Un repaso de los gobiernos chilenos para entender mejor lo que ocurrió allí

Por Martín Krause. Publicado el 3/1/20 en: https://www.visionliberal.com.ar/nota/6869-un-repaso-de-los-gobiernos-chilenos-para-entender-mejor-lo-que-ocurrio-alli/

 

José Niño escribe en el Mises Wire un interesante análisis sobre los recientes acontecimientos en Chile. Termina haciendo énfasis en la necesidad de descentralización: “Los manifestantes chilenos podrían poner fin a décadas de progreso en Chile”

Desde principios de octubre, los manifestantes han obstruido las calles de Santiago y otras ciudades en contra de las recientes subidas de tarifas del metro, al tiempo que expresan su preocupación por el estancamiento de los salarios y el alto costo de vida. Algunas de estas quejas detrás de estas protestas son válidas. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares que rodea a toda protesta política de masas sí lo es: ¿Cómo resolverán los manifestantes estos problemas?

La respuesta por defecto a la que los manifestantes están recurriendo generalmente implica tener una mayor presencia del Estado en la economía. Las recientes protestas en Chile así lo han indicado. En el 2012, los chilenos protestaron contra el modelo económico de la nación al destacar el sistema educativo de Chile y ridiculizar el control privado de la industria del cobre del país. Como era de esperar, recurrieron a los típicos puntos de discusión de la denuncia de la desigualdad y la búsqueda de beneficios. Para resolver las supuestas injusticias de este sistema, reclamaron la «educación gratuita» y la nacionalización de la industria del cobre en el país.

De hecho, el sistema de educación superior de Chile es heterodoxo en términos de universidades públicas y privadas. Gracias a sus características nominales de mercado, se convirtió rápidamente en uno de los principales sistemas universitarios de América Latina. Entre 1992 y 2012, el número de chilenos que pasaron por la educación secundaria creció de 200.000 a 1,2 millones. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que el sistema era injusto y presionaron para que el gobierno ejerciera un mayor control. Si Chile se tomara en serio su ética de mercado, el sistema educativo debería haber sido liberalizado para que los chilenos tengan más opciones educativas -ya sean de lujo o de presupuesto- a su conveniencia.

Cuando Sebastián Piñera fue elegido en 2010 -que marcó la primera vez que Chile tenía un gobierno de derecha elegido democráticamente en décadas- la gente tenía grandes expectativas para su gobierno. Había esperanzas de que Piñera llevara a Chile a los estándares del «Primer Mundo». A pesar de la publicidad, la administración de Piñera fue bastante deslucida. Tuvo algunos momentos brillantes cuando el gobierno de Piñera decidió reducir los tiempos de espera para los estudios de impacto ambiental, reducir la burocracia innecesaria, reducir los aranceles de importación y la cantidad de tiempo para establecer un negocio.

Sin embargo, Piñera elevó los impuestos corporativos de 17 a 20 por ciento en 2013 y trató de aplacar a las hordas de manifestantes estudiantiles garantizando becas para el 60 por ciento más pobre de la población y préstamos con una tasa de interés real del 2 por ciento para todos, excepto para el 10 por ciento más rico. No hubo un esfuerzo real por parte de Piñera para continuar liberalizando la economía. A su favor, Piñera aún mantenía un mínimo de moderación que le permitía a Chile seguir adelante y seguir creciendo. Considerando todas las cosas, la primera administración de Piñera fue una decepción para cualquiera que creyera que podría introducir reformas sustanciales de libre mercado.

Cuando Michelle Bachelet entró en escena, las cosas empezaron a tomar un giro negativo. Su gobierno subió las tasas de impuestos corporativos, trató de socavar el sistema de educación superior de Chile y utilizó la administración pública para empoderar a los sindicatos. Lo más importante, sin embargo, fue su uso del púlpito del matón para cambiar la narrativa general que rodea la economía política de Chile. No sólo condenó el modelo por supuestamente producir altos niveles de desigualdad en la riqueza, sino que lo llevó un paso más allá al sugerir un posible cambio en el orden constitucional a través de la Asamblea Constituyente.

Después de que la economía de Chile se arrastrara durante los años de Bachelet, los votantes decidieron volver a tirar de la palanca por Piñera. Lamentablemente, la economía sigue rezagada y Piñera revierte su promesa de campaña de recortar los mismos impuestos corporativos que su predecesor. Además, está tomando caballos de batalla progresistas como la consagración de los derechos de la mujer en la constitución y el uso de fondos estatales para socavar el sistema de pensiones privatizado de Chile. Para entonces, los simpatizantes del libre mercado se dieron cuenta rápidamente de que Piñera estaba orquestando una repetición de su milésimo primer mandato como presidente.

Con los disturbios generalizados que tiene ante sí, la administración se ve obligada a atravesar aguas desconocidas. Piñera ya está vacilando al prometer un nuevo «contrato social» que incluye aumentos del salario mínimo, aumentos de impuestos a los individuos más ricos del país y una mayor participación del Estado en el sistema de pensiones de Chile. Dado lo voraces que se han vuelto los activistas de izquierda en Chile, no estarán satisfechos con las concesiones de Piñera. Con toda probabilidad, Piñera podría ceder a la presión e iniciar una asamblea constituyente, lo que podría traer niveles sin precedentes de inestabilidad institucional a Chile.

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Rent seeking

Por Eduardo Filgueira Lima. Publicado el 15/7/16 en: http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2016/07/rent-seeking_95.html

 

El artículo del Dr. D.Henderson que el CEPyS publicó en el día de hoy, sobre los denominados “rent seeking”, invita a la reflexión. En la teoría de la elección pública, se entiende por búsqueda de rentas (rent-seeking)  a la situación de intercambio que un individuo, organización o empresa busca para obtener ingresos captando renta económica a través de la manipulación o explotación del entorno político o económico, en lugar de obtener beneficios a través de transacciones económicas y producción de riqueza.

La asociación entre el/los político/s (gobernante o no) pero con poder de decisión y determinados grupos que buscan obtener beneficios o privilegios siempre tiene un costo, que distorsiona la economía.

Parece bien decir que si uno recibe un sueldo mayor al esperado se trata de un beneficio no buscado. Y que si se pide un aumento de sueldo por encima del que se recibe, se trata de una búsqueda de rentas adicionales. En realidad los dos casos tienen un costo para el contratante que forma parte de los costos de producción y que necesariamente se cargan al costo final del producto.

De la misma forma la asociación entre el poder político y grupos con determinados intereses no hace a los segundos, diferentes de los primeros en cuanto a búsqueda de rentas personales.

El político puede traficar influencias, permitir información privilegiada y si su lapicera tiene el suficiente poder, incluso otorgar licencias especiales o normas regulatorias que impidan la competencia a favor del empresario. Por ejemplo: con aranceles de importación o con subsidios directos.

En cualquiera de los dos casos el político puede obrar de buena fe creyendo que defiende a la industria nacional o al empleo, lo que en realidad hace es beneficiar a empresarios que “saben que timbres tocar” para obtener beneficios (privilegios), y una vez que lo han logrado ya no tienen incentivos para producir más y mejor.

En realidad tampoco benefician el empleo, porque mucho más se obtendría si por ejemplo se limitaran las barreras para que ingresen productos, o capitales y en ambos casos se generen nuevas fuentes de empleo, y los productos serían el resultado de una competencia por producir más (masificación del consumo), a precios mucho más accesibles y de mejor calidad.

Estos mecanismos corporativos se dan en todos los ámbitos. Sindicatos, asociaciones, etc. todos luchan por la obtención de mejores condiciones o beneficios. Pero no tienen otro objetivo que intervenir en el mercado laboral para obtener mejores salarios, que no es óptimo porque presiona sobre los costos de producción (pero este es otro tema),  no tiene el mismo carácter de los rent seeking que bien llaman los economistas: “buscadores de renta en asociación con el poder político”.

Nuestro país como muchos tiene bien aceitado este mecanismo de protección y asociación. Ambos: políticos (no necesariamente el gobernante del máximo nivel) y grupos de interés son rent seeking. El político puede hacerse por este medio de ingresos espurios, porque su lapicera o su decisión vale y puede hacerse acreedor a algún “retorno” y el empresario también porque obtiene beneficios personales.

El problema es que todo ello tiene un costo y el costo lo paga toda la sociedad. Para J. Buchanan y G. Tullock en su teoría de la elección pública expresan que estos grupos de interés (de todo tipo) se encuentran  bien organizados y tienen acceso a políticos “vulnerables”, que pueden tomar decisiones, que son finalmente contrarias a los intereses de la mayoría, pero beneficiosas para los “amigos”.

De lograr estas decisiones debe contemplarse que siempre son contrarias al interés público y solo beneficiosas para los grupos de interés (“capitalismo de amigos”) y para el mismo político que suele recibir reconocimientos de importancia.

El costo final lo paga el país porque si se produce menos la oferta es menor. Si la oferta de bienes es menor, su costo unitario es mayor. Y esto es lo que logran estos procesos de rent seeking, baja producción –porque obtuvieron beneficios restrictivos a la competencia– de productos además más caros y de menor calidad, que los que se verían obligados a producir si debieran enfrentar la competencia. ¿Como soluciona el problema el poder político?: inyecta fondos para subsidiar la demanda,.. así la demanda se mantiene y mantiene el consumo, acompañado de una sensación de bienestar de la población, que acompaña con su favor al político. Políticas keynesianas que de inmediato comienzan a pagar todos.

Es decir que –sin entrar en lo referente a la corrupción que en este mecanismo se encuentra implícita– el costo de esta asociación entre grupos de interés y política tiene un enorme peso económico para el país,.. y para cada uno de los ciudadanos,…que tienen que consumir lo que se les ofrece y se limitan sus opciones con barreras para beneficiar un empresariado ineficiente (que afortunadamente no son todos), que frecuentemente produce más caro y de mala calidad.

Para J. Buchanan y G. Tullock este es el proceso –dentro de todos los que incorporan a la teoría de la elección pública– más perverso, por lo oculto para el ciudadano que finalmente paga los costos, por las distorsiones a las que da lugar y por los efectos que tiene para la producción de un país.

(*) Eduardo Filgueira Lima. Director del CEPyS. Julio 14 de 2016

Lecturas recomendadas:

-Buchanan, J & Tullock, G (1993) El cálculo del consenso. Editorial Planeta-De Agostini S.A. Barcelona

-Buchanan, J. (1981) Los límites de la libertad: entre la anarquía y el Leviatán.  Premia editora. México

-Buchanan, J (1972) Theory of public choice. Ann Harbor.University of Michigan Press. USA

 

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.

De colonos de España a esclavos del fisco

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 18/10/15 en: http://economiaparatodos.net/de-colonos-de-espana-a-esclavos-del-fisco/

 

Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios

Si bien la obra más conocida de Juan Bautista Alberdi es “Bases y puntos de partida para la organización política de la República de Argentina”, otro de sus libros de gran relevancia sobre el espíritu de la Constitución Nacional de 1853 es el “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853”. En rigor, con la destrucción que hubo en nuestro país de la historia y de la educación, lo chicos actualmente no saben quién fue Alberdi, qué libros escribió y mucho menos van a conocer El Sistema Económico y Rentístico.

Se enaltecieron asesinos como el Che o usureros como Néstor, pero se ignoraron celebridades como Juan Bautista Alberdi. Hecha esta molesta aclaración, vuelvo al punto que me interesa resaltar.

En el Sistema Económico y Rentístico, dice Juan Bautista Alberdi: “Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del Fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales. Simples tributarios o colonos, por espacio de tres siglos, somos hasta hoy la obra de ese antecedente, que tiene más poder que nuestras constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios: siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar”. Y agrega unos párrafos más adelante: “El modernos régimen está en nuestros corazones, pero el colonial en nuestros hábitos, más poderosos de ordinario que el deseo abstracto de lo mejor”.

Han pasado 160 años desde que Juan Bautista Alberdi escribiera el Sistema Económico y Rentístico y seguimos siendo un país de complexión fiscal. Somos máquinas serviles de rentas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco k. En nombre de la santa recaudación impositiva se violan los derechos más elementales de los ciudadanos. Y, como decía la semana pasada, el que no acepta ser tratado como un esclavo al cual se le confisca casi todo lo que produce y uno se revela contra esa violación de los derechos humanos, resulta que el que viola los derechos humanos se pone en acusador y el esclavo que se rebela contra la opresión del estado k es acusado de evasor impositivo y de no tener sentido de la solidaridad porque, según el discurso de moda, nos esclavizan en nombre de la solidaridad social.

Lo cierto es que con esta locura “distribucionista” en la que los políticos han decidido que solo ellos tienen sentido de la solidaridad y el resto de los ciudadanos somos unos cretinos a los que nos tienen que sacar la plata por la fuerza vía impuestos, al sistema tributario se le pide 3 cosas. A saber:

1)   Que genere recursos para el fisco

2)   Que asigne los recursos productivos

3)   Que redistribuya el ingreso.

Dejemos el punto 1) de lado porque no requiere de demasiadas explicaciones. Hay que pagar impuestos para mantener al barril sin fondos que es el estado.

Respecto al punto 2), el sistema tributario asigna recursos cuando, por ejemplo, aplica impuestos altos algún insumo y menos a otros. Cuando el estado, en nombre de la solidaridad social, pone muchos impuestos a la nómina salarial, lo que logra es hacer artificialmente caro el trabajo en blanco, por lo tanto la gente prefiere trabajar en negro o bien el empresario opta por reemplazar mano de obra por máquinas,  las que por cierto, no le hacen huelgas.

Otro ejemplo que podría darse sobre el punto 2) es el caso de los aranceles de importación. Cuando el estado pone derechos de importación altos para los bienes de consumo y bajos para los bienes de capital, lo que hace es intentar sustituir importaciones de bienes de consumo y no de bienes de capital. Con el sistema tributario intenta forzar la producción de bienes de consumo y no tanto la de bienes de capital.

Respecto al punto 3) el ejemplo más categórico es el del impuesto a las ganancias. Un impuesto que castiga al que más gana como si ser más eficiente y abastecer mejor las necesidades de los consumidores tuviera que ser castigado.

En mi opinión, el sistema tributario solo tiene que abastecer al estado de los recursos para financiar los gastos derivados de defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. El sistema tributario no tiene ni que reasignar recursos ni redistribuir ingresos. Si quieren redistribuir los ingresos que lo hagan vía el presupuesto y digan con nombre y apellido a quién se le va a dar dinero de los contribuyentes, por qué razón, en qué monto y por cuánto tiempo. Para eso está el presupuesto.

Si bien no existe el impuesto que sea absolutamente neutro, debe buscarse el impuesto que genere la menor distorsión de precios relativos y que casi no influya en la asignación de recursos y en la distribución de la riqueza.

Pero, al mismo tiempo, la carga impositiva va a depender del nivel de gasto público. Cuando los políticos, en su carrera populista, aumentan el gasto en nombre de la solidaridad social, más temprano que tarde terminan inventando impuestos para financiar sus aventuras populistas. Es en ese punto en que empiezan a subir los impuestos vigentes y a crear nuevas gabelas, haciendo de los contribuyentes máquinas serviles del fisco, como decía Juan Bautista Alberdi.

La diferencia entre las máquinas serviles del fisco que denunciaba Alberdi en nuestra relación con España era porque en esa época la corona tenía que financiar sus guerras. Recordemos que, por ejemplo, la revolución por la independencia americana se produce por la mayor carga impositiva que quiso imponer el rey de Inglaterra a los colonos para financiar los gastos de guerra con Francia. Curiosamente, luego Francia va a ayudar a las fuerzas continentales a combatir contra el ejército inglés.

Actualmente, en particular en Argentina, los impuestos no suben para financiar acciones de guerra o conquistas territoriales, sino que suben para financiar el populismo. Lo que se conoce como el estado de bienestar. Es, de alguna manera, otra forma de conquistar el poder. Antes los reyes acumulaban poder conquistando territorios mediantes guerras que exigían cobrar más impuestos y ahora conquistan el poder con populismo que ellos llaman solidaridad social. Y para eso también hace falta cobrar impuestos.

Soy de la idea que Argentina necesita de una profunda reforma tributaria, con impuestos sencillos de liquidar, alícuotas bajas y una base imponible ancha (cantidad de gente que pague impuestos). Es decir, creo que muchos deben pagar impuestos, pero muy poco. De esta forma se quita uno de los estímulos para evadir.

Como contrapartida el gasto debe ser eficiente y, por supuesto, mi propuesta  de simplificar y bajar la carga tributaria es inviable si paralelamente la gente no deja de votar políticos que lo único que saben hacer es aumentar el gasto público en nombre de la solidaridad social, que no es otra cosa que el interés de ellos de retener el poder.

En definitiva, y siguiendo las palabras de Alberdi, dejamos de ser colonos de España y pasamos a ser esclavos de nuestros políticos, ya que trabajamos para sostener, vía impuestos, sus conquistas políticas.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.