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El gobierno no debe tener un plan económico

Por Gabriel Boragina Publicado  el 11/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/el-gobierno-no-debe-tener-un-plan.html

 

Son muchos los economistas que se quejan que el gobierno no tiene un plan económico. Otros, dicen que lo tiene, pero que no es el mejor, otros, que no es bueno, y finalmente, un cuarto grupo afirma que el supuesto plan (existente o no) es malo.
Creo que la pregunta a hacerse es ¿debe el gobierno tener un plan económico? Esta pregunta la respondieron otros economistas, hace mucho tiempo, como Ludwig von Mises y Friedrich A. von Hayek entre los más importantes. Y sus respuestas fueron y siguen siendo contundentes: NO. No debería tenerlo. Y, en el caso de Hayek, dice que no puede tenerlo (aunque quisiera). No podría, por falta de información y la imposibilidad de conseguirla.
Hay varias cuestiones implicadas en esta rotunda respuesta negativa de estos fenomenales economistas. La primera es que, como sustancia el gobierno (cualquier gobierno) en realidad no existe. No hay tal cosa como un “gobierno”. Lo que si hay es un grupo de personas que, en virtud de ciertas leyes constitucionales y por medio de ellas, se ha decidido que reciban el nombre de “gobierno”, y esas mismas leyes han dotado a esas personas de determinados atributos que detentan exclusivamente ellas y no otras (fuera del gobierno). Esos atributos consisten en especificas potestades, que pueden ejercer legalmente ellas de manera exclusiva.
En suma, y en lo que a nuestro tema interesa, las que toman las decisiones políticas y económicas son esas personas que forman parte de eso que se da en llamar “gobierno”, y no ningún “gobierno” como ente fantasmagórico, separado e independiente de las personas que lo integran. Resumiendo: las decisiones y los planes (económicos y no económicos) sólo pueden ser adoptados -y siempre lo son- por seres humanos.
En necesario aclarar siempre el punto anterior, porque estamos tan acostumbrados a manejar conceptos como entelequias tendiendo al antropomorfismo de ideas y percepciones que no tienen sustancia real en el mundo físico que, muchas veces, tenemos propensión a pensar en ciertas instituciones y otro tipo de organizaciones como si fueran seres vivientes independientes de la vida física de las personas que -en contexto- son las que actúan por ellas, y que etiquetan sus acciones personales bajo el rótulo de una entelequia. Esto se lleva hasta el paroxismo, de allí que se enuncia a menudo que el gobierno “dice”, el gobierno “piensa”, el gobierno “decidió”, el gobierno “planea”, o “estudia” y cosas así por el estilo, de la misma manera que expresamos Juan piensa, estudia, planea, etc. Y ese uso frecuente y tan arraigado genera, asimismo, la idea errónea de que el gobierno “piensa” una cosa y el presidente puede pensar otra, cuando, la verdad, es que el presidente piensa una cosa y -posiblemente- los miembros de su gabinete o del congreso, probablemente, puedan pensar otra, o lo mismo que él, pero en todos los casos serán siempre más de dos personas las que piensen, y nunca una, como -por ejemplo- el “gobierno”, o “el congreso” o peor aún, “la justicia”. Detrás de todas estas etiquetas sólo encontramos una sola sustancia: a los seres humanos.
Esto, no significa que dos personas o más no puedan coincidir en una idea. Pero el punto es que no dejan por eso de ser personas diferentes, por más que coincidan en algunos temas, o en todos ellos. No son algo separado de sus personas físicas. Este es mi argumento actual.
Aclarado este punto (que -dicho sea de paso- siempre se debe explicar por las razones apuntadas de ese acostumbramiento social a corporizar entelequias) digamos que los planes, las planificaciones o planeaciones (o como quiera llamárselas) solamente las hacen, y únicamente pueden llevarlas a cabo, las personas. Estas personas, pueden ser los gobernantes o los no gobernantes. Pero siempre serán los individuos que -con un rótulo u otro- planifican.
Es cierto que nuestros lectores advertirán que esto lo dijimos muchas veces, pero persistentemente es necesario recordarlo cada tanto (a veces demasiado seguido).
Y el problema consiste en que los individuos somos naturalmente distintos y, por ende, pensamos distinto, queremos distinto, sentimos distinto, valoramos distinto. Y en lo económico, ahorramos o no, gastamos o no, y nosotros elegimos en qué cosas hacerlo, no hacerlo, y en qué cuantía, para cada una o para todas ellas.
El punto en cuestión es que, si “el gobierno” hace planes económicos por nosotros, nosotros no podemos llevar a cabo los nuestros, porque los recursos con los cuales dichos planes económicos han de materializarse siempre tienen un mismo y común origen: nuestros bolsillos; los míos y los de los lectores. He aquí el problema, el gran dilema que se plantearon los economistas nombrados antes, y otros ¿Quién debe planificar? ¿el gobierno o la gente? Porque, no es posible conjugar ambas planificaciones, dado que los recursos con las que se hacen son de origen y fuente común. Y toda vez que los recursos siempre son de los individuos y nunca de los gobiernos (sus miembros -en rigor- recordemos) lo más justo es que cada uno planifique con lo que es suyo. Entonces, la solución sólo puede ser una sola: el dueño de los recursos con los cuales se planifica debe ser el único planificador. Si los recursos son comunes (por ejemplo, en una sociedad anónima) va de suyo que el principio es el mismo: son los integrantes de la sociedad (los dueños de los recursos) quienes deben planificar. ¿Por qué el gobierno debería hacerlo por ellos, como ocurre con las normativas que regulan las sociedades, sus patrimonios, acciones, modo de repartir los dividendos, etc. si estos recursos no son del gobierno ¿Por qué debería este planificar por sus dueños?
Por ello es que, lo más sano (y, sobre todo, lo más justo) es que los gobiernos no tengan nunca ningún plan económico. Porque -si lo tienen- sus gobernados no podrán ser dueños de su destino, habida cuenta que no disponen de lo que es (por derecho) suyo: sus patrimonios y haciendas. Además, si hubiera acuerdo en esta propuesta, se acabarían los indetenibles debates dirigistas que apuntan a dirimir la sempiterna cuestión de que cómo y cuándo debería planificar económicamente el gobierno la vida de todo el mundo.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.
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Despuntes de nacionalismo que amenazan al mundo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/10/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2068286-despuntes-de-nacionalismo-que-amenazan-al-mundo

 

Los resultados electorales en Alemania y los episodios de xenofobia en Estados Unidos muestran la preocupante vigencia de ideas que ya deberían estar superadas

 

Acaba de ganar escaños en el Parlamento alemán un partido de ribetes nazis. Es la primera vez que ocurre algo así desde la traumática experiencia del siglo pasado.

Es difícil dejar de lado los aspectos antihumanos y criminales del nacionalsocialismo, pero en lo que sigue, centremos nuestra atención en facetas de la política del nacionalismo en general.

Seguramente no hay mayor afrenta a la cultura que los postulados que provienen de aquella corriente de pensamiento que se conoce con el nombre de “nacionalismo”. La fertilidad de los esfuerzos del ser humano por cultivarse, es decir, por reducir su ignorancia, está en proporción directa a la posibilidad de contrastar sus conocimientos con otros. Eso es la cultura. Sólo es posible la incorporación de fragmentos de tierra fértil, en el mar de ignorancia en el que nos debatimos, en la medida en que tenga lugar una discusión abierta. Se requiere mucho oxígeno: muchas puertas y ventanas abiertas de par en par.

Aludir a la “cultura nacional” (y “popular” dirían algunos desaforados) es tan desatinado como referirse a la matemática asiática o a la física holandesa. La cultura no es de un lugar y mucho menos se puede atribuir a un ente colectivo imaginario. No cabe la hipóstasis. La nación no piensa, no crea, no razona ni produce nada. El antropomorfismo es del todo improcedente. Son específicos individuos los que contribuyen a agregar partículas de conocimiento en un arduo camino sembrado de refutaciones y correcciones que enriquecen los aportes originales. Como bien señala Arthur Koestler, “el progreso de la ciencia está sembrado, como una antigua ruta a través del desierto, con los esqueletos blanqueados de las teorías desechadas que alguna vez parecieron tener vida eterna”.

El nacionalismo pretende establecer una cultura alambrada, una cultura cercada que hay que preservar de la contaminación que provocarían aquellos aportes generados fuera de las fronteras de la nación. Se considera que lo autóctono es siempre un valor y lo foráneo un desvalor, con lo que se destroza la cultura para convertirla en una especie de narcisismo de trogloditas que cada vez se asimila más a lo tribal que al espíritu cultivado que es necesariamente cosmopolita. Quienes necesitan de “la identidad nacional” ocultan su vacío interior y son presa de una despersonalización que pretenden disfrazar con la lealtad a una ficción.

Desde esta perspectiva, quienes comparten el cosmopolitismo de Diógenes e insisten en ser “ciudadanos del mundo” aparecen como descastados y parias sin identidad. El afecto al “terruño”, a los lugares en que uno ha vivido y han vivido los padres y el apego a las buenas tradiciones es natural, incluso la veneración a estas tradiciones es necesaria para el progreso, pero distinto es declamar un irrefrenable amor telúrico que abarcaría toda la tierra de un país y segregando otros lugares y otras personas que, mirados objetivamente, pueden tener mayor afinidad, pero se apartan sólo porque están del otro lado de una siempre artificial frontera política.

Al fin y al cabo, en esta etapa del proceso de evolución cultural -en la que se deposita en el monopolio de la fuerza la función de proteger y garantizar los derechos de las personas-, las divisiones territoriales en diversas jurisdicciones existen solamente para evitar los riesgos de un gobierno universal. Hannah Arendt dice que “la misma noción de una fuerza soberana sobre toda la Tierra que detente el monopolio de los medios de violencia sin control ni limitación por parte de otros poderes, no sólo constituye una pesadilla de tiranía, sino que significa el fin de la vida política tal como la conocemos”.

El nacionalismo está imbuido de relativismo ético, relativismo jurídico y, en última instancia, de relativismo epistemológico. “La verdad alemana”, “la conciencia africana”, “la justicia dinamarquesa” (en el sentido de que los parámetros suprapositivos serían inexistentes) y demás dislates presentan una situación como si la verdad sobre nexos causales que la ciencia se esmera en descubrir fuera distinta según la geografía, con lo cual sería también relativa la relatividad del nacionalismo, además de la contradicción de sostener simultáneamente que un juicio se corresponde y no se corresponde con el objeto juzgado. Julien Benda pone de manifiesto el relativismo inherente en la postura del nacionalismo. Dice Benda que “desde el momento que aceptan la verdad están condenados a tomar conciencia de lo universal”.

Alain Finkielkraut ilustra el espíritu nacionalista al afirmar que “replican a Descartes: yo pienso, luego soy de algún lugar”. Juan José Sebreli muestra cómo incluso el folklore proviene de una intrincada mezcla de infinidad de contribuciones de personas provenientes de lugares remotos y distantes entre sí.

Estas visiones nacionalistas se traducen en una escandalosa pobreza material, ya que los aranceles aduaneros indefectiblemente significan mayor erogación por unidad de producto, lo cual hace que existan menos productos y de menor calidad. Este resultado lamentable contrae salarios e ingresos en términos reales, con el apoyo de pseudoempresarios que se alían con el poder al efecto de contar con mercados cautivos y así poder explotar a la gente.

En la historia de la humanidad hay quienes merecen ser recordados todos los días. Uno de esos casos es el de la maravillosa Sophie Scholl, quien se batió en soledad contra los secuaces y sicarios del sistema nacionalsocialista de Hitler. Fundó junto con su hermano Hans el movimiento estudiantil de resistencia denominado Rosa Blanca, a través del cual debatían las diversas maneras de deshacerse del régimen nazi, y publicaban artículos y panfletos para ser distribuidos con valentía y perseverancia en diversos medios estudiantiles y no estudiantiles.

La detuvieron y se montó una fantochada que hacía de tribunal de justicia, presidido por Ronald Freisler, que condenó a los célebres hermanos a la guillotina, orden que fue ejecutada el mismo día de la parodia de sentencia judicial, el 22 de febrero de 1943 para no dar tiempo a apelaciones.

Es pertinente recordar a figuras como Sophie Scholl en estos momentos en que surgen signos de un nacionalsocialismo contemporáneo que invade hoy no pocos espíritus en Europa, y cuando en Estados Unidos irrumpen demostraciones nazis como el reciente y resonante caso de Charlotesville. Para no decir nada de algunos regímenes latinoamericanos donde el alarido nacionalista encaja a las mil maravillas en el populismo vernáculo.

Hay una producción cinematográfica dirigida por Marc Rothemund, que lleva por título el nombre de esta joven quien en una conversación con su carcelero explica el valor de normas extramuros de la legislación escrita. Lo contrario de lo dicho por el canalla de Hermann Göring en el Parlamento alemán, el 3 de marzo de 1933: “No quiero hacer justicia, quiero eliminar y aniquilar, nada más” (citado por Norbert Bilbeny en El idiota moral).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Planificación y libertad

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/7/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/07/planificacion-y-libertad.html

 

Es común que se hable del estado-nación como un ser “vivo” con personalidad propia, y que toma “decisiones” y “actúa” como cualquier persona o ser humano. Este antropomorfismo esta tan arraigado que es bastante complicado -por no decir casi imposible- encontrar personas que no se expresen de dicha manera. Pero, si solo fuera una forma de decir, no habría tanto problema como el que existe en la medida que la gran mayoría cree firmemente que con certeza el estado-nación o el gobierno son “personas reales”, entes físicos y concretos que actúan y que deciden de modo separado al resto de los individuos. Son muchas las teorías jurídico-políticas que intentan -desde la antigüedad- justificar la existencia de un estado “autónomo” “independiente” y por encima de los individuos humanos.

Desde hace tiempo, nosotros -con otros- venimos sosteniendo que, entre el estado-nación y los individuos las diferencias reales residen en quienes detentan el poder político. Este poder político se traduce -a nuestro juicio- en la facultad de dictar leyes que puedan ser impuestas a otras personas, para lo cual aquellas personas que se arrogan el poder político se valen de un monopolio, siendo indiferente si este monopolio se lo atribuyen los que legislan, o bien es otorgado por quienes serán legislados.

Los actos de quienes poseen el poder (es decir, de los que ordinariamente se denominan funcionarios públicos) obviamente tienen consecuencias, pero en la medida que tales personas (dada la calidad que se atribuyen o auto-atribuyen) pueden legislar sobre la conducta de otras personas, obviamente influirán (para bien o para mal) sobre los efectos de las decisiones de estas personas que no se hallan en una posición de poder semejante:

“Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativas sobre los individuos en particular, es el Estado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos no pueden ser previstos.”[1]

En otros términos, quienes ostentan el poder político-legal, traducido en el monopolio de la creación de leyes que -por definición- se hallan en condiciones de imponer a quienes no gozan de dicho poder (excepto de carácter formal, mediato, o a largo plazo, en virtud de alguna teoría política de representación), y si estas leyes pretenden prever puntualmente la consecuencia de cada acto estatal, ello no deja margen de acción alguno a las personas que se encuentran sometidas al imperio oficial. Si se intentara lo anterior, implicaría que el estado-nación no puede dar resquicio mínimo de libertad individual.

“Las normas generales, o leyes genuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tienen que proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no pueden preverse con detalle, y, por consiguiente, no pueden conocerse de antemano sus efectos sobre cada fin o cada individuo en particular. Sólo de este modo le es posible al legislador ser imparcial. Ser imparcial significa no tener respuesta para ciertas cuestiones: para aquella clase de cuestiones sobre las que, si hemos de decidir nosotros, decidimos tirando al aire una moneda”.[2]

Lógicamente, si tenemos en cuenta que las leyes son creaciones humanas que están destinadas a tener efectos sobre otras acciones humanas, resulta obvio que aquellas leyes que procuran prever la mayor cantidad de consecuencias posibles de la actividad de otras personas, tienen que necesariamente limitar la libertad de elección -y, por consiguiente- de acción de un número mayoritario de individuos. De aquí a decir que la planificación estatal opera en contra de la libertad humana hay un solo y certero paso. En suma, se trata de individuos que encaramados desde una posición de poder ensayan planificar la vida de sus semejantes. Bien visto, el estado-nación (tal como hoy en día se lo acepta popularmente) se reduce sencillamente a esto último: se le otorga el poder de decidir sobre la vida o destinos de la gran masa de votantes que, paradójicamente, suelen votar proyectos políticos que los sojuzgan y -muchas veces- los humillan al mismo tiempo. Debemos tener en consideración que la gran mayoría de nuestras “leyes actuales” no son más que lo que Hayek bien denomina “órdenes específicas”, las que cada vez están más lejos del concepto de norma general.

“En un mundo donde todo estuviera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado hacer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos en particular, donde el Estado se propone directamente estos efectos particulares, no puede menos de conocer esos efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesariamente que tomar partido, imponer a la gente sus valoraciones y, en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fines, elegir por ella los fines”.[3]

De forma análoga, donde toda elección humana estuviera puntualmente legislada, sería bastante difícil que cualquier persona no cayera de inmediato en alguna infracción por apartarse un milímetro de lo que el legislador hubiera previsto como objetivo de esa norma destinada a determinar la conducta de un tercero. Recordemos que los actos del estado-nación siempre se proyectan y se plasman a través de leyes (a tales fines, es indistinto que se las llame normas, decretos, resoluciones, es decir su denominación técnico-legal). La legislación es la característica del actuar de los estados, por ello para conocer la índole o la definición política de un estado cualquiera debemos detenernos en el examen de la legislación vigente en el mismo. En este caso, quien planifica la vida de otros, es lisa y llanamente un dictador, sin importar demasiado la forma en que el mismo haya accedido al poder, esto es: si por vía de elecciones votadas o por las de hecho o de facto.

 

[1] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 109-110

[2] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

[3] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Lo individual y lo colectivo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 18/4/13 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7761

 Como ha puntualizado Robert Nozick, no hay tal cosa como “el bien social”, no cabe el antropomorfismo de lo social, no es una entidad con vida propia. Es la persona, el individuo, que piensa, siente y actúa. En el extremo, resulta tragicómico cuando se afirma que Inglaterra propuso tal o cual cosa a lo que le contestó África de esta o aquella manera, en lugar de precisar que fue fulano o mengano el que se expresó en un sentido o en otro.

La Escuela Escocesa, especialmente Adam Smith y Adam Ferguson, señalaron que en una sociedad abierta cada persona siguiendo su interés personal satisface los intereses de los demás con lo que crean un sistema de coordinación más complejo de lo que cualquier mente individual puede concebir. En libertad, las relaciones sociales se basan en la necesidad de satisfacer al prójimo como condición para mejorar la propia situación. Esto va desde las relaciones amorosas y la simple conversación a los negocios cotidianos de toda índole y especie.

El interés personal es la característica central de la condición humana, en verdad resulta en una tautología puesto que si no está  en interés del sujeto actuante no habría acción posible. Todos las acciones -sean éstas sublimes o ruines- se basan en el interés personal. Está en interés de la madre el cuidado de su prole y está en interés del asaltante que le salga bien el asalto. Está en interés personal (está en sus valores y preferencias) la donación de quien realiza una obra de caridad, y está en interés personal del canalla llevar a cabo la canallada. Los marcos institucionales de una sociedad libre apuntan a minimizar los actos que lesionan derechos, es decir, el fraude y la violencia.

El individualismo suscribe la prelación de las autonomías individuales de las personas, lo cual para nada se traduce en la autarquía sino, muy por el contrario, en la apertura más completa a la cooperación social en el contexto de la división del trabajo. Es el colectivismo el que bloquea y restringe los arreglos contractuales libres y voluntarios entre las partes que deja de lado el hecho que el conocimiento está fraccionado y está disperso entre millones de personas, para en cambio concentrar ignorancia al pretender la regimentación de la vida social.

En los procesos de mercado, es decir, en los procesos en los que la gente contrata sin restricciones (siempre que no se lesionen derechos de terceros), los precios constituyen las señales e indicadores para poder operar. Cuando los aparatos estatales se inmiscuyen en estos delicados mecanismos, inevitablemente se producen desajustes y desórdenes de magnitud diversa. Como se la destacado reiteradamente, en la medida en que los precios no reflejan en libertad las recíprocas estructuras valorativas, se obstaculiza la evaluación de proyectos y la contabilidad y se oscurece la posibilidad de conocer el aprovechamiento o desaprovechamiento del siempre escaso capital. Esa es la razón técnica del derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín: la pretensión de eliminar la propiedad privada barre con los precios y, por ende, por ejemplo, no se sabe si es más económico fabricar caminos con oro o con asfalto.

El colectivismo -el ataque a la propiedad privada- conduce a lo que Garret Hardin bautizó ajustadamente como “la tragedia de los comunes”, a saber, lo que es de todos no es de nadie y se termina por destrozar el bien en cuestión. El colectivismo funde a las personas como si se trataran de una producción en serie de piezas amorfas que pueden manipularse como muñecos de plastilina, en cuyo contexto naturalmente el respeto desaparece.

Como queda expresado, el individualismo abre las puertas de par en par para que se lleven a cabo obras en colaboración, ese es el sentido por el que el hombre se inserta en sociedad (la autarquía empobrece y embrutece). No es entonces para que lo dominen sino para cooperar con otros produciendo ventajas recíprocas. El mismo mercado es una obra en colaboración así como lo es el lenguaje y tantas otras manifestaciones de la vida social. En un sentido más directo, George Steiner escribe en Gramáticas de la creación que “La historia del arte nos enseña que en muchas pinturas han trabajado varias manos. Algunas de las piezas consideradas las más características de tal o cual maestro son, en realidad, compartidas. Ayudantes, discípulos, cofrades artesanos del taller o de la comisión ciudadana han proporcionado el contexto, han pintado los personajes o los motivos secundarios y puede que hayan completado totalmente el lienzo […] En música […] conocemos partituras híbridas reunidas por más de un compositor”.

No debe perderse de vista que los múltiples trabajos en colaboración remiten a la consideración y satisfacción del individuo. Por eso, cuando se dice que debe contemplarse el bien común y no la satisfacción individual se está incurriendo en un error conceptual. Como han explicado Michael Novak y Jorge García Venturini, el bien común es el bien que le es común a cada uno, es decir, el bien del conjunto es precisamente la satisfacción legítima de cada cual.

Prácticamente todo es el resultado de obras en colaboración: nuestras ideas son fruto de innumerables influencias de otros pensadores, no hay más que mirar una máquina de afeitar para imaginar los cientos de miles de personas que colaboraron, desde la fabricación del plástico, la combinación del metal, las cartas de crédito, los bancos, los transportes, los departamentos de marketing etc. Solo los megalómanos estiman que sus arrogantes decisiones son consecuencia de su sola voluntad y participación.

El individualismo abre paso a notables prodigios en un clima donde se desarrolla al máximo la energía creadora en libertad. En cambio, el colectivismo es la aniquilación del individuo y la glorificación de la masa sin rostro ni personalidad.

Ya ha reiterado el antes mencionado Nozick en Anarchy, State and Utopia que el hombre es un fin en si mismo y nunca debería utilizárselo como un medio para los fines de otros. Por su parte, Arnold Toynbee en su crítica al colectivismo en Civilization on Trial escribe que “La proposición de que el individuo es una mera parte de un conjunto social puede ser cierta para los insectos, abejas, hormigas y termitas, pero no es verdad en el caso de seres humanos”.

En resumen, individualismo y colectivismo son términos mutuamente excluyentes. Esta última visión está escindida y amputada del prójimo, mientras que la primera, tal como se ha consignado, se traduce en el valor supremo de la dignidad de la persona y abre paso a la estrecha vinculación entre individuos, lo cual resulta en un camino inexorable para la propia prosperidad. Se pretende hacer aparecer como que el colectivismo se basa en la cooperación recíproca pero, como también se ha visto, es su antítesis y significa la aniquilación de la noción de persona y el consiguiente respeto recíproco.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.