El encubrimiento

Por Roberto Durrieu. Publicado el 2/6/15 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2015/06/02/el-encubrimiento/

“Cuando la política entra por la puerta del Tribunal, la Justicia huye asustada,
por la ventana, para regresar al cielo
.”
Francesco Carrara[1]

1.-Introducción:

El 14 de enero de este año, el Fiscal General de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA, Dr. Alberto Nisman, formuló una denuncia en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n°4 de la Capital Federal, ante un presunto “plan delictivo” destinado a lograr la impunidad para los imputados de nacionalidad iraní, prófugos de la Justicia Argentina, desde el año 2007.

Se dijo en la presentación que la maniobra habría sido llevada adelante por “altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros[2], en lo que constituye un accionar criminal configurativo¸ a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado[3], impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como es sabido, la Fiscalía Federal a cargo de Gerardo Pollicita, de turno ante el Juzgado Federal del Dr. Rafecas, requirió que se llevara adelante la investigación instructoria.  El representante del Ministerio Público dejó constancia en la ocasión que:

“[e]n concreto, se expone en la denuncia que efectivamente los aquí imputados habrían desarrollado acciones con entidad para liberar de responsabilidad a los iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA y para que éstos puedan sustraerse de la acción de la justicia. Lo primero, a través de la creación de un órgano, denominado “Comisión de la Verdad”, con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal. Lo segundo, mediante la notificación a Interpol acerca del acuerdo y de la formación de dicha Comisión, con el objetivo de que dicho organismo Internacional procediera a levantar las circulares rojas correspondientes al pedido de captura de cinco de los imputados en la causa AMIA”.

Cabe destacar desde un principio que una objetiva lectura del Memorándum de Entendimiento[4], celebrado el 27 de enero de 2013 entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán, “sobre temas vinculados al ataque terrorista de la sede de la AMIA perpetrado en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994” y que fuera aprobado por ley 26.843[5] (en adelante “Memorándum”), resalta, a mi modo de ver, la intención de mejorar la situación procesal de los imputados en la causa.

No puede darse otra interpretación al hecho de que al hallarse firme una orden de captura internacional, requerida por un Juez argentino, para que presten declaración indagatoria[6]personas sometidas al proceso criminal, el Poder Ejecutivo proponga al Congreso de la Nación una ley por la cual se dispone revisar lo actuado por la justicia argentina mediante la intervención de un organismo, ajeno a la jurisdicción nacional, pues ello es lo que en definitiva implica la creación de una “Comisión de la Verdad”.

En definitiva, el Juez instructor opinó que hay sospechas para pensar que los ciudadanos iraníes han actuado en el acto terrorista, y una ley posterior requerida por la Presidenta de la República manda revisar por una Comisión Internacional llamada de la Verdad, la verosimilitud de la base jurídico-fáctica de la orden judicial argentina, que el juez tuvo en cuenta para ordenar la captura de los acusados. Todo lo cual no solo implica poner en tela de juicio la legitimidad de la citación a indagatoria y captura de los imputados, sino que también viola flagrantemente la Constitución Nacional, al desplazar la opinión de los jueces nacionales y la investigación que estos realizaron, sujetándola ahora a una “Comisión especial”, creada con posterioridad a los hechos de la causa (artículo 18 de la Constitución Nacional).

2.- La declaración judicial de inconstitucionalidad del Memorándum

El documento fue declarado inconstitucional por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones con fecha 15/05/2014[7], en un fallo firmado por los Dres. Farah y Ballestero. También se dispuso en esa oportunidad ordenarle al Juez instructor del atentado a la AMIA que reitere por vía diplomática al Gobierno de Irán “las solicitudes de extradición y cooperación judicial formuladas (…) y que se encuentran pendientes” y, por otro lado, requerir a Interpol “que extreme los esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas”.

Entre los argumentos utilizados para declarar la inconstitucionalidad, la Cámara advirtió que el Memorándum “no ha venido a mejorar el status quo existente en la causa al respecto, sino que por el contrario, lo posterga indefinidamente en el tiempo”, con un riesgo serio, actual y concreto “de que su implementación torne abstractos o inexigibles los requerimientos de asistencia judicial cursados, y que asimismo resulte afectada la independencia de la jurisdicción y la autonomía del Ministerio Público o los derechos de las víctimas”.

En tal sentido, se remarcó que las atribuciones conferidas a la “Comisión de la Verdad” “avanzan sobre aspectos que, aunque no la agotan, son de la esencia de la función jurisdiccional” y que su actuación se antepone a la instrucción de la causa en el tiempo “y determina, o al menos condiciona de un modo relevante su ejercicio”. Se puntualizó, asimismo, que las negociaciones diplomáticas entabladas, en vez de intentar solucionar el conflicto existente en torno a la falta de asistencia judicial que fue requerida y negada, importaron la implementación de otro procedimiento que “resulta sustituto de la averiguación de la verdad y de la determinación o descarte de las responsabilidades penales en relación al hecho del atentado”. Como conclusión de este razonamiento, se expresó que convalidar la propuesta de la Cancillería importaría admitir “la indebida intromisión del mismo en cuestiones ajenas a su competencia constitucional”.

Nadie duda que la declaración de inconstitucionalidad de una ley no implica necesariamente que la misma constituya un instrumento delictivo, pero tampoco puede ponerse en tela de juicio la afirmación de que una ley inconstitucional puede, según las circunstancias, ser un elemento delictivo. Como ya se dijo, en el supuesto analizado, al crear la ley organismos supra judiciales, como es obvio con la intervención del Poder Legislativo y el Ejecutivo, se arrasa con la independencia del Poder Judicial, objetivo esencial de nuestra República tal como lo manda la Constitución Nacional (tanto en su Preámbulo como en el artículo 109).

Puede afirmarse así, enfáticamente, que la inconstitucionalidad de la ley, en cuanto pretende se revise la investigación y la opinión de los jueces argentinos por comisiones especiales internacionales, perturba gravemente el desarrollo del debido proceso que debe ser dirigido, únicamente, por los tribunales nacionales. Esta última conclusión lleva a comprender el por qué se puede sostener la idoneidad de la ley creadora del Memorándum, como medio para impedir o perturbar el correcto juzgamiento de las conductas de los terroristas extranjeros.

En este mismo orden de estudio, merecen ser destacadas algunas de las precisiones del voto del Juez Ballestero a las que ya nos hemos referido. En efecto, al momento de declarar la inconstitucionalidad, adhiriendo al voto del Juez Farah, el primero precisó que el procedimiento provisto por el Memorándum no hace más que excluir tanto al Juez como al Fiscal que en la actualidad intervienen en la sustanciación de la causa, comprometiéndose de esta manera los derechos a la justicia imparcial, debido proceso, igualdad ante la ley, protección judicial y garantías judiciales.

Agregó Ballestero que la implementación del Memorándum hará incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional, “ante la revelación de su ineptitud para determinar las responsabilidades” y su “incapacidad para sortear las dificultades que impiden la aplicación de la ley penal en el marco de uno de los atentados terroristas más graves de nuestra historia nacional”. En suma, dijo el Camarista, el acuerdo “no hace más que sacrificar nuestro derecho procesal penal, y con ello y fundamentalmente los derechos constitucionalmente reconocidos de quienes procuran su reconocimiento y justa reparación”.

Los razonamientos que llevaron a declarar a la ley del Memorándum contraria a la Constitución Nacional son de tal evidencia y contundencia que cuesta trabajo imaginar que haya ésta tenido un objetivo distinto al del favorecimiento de los imputados.  Lo dicho es lo mismo que sostener que objetivamente se da en la especie la adecuación típica penal, de la conducta de quienes gestaron el Memorándum.

Es interesante observar que el Dr. Ballestero, como veremos más adelante, luego de expresarse como se ha dicho, sostuvo que debía archivarse la denuncia presentada por Nisman y ratificada por Pollicita, afirmando la inexistencia de delito contrariamente, en esta ocasión, a la opinión de su colega Dr. Farah.

3.-La decisión de la justicia federal de rechazar la denuncia del Dr. Nisman.

Con fecha 26 de febrero de 2015, el Juez Federal Rafecas resolvió desestimar la denuncia interpuesta por el Dr. Nisman, “por ausencia de adecuación del hecho denunciado en algún tipo penal”.

En sus argumentos, Rafecas expuso que, a su criterio, la pretendida maniobra de encubrimiento no había tenido “comienzo de ejecución”. En tal sentido, manifestó que: “el Memorando de Entendimiento ha quedado trunco, y sin que se haya dado su entrada en vigor, a lo que se sumó su posterior declaración de inconstitucionalidad, por lo tanto no sólo no se han producido ninguno de los efectos jurídicos allí estipulados con relación a la supuesta y futura conformación de la “Comisión de la Verdad”, sino que tampoco ninguno de los dos Estados firmantes ha podido dar ejecución a los aspectos que fueran materia de dicho Acuerdo internacional”.

Esta decisión fue recurrida por la Fiscalía Federal y, posteriormente, confirmada, por mayoría, por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, con fecha 26 de marzo de 2015. Las posiciones desarrolladas por la Cámara pueden resumirse del siguiente modo:

  1. a) No hay encubrimiento porque no hubo principio de ejecución: La posición del Juez de Cámara Freiler siguiendo a Rafecas.
  2. b) No hay encubrimiento porque no se encuentra acreditado que el Memorándum haya estaba dirigido a encubrir a los responsables del atentado a la AMIA: La posición del Juez de Cámara Ballesteros.
  3. c) Debe darse curso a la investigación de la denuncia para determinar si existió intención de encubrir a los presuntos autores del atentado a la AMIA: La posición del Juez de Cámara Dr. Farah.

No puede pasar por alto alguno de los interrogantes que despertó el voto del Dr. Farah. En tal sentido se puso de resalto que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 del Memorándum, el mismo debía ser notificado a Interpol en forma inmediata, sin esperar la ratificación del acuerdo. Justamente, esta comunicación expresa podía originar el levantamiento de las alertas, como de hecho había sucedido en 2004 -recordó- cuando Interpol decidió hacerlo al advertir que se había destituido al entonces Juez de la causa por corrupción. Ello es así, según el Camarista, porque se trata de una facultad de Interpol dejar sin efecto una notificación de alerta roja si advirtiesen que no se dan las mismas condiciones que al momento de ser solicitadas.

Además, el Juez de Cámara destacó que no todos los imputados a los que se ordenó recibir indagatoria y con pedido de captura (que son ocho) tienen alerta roja de Interpol, ya que ésta rechazó tres de los pedidos. Sin embargo, el Memorándum sólo incluyó la posibilidad de interrogar a los imputados que contaban con alerta roja de Interpol (es decir, cinco) y no a los otros. ¿Cuál es la razón por la cual las autoridades argentinas en el Memorandum ley decidieron dejar de lado la orden de captura vigente ordenada por el Juez instructor de la causa?

4.- Interpretación del delito de encubrimiento.

El delito se encuentra tipificado, como ya dijimos, en el artículo 277 del Código Penal, dentro del Título de los Delitos contra la Administración Pública. La doctrina sostiene que el bien jurídico protegido, en este caso, es la administración de justicia. En palabras de Soler, el delito de encubrimiento “consiste en trabar o entorpecer” la acción de la administración justicia “por entrometimiento” [8]. Lo que la ley quiere tutelar es el cumplimiento de la función desplegada por la justicia en un proceso, siendo ésta la de “comprobar la existencia del delito o la individualización de sus autores”[9].

La norma establece dos formas posibles de comisión de encubrimiento, conocidas como favorecimiento personal o real. Mediante la primera -la que aquí interesa- consiste en ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta. Aclara la doctrina que la acción típica de “ayudar”, “abarca todo acto positivo, consistente en auxiliar, contribuir, colaborar, facilitar, proporcionar medios, realizar tareas de confusión de la autoridad, etc., siempre dirigido a que el favorecido eluda la investigación que se está llevando a cabo”[10]. Se condena el hecho de haber ayudado a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad relacionadas con él. Se castiga en definitiva todo procedimiento que tienda a lograr la impunidad de los autores del delito.

Los autores son contestes en afirmar que estamos ante un delito de peligro, lo que indica que no se requiere de un resultado dañoso para su consumación. Se trata, asimismo, de un delito de pura actividad e instantáneo[11], por ello la consumación delictiva  se logra mediante la sola acción material prevista en el tipo, sin que sea necesario que consiga el fin específico que se propuso el autor[12]. Dicho de otro modo, su consumación coincide con la prestación de la ayuda, sin que sea necesario el logro de la finalidad buscada[13].

La tentativa es difícil por la característica de instantaneidad pero posible, tal cual lo reconoce un sector de la doctrina[14]. Entre los ejemplos que da la doctrina -para el favorecimiento personal- figura el caso del que, desde lejos, da voces o gesticula para que el perseguido huya, sin lograr ser oído por la distancia y hacerse entender con lo que el tercero es detenido antes de iniciar la huida[15]; o también el ejemplo de esperar en el automóvil en marcha al prófugo, que es detenido en ese instante, o bien realizar un giro de dinero en favor de un prófugo que éste no pueda cobrar por idénticas razones[16].

Un punto esencial de la tipificación se vincula con el elemento subjetivo. Obviamente se trata de un delito doloso, lo que supone el conocimiento por parte del autor de la existencia de un delito anterior y de que la ayuda prestada tenga la finalidad de eludir la investigación o sustraerse a la acción de la autoridad. Si bien la doctrina suele exigir la necesidad de dolo directo, existe algún precedente que avala la posibilidad de dolo eventual, con lo cual sería suficiente con el conocimiento de la probabilidad de estar ayudando a alguien a sustraerse a la acción de la justicia[17]. Poco importa el motivo o móvil por el que se ayuda al delincuente si creyese estar protegiendo a un inocente, ya que no es el autor la persona llamada a decidir sobre ello, sino la autoridad judicial[18].

5.- La reciente opinión del Fiscal de Casación.

Recientemente se ha conocido el escrito por el cual el Fiscal de la Cámara Federal de Casación desiste del recurso que había interpuesto el Fiscal ante la Cámara Federal, Dr. Germán Moldes.

El Fiscal de la Casación, Dr. De Luca, designado como tal a fines del año 2011, busca, de esta manera, el archivo de las actuaciones iniciadas por la denuncia del Dr. Nisman. El argumento básico del representante del Ministerio Público, deja de lado toda la argumentación doctrinaria sobe el momento de la consumación del delito de encubrimiento, en el caso que nos ocupa, que había sido materia de discusión en las opiniones fiscales y judiciales anteriores, para sostener, en definitiva, que en el caso no hay delito pues entiende que una ley no puede jamás configurar un hecho delictivo.

Me permito sostener y destacar que, a mi entender, si esta conclusión fuera válida pondría en jaque el sistema institucional republicano. Creo que al querer encontrarse argumentos para desistir de la investigación delictiva se han buscado caminos que bajo una afirmación dogmática pretenden no sólo terminar con la causa, sino establecer una regla de impunidad que jamás los constituyentes han querido otorgar, al diseñar el funcionamiento de la independencia de los poderes del Estado. Ni siquiera la han imaginado, pues ello quebraría el funcionamiento armónico de los tres poderes, otorgándole a una ley (a los poderes Ejecutivo y Legislativo) la facultad de acabar con la función judicial que con tanto cuidado protegió, especialmente en el ya citado artículo 109.  Se equivoca el Sr. Fiscal de Casación cuando, para darle fundamento de legitimidad al Convenio, sostiene que la Constitución le otorga facultades al Poder Ejecutivo de celebrar Tratados Internacionales, que podrán ser sometidos a la ratificación legislativa. Pero vaya, esto no se discute, Lo que no se admite es que esos Tratados estén dirigidos a impedirle a los jueces argentinos, ejercer libremente su poder jurisdiccional.

Quizá a la opinión que critico se ha llegado por lo absolutamente poco común, por no decir sin antecedentes, que se dicte una ley que quiebra flagrantemente la independencia del Poder Judicial y los mandatos expresos de la ley suprema, en cuanto impide al Poder Ejecutivo intervenir en causas judiciales (artículo 109), así como arrogarse éste y el Poder Legislativo una facultad que el juego armónico de todas las disposiciones de la primera ley prohíben para garantizar un sistema republicano  que tiene, es sabido, en la independencia del funcionamiento del Poder Judicial, un basamento esencial del sistema.

El convenio, ya lo hemos dicho al comienzo de estas líneas, vale repetirlo, resuelve el funcionamiento de una Comisión de la Verdad, llamada a analizar la opinión de los jueces argentinos. Nótese además que, expresamente, dice el Tratado (ver su artículo cuarto) que la Comisión analizará la información recibida de ambas partes (Argentina e Irán) y “efectuado consultas con las mismas e individuos, la Comisión expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta sus recomendaciones en acciones futuras” (el subrayado me pertenece).

 

6.- Conclusiones.

Existen sobradas razones jurídicas, según entiendo, para sustanciar el proceso cuya base de constatación necesaria se ha dado con el propio texto del Memorándum. Tan necesario como la adecuación objetiva al tipo es la correspondencia del elemento subjetivo de la figura con el dolo requerido; para ello es necesario avanzar con las medidas de prueba que fueron solicitadas por la Fiscalía. También téngase en cuenta que la prueba a colectar puede resultar indiciaria, circunstancia que suele ocurrir comúnmente ante la necesaria probanza de delitos cuyo marco tiene las características de gravedad institucional, como el que nos ocupa. En definitiva, el cuadro legal de la tipificación de los hechos es claro. Ello está dado por el propio contenido del Memorándum. El dolo o su ausencia resultarán del contenido probatorio.

*El autor es Profesor Titular Consulto de la Universidad Católica Argentina.

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[1] Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa, Fratelli Cammelli, 1898.

[2] Se denunció a la Presidente de la Nación, al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman y se consignó la participación de otras varias personas: Luis Ángel D´Elia, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Andrés Larroque, Héctor Luis Yrimia y Ramón Allan Héctor Bogado.

[3] Artículo 277 inciso 1° del Código Penal: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ella … ”.

[4] En sus partes más relevantes, establece lo siguiente:

  1. Establecimiento de la Comisión. Se creará una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán.
  2. Intercambio de Información. Una vez que la Comisión haya sido establecida, las autoridades de Irán y de la Argentina se enviarán entre ellas y a la Comisión la evidencia y la información que se posee sobre la causa AMIA. Los comisionados llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados (…).
  3. Informe de la Comisión. Luego de haber analizado la información recibida de ambas partes y efectuado consultas con las partes e individuos, la Comisión expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras.
  4. Audiencia. La Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja
  5. Interpol Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso.

[5] BO 01/03/2013.p

[6] El artículo 294 del código procesal penal de la nación establece que le llamamiento a prestar declaración en las condiciones aludidas ocurre cuando el magistrado interviniente considera que existe “motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito”.

[7] La decisión fue recurrida y actualmente se encuentra para ser resuelta en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

[8] Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, ed. TEA, t. V, 4ª ed. p. 328.

[9] Aboso, Gustavo E.; Código Penal. Comentado, concordado con jurisprudencia. Ed. Bd F, 2012, pp. 1298-1299.

[10] Buompadre, Jorge, Delitos contra la administración pública, ed. Mave, 2001, p. 479.

[11] Fontán Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, tomo VII, Parte Especial, Abeledo Perrot, 2ª ed, 1993, p. 451 y Millan, Alberto; El delito de encubrimiento, Abeledo Perrot, 1980, p. 80.

[12] Millán, ob. cit. p. 80.

[13] Buompadre, Jorge, Comentario al art. 277, en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio (Dirs) Código Penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial, ed. Hammurani, t. 11, 2011, p. 156.

[14] Millan, ob. cit. p. 109.

[15] Millan, ob. cit. p. 109.

[16] Estos ejemplos los cita Aboso, en ob. cit. p. 1303 (recurriendo a su vez a Donna, a Villada y a Figari).

[17] CCyC Fed de San Martín, Sala I, de 14/03/2002; “Martínez, Guillermo s/ Encubrimiento”, causa 159 (Secretaría n°3).

[18] Fontán Balestra, ob. cit. T. V, p. 456.

Roberto Durrieu (h) es Abogado, (UCA), Master en Derecho, (Duke University), y D. Phil in Law, (Oxford University). Ha sido profesor del Master en Derecho Empresario de ESEADE.

No hay justicia sin derecho a la propiedad:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/3/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1772576-no-hay-justicia-sin-derecho-a-la-propiedad

 

Durante la marcha de los paraguas la gente se manifestó por el fin de la impunidad; sin embargo, para la recuperación del país hace falta dotar al anhelo de volver a la ley de todo su alcance y sentido.

A un mes de la muerte de quien denunció lo que estimaba fue el encubrimiento del actual gobierno en la masacre de la AMIA, se realizó la multitudinaria marcha de los paraguas en Buenos Aires, manifestación que se replicó en otros puntos del interior del país y en distintas ciudades del extranjero, en una superlativa muestra de reflejos frente a lo ocurrido. Fueron expresiones de congoja y respeto por el fiscal muerto en condiciones extrañas y aun no esclarecidas por hacer su trabajo, de condolencia hacia su familia y de simpatía hacia sus colegas.

Ésta fue la cara visible de la manifestación. Había otra cara, menos visible, que trasuntaba el hartazgo por la inseguridad y la impunidad que reinan en el país. Con mi mujer agregamos dos paraguas a esta conmovedora y emocionante marcha del silencio, que esperamos sirva como una referencia moral para que las cosas salgan del fárrago en que estamos sumergidos desde hace años. Sin embargo, para evitar caer de nuevo en el desánimo, resulta indispensable hurgar en el fondo del problema que nos aqueja.

En estos días han consignado diversos puntos de vista sobre algunos de los aspectos de esa manifestación, pero quisiera subrayar un ángulo no expresado aún que estimo relevante para nuestro futuro inmediato.

El reclamo unánime de esa gigantesca marcha bajo una lluvia torrencial se resume en una palabra: justicia. Ahora bien, considero que en general muy pocos -de lo contrario no hubiera sido necesario llegar a la instancia de la marcha- se han puesto a pensar en todas las implicancias que tiene el término justicia, que según la definición clásica quiere decir, ni más ni menos, “dar a cada uno lo suyo”. “Lo suyo” remite a la propiedad, primero del propio cuerpo y de pensamiento, y luego del fruto del trabajo de cada cual.

Si ponemos esto en el contexto argentino, no puede obviarse el pensamiento del artífice de la Constitución, Juan Bautista Alberdi, quien en Sistema económico y rentístico de la confederación argentina según su Constitución de 1853 escribió algunas reflexiones de gran calado que deberían tenerse presente en toda su extensión respecto a la relevancia de la propiedad: “Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza [?] Pero no basta reconocer la propiedad como derecho [?] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”.

Muy sesudas reflexiones por cierto, ya que la propiedad constituye el eje central de la sociedad abierta. Esa institución permite que los siempre escasos recursos estén administrados por las manos más eficientes vía el cuadro de resultados: sin privilegios de ninguna naturaleza, el que ofrece lo que la gente demanda gana, y el que se equivoca incurre en quebrantos. No sólo eso, sino que la propiedad da lugar a la coordinación de la producción a través del sistema de precios. No hay precios sin propiedad y viceversa. El llamado “control de precios” impuesto por el capricho burocrático no es tal; se trata de simples números que no expresan las valorizaciones cruzadas de los participantes en las transacciones. En este sentido, los precios hacen posible la evaluación de proyectos y la contabilidad; la ausencia de precios desfigura e imposibilita esos cálculos.

Sin propiedad privada la asignación de los siempre escasos recursos se encuentra a la deriva. Estrictamente, no se sabe si conviene construir carreteras con oro o con asfalto. El asalto a los derechos de la gente, que incluye el atropello a la propiedad, es lo que también explica el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín.

Los enemigos de la propiedad son los comunistas, los nacionalsocialistas y los fascistas. Los primeros proponen con Marx la abolición de esa institución; los segundos permiten que se registre a nombre de particulares, pero usan y disponen de los gobiernos para la destrucción de la propiedad de un modo más enmascarado pero más efectivo. Esto es lo que lamentablemente ocurre con frecuencia en el llamado mundo libre en muchos sectores clave, donde no se permite que queden librados a arreglos voluntarios aquellos que no lesionan derechos de terceros.

La propiedad remite al derecho a la vida y a la expresión del pensamiento, dos elementos fundamentales que son desconocidos en regímenes autoritarios. No se trata necesariamente de la exterminación de la vida física, pero sí de la liquidación de los sueños de vida que hacen a los proyectos de cada uno en cuanto al manejo de los asuntos personales. Y respecto de la expresión del pensamiento, los autoritarios le temen a la libertad de prensa y sus equivalentes, por eso la cercenan y asfixian; en el caso argentino, a través de medios estatales que no caben en una sociedad libre, amenazas y aprietes al periodismo independiente (una redundancia, aunque, dada la situación, vale el adjetivo). Por esto, no puede haber justicia sin propiedad, ya que en ese caso no hay “lo suyo” (y consecuentemente, en la medida en que se ataque la propiedad, se debilita la justicia).

Para que no hayan nuevas frustraciones como las que se reflejaron en la marcha de los paraguas es indispensable tener en cuenta las implicancias de la tan reclamada justicia. Éste no es un problema exclusivo de la gente en general, sino que, de modo muy especial, debe tenerse en cuenta en los debates intelectuales y en ámbitos dirigenciales de los más variados espacios. En el caso argentino, se ha llegado al extremo de que una integrante de la Corte Suprema escribió que la propiedad en nuestro medio “está intacta”, como si no vinculara sus temerarias conclusiones con el cepo cambiario, la imposición de precios, la fenomenal carga tributaria y la estafa inflacionaria, entre otros muchos desquicios. Por su parte, intelectuales oficialistas se dirigieron al Tribunal Supremo para solicitarles prohibieran la marcha a la que nos hemos referido, al mejor estilo del totalitarismo más extremo.

Esta manifestación multitudinaria se llevó a cabo en el contexto de un default mayúsculo, un desbarajuste descomunal en la energía, subsidios a planes Trabajar que más bien deberían denominarse “descansar”, fondos jubilatorios saqueados, gastos públicos siderales, deuda pública creciente, empresas estatales deficitarias en grado inaudito, incremento alarmante en la cantidad empleados públicos incorporados, funcionarios procesados que se burlan de todo y un fenomenal deterioro en los marcos institucionales, con una procuradora general de la Nación que se declara militante del partido gobernante, tal como un bombero que se declara partidario de los incendios.

Reencauzar el proceso populista argentino no es faena para timoratos ni para quienes marchan sin identificar las consecuencias de pedir justicia. Debemos meditar el asunto con cuidado para no pedir, en futuras elecciones, más de lo mismo con otro nombre, como ha venido sucediendo sistemáticamente en el país desde hace siete décadas. Tanto con un partido u otro o con militares, todos han contribuido a montar y fortalecer al Leviatán. Es tiempo de cambiar de paradigma y adoptar la tradición alberdiana, que nos colocó a la vanguardia de las naciones civilizadas antes de trocarla por un estatismo rampante.

Constituye una operación pinza de nefastas consecuencias el hecho de contar con un sistema educativo muy deficiente en el que, en lugar de transmitir los valores y principios de la sociedad abierta, avanza la visión gramsciana-autoritaria. Por otra parte, la degradación de los marcos institucionales no permite a las personas defender sus derechos.

Se ha dicho que esta marcha se diferencia de los sucesos de 1810, cuando el pueblo quería saber de qué se trataba, porque el 18 de febrero el pueblo sabía de qué se trataba. Pero para que esto sea cierto es imperioso detenerse a considerar qué significa la justicia y no quedarse en la superficie de un slogan vacío de contenido que no conduce a ninguna parte.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Vicepresidente argentino enfrentará a la Justicia por corrupción

Por Belén Marty: Publicado el 20/2/15 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2015/02/20/vicepresidente-argentino-enfrentara-a-la-justicia-por-corrupcion/

 

Amado Boudou pasará a juicio por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública; Se prevé que las audiencias se celebren después de las elecciones de octubre.

Al caso de la presidente de Argentina Cristina Kirchner, imputada por encubrimiento en la causa AMIA, se le suma el procesamiento del vicepresidente argentino Amado Boudou por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en la causa de la imprenta “Ciccone”, anunciado este jueves.

La Cámara Federal confirmó las acusaciones de la Fiscalía en contra del vicepresidente, y con su proceder deja en manos del juez Ariel Lijo la celebración de un juicio oral, el cual podría celebrarse este año.

Los camaristas aceptaron también los procesamientos de otras cinco personas, entre ellas el socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; un supuesto testaferro del vicepresidente, Alejandro Vandenbroele; y el dueño de la empresa envuelta en el caso, Nicolás Ciccone.

Boudou, actualmente en funciones, habría estado involucrado en la compra de la imprenta Ciccone mientras ejercía como ministro de Economía y era candidato a para su cargo actual.

El vicepresidente había apelado el proceso judicial actual ante la Cámara Federal, pero los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron el procesamiento del funcionario Ejecutivo en la causa precedida por el juez Ariel Lijo.

Lo que el juez Lijo presume es que Boudou habría intercedido a través de su poder político para que la empresa The Old Fund perteneciente a un conocido de Boudou y de su socio José María Nuñez Carmona comprase la imprenta Ciccone, en quiebra.

Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entonces dueños de la imprenta, se habrían juntado el 29 de julio y el 1 de septiembre de 2010 con Boudou y con Carmona para pactar el salvataje de la quiebra a través de la mencionada empresa, que en ese momento tenía un solo empleado.

Con la promesa dicha promesa, el nuevo dueño de la imprenta le cedería al vicepresidente y a su socio el 70% de la imprenta. Boudou habría entonces intercedido ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para conseguir un beneficioso e inusual plan de pagos.

De esta manera, el 6 de abril de 2012 la imprenta Ciccone consigue imprimir AR$410 millones (más de US$32 millones) a través de un contrato con la Casa de la Moneda.

Prevén que Boudou seguirá en el cargo

A pesar de los alegatos, según dicta la ley 25.320 del año 2000, el vicepresidente en funciones tiene fueros (privilegios) que le garantizan el ejercicio de su función pública más allá de lo que sancione un juez. La única forma en la que dejaría ser vicepresidente sería a través de un juicio político llevado a cabo por el Congreso, en el cual el oficialismo tiene mayoría.

Por esto, el fiscal de la causa Ciccone, Jorge Di Lello expresó a la radio Vorterix el viernes 20 que creen que el juicio se celebrará después de las elecciones de su cargo, a celebrarse el 25 de octubre de este año.

“Si es el vicepresidente y cometió delito, lo más sano es que no sea más vicepresidente. Si es el vicepresidente y no cometió delito, ayudaría a terminar con el manoseo”, añadió.

Di Lello manifestó asimismo que la Casa de Moneda, que tiene el monopolio de imprimir billetes, está en el ojo de la Justicia porque habría dejado de comprar una máquina para imprimir billetes y eso habría dado lugar a que el Estado contratara a Ciccone.

La defensa oficialista

En rutinaria conferencia de prensa matinal, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó que la ratificación del procesamiento del vicepresidente correspondía con una nueva “embestida mediática y judicial” contra los funcionarios del poder Ejecutivo.

“La Justicia no es independiente de las corporaciones. Existe un pacto de impunidad entre las corporaciones mediáticas y judiciales que da protección a fiscales y jueces, a cambio de que las causas no avancen y se estanquen”, fustigó Capitanich.

La corrupción en Argentina

En el índice publicado en diciembre de 2014 de percepción de actos de corrupción de la organización Transparencia Internacional Argentina salió en el grupo de los peores ranqueados a nivel mundial.

El país gobernado por Kirchner ocupa el puesto 107 sobre un total de 175 países enlistados, y el puesto 21 entre los 32 países de América evaluados por la organización. Además, Argentina cayó un lugar en el mismo índice con respecto al 2013.

“Esta caída en el índice refleja la total ausencia de esfuerzos en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción. Los organismos de control fueron reducidos a su mínima expresión durante los últimos años, convirtiéndolos en actores intrascendentes”, dijo al diario La NaciónPablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.

El director regional para las Américas de Transparencia Internacional, Alejandro Salas, comparó a Argentina con Brasil: “A diferencia de Brasil, donde hubo cambios de fondo importantes, en Argentina hace mucho que no veo algo positivo en materia de cambios para mejorar estructuralmente la corrupción”, comentó. “En Brasil hay avances y escándalos. En la Argentina, sólo escándalos”.

 

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

DOCUMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ARGENTINAS (A PROPÓSITO DEL CASO NISMAN)

Como académicas/os y profesoras/es argentinas/os de derecho y areas afines,
queremos expresar a través de este comunicado nuestra profunda preocupación
respecto de lo ocurrido durante los últimos días y de su impacto en la vida
democrática e institucional argentina. Si bien provenimos de diferentes doctrinas
filosóficas e ideologías políticas, compartimos nuestro compromiso con la defensa de
los valores democráticos, el estado de derecho y el respeto irrestricto por los derechos
humanos.
La muerte del fiscal federal Alberto Nisman en el contexto de una investigación que
implica a la Jefa de Estado y otros funcionarios es un hecho de gravedad institucional
que merece toda nuestra atención, sobre todo considerando que la investigación del
fiscal Nisman tiene como objeto el atentado terrorista más grave sufrido por nuestro
país, el de la AMIA de 1994. Hoy, sin embargo, ya son tres los hechos que requieren
un efectivo esclarecimiento: el atentado, la muerte del fiscal Alberto Nisman y los
graves hechos que se desprenden de su denuncia.
Esta demanda de esclarecimiento se da en un contexto desalentador, en el cual
amplios sectores de la sociedad perdieron su confianza en la independencia
e imparcialidad de la justicia, y están convencidos de que el Poder Ejecutivo ejerce
presión sobre ella con fines políticos. Por eso hay algunas cuestiones sobre las que
debemos trabajar con el objetivo de restablecer la confianza en las instituciones,
garantizar el acceso a la verdad por parte de la ciudadanía y afianzar la práctica
constitucional argentina.
Así, resulta vital el pleno respeto del sistema de división de poderes establecido en la
Constitución. En particular los funcionarios públicos en quienes hemos confiado la
misión de representar al pueblo no deben interferir con la labor de fiscales y jueces/as
y, más importante, deben cooperar positivamente y someterse a la jurisdicción cuando
les sea requerido.
A su vez, es esencial que se informe a la ciudadanía periódicamente sobre el avance
de las investigaciones. Ello requiere que las/os funcionarias/os judiciales a cargo sean
transparentes en las diligencias que llevan adelante, explicando las razones que las
justifican para garantizar el efectivo acceso a la información de la ciudadanía en
asuntos que afectan la vida política, jurídica y social de todas/os.
Por otra parte, tal como ha advertido la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
en su reciente informe El (des)control democrático de los órganos de inteligencia en
Argentina, “desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o querido
establecer controles efectivos, y los servicios de inteligencia se convirtieron en una
parte esencial del poder presidencial. Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una
manera que viola los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la
privacidad y a la libertad de asociación y expresión”. Asimismo, según el mismo
informe, la Argentina cuenta con la capacidad técnica para interceptar
comunicaciones privadas, como las telefónicas, y los datos que circulan en Internet.
De este modo, el informe señala que “el espionaje político interno es una de las
principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra
expresamente prohibido por una ley del Congreso. Eso es consecuencia de la falta de
controles parlamentarios y judiciales eficientes y de la aceptación pasiva de gran parte
de la clase política”. En tanto no haya voluntad de afrontar este problema, y una
comprensión ciudadana de que es ahí donde radica una de las principales amenazas a
los derechos, los ciudadanos estaremos a merced del poder de turno. En este sentido,
advertimos que toda modificación de la estructura de los servicios de inteligencia
debería estar orientada a erradicar las prácticas dudosamente legales que vienen
realizando, en lugar de solamente cambiar a las personas que realizan esas prácticas.
En definitiva, se trata de honrar las exigencias de nuestra democracia constitucional
respetando la independencia judicial, la igualdad ante la ley, las garantías individuales
y el compromiso democrático por parte de jueces y fiscales. Desde nuestro lugar
haremos todo lo posible para que así sea.
Firmas
Marcelo Alegre, DNI 17.364.067, UBA
Pilar Arcidiácono, DNI 25.771.930, UBA/ CONICET
Eduardo Baistrocchi, DNI 16.865.332, UTDT
Manuel Balán, DNI 26.420.618, McGill University
Eduardo Barbarosch, DNI 4.362.398, UBA
Gustavo Beade, DNI 26.873.203
Martín Böhmer, DNI 16.764.988
Eugenio Bulygin, DNI 4.359.018, UBA
María Celeste Braga Beatove, DNI 28.697.820
Alejandro Chehtman, DNI 25.568.514, UTDT
Rut Diamint, DNI 10.964.078, UTDT
José Sebastián Elías, DNI 25.292.336, UdeSA
Carlos Espósito, DNI 16.990.854
Martín Farrell, DNI 4.305.392, UBA/ UP
Paula Gaido, DNI 21.756.864
Roberto Gargarella, DNI 17.083.588
Alejandro Garro, DNI 7.703.986, Columbia University
Juan González Bertomeu, DNI 24.442.466, ITAM
Lucas Sebastián Grosman, DNI 22.276.828, UdeSA
Osvaldo Guariglia, DNI 4.284.804
Martín Hevia, DNI 26.122.021, UTDT
Marcelo Leiras, DNI 18.287.001
Jaime Malamud Goti, DNI 4.422.344
Diana Maffía, DNI 11.026.922, UBA
María Guadalupe Martínez, DNI 27.014.736
Julio Montero, DNI 27.026.968, UBA/ CONICET/ GFP
Ana María Mustapic, DNI 6.181.909, UTDT
Patricio Nazareno, DNI 27.173.194
Pablo Andrés Neumeyer, DNI 14.923.713, UTDT/ CONICET
Ezequiel Nino, DNI 22.965.205, UP
Enrique Peruzzotti, DNI 13.699.030, UTDT / CONICET
Guido Pincione, DNI 10.625.668, The University of Arizona
Agustina Ramón Michell, DNI 29.639.836, UP
Diego Ríos, DNI 20.569.858, CONICET
Julio César Rivera (h), DNI 24.068.547, UdeSA
Eduardo Rivera López, DNI 16.202.894, UTDT / CONICET
Carlos Rosenkrantz, DNI 13.031.536
Roberto Saba, DNI 18.404.345, UBA/ UP
Alejandra Salinas, DNI 17.255.670, ESEADE/ UNTREF
María Florencia Saulino, DNI 29.322.481, UP
Martín Sigal, DNI 23.471.562, UBA
Ezequiel Spector, DNI 29.950.192, UTDT/ CONICET
Eduardo Stordeur (h), DNI 20.433.422, UBA
Fernando Tesón, DNI 5.905.969, Florida State University
Juan Tokatlian, DNI 11.352.336, UTDT
Carlos Waisman, DNI 4.422.065, University of California

No jodan con el 109:

Por José Benegas. Publicado el 29/1/15 en: http://josebenegas.com/2015/01/29/no-jodan-con-el-109/

 

Perdón que insista con el error de invocar el artículo 109 de la Constitución para encuadrar la actitud del Poder Ejecutivo en el caso Nisman. Es importante, no por un purismo doctrinario, sino porque determina la visión que se tiene sobre el caso judicial más crucial de nuestra historia reciente.

Un ejemplo para comenzar: Mañana se encuentra el video en el que se ve a una señora muy parecida a Kirchner que ingresa con un arnés al baño del fiscal, se escucha un disparo y luego sale por el mismo lugar, el día del hecho y a una hora compatible con la determinada como momento de la defunción por la autopsia. Después de que se difunden, la señora ordena secuestrar los videos y destruirlos por medio de un decreto de necesidad y urgencia. En este último acto, si hay violación del artículo 109 de la Constitución (ex 99 de la Constitución que vale la pena de la Argentina). Pero sería realmente insensato tratar la cuestión de esa manera. La transgresión constitucional no sería lo importante de esas acciones, sino lo que en principio significarían como confirmación de la identidad de la persona que hemos visto en el video. Si los defensores de la señora se encontraran con que en el debate público se transforma en una discusión sobre el artículo 109 CN, con remotas consecuencias, en lugar de ser tomado por su importancia en el proceso penal, serían los tipos más felices del mundo.

Claro que es más cómodo tratar esto como violación de la independencia del Poder Judicial, en vez de como una conducta sospechosa con valor penal. Se transforma en un asunto meramente político, para discutir una actitud general y no una conducta particular que obliga a investigar a la señora Kirchner en relación al objeto procesal, no a su función como presidente.

Entonces aquí va la primera conclusión. Si el artículo 109 fuera aplicable, no importaría, salvo para desviar la atención sobre el crimen. Porque si existe una responsabilidad penal del Poder Ejecutivo en la muerte de Nisman o en su encubrimiento, en cualquier grado (incluso otros delitos por estas mismas acciones como violación de los deberes del funcionario público), la parte de la Constitución que habría que aplicar en todo caso, sería una mucho más grave. Es decir la que se refiere a la responsabilidad del presidente, el artículo 53, por comisión de “delito en el ejercicio de sus funciones”. Como de esto tampoco se quiere hablar, el 109 sigue siendo más cómodo.

Ahora vamos al 109 en sí. Dice lo siguiente: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Vamos ahora al significado de la palabra “conocer”, que es la que confunde a la gente no habituada a las cuestiones jurídicas y a muchos abogados también.

Reduzcamos la cuestión al absurdo y tomemos esa palabra con su definición en el idioma general. El artículo 109 estaría diciendo por ejemplo que el Presidente no puede leer la página policial o la sección tribunales de los diarios.

Imaginemos este diálogo: “Señora ¿sabe usted que hay una causa por el atentado de la Amia? -Por supuesto que no, no puedo conocer eso, me lo prohibe la Constitución”

Cualquiera puede percibir que ese no es el sentido de “conocer”. Tampoco habla de “opinar”. Claro que para opinar hay que conocer, con lo cual si opina estupideces, en principio podríamos considerar que no conoce.

Ahora vamos a qué quiere decir conocer en realidad. Es una palabra utilizada hasta el hartazgo en la legislación procesal. Por ejemplo en el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación: “La Cámara de Apelación conocerá: 1) De los recursos…”. No está diciendo que la Cámara si puede leer la sección tribunales o que si puede opinar en los diarios. De hecho, esto último no lo puede hacer, a pesar de que parece estar encargada de “conocer”.

Podría dar infinidad de ejemplos del uso de este término. Pero para no perder el tiempo, vamos a su significado. Recurro al Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, disponible en el sitio web de la Universidad Nacional de México (UNAM):

“Conocer: “El acto de entender en las causas y determinarlas; y así se dice que el conocimiento de tal o tales causas toca a tal tribunal o juez…”

Es decir, “conocer” en términos procesales quiere decir actuar, dictar actos procesales. En el caso del 109 significa suplir al juez en el expediente.

Ejemplos históricos de violaciones al artículo 109 de la Constitución: Alfonsín determinando el objeto procesal y los procesados en la Causa 13 (contra las Juntas Militares), la detención de militares, familiares de militares, periodistas y otros profesionales, por decreto del mismo presidente. Ayer mencioné a Kirchner echando jueces y reemplazándolos para cambiar la jurisprudencia. También la existencia de tribunales administrativos, falta que la jurisprudencia suplió con el subterfugio de exigir instancias de revisión judicial suficiente.

Entonces, esta es la segunda razón por la que no se debe invocar el artículo 109 de la Constitución en este caso: Porque no es aplicable y el asunto va a vía muerta. Encima a una vía que distrae de lo que hay que investigar.

¿Lo que digo significa que la señora no está violando la independencia del Poder Judicial? De acuerdo a la interpretación que estoy criticando, si el 109 no existiera pareciera que no habría nada que reprocharle a la mujer que padecemos como presidente, aunque su accionar es de lesa república.

No. El artículo 109 se refiere a una forma burda de violación de la independencia judicial, que tiene su explicación histórica. La independencia del poder judicial es una adquisición reciente como valor. Los reyes, los virreyes y otros funcionarios ejercían esas funciones antes de la existencia del sistema republicano.

Lo cierto es que al hablar del 109, aunque parezca paradójico, se le está dando poca importancia a la independencia judicial, no mucha. Esto es producto de la visión positivista y radica en querer encontrar un texto descriptivo de cada conducta, como si no sobrara entender cuál es el sistema de valores que sostiene la Constitución. El problema es que quieren hacer funcionar una constitución sin ese sistema de valores, porque no lo entienden, no les interesa o se oponen a él. Tal cosa es como querer operar una licuadora como si fuera una tostadora. Lamento informarles, no hay Constitución no liberal.

La violación constitucional que comete la señora con sus manifestaciones es genérica, la Constitución es republicana (si no lo dijera el artículo primero, está por todos lados que lo es), los poderes están divididos y la señora tiene una función, que hace incompatible que emita opiniones de esa manera. Las facultades de los poderes del Estado deben ser entendidas según el principio de especialidad, es decir, no pueden hacer lo que no se les autoriza ni tiene que ver con su misión ¿Por qué? Porque el valor que hay detrás del hecho de tener una constitución, es la de la existencia de un poder limitado.

Pero como no quieren entrar en el alma constitucional porque la rechazan, entonces la licuadora habla para producir una hermenéutica distorsionada, que atrapa en discusiones estériles.

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

La otra línea roja

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 25/9/13 en: http://www.lanacion.com.ar/1623154-la-otra-linea-roja

En los últimos años, el presidente norteamericano, Barack Obama, trazó dos claras “líneas rojas”. Cruzarlas, dijo, es inaceptable para los Estados Unidos.

La primera de esas “líneas rojas” es la que tiene que ver con el uso de armas químicas por parte de Siria. Al respecto, la diplomacia parece -al menos por el momento- haber podido evitar, aunque agónicamente, las acciones militares con las que amenazara el presidente Obama.

Hay, sin embargo, una segunda “línea roja”. La que se vincula con la posibilidad de que Irán de pronto se transforme en una potencia militar dotada de armas nucleares. Lo que también sería inaceptable para Obama. Y además para Israel, ciertamente. Tema éste que está lejos de haber sido resuelto o de estar siquiera medianamente encarrilado.

CAMBIOS EN EL ESCENARIO

No obstante, lo hasta ahora sucedido en Siria parece haber abierto algunas opciones también para el caso iraní. Porque lo sucedido respecto de la posibilidad concreta de que los Estados Unidos pudieran utilizar la fuerza en Siria ha tenido algún reflejo en la cuestión iraní.

Después de años de permanentes desencuentros, hay ahora posibilidades para que la comunidad internacional e Irán puedan comenzar a dialogar seriamente sobre cuáles pueden ser las opciones o alternativas de solución para resolver la cuestión nuclear iraní.

Han aparecido entonces, simultáneamente, dos oportunidades para el presidente Obama. Una respecto de la guerra civil que azota a Siria y otra con relación a Irán. Ambas están sobre la mesa. Con sus riesgos y oportunidades. La cuestión siria está en marcha. Tiene plazos y están dándose algunos pasos iniciales indispensables, ya acordados. La oportunidad para resolver la situación iraní no ha comenzado a moverse. Es más, recién empieza a consolidarse como posibilidad.

Irán está, recordemos, debilitada por un esquema riguroso de sanciones económicas y financieras impuestas progresivamente a lo largo de los últimos cinco años. Como consecuencia, en los últimos tiempos han caído severamente las ventas de petróleo iraní al exterior, sumergiendo a la economía de Irán en dificultades serias.

EL IMPACTO SOBRE IRÁN DE LO SUCEDIDO EN SIRIA

Las crisis siria e iraní tienen -como se ha dicho- alguna correlación. Porque en ambos casos existe la sensación de que -por las marchas y contramarchas del presidente Obama respecto del posible uso de la fuerza (los misiles “Tomahawk”) y la ostensible falta de apoyo de su Congreso y del pueblo norteamericano- aun si la diplomacia fracasara, la posibilidad del uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos es ahora algo más remota.

A su vez, si la diplomacia tiene éxito en Siria, las posibilidades respecto de poder encauzar las conversaciones con Irán, ciertamente complejas, aumentan. Si los sirios, en cambio, terminan burlando de alguna manera a los Estados Unidos -y a Rusia- la posibilidad de avanzar en la cuestión iraní puede complicarse mucho.

UNA SEMANA DECISIVA

Por esto, lo que ha ocurrido esta semana respecto de esos temas puede ser decisivo. Los discursos desde el podio de las Naciones Unidas de los presidentes de los Estados Unidos e Irán, aunque cautelosos, alimentan la esperanza de un diálogo fecundo. El inicio de conversaciones con Irán puede entonces ser una cuestión de tiempo. Lo normal sería comenzar con reuniones preparatorias previas, a nivel de representantes diplomáticos, antes de un eventual encuentro “cumbre”, entre los dos presidentes.

Irán, a diferencia de Siria, tiene apuro. Porque procura que se levanten -lo más rápidamente posible- las sanciones económicas y comerciales que tanto daño le están haciendo. Ellas han sido efectivas: Si las sanciones en lugar de desaparecer se endurecen, como pretende el Congreso norteamericano, las ya mermadas exportaciones de crudo iraní podrían reducirse aún más, con las consecuencias adversas para la economía iraní.

Irán -a la manera de carta de presentación y demostración de buena voluntad- liberó a un número reducido de presos políticos. Aunque no a los principales líderes reformistas.

Lo cierto es que el presidente Obama envió a Irán -tres semanas atrás- una carta de apenas una página y media, cuyo contenido específico no se conoce. Pero se cree que allí se sugeriría la posibilidad de conversar y hasta de morigerar las sanciones, contra una conducta iraní clara, sin ambigüedades, transparente y seguida por el cumplimiento -inmediato- de lo comprometido. Todo lo contrario de lo que un Irán hasta hoy recalcitrante, ha venido haciendo a lo largo de desgastantes años de chicanas, de toda suerte de engaños, y de permanentes demoras e incumplimientos.

Además, por razones que tienen que ver con la conducta pasada de Irán, nada será presumiblemente inmediato. Ni tampoco instantáneo. Ni automático. Pese a la referida urgencia iraní. Porque la confianza recíproca no existe.

La respuesta iraní a la carta de Obama fue rápida y breve, de apenas otra página y media. Pero el tono de ambas cartas parece haber sido diferente al de los últimos tiempos. Especialmente respecto del estilo propio del belicoso ex presidente Ahmadinejad. Un sello más abierto, componedor y, en líneas generales positivo, ha aparecido. Los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas confirman la aparición de un nuevo clima.

El mandatario iraní, Hassan Rohani, por lo demás, se ha mostrado profusamente al público norteamericano. Confiando en que logrará proyectar una imagen distinta, la de la moderación. Saliendo del aislamiento.

Para ello pronunció no sólo el mensaje tradicional desde el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que además organizó una presentación en el influyente Council of Foreign Relations, otra en la Asia Society y, además, una entrevista televisiva, presentado por Charlie Rose.

A todo ello ha precedido un artículo suyo publicado en el The Washington Post, en el que propone actuar con espíritu constructivo y, sobre todo, no dejar pasar lo que el presidente Rohani define como una oportunidad clara para alcanzar acuerdos después de una década de constantes desencuentros.

UN INTERROGANTE A DEVELAR

El gran interrogante que debe superarse es el de saber si el Líder Supremo de Irán -su máxima autoridad real desde 1989- el Ayatollah Ali Khamenei, está o no consustanciado con la estrategia que desarrolla Rohani.

Ocurre que hasta ahora Khamenei siempre condicionó toda negociación a tres requisitos: (i) que las negociaciones se lleven adelante en un “espíritu de respeto mutuo e igualdad”; (ii) que se dejen de lado ex ante las medidas sancionatorias con las que hoy se presiona a Irán y (iii) que los Estados Unidos aseguren que no buscan un “cambio de régimen” en Irán.

Esos condicionamientos tradicionales eran una constante. Esta vez, sin embargo, no se han enunciado. Al menos, por ahora. Como si no se quisiera enfrentar el riesgo de abortar -de inicio- una oportunidad que se considera importante que acaba de abrirse. Y como si lo que el propio Khamenei llama “una nueva era para el mundo” posibilitara hoy lo que hasta ayer era imposible.

Esta postura del Líder Supremo iraní coincide con otra adoptada por él públicamente. La aprovechada por el Ayatollah Khamenei con motivo del tradicional discurso anual en Mashaad, con el que Irán festeja la llegada de su año nuevo. Este año, con tono de moderación, Khamenei dijo no oponerse al inicio de conversaciones con la comunidad internacional que, sostuvo, deben estar sometidas a un solo y único condicionamiento: el reconocimiento de que Irán tiene derecho a enriquecer uranio para fines pacíficos.

El problema obviamente pasa por poder verificar adecuadamente lo antedicho, en un país conocido como incumplidor, sin confiabilidad, que exporta violencia y terrorismo y del que la comunidad internacional recela, por buenas razones. Seguramente sin proponérselo, nuestra Presidenta, al reclamar una vez más el cumplimiento por parte de Irán del lamentable acuerdo alcanzado sobre la AMIA, sólo ha confirmado que, respecto de Irán, la confiabilidad no puede presumirse.

Pero lo cierto es que ambas partes parecen suponer que ha aparecido una interesante oportunidad para resolver diplomáticamente la cuestión del peligroso programa nuclear iraní y que el desafío -para ambas- es el de tratar de aprovecharla y no desperdiciarla ab initio.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.