Populismo y estado de esclavitud

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 13/10/15 en: http://economiaparatodos.net/populismo-y-estado-de-esclavitud/

 

El populista saquea la renta generada por la gente que trabaja

En su interesante libro Poder y Prosperidad, Mancur Olson analiza la relación entre crecimiento económico y las instituciones, entendiendo por instituciones las reglas de juego que imperan en una sociedad. En inglés se lo conoce como el rule of law. La traducción más aproximada que uno podría encontrar al español sería: el imperio de la ley.

Olson plantea que si una sociedad tiene que optar entre el pillaje ocasional que surge de la anarquía, significa que esa sociedad pierde los estímulos para producir. Es decir, si un pueblo es sometido al continuo acoso de grupos armados que roban todo lo que encuentra a su paso y se va a otro pueblo a seguir robando, ese pueblo no tiene entusiasmo por seguir produciendo. La riqueza desaparece porque las gentes no producen. Podemos imaginar un país en estado de anarquía en que diferentes grupos armados van por las casas robando todo lo que encuentran en su camino. En el ejemplo de Mancur Olson, estos grupos serían el equivalente a ladrones errantes. Roban todo y luego se van a robar a otro lugar.

Luego de analizar por qué el ladrón errante destruye toda la producción, Olson afirma: “La lógica del asunto –además de la información histórica y observaciones recientes- sugiere que el saqueo continuado de un bandido estacionario es muy preferible a la anarquía”.

¿Quién es el bandido estacionario? Aquél que le ofrece protección al pueblo que es sometido continuamente por el saqueo de los ladrones errantes. Es decir, los habitantes de ese pueblo, en términos relativos, están mejor con un ladrón estacionario que con un ladrón errante, dado que el ladrón estacionario los defiende del ladrón errante. ¿Por qué el ladrón estacionario es una mejor opción que el ladrón errante?  Porque el ladrón estacionario no se roba todo como el ladrón errante. Tiene que dejarle a la gente algún estímulo para producir. Si robara lo mismo que el ladrón errante, la gente del pueblo estaría en un punto de indiferencia entre un ladrón y el otro.

Es típico de los gobiernos populistas actuar como ladrones estacionarios. Es decir, usan el monopolio de la fuerza que les fue delegado para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas para expoliar a la gente que trabaja, y repartir entre amplios sectores de la sociedad parte del botín. Inicialmente los gobiernos populistas redistribuyen el fruto de su saqueo entre amplios sectores de la población para lograr su adhesión y así “legitimar” su permanencia en el poder. A diferencia de los señores de la guerra de la que nos habla Mancur Olson en Poder y Prosperidad, el populista no llega al poder mediante el uso de la fuerza, sino que llega al poder mediante el voto. Luego de llegar al poder se quita la careta y se muestra su verdadera cara de autócrata. Es entonces cuando comienza a utilizar el monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales.

Tiende el populista devenido en autócrata a saquear al sector más productivo de la sociedad para, con el fruto del saqueo, comprar el apoyo de amplios sectores de la sociedad, es decir, compra el voto. El populista somete a un estado de esclavitud a los sectores más eficientes de la sociedad. Los dueños de los esclavos no los mataban de hambre. Le daban de comer porque necesitaban a los esclavos para que produjeron. El populista actúa de manera parecida. En general no expropia los bienes de producción porque prefiere que el dueño los trabaje por él. Ninguno de sus seguidores querría ponerse a trabajar, solo desean vivir a costa del que produce. Por eso el populista saquea la renta generada por la gente que trabaja. Los esclaviza usando el sistema impositivo. Pero como con la carga impositiva va quitando los estímulos para producir y comienzan a escasear los productos, el populista establece una maraña de regulaciones que terminan ahogando más la producción.

La estrategia del populista es plantear que cobra esos impuestos con sentido solidario. Para redistribuir el ingreso. De esta manera somete a un estado de esclavitud a parte de la población y el que se niega a ser sometido a un estado de esclavitud es un evasor y egoísta que no quiere ser solidario con los más humildes. En rigor, lo que hace el populista es someterse a un estado de esclavitud a los sectores más productivos y con el fruto del trabajo de ellos, mantiene a quienes los votan porque viven sin trabajar. Su negocio es ese y usar el estado en beneficio personal.

Justamente da para el debate si el populista, que es un ladrón estacionario, no termina matando la producción. Mancur Olson sostiene que “el bandido estacionario, debido a su monopolio sobre el crimen y los impuestos, tiene un interés inclusivo en su territorio que le hace limitar el pillaje, ya que tiene una participación sustancial en las pérdidas sociales resultantes de tales depredaciones”. Es decir, para Olson, el ladrón estacionario saquea impositivamente a la gente hasta un punto porque si se destruye riqueza el ladrón estacionario sale perdiendo dado que es un “socio” en las ganancias y en las pérdidas de generación de riqueza que genera la sociedad.

Me parece que el ladrón estacionario termina destruyendo la fuente de riqueza que él explota, por tres razones. En primer lugar porque establece tantas regulaciones que ahoga la producción. En segundo lugar porque la presión impositiva desestimula la generación de riqueza. Y en tercer lugar porque como el gobierno populista se va poniendo cada vez más tirano, los capitales huyen hacia países con mayores grados de libertad. Así, la falta de inversión y la destrucción del stock de capital que genera riqueza van agotándose hasta que ya no quedan recursos para redistribuir y se pierde el apoyo de las mayorías que antes aplaudían y votaban al populista.

Llega un punto en que el populista solo puede mantenerse en el poder mediante el uso de la fuerza. Encarcelando y silenciando a los opositores. En ese punto ya es tarde. La tiranía está establecida y rara vez puede terminarse con ella si no es mediante la violencia. El populista devenido en tirano no deja el poder ni se somete al voto popular.

En definitiva, el populista no es otra cosa que un ladrón estacionario que, como resultado final, termina destruyendo toda la riqueza como lo hace el ladrón errante. Si la gente no lo advierte a tiempo, el populista termina siendo un tirano y los sufrimientos de la sociedad son muchos mayores. Pero el paso previo, siempre es someter a los sectores productivos a un estado de esclavitud en nombre de la solidaridad social.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Fútbol y anomia en la Argentina

Por Alejandra Salinas: 

 

La agresión con gas pimienta a los jugadores de River que salían a jugar el segundo tiempo del encuentro contra Boca coincidió ayer con mi clase sobre Carlos Nino y su análisis de la anomia social en la Argentina. En su ya clásico libro Un país al margen de la ley, Nino retrata a la sociedad argentina como un conjunto social donde abunda la falta de respeto a las normas jurídicas, morales y sociales; es una situación generalizada de anomia o “ilegalidad boba” en el sentido de que la inobservancia de las normas provoca situaciones donde la sociedad toda resulta perjudicada.

Según Nino la anomia argentina se observa tanto en el plano institucional como en el plano social. Del incumplimiento de las normas por parte de los actores políticos y económicos a lo largo de la historia argentina dan testimonio el contrabando, la anarquía, los privilegios, dictaduras, golpes de Estado y corrupción endémica. Nino postula que esta anomia institucional influye sobre la anomia social, ya que ésta “tiene ejemplo e inspiración en el manejo del poder público” (p. 85). En otras palabras, estaríamos en presencia de un “efecto de derrame perverso”,opuesto al “efecto derrame beneficioso” que Adam Smith asocia con la creación y distribución de riqueza en un sistema de libertad natural.

La anomia social así entendida es observable en la actividad económica, fiscal, vial, gubernamental y hasta académica, según lo describe Nino en el capítulo 3 de su libro. Analiza allí los casos de los accidentes de tránsito, la corrupción pública, la evasión fiscal, y la excesiva reglamentación gubernamental, entre otros, como signos de una cultura argentina que vive al margen de la ley. Algunos datos recientes parecen avalar sus afirmaciones: según una encuesta de Poliarquía e IDEA realizada entre 1.000 argentinos, un 40% está dispuesto a ir en contra de la ley si cree que tiene razón, un 80% piensa que el país “vive la mayor parte del tiempo fuera de la ley” y un 90% opina que los argentinos son “más bien desobedientes o transgresores” (http://goo.gl/YmjAVj).

Otros analistas han coincidido con el diagnóstico de Nino acerca de las causas y manifestaciones de la anomia social argentina. Por citar sólo algunas fuentes:

Carlota Jackish: “Pero el tema no se agota en el incumplimiento de normas viales, también se violan los códigos edilicios, se adulteran alimentos y medicamentos, se falsifican títulos profesionales, no se cumplen los horarios (la puntualidad en un sentido amplio es una norma que no sólo caracteriza a la vida civilizada, sino que mejora la eficiencia de la sociedad en general), se ensucian los espacios públicos y se pagan sobornos para no cumplir con determinadas normas” (“La anomia, una patología social argentina”, La Nación, 28 de septiembre de 1997).

Ricardo Sidicaro: “Suponer que la policía delinque no es anomia, es mucho más. [Es una] descomposición social. En situaciones de anomia los sujetos pierden su relación con las normas. Acá el problema pasa también por las instituciones que tienen que hacer cumplir esas normas. No es una persona que transgrede y hay un juez que aplica la norma. El que transgrede es el juez”. (“Anomia es poco decir, vivimos en descomposición”, Página12, 2002).

Eduardo Fidanza: “La anomia que me interesa destacar, no obstante, es la que se produce por una falla estructural de la clase dirigente. Se manifiesta como un fracaso en el ejercicio de la autoridad y afecta las percepciones y los comportamientos. Se trata de una patología que se contagia del poder y se transmite a los grupos sociales. Su víctima es la gente común. Los victimarios, aquellos que ocupan posiciones de poder. La anomia boba perjudica a todos, la anomia a la que me refiero somete a la sociedad en beneficio de sus elites” (“Decálogo de la anomia argentina”, La Nación, 2009).

A la luz de la historia reciente del fútbol argentino y de los hechos de ayer es obvio que habría que incluir en el listado de actividades anómicas al fútbol, tanto en su organización como sus prácticas. La falta de voluntad de la dirigencia política y deportiva para solucionar el tema de la violencia en el fútbol ilustra el tipo de anomia institucional que Nino condena, aquella que se gesta en las guaridas del poder; crece bajo la protección o indiferencia de quien sabe cuántas instancias gubernamentales y sus socios; se manifiesta en el descontrol y en última instancia la ridiculez que escandalizan y estigmatizan al fútbol argentino y a la sociedad en su conjunto.

¿Cómo empezar a revertir la anomia en el fútbol? Uno de los caminos sería imitar políticas exitosas extranjeras. Luego de una serie de incidentes y muertes en partidos de fútbol de su país, Margaret Thatcher reconoció el carácter social y político del problema, asumió la responsabilidad de combatirlo y lo hizo con éxito. Sus medidas incluyeron prohibir el ingreso a los estadios a los líderes violentos, combatir a las barras bravas infiltrando sus reuniones, judicializar a más de 5.000 fanáticos, otorgar créditos a los clubes para financiar la seguridad, e impulsar la transmisión masiva de los partidos (Fuente:  Román Gómez, http://goo.gl/lUplGi). Los expertos dirán si esto es viable o posible en nuestro país, si ya se intentó o, en su defecto, podrían confirmar la siguiente frase de Mark Twain: “El hecho es que la raza humana no sólo es lenta para pedir prestadas ideas valiosas – a veces persiste en no pedir prestado en absoluto”.

¿Cómo empezar a revertir la tendencia a la anomia argentina en general? La pregunta quizás suene demasiado ambiciosa e ingenua, y la idea de lograr tal cometido parece imposible. Sin embargo, elijo creer en la tarea de proponernos hacer algo al respecto. Como dijo Norberto Bobbio, “Respeto y aprecio, en cambio, al que actúa bien sin pedir garantías de que el mundo mejore y sin esperar, no digo premios, sino ni siquiera confirmaciones. Solo el buen pesimista está en condiciones de actuar con la mente despejada, con la voluntad decidida, con sentimiento de humildad y plena entrega a su deber” (N.Bobbio, Politica e cultura, en U. Eco, A paso de cangrejo. Debate, México, 2007, pp. 85-86, http://goo.gl/CLynzg).

Invito entonces a deliberar acerca de las formas y propuestas que asignaremos a este pesimismo trabajador.

 

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.

Saqueos: desidia política

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 19/12/13 en:  http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2013/12/19/saqueos-desidia-politica/

 

Desidia política, en el peor de los sentidos, es lo que describe a la dirigencia política Argentina en su conjunto a la luz de sus actos y omisiones en los últimos días. Sin que se interprete como una generalización de todos los funcionarios públicos, el oficialismo y la oposición han dejado mucho que desear y ambos grupos han contribuido a llegar al punto de tener medio país en anarquía con importantes daños económicos y materiales e inentendibles muertes innecesarias. ¿Cómo se describe un país con altos índices de pobreza, inflación con un piso del 25% anual y estado de anarquía en medio territorio nacional? ¿Qué dice de un país donde el jefe de Gabinete dice no haber enviado fuerzas de seguridad porque no le sonó el teléfono y sigue en funciones como si nada hubiese pasado? ¿Cómo se llegó a esto? Si bienes un tema muy complejo, hay tres puntos que creo no deben pasar por desapercibidos: (1) el económico, (2) el político y (3) el cultural.

En lo que respecta al problema económico, una década de consumo de stock de capital, ya con varios años de alta inflación y un asistencialismo fuera de control no hacen más que acumular tensiones que pueden estallar en modos y momentos inesperados. No es fácil saber cuál va a ser la gota que rebalse el vaso. La inflación no es sólo un impuesto, es un impuesto que recae con mayor incidencia sobre los más necesitados. Son las clases medias y altas las que tienen mayor facilidad de acceso a distintas alternativas para cubrirse de la inflación. Los sectores más golpeados, sin embargo, ven desaparecer sus posibilidades de movilidad social frente a sus ojos. La década ganada produjo la ilusión de crecimiento a tasas chinas a base de consumo de stock de capital en lugar de a base de inversiones de largo plazo. Los trenes chocan, las rutas están rotas, la telefonía fija está comenzando a funcionar mejor que la móvil, faltante de energía, son síntomas claros de consumo de stock de capital. El kirchnerismo hipotecó el futuro a expensas de financiar una fiesta de corto plazo y parte importante de la sociedad confundió la fiesta con genuino progreso económico.

En lo que respecta al problema político, tanto el oficialismo como la oposición cargan pesadas responsabilidades. Ambos han faltado, a mi entender, a sus funciones y obligaciones de servidores públicos. Las transgresiones institucionales del oficialismo, demasiado numerosas para recordar, no hacen más que predicar con el ejemplo el robo, la expropiación y el desinterés hacia la propiedad del prójimo al presentarlas como aceptables actitudes Nac&Pop. Si el gobierno se da el lujo de ignorar los fallos de la Corte Suprema de Justicia (cuando le conviene), de expropiar de manera inconstitucional, de intimidar desde la cadena oficial y con personajes como Guillermo Moreno y la AFIP, ¿por qué ha de aplicar una moral distinta al ciudadano a pié? Para bien y también para mal, la autoridad moral del gobierno es guía de parte importante de la sociedad. Los saqueos fueron la moral del “vamos por todo” puesta en práctica. La doble moral del oficialismo debería avergonzar al kirchnerista más radicalizado. Mientras se dedican días de duelo por la muerte de un dictador anacrónico como Hugo ChávezCristina Kirchner decide bailar al compás de cumbias y cacerolas a la par que argentinos eran saqueados y morían de manera innecesaria. Si los muertos no le importan a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿por qué ha de importarle al policía mal pago? De ninguna manera estoy diciendo que la actitud de las fuerzas de seguridad haya sido aceptable. Tal concepción es imposible de aceptar cuando en una república el contrato social consiste en entregar las armas a las fuerzas de seguridad para que nos protejan a cambio del pago de impuestos. Que tal cosa haya sucedido habla, justamente, de la ruptura institucional en la que se encuentra el país. Ni el kirchnerismo ni la oposición pueden, sin embargo, hacer ajena a ellos mismos las críticas bien levantadas contra la actitud de las fuerzas de seguridad. El poder político, tanto como las armas, pueden ser utilizadas para levantarse contra el pueblo.

Este kirchnerismo de doble moral y discurso adaptado a las conveniencias ha crecido a la sombra de una oposición que le permitió llegar a ser lo que es. Es cierto que en la medida que la oposición no es mayoría posee límites a los frenos institucionales que puede poner a un gobierno de inocultable sesgo autoritario, pero no es menos cierto que es la misma oposición que acompañó con su voto expropiaciones como las de las AFJP y Repsol-YPF entre otras iniciativas. Algunos opositores confesaron votar a favor de expropiaciones por lo que dice el corazón y no lo que indica la razón. ¿No es esto, acaso, un mensaje similar al de obediencia debida de Pichetto? Ya sea que el voto, a sabiendas erróneo, se hace por un corazón nacionalista o un corazón partidario, el daño institucional es ineludible. La oposición parece estar jugando la peligrosa apuesta de que el “vamos por todo” continúe hasta el 2015 con la esperanza de que el gobierno no tenga más remedio que hacerse cargo de los ajustes y costos políticos necesarios. El costo de esta apuesta política recae en el ciudadano, como si las muertes en saqueos y repetidos accidentes en trenes no fuesen lo suficientemente explícitos de quien paga la factura del juego político. No deja de ser, incluso, una apuesta que me cuesta entender. Los últimos días muestran que el gobierno prefiere dejar un país en llamas a hacerse cargo de sus propios errores. Mientras el gobierno de Cristina Kirchner bate récords de causales de juicio político, la oposición habla de dialogo con un gobierno que ofrece menos retorno que una pared de concreto. Ser políticamente correcto pero institucionalmente irresponsable no deja de ser signo de una clase política corrupta en sus principios institucionales. La oposición da la sensación de estar institucionalmente tan confundida como el oficialismo si cree que una elección da inmunidad institucional frente a los ciudadanos y sus pares.

Por último, pero no por ello menos importante, el factor cultural también ha jugado un rol central. Los saqueos no son nuevos, son parte de la cultura Argentina. ¿No es saqueo al pueblo una carga tributaria récord sin contraprestaciones? ¿No es saqueo acaso una inflación descontrolada por un gobierno que le falta a la verdad en la cara al ciudadano (incluido su votante) la negar el problema? ¿No es saqueo que el gobierno le de beneficios al pseudo-empresariado del país cargando así sobre las libertades y bolsillo del consumidor? Este saqueo institucional es manifestación de las preferencias políticas del votante medio, o al menos de una parte importante de la sociedad. La misma sociedad Argentina no deja de tener parte de responsabilidad al apropiar y cultivar una cultura de “vivir del otro.

Una sociedad que sospecha en lugar de admirar al empresario exitoso difícilmente disfrute de una cultura emprendedora. En su clásico “El Estado”, Frederic Bastiat decía que el “Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a expensas uno del otro.” En Argentina se ha hecho de esto una máxima. ¿Cuántos Argentinos se creen con derecho a recibir por parte del estado fondos provenientes del prójimo? ¿No es esto usar la fuerza del estado para saquear la propiedad de terceros? Lamentablemente esta concepción es insostenible como filosofía de vida en sociedad y cuando los recursos escasean pasa a imperar la ley de la selva sobre el estado de derecho. La sociedad argentina se debe una seria mirada interna en su responsabilidad de demandar y fomentar populismo por parte de una dirigencia política dispuesta a proveerla, después de todo es el mismo ciudadano, no el político, quien debe afrontar el costo. Esto no debe entenderse como una excusa a la clase política cuyo deber es proteger las instituciones y no permitir que el voto de la mayoría sea herramienta de expropiación de la minoría. La desidia política de confundir democracia ilimitada con democracia limitada por los principios republicanos llevan un rol protagónico en los tristes eventos de días anteriores.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Estado y “políticas públicas”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 13/10/13 en http://www.accionhumana.com/

La suposición de que el mercado opera dentro de un marco de anarquía es lo que ha dado origen al intervencionismo y -dentro de este- a una subespecie del mismo que recibe el respetable título de “políticas públicas”. Sin embargo, como bien señala el Dr. Krause:

“Los mercados no funcionan en un “vacío” de normas. Por el contrario, necesitan de ellas para coordinar los planes de los individuos, de forma tal de articular sus acciones y guiar sus decisiones de producción hacia la satisfacción de sus necesidades. Los mercados no son perfectos, esto supondría que los seres humanos lo somos. Entre los problemas que se presentan en su funcionamiento, suelen mencionarse las imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes públicos e información asimétrica.”[1]

Para “superar” estas supuestas “deficiencias” es que se proponen las “política públicas”.

“Pero la solución a los problemas de fallas de mercado a través de políticas públicas no es tan obvia. Aunque la “mano visible” del estado parece una solución, no quiere decir esto que sea una solución efectiva. Puede haber serios problemas para implementar una política pública adecuada, y además, puede ser muy difícil lograr que se aplique en forma eficiente.”[2]

La mera proposición de políticas públicas no es -en rigor- suficiente y, como veremos más tarde, ni siquiera es necesaria:

“Además, el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado.”[3]

Este es un escollo importante, ya que en los hechos, observamos a diversos grupos de presión y de interés reclamar una política pública “a su medida y satisfacción”, generándose una suerte de “competencia salvaje” entre ellos, por ver qué sector social logra cazar las mejores y mayores políticas públicas. La competencia social se transforma -en este supuesto- en una lucha despiadada por la captura de mayores y mejores privilegios. Como se observa en este caso, son las ofertas de políticas públicas la que generan un ambiente social caótico.

Es importante no confundir políticas públicas con normas y -en suma- con el concepto de calidad institucional:

“la calidad institucional promueve la calidad ambiental en tanto consideramos a la primera, como lo hace el ICI, no solamente como políticas públicas sino como la existencia de normas que generan incentivos para la protección del medio ambiente, tal como los derechos de propiedad claramente definidos, precios que reflejen las valoraciones de los consumidores y la real escasez del recurso y la libertad contractual.”[4]

Estas normas permiten que los actores sociales (no necesariamente ni deseablemente políticos) sean quienes encaren las más idóneas políticas públicas.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica la razón por la cual se destinan más recursos a las políticas públicas que a la enseñanza:

“Es de gran importancia conectar este análisis con las llamadas “políticas públicas” por una parte, y por otra, con la investigación y la enseñanza. Si se analiza la cantidad de fondos que reciben instituciones que se dedican a políticas públicas o a propuestas coyunturales se observará que son cuantiosos en relación a los magros recursos que reciben instituciones dedicadas a la investigación y la enseñanza. Esto es así porque generalmente las políticas públicas y los comentarios coyunturales se entienden mejor puesto que están más al alcance de un mayor número de personas. Además, estos temas excitan a la gente que quiere acercarse al calor del poder político. Por otra parte la investigación y la enseñanza son más difíciles de abordar por el común de la gente y están alejadas de los vericuetos del poder.”[5]

Esto sucede porque, en la mayor parte de los casos, las llamadas “políticas públicas” en realidad no son otra cosa que políticas estatales, y de “públicas” bastante poco tienen, puesto que en definitiva terminan beneficiando a ciertos sectores sociales a costa de otros postergados. En última instancia, concluyen constituyendo un sistema de repartos de prebendas y de privilegios a unos a costa de los demás. Estos últimos, generalmente, son aquellos más alejados del amparo del calor del poder político.

Los partidarios de las políticas públicas suelen desdeñar la teoría a favor de la práctica. Pero:

“no hay políticas públicas o análisis de coyuntura que no se basen en la teoría. Esta podrá ser defectuosa o idónea pero no hay comentario práctico que no esté sustentado en un esqueleto teórico. Pretender buenas políticas públicas sin andamiaje teórico-conceptual es lo mismo que pretender que existan productos farmacéuticos sin investigación médica. El menosprecio por la investigación y la transmisión de teorías inexorablemente conduce a políticas públicas de peor calidad. Revalorizar el estudio teórico es uno de los cometidos más importantes de la sociedad moderna.”[6]

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las llamadas “políticas públicas”, confluyen en el asistencialismo. Murray N. Rothbard nos da cuenta del fracaso de las “políticas públicas” en EEUU, lo que desembocó la “explosión del asistencialismo”:

“Esta “explosión” fue creada, en parte de manera intencional, y en una mayor parte en forma inconsciente, por funcionarios y empleados públicos que llevaban a cabo políticas públicas en relación con una “Guerra contra la Pobreza”. Y estas políticas fueron defendidas y promulgadas por muchas de las mismas personas que luego se mostraron perplejas ante la “explosión del asistencialismo”. No es sorprendente que tardaran en darse cuenta de que el problema que intentaban resolver era el mismo que habían creado.”[7]

Este proceso también fracasó en Latinoamérica, donde la “explosión del asistencialismo” dio paso al clientelismo político, que explotan los populismos de todo signo y color político hasta hoy.

 


[1] Martín Krause. “Índice de Calidad Institucional” 2012, pág. 8.

[2] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[3] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[4] Krause M. Op. Cit. Pag. 41

[5] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. Pag. 166.

[6] A. Benegas Lynch (h) ob. Cit. pag. 166-167

[7] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 171-173

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.