No se puede aumentar la solidaridad creando más impuestos

Por Gabriel Boragina. Publicado en:  http://www.accionhumana.com/2020/01/no-se-puede-aumentar-la-solidaridad.html

 

Un nuevo adefesio jurídico viene a sumarse a la larga lista de leyes que se han hecho merecedoras de aquel calificativo. Se trata ahora de la ley que lleva por numero 27541 más conocida con el nombre de ley de solidaridad social instada por el nuevo gobierno peronista que -al menos formalmente- encabeza Alberto Fernández.

La misma no es más que una ley fiscal, una de las tantas, inspirada en la popular falacia por la cual “los ricos deben pagar más impuestos que los pobres”, dogma tan antiguo como errado. La ley persigue la redistribución de lo recaudado entre los más desfavorecidos económicamente. Suponiendo que ese fuera el destino real del producido del impuesto, tanto como en los casos de los ensayos legislativos de décadas anteriores en procura del mismo objetivo, la situación de los jubilados y otros distintos beneficiaros enunciados en esta ley no mejorará, sino que empeorará.

No es mi intención hacer un análisis técnico-legal de la norma, lo que -de momento- no nos interesa. Si, en cambio, realizar un repaso de los efectos de los impuestos sobre la economía y -en particular- sobre los más necesitados (que serían los supuestos “beneficiarios” finales de los mismos).

Es sabido que la carga fiscal de la Argentina es una de las más altas del mundo antes de esta nueva ley.

Muchos son los que se sorprenden que, con impuestos tan altos el país tenga, también, elevados índices de pobreza. La gente razona de la manera siguiente: a mayores impuestos (I) + redistribución (R) = + igualdad = menos pobreza.

Sin embargo, el resultado de la ecuación es el inverso (+ I + R = + igualdad = + pobreza).

Los impuestos siempre crean más pobreza, no menos. Dedicamos una obra al tema donde explicamos detalladamente la mecánica de esta generación de pobreza creada por los impuestos.

El secreto no es nuevo, sino que fue develado por Arthur Laffer autor de la célebre curva de Laffer que volvemos a presentar a continuación:

El grafico habla por sí mismo y no necesita mayores explicaciones, pero sintéticamente muestra como la tasa de recaudación aumenta hasta un punto (E) en el cual a medida que la tasa se hace más alta la recaudación se va retrayendo desde el punto E (también llamado “óptimo fiscal”) hacia los puntos C y A.

Suponiendo que el ingreso del sujeto imponible fuera de 100.000 en el punto 0 si la tasa de imposición fuera del 100 % la recaudación volvería a ser cero tal como lo era cuando se partió del punto inicial 0.

El cuadro ilustrativo de abajo muestra lo que se llama el “Efecto Laffer” donde (a fines de simplificar) se toma una tasa fija (no progresiva) de imposición.

A modo de ejemplo:

INGRESO TASA IMPUESTO SALDO RECAUDADO
100000,0 20 20000,0 80000 20000
80000,0 20 16000,0 64000 36000
64000,0 20 12800,0 51200 48800
51200,0 20 10240,0 40960 59040
40960,0 20 8192,0 32768 67232
32768,0 20 6553,6 26214 73786
26214,4 20 5242,9 20972 79028
20971,5 20 4194,3 16777 83223
16777,2 20 3355,4 13422 86578
13421,8 20 2684,4 10737 89263
10737,4 20 2147,5 8590 91410
8589,9 20 1718,0 6872 93128
6871,9 20 1374,4 5498 94502

Si bien la recaudación crece lo hace cada vez menos hasta un punto en que -si se sigue la progresión- será igual a cero, y a partir de allí dará un valor negativo.

Si la tasa fuera progresiva y no constante el resultado sería más acusado todavía.

Al mismo tiempo, nuestra tabla nos muestra el acelerado consumo de capital fruto del impuesto.

Adicionalmente, no hay que perder de vista el incentivo negativo que implicará el declive de la producción en la misma ratio de la tasa de imposición para el próximo ejercicio fiscal.

A pesar de esto -que es casi más de puro sentido común que de economía- los gobiernos insisten en generar más impuestos y/o aumentar las alícuotas de los ya existentes.

El “Efecto Laffer” es el mismo si donde pusimos INGRESO colocamos la palabra “capital”, “ganancias”, “renta”, etc. las que -a estos fines- resultan ser sinónimos.

Cualquier impuesto consume capital/ingresos/rentas/ganancias etc. Lo hará, de una forma o de otra, más visiblemente o menos, más rápido o más lento, pero lo hará, y dado que la pobreza se reduce con más capital, etc. y no con menos los impuestos originan pobreza siempre. Màs tarde o màs temprano.

Hay que tener presente la máxima del sabio Ludwig von Mises, por la cual cada centavo que gasta el gobierno es un centavo menos que gasta la gente, lo que significa que, mientras el gobierno se enriquece la gente se empobrece.

Y lo más importante: se alteran (y se contrarían) las preferencias relativas de la población que hubiera dado un destino diferente a sus recursos si continuaran en su poder y no se los hubiera confiscado el gobierno, porque hay que aclarar, además, que el impuesto es siempre una confiscación por mucho que los juristas y otros profesores, académicos, políticos, periodistas, analistas, etc., sostengan a rajatabla lo contrario.

Todo impuesto es confiscatorio siempre, porque es eso: un impuesto. Es algo forzoso que se detrae contra la voluntad de quien se ve despojado del fruto de su esfuerzo y trabajo. Y que, además, no cuenta con contraprestación alguna, o no con la deseada por el sujeto confiscado.

Cuando voy al mercado a comprar, por ejemplo, un kilo de manzanas es porque estoy dispuesto a intercambiar el dinero de mi propiedad en X cantidad por un kilo de manzanas.

Si el verdulero en cuestión me obliga a recibir -a cambio de esa cantidad- un kilo de mandarinas no estoy recibiendo la contraprestación que subjetivamente he decidido de mi preferencia (podría ser quizás alérgico a las mandarinas, además) con lo cual estoy siendo confiscado si no tengo alternativa. Con los impuestos sucede algo similar o peor aún, ya que a cambio de mi dinero (al llenar la planilla del tributo o al pagar el impuesto en alguna otra operación) no recibo nada, ni perceptible, ni concreto a cambio. Por eso es que sostengo enfáticamente que todo impuesto constituye sin más una confiscación por “liviana” o disimulada que sea.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Gasto, préstamos y crisis

Por Gabriel Boragina Publicado  el 20/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/gasto-prestamos-y-crisis.html

 

Las tan famosas crisis económicas tienen -en un porcentaje muy alto- una causa común: un elevado gasto estatal. Ya hemos visto que los gobiernos poseen -casi de manera uniforme- una prolongada vocación a incrementar sus gastos, y también hemos estudiado los efectos perniciosos que, en el mediano o largo plazo, se originan por tal práctica. Pero, desde la aparición de los organismos de crédito internacionales, la propensión a subir el gasto estatal se ha visto potenciada, lo que ha dado lugar a diversos tipos de críticas a muchos de esos organismos. En particular a dos de ellos:

“Críticas al FMI y al BM .El rol de ambas instituciones se ha cuestionado seriamente. Algunos sostienen que deberían fusionarse mientras que otros se preguntan si deberían continuar existiendo. Los argumentos más importantes son que aumentan indirectamente el gasto público, que incrementan las tasas impositivas, que su sostenimiento es costoso, que el crédito es fungible y que por su mera existencia crean un problema de moral hazard muy importante. Por ejemplo, en el caso de México (1994-95), estas organizaciones habrían creado las condiciones de seguro implícito a la banca e inversores internacionales que incrementaron el moral hazard y ayudaron a detonar las crisis en el sudeste de Asia en 1997, y luego en Rusia en 1998”[1]

Estas manifestaciones han demostrado ser certeras en un porcentaje muy cercano al cien por ciento de los casos. Obviamente, la sola existencia de un ente (o de varios de ellos) que opera como “banco de bancos”, resulta un incentivo muy importante como para que se recurra al mismo a fin de lograr financiación. En el caso de los gobiernos, esos recursos demandados a tales organismos apuntan normalmente a incrementar el gasto público, y se apela a ellos cuando los gobiernos han agotado ya los mecanismos de costeo interno para sostener sus erogaciones. Como hemos señalado, la fuente ordinaria destinada a enjugar las salidas dinerarias del gobierno son los impuestos. Pero, la recaudación fiscal no es infinita, sino que está tasada. Su límite es el de la productividad total de la economía. No obstante, los recursos recaudados suelen encontrar su techo mucho antes de llegar a ese tope. Esto ha sido explicado por el economista americano Arthur Laffer mediante su famosa curva: cuando se supera el punto óptimo fiscal la recaudación tiende irremediablemente a decaer.

“Los créditos de las instituciones multilaterales ablandan la restricción presupuestaria de los gobiernos Es decir aumentan indirectamente el gasto público. En buen español se diría que estos préstamos al verse como “baratos” y de fácil acceso, llevan a los países a gastar más (y no necesariamente mejor). Esto se debe a que la posibilidad de obtenerlos aumenta las presiones políticas de los distintos ministerios y secretarías y subsecretarías para gastar más.”[2]

Lógicamente, si el gobierno conoce de antemano que dispondrá de financiamiento internacional para emprender sus “proyectos”, se va diluyendo cualquier aliciente a mantener alguna disciplina fiscal y, por consiguiente, cualquiera limitación presupuestaria va cediendo al mismo compás. En los estados paternalistas, pueblos y gobiernos suelen compartir la visión mal llamada del “estado benefactor” por la cual los gobiernos deberían atender absolutamente todas las demandas de la población que hagan a servicios “sociales” en su más amplio espectro, abarcando educación, sanidad, seguridad social, previsión, etc. Si se entienden estas actividades como funciones “propias del estado”, fácil deviene comprender que los recursos necesarios para sostenerlas demandarán aumentos desmedidos del gasto publico. Entonces se acuden a los créditos internacionales:

“La conclusión del profesor Arnold Harberger, después de realizar un estudio sobre el BM, a principios de los ochenta, dejó muy deprimidos a los ejecutivos del Banco. Según Harberger la influencia más importante del BM ha sido la gran competencia que los funcionarios del Banco tenían y adquirían en la evaluación de proyectos de inversión. Los funcionarios del BM al regresar a sus países hacían una gran contribución al evaluar las propuestas de gasto público en sus gobiernos.”[3]

Hemos de suponer cierto tono irónico en la redacción del párrafo que acabamos de transcribir. Lo primero que corresponde aclarar en materia técnicamente económica es que, aun cuando a menudo se los utiliza como sinónimos, los términos gasto e inversión no son equivalentes, de donde “gasto público” no se equipara a “inversión pública”. En sana doctrina económica, la “inversión pública” no existe, por cuanto los fondos supuestamente “invertidos” no son propios del gobierno, sino que pertenecen a terceros, concretamente a los mal llamados “contribuyentes” (dado que el que esta forzado a pagar impuestos no “contribuye” a nada, excepto que se conceptúe como posible alguna presunta “contribución” forzada. De nuestro lado, consideramos el vocablo “contribución” como un acto voluntario y no obligado).

Ciertas manipulaciones cambiarias, a los que los políticos y “técnicos” improvisados son tan afectos, combinadas con alto gasto público coadyuvan a potenciar las crisis económicas:

“Así, por ejemplo Argentina en diciembre de 1979, dio a conocer una tabla con la cotización futura del dólar para los próximos meses, día por día. En ese momento, Argentina tenía un ritmo de inflación del orden de 140% anual y la tablita tenía implícito un porcentaje de devaluación anual en el orden de 70%. Naturalmente, desde el arranque, la tasa de inflación, aunque declinante, fue superior a la de devaluación, con lo que se generó una situación de gran distorsión conocida como “atraso cambiario”. Este atraso, y el excesivo gasto público financiado con deuda, terminó con la tablita y todo el programa a comienzos de 1981.”[4]

La crisis era fácilmente evitable si se hubieran querido adoptar las únicas medidas razonables que correspondía tomar en la coyuntura señalada. Estas eran muy simples : 1)dejar flotar el tipo de cambio de manera completamente libre sin ataduras políticas de ninguna índole y, 2) reducir o –al menos- no incrementar el gasto público, lo que habría hecho innecesario sufragarlo con empréstitos. No obstante, ninguna de estas sanas recetas fue apadrinada.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 129

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 129

[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 131

[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 167/8

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿En este momento tiene límite la presión tributaria de Argentina?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 15/3/16 en:  http://es.panampost.com/carlos-salguero/2016/03/15/tiene-limite-la-presion-tributaria-de-argentina/

 

Se debe evitar que el consumidor termine pagando los costos de la presión por el pago de impuestos, para impactar de manera positiva la producción de empleos

Mantener en funcionamiento el aparato del Estado requiere de insumos tales como trabajo y diversos recursos materiales. Insumos que, como es lógico, cuanto más se amplía el poder público en el ámbito de su acción, tanto más grande será el presupuesto.

Los objetivos presupuestarios determinan cómo habrá de financiarse el fisco a través de impuestos y cuáles son los gravámenes de donde provienen esencialmente los ingresos del Gobierno, lo que ha hecho del principio de la capacidad de pago un dogma de la llamada “justicia social”. Sumariamente, el impuesto es el mejor instrumento para intervenir la economía como un todo.

Hoy, el caso de Argentina da cuenta de un sobredimensionamiento nunca antes visto a lo largo del bicentenario de su historia. En ese sentido, el Informe Económico número 349 del Instituto Argentino de Investigación Fiscal, IARAF, del 16 de enero del corriente, establece que la presión tributaria argentina creció 100% en el periodo comprendido entre 2002 y 2015.

“La carga tributaria del Estado argentino, en todos sus niveles de gobierno, evidencia crecimiento sostenido desde hace más de una década. La creación de nuevos impuestos, subas de alícuotas, y la falta de adecuación de parámetros de cálculo de ciertos impuestos al contexto inflacionario, son algunos de los elementos que explican que la presión tributaria argentina se encuentre hoy en niveles máximos históricos”, según el texto.

El voraz incremento en la captación de recursos por parte del kirchnerismo fue, como cualquier otro acto de intervención, una fuerte injerencia del Gobierno en la actividad productiva. Desde luego, la forma de proceder de los funcionarios públicos desvió la dirección que habría seguido la elección de los consumidores, dentro del ámbito del mercado, hacia el objetivo buscado por la autoridad. Desde este punto de vista, cuanto menos neutral es el tipo impositivo mejor sirve para desviar la producción y el consumo de su cauce natural hacia los intereses que persiguen sus gobernantes. He aquí lo único que importa destacar: se obligó a las personas a prescindir de sus propias decisiones para favorecer a otros, aquellos quienes, circunstancialmente, detentaban el poder.

Muchas personas, sin embargo, bajo una mirada naif, creyeron de buena fe que el Gobierno podía impulsar el desarrollo económico, pero la tradición “nacional y popular” con alusiones al Estado paternalista y redentor fue un simple engaño. Como dijo Martín Retamozo, el kirchnerismo “se ha constituido en la encarnación del hecho maldito y dominado la escena política durante los últimos 10 años.”

Debe señalarse que, en el mejor de los casos, el Gobierno sólo puede ampliar un sector productivo a expensas de otro. La realidad, en cambio, muestra que la injerencia gubernamental en el mercado provoca únicamente una equívoca asignación de los factores de producción necesariamente escasos, a lo que se suman altos costos de transacción y, en muchos casos, problemas de índole moral o corrupción lisa y llana.
Como se sabe, el incremento de la carga tributaria absorbe el flujo venal de las inversiones del sector privado: lo ahoga y somete. El mismo proceder se replica tanto en la cúspide del poder, el Ejecutivo nacional, como en los órganos más descentralizados, incluso en aquellos pequeños municipios que actúan a la luz de sus comunidades y centros urbanos. Los concejos deliberantes, intendencias y comunas, con igual propósito, incrementaron su recaudación en términos reales favorecidos por la falta de incentivos para reclamar y, sobre todo, litigar por parte de los contribuyentes.

Quienes aportan, a diferencia de los cuerpos deliberativos que concentraron recursos cada vez más cuantiosos, vieron incrementadas sus contribuciones impositivas, pero dada la poca significación de cada una de sus cuotas parte, diseminadas en el universo de contribuyentes, carecieron de incentivos concretos para reclamar y afrontar costos de litigio. Según datos del estudio antes citado, la confiscación de recursos por parte de los municipios se incrementó en 45% durante el período bajo análisis.  Sin embargo, la presión impositiva tienen un límite: no se puede expoliar indefinidamente a los contribuyentes.

La idea básica de que cambios en las tasas impositivas producen diferentes efectos sobre los ingresos fiscales —relación que fue estudiada cinco siglos antes por Ibn Jaldún, un filósofo y economista musulmán del norte de África— tuvo notoriedad bajo la influencia intelectual del economista norteamericano Arthur Laffer a principios de los 80. Se pensaba que los impuestos eran tan altos que disuadían de trabajar a las personas y que una reducción de los tipos impositivos daría incentivos suficientes para incrementar la oferta laboral, lo que provocaría la mejora del bienestar económico y quizás incluso de los ingresos fiscales.

La curva de Laffer ilustra el efecto económico enunciado y reconoce el impacto positivo que la rebaja de impuestos tiene en el trabajo, la producción y empleo. Pues bien, quizá sea este el momento de prestar atención al comportamiento de la curva citada, eventualmente en el tramo descendente (más allá de la recaudación máxima), y reducir la presión tributaria; de lo contrario, como invariablemente ocurre, será el consumidor quien termine pagando los costes.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.