El supuesto “fracaso” de un mercado incompleto y el evidente fracaso del estado según Bruno Frey

Por Martín Krause. Publicado el 20/11/18 en: http://bazar.ufm.edu/supuesto-fracaso-mercado-incompleto-evidente-fracaso-del-estado-segun-bruno-frey/

 

Con los alumnos de Public Choice vemos a Bruno Frey en “La relación entre eficiencia y la organización política”, donde compara el fracaso del estado y el del mercado. En verdad, en el caso de este último, se trata más bien de su ausencia, por la ausencia de derechos de propiedad. También, por la comparación con una situación ideal que no existe ni podría existir :

“A. El fracaso del mercado

Los mercados privados competitivos no logran un óptimo de Pareto o un resultado eficiente cuando existen externalidades o bienes públicos o cuando las economías de escala llevan a los proveedores a una posición monopolista. Éste fue el mensaje de la teoría económica de posguerra, que gozó de general aceptación. En consecuencia, el gobierno (que, según se da por sentado, tiene que elevar al máximo el bienestar social) debe intervenir para obtener un resultado más eficiente. Después de haber llegado a esta conclusión, considerándola satisfactoria, los políticos obran en consecuencia, tanto en el nivel microestructural (e. g., nacionalizando empresas o llevando a cabo políticas estructurales) como en el macroestructural (adoptando una política fiscal y monetaria de neto corte keynesiano).

Esta concepción, que dominó la escena económica hasta fines de la década del sesenta y parte de la del setenta, todavía existe en la actualidad. Si bien no es sorprendente que muchos políticos continúen aprovechando esta invitación a aumentar las actividades gubernamentales, también comparten este punto de vista destacados representantes de la teoría económica. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico de la economía pública, los impuestos y los precios públicos se determinan sobre la base del supuesto de que el gobierno eleva al máximo el bienestar social.

  1. El fracaso del gobierno

El advenimiento de la moderna economía política (que incluye la elección pública, el nuevo institucionalismo y el análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción), en la que se da por sentado en todos los aspectos que el gobierno es un actor endógeno dentro del sistema político-económico, afectó notablemente la ortodoxia respecto del fracaso del mercado (por ejemplo, véanse los trabajos de Mueller, 1989; Eggertsson, 1990, y Frey, 1983). En este enfoque se analizan cuidadosamente las propiedades de los sistemas de toma de decisiones políticas.

El “Teorema de imposibilidad general” (Arrow, 1951, cuyo antecedente es Condorcet, 1795), que establece la conclusión fundamental de que bajo supuestos “razonables” no existe un equilibrio político entre opciones siempre que se tomen en cuenta las preferencias individuales, despertó gran interés entre los eruditos. Los resultados electorales revelan una inestabilidad cíclica; en el caso de los asuntos multidimensionales, pueden abarcar todo el espacio político, incluyendo los resultados ineficientes (McKelvey, 1976).

Otros fracasos políticos también han sido objeto de un profundo análisis: debido al problema de los bienes públicos involucrado, los votantes no tienen demasiados incentivos para informarse acerca de la política y para participar en los procesos electorales; el resultado medio de una elección resultante de una competencia perfecta entre dos partidos en general no es eficiente; no todos los intereses en juego tienen la misma capacidad de establecer grupos de presión política (Olson, 1965); y las burocracias y la búsqueda de rentas constituyen un elemento adicional para desnaturalizar las asignaciones destinadas a lograr eficiencia.

Sobre la base de estos y otros fracasos políticos se ha llegado a la conclusión de que el gobierno no puede superar las deficiencias del mercado. Lo que ocurre en la realidad es más bien que la intervención política impide aun más la eficiencia. Un ejemplo de esto es el incentivo gubernamental en favor de la creación de un ciclo de negocios (Nordhaus, 1989) que incremente sus posibilidades de reelección.

  1. El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado

La moderna economía política ha alcanzado resultados tan convincentes que en este momento los eruditos ortodoxos piensan que los fracasos del mercado tienen menos importancia que los fracasos políticos. Esta creencia se afianza aun más por el redescubrimiento de la proposición de Coase (1960) de que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las externalidades no impiden el funcionamiento de un mercado eficiente. Además, se considera cada vez más que las ganancias de las empresas monopolistas son un indicador de eficiencia en la producción. De estos resultados se desprende que los mercados funcionan bien y la política funciona mal (véase un análisis de este tema en Wintrobe, 1987, pp. 435-6, o en Wittman, 1989, pp. 1.395-6), y en consecuencia habría que reducir generalmente la intervención gubernamental o eliminarla por completo, reservando la asignación de recursos a los mercados privados.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

EL LIBERALISMO Y LA CULTURA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Mi primer libro, Fundamentos de análisis económico, fue una recomposición de mi primera tesis doctoral que afortunadamente lleva prólogo del premio Nobel en economía Friedrich Hayek y prefacio del ex Secretario del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, William E. Simon, lo cual contribuyó a que se publicaran doce ediciones que incluye la muy difundida de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA). Allí centré mi atención en aspectos técnicos del proceso de mercado. Pero en mi segundo libro abrí más el especto –Liberalismo para liberales editado por EMECÉ hace más de cuarenta años y que según encuestas del diario “La Nación” de Buenos Aires encabezó la lista de best seller de la época- donde fabriqué una definición del liberalismo como “el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros” la que con satisfacción he visto que ha sido muy citada a través del tiempo.

 

Precisamente la presente nota periodística apunta a mostrar que no resulta posible cortar en tajos la visión liberal. Abarca todo lo que esté vinculado con las relaciones interpersonales al solo efecto de que no se lesionen derechos de terceros. Es antes que nada una concepción moral en el contexto de dichas vinculaciones por lo que no se inmiscuye en como deben ser los arreglos contractuales entre privados y,  mucho menos, sobre las conductas de las personas que, como queda dicho, no lesionan derechos de otros.

 

En esta línea argumental, debe subrayarse enfáticamente que una cosa es la persona del liberal que suscribe ciertas conductas y valores y otra el liberalismo que alude a un ámbito distinto. El liberalismo está anclado en la idea de tolerancia para que la vida en sociedad resulte posible dado que todos somos muy distintos en muy diversos aspectos y si se pretendieran imponer determinados comportamientos más allá del respeto recíproco la vida se tornaría insoportable y,  además, el conocimiento tiene la característica de la provisonalidad abierto a refutaciones en un contexto evolutivo.

 

El espíritu liberal debe estar atento a que no se pretendan imponer conductas y así afectar autonomías individuales. En este sentido, su principal faena consiste en que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, los aparatos estatales originalmente concebidos para proteger derechos no se conviertan en sus enemigos, por lo que el liberal se esfuerza en el establecimiento de nuevos y más efectivos límites al poder político.

 

Pero también el liberal debe estar atento a corrientes de pensamiento que apuntan al avasallamiento de los derechos individuales. En las épocas que corren, luego del estrepitoso fracaso del comunismo debido, además, de las matanzas, persecuciones y penurias a seres humanos inocentes e indefensos, se puso en evidencia que la abolición de la propiedad tal como proponen los marxistas deriva en la imposibilidad de la evaluación de proyectos y de la propia contabilidad ya que sin precios que resultan de intercambios de propiedades no hay guía posible para la asignación de recursos y, por ende, no hay economía posible.

 

Decimos entonces que se debe estar atento a corrientes de pensamiento fuera del comunismo como es el feminismo adulterado que se aparta del original que con toda razón defendía los derechos inalienables de la mujer para caer en sandeces como las cuotas y otros atropellos en destinos laborales, académicos y políticos lo cual degrada a la mujer en lugar de basarse en la eficiencia, lo cual, a su turno, también degrada la productividad laboral, la excelencia académica y competencia política.

 

También el nuevo feminismo adhiere al llamado aborto, más bien homicidio en el seno materno puesto que desde el momento de la fecundación del óvulo hay una célula que contiene la carga genética completa, en potencia de muchas cosas como le ocurre a cualquier ser humano independientemente de su edad. El respeto a otro cuerpo resulta inexorable.

 

Otra corriente del momento es el ambientalismo que inventó las figuras del “subjetivismo plural” y los “derechos difusos” al efecto de llegar a la tragedia de los comunes con las consecuencias correspondientes. Mucha es la bibliografía que explica los errores comunes del calentamiento global, la lluvia ácida, la preservación de especies animales, el aprovechamiento del agua, la delimitación de derechos en cuanto a la polución, los transgénicos y los productos orgánicos y la sustentabilidad del ecosistema.

 

En este cuadro de situación es menester apartar con el rigor necesario a quienes la juegan de empresarios pero que en verdad son ladrones que basan sus operaciones en la alianza con el poder político para contar con privilegios y de ese modo explotar a sus congéneres.

 

Además, naturalmente el liberal tiene sus inclinaciones y preferencias por lo cual a título personal opina sobre arte, literatura y tantos otros aspectos históricos y filosóficos con la intención de correr el eje del debate en relaciones libres y voluntarias puesto que el único justificativo liberal para hacer uso de la fuerza es la iniciación de la violencia.

 

De más está decir que el liberal debe compenetrarse del significado de marcos institucionales en cuyo corazón se encuentran los fundamentos del derecho todo lo cual forma parte del continente para que el contenido sea debidamente respetado, es decir, el uso y la disposición de lo propio. Esta comprensión incluye desde luego el significado de la discriminación que debe bloquearse desde el aparato estatal en el sentido de la igualdad ante la ley y debe darse rienda suelta en el ámbito privado puesto que toda acción en cualquier dirección que sea discrimina en el sentido que elige, prefiere y opta entre distintas posibilidades. Desde luego que igualdad ante la ley se traduce en una estrecha relación con la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” lo cual revela a su vez la vinculación con la propiedad, de lo contrario la “igualdad ante la ley” puede interpretarse como que todos los súbitos por igual deben ser expoliados o enviados a una cámara de gas.

 

Sin duda, esta igualdad se da de bruces con el igualitarismo que significa el uso de la fuerza para que los gobiernos asignen el fruto del trabajo ajeno en direcciones distintas y opuestas a lo que la gente decidió con sus compras y abstenciones de comprar y todas sus decisiones legítimas con sus pertenencias.

 

En esta dirección no repetiré aquí lo que escribí en largos ensayos sobre el posmodernismo y en nacionalismo que son vertientes concurrentes para la demolición de la sociedad abierta. Lo primero apunta a la destrucción de la lógica y la implantación del relativismo epistemológico, ético  y hermenéutico y lo segundo se encamina a las culturas alambradas, a la negación de la permanente interconexión entre los humanos a través de donaciones y recibos y a suponer que las fronteras son algo natural en lugar de aceptar que solo se trata de fraccionar el poder y de evitar su concentración en un gobierno universal.

 

Hay otro frente en el que se combate al liberalismo y es a vía la distorsión del idioma para dificultar la comunicación y de este modo se considera “políticamente incorrecto” el recurrir a determinadas expresiones. Esta confusión  deliberada alcanza al propio liberalismo desde que en algunos lugares como en Estados Unidos con el tiempo ha significado su opuesto por lo que algunos han inventado la expresión “libertarianismo” en lugar de mantenerse en el término original y, por otro lado, se ha usado ese término nuevo para incorporar nuevas contribuciones en lugar de comprender que dentro  de la  tradición liberal está presente la evolución de ideas ya que en ningún caso se llega a un punto final tal como reza el lema de la Royal Society de Londres: nullius in verba. Para no decir nada de la sandez del denominado “neoliberalismo”, etiqueta con la que ningún intelectual serio se identifica.

 

El asunto de los términos no es tema baladí, porque como decimos se usan para pensar y para comunicarnos. La expresión “derecha” también tiene sus bemoles, la cual comenzó a atarse a la idea conservadora que proviene de la revolución inglesa de 1688 donde los conservadores pretendían conservar sus privilegios otorgados por la corona en oposición al espíritu de la revolución encabezada por Guillermo de Orange y María Estuardo pero basados en los principios sobre los que luego se explayó Sidney y Locke. Más adelante, en la asamblea de la revolución francesa se consolidó el concepto debido a que los que se ubicaron a la derecha del rey eran los que pretendían conservar el antiguo régimen, de allí es que los conservadores deriven básicamente sus posiciones de aquellos orígenes.

 

Los conservadores muestran una gran reverencia por la autoridad política, el liberal en cambio siempre desconfía del poder. El conservador pretende estadistas en el gobierno a lo Platón con su filósofo-rey, mientras que el liberal centra su atención en las instituciones a lo Popper. El conservador desconfía de procesos abiertos de evolución cultural, mientras que el liberal acepta la coordinación de infinidad de arreglos contractuales que producen resultados que ninguna mente puede anticipar y que el orden del mercado no es consecuencia del diseño ni del invento de mentes planificadoras. El conservador tiende a ser nacionalista “proteccionista”, mientras que el liberal es cosmopolita y librecambista. El conservador tiende a suscribir la alianza de la iglesia y el estado, mientras que el liberal la considera nociva y peligrosa. El conservador tiende a imponer sus valores personales, mientras que el liberal mantiene que el respeto recíproco incluye la adhesión por parte de otros valores bien distintos siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. De ahí entonces que el liberal no acepta que lo identifiquen con la derecha y menos aun cuando se la asocia con el fascismo como es lo habitual en la ciencia política.

 

El liberalismo no es una ideología, no en el sentido inocente del diccionario en cuanto a “conjunto de ideas” ni siquiera en el sentido marxista de “falsa conciencia de clase” sino en su acepción generalizada de algo cerrado, terminado e inexpugnable, lo cual contradice la esencia liberal del evolucionismo, la apertura mental y los debates abiertos al efecto de reducir nuestra ignorancia. En este terreno resulta crucial la educación en valores y principios compatibles con la sociedad abierta. Esta es la batalla cultural cotidiana que deben dar los liberales sin la que las libertades dejan de existir.

 

Y como destaqué antes, no se trata de “vender bien las ideas” puesto que no se trata de un proceso comercial. Cuando se vende un dentífrico o un desodorante no es pertinente explicar el proceso de producción de esos bienes, es suficiente con que resulte claro el efecto que produce. Sin embargo, con las ideas se trata de un asunto de naturaleza completamente distinta. A menos que se estemos frente a fanáticos que compran todo al instante sin explicación, es indispensable detenerse en el proceso y en los fundamentos de las ideas que se trasmiten. El fenómeno comercial y el intelectual operan en planos distintos.

 

En resumen, el liberal contempla las ciencias sociales como un campo muy amplio que abarca toda acción humana en cuanto a sus implicancias lógicas que se traducen en los respectivos teoremas lo cual obliga a explorar campos jurídicos, epistemológicos, históricos, filosóficos y económicos. Este último campo tal vez sea el menos trabajado, razón por la que no son pocos los que aconsejan medidas contraproducentes y especialmente contrarias a los más necesitados. Mucha razón le asistía a Antonio Gramsci cuando desde el lado totalitario aconsejaba: “tomen la cultura y la educación, el resto se da por añadidura”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Regulaciones sobre el mercado laboral:

Por Guillermo Luis Covernton. Publicado el 9/1/14 en:   http://guillermoluiscovernton.wordpress.com/2014/01/09/regulaciones-sobre-el-mercado-laboral/

Mucho se ha discutido sobre la inconveniencia de las regulaciones en el mercado laboral. Economistas como Paul Heyne[i], Henry Hazlitt[ii] y William Hutt[iii], entre otros, han explicado perfectamente el problema al que voy a referirme. Concretamente, la inconsistencia de establecer disposiciones que obligan a pagar salarios mínimos para determinadas actividades. Motivado por la reciente lectura de un artículo de Len Shackleton en el blog del Institute for Economic Affairs[iv], propondremos  algunas reflexiones, que consideramos atinadas en vista de la realidad que se vive en los países menos prósperos de Sudamérica.

Como se menciona en el referido trabajo de Shackleton, si las regulaciones obligan al pago de salarios mínimos, por encima de la productividad marginal de ciertos trabajadores, estos convierten al negocio de lucro que debe ser siempre la contratación de un trabajador, (o de cualquier otro factor de producción), en una actividad ruinosa. Es decir, con un costo mayor a su retorno.  Si el empleador no puede evitar este negocio, por rigideces en el mercado laboral que le impiden cesar con esta contratación, generamos un problema adicional. Si estas fricciones lo obligan, incluso por cierto tiempo, a continuar con la contratación de esos operarios sobre valuados, el perjuicio social resulta evidente: Aunque algún individuo determinado pueda verse beneficiado transitoriamente, esta situación mueve al empresario a incurrir en pérdidas. Estos quebrantos serán absorbidos por el capital de la empresa. Por ende, la estructura de bienes de capital, a disposición de los trabajadores, ya sean los trabajadores sobre valuados, como todos los demás, se reducirá. Por la imposibilidad de reinvertir utilidades a una tasa que supere la de las amortizaciones. Al caer el stock de capital, se resentirá la productividad marginal de todos los trabajadores. Esto devengará, luego, salarios más bajos, que si no pueden ajustarse, acelerarán el proceso en forma de espiral, afectando cada vez a más trabajadores. Somos conscientes de que este punto no va a ser fácilmente aceptado por la opinión pública. Pero este solo argumento no alcanza a frenar sus efectos en otras variables macroeconómicas: La pérdida de competitividad ocasionada por el divorcio entre costos, precios y rentabilidad, disminuirá la producción de ciertos oferentes marginales, cuyos costos los llevan a quebrar antes que a otros. Esto limitará los saldos exportables. Así se obtendrán menos divisas internacionales, lo cual elevará el precio de estas monedas. A esta altura del análisis, algunos alegarán que esta suba del precio de las divisas impulsará las exportaciones, reactivadas por el nuevo precio de la moneda extranjera con las que se pagan. Si bien esto es cierto, este nuevo equilibrio se produce arrastrando a algunas variables a un nuevo punto. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son sus efectos? A nuestro juicio, el principal problema radica en la estructura de capital. Cuando se persiste en este programa por décadas, la destrucción de capital torna escaso a este factor de producción. Que es lo mismo que decir que la tasa de interés será crónicamente alta, Por escasez de oferta. Esto vuelve a elevar los costos de las empresas. Pero, asimismo, toda esta dinámica lleva a que la demanda de capital va a aumentar. El motivo que nos hace afirmar esto último es que los factores de producción, hasta cierto grado, pueden suplantarse. Con salarios altos, en una primera instancia, se eligen los operarios más capacitados. Luego se reemplazan los menos formados por maquinarias, servomecanismos, elementos de control computarizado, y muchos etcéteras. Si es caro contratar a un chofer, se buscará al más capacitado y se lo asignará a un camión más grande. Si es caro pagarle e una cuadrilla de albañiles, se demolerá con dinamita. Si es caro el salario de un operario mecánico, se armaran automóviles con robots. O se pintarán en una cuba electrolítica. Esta mayor demanda de bienes de capital, en reemplazo de asalariados que resultan antieconómicos, exacerba su demanda y su escasez y eleva aún más las tasas de interés, así como el desempleo. La decisión racional sería invertir más en capital y menos en salarios. Pero como esta decisión está motivada por una regulación, muchos empresarios prudentes no hacen ni uno ni lo otro. Emigran con su capital remanente y sus empresas. Y el nivel de desarrollo y de crecimiento se resiente grandemente.

En definitiva, lo que queremos explicar es que las regulaciones llevan a tomar decisiones de asignación de recursos que son equivocadas, dado el stock de recursos del que se parte: Si sobran operarios y falta capital, nunca puede ser acertado despedir personal para reemplazarlo por máquinas. Los errores de asignación de recursos no son gratuitos. Aunque lleguemos a un nuevo equilibrio, va a ser a costa de menos exportaciones, divisas más caras, dificultades para importar, niveles de desempleo incompatibles con la paz social y el desarrollo y ausencia de condiciones de equilibrio a largo plazo.


[i]  Heyne, Paul, “Conceptos de economía: el mundo según los economistas”  Madrid : Prentice – Hall, 1998, Cap 15. ISBN: 8483220113

[ii]  Hazlitt, Henry: “La economía en una lección”  4a ed. –Madrid : Unión Editorial, 1996. Cap XVII ISBN: 8472093077.

[iii]  Hutt, William H.: “La contratación colectiva”.  Madrid : Unión Editorial, 1976. ISBN: 84-7209-051-5

[iv]  http://www.iea.org.uk/blog/why-raising-the-minimum-wage-is-not-the-best-way-to-help-britains-poorest

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Es director académico de la Fundación Bases.

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Es necesaria (para el ABCT) una contraccion monetaria en una crisis economica?

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 18/9/13 en: http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2013/09/16/es-necesaria-para-el-abct-una-contraccion-monetaria-en-una-crisis-economica/

Para la teoría del ciclo austriaca, el problema de las crisis es una acumulación de distorsiones en el período del boom. Se genera un “cluster” de proyectos que no son rentables a la tasa natural de interés. De aquí se desprende que parte de la corrección de la crisis es liquidar (reasignar) los factores de producción y bienes de capital de proyectos no rentables a proyectos rentables. Sin embargo, parte también de la crisis es una contracción monetaria. No parece haber consenso en si una contracción monetaria es o no parte necesaria de la corrección de los errores acumulados en los años previos a la crisis. Sin embargo, una cosa es liquidar proyectos no rentables y otra cosa es reducir la oferta monetaria. El segundo no es necesario para lo primero.

En primer lugar, para dar contexto, es necesario distinguir entre contracción primaria y secundaria a las que hacía referencia Hayek. Hayek hace esta distinción bajo un sistema de patrón oro. Bajo un sistema monetario de notas convertibles, es necesario reducir el exceso de oferta de notas convertibles para evitar la quiebra del banco emisor (de lo contrario hay que ignorar el rule of law y devaluar la convertibilidad del billete convertible.) Pero al mismo tiempo Hayek sugiere mantener MV constante. Es decir, una vez que se ajusta M para evitar la quiebra del banco emisor, cambios en V deben ser compensados por cambios en M. Si no toda expansión monetaria es distorsiva bajo situaciones normales, tampoco tiene porque serlo durante una crisis. Pero la postura de Hayek sí reconoce la necesidad de una contracción correctiva dado el régimen monetario.

Ahora bien, bajo dinero fiat esta distinción entre contracción primaria y secundaria ya no tiene sentido dado que el billete fiat no es convertible. Supongamos que el MV (per capita) aumenta durante el período de un boom llevando las tasas de interés por debajo de sus valores naturales (o de equilibrio.) Cuando se desata la crisis, el banco central no necesita contraer MV para que la tasa de interés vuelva a su valor de equilibrio, simplemente necesita mantener MV constante. Esto es lo mismo que decía Mises al sugerir (no recuerdo el lugar exacto) que así como uno no corrige el error de haber atropellado a una persona poniendo reversa y yendo hacia atrás, uno no corrige un problema inflacionario generando deflación. Si el ABCT es una historia de distorsiones producidas por tasas de interés fuera de equilibrio, entonces luego de la crisis la corrección se produce con las tasas de interés volviendo a sus valores de equilibrio, que no es lo mismo que contraer MV.

Si la tasa de interés de equilibrio se da con equilibrio monetario (MV estable), entonces no es necesario contraer MV para que el mercado “liquide” las inversiones que consumen más de lo que producen. Basta con que la tasa de interés vuelva a su valor de equilibrio para corregir las rentabilidades relativas entre los distintos proyectos de inversión. Llevar a una contracción de MV puede llevar las tasa de interés a valores superiores a los de equilibrio generando un proceso “inverso” al del ABCT bajo expansión monetaria.

Pero mantener MV estable no es lo mismo que aplicar salvatajes a empresas o bancos específicos. Basta con mantener el flujo monetario y que el mercado compita por asignar dichos recursos. Por este motivo, sostener como Hayek que en una crisis no hay que irse del otro lado del desequilibrio monetario no es lo mismo que sostener que eso es lo que hizo la Fed luego de la crisis del 2008. No es sólo mantener MV estable lo que importa, sino también el cómo se lo hace.

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Solucionar los problemas sin populismo

Por Agustín Etchebarne. Publicado el 18/4/13 en http://opinion.infobae.com/agustin-etchebarne/2013/04/18/solucionar-los-problemas-sin-populismo/

 Existen dos tipos de tragedias: las inevitables y las evitables. Las inevitables son las que se generan por factores desconocidos o impredecibles o que no existen los medios para impedirlas, como las cenizas del volcán chileno. No es el caso de las inundaciones. Los ingenieros saben por qué se producen y saben cómo evitarlas. Entonces es cuestión de medir el costo. La pregunta es cuánto cuesta evitar las inundaciones y si estamos dispuestos a pagar dicho costo. Este tipo de análisis es el que está generalmente ausente en los debates políticos, que se limitan mayormente a acusaciones mutuas y disquisiciones ideológicas.

Dentro de las tragedias evitables podríamos enumerar una larga lista: empezando por la inseguridad física y los accidentes viales que han provocado decenas de miles de muertos en la última década, además de las inundaciones recurrentes, los derrumbes, los accidentes de trenes…

Para enfrentar todos estos problemas simultáneamente, es necesario dejar de lado las acusaciones ideológicas y circunscribir las discusiones a análisis técnicos. Cada ciudad, provincia y la nación debieran tener un listado de obras públicas ordenadas según su importancia según criterios técnicos de evaluación económico-social.

A partir de allí, los políticos deben reordenar el presupuesto teniendo en cuenta dicho ranking y las preferencias e intereses de su electorado. Está claro que lo primero que hay que hacer es revisar el presupuesto del gasto público. Plata hay, pero se gasta mal, muy mal.

Por ejemplo, la provincia que lidera el ranking de desarrollo provincial de la consultora Delphos Investmente; San Luis gasta 58% de sus recursos en gastos corrientes, lo cual le permite tener un 42% para inversiones. El gasto en personal es el 38% del gasto corriente. En general, San Luis viene realizando esta política desde hace 30 años. El lógico resultado es que se trata de la provincia que tiene mayor cantidad de autopistas por habitante, no tiene déficit habitacional, construyó universidades, y ciudades nuevas, y se da el lujo incluso de invertir en autopistas del conocimiento o en intentar desarrollar la industria del cine, aunque no siempre eficientemente. Logró diversificar su producción siendo el agro apenas el 8% de su PBG, los bienes secundarios el 50% y los servicios el 42%.

La contracara es la provincia de Buenos Aires, donde los gastos corrientes ocupan el 96,4% del total, dejando para inversiones apenas un 3,6%, mientras que los gastos en personal son el 54% del total de gastos corrientes. No es de extrañar, entonces, que la provincia sólo logre avanzar muy lentamente en obras de infraestructura básica, como cloacas, desaguaderos, asfalto, o viviendas.

La ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más rico del país. Pero nuevamente encontramos aquí un desbalance en el presupuesto; el total de gasto corriente alcanza al 89,1% de los gastos totales. Está un poco mejor que la Provincia de Buenos Aires, pero bien lejos de San Luis.

Si miramos al nivel nacional, observaremos que se ha desperdiciado una década de crecimiento y expansión, que hubiera sido el mejor momento para realizar una transición a un presupuesto eficiente y ordenado. Y se hizo precisamente lo contrario. El gasto público subió de un 27% a un 43% del PIB, los empleados públicos aumentaron de 2 millones a 3,2 millones, según Orlando Ferreres. Y los planes sociales como mostramos en un informe reciente de la Fundación Libertad y Progreso crecieron hasta alcanzar, en 2012, 110 planes (58 de la nación y 52 de las provincias) con un total de 18,3 millones de beneficios y $64.400 millones de pesos. Todo este gasto se hizo sin ningún control ni evaluación posterior. Y la tremenda prueba de su ineficacia es que en los últimos  años ha vuelto a subir la pobreza que alcanza al 26,9% de la población, según el último informe del Observatorio Social de la UCA.

No quedan dudas de que es fundamental empezar a reestructurar el gasto público. Para comenzar, sólo para dar algunos ejemplos, existen una cantidad de partidas que podrían eliminarse por completo o reducirse drásticamente. Por ejemplo, puede recortarse 100% del gasto en propaganda oficial en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. El total gastado en este rubro en 2012, nada más que a nivel nacional fue de: medios gráficos $466 millones, TV $1.368 millones, radio $63 millones, ahorrando un total de $ 1.897 millones. Este año superará los $2.000 millones.

La información oficial puede estar en páginas webs y los anuncios deben hacerse en conferencias de prensa. Puede eliminarse la cadena nacional de radio y difusión, salvo caso de guerra o emergencia climática. Eliminaría todos los carteles de los diferentes gobiernos que afean calles, escuelas, universidades  y paseos públicos.

Podemos eliminar también todo el gasto en entretenimiento, al menos hasta reducir las muertes evitables, el hambre, la desnutrición y la indigencia hasta llegar al 0%. Eliminaría todo el gasto en Fútbol para Todos, Automovilismo para Todos, TC 2000, recitales, pagos a artistas y cantantes. Sólo en Fútbol para Todos se gastó en 2012 la friolera de $ 1.333 millones. Pueden suprimirse otros gastos y privilegios como autos oficiales,  ahorrando en choferes, repuestos, mantenimientos, seguros; la flota de aviones para uso de políticos, que debieran trasladarse en aviones comerciales o en trasporte público o en sus propios vehículos, como cualquier hijo de vecino, sin chapa ni privilegios “oficiales”. Puede reducirse seriamente el gasto en embajadas y utilizaría mucho más Internet y las computadoras.

En Argentina, la política es financiada por el Estado, de arriba hacia abajo. Esto es un mal que incentiva la prostitución de políticos y desincentiva o aleja a los políticos más honestos y capaces. Es la forma de financiar una verdadera oligarquía, que asfixia la verdadera participación ciudadana.

Agustín Etchebarne es Lic en Economía (UBA); Máster en Desarrollo Económico (ISVE), posgrado en Comercialización Estratégica de la (UB). Ex profesor de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho de la UBA y profesor de ESEADE.

 

Roma y riqueza

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 3/4/13 en http://www.larazon.es/detalle_opinion/noticias/1708671/opinion+columnistas/roma-y-riqueza#.UVqdXBzOuSo

El mercado crea y extiende la prosperidad. Pero dijo Joel Mokyr: «La Roma del año 100 de nuestra era tenía mejores calles pavimentadas, alcantarillado, suministro de agua y protección contra incendios que las capitales de la Europa civilizada en el año 1800». ¿Cómo explicar esta paradoja? Parece que había más mercado entonces que el que hubo después. Es la tesis de otro historiador económico, Peter Temin, en «The Economy of the Early Roman Empire», Journal of Economic Perspectives, 2006. Si la Roma de entonces, con un millón de habitantes, podía comer no era, como apuntó Bastiat sobre un París con la misma población dieciocho siglos después, gracias al Gobierno, sino a un mercado de alimentos, con instituciones que resolvían, como sucede con los mercados, los problemas de información asimétrica e incompleta. Había una suerte de mercado de trabajo, con salarios, por la pérdida relativa de rigidez en el sistema esclavista. También había un mercado financiero: «Los romanos se prestaban dinero entre sí con gran frecuencia. Algunos de esos préstamos se destinaban a financiar el consumo, otros, la producción… Dado el amplio uso de los mercados en bienes, trabajo y capital financiero en el antiguo Imperio Romano, hay razones para creer que los recursos eran utilizados con relativa eficiencia». También hubo mejoras técnicas y educativas. La esperanza de vida era baja, pero había relativa seguridad jurídica, y el Imperio, recuérdese, no emitía deuda pública. 

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

 

Actualidad del impuesto a la tierra:

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 3/5/12 en: http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7260

Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.
 
En las truculentas lides fiscales, desafortunadamente lo más común es la idea de lo que se ha dado en llamar “el impuesto a la renta potencial”. El concepto básico en esta materia es que el gobierno debería establecer mínimos de explotación de la tierra ya que se estima que no es permisible que hayan propiedades ociosas o de bajo rendimiento en un mundo donde existen tantas personas con hambre. El gravámen en cuestión apunta a que los rezagados deban hacerse cargo de un tributo penalizador, el cual no tendría efecto si las producciones superan la antedicha marca.
 
En verdad este pensamiento constituye una buena receta para aumentar el hambre y no para mitigarlo. Si pudiéramos contar con una fotografía en detalle de todo el planeta, observaríamos que hay muchos bienes inexplorados: recursos marítimos, forestales, mineros, agrícola-ganaderos y de muchos otros órdenes conocidos y desconocidos. La razón por la que no se explota todo simultáneamente es debido a que los recursos son escasos. Ahora bien, la decisión clave respecto a que debe explotarse y que debe dejarse de lado puede llevarse a cabo solo de dos modos distintos. El primero es a través de imposiciones de los aparatos estatales politizando el proceso económico, mientras que el segundo se realiza vía los precios de mercado. En este último caso el cuadro de resultados va indicando los respectivos éxitos y fracasos en la producción. Quien explota aquello que al momento resulta antieconómico es castigado con quebrantos del mismo modo que quien deja inexplorado aquello que requiere explotación. Solo salen airosos aquellos que asignan factores productivos a las áreas que se demandan con mayor urgencia.
 
Las burocracias estatales operan al margen de los indicadores clave del mercado y, por ende, inexorablemente significan derroche de los siempre escasos factores de producción (si hacen lo mismo que hubiera hecho el mercado libre y voluntariamente, no hay razón para su intervención ni para los gastos administrativos correspondientes y, por otra parte, la única manera de conocer que es lo que la gente quiere en el mercado es dejarlo actuar). Este desperdicio de capital que generan los gobiernos naturalmente conduce a una reducción de ingresos y salarios en términos reales puesto que las tasas de capitalización constituyen la causa de los posibles niveles de vida, con lo que en definitiva el impuesto a la renta potencial incrementa los faltantes alimenticios de la población.
 
Esta conclusión es del todo aplicable a la tan cacareada “reforma agraria” en cuanto a las disposiciones gubernamentales que expropian y entregan parcelas de campo a espaldas de los cambios de manos a que conducen arreglos contractuales entre las partes en concordancia con los reclamos de la respectiva demanda de bienes finales, lo cual ubica a los bienes de orden superior en los sectores necesarios para tal fin. Ese desconocimiento de los procesos de compra-venta inherentes al mercado también perjudica gravemente las condiciones de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados.
 
Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.
 
En este tema de los impuesto a la tierra hay una tradición de pensamiento que surge de los escritos de Henry George por lo que se considera que los impuestos a la tierra se justifican debido a que ese factor de producción se torna más escaso con el mero transcurso del tiempo (solo puede ampliarse en grado infinitesimal) mientras que el aumento de la población y las estructuras de capital elevan su precio sin que el dueño de la tierra tenga el mérito de tal situación. Por ende, se continúa diciendo, hay una “renta no ganada” que debe ser apropiada por el gobierno para atender sus funciones.
 
Este razonamiento no toma en cuenta que todos lo ingresos de todas las personas se deben a la capitalización que generan  otros y no por ello se considera que el ingreso correspondiente no le pertenece al titular. Esto ocurre no solo con los beneficios crematísticos (los ingresos no son los mismos del habitante de Uganda del que vive en Canadá, precisamente debido a que las tasas de capitalización de terceros no son las mismas) sino de beneficios de otra naturaleza como el lenguaje que existe en el momento del nacimiento del beneficiario y así sucesivamente con tantas otras ventajas que se obtienen del esfuerzo acumulado de la civilización.
 
El fundamento del impuesto inmobiliario (de carácter proporcional) consiste en que se cobra a todos los propietarios a los que el gobierno les debe el servicio de la protección de sus tierras aunque no vivan en el país en el que poseen las respectivas propiedades. A esto habitualmente se agrega el impuesto al valor agregado que con su mecanismo de impuestos a cargo e impuestos a favor reduce los costos de recaudación, para en conjunto ubicarse en el punto mínimo indispensable de la curva Laffer al efecto de cumplir con las funciones estatales de la protección a los derechos de los gobernados y en el contexto de un sistema fiscal que siga el principio de la territorialidad y no de la nacionalidad basado en la pura voracidad fiscal y al deseo irrefrenable de que la caja fiscal cierre, no importa si los gravámenes resultan confiscatorios. En una sociedad abierta, estos dos gravámenes proporcionales (la progresividad, al gravar en escala ascendente el objeto imponible, paraliza la movilidad social, altera las posiciones patrimoniales relativas que votó la gente con sus compras e  instaura la regresividad) sustituyen toda la espesa maraña fiscal -incomprensible para cualquier mente normal- y libera los llamados “expertos fiscales” para que puedan realizar actividades útiles.
 
En alguna oportunidad se ha legislado “para defenderse de la extranjerización de la tierra” en una manifestación troglodita de xenofobia, como si los procesos abiertos y competitivos en la asignación de los siempre escasos factores productivos fueran diferentes según el lugar donde haya nacido el titular, y como si los lugareños que declaman sobre nacionalismos trasnochados no descendieran de extranjeros en un proceso de continúo movimiento desde la aparición del hombre en África. Esta visión de superlativa ceguera y de cultura alambrada es incapaz de percatarse que las fronteras y las jurisdicciones territoriales son al solo efecto de evitar la concentración de poder en manos de un gobierno universal, y no porque “los buenos” son los locales y “los malos” los extranjeros (atrabiliaria clasificación que, entre otras cosas, reniega de nuestros ancestros).
 
El tema de la tierra está inseparablemente atado al agua. En este sentido, es de interés notar que si bien el planeta está constituido en sus dos terceras partes por agua la mayoría es salada o está bloqueada por los hielos. Sin embargo, según los estudios como los de Fredrik Segrefeldt, hay una precipitación anual sobre tierra firme de 113 mil kilómetros cúbicos de la que se evapora 72 mil que deja un neto de 41 mil, lo cual significa nada menos que 15 mil litros por día por persona en el planeta, que aun descontado el caudal para riego queda amplio margen para la bebida. A pesar de ello, millones de personas mueren debido a aguas contaminadas o falta de este elemento esencial para la supervivencia. Esto es así debido al mal manejo de burocracias estatales en la recolección, purificación y recolección, en lugar de permitir la iniciativa privada y despejar “la tragedia de los comunes”. Esto explica, por ejemplo, los casos deplorables de Ruanda, Haití y Camboya que cuentan con mucha mayor precipitación que Australia pero en este caso los privados realizan una labor que posibilita a todos contar con agua potable. Más aun, agregamos nosotros que en nuestra era donde los sistemas de purificación de agua y reciclaje eliminan sustancias químicas indeseables, contaminantes biológicos (parásitos y hongos), sólidos y gases, se requieren marcos institucionales que permitan la asignación de los derechos de propiedad en un área tan delicada y crucial para la tierra y para la vida de las personas. Por todo esto es que comentaristas del trabajo de Segrefeldt como el premio Nobel en Economía Vernon L. Smith afirma que “el agua se ha convertido en un bien cuya cantidad y calidad es demasiado importante como para dejarla en manos de las autoridades políticas” y, en el mismo sentido, referido al mismo trabajo (obra titulada Water for Sale), Martin Wolf -editor asociado del Financial Times- escribe que “el agua es demasiado importante como para que no esté sujeta a las fuerzas del mercado”. Para esta materia, también recomiendo los sesudos ensayos de trece profesionales reunidos por T. L. Anderson en el libro encabezado por el título Water Rights. Scarce Resource Allocation, Burocracy and the Environment.
 
Estos temas relacionados a la tierra y al agua -como tantos otros- son susceptibles de comprenderse si se dedica suficiente tiempo a la docencia y al debate abierto de ideas. Se presentan dos escollos en estas faenas educativas, por un lado, los timoratos activos que se quedan a mitad de camino en sus reiteradas propuestas y, por otro, los ajenos y distraídos a toda vicisitud que se limitan a hacer bulto en sus pasos por la vida. A los primeros se les aplica bien lo dicho y repetido por mi amigo Floreal González: “nada hay más peligroso que un necio con iniciativa”, y a los segundos les cabe lo escrito por Aldous Huxley: “bienaventurados los tontos porque no se darán cuenta de nada”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fué profesor y primer Rector de ESEADE.