Deuda, gasto e inflación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 7/5/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/05/deuda-gasto-e-inflacion.HTML

 

Existe una estrecha correlación entre estos tres conceptos, al punto de poder afirmar una reciproca dependencia entre ellos. Un caso típico es el que se presenta en el de la llamada deuda pública, que no es otra cosa que deuda estatal. El gobierno puede –y de hecho lo hace- endeudarse con diferentes sujetos. Estos pueden ser privados o estatales, nacionales o extranjeros. En cada caso, se hablará de deuda externa o interna; pública o privada. En todos ellos, el común denominador es que el sujeto pasivo de la deuda será el gobierno. Pero lo habitual y corriente es que -en la práctica- este compromiso se contraiga con otros gobiernos, por lo que el volumen más grande de la deuda de todo país suele ser la externa pública (estatal) y en menor grado la externa privada. En tercer lugar, vendrían las deudas internas. Aunque en los países con altas tasas de inflación (y considerando a esta como una deuda del estado-nación con cada uno de sus ciudadanos, no obstante aquel no contabilice la inflación como obligación financiera) la deuda interna (así entendida) puede igualar en cuantía (y aun superar) la externa (pública y privada).

Las teorías económicas desarrollistas (y otras de índole política) pusieron en boga la práctica por parte de los así denominados países “desarrollados” a otorgar créditos a las naciones del llamado “Tercer Mundo”. Empero, rápidamente se encontraron con el hecho de que los débitos generados por aquellos no resultaban cancelados en tiempo y forma:

“Inicialmente, los países desarrollados respondieron a la posibilidad de que los países del Tercer Mundo no pudieran pagar su deuda como si se tratara de un problema de liquidez, de modo que otorgaron nuevos préstamos en forma directa y a través de agencias multilaterales. Como parte del trato, los bancos comerciales seguirían otorgando créditos. En su inicio, los préstamos del FMI no requerían necesariamente ajustes estructurales, ya que las autoridades creían que los países endeudados necesitaban tiempo para poner sus finanzas en orden. De acuerdo con los programas del FMI, los países aumentaron impuestos y aranceles, y redujeron el gasto público. Hacia 1985, cuando ya era obvio que problemas más profundos y enraizados en las economías de los países en vías de desarrollo les impedían salir de la deuda externa, el Secretario del Tesoro norteamericano, James A. Baker, anunció que se implementaría una nueva estrategia en la que los nuevos créditos otorgados por el FMI y por los bancos comerciales estarían condicionados por políticas de mercado. A cambio de estos nuevos aportes, los países deudores deberían liberalizar sus economías.”[1]

La preocupación obvia -tanto del FMI como de los bancos- consistía en recuperar los créditos otorgados juntamente con sus intereses. Veían en la cuestión un problema exclusivamente financiero en lugar de otro económico, es decir, más de base. Es como expresar que “el árbol les impedía ver el bosque”. Sin duda que la exigencia de implementar “políticas de mercado” era acertada. Lo que en modo alguno lo era consistía en continuar otorgándoles préstamos. La situación no podía ser más paradojalmente absurda: primero se les daba dinero para “ordenar sus finanzas”. Como la “estrategia” no daba resultado, se decidió como idea “brillante” continuar dándoles créditos, pero esta vez con otro objetivo: para que liberalicen sus economías. El menor sentido común (y no ya la sana doctrina económica) tendría que haberles indicado que, si no consiguieron el primer efecto menos aun iban a lograr el segundo utilizando la misma receta que había fracasado en primer término con el anterior.

“Hacia 1987 fue evidente que esta estrategia no estaba funcionando. Los países hacían muy poco por lograr las reformas económicas, aun cuando seguían recibiendo financiamiento para ello. Los bancos, aunque continuaron prestando, estaban reduciendo su exposición en la región. Paul Krugman calculó que desde 1982 hasta 1987 el volumen de créditos oficiales a los países que eran parte del Plan Baker, aumentó de US$ 50 mil millones a US$ 120 mil millones, mientras que los préstamos de la banca se mantuvieron fijos en US$ 250 mil millones durante este período y después disminuyeron a US$ 225 mil millones en 1988.8 Se estaba llevando a cabo una paulatina transferencia de una deuda privada a una deuda pública al no existir una resolución que pusiera fin al problema latente que causaba la crisis de la deuda.”[2]

Las consecuencias eran obvias ¿qué incentivos podían recibir los gobiernos recipiendarios de generosos créditos para reformar sus economías si los fondos necesarios para ello continuaban llegando sin cesar de los organismos de crédito internacionales? Esos países empleaban la misma lógica que utiliza cualquier subsidiado por el gobierno. Por ejemplo, el famoso subsidio al desempleo. Va de suyo que, si el desempleo se subsidia, ipso facto desaparece cualquier aliciente para buscar y conseguir empleo. En su lugar, el acicate se orienta a conservar el subsidio (que no exige esfuerzo alguno a cambio) y aun más, a obtener otros nuevos y/o mayores. La misma lógica han empleado los gobiernos favorecidos con créditos blandos con la “finalidad” (ilusa) de que “liberalicen” sus economías. Claramente el estímulo se situaría en el sentido opuesto: es decir a incrementar y mantener la línea crediticia, siempre con el pretexto (muy a mano) de que los caudales no eran suficientes para lograr la meta. ¡Nunca los eran!

Lo que ocurría era muy diferente: los gobiernos receptores de los créditos internacionales destinaban dichos dineros no a reformas estructurales, sino que el capital así recibido iba directo a engrosar el gasto público. A su turno, el crecimiento de este generaba un mayor déficit fiscal, lo que –a renglón seguido- motivaba a los gobiernos endeudarse mas y mas aun, solicitando nuevos préstamos para tratar de cerrar la brecha fiscal, repitiéndose el circulo vicioso -una y otra vez- en la medida que los créditos se renovaban, convirtiendo todo el proceso en una inmensa espiral inflacionaria.

[1] Ian Vásquez “Reparación de la relación acreedor-deudor en el mercado financiero internacional” Capítulo 10 en Daniel Artana y James A. Dorn. Compiladores. Crisis financieras internacionales: ¿qué rol le corresponde al gobierno? – 1ª. ed. – Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004. pág.125

[2] Ian Vásquez “Reparación de la relación acreedor-deudor….ob. cit. Pág. 125

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero

Tamaño y papel del Estado: el debate ausente

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 13/4/16 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2016/04/13/tamano-y-papel-del-estado-el-debate-ausente/

 

Según ha informado el Gobierno recientemente, el año 2015 culminó con un déficit fiscal del 9% del PBI. Si tomamos este número como cierto, entonces este nivel de déficit que ha dejado el kirchnerismo es superior al de la crisis del 2001 (7%) y al del final del Gobierno de Raúl Alfonsín (8%). En el último medio siglo es superado únicamente por el Gobierno militar con José Martínez de Hoz (11%) y durante el de Perón-Perón (14%).

Distintos funcionarios del Gobierno han sido explícitos en sostener que el déficit fiscal es un problema serio a resolver y que es además el origen de las altas tasas de inflación que se iniciaron en el 2007. El problema madre de los desequilibrios económicos en Argentina son los déficits fiscales.

Solucionar el problema del déficit fiscal en Argentina, sin embargo, no es una mera cuestión de cerrar números. En primer lugar, el tamaño del déficit, 9% del PBI, muestra que el desequilibrio entre ingresos fiscales y gastos del Tesoro no es menor; la estructura de ingresos y la de gastos se encuentran en niveles distintos. En segundo lugar, la presión fiscal consolidada supera el 40% del PBI; es decir, no hay margen para subir impuestos, por lo que es necesario revisar los gastos. En tercer lugar, el nivel de gasto es insostenible. Si con una presión fiscal del 40% del PBI el déficit se encuentra en torno al 9% del PBI, es claro que el Estado se halla sobredimensionado.

Esto indica que el problema a resolver no se soluciona con ajustes marginales; es necesario bajar ambos, los impuestos y el gasto público. Corregir un déficit fiscal de 9% del PBI con una presión fiscal superior al 40% del PBI no es otra cosa que cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado en Argentina. De 1960 a la fecha el Tesoro ha tenido superávit sólo cinco o seis años. Los déficits fiscales son comunes a los distintos Gobiernos que hemos tenido hasta la fecha (Arturo Illia, Gobierno militar, Domingo Perón, Isabel Perón, Gobierno militar, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner). El problema del déficit fiscal en Argentina no es, entonces, un problema de gobiernos, es un problema de estructura del Estado. El desafío de Cambiemos no es terminar con un déficit fiscal, sino terminar con el ciclo de déficits fiscales.

Resolver este problema requiere cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado. Este es el debate ausente hasta el momento. ¿Debe ser el Estado fuente del masivo empleo público en el que se ha transformado? ¿Debe el Estado ser fuente de una creciente e impagable asistencia social, o debe generar las condiciones para que dicha asistencia se vuelva innecesaria? ¿Debe el Estado ser protector de sectores industriales y empresariales (por ejemplo, en Tierra del Fuego), o debe garantizar un marco competitivo donde sea el consumidor quien elija cómo consumir? ¿Es necesario que el Estado provea servicios como Fútbol para Todos y Aerolíneas Argentinas, o debería garantizar las condiciones para que estos y otros servicios sean provistos por el mercado? En resumen, Argentina tiene un Estado que quiere hacer mucho y estar presente en todo lo que pueda, en lugar de un aparato estatal que garantice la propiedad privada y haga cumplir los contratos para que sean las personas quienes provean sus propios bienes y servicios.¿Debe el Estado garantizar un ambiente de libre mercado, o debe ser el Gran Hermano que todo lo observa y todo lo regula (como ejemplifica la reacción ante el desembarco de Uber hace pocos días)? Argentina parece tener la ilusión de querer vivir con el nivel de riqueza de las economías más libres del mundo, al mismo tiempo que es una de las economías menos libres del mundo.

El problema no es que el Estado gasta mal, el problema es que gasta demasiado por estar sobredimensionado. El Estado argentino actual es impagable, con o sin arreglo con los holdouts, del mismo modo que quien no es millonario no puede vivir como tal, con o sin una tarjeta de crédito. Mientras en Argentina no se replantee cuál ha de ser el papel del Estado, los desequilibrios económicos seguirán apareciendo de forma cíclica como lo han hecho en el último medio siglo.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Gasto público: poniendo las barbas en remojo

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 31/5/15 en: http://economiaparatodos.net/gasto-publico-poniendo-las-barbas-en-remojo/

 

Si algo necesita la economía argentina desesperadamente es una fenomenal reforma tributaria con una importante baja de la carga impositiva

El mes de marzo, sin contabilidad creativa, el resultado fiscal del sector público nacional, base caja, fue negativo en $ 34.400 millones, así el déficit fiscal creció el 99,5% con relación a marzo del año pasado y acumula un rojo de casi $ 73.000 millones en el primer trimestre, con lo cual el déficit fiscal del primer trimestre de 2015 aumentó el 120% con relación al primer trimestre de 2014.

Con el gasto público creciendo al 45% interanual y esta carga tributaria asfixiante, el candidato que diga que no va a bajar el gasto público si asume la presidencia, sea de la oposición o del oficialismo, sencillamente miente o piensa generar una fenomenal crisis económica. Peor que la que ahora estamos viviendo.

El desafío del próximo gobierno, si es que no quiere establecer una tiranía como la que pretende terminar de instaurar el kirchnerismo, no es solo volver a una democracia republicana sino también establecer cierta normalidad económica que le permita a la gente tener un horizonte de esperanza de crecimiento. De mayor bienestar económico.

Para lograr ese objetivo el próximo gobierno tiene que generar una verdadera catarata de inversiones en el sector real de la economía para crear nuevos puestos de trabajo. Digo que tiene que ser una catarata de puestos de trabajo porque el mercado laboral  tiene que absorber a todos los jóvenes que se incorporan anualmente, a los que hoy viven de los llamados subsidios sociales y a los 2 millones de personas que durante el kirchnerismo se conchabaron en el sector público nacional, provincial y municipal, figurando estadísticamente como ocupados pero que en realidad son desocupados porque no producen nada que necesite la gente. Esos 2 millones, más los que estaban de antes y sobraban tienen que pasar a hacer algo productivos en el sector privado.

Ahora bien, el desafío de establecer una cierta normalidad económica y atraer una catarata de inversiones implica terminar con la inflación y para eso se necesita tener disciplina monetaria. Pero para tener disciplina monetaria hay que tener disciplina fiscal. Con altas tasas de inflación como las que tenemos actualmente no es posible pensar en inversiones porque no es viable el cálculo económico; es decir, estimar ingresos y gastos futuros y posible rentabilidad de un proyecto de inversión.

De manera que para poder ofrecerle a la gente oportunidades de trabajo hacen falta inversiones. Para que vengan las inversiones, entre otras condiciones, se requiere de estabilidad monetaria. Terminar o reducir notablemente la inflación. Para bajar la inflación hace falta eliminar o bajar fuertemente el déficit fiscal. Y aquí viene el problema de fondo. ¿Cómo se elimina el déficit fiscal? Una opción es subiendo la carga tributaria, otra es bajando el gasto público y una tercera es haciendo una mezcla de las dos primeras.

La realidad es que este gobierno ha hecho tal desastre con el aumento del gasto y ha llevado a niveles tan insoportables la carga tributaria, que no luce viable ni siquiera una mezcla de baja del gasto con suba de impuestos. El gran desafío del próximo gobierno es bajar el déficit fiscal y, al mismo tiempo, disminuir la carga tributaria. Solo los k pueden pensar en aumentarles la carga tributaria a las personas y empresas. Cualquier otro próximo gobierno medianamente sensato sabe que ni por casualidad puede subirles ganancias a las personas físicas o aplicarle cualquier otro impuesto.

Si de empresas se trata, es impensable atraer inversiones para crear puestos de trabajo subiéndoles más la carga impositiva. Hoy las empresas pagan impuestos a las ganancias sobre utilidades inexistentes. Es decir, pagan el impuesto a las ganancias sobre su stock de capital.

Además, está el impresentable impuesto al cheque, los derechos de exportación, el inconstitucional impuesto a los bienes personales y el listado sigue. Si algo necesita la economía argentina desesperadamente es una fenomenal reforma tributaria con una importante baja de la carga impositiva. Un sistema tributario sencillo, donde muchos paguen un monto reducido de impuestos.

Si el próximo gobierno no quiere bajar el gasto público, tendrá que pensar en otras formas de financiar el déficit fiscal si es que no quiere disparar la inflación más de lo que ya se ha disparado. Las opciones que quedan no son tantas. Puede intentar captar crédito en el mercado interno elevando la tasa de interés, desestimulando las inversiones que debería atraer y profundizando la recesión. Al profundizar la recesión cae más la recaudación y sin baja del gasto público el déficit fiscal se agranda.

La otra opción es tomar crédito externo. Para eso tiene que, por un lado resolver el problema de la deuda externa que deja pendiente el kirchnerismo, y por otro lado tener presente que financiar el déficit fiscal con deuda externa es pan para hoy y hambre para mañana. El mañana siempre llega y la cuenta hay que pagarla.

Finalmente solo le quedaría al próximo gobierno consumir más stock de capital existente en infraestructura. Rutas, sistema energético, puertos, etc. Hoy no queda mucho por consumir.

En definitiva, en estos 12 años el kirchnerismo hay hecho estragos en el flanco fiscal. Tanto disparando el gasto público como matando a la gente con impuestos. Si en 12 años el kirchnerismo hizo el desastre fiscal que hizo, es de imaginar que en lo que resta de 2015 haga un verdadero destrozo para dejarle un flor de lío al próximo gobierno. Así que nada positivo podemos esperar de este gobierno en materia fiscal para el final de su mandato.

Se entiende que los candidatos opositores no lo puedan decir en su campaña política para no perder votos, pero los economistas independientes podemos afirmar que con los números fiscales de marzo  los que se acumularon en 12 nefastos años de populismo desenfrenado, el próximo gobierno tiene que empezar a poner las barbas en remojo, porque arreglar este lío sin bajar el gasto público es tan mentiroso como los inexistentes éxitos del relato k de su modelo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.