FALACIAS DE LA EDUCACIÓN ESTATAL

Por Alberto Benegas Lynch (h). 

Traducción del inglés de  la conferencia pronunciada en la European Center of Austrian Economics Foundation de la Universidad de Lietchenstein, Vaduz, mayo 29 de 2015.

 

El primer punto que debe subrayarse es que la expresión “educación pública” es del todo inapropiada puesto que oculta la naturaleza de lo que se quiere trasmitir. Esto es así porque, en primer lugar, la educación privada es también para el público y, por otro, se recurre a esa terminología para enmascarar su verdadero significado bastante patético por cierto, del mismo modo que resultan horripilantes las expresiones “literatura estatal”, “periodismo estatal”, “arte estatal” y equivalentes, que constituyen contradicciones en los términos. En el caso que nos ocupa, sin embargo, se trata de educación estatal.

 

A través del empleo de la fuerza no puede encararse el proceso educativo, en último análisis resulta imposible enseñar los fundamentos de la libertad y la consiguiente independencia de pensamiento en base a la compulsión.

 

En la mayor parte de los países hoy, la denominada educación privada no es en rigor privada puesto que las secretarías y ministerios de educación están encargados de aprobar las respectivas estructuras curriculares. El sector privado, con algunas limitaciones, se ocupa de cosas tales como las características de los edificios y los uniformes, pero la esencia de lo que se ofrece en las casas de estudio es manejada por reparticiones burocráticas.

 

Estos procedimientos ilustran la columna vertebral de la hipocresía  fascista: se permite que la propiedad privada quede registrada a nombre de privados pero el gobierno usa y dispone de ella, en contraste con el comunismo que de una manera directa decide la abolición de la propiedad. Los dos sistemas operan en la misma dirección, uno de modo indirecto mientras que el otro lo hace de modo directo. Pero es importante subrayar que los dos sistemas distorsionan la contabilidad o la bloquean del todo ya que los precios relativos son falsificados o eliminados de cuajo, lo cual se traduce en la malasignación de los siempre escasos recursos, situación que deriva en una mayor pobreza.

 

En un país civilizado, los ministerios y las secretarías de educación deberían dejarse sin efecto y las acreditaciones, en los casos en los que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven de auditorías cruzadas y en competencia de responsabilidades por la calidad de los programas desarrollados en colegios y universidades.

 

La politización debería estar completamente ausente en un tema tan delicado e importante como la educación. Dado que todos somos diferentes en la mayor parte de los aspectos clave, especialmente desde la perspectiva psicológica, los respectivos programas ofrecidos deben ser diferentes al efecto de calzar con las diferentes potencialidades de las múltiples demandas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esas diferenciaciones lo son de un modo multidimensional en la misma persona por lo que se requiere un proceso dinámico y cambiante.

 

Cada uno de nosotros modificamos nuestra estructura cultural. Según sean nuestras inquietudes y actividades, no somos los mismos hoy respecto a lo que fuimos ayer ni seremos iguales mañana. Imponer verticalmente desde el poder programas educativos en el contexto de una especie de guillotina horizontal, es no entender que significa la educación, aunque aquello se lleve a cabo de modo descentralizado ya que siempre es el poder político el que tiene la última palabra cuando existen ministerios de educación o de cultura.

 

Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, reduce salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida.

 

Más aun, si tomamos en cuenta el concepto de utilidad marginal resulta claro que una unidad monetaria es en general -a pesar de que no son posibles las comparaciones intersubjetivas de utilidad ni tampoco pueden referirse a números cardinales- no es lo mismo para una persona pobre que lo es para una persona rica. En el primer caso, manteniendo los demás factores constantes, el efecto negativo del tributo será mayor, lo cual hace que el impacto impositivo recaiga en definitiva con mayor peso en los más pobres como consecuencia de la antedicha contracción en las inversiones.

 

Imaginemos una familia muy pobre que no está en condiciones de afrontar los costos de oportunidad que significa enviar a sus hijos a estudiar. En este caso, a través de los impuestos que,  como queda dicho, se afrontan vía la contracción de los salarios de los relativamente más pobres, están de hecho financiando los estudios de alumnos más pudientes.

 

Y si otra familia, con gran esfuerzo, puede enviar a sus hijos a estudiar, si realiza un análisis fiscal correcto los enviarán a instituciones estatales puesto que, de enviarlos a colegios y universidades privadas, estarían pagando un costo doble: uno a través de los impuestos para mantener la educación estatal y otro al financiar la matrícula y las cuotas en el ámbito privado.

 

Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son en general más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón de incentivos que hacen que las mal llamadas “empresas estatales” sean ineficientes. La mera constitución de esas “empresas” necesariamente implica derroche de capital puesto que los recursos son asignados en una dirección distinta de la que hubiera elegido la gente (y si fuera en el mismo sentido, no hay razón para la intervención gubernamental). La forma en que se consume café y se encienden las luces no sigue las mismas pautas en “empresas estatales” que en las privadas. Los incentivos y “la tragedia de los comunes” hace que se opere de modo ineficiente.

 

Se ha sugerido el sistema de vouchers en repetidas ocasiones. Es cierto que este sistema exhibe un non sequitr : esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiera de todas las existentes.

 

En cualquier caso, los vouchers también significan que principalmente son los pobres los que se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes y también, a pesar de que las mediciones de IQ son irrelevantes (como se ha demostrado, todos somos inteligentes pero para temas y campos muy diferentes), aquellos que no califican para las ofertas disponibles deben pagar los estudios de los mejor calificados, lo cual constituye también una injusticia flagrante.

 

Esto para nada significa que deben eliminarse los vouchers privados, muy por el contrario, éstos contribuyen a que se establezcan incentivos fértiles del mismo modo que lo hacen las becas que son financiadas voluntariamente en vista de las externalidades positivas que la buena educación reporta. El problema se suscita cuando se trata de vouchers estatales.

 

Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de la no-rivalidad y no-exclusión propios de los bienes públicos.

 

También se ha dicho una y otra vez que la educación estatal debe incorporarse porque le da sustento a la idea de la “igualdad de oportunidades”. Esta figura, prima facie parece atractiva pero es del todo incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. El liberalismo y la sociedad abierta promueven que la gente disponga de mayores oportunidades pero no iguales. Si un jugador mediocre de tennis debe tener igual oportunidad al jugar con un profesional, debe imponerse una limitación a este último, por ejemplo, que juegue con una sola pierna y esta imposición se traduce en que su derecho ha sido conculcado.

 

Una misma línea argumental es aplicable al “derecho a la educación”. No hay tal cosa. Un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si alguien obtiene como salario 100 en el mercado laboral, hay una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si la misma persona alega que tiene “derecho” a obtener 200 que no obtiene con su trabajo lo cual es sin embargo garantizado por el aparato estatal, esto significa que otras personas serán compelidas a financiar la diferencia, lo cual lesionará sus derechos. Esta es la razón por la que el “derecho a la educación” -el reclamo sobre el bolsillo ajeno- es un pseudoderecho.

 

Soy plenamente conciente que la educación estatal es la vaca sagrada del momento, pero esto precisamente constituye un motivo adicional para desentrañar este peligroso mito.

 

Se ha afirmado que debería ayudarse a aquellos que cuentan con las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas disponibles pero que no disponen de los ingresos suficientes. Esta es una aseveración indudablemente muy bien inspirada, pero para ello debería recurrirse a la primera persona del singular y no pretender el endoso a otros recurriendo a la tercera persona del plural. “Put your money where your mouth is” es una receta anglosajona que debiera tomarse muy en cuenta. En la misma dirección, debe considerarse que la solidaridad y la caridad nunca pueden ser provistas por el estado ya que, por definición, se trata de actos voluntarios y realizados con recursos propios.

 

En varios países el home schooling es utilizado como una defensa contra la invasión de la educación estatal. Hace un tiempo, The Economist estudió esta forma de educar desde los domicilios de los interesados de manera extensa, donde consignó las opiniones de los oficiales de admisión de varias de las universidades del Ivy League en Estados Unidos respecto a los candidatos a ingresar en esas casas de estudios provenientes del home schooling. Las opiniones eran coincidentes en señalar no solo las excelentes condiciones académicas de los candidatos sino que subrayaron el cuidado y la precisión en la forma de expresarse y la calidad de sus vestimentas.

 

Algunas personas han objetado el home schooling en base a la creencia de que este sistema no permite la socialización de unos alumnos con otros, lo cual no es cierto porque, precisamente, la preocupación y ocupación es mucha por programar reuniones sociales entre los jóvenes a través de deportes, bailes, certámenes de ajedrez, asociaciones varias, actividades en parroquias y equivalentes. Es notable el apoyo logístico que presentan los programas de estudio en Internet, lo cual no requiere que los padres conozcan los contenidos de las diversas asignaturas, solo se requiere que hagan el seguimiento de los estudios de su prole directamente o lo hagan a través de personas contratadas a tal efecto.

 

Cuando tiene lugar la educación estatal, en mayor o menor medida, tarde o temprano, aparece la indoctrinación debido a la necesaria intromisión del gobierno. Si los burócratas están a cargo de la educación de alguna manera inexorablemente influyen sobre los programas, los textos y las pautas a su cargo. Del mismo modo en que resulta vital la separación tajante entre la religión y el poder político, la educación demanda que no se politice si el objetivo fuera el establecimiento de una sociedad abierta.

 

En algunos países, en épocas en donde comenzó la irrupción de la educación estatal  se ha ocultado  el hecho de que con anterioridad existían escuelas privadas que en gran medida desaparecieron y fueron barridas del mercado debido a la alegada “gratuidad” de las primeras. El encandilamiento que produjo este fenómeno no permitió tomar nota del proceso que tenía lugar en el sector privado, en base a la filantropía, los centros educativos parroquiales y a las entidades típicas de la educación financiadas en este último caso con las matrículas y cuotas estudiantiles.

 

Se mantiene que los niños debieran contar con un minimum de enseñanza tal como el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero si los padres de familia consideran que eso es importante, es eso a lo que se le otorgará prioridad tal como ha ocurrido a través de la historia por medio de pagos directos o por medio de becas. No hay necesidad de introducir la compulsión para lo que la gente considera importante en la currícula educativa.

 

Es muy cierto que la educación es fundamental pero más importante aun es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del estado como era el sistema impuesto por Stalin y sus imitadores pasados y presentes porque la hambruna es segura. Cuando la política se hace cargo de la educación, aparece otro tipo de hambruna que es la espiritual y cultural.

 

En un plano más amplio, tal vez el clima que prepara con mayor fuerza para la antedicha hambruna intelectual es la corrupción de la democracia, originalmente propuesta como el respeto de las mayorías a los derechos de las minorías. Lamentablemente, de contrabando, el sistema a degenerado para instalar en cambio un sistema infame que se identifica con la cleptocracia, es decir, el gobierno de los ladrones de libertades, de propiedades y de sueños de vida.

 

Si prestamos atención a los escritos de historiadores, comprobaremos que, comenzando con Atenas,  no había interferencia estatal en materia educativa. Cualquiera podía instalar un colegio y competir para atraer alumnos a muy diferentes precios y condiciones, lo cual produjo como resultado la mejor educación del mundo de entonces. En contraste con este procedimiento, en Esparta se impuso un sistema militar y totalitario lo cual redundó en una sociedad que fue la menos ilustrada de aquél entonces, solo entrenada en la fuerza bruta que perseguía y agredía a los vecinos y disidentes interiores lo cual hizo tabla rasa con lo que se conoce como vidas privadas.

 

Roma contaba básicamente con un sistema educativo libre de regulaciones durante la República, lo cual se fue modificando durante el Imperio hasta requerir licencias para las escuelas y se persiguió y condenó a maestros cuyas enseñanzas eran desaprobadas por el gobierno.

 

En el mundo árabe, la educación estaba basada en el sistema libre de Atenas. Esta fue el motivo central que explica el progreso notable en arquitectura, medicina, economía, derecho, geometría, álgebra, filosofía, agricultura, literatura y música durante siglos, en lugar de los gobiernos fanáticos de nuestro tiempo que se inclinan a la estatización de la educación como un medio potente de indoctrinar a la gente para lograr propósitos políticos y  religiosos, tal como fue impuesto antes en algunos países cristianos a través del método criminal de la Inquisición y otros procederes autoritarios.

 

En España, durante los ocho siglos de gobierno musulmán, los historiadores han consignado el enorme progreso en los más variados campos que acabamos de mencionar, incluyendo la tolerancia para con judíos y cristianos.

 

Debido a que el control gubernamental poco a poco se fue propagado en materia educativa, desde el siglo xvii se instaló el primer sistema de educación estatal en Alemania, en Suiza y en Francia. Ya en el siglo xviii la mayor parte de Europa estuvo bajo la influencia de este sistema (excepto Bélgica que impuso el sistema en 1920).

 

En Estados Unidos -excepto en New England- la educación era libre, lo cual cambió dramáticamente en el siglo veinte donde se revirtió la política en cuanto al establecimiento  compulsivo para atender colegios y la Secretaría de Educación se estableció en los años setenta. Originalmente, en las colonias, tuvo gran preponderancia e influencia la educación parroquial que respondía a diversas denominaciones religiosas. Más adelante, en algunas colonias en las que comenzó la educación estatal, ésta era financiada a través de la lotería del estado para no recurrir a la compulsión.

 

El argumento de que los colegios del estado y la correspondiente supervisión deben estar en manos gubernamentales para “fabricar un buen ciudadano” constituye un pobre argumento y una excusa burda para el antes referido adoctrinamiento. Esta es la razón por la que es errado suponer que cuanto más gaste el gobierno en educación la situación mejorará. Antes al contrario, a través de la politización la situación educativa se torna más difícil si es que se pretende contar con personas con criterios independientes en el marco de una sociedad de hombres libres.

 

La difusión de las ideas estatistas, colectivistas y autoritarias de Herder, Fichte, Hegel, Schelling, Schmoller, Sombart y List en colegios y universidades alemanas (las cuales fueron anticipadas parcialmente por Bismark en el terreno político) es uno de los principales motivos que explican la irrupción de Hitler. Y una vez que los nazis asumieron el poder, el sistema fue apoyado por intelectuales como Keynes, quien en el prefacio a la edición alemana de 1936 de su Teoría general escribió que “la teoría de la producción como un todo, que es a lo que apunta el presente libro, es mucho más fácilmente aplicable a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de los resultados producidos bajo las condiciones de la libre competencia y del laissez-faire”.

 

Quisiera cerrar esta presentación telegráfica con una cita de Ludwig von Mises de su obra The Free and Porosperous Commonwealth donde destaca que “hay en realidad solo una solución: el estado, el gobierno y las leyes no deben en modo alguno interferir con la educación. Los fondos públicos no deben utilizarse para esos propósitos. La educación y la instrucción de la juventud debe dejarse enteramente a los padres y a las asociaciones e instituciones privadas”.

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Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

A RAÍZ DE CHARLIE HEBDO:

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Toda persona con un mínimo de sentido  común ha quedado horrorizada con el  ataque terrorista a la redacción de la célebre revista en París mencionada en el título de esta nota. Un acto espantoso en el que fueron asesinadas doce personas.

 

Este tema tiene dos aristas clave. La primera consiste en estar alertas frente a la buscada intención de confundir una religión con un acto criminal. Ya bastante ha sufrido la humanidad con guerras religiosas que en nombre de Dios, la bondad y la misericordia han achurado, degollado, amputado, torturado y quemado a cientos de miles de seres humanos. Los fanatismos religiosos a través de inquisiciones y demás atropellos a las libertades individuales se han constituido en bandas contrarias al mínimo respeto al derecho de cada cual para seguir el camino que estime pertinente siempre y cuando no lesionen igual posibilidad a otros.

 

En el caso que nos ocupa, es relevante apuntar que hay mil cuatrocientos millones de musulmanes en el mundo y la inmensa mayoría repudia el terrorismo y la devastadora alianza del poder con la religión y el consiguiente adoctrinamiento y acciones agresivas hacia otros pensamientos y preferencias. Aquellas mayorías siguen la tradición de la tolerancia, demostrada, por ejemplo, en España durante los ocho siglos de gobierno musulmán, circunstancia en la que el progreso ha sido portentoso en filosofía, medicina, derecho, economía, agricultura, música, geometría, álgebra y arquitectura. Afirman que el jihad es la guerra interior contra el pecado y citan el Corán que dice que quien mata a una persona será tratado como que mató a la humanidad y quien salva a una es como si salvara a la humanidad (en 5:31). Esto va para estar en guardia de la siempre estigmatizadora y xenófoba derecha.

 

El sentido del humor es central en la vida, especialmente la capacidad de reírse de uno mismo. Los acomplejados y débiles mentales no resisten el humor que muchas veces es más punzante que una faena de investigación que pone al descubierto debilidades y corrupciones de quienes sienten que deben estar o están en el centro del poder político y sus aliados circunstanciales.  Demás está decir que la impronta liberal no significa que se deba ser imprudente, pero no excluye la imprudencia, la impertinencia, el amarillismo y la zoncera siempre que no esté involucrada la lesión de derechos de otros. Cada uno asume la responsabilidad por lo que hace y así fabrica su reputación.  El modo de expresarse de uno no es el modo de otro, pero todos deben tener el derecho de hacerlo en una sociedad abierta. En lo personal, la burla y el sarcasmo a sentimientos religiosos de otros o de los propios, de agnósticos o de ateos me disgusta grandemente pero parafraseándolo a Voltaire nada debería hacerse para prohibir semejantes manifestaciones, ni ninguna otra.

 

Por otro lado, en general, la ridiculización, la ironía y la satirización tienen muchas veces más fuerza que la articulación de argumentos serios. En esta nota rendimos homenaje a la tarea periodística que solo responde a los dictados de la conciencia de quien habla, escribe o dibuja.

 

La segunda arista se refiere a la indispensable libertad de prensa, para lo cual introduzco algunas partes de un artículo de mi autoría publicado en “La Nación” de Buenos Aires (abril 10, 2012). Esta libertad debe ser respetada y cuidada como política de elemental higiene cívica en el contexto de una sociedad abierta, no solo porque el ventilar y debatir ideas es indispensable para acrecentar conocimientos y conocer opiniones varias sobre muy distintos temas, sino porque brinda información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitación y abuso de poder.

 

Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de la “seguridad nacional” y los “secretos de Estado” alegando “traición a la patria”, “insolencia” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa.

 

Por supuesto que nos estamos refiriendo a la plena libertad sin censura previa, lo cual no es óbice para que se asuman con todo el rigor necesario las correspondientes responsabilidades  ante la Justicia por lo expresado en caso de haber lesionado derechos de terceros, lo cual puede incluir ofensas difamatorias. Esta plena libertad de prensa desde luego incluye al humor y la caricatura, como es el caso hoy de Charlie Hebdo en donde se ha producido la tragedia que comentamos.

 

Esta plena libertad incluye presentaciones irreverentes y, sobre todo, el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema vigente, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios, aplicados también al caso de Charlie Hebdo con su frecuente inclinación de izquierda militante, lo cual resulta irrelevante para lo que decimos de la libertad de prensa.

 

Hasta aquí lo básico del tema, pero es pertinente explorar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados y permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. No resulta infrecuente que periodistas bien intencionados y mejor inspirados se quejen amargamente porque sus medios no reciben el mismo trato que los que adhieren al gobierno de turno o a los que la juegan de periodistas y son directamente megáfonos del poder del momento. Pero en verdad, el problema es aceptar esa repartición estatal en lugar de optar por su disolución, y cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos se han acostumbrado.

 

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo, que en este campo se de por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.

 

Fenómeno parecido sucede con la pornografía y equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se trasmiten imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran padres putativos, cosa que no excluye que las emisoras privadas de cualquier parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas para seleccionar audiencias.

 

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

 

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) energúmenos que arremeten con fuerza contra el periodismo independiente (un pleonasmo pero en vista de lo que sucede en varios puntos del planeta, vale el adjetivo).

 

La libertad de expresión constituye el eje central de la sociedad abierta, los espíritus totalitarios no comprenden ese valor inmenso al efecto de respirar el purificador oxígeno de la libertad; bien ha escrito Thomas Jefferson que “nuestra libertad depende de la libertad de prensa la cual no pude ser limitada sin perderlo todo”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.