Pensemos juntos en el concepto de la deuda pública externa

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 14/3/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/03/14/pensemos-juntos-en-el-concepto-de-la-deuda-publica-externa/

 

Adelanto que en el texto que sigue no estoy pensando en determinada circunstancia o en determinado país sino en la formulación de reflexiones que pueden aplicar a todos como un principio general de finanzas públicas circunscriptas al sector externo. Mucho menos estoy pensando en gobernantes que usan como pretexto la dificultad del repago de deudas para al poco tiempo volver a las andadas, siempre para financiar un aparato estatal gigantesco y creciente.

Cuando Thomas Jefferson estaba a cargo de la embajada estadounidense en Francia recibió la flamante Constitución de su país y dijo que si hubiera podido introducir un agregado hubiera sido la prohibición del gobierno de contraer deuda externa, pues eso afecta los patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobernante que contrajo la deuda.

En épocas contemporáneas el premio Nobel en economía James M. Buchanan ha consignado lo mismo vía sus sugerencias de reforma constitucional para imponer presupuestos equilibrados. Su énfasis sigue la misma línea argumental que Knut Wicksell sobre la inmoralidad de la deuda pública externa, principal aunque no exclusivamente en sus textos Public Principles on Public Debt y, con Robert Wagner, en Democracy in Deficit.

Sobre los privados que contraen deuda adquiriendo títulos públicos de los diferentes estados nada hay que objetar, dadas las alternativas disponibles eligen proceder de esta manera en vista de los intereses y los reembolsos del capital que se prometen y asumen los riesgos correspondientes, especialmente respecto a insolvencias gubernamentales.

El análisis referido a organismos internacionales de carácter estatal tiene sus bemoles en el sentido de que son financiados coactivamente con recursos provenientes de los contribuyentes de diversos países. Es pertinente detenernos un minuto en el caso del Fondo Monetario Internacional al efecto de ilustrar el punto.

Antes he escrito sobre el FMI pero es del caso reiterar lo dicho en este contexto. Esta entidad fue una creación en Breton Woods inspirada por John Dexter White y John Maynard Keynes, primero como banquero de banqueros centrales y luego como prestamista.

Entre otros, al decir de economistas de la talla de Peter Bauer, Doug Bandow, Robert Barro, Karl Brunner, Ronald Vauvel y Raymond Mickesell, esa institución sirve para financiar a gobernantes ineptos que cuando están por renunciar o, empujados por la realidad a revertir sus fracasadas políticas estatistas reciben cuantiosos recursos a bajas tasas de interés con períodos de gracia al efecto de continuar con aparatos estatales sobredimensionados a los que generalmente aconsejan incrementar aun más las cargas impositivas y otras medidas al efecto de equilibrar sus presupuestos, pero no reducir el tamaño del Leviatán.

Sostienen estos profesionales que ese ha sido el caso repetidamente en Argentina, México, Bolivia, Republica Dominicana, Haití, Indonesia, Irak, Pakistán, Tanzania, la ex Camboya, Filipinas, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Zambia, Uganda, El Salvador, Egipto y Etiopía. En este contexto Harry Johnson ha consignado que “el llamado nuevo orden internacional no es nuevo, ni orden ni internacional sino que es una copia del mercantilismo del siglo XVI”.

En su visita a Buenos Aires, Yuri Yarim Agaev, enviado por Vladimir Bukouvsky -uno de los más destacados disidentes de la ex Unión Soviética junto con Alexander Solzhenistin- informó que luego del derrumbe del Muro de la Vergüenza liberales rusos estuvieron a punto de acceder al gobierno “si no fuera por la apresurada irrupción del FMI que dotó de millones de dólares a miembros de la nomenclatura de donde finalmente surgió el actual gobierno”.

Fue muy difundido el caso del general Mobutu Sese Seko, quien usurpó el poder en Zaire, el mayor receptor de ayuda por parte del FMI en relación a su población. El poder de Mobutu fue absoluto condenando a la gente a los suplicios más horripilantes en un contexto de saqueo permanente que permitió que ese sátrapa acumulara una fortuna de ocho mil millones de dólares de esa época.

Entonces, debido a su antes referida trayectoria y a la fuente de recursos de la que echa mano es que autores como los mencionados al comienzo de esta nota sugieren la liquidación de esa entidad, a los que debe agregarse el jugoso ensayo de Anna Schwartz titulado “Es tiempo de terminar con el FMI y el Departamento de Estabilización del Tesoro” y los suculentos libros, por una parte, de Melvyn Krauss titulado Development Without Aid y, por otra, el de Dambisa Moyo titulado Cuando la ayuda es el problema en los que se detallan innumerables casos patéticos de países que reciben cuantiosos recursos en medio de corrupciones alarmantes y dislates económicos fomentados por la ayuda que, como queda dicho, proviene coercitivamente de bolsillos ajenos.

En esta secuencia que presentamos es importante subrayar que no resulta apropiado establecer un correlato de la deuda pública con la privada en cuanto al retorno sobre la inversión en el sentido de evaluar las ventajas de abstenerse de consumir en el presente para la obtención de beneficios en el futuro. En primer término porque no hay tal cosa como “inversión pública”, ya que la naturaleza de la inversión es necesariamente voluntaria al estimar ventajas futuras en relación al presente por lo que se procede a ahorrar y a colocar esos recursos. El uso de la fuerza en la exacción de fondos nunca puede traducirse en inversión; “inversión forzosa” constituye una contradicción en los términos. De lo que se trata en el ámbito gubernamental es del gasto corriente o el gasto en activos fijos pero, como decimos, no tiene sentido ni rigor alguno la parla de “inversión pública”. Si se le arrancara la billetera al lector y el asaltante dijera que le invertirá el fruto del asalto para beneficio del asaltado, quedaría clara la incoherencia puesto que el titular le hubiera dado otro destino al fruto de su trabajo y aun en el supuesto que le hubiera dado el mismo queda el perjuicio del atropello (por otra parte, la única manera de definir preferencias es dejar que el dueño de los recursos las manifieste).

Viene ahora otro asunto también de gran trascendencia y es que todo compromiso efectuado libre y voluntariamente debe ser honrado por quien lo contrajo. En nuestro caso, todas las promesas de repago por préstamos concedidos deben cumplirse, de lo contrario los incumplidores deben sufrir las sanciones correspondientes sin atenuantes.

Pero el asunto adquiere características diferentes si se compromete por la fuerza el patrimonio de personas que no han dado su consentimiento. La conclusión de marras queda clara en las relaciones particulares pero es pastosa cuando es el gobierno el que asume compromiso en nombre de los gobernados.

A esta altura es pertinente detenerse en lo que se conoce en la ciencia política como “el contrato social”, esto es un acuerdo tácito o implícito por el que los gobernantes proceden en concordancia con el resto de los miembros de la sociedad.

También en otra oportunidad he escrito sobre este tema, pero también se hace necesario reiterar parte de lo dicho. Desde Hobbes en adelante, hay una larga tradición que acepta la existencia de un así llamado “contrato original” para la constitución del monopolio de la fuerza, lo cual ha sido refutado enfáticamente por autores como James Burckhard quien llega a la conclusión que “La hipótesis contractual para explicar la fundación de un Estado es absurda” (en Reflexiones sobre la historia universal), en el mismo sentido John Stuart Mill escribió que “la sociedad no está fundada en un contrato” (en On Liberty) y, por otra parte, Joseph Schumpeter afirma que “La teoría que asimila los impuestos a un club o la adquisición de servicios, por ejemplo, de un médico, solamente prueba lo alejada que está esta parte de las ciencias sociales de la aplicación de métodos científicos” (en Capitalismo, socialismo y democracia).

Como explica David Hume, se trata de una ficción por la que nada obliga a los miembros de la comunidad a atender un andamiaje inventado que pretende justificar cierta estructura institucional, así dice: “Es evidente que ningún contrato o acuerdo fue expresamente establecido […este supuesto] no está justificado por la historia ni por la experiencia de ningún país del mundo […] Se dice que al vivir bajo el dominio de un príncipe, todos los individuos han dado un consentimiento tácito a su autoridad por el que prometen obediencia” (en su ensayo titulado “On the Social Contract”). Y en otra obra, el mismo autor concluye: “Si se preguntara a la mayor parte de la gente de una nación si han consentido a la autoridad de sus gobernantes o si han prometido obedecerles, estarán inclinados a pensar de un modo extraño de quien formula la pregunta” (en A Treatise on Human Nature).

En una dirección similar y con mayor extensión, R. E. Barnett apunta que “aquellos que justifican el deber de obedecer la ley en base al ´consentimiento de los gobernados´ deben explicar exactamente como y donde we the people -usted y yo y todos los demás- consentimos en obedecer las leyes [de la jurisdicción en la que vivimos]” (en The Righs Retained by the People) y a continuación en la misma obra afirma que no puede argumentarse seriamente que uno está representado cuando es derrotado el candidato que hemos votado ya que no estamos representados por los actos del gobierno del oponente, justamente el candidato que votamos en contra. Y continúa diciendo que incluso si ganara el candidato que hemos votado, no quiere decir que adhiramos al sistema puesto que eventualmente podemos solo intentar la minimización del mal, para no decir nada de los que no votan o votan en blanco, precisamente como señal de protesta o simplemente porque la legislación hace obligatorio el voto.

Seguidamente escribe Barnett que cuando se hace referencia a un sistema en el que se consiente algo, esto quiere decir que se puede no consentir, de lo contrario pierde por competo el sentido de “consentir o acordar”. Sigue diciendo el mismo autor que en nuestros sistemas políticos resulta muy curioso que se repita que los ciudadanos están “consintiendo” cuando no hay manera de expresar el no consentimiento: “Cara, usted consiente, seca también consiente, no se tira la moneda, ¿adivine qué? Usted también consiente. Esto no es consentir”. Por último Barnett pone de manifiesto el pseudoargumento de que se “consiente” por el mero hecho de haber nacido en tal o cual país, lo cual presupone que el gobierno es el dueño del país en cuestión y del lugar donde uno vive, razonamiento que pretende un correlato del todo improcedente “como si se estuviera viviendo en la casa de otro”. Además, como marcan Michell y Simmons, “los votantes no pueden discriminar entre promesas específicas y deben descansar en promesas generales que no pueden legalmente hacerse cumplir” (en Beyond Politics. Markets, Welfare and the Failure of Buracracy).

Pero a los efectos del argumento supongamos que la ficción del contrato original no fuera tal, ¿el atropello gubernamental no tiene límite? Supongamos que el gobierno decide con apoyo del voto popular decapitar a los rubios. ¿Ellos tiene que ofrecer mansamente sus cabezas? En el caso que nos ocupa en esta nota periodística, cierro con varias preguntas que giran en torno al mismo asunto crucial para que pensemos juntos en posibles respuestas con los lectores: ¿La gente debe aceptar hacerse cargo de cualquier volumen de deuda contraída por su gobierno? ¿No hay límite alguno? ¿Incluso si proyecciones razonables muestran que los pagadores del futuro quedarán literalmente exhaustos sin recursos por ser exprimidos por sus gobiernos para “honrar la deuda”? Siempre hay pensamientos iniciales que pueden eventualmente cambiar paradigmas; esto viene ocurriendo desde el arco y la flecha, que si no se hubiera aceptado estaríamos aun solo con el garrote.

La última vez que lo invité a Buchanan a Buenos Aires se pronunció en los medios por repudiar la deuda pública externa contraída por gobiernos de facto; ahora nos preguntamos si hay limitaciones para el volumen de la deuda gubernamental también en gobiernos considerados de jure. Soy consciente de que estos interrogantes alarmarán al espíritu conservador atado al statu quo. De todos modos, el asunto amerita ser tratado. Es para pensar y también para debatir con colegas. Suele ocurrir que de estos intercambios surgen criterios prudenciales de gran fertilidad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

EMILIO J. HARDOY, UN GRAN PERIODISTA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Para tener presente puntos de referencia ejemplares, conviene tener presente a hombres cuyas conductas han sido muestras de integridad y coraje moral. Este es el caso del magistral periodista argentino Emilio Hardoy (1911-1996) de la antigua La Prensa de Alberto Gainza Paz en Buenos Aires. Hardoy, una personalidad jovial provista de un gran sentido del humor y de una coherencia inclaudicable con sus ideas que siempre sostuvieron las bases de una sociedad abierta.

De entrada es pertinente citarlo en sus memorias No he vivido en vano las cuales ilustran el fondo de su filosofía: “Ante todo declaro que el poder es, en si mismo, maldito. ¿Por qué un hombre revestido de un inmenso poder puede imponer a otro su voluntad? […] ¿Por qué un hombre puede mandarme a mí que soy también un hombre libre por la voluntad de Dios? ¿Por qué un hombre provisto de autoridad, boato, riqueza, privilegios y honores puede obligarnos? Únicamente los vicios y debilidades de la naturaleza humana permiten esbozar una justificación moralmente insuficiente, pues su fundamento sería en todo caso la conveniencia y no la virtud”.

Hardoy se desempeñó como editorialista en aquél gran diario de entonces y que sucedió a otro extraordinario periodista: Alfonso Laferrere. En 2008 Gastón Pérez Izquierdo y Alberto Allende Iriarte me convocaron para escribir en homenaje a Hardoy en un libro en el que también escribieron Gregorio Badeni, Carlos Ortiz de Rozas, Natalio Botana y Rosendo Fraga, obra titulada Hardoy: la lucha por la libertad patrocinada por la Fundación Hardoy, aparecida gracias a la generosidad de Carlos Pedro Blaquier.

 

En esta ocasión reitero lo que escribí en esa oportuidad al comentar algunos de los editoriales de Hardoy que aludían a la economía. Por razones de espacio, no puedo reproducir todo ese texto pero incorporo apenas una parte reducida al efecto de rendir nuevo homenaje al insigne periodista y hombre público que difundió sus valores y principios en su incursión en la política y como ensayista.

 

Procedo entonces en consecuencia, a continuación transcribo lo dicho al comentar editoriales de  La Prensa  de antaño, a los que encabezo con el título del mismo. En el libro de referencia comenté extensamente diez editoriales, en este caso, dado que ahora se trata de una nota periodística, reproduzco solo uno y una parte reducida del segundo, ambos con una vigencia preocupante.

 

“El presupuesto para 1978”. En este editorial se destaca la relevancia de la ley de presupuesto como “ley de las leyes” en el sistema republicano de gobierno y formula certeras críticas a declaraciones de funcionarios del momento. La asignación de partidas y el modo de obtener los recursos correspondientes definen la política. A través del presupuesto se  constata la participación del Estado en la renta nacional, la presión tributaria, la evolución monetaria, el endeudamiento, el equilibrio (o desequilibrio) de las cuentas fiscales y las prioridades de la gestión gubernamental. En el contexto de la división horizontal de poderes, estas delicadas e importantes funciones están asignadas  al Poder Legislativo. En modo alguno resulta aceptable que el Ejecutivo se arrogue aquellas facultades o que el Congreso abdique de tales responsabilidades y las delegue al Presidente y sus colaboradores, puesto que éste comportamiento significaría la suma del poder público que se da de bruces con los principios mas elementales del sistema republicano. Lamentablemente esto es lo que en mayor o menor medida viene sucediendo en nuestro país en regímenes militares y bajo la fachada de la democracia que, procediendo de esta manera, se convierte en la antítesis de esta forma de gobierno ya que presupone también la división de poderes al efecto de contribuir a que se asegure y garantice el derecho de los gobernados.

 

En este mismo editorial se alude a la necesidad “de privatizar las empresas estatales, factor fundamental del desequilibrio que soportamos”. Resulta de interés detenernos en este punto. La razón central de la imperiosa necesidad de deshacerse de los activos en manos estatales para propósitos comerciales, estriba en el despilfarro de capital que significan las llamadas empresas estatales. Dado que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, resulta de gran trascendencia aprovechar los factores productivos disponibles. Si la gente con sus compras y abstenciones de comprar asigna recursos en ciertas proporciones es porque eso es lo que estima es acorde con sus preferencias. Cuando el aparato estatal constituye una empresa, lo hace necesariamente con recursos provenientes del contribuyente con lo que inexorablemente disminuye en forma coactiva la previamente mencionada asignación de factores productivos. En otros términos, si la gente decidió establecer los sectores a,b,c,d y e, ahora que se establece la empresa estatal f, habrá que detraer recursos de los antedichas áreas para reasignarlos a este último sector. A los efectos didácticos, supongamos que se eliminó e  para contar con f. Por tanto, en nuestro ejemplo, el cambio de e por f significa una reducción en el nivel de vida de la población que prefería e en lugar de f. En resumen, el problema de la empresa estatal comienza en el momento mismo de su parición, independientemente de que ocurra después. Si la empresa en cuestión es además deficitaria, monopólica y presta malos servicios, estos fenómenos serán agravantes pero el problema central radica en el desvío de recursos.

 

En otro orden de cosas, no cabe argüir que se salvan los antes aludidos agravantes si la empresa estatal  arrojara superávit, si se desenvuelve en “competencia” o si ofrece “buenos” servicios. En primer lugar, el superávit se politiza ya que al no operar en el mercado no se sabe si las tarifas están demasiado altas o demasiado bajas. En segundo término, no resulta posible jugar a la competencia. No se trata de un simulacro. O se opera con todos los rigores que implica la competencia o se opera en el sector político recurriendo a los resortes que brinda esa estructura. Para competir, hay que hacer eso, léase: competir. Por último, carece de sentido hacer referencia a los “buenos” servicios de una empresa estatal puesto que deben compararse con lo que se hubiera realizado con los recursos de no haber mediado la imposición fiscal que no permitió que se asignen del modo que la gente hubiera preferido de no haber mediado la intromisión estatal.

 

Tampoco tiene sentido reiterar el lugar común de que, a diferencia de las empresas privadas, la empresa estatal puede instalarse allí donde las operaciones no resultan rentables. Las consecuentes pérdidas son absorbidas por la comunidad, muy especialmente por los que menos tienen ya que verán disminuidos sus salarios en términos reales debido a que las inversiones productivas no se realizan, precisamente como consecuencia de los gravámenes adicionales para financiar un proyecto antieconómico, con lo cual se expanden las zonas de pobreza.

 

En verdad, hoy día no es pertinente poner especial énfasis en las empresas estatales propiamente dichas, puesto que la técnica moderna de manipulación hace que los gobiernos simplemente expropien el flujo de fondos directamente o indirectamente a través de un enjambre de regulaciones, convirtiendo de facto a la empresa privada en estatal con los mismos resultados y las mismas consecuencias señaladas. Tristes han sido en verdad los casos en que se han “privatizado” empresas estatales transfiriendo monopolios del sector público al sector privado rodeados de todo tipo de corrupciones y corruptelas de naturaleza diversa, con lo que los servicios han resultado naturalmente deficientes al no estar expuestos a la competencia.

 

“La situación económica mundial”. En esta columna Hardoy afirma que “El rápido crecimiento de las deudas internacionales, que afecta a algunas de las naciones mas ricas y también de las mas pobres de la Tierra, se está convirtiendo en un insoslayable problema político además de financiero”. Sabia advertencia. En los días que corren, las deudas estatales se han convertido en una dolorosa espina que tiene en jaque a mas de un gobierno, lo cual siempre significa que tiene en jaque a los integrantes de la comunidad que indefectiblemente deben hacerse cargo del endeudamiento con el fruto del trabajo de cada uno de sus integrantes. Y no solo eso, sino que se compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Por esto es que ese ha dicho acertadamente que la deuda pública no resulta compatible con la democracia. En esta misma línea argumental, se ha propuesto que constitucionalmente se excluya el endeudamiento estatal como método de obtener fondos, limitando los canales a la tributación, es decir, a los bienes presentes sin contar con la posibilidad de endosar coactivamente el problema sobre las espaldas de futuras generaciones.

 

Pero el asunto no se limita a este aspecto sino que se extiende a organismos internacionales que se financian con recursos coactivamente detraídos a través de impuestos. Muchos de estos organismos prestan a gobiernos a todas luces insolventes o hacen de paraguas protector para que la banca privada efectúe préstamos a países a los que nunca hubieran otorgado préstamos si no fuera por la mencionada garantía. Este es el caso de los llamados “países del tercer mundo” o “subdesarrollados”. Esta categoría de países aparece debido a las políticas desacertadas de sus gobernantes. Controles de cambios, manipulaciones del sector externo, precios máximos y mínimos, empresas estatales, reformas agrarias, constituciones que mas se parecen a una lista de aspiración de deseos que a las debidas limitaciones del poder, re-distribución de ingresos por métodos políticos que contradicen lo expresado por la gente en los mercados, corrupciones galopantes, inexistencia de organismos de contralor y división de poderes, aumentos astronómicos del gasto público, déficit fiscal y, por supuesto, elevados índices de endeudamiento. Todo esto hace que se fuguen los mejores cerebros y cantidades colosales de recursos que buscan horizontes mas seguros. En medio de este desorden y estas estampidas aparecen burócratas ofreciendo carradas de dólares con lo que se estimula a continuar con las políticas desatinadas, que a su vez prolongan e intensifican el problema. Como han señalado, entre otros, Anna Schwartz – coautora de una de las más completas historias monetarias de los Estados Unidos – y Peter Bauer – profesor en la London School of Economics hasta que murió- la receta para estos casos debería consistir en cortarles completamente el crédito de gobierno a gobierno. Supongamos que ello ocurra, los gobiernos receptores y responsables de tanta catástrofe estarían frente a dos posibilidades. O bien reforman sus marcos institucionales, convirtiéndose en un país civilizado con lo que repatriarán su gente y los capitales y recibirían préstamos privados sobre bases serias, o de lo contrario, si deciden continuar con las medidas desatinadas, deberán buscar préstamos en lugares como La Habana (si es que allí encuentran fondos), pero no en Washington.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Contra la tiranía del statu quo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 9/10/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2179770-contra-tirania-del-statu-quo

 

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginación para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 años

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginación para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 años.

 

 

La cobertura por parte del FMI respecto a problemas que surgieron como consecuencia de la demora en adoptar medidas necesarias y urgentes por parte de la actual administración, brinda una oportunidad para meditar sobre el futuro de la economía de nuestro país aunque por el momento se pretenda paliar parte de lo que viene ocurriendo con tasas de interés explosivas.

 

En primer lugar subrayamos que tal como han señalado numerosos autores de la tradición de pensamiento liberal, el Fondo Monetario Internacional es una entidad financiada coactivamente con los recursos detraídos de los contribuyentes al efecto de brindar apoyo a gobiernos fallidos debido a políticas estatistas. Y cuando los gobernantes del caso están en plena crisis y a punto de verse obligados a rectificar sus conductas inapropiadas, irrumpe el FMI con carradas de dólares con préstamos a tasas de interés inferiores a las que corresponden al mercado y con períodos de gracias y eventualmente waivers lo cual en definitiva permite continuar con políticas desacertadas.

 

Estos han  sido los casos de Tanzania, Zaire, Sri Lanka, Nigeria, Mozambique, Indonesia, Rusia, Turquía, Haití, Bolivia, México, Rumania, Egipto y en repetidas ocasiones de Argentina. Es por ello que, por ejemplo, el premio Nobel  en economía James M. Buchanan junto a Anna Schwartz han sugerido la inmediata liquidación del FMI, una entidad que estiman sumamente contraproducente.

 

Es por eso que economistas de la talla de Doug Bandow y Ronald Vauvel destacan que esa organización internacional es responsable de fomentar la pobreza, en muy documentados ensayos que llevan respectivamente los sugestivos títulos “The IMF: A Record of Addiction and Failure” y “The Moral Hazard of IMF Lending”.

 

De todos modos en nuestro caso se trata de un hecho consumado por lo que,  como queda dicho,  dada la situación intentemos sacar partida del tiempo disponible para apuntar en una dirección que nos vuelva a colocar en las posiciones relevantes antes de que hicieran estragos los populismo vernáculos. Para este ejercicio sugiero no nos concentremos en los obstáculos para adoptar medidas de fondo -en muchos casos pretextos para la inacción- sino en su conveniencia puesto que elaborar sobre las vallas es un modo de obviar el debate. Por el contrario, es indispensable dar la discusión en primer término para luego esforzarnos en difundir la idea en dirección a su aplicación cuando le llegue el turno, pero nunca le llegará el turno si no enfrentamos el debate.

 

La banca central puede operar solo en una de tres direcciones: expandir, contraer o dejar inalterada la base monetaria. En cualquiera de estos caminos inexorablemente deteriorará los precios relativos, es decir, los únicos indicadores que tiene la economía para asignar los siempre escasos recursos, con lo que el consecuente derroche reduce salarios e ingresos en términos reales. No hay forma de salir del mencionado atolladero y si suponemos que los banqueros centrales tuvieran la bola de cristal y supieran que es lo que la gente prefiere en cuanto a oferta monetaria, no tendría tampoco sentido su existencia puesto que harían lo mismo que la gente reclama en cuanto a activos monetarios y no tendría sentido superponer decisiones con el consiguiente engrosamiento de gastos. Para saber que es lo que la gente demanda hay que dejarla que opere.

 

Resulta vital que la gente pueda elegir los instrumentos financieros con los que lleva a cabo todos sus contratos para lo cual, un primer paso consiste en abrogar el curso forzoso de la moneda local y si, además, se elimina el sistema bancario de reserva fraccional, la situación mejoraría grandemente al dejar sin efecto la producción secundaria de dinero.

 

No es pertinente ser arrastrados por declamaciones nacionalistas en cuanto a machacar con la idea de la denominada soberanía monetaria que no solo contiene una trampa letal para mantener presos a los ciudadanos a través de la apropiación del fruto del trabajo ajeno, sino que deja de lado que, en última instancia, la soberanía radica en las autonomías individuales y no en un trozo de papel con o sin respaldo.

 

Por su parte el tipo de cambio es un precio como cualquier otro y debe responder a las valorizaciones cruzadas de las partes contratantes y no decretar la flotación como si fuera una gracia que otorgan los aparatos estatales (dicho se de paso, generalmente flotación sucia).

 

Y resulta tragicómico cuando burócratas la emprenden contra la especulación sin percatarse que no hay acción humana que no sea especulativa,  esto es, que tenga como horizonte atender el interés personal del sujeto actuante cualquiera sea la naturaleza de los actos que se lleven a cabo. En el fondo se trata de una tautología puesto que no es concebible un acto que no esté en interés de quien lo ejecuta, con lo que se abre paso la especulación en el sentido de apuntar siempre a una situación más favorable que la anterior al acto desde el punto de vista de quien lo realiza.

 

En este contexto me parece de una importancia decisiva mostrar que estrictamente no hay tal cosa políticas monetarias y cambiarias adecuadas. Conviene reiterar lo que han escrito los premios Nobel en economía Friedrich Hayek y Milton Friedman.

 

El primero ha consignado que “Hemos tardado doscientos años en darnos cuenta del bochorno de unir a la religión con el poder político, es de desear que no demoremos otro tanto en darnos cuenta que la unión del dinero con el poder político es solo para succionar el fruto del trabajo ajeno” y  el segundo escribió que “El dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales”.

 

El  paréntesis en el que entramos en esta etapa por las razones apuntadas, además de que es hora de comenzar la campaña para desmitificar aquello de “la autoridad monetaria” (ninguna banca central de la historia ha preservado el poder adquisitivo de la unidad monetaria), también nos permite sopesar la necesidad de liberar recursos esterilizados en actividades gubernamentales incompatibles con un sistema republicano, lo cual es otra manera de aludir a la necesidad de cortar el elefantiásico gasto público.

 

Sin duda que esta medida conlleva costos pero el engrosamiento de los bolsillos de los recipiendarios permite reasignar factores productivos con lo que los salarios se elevan puesto que las tasas de capitalización constituyen la única causa de enriquecimiento. Los beneficios sociales netos de eliminar el despilfarro son infinitamente mayores que los costos, por lo que no es cuestión de pontificar acerca de la enfermedad y negarse a aceptar los medicamentos.

 

La eliminación de funciones (y no simplemente podas y enroques circunstanciales de funcionarios) permitirán encarar reformas sustanciales en la insoportable presión tributaria y el colosal endeudamiento público.

 

Necesitamos subir la vara de la excelencia y dejar de lado el espíritu conservador en el peor sentido de la expresión, dejar de lado lo que el antes citado Friedman ha condenado una y otra vez: la tiranía del statu quo y usar la imaginación para salir del letargo en el que nos encontramos sumidos desde hace siete largas décadas. Todos tenemos que contribuir en esta batalla cultural al efecto de correr la agenda hacia temarios de una sociedad abierta, lo cual resulta trascendental para nuestro futuro.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid).

El Fondo Monetario Internacional

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 14/5/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/El-Fondo-Monetario-Internacional-20180514-0013.html

 

El FMI fue una creación de Bretton Woods inspirada por John Dexter White y John Maynard Keynes, primero como banquero de banqueros centrales y luego como prestamista. Entre otros, al decir de economistas de la talla de Peter Bauer, Doug Bandow, Robert Barro, Karl Brunner, Ronald Vauvel y Raymond Mickesell, esa institución sirve para financiar a gobernantes ineptos que cuando están por renunciar o, empujados por la realidad, revertir sus fracasadas políticas estatistas reciben cuantiosos recursos a bajas tasas de interés con períodos de gracia al efecto de continuar con aparatos estatales sobredimensionados a los que generalmente aconsejan incrementar aun más las cargas impositivas y otras medidas al efecto de equilibrar sus presupuestos, pero no reducir el tamaño del Leviatán.

 

 

Sostienen estos profesionales que ese ha sido el caso repetidamente en Argentina, México, Bolivia, Republica Dominicana, Haití, Indonesia, Irak, Pakistán, Tanzania, la ex Camboya, Filipinas, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Zambia, Uganda, El Salvador, Egipto y Etiopía. En este contexto Harry Johnson ha consignado que “el llamado nuevo orden internacional no es nuevo, ni orden ni internacional sino que es una copia del mercantilismo del siglo xvi”.

 

En su visita a Buenos Aires, Yuri Yarim Agaev, enviado por Vladimir Bukouvsky -uno de los más destacados disidentes de la ex Unión Soviética junto con Alexander Solzhenistin- informó que luego del derrumbe del Muro de la Vergüenza liberales rusos estuvieron a punto de acceder al gobierno “si no fuera por la apresurada irrupción del FMI que dotó de millones de dólares a miembros de la nomenclatura de donde finalmente surgió el actual gobierno mafioso”.

 

Fue muy difundido el caso del general Mobutu Sese Seko que usurpó el poder en Zaire que fue el mayor receptor de ayuda por parte del FMI en relación a su población. El poder de Mobutu fue absoluto condenando a la gente a los suplicios más horripilantes en un contexto de saqueo permanente que permitió que ese sátrapa acumulara una fortuna de ocho mil millones de dólares de esa época.

 

Como es sabido, el FMI se financia coactivamente con el fruto del trabajo ajeno aportado por los distintos países miembros. Entonces, debido a su antes referida trayectoria y a la fuente de recursos a la que echa mano es que autores como los mencionados al comienzo de esta nota sugieren la liquidación de esa entidad, a los que debe agregarse el jugoso ensayo de Anna Schwartz titulado “Es tiempo de terminar con el FMI y el Departamento de Estabilización del Tesoro” y  los suculentos libros, por una parte, de Melvyn Krauss titulado Development Without Aid y, por otra, el de Dambisa Moyo titulado Cuando la ayuda es el problema en los que se detallan innumerables casos patéticos de países que reciben cuantiosos recursos en medio de corrupciones alarmantes y dislates económicos fomentados por la ayuda que proviene coercitivamente de bolsillos ajenos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

 

OBAMA Y EL ESTADO DE LA UNIÓN

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Desde le época del segundo Bush insisto en que Estados Unidos se viene latinoamericanizando a pasos agigantados en el peor sentido de la expresión, con gastos y deudas públicas gigantescas en cuyo contexto no es una exageración decir que viven de prestado (de 2001 a 2008 G.W.Bush duplicó la deuda y Obama de 2009 al presente la volvió a duplicar, lo cual significa el 103% del producto) a lo que se agregan crecientes regulaciones absurdas y muchas veces contradictorias. Es cierto que la declinación viene de antes en ese país, pero el problema se ha acentuado enormemente en los últimos tiempos.

El discurso de Obama del 28 de enero de 2014 en el Congreso, para rendir cuentas sobre lo ocurrido en el ejercicio 2013, contiene afirmaciones que clara y contundentemente están en las antípodas de los extraordinarios principios y valores de los Padres Fundadores de esa notable nación en la que se produjo la revolución más exitosa de la historia de la humanidad como consecuencia de la libertad y el consiguiente respeto a los derechos individuales.

A diferencia del “State of the Union” pronunciado por Washington que consumió solo 800 palabras, la larga y por momentos extenuante presentación del actual Presidente no nos permite glosarla en su totalidad en una nota periodística por lo que nos concentraremos en ocho resumidos puntos que estimamos clave.

Antes entrar en materia, conviene resaltar que los reiterados aplausos de pie de los presentes en el recinto del Congreso estadounidense (casi después de cada párrafo) no está en consonancia con la tradición republicana en cuanto al necesario recato, sobriedad e independencia que las circunstancias exigen, más bien, como apunta Ron Paul, ex candidato a Presidente por el Partido Republicano en la última contienda electoral, se trata de “un lamentable circo” lo cual manifestó por televisión en entrevista con John Stossel. Esta completa desproporción de aplausos de pie nos retrotrae al Senado romano en la época de Calígula y, en nuestros tiempos, a la caricatura de Parlamento en Venezuela. Economistas de la talla de Walter Williams, Robert Higgs, Thomas Woods, Pascal Salin y Peter Schiff mostraron profundos desacuerdos con el mencionado discurso del Presidente.

Por nuestra parte, veamos entonces los ocho puntos anunciados. Primero, aunque parezca mentira, Obama reiteró lo que es moneda corriente en los países del tercer mundo donde se considera que puede aumentarse la riqueza de la gente por decreto (si esto fuera cierto no habría que proceder tímidamente y hacernos a todos millonarios de una vez). Frente a ambas Cámaras reunidas, Obama declaró muy suelto de cuerpo que incrementará el llamado salario mínimo por decreto y sin que pase el proyecto por el Congreso. Esta medida inexorablemente provocará desempleo (además de los diez millones actuales declarados oficialmente) puesto que salarios superiores a las tasas de capitalización existentes no permiten absorber empleo, desocupación que puede eventualmente disimularse con inflación monetaria la cual, a su vez, genera otros efectos indeseables al elevar salarios nominales y derretir los reales.

Segundo, en varios tramos de su alocución sostuvo que debe combatirse la desigualdad sin la menor comprensión del hecho de que ésta es una consecuencia directa de las preferencias puestas de manifiesto por el público en los supermercados y equivalentes al mostrar en grado diverso las opiniones de la gente según lo que estiman es la capacidad para satisfacer sus deseos en los diferentes rubros. Lo que si son políticas inadmisibles son los “salvatajes” que llevó a cabo esta administración que son recursos detraídos del fruto del trabajo ajeno para alimentar la irresponsabilidad e ineptitud de empresarios que tienen poder de lobby. Esta desigualdad no es el resultado del plebiscito diario en el mercado sino lisa y llanamente del pillaje.

Tercero, el aire de ejecutivo de una empresa denominada Estados Unidos y no el gobernante de una nación respetable lo hizo decir que seguiría dando órdenes y otorgando subsidios  en el área energética según sus inclinaciones y las de los burócratas que lo acompañan con total independencia de lo que ocurre en el mercado. Esto nos recuerda a la triste experiencia de Carter en los setenta que en plena suba en los precios de la energía decretó precios máximos con lo que estimuló que se consumiera más, al tiempo que hubo por vez primera filas de automóviles en las estaciones de servicio debido a la consecuente escasez y, al adulterar precios, se bloquearon las posibilidades de explorar fuentes alternativas de energía. En este caso, al subsidiar áreas energéticas por decisión política a espaldas de la economía se desarticula la asignación de los siempre escasos factores de producción.

Cuarto, volvió con la idea de obligar a las mutuales de medicina a tomar pacientes en base a “condiciones preexistentes”, es decir, aceptar a personas que no han realizado aportes al sistema, lo cual significa poner en peligro toda la estructura médica basada en el seguro. Es igual que a las compañias de seguro del automóvil: si se les impusiera la obligación de aceptar y cubrir a personas que se han accidentado pero que no han participado con el pago de las cuotas requeridas. Esto es desconocer los principios actuariales más elementales.

Quinto, le dedicó una parrafeada a la necesidad de continuar con la ayuda financiera gubernamental destinada a otros países, directamente o a través de organismos internacionales financiados con recursos de los contribuyentes. Esto como si no hubiera documentación suficiente en cuanto a que las referidas entregas han servido para consolidar políticas estatistas y corrupciones varias que provocan fuga de capitales y cerebros de los países receptores, en lugar de permitir que se modifiquen las políticas socializantes al efecto de repatriar las antedichos fugas y recibir así préstamos sobre bases sólidas. Así lo han señalado reiteradamente autores como Peter Bauer, Melvyn Krauss, Karl Brunner, Anna Schwartz, Doug Bandow y James Bovard.

Sexto, ha llamado poderosamente la atención la bravuconada de Obama en cuanto a que seguirá su rumbo “con o sin el Congreso”, lo cual significa un declarado y abierto desafío institucional y una decisión de quebrar tradiciones republicanas que hasta el momento básicamente solo ocurrían en países muy atrasados.

Séptimo, volvió a prometer el cierre de la pocilga inaudita de Guantánamo con detenidos sin juicio previo lo cual aseguró que haría en su primera campaña electoral y que aun no ha llevado a cabo. Este nuevo anuncio curiosamente estuvo sustentado en principios jurídicos cosa que está muy bien pero se da de bruces con lo que hemos subrayado en el punto anterior y con el bochornoso espionaje que el gobierno realiza sin orden de juez competente (esto ha sido especialmente denunciado y lamentado cuando se ejecuta contra gobernantes pero no se ha demostrado suficiente preocupación y alarma con lo que se viene realizando contra individuos indefensos que teóricamente son los mandantes del aparato estatal).

Y octavo, enfatizó que no hay más tropas estadounidenses estacionadas en Irak y menor cantidad de soldados apostados en Afganistán situación muy loable por cierto pero no aludió a las torpezas, invasiones y misiones militares que simultáneamente se han llevado a cabo en Egipto, Siria y Somalia.

 

Paralelamente ocurre un hecho gravísimo puesto de manifiesto por el Senador Mich McConnell -quien lidera a distinguidos denunciantes- en el programa de Fox News conducido por Megin Kelly. Es el documentado intento de Obama de utilizar la entidad fiscal (IRS) para perseguir a los críticos de su gobierno, lo cual ha constituido una de las herramientas de más baja estofa de los países totalitarios por lo que es de esperar que no prospere tamaña iniciativa.

Se acaba de publicar la segunda edición de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos por Unión Editorial de Madrid (la primera fue por el Fondo de Cultura Económica), donde me detengo a considerar con cierta amplitud los aspectos medulares por los que los últimos gobiernos estadounidenses se han apartado grandemente del espíritu que iluminó la existencia de esa nación y los consiguientes efectos negativos de ese apartamiento y de esas gestiones. El libro trata detenidamente la educación, la política exterior, la economía, las guerras, los servicios de inteligencia, la estructura jurídica, las drogas alucinógenas para usos no medicinales, la inmigración, los basamentos éticos y el terrorismo. Es de esperar que se reaccione lo antes posible puesto que si ocurriera otro traspié de peso en Estados Unidos, el resto del mundo entrará en un cono de sombra difícil de revertir.

En resumen, respecto al “estado de la Unión”, es como ha dicho Wiley Vaugh “es muy lindo decretar mejoras pero el dinero es sustraído de los vecinos”. Es como ha preguntado mi hijo menor: si más bien que “State of the Union” no debería denominarse “State Over the Union”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE

El tema de la deuda gubernamental

Por Alberto Benegas Lynch. Publicado el 26/4/13 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7769

A raíz de mi exposición en el congreso con motivo de los 25 años de la Fundación Libertad en Rosario (Argentina), a principios del corriente mes de abril, en la que sugerí distintas medidas para revertir la difícil situación por la que atraviesan muchos países, algunas personas allí presentes me solicitaron que me explayara sobre uno de mis puntos que aludió al endeudamiento público, lo cual hice sumariamente en esa ocasión y me propongo hacer ahora en forma algo más detenida, aunque he desarrollado el tema extensamente en dos de mis libros.

En 1798, Thomas Jefferson, en carta dirigida a John Taylor relata la impresión que en su momento tuvo al leer la flamante Constitución estadounidense cuando era embajador en París: “Desearía que fuera posible introducir un enmienda a nuestra Constitución. Estaría dispuesto a depender solamente de ella para la reducción de la administración de nuestro gobierno en base a los principios genuinos de la Constitución: quiero decir, un artículo adicional por el que se saque del gobierno federal el poder de endeudarse”.

Es de interesante detenerse a considerar esta preocupación circunscripta principalmente al gobierno central debido a la atención primordial que los Padres Fundadores le atribuían al federalismo (por ello muchos de ellos insistían en limitarse a revisar los Artículos de la Confederación y no elaborar una Constitución nueva y de donde parió el fértil y sonado debate entre federalistas y antifederalistas), pero el tema se extiende también a la deuda de los estados miembros de la unión.

El asunto es bifronte, por un lado, se apuntaba a minimizar el poder forzando a que se financiaran con el producto de los recursos presentes, es decir, los impuestos y, en el límite, cuando los gobiernos se extralimitan y abusan del poder que les fue conferido, alentar la rebelión fiscal tan consubstanciada con la Revolución Norteamericana, comenzando con los impuestos al té en Boston. Pero, por otra parte, mostrar que la deuda gubernamental es incompatible con la democracia en el sentido de que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió a los gobernantes que contrajeron la deuda.

Se podrá argüir que, como contrapartida, las futuras generaciones podrán gozar de los beneficios de las obras que se construyeron con los recursos provenientes de la deuda. Esto debe analizarse desde varios ángulos. En primer lugar, no puede concluirse que existen beneficios cuando el procedimiento fue realizado compulsivamente con los recursos detraídos del fruto del trabajo de otros. Diferente es cuando el proceso es voluntario asumiendo los riesgos con patrimonio propio, en ese caso los resultados podrán criticarse por futuras generaciones pero no puede objetarse la legitimidad de usar y disponer de lo propio que no comprometen bienes pertenecientes a terceros.

Por otra parte, hay aquí  una cuestión de finanzas públicas que debe ser considerado. Por definición, una inversión es realizada voluntariamente sopesando la preferencia temporal en el sentido de evaluar las ventajas de consumir en el presente o ahorrar e invertir al efecto de conjeturar que el beneficio será mayor en el futuro. Por ello es que “ahorro forzoso” constituye una contradicción el los términos. Del mismo modo, tal como nos enseña Rothbard en su tratado de economía, la clasificación de “inversión pública” (o estatal) carece por completo de rigor en economía, puesto que siempre se trata de un gasto. La noción de inversión no parte de una idea caprichosa y arbitraria, como si fuera simplemente lo que genera un bien durable puesto que las pirámides egipcias son por cierto durables pero difícilmente puedan catalogarse seriamente como inversiones. En otros términos, la inversión no está escindida del mercado y es del todo ajena a las imposiciones políticas.

En el caso que nos ocupa, no es procedente intrapolar lo que ocurre en una empresa privada a la administración pública en cuanto a la evaluación de proyectos referida al pago al contado frente al pago diferido al contraer una deuda, del mismo modo que en la visión convencional del gobierno no es pertinente calcular el retorno sobre la inversión de la Justicia.

Las llamadas obras públicas deben privatizarse con lo que las formas de pago se derivan de la situación de mercado en cuyo contexto cada cual asume los riesgos correspondientes. Por otra parte, la historia muestra el testimonio de obras colosales realizadas por el sector privado se traten de represas, telefonía, electricidad y autopistas (en mi libro Las oligarquías reinantes. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999 -que prologó mi querido amigo J. F. Revel- me detengo en este último punto desde los peajes en los ríos navegables hasta las modernas carreteras y calles y los diferentes sistemas aplicados en zonas residenciales, industriales y centros comerciales).

Por otra parte, son precisamente las obras públicas la fuente más potente de corrupción en todos los gobiernos. Sin duda que al referirnos a la deuda gubernamental, no estamos diferenciando entre la externa y la interna puesto que la naturaleza del problema es la misma en ambos casos (también en este contexto debe tenerse en cuenta que no habría lugar para programas tales como la mal llamada “seguridad social” que, además de constituir un estafa a los más necesitados, significa la confiscación de los ingresos de todos).

En situaciones extremas, se ha sugerido tercerizar el servicio correspondiente con pagos al contado que signifiquen beneficios al tercerizado que compensen el descuento. En este panorama general, de más está decir que resulta indispensable cerrar los grifos posibles para la inflación monetaria a través de la liquidación de la banca central al efecto de que la gente pueda elegir los activos monetarios que estime convenientes, tal como lo han propuesto autores de renombre como Hayek , Gary Becker, Buchanan y en la última versión monetaria de Friedman, siempre  en un cuadro de situación en el que queda abolida la manipulación política de los encajes bancarios (sea a través del free-banking o de la reserva total para cuentas corrientes según prospere este muy jugoso debate).

Hoy vivimos la crisis de las deudas elefantiásicas como consecuencia de astronómicos incrementos en los gastos del Leviatán, fomentados por instituciones inauditas como el Fondo Monetario Internacional que, como han expresado Anna Schwartz, Peter Bauer, Karl Brunner, Melvyn Krauss, James Bovard y tantos otros, ha servido y sirve para financiar y consolidar -con recursos detraídos a los contribuyentes de diversos países -absurdas políticas que demuelen instituciones clave como la propiedad privada, la moneda sana, la razonabilidad tributaria y la prudencia en el gasto y en la referida deuda estatal (hay gobiernos como el actual argentino que se separan del FMI al solo efecto de evitar auditorias de organismos oficiales que fabrican cifras falsas, y ha reemplazado con creces su deuda con ese organismo vía endeudamiento interno).

En línea equivalente a lo expresado, el antes mencionado premio Nobel en Economía James Buchanan arriba a varias conclusiones sobre la deuda gubernamental. Primero, subraya lo que denomina la peligrosa  “ilusión fiscal” que genera ese tipo de deuda que permite que se gaste en el presente con recursos que se demandarán en el futuro (en “Public Debt, Cost Theory and Fiscal Illusion”, Public Debt and Future Generations, J. M. Ferguson, ed., University of North Carolina Press). Segundo, sostiene que “es inmoral que una generación imponga el pago a otra para el beneficio de la primera” (en “Budgetary Bias in Post-Keynesian Politics: The Erosion and Potential Replacement of Fiscal Norms”, Deficits, J. M. Buchanan, C. K. Rowley y R. Tollison eds.,  Basil Blackwell). Tercero, enfatiza que la generación que se hace cargo “no tuvo derecho a participar en la decisión” (en “The Ethics of Debt Default”, también en Deficit, op.cit.). Y finalmente, para rematar la situación, Buchanan sostiene que, por ejemplo, “el gobierno de los Estados Unidos ha incurrido repetidamente, de hecho, en default  de la deuda a través de la inflación” (en “Bugetary…op. cit.).

La vida se traduce en trade-offs puesto que no es posible realizar todo al mismo tiempo. La vida es una constante elección de prioridades. En el caso de la deuda gubernamental, deben sopesarse las ventajas circunstanciales del endeudamiento con los peligros manifiestos del Leviatán desbocado y, para recurrir a una expresión futbolística, abstenerse de “patear la pelota para adelante” y jugar lo que se debe jugar en el momento sin endosar los problemas al futuro que, en el caso que nos ocupa, además significa hacer de cuenta que se disponen de más recursos de los que en verdad existen para ganar elecciones sin importar la carga de la herencia que se trasmite.

Por supuesto que se han sugerido otras limitaciones constitucionales para embretar a los aparatos estatales con el propósito de que se circunscriban a lo que en esta instancia del proceso de evolución cultural se estima son las misiones específicas en un gobierno republicano. Algunas de ellas son el establecimiento de topes para el gasto en relación al producto (siempre atentos a la trampa de que incrementos en ese guarismo justifican aumentos en el gasto), pero la prohibición de incurrir en déficit fiscal no tendría sentido puesto que se tornaría irrelevante y superflua la iniciativa si se presta atención a lo que aquí dejamos consignados puesto que no resultaría posible endeudarse ni falsificar moneda.

En Estados Unidos, durante parte de la administración de Reagan, se introdujo una política conocida como starve the beast aconsejada por personalidades como quien había sido hace tiempo Secretario del Tesoro, el formidable William E. Simon. La idea consistía en bloquear la posibilidad de elevar tributos y la emisión monetaria para que el gobierno se vea impelido a reducir el gasto. Pues bien, el resultado fue una acelerada elevación de la deuda pública y el gasto trepó a niveles inusitados, lo cual se complicó con compromisos parlamentarios incumplidos. Si esto ocurrió en la administración de quien insistía a los cuatro vientos hasta el final de su mandato que “el gobierno no es la solución, es el problema”, podemos imaginar la política de otros países. Aquella política estadounidense bienintencionada es lo que hizo que renunciara David Stockman, una de las cabezas del equipo económico, relato que se encuentra consignado en su libro bajo el sugestivo título de The Triunph of Politics. The Inside Story of the Reagan Revolution (episodios también revelados en la obra de Edwin Meese, ex Procurdor General de Reagan, titulada With Reagan).

La deuda estatal no solo afecta el mercado de capitales en cuanto a que sustrae parte de los siempre escasos factores productivos, sino que afecta la tasa de interés con lo que se modifica artificialmente la relación consumo presente-consumo futuro (además de la ingerencia gubernamental directa en este delicado precio). En la actualidad, como no resulta suficiente succionar ahorros locales e incluso ahorros del exterior en gran escala se permite que entre departamentos del mismo gobierno se pueda emitir y adquirir deuda, es decir, monetizarla, lo cual no solo compromete patrimonios futuros sino que grava con inflación el presente distorsionando los precios relativos con el consecuente consumo de capital y reducción de ingresos y salarios en términos reales.

Si estamos interesados en preservar espacios de libertad y proteger así las autonomías individuales, debemos atender las causas del avance de los gobiernos sobre las vidas y las haciendas de las personas y no meramente quejarnos por las consecuencias del atropello. Como bien ha puesto Cervantes en boca del Quijote: “La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida; y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.