofiado, no puede evitarse la bancarrota de una empresa o los efectos nocivos del desorden en el seno de una familia. Pero estemos atentos también en esto, no se trata simplemente de equilibrar las cuentas que puede lograrse succionando la totalidad de los recursos de la gente lo cual significaría convertir en esclavos a todos sin déficit fiscal. De lo que se trata es de respetar los derechos y consecuentemente el fruto del trabajo ajeno limitando el manotazo fiscal a lo imprescindible para garantizar el respeto recíproco.

No se trata de causar dolor, sino alivio y mejora en la condición social de la gente. Lo relevante es que el balance neto entre costos y beneficios abra de par en par las puertas del progreso para todos, muy especialmente la de los más necesitados. No hay magias posibles, no puede engullirse la torta y tenerla al mismo tiempo.

El desorden conlleva costos altísimos que los pagan principalmente los más débiles económicamente, ya que los ahorros y las inversiones se contraen. Por supuesto que todo en la vida tiene un costo. No hay acción sin costo. El lector incurre en costos al leer esta nota, puesto que para hacerlo debe abstenerse de prestar atención a otros asuntos de su preferencia según la secuencia de prioridades de cada cual. En economía esto se denomina costo de oportunidad. En el caso que nos ocupa, en un primer momento absorberán costos quienes deben amoldarse a otros destinos al efecto de ser reabsorbidos en tareas distintas que no podían encararse, precisamente debido a que se encontraban esterilizadas en las órbitas de los aparatos estatales. Pretender el progreso sin cambio constituye una contradicción mayúscula puesto que el progreso es cambio. Recordemos que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, a diferencia de Jauja siempre hay todo por hacer y sin trabajo no se concibe la producción de bienes ni la prestación de servicios incluyendo la robotización que también libera trabajo para nuevos oficios.

En este sentido, como queda consignado, la liberación de factores humanos y materiales permite encarar otras tareas, hasta el momento imposibles de concebir, lo cual presenta nuevos negocios y las consecuentes capacitaciones. Debe hacerse foco en el sufrimiento, especialmente el de la gente de menores ingresos sobre la que recae el peso de verse obligada a mantener funcionarios cuyas faenas consisten en asignar recursos en direcciones distintas de las que hubiera decidido la gente en libertad (si el gobierno decidiera lo mismo que prefiere la gente sería superfluo el uso de la fuerza que en todos los casos demanda la intervención estatal). La vida es corta, esta situación injusta que se viene prolongando clama a los cielos.

Solo proteger derechos es la función del monopolio de la fuerza. La herencia recibida es catastrófica, pero no podemos consumir nuestras existencias maldiciendo ese estado de cosas, sino tomar el toro por las astas y revertir el problema en lugar de agravarlo tal como viene ocurriendo. Liberar recursos se torna indispensable, insistir en que los actuales niveles del gasto público deben hacerse eficientes es tan desatinado como sostener que el robo debe ser eficiente.

En este contexto, es crucial comprender que los salarios e ingresos en términos reales dependen de las tasas de capitalización. Esta es la diferencia entre países prósperos y países pobres. No son los recursos naturales que a veces crean la falsa ilusión de riqueza per se, es un tema de marcos institucionales confiables.

De todos modos, cualquiera que sea la situación, quienes estiman necesario ayudar en mayor medida al prójimo lo pueden hacer, por ejemplo, a través de una ONG de amplio acceso público donde cada uno ingresa su donación. Con esto, los políticos y sus socios dejarían de recurrir a la tercera persona del plural en sus discursos y, en su lugar, todos lo harían en la primera del singular asumiendo responsabilidades. En este supuesto no se usaría a los pobres para campañas electorales y se finiquitaría con la hipocresía de sostener que los gobiernos (es decir los vecinos) deberían ayudar a otros de modo coactivo.

Como queda dicho, debe enfatizarse otra sandez cual es priorizar a todo trapo el orden en las cuentas fiscales al tamaño del aparato estatal, las dos cosas son importantes pero como ha dicho Milton Friedman es mejor un déficit del fisco del 10% del producto con impuestos del 2% y no cuentas equilibradas con una succión estatal del 80% del producto. El problema medular es el tamaño desmedido del aparato estatal que provoca un ajuste fenomenalmente dañino en la vida de la gente.

Se hace necesario retomar la tradición alberdiana y recordar que nuestro país estaba a la vanguardia del mundo libre cuando se adoptó. En resumen, debemos escapar de la dialéctica del ajuste como salvación para en su lugar implantar medidas anti-ajuste o anti-apretada para permitir que florezca el progreso propio de un clima liberal. Sugiero se recurra a la expresión “liberar fuerzas productivas” hoy encarceladas por el estatismo, es decir, el “robo legal” un concepto clave a contracorriente del positivismo que fue estampado por la célebre pluma de F. Bastiat a quien hemos mencionado más arriba en esta nota. Los costos de la liberación de recursos son siempre infinitamente menores que mantener las botas sobre cuerpos indefensos.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Los problemas del sector externo argentino:

Por Guillermo Luis Covernton. Publicado el 7/8/19 en: https://issuu.com/desafioexportar/docs/desafio_exportar_n__169/8

Urge retornar a una genuina libertad cambiaria, para promover la estabilidad y previsibilidad del sector externo.

 

El problema al que vamos a aludir no es reciente. Y se puede afirmar que ha impactado en las decisiones macroeconómicas argentinas desde hacen décadas. El principal motivo por el que hoy cobra actualidad y se viraliza el debate, radica en que, mal que les pese a muchos, el gobierno actual se mueve mucho más ceñido a las instituciones, respetando en mayor medida que muchos de los anteriores, el estado de derecho, la libertad de comercio y los derechos individuales que ampara nuestra constitución. Entre los que, la libertad de comprar y vender divisas en un mercado abierto, no es una anécdota, sino la base de la estabilidad del sector.

Por estas razones, el equilibrio del sector externo es una condición ineludible para la estabilidad del tipo de cambio. El equilibrio fiscal es otra variable insoslayable si se pretende eliminar la inflación y darle previsibilidad al comercio exterior.

Arrastramos décadas de inestabilidad cambiaria. Un precio de la divisa que se dispara al alza y que periódicamente es planchado por el gobierno, con intervenciones en el mercado, financiadas con deuda externa, no permite proyectar ni hacer rentable importaciones y exportaciones. El programa de financiamiento implementado con el FMI implicaba que el gobierno, al igual que se le exige a todos los países que este organismo financia, debe renunciar a la manipulación del tipo de cambio. Pero esta política ha recibido un “impasse”, frente a lo que el Fondo considera “urgencias electorales”[i]. Por lo cual, hoy tenemos un tipo de cambio atrasado, que seguirá esa tendencia, al menos, hasta asegurar la continuidad de este gobierno, tras las elecciones. Que es lo que esperan los mercados mundiales.

Eso ocasiona una situación de indefinición, potencial volatilidad futura y riesgo cambiario. Que debe eliminarse de raíz, implementando un tipo de cambio libre, sin intervenciones ni eufemismos y dejando operar el mercado de futuros de divisas, sin operaciones bajistas, por parte del BCRA que, en cualquier otro mercado mundial de referencia, se sancionan como “abuso de posición dominante”[ii]. El Banco Central no debe interferir en el proceso de formación de precios del tipo de cambio a futuro. De esa forma, el precio de la divisa permite asignar recursos, planificar el comercio exterior, asignar inversiones, analizar proyectos y calcular tasas de repago y el valor de cada proyecto con criterios profesionales.

Por supuesto, para lograr esta meta, se debe erradicar de raíz la inflación, ya que si esto no es así, las pautas cambiarias operan como una profecía auto cumplida, proyectando la inflación esperada.

Esto nos lleva a la segunda parte de este análisis. El del tipo de cambio de equilibrio a largo plazo. Y aquí es cuando las intenciones de exportar, siempre sobrevaloradas desde la esfera oficial, empiezan a sufrir una discriminación y un ataque sin tregua, cuando se materializan, luego de mucho sacrificio e inversión. Porque un país que incrementa sus exportaciones a paso firme, al originar un ingreso de divisas creciente, da lugar a una caída del tipo de cambio de equilibrio a largo plazo, que saca de la zona de confort a todas las demás industrias y actividades comerciales. Porque, al abaratarse la divisa, se encarecen los precios de los insumos no transables que se contratan en el mercado local. Lo cual quita competitividad, no solo a los demás exportadores, sino, asimismo, a quienes proveen el mercado interno, que se ven, por esa razón, acorralados por la competencia de bienes extranjeros, ahora a precios competitivos, que, en libertad de comercio, van a ejercer una competencia feroz. La solución, por supuesto, no es cerrar las importaciones, no solo porque eso haría caer el salario real, al encarecer los productos, sino que ese tipo de medidas, al disminuir la demanda de divisas para importar, termina generando el resultado inverso al buscado. Porque cuanto más se impide la competencia, más rubros se hacen competitivos.

Es de esperar que, pasadas las contiendas electorales, el gobierno retorne la senda de transparencia que el comercio internacional necesita. Promoviéndose así un ambiente de previsibilidad macroeconómica que permita radicar las inversiones imprescindibles para un crecimiento sostenido.

 

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es Profesor Titular de Finanzas Públicas, Macroeconomía, y Emprendimiento de Negocios en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Ha sido profesor de Microeconomía, y Economía Política en la misma universidad. Fue Profesor Titular de Proceso Económico en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, (UFM). Fue secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, corredor de granos y miembro de la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue asesor de la Comisión Nacional de Valores para el desarrollo de mercados de futuros y opciones. Fue director académico de la Fundación Bases. Es empresario y consultor.  Preside la asociación de Ex alumnos de ESEADE.

 

[i] https://www.efe.com/efe/usa/economia/fmi-respalda-medidas-tomadas-por-banco-central-argentino-en-mercado-cambiario/50000106-3963997

[ii] https://www.cronista.com/finanzasmercados/El-dolar-salta-40-centavos-pese-a-intervenciones-del-BCRA-en-el-mercado-20190729-0016.html

Carta abierta a los enemigos del ajuste

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 28/8/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2057135-carta-abierta-a-los-enemigos-del-ajuste

 

Es momento de escuchar otras voces que no sean las de incrementar el gasto público, los impuestos y el endeudamiento.

los que, dentro o fuera del Gobierno, se alarman por los llamados «ajustes» debo decirles que tienen razón en preocuparse, así como cuando se proponen medidas de shock. Ya bastantes ajustes y shocks sufre la población en nuestro medio desde que amanece hasta que se acuesta como para absorber otros reveses.

A partir del golpe fascista del 30 y mucho más desde el peronismo y sus imitadores venimos chocando contra una pared. Es momento de escuchar otras voces que no sean las de incrementar el gasto público, los impuestos, el endeudamiento y mantener la inflación a niveles inaceptables.

El asunto es precisar que si en verdad se quiere aliviar la situación de la gente, es imprescindible engrosar sus bolsillos, para lo cual deben transferirse recursos desde el leviatán, que ha venido saqueando el fruto del trabajo ajeno al acumular funciones incompatibles con un sistema republicano. No se trata entonces de ajustes y shocks adicionales, sino de restituir e incrementar el poder adquisitivo de los gobernados.

No se trata tampoco de disimular el gasto elefantiásico con el incremento del producto bruto para modificar la ratio respectiva; se trata de eliminar facultades que se han arrogado con inaudita insolencia los aparatos estatales, pero que son propias del ciudadano.

Entre otros, el decimonónico Frédéric Bastiat en su obra titulada La ley, explica con claridad que no se puede recurrir a subterfugios para disfrazar las recaudaciones gubernamentales que exceden las funciones específicas de una sociedad abierta, las cuales, subraya, se traducen en mero «robo legal».

Ilustremos esto con un ejemplo extremo: supongamos que un ladrón arranca la billetera de un transeúnte; seguramente si es apresado se hará que el delincuente devuelva el botín a la víctima, pero no gradualmente, sino lo antes posible. De lo que se trata no es de implantar la justicia con cuentagotas, sino de restituir la propiedad.

Del mismo modo ocurre con un gobierno completamente desordenado en sus cuentas, con gastos siderales, déficit monstruoso, tributos insoportables, deudas crecientes y una inflación que se mantiene a niveles muy superiores a la de cualquier nación civilizada. Del mismo modo, si se gasta más de lo que ingresa, no puede evitarse la bancarrota de una empresa o los efectos nocivos del desorden en el seno de una familia.

Una vez pasadas las elecciones, el orden y el recorte de gastos se tornan más urgentes. Esto es para bien de las personas involucradas. Si esto no fuera así, habría que hacer la apología del desorden, pero de esa manera la historia termina siempre mal, tal como viene sucediendo sistemáticamente en nuestro medio desde hace décadas.

No se trata de causar dolor, sino alivio y mejora en la condición social de la gente. Lo relevante es que el balance neto entre costos y beneficios abra de par en par las puertas del progreso para todos, muy especialmente la de los más necesitados. No hay magias posibles, no puede engullirse la torta y tenerla al mismo tiempo.

El desorden conlleva costos altísimos que los pagan principalmente los más débiles económicamente, ya que los ahorros y las inversiones se contraen no sólo debido a las pesadas cargas impositivas, sino que disminuyen debido a climas como los descriptos.

Por supuesto que todo en la vida tiene un costo. No hay acción sin costo. El lector incurre en costos al leer esta nota, puesto que para hacerlo debe dejar de prestar atención a otros asuntos de su preferencia según la secuencia de prioridades de cada cual. En economía esto se denomina costo de oportunidad. En el caso que nos ocupa, en un primer momento absorberán costos quienes deben reasignarse a otros destinos al efecto de ser reabsorbidos en tareas distintas que no podían encararse, precisamente debido a que se encontraban esterilizadas en las órbitas de los aparatos estatales.

En este sentido, la liberación de factores humanos y materiales permite encarar otras tareas, hasta el momento imposibles de concebir, lo cual presenta nuevos negocios y las consecuentes capacitaciones. El proceso debe llevarse a cabo con el mayor cuidado, pero resulta imperioso comenzar con la tarea cuanto antes.

Debe hacerse foco en el sufrimiento, especialmente el de la gente de menores ingresos sobre la que recae el peso de verse obligada a mantener funcionarios cuyas faenas consisten en asignar recursos en direcciones distintas de las que hubiera decidido la gente en libertad (si el Gobierno decidiera lo mismo que prefiere la gente sería superfluo el uso de la fuerza que en todos los casos demanda la intervención estatal). La vida es corta, esta situación injusta que se viene prolongando clama a los cielos.

La herencia recibida es catastrófica, pero no podemos consumir nuestras existencias maldiciendo ese estado de cosas, sino tomar el toro por las astas y revertir el problema. Hasta el momento, el actual gobierno no sólo no ha reducido el gasto público y el déficit fiscal, sino que lo ha aumentado. La buena voluntad y la decencia no son suficientes para una buena gestión.

Liberar recursos se torna indispensable, insistir en que los actuales niveles del gasto público deben hacerse eficientes constituye un error.

En este contexto, es crucial comprender que los salarios e ingresos en términos reales dependen de las tasas de capitalización. Esta es la diferencia entre países prósperos y países pobres. No son los recursos naturales (África es el continente que los dispone con mayor abundancia y Japón es un cascote del que sólo el 20% es aprovechable). Es un tema de marcos institucionales confiables.

De todos modos, cualquiera que sea la situación, quienes estiman necesario ayudar en mayor medida al prójimo lo pueden hacer, por ejemplo, a través de una ONG especial de amplio acceso público donde cada uno ingresa su donación. Con esto, los políticos y sus socios dejarían de recurrir a la tercera persona del plural en sus discursos y, en su lugar, lo harían en la primera del singular asumiendo responsabilidades. En este supuesto no se usaría a los pobres para campañas electorales y se finiquitaría con la hipocresía de sostener que los gobiernos (es decir los vecinos) deberían ayudar a otros de modo coactivo.

Es muy loable que nuestros gobernantes hayan decidido abrirse al mundo, pero no es para mostrar las mismas mañas populistas de una burocracia sobredimensionada, sino para exhibir señales claras de una sociedad libre.

Se hace necesario retomar la tradición alberdiana y recordar que nuestro país estaba a la vanguardia del mundo libre cuando se adoptó. Los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. Los inmigrantes venían a estas tierras para «hacerse la América». Competíamos con Estados Unidos en los principales rubros. En el Centenario, miembros de la Academia Francesa compararon las sesiones del Parlamento argentino con las que tenían lugar en aquella corporación debido a la versación de sus integrantes. Ahora hay quienes han perdido la independencia de criterio y no son pocos los que pretenden convertir nuestro Parlamento en un aguantadero.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres.