La revancha autocrática

Por Constanza Mazzina. Publicado el 7/6/21 en: https://www.demoamlat.com/la-revancha-autocratica/

La contraola autoritaria: signo y seña del populismo que amenaza con borrar del mapa las conquistas del estado de derecho que supone la democracia, las libertades individuales que plantea el liberalismo político, la separación y autonomía de poderes propia del republicanismo, la transparencia y rendición de cuentas, los límites a los mandatos. Las autocracias instalan un discurso único con que representar la realidad bajo la lógica paranoide de amigo-enemigo y proponen una versión verticalista de construir poder irradiado desde la figura del personalismo que lo centraliza.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales entre modelos autoritarios y democráticos. 

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.[1]”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, políticos y económicos que,  en mayor o menor grado, todos los países de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de cristalizarse. 

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente”.

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus (COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación mundial desde que se elaboró ​​por primera vez el índice en 2006. El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años [2] es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder. 

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una conferencia [3] una distinción entre dos formas de concebir, de definir la democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista. 

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel. 

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación del Estado, del orden económico, político y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado de derecho.  

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas. 

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario se hace presente en la región como un elemento constitucional transitorio y fundamental para transitar  los primeros años de gobierno y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos. 

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias [4].

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno. 

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: ¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué valores son propios de la democracia y cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los  derechos de todos los ciudadanos serán respetados”. 

[1] https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

[2] Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” (Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)

[3] El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf

[4] Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

«Vamos a volver»

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/11/vamos-volver.html

 

«Vamos a volver» es el cántico de los adherentes al partido peronista. Es una adaptación más reciente del creado a fines de los sesenta y comienzos de los setenta que decía «Luche y vuelve» en alusión al General Juan D. Perón entonces confinado en su exilio en España. Es decir, el «Vamos a volver» no es una creación reciente, ni se aplica solamente a la actual coyuntura política, sino que es más una declaración de principios del peronismo. Y podría decirse que les ha ido bien con esa muletilla constante y tediosa, porque siempre han vuelto. Volvió Perón de su largo exilio y fue ungido con una tercera presidencia, y luego de Perón volvieron sus «muchachos peronistas» una y otra vez al gobierno.

Pero más allá de sus vueltas al gobierno argentino, todas ellas para quedarse largos años disfrutando del poder, el «Vamos a volver» tiene un significado más profundo todavía, porque es una fe de dogmas que ya se han hecho parte de la historia política del país. Es volver al pasado. En Argentina no es un «Vamos hacia el futuro», «vayamos hacia adelante», «al porvenir». No. Es «Vamos a volver» ¿a «volver» adonde?

Sólo se puede volver al pasado, a la década fascista del 40 cuando el peronismo trepa al poder y comienza una obra destructiva que llega hasta nuestros días. Es esta Argentina, la Argentina que siempre está diciendo «Vamos a volver»… hacia atrás, hacia el atraso, hacia la pobreza, hacia la miseria, hacia lo que nunca funcionó en ninguna parte del mundo.

Por eso Argentina no crece, no se levanta, no asciende, porque siempre está volviendo, ayer como hoy volver hacia el único punto donde se puede volver… hacia atrás. Todo eso está plasmado y queda representado por el famoso cantito «Vamos a volver», que entonan hoy con alegría los de ayer y hoy «muchachos peronistas».

Entonces, la filosofía política argentina es un eterno retroceder que está representado por la facción peronista. Y siempre me he negado a los distintos «ismos» que se han querido formar con los apellidos de sus dos últimos personajes (Menem y Kirchner) porque el único «ismo» válido es el del fundador del partido (J. D. Perón) y que los discípulos no sólo han dicho profesar lealtad a su líder, sino que han querido «adaptar» sus ideas dirigistas a épocas «modernas» y a las coyunturas en las que les tocó gobernar.

Como acertadamente se ha dicho muchas veces, la «lógica» del peronismo ha sido y es la del poder por el poder mismo. Por eso Perón fue fascista durante sus dos primeros gobiernos (donde gritaba “¡Ni yankees ni marxistas, peronistas!”) pero debió «tolerar» a la izquierda dentro de su movimiento durante su tercer periodo.

Por análogos motivos y para mantenerse en el dominio, Menem se vio forzado a autorizar medidas económicas (por caso privatizaciones monopólicas y oligopólicas) que jamás había aceptado antes de llegar a la presidencia de la nación, pero la coyuntura económica existente al momento de su arribo al gobierno no le dejaban margen alguno para aplicar el populismo abiertamente fascista del fundador de su partido y en el cual él verdaderamente creía. Debió ser pragmático. Y también, por el mismo motivo el matrimonio Kirchner tuvo -para conseguir mantenerse en el gobierno- que aplicar las recetas contrarias a las que había tomado su predecesor partidario quien -a ese tiempo- había ganado alguna creciente impopularidad.

De la misma manera que Menem debió dar cierto giro hacia la «centro-derecha» como se decía, los Kirchner tuvieron que hacerlo hacia la «centro-izquierda» conforme se discutía entonces. Todo (para tanto en un caso como en el otro) no perder ni un gramo de autoridad. Es decir, siguiendo la lógica del líder y fundador del partido.

La constante en el peronismo y de estos personajes siempre fue la de «El fin justifica los medios» (Maquiavelo) y como «el fin» es fue y es el poderío, los medios han de adaptarse a esos fines, si es necesario se habla de «Economía popular de mercado» (Menem) o de su contrario (Kirchner y «Sra.»). Todo vale en y dentro del peronismo cuando de lograr y mantenerse en la cúspide del poder se trata.

Y desde luego, la democracia cae dentro de la misma «lógica»; es para ellos sólo un mecanismo formal para acceder a esa cima política que tanto anhelan, por la cual luchan en forma constante sean gobierno u oposición. Y esta última palabra es clave: el peronismo esta tan acostumbrado a gobernar (a su antojo) que siendo la primera vez que debió ser oposición en el gobierno de Macri, no supo serlo más que de la manera en que ellos siempre han accedido y permanecido en el mando: conspirando y saboteando cualquier medida que tome alguien que no perteneciera al «movimiento» y al que circunstancialmente le toque gobernar. Prescindiendo de las torpezas, errores y desconocimientos propios de los gobiernos de Alfonsín y de De la Rúa también lo hicieron con estos anteriormente, si bien con mayor éxito que con el presidente Macri.

Pero regresando al punto inicial, el «Vamos a volver» es ya casi como una «filosofía» de toda la Argentina. Es como un compromiso con el pasado, con todo lo retrogrado, con todo lo que paraliza e inmoviliza, con una actitud sociológica que impide a los argentinos crecer. Una visión psico-filosófica de un constante mirar hacia atrás y ambicionar un pasado de autoritarismo, de pobreza, de estancamiento.

Una actitud enfermiza de una sociedad enferma en lo más profundo de su ser. Todo eso la Argentina lo sintetiza en el «Vamos a volver» peronista, porque el peronismo se ha infiltrado hasta en las fibras más íntimas del ser nacional, se milite en el partido que se milite, todo está impregnado de peronismo, es decir de retraso, anacronismo, primitivismo, tribalidad en su más áspera expresión. Eso es -hoy por hoy- la Argentina en la que se vive. ¿Qué futuro le espera a una nación que en lugar de aspirar al porvenir sólo repite y ansia el «Vamos a volver”? Y -paradójicamente- quienes corean como loros «Vamos a volver» se llaman a sí mismos progresistas ¿alguna vez se ha visto incoherencia mayor?

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Groseros errores en el guión que le escribieron a Cambiemos

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 22/5/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/05/22/groseros-errores-en-el-guion-que-le-escribieron-a-cambiemos-2/

 

Sería bueno que Cambiemos empiece a cambiar el discurso de confrontación que hundió a la Argentina

Mauricio Macri (Fabián Ramella)

Solo con ver algunos datos de Angus Maddison, podemos observar cómo Argentina pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado. Países que mirábamos por encima del hombro como si fuésemos unos fenómenos, nos pasaron como poste caído en los últimos 70 años e inclusive en menos de 70 años.

PBI per cápita

Comparando la evolución del ingreso per capita de Argentina con algunos países seleccionados, podemos ver lo dramático de nuestra caída o estancamiento, mientras el resto seguía creciendo.

Por ejemplo, en 1921 teníamos un ingreso per capita 24% superior al de España, y en 2016 España tuvo ingreso per capita 68,8% superior al nuestro.  Irlanda, cuya población emigraba por el escaso futuro que ofrecía su país, tenía un ingreso per capita que era el 57% de nuestro ingreso per capita. En 2016 Irlanda tuvo un ingreso per capita 198% más alto que el nuestro. Corea del Sur, país del cual aquí solían mofarse por los productos de baja calidad, tenía un ingreso per capita equivalente al 15,6% de nuestro PBI per capita y en 2016 pasó a tener un ingreso per capita 95% más alto que el nuestro.

La gente que habré escuchado decir: no se puede gastar en porquerías como los paragüitas de Taiwán. En la década del 70, teníamos un ingreso per capita 177% más alto que el de ellos. En 2016 Taiwán, con sus paragüitas, logró tener un ingreso per capita 126% mayor que el nuestro.
Como puede verse en la última línea de cuadro, todos los países seleccionados tuvieron un crecimiento del ingreso per capita superior al de Argentina.

Explicar nuestra larga decadencia da para un libro o un tratado, no obstante es bastante claro que la dirigencia política argentina ha generado un conflicto social permanente bajo el argumento de que la pobreza de unos se debe a la riqueza de otros. En otras palabras, el que es pobre, lo es porque otro es rico. La solución pasa, entonces, por redistribuir con «justicia social» la riqueza igualando hacia abajo.

Vidal, la política con mejor imagen en el país, cometió tres groseros errores de comunicación (Gustavo Gavotti)

La dirigencia política argentina se ha caracterizado por nunca hacerse cargo de sus actos y siempre señalar como culpable a otros. Lo hizo el kircherismo y se suponía que Cambiemos venía a cambiar ese discurso que en nada contribuye al crecimiento.

Los tres errores de Vidal

Lamentablemente, el marketing político de Cambiemos parece seguir ajustándose a los tradicionales discursos populistas y sin lógica económica alguna, al punto que María Eugenia Vidal, la política con mejor imagen en el país, acaba de cometer tres groseros errores de comunicaciónpor abusar del marketing político en vez de usar la lógica económica.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene una gran imagen positiva en la población, cometió el primer y grosero error al manifestar que Macri no podía describir en diciembre de 2015 la crítica situación que se había heredado del kirchnerismo, porque hacía falta endeudarse para financiar el gradualismo y si se contaba la verdad a los acreedores nadie le iba a prestar a Argentina para hacer el gradualismo.

Lo que nos está diciendo María Eugenia Vidal es que o Macri le mintió a los acreedores o que es un estafador porque les mintió a los acreedores. ¡¿Quién le escribe semejante guión a la gente de Cambiemos?!

Encima, es absolutamente insostenible ese argumento porque los acreedores, al igual que los economistas, sabíamos muy bien la pesada herencia económica que se recibía del kirchnerismo. Incluso, si fuera cierto el argumento utilizado por la gobernadora de Buenos Aires, entonces el presidente no habría cumplido con su obligación de dar el verdadero estado de la nación. No se le puede mentir al pueblo sobre los negocios de la nación para que el gobierno pueda beneficiarse aplicando una política económica determinada, que finalmente fue errada y agregó más problemas a los ya existentes.

El segundo error de Vidal consistió en afirmar que había encargado un estudio para ver quiénes estaban aumentando los precios injustificadamente, afirmando que esos aumentos desmedidos no le hacen bien al país. ¿Por qué cometió un error la gobernadora? Porque en la provincia de Buenos Aires el impuesto inmobiliario (por lo menos a mí que vivo en dicha provincia) me aumentó el 48,2% en los últimos 12 meses contra una inflación del 26% y desde que llegó al gobierno me incrementó el impuesto inmobiliario el 151,6% contra una inflación, en el mismo periodo, del 92%. Todo parece indicar que aquí no tuvo problemas con olvidarse del gradualismo y sacudir un incremento impositivo de esa magnitud.

Algunos podrán argumentar que se hizo un ajuste de los valores de las propiedades de acuerdo al precio de mercado. Sin embargo cualquier persona que haya hecho una operación inmobiliaria de una casa, sabe que los valores de tasación nada tienen que ver con los precios que finalmente se pactan en el mercado. Son sustancialmente menores. De manera que no se sabe qué criterio aplicó para hacer un ajuste que nada tiene que ver con el gradualismo.

La realidad es que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires pasó de $246.207 millones en 2015, último gobierno K, a un presupuestado para este año de $629.963 millones, un incremento del 156% contra una inflación en el período del 110% si asumimos un 20% de inflación para este año. Es más, el presupuesto 2018 tiene un aumento del 20% sobre el presupuesto de 2017 contra una inflación original del 10% y luego del 15%, de manera que a la hora de gastar plata del contribuyente la política no entiende de gradualismo y mucho menos cuando llega el momento de incrementar los impuestos.

Tiene habilidad para ganar elecciones

Reconozco que la gobernadora y Cambiemos tienen gran habilidad para ganar elecciones, igual que la tuvieron otros partidos políticos hasta que la gente dijo basta (menemismo, los K, e incluso Alfonsín con el tercer movimiento histórico), pero a la hora de conocer el ABC de la economía uno se explica la decadencia que muestra el gráfico.

En economía no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos en los que pueden incurrir las empresas. Es lo que se conoce como teoría de la imputación, y no conocerla es su tercer error. El proceso es inverso. Primero la empresa ve qué precio está dispuesto a pagar el mercado por su producto y qué cantidad puede vender a ese precio y en base a los ingresos que estime podrá determinar en qué costos puede incurrir (mano de obra, insumos, costos fijos, etc.). En lo que hace a la tasa de rentabilidad, no empecemos de nuevo con el verso de si ganan mucho o poco porque la rentabilidad está atada al riesgo de hundir una inversión en Argentina. Además, siempre está el BCRA ofreciendo un 40% de tasa como para que alguien haga cuentas y decida si le conviene invertir en LEBAC o hundir una inversión y lidiar con la AFIP, ARBA, los sindicatos, cobrar las cuentas y demás riesgos empresariales.

En resumen, sería bueno que Cambiemos empiece a cambiar el discurso de confrontación que hundió a la Argentina. Ese discurso de los políticos de nunca hacerse cargo de los errores que cometen y siempre buscar algún culpable: el FMI, los formadores de precios, la especulación y mil discursos más, propios del populismo.

Siempre insisto en que el problema económico argentino es un problema de los valores que imperan en la sociedad. Esos valores son los de confrontar a la sociedad diciendo que la desgracia de unos es consecuencia de la ambición de otros. En nuestro caso, solo puede darse esa explicación mostrando la ambición de los políticos por ganar elecciones y mantenerse en el poder a costa del nivel de vida de la población.

Hay que salir del discurso de confrontación para comenzar a cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad. En otras palabras, a Cambiemos, por lo menos, le está faltando un guionista que le escriba un discurso creíble y consistente. Diferente al populismo de los últimos 70 años.

Si Cambiemos es la generación que vino a cambiar la Argentina, no lo va a lograr con el mismo discurso populista que nos hizo pasar del desarrollo al subdesarrollo. Un viejo discurso para pretender ser la nueva generación.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE MACRI

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 3/12/17 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2017/12/carta-abierta-al-presidente-macri.html

 

Al Sr. Presidente de la Nación,

Ing. Mauricio Macri:

Sé que en este momento tiene temas más urgentes que el que le voy a plantear. El submarino y el problema de los Mapuches son temas que demandan su atención ya, sin dilación, y no quisiera yo distraerlo de su concentración. Por eso, por suerte para usted, lo más probable es que esta carta, despachada a la nueva y aleatoria nube que nos rodea, nunca le llegue. Pero, si así sucediera, le aseguro que no es mi intención molestarlo.

Yo voté por usted sin mayores expectativas, sabiendo que iba a seguir la Argentina de siempre, excepto por la salida de los psicópatas del poder más peligrosos con los que se enfrentó la Argentina en toda su historia. Lo único que yo esperaba, usted lo hizo: sacarnos del camino a Venezuela. Por ende, gracias. No espero nada más.

Pero no esperar no es igual a no deber. Y debo decir ante usted y ante todos que, por favor, nos escuche.

Los liberales hemos recibido todo tipo de epítetos a lo largo de la historia argentina. Bueno, en realidad habría que ver quiénes son los liberales. Al menos yo, un liberal clásico, partidario de la democracia constitucional anglosajona y la economía de mercado fundada en la Escuela Austríaca (y, para colmo, católico) he recibido todo tipo de elogios. Fascista, demente, utópico, esquizofrénico, neoliberal y, el último que se ha puesto de moda, también: liberalote.

Usted, Señor Presidente, no confía en nosotros. Le asiste algo de razón: contrariamente a lo que piensan muchos, nunca hemos sido gobierno. La primera y última vez fue con la Constitución de 1853. Luego, hubo de todo, desde lo parecido hasta lo grotesco: conservadores, antiperonistas, autoritarios, menemistas, y se me acabaron los adjetivos. Así que tiene razón: ¿qué esperar de quienes nunca se embarraron las manos en la política concreta? La única respuesta a eso puede ser la esperanza de lo nuevo. Como dice un famoso título de un famoso autor: ¿por qué no probar la libertad?

Señor presidente, escúchenos. Sé que sus asesores más cercanos le dirán que no lo haga, pero, finalmente, uno de los dramas del poder es que usted, finalmente, está solo. Solo con su conciencia. Finalmente, es esta última la que tiene que escuchar.

Usted juega el papel, aunque no lo haya buscado, de ser una esperanza. Eso no es raro en una Argentina bipolar que siempre cae tan bajo. El autoritarismo de los conservadores. El golpe del 30, casi nazi. El ascenso del Mussolini argentino. El peronismo sin Perón del 56 en adelante. El golpe del 66, con toda su rudeza. Las guerrillas que ya se estaban preparando. La guerra de los 70, con la corrupción, bajeza y banalidad del gobierno de Isabelita. El golpe del 76. La guerra sucia. Su tristísimo final. Pero ahora, escuche más: el Alfonsín cuya economía no le deja terminar su mandato. El Menem que sigue con el gasto público, la deuda pública y la presión impositiva. Su enorme corrupción. Y de vuelta, la esperanza democrática. El gobierno de la Alianza. Que sigue, sin embargo, con lo mismo. La explosión de la deuda pública y la deuda externa. El default. Otra vez, el tristísimo final, y lo que sigue es tan sencillamente horroroso que no quiero, ni hace falta, que se lo recuerde.

Usted tiene ahora dos alternativas. O dentro de algunos años es uno más en esta lista de fracasos, o pasa a la historia como el estadista que quiere ser.

Yo, Señor Presidente, no soy nadie como para explicarle de política concreta. Yo jamás podría haber hecho lo que usted hizo: vencer al kirchnerismo en las elecciones. Jamás. Soy sólo un profesor de filosofía, pero me atrevo a seguir porque sé distinguir entre el corto y el largo plazo.

A corto plazo está haciendo lo que puede y lo que pudo. Pero permítame hablarle del largo. Si, sé que es un largo camino, pero es usted el presidente.

Usted sabe perfectamente que el gasto no puede seguir como está. Lo sabe en su conciencia, aunque mucho no lo pueda decir. Usted sabe que no puede emitir moneda para financiarlo. Usted sabe que no puede elevar más la presión impositiva. Y usted sabe que, según fuentes serias, la deuda pública llega en estos momentos a 293.789,3 (¿importa que sea 790) millones de dólares.

Usted no confía en nosotros porque lo han convencido de que somos unos locos e insensibles que en lo único que pensamos es en echar a todo el mundo a la calle. No. No es verdad, aunque injusto es que los argentinos en general miren bien a los que engañan sumando al estado la desocupación real de la economía en subdesarrollo. Pero no se trata de echar gente y que luego le incendien la Casa Rosada. Aunque, recuerde, a De la Rúa se le incendió. Nunca lo olvide.

Por favor le pido que piense en las funciones del estado. Usted tiene más o menos unos 35 organismos, entre ministerios y secretarías, sin contar las sub, sub y sub y etc. Tiene todo ello porque cree que todo ello es necesario. Ha sacado a los corruptos y ha puesto a gente honesta, pero cree que todo ello es necesario. No. Si usted sabe cómo funciona una economía de mercado y una sociedad libre, y creo que lo sabe, usted puede quedarse con una Secretaría de Hacienda y un Ministerio de Relaciones Exteriores. No mucho más.

Todo lo demás, usted lo puede eliminar. Y al mismo tiempo, eliminar todas las legislaciones y reglamentaciones que esos organismos se encargan de controlar. Piense en todo el gasto que se reduciría ipso facto. Piense en todos los impuestos que podría bajar y eliminar, comenzando con el de la renta. ¿Y qué sucedería? Que todos los emprendedores de los que usted siempre habla, quedarían libres para emprender todas esas funciones, que burócratas detrás de sus escritorios creen que pueden ejercer cuando, claro, no tienen nada que perder.

Al mismo tiempo, formalizaría ipso facto a todos esos sectores carenciados que no pueden pasar a la economía formal porque esas reglamentaciones y organismos se lo impiden.

Así sí, a mediano plazo, las cuentas públicas podrían comenzar a reordenarse. ¿Y los empleados públicos? Mantenga a todos los de planta, aunque no vayan a ejercer funciones. Déjelos si es necesario tres años cobrando sus sueldos, mientras amortiza las cuentas públicas con el ahorro que implica todo el conjunto de medidas anteriores. Las cuentas dan. Reúnase con los directores de la Fundación Libertad y Progreso (Agustín Etchebarne, Aldo Abram, Manuel Solanet) y haga las cuentas. Dan. Porque no es sólo cuestión de calculadora, sino de concepción del estado.

¿Y las provincias? Olvídese de la coparticipación. Prepare una reforma de mediano plazo. Las provincias no deben depender más de Nación. Pero no todas las provincias son económicamente auto-sustentables. Divida al país en 6, no muchas más, regiones administrativas autosustentables, que comiencen a financiarse solas, y suspenda toda relación económica entre Nación y Provincias. El estudio fue hecho por Roberto Dania y Constanza Mazzina en el 2008. Será la primera vez, además, que habrá un federalismo genuino, con gobernadores realmente autónomos del poder ejecutivo nacional.

Y el estado no tiene por qué dejarse de ocupar de salud, educación y seguridad social. Sencillamente, una vez hecha esta transformación, delegue todo ello en las seis regiones mencionadas. No tiene por qué ponerles un nombre, son sólo regiones administrativas. Y desregule totalmente al sector privado en materia de salud, educación y seguridad social. O sea, des-monopolice, quite las regulaciones nacionales, abra al país a la diversidad, tan nombrada, y tan poco practicada en un país monopólico y unitario.

Y hable con la CGT. Usted sabe cómo, yo no. Pero explique ante la opinión pública que nuestro sistema sindical es el de la Italia Fascista de Mussolini. La gente no lo sabe. Vaya, dígalo, explíquelo. Y elimine el sindicato único por actividad.

¿Le parece mucho? Creo que es poco, pero si no, usted sabe cuál es la alternativa. Usted puede seguir con todo como está, y puede ser que los organismos internacionales le sigan prestando. Como si la escasez no existiera. Pero usted sabe, en conciencia, en esa conciencia a la que estoy apelando –jamás podría apelar, por ejemplo, a la de una nueva senadora muy conocida- que ello no es posible. Si usted no hace estas reformas estructurales de fondo, va camino al default. Tal vez no ahora, pero sí dentro de unos años. Lo sabe, lo sabe perfectamente. No hay salida. Se le acabarán los dólares, terminará en el control de cambios, será como Kicillof pero le terminarán diciendo Macrillof. ¿Quiere usted eso? ¿No? ¿Y entonces?

Señor presidente, hay una diferencia entre un simple político y un estadista. El político sigue a la opinión pública, el estadista, en cambio, la cura. Le hace una especie de terapia social, y eso sólo se logra con auténtico liderazgo moral e intelectual. Mandela, Gandhi, educaron a su pueblo. No fueron demagogos, ni siguieron lo que todos pedían, ni engañaron: tenían un norte, sabían a donde iban, tenían un sólido fundamento moral y lo supieron decir. Su decir fue resultado de su ser, y no al revés, como le recomiendan algunos. Señor presidente, sea estadista. Mire para adelante, mire al largo plazo, y entonces sabrá AHORA qué hacer y cómo decirlo.

La verdad, no creo, en mi interior, que nada de esto suceda, pero sí creo que tenía que decirlo. Mientras tanto, no estoy desilusionado, porque yo no me ilusioné con usted. Seguiré con mi docencia, en la Argentina de siempre, con sus males de siempre, si es que un piquete no me mata antes o algún otro joven idealista no me pone otra bomba. Pero qué hermoso sería que me sorprendiera. No por mí: sorpresas, casi todas buenas, me dan mis alumnos. Pienso en la extrema pobreza, en las zonas más subdesarrolladas, en los niños desnutridos del Chaco y de 3 km a mi redonda. Contrariamente a la mayoría de los argentinos, sé que el mercado, para ellos, no es lo que sobra, sino lo que les falta. Vamos. En Venezuela ya no estamos. Gente honesta ya tenemos. Vamos. Sólo falta visión. La suya. La argentina sigue siendo presidencialista.

No hay otra salida.

Su liberalote amigo

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

12 años de kirchnerismo fue el costo por no bajar el gasto público

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 27/3/17 en: http://economiaparatodos.net/12-anos-de-kirchnerismo-fue-el-costo-por-no-bajar-el-gasto-publico/

 

Como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales en 2001 nos costó 12 años de kirchnerismo

Corría la década del 80 con Alfonsín presidente y el plan austral naufragando. Recuerdo que fui a un almuerzo en el que estaba invitado Trócolli como orador, el entonces ministro del Interior de Alfonsín, y en una parte de su exposición dijo: sabemos que el gasto público es alto, pero, ¿quién paga el costo político de bajarlo? Pasaron más de 30 años desde ese almuerzo y una y otra vez el argumento vuelve a repetirse. Es políticamente imposible bajar el gasto público.

Uno de los últimos ejemplos que vimos y terminó en una verdadera catástrofe fue el desplazamiento de Ricardo López Murphy del ministerios de Economía por querer bajar el gasto público. Los medios, los políticos y los sindicatos le saltaron a la yugular y tuvo que irse a los pocos días de asumir como ministro. Pero lo que iba a ser una catástrofe social y política si se bajaba el gasto público según la recomendación de Ricardo López Murphy, terminó en una crisis institucional, política y económica de una gravedad inusitada por no seguir las recomendaciones de RLM. De la Rúa tuvo que dejar el poder cuando se acabó el financiamiento externo para cubrir el bache fiscal, se declaró el default de la deuda pública, Duhalde hizo una devaluación salvaje bajando el gasto público en términos reales mediante una llamarada inflacionaria llevando la pobreza por encima del 50%, pesificó los depósitos en dólares y rompió algo tan particular como el respeto por los contratos, elemento fundamental para atraer inversiones.

Al margen de todo eso, como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales nos costó 12 años de kirchnerismo, un gobierno que llegó al poder con el voto de la gente y luego se transformó en un gobierno autoritario, hizo terrorismo de estado utilizando los resortes del poder para perseguir a quienes pensábamos diferente, destruyó la economía del país con su populismo desenfrenado y no tuvo límites en la corrupción.

Pero volviendo al tema del gasto público, un primer argumento que suelen esgrimir quienes dicen que no se puede bajar es que los empleados públicos que perderían sus ingresos y los piqueteros no podrían aguantar. En rigor hay políticas que pueden aplicarse para que puedan aguantar hasta que lleguen las inversiones y tengan un nuevo puesto de trabajo. Pero de todas formas vale formular la siguiente pregunta: ¿acaso el asfixiado contribuyente puede aguantar esta presión impositiva? ¿Por qué el empleado público no puede aguantar y el contribuyente sí puede aguantar esta brutal carga impositiva?

Segunda cuestión. Si no baja la carga impositiva las inversiones no vendrán, no se crearán nuevos puestos de trabajo y nunca podrán pasar los empleados públicos y piqueteros a trabajos en el sector privado. La conclusión sería que Argentina no tiene solución económica y su destino es continuar en la decadencia.

Tercera cuestión, en 2001 el gasto público consolidado era el 35% del PBI y no pudo financiarse. No alcanzaban los impuestos ni el endeudamiento externo, ¿por qué ahora vamos a poder financiar un gasto público consolidado del 48% del PBI? Si no se pudo antes, no veo razones para pensar que ahora sí se pueda. Sí se puede mantener durante un tiempo el bache fiscal con endeudamiento externo, pero en el mediano o largo plazo esa política es insostenible. Nadie nos va a financiar cualquier nivel de gasto público ni de déficit fiscal, además de generar serios problemas en el tipo de cambio real.

La propuesta del gobierno se limita, por ahora, a intentar mantener el gasto público en niveles constantes, es decir, que el aumento nominal de gasto público no sea mayor que la tasa de inflación y, por otro lado, apostar a que el crecimiento de la economía genere más ingresos tributarios y con eso bajar el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento.

Dos objeciones merece está estrategia fiscal. Por un lado, no sabemos por qué causa el PBI va a crecer al 3,5% anual como dice el gobierno. Aun asumiendo que bajara la carga tributaria, la legislación laboral, la burocracia y las regulaciones conspiran contra un flujo importante de inversiones, de manera que no se ve claramente por qué va a subir el PBI sin modificar la carga tributaria, ni remover las regulaciones, ni modificar la legislación laboral, etc. En otros países esta fórmula funcionó porque no tenían las regulaciones laborales y económicas que rigen en Argentina.

Por otro lado, aunque lograran congelar el gasto público en términos reales, eso no significa que se esté reformando el sector público. Que el empleado que pone un sello en un papel para aprobar un trámite inservible gane lo mismo en valores constantes no cambia la falta de competitividad que le transfiere el sector público al sector privado. El desafío es bajar el gasto público para reducir el déficit fiscal y el gasto pero reformando el sector público para que esté al servicio de la población y no de la dirigencia política.

En síntesis, cuando uno propone bajar el gasto público es porque no solo el estado asfixia al sector privado con su peso, sino que, además, se ha transformado en el negocio de los políticos y en el principal enemigo de los ciudadanos, gasto que nos lleva a la decadencia y a un país corrupto.

Desde el punto de vista económico, la pregunta no es ¿cómo hará el sufrido contribuyente para seguir soportando el peso de un estado que no lo deja producir? ¿Acaso el contribuyente tiene menos derechos que los empleados públicos y que los piqueteros? Para los políticos sí, pero para una sociedad libre y con una economía próspera, la respuesta es un categórico no.

Insisto, recordemos que por no haber tenido disciplina fiscal en 2001 y echar al que quería establecerla tuvo el terrible costo político de la larga noche k que estuvo a punto de llevarnos a una dictadura chavista.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

En nombre de los pobres, se los explota de la peor manera

Por  Alberto Benegas Lynch (h) y Martín E. Krause. Publicado el 8/12/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1965274-en-nombre-de-los-pobres-se-los-explota-de-la-peor-manera

 

Muchos son los problemas que debe enfrentar el actual gobierno. En el nivel macro resulta medular disminuir el astronómico gasto público, lo cual significa terminar con funciones incompatibles con el sistema republicano. Para no remontarnos más allá de principios de los setenta, Perón recurrió a la inflación para financiar el gasto; los militares echaron mano al endeudamiento público; Alfonsín, a la inflación; Menem, al endeudamiento; los Kirchner, a la inflación, y ahora resulta que otra vez se pretende el endeudamiento para no enfrentar el problema de fondo de un Leviatán alarmante y sobredimensionado.

Consideramos que éste es el eje central de lo macro. Respecto de lo micro, son muchos los temas que deben encararse a la brevedad al efecto de no repetir recetas fallidas que indefectiblemente conducirán a idénticos fracasos del pasado. Como no puede tratarse todo al mismo tiempo, en esta nota nos concentramos en el problema de las villas y concretamente en la ciudad de Buenos Aires.

La solución que proponemos para los habitantes de las villas de emergencia, que también lo será para la ciudad, consiste en asignarles derechos de propiedad de la tierra sobre la que han fabricado viviendas precarias y, en su caso, la propiedad horizontal.

 

Por otra parte, el estudio de la propiedad para los ocupantes informales ha sido trabajado por muchos autores, en particular por Hernando de Soto y Enrique Ghersi en El otro sendero. Esta asignación de derechos de propiedad genera incentivos para mejorar las viviendas e incluso el barrio. Debemos recordar que lo que hoy llamamos «civilización» surgió a partir de la efectiva posesión de la tierra y la posterior formalización de ese derecho.

Sin propiedad formal, el mercado inmobiliario es insignificante y restringido, no hay crédito ni instrumentos legales para evitar o resolver una ocupación o el incumplimiento de un contrato de alquiler. O más bien, si los hay, resultan en condiciones muy onerosas.

En cambio, en el contexto de la institución de la propiedad, esto atraería la atención inmediata de operadores inmobiliarios para adquirir esas propiedades y revenderlas en el mercado o para construir inmuebles de mucho mayor valor y, asimismo, permitir que los vendedores se muden a viviendas infinitamente mejores.

Los funcionarios públicos no suelen pensar de esta forma y ponen en evidencia un capricho «planificador». Les gustaría que esos barrios tuvieran otra disposición. Un urbanizador privado tendría en mente la valorización de la tierra y podría comprar propiedades allí, invirtiendo su dinero -no por la fuerza el de los contribuyentes- y podría desarrollar proyectos de diversa naturaleza que, como ahora se dice, «pongan en valor» la zona.

Sin ninguna duda, si las legislaciones son zigzagueantes y, consecuentemente, la seguridad jurídica no existiera, el proceso señalado no tendría lugar, ya que ningún inversor arriesgará sus recursos para que en medio de la operación irrumpan legisladores que con un entusiasmo digno de mejor causa modifiquen las reglas. Hay que estar en guardia con los que, al contrario de Friedrich Hayek, Bruno Leoni y tantos otros pensadores liberales, consideran que el Poder Legislativo es para cubrir todos los recovecos de la vida de las personas, con disposiciones y reglamentaciones de toda índole, con lo que asfixian la libertad. Es como escribía Marco Aurelio Risolía: «Igual que en el campo de la economía, en el terreno jurídico la inflación de la ley reduce su valor».

Tenemos que recordar que no siempre hubo villas de emergencias en este país. Los inmigrantes pobres se alojaban en los conocidos «conventillos» de la ciudad, para luego acceder a la vivienda a través de la compra de terrenos en los suburbios en cuotas extendidas en el tiempo. La degradación de la moneda y las regulaciones destruyeron esa forma de financiamiento de la vivienda. Las leyes de control de alquileres y desalojos de hecho privó a multitud de familias de sus ahorros invertidos en pequeños departamentos para alquilar y terrenitos en los cuales tenían depositadas sus esperanzas para su futuro. Sin moneda, no hay crédito a largo plazo. En su lugar, los programas de viviendas propuestos por los aparatos estatales no sólo son insuficientes, sino que suelen desembocar en todo tipo de escándalos de corrupción, como nos dan a conocer las noticias casi diariamente.

Se podría pensar que el procedimiento sugerido constituye un premio y un incentivo para tomar predios públicos a la espera de ser recompensados por ofertas atractivas y proceder a los arbitrajes correspondientes. Sin embargo, la situación no es muy diferente de la actual en el sentido de que los usurpadores podrían contar con vivienda si proceden, como lo han hecho, por ejemplo, los habitantes actuales de la villa 31.

El tema es estar atentos para no permitir nuevos asentamientos que sean arrebatos de espacios públicos. Pero los funcionarios públicos no suelen estar atentos, por deficiencias administrativas y porque sus faenas exceden la de eficaz gestor inmobiliario. Naturalmente el riesgo de conflictos varios se reduciría si el sector público dejara de poseer ciertos espacios que no cumplen con ningún fin de utilidad. Al menos en esta instancia del proceso de evolución cultural, no tiene razón de ser la propiedad inmobiliaria estatal que no sea la vía pública, plazas, parques o edificios para sus oficinas.

Estimamos que las medidas que al momento se adoptan son políticas que no pasan de retoques circunstanciales, prevalece el problema de fondo preparado para que demagogos de diverso color utilicen a los pobres en provecho propio.

El tema no consiste en la buena o mala voluntad de los funcionarios de turno, el tema radica en las instituciones que establecen incentivos en una u otra dirección.

En un plano más amplio consignamos que al efecto de lograr salarios e ingresos más elevados, muy especialmente para los más necesitados, deben establecerse las condiciones indispensables para facilitar el ahorro y la consecuente inversión. Esto no sólo requiere marcos institucionales civilizados, sino que demanda modificaciones fiscales que se traduzcan en la actualización de las valiosos propuestas alberdianas en cuanto a la eliminación de impuestos directos y progresivos que atentan contra la inversión, y reducir las alícuotas de los indirectos y proporcionales en el contexto del federalismo tributario hoy inexistente, para así retomar la mejor tradición argentina.

Esto sólo puede lograrse si se encaran reformas estructurales compatibles con una sociedad abierta, medidas que deben ponerse en marcha y darles principio de ejecución antes de que sea tarde. Sólo interesan los resultados y el balance de la gestión, las explicaciones son irrelevantes. Desde hace décadas, en nombre de los pobres se los explota de la peor manera.

 

Coautores de los libros En defensa de los más necesitados (Atlántida) y Proyectos para una sociedad abierta (Abeledo-Perrot)

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

DOS PAÍSES……….. DOS PAÍSES………… ¿PODRÁN SER UNO?

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 20/12/15 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2015/12/dos-paises-dos-paises-podran-ser-uno.html

 

Si miramos con atención una foto del equipo de kirchneristas que rodearon a Cristina Kirchner, por un lado, y por el otro una foto de mi padre, podríamos preguntarnos cómo es posible que integraran el mismo país. Sus valores más profundos, sus horizontes intelectuales e ideológicos, su conducta personal, son tan abismalmente diferentes que podríamos decir, tal vez con un poco de desaliento, que son dos países, dos maneras irreconciliables de entender el mundo. Como una unidad, no tiene futuro. Los anarcocapitalistas dirían: mejor, pero yo les diré, como siempre: la secesión es dura y violenta. No es como ustedes la imaginan.

Pero la cuestión viene de mucho antes. Dos tendencias integraron siempre las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata. Una monárquica española y otra iluminista afrancesada. Ninguna de las dos era el ogro que una dice de la otra, y ninguna de las dos era el liberalismo clásico anglosajón que yo defiendo. Pero eran dos países. Finalmente, el único liberal clásico de aquellos tiempos, Alberdi, inspiró una Constitución tal vez liberal clásica que intentó ser un magro empate ante los dos países. Fray Mamerto Esquiú oró para que los monárquicos católicos la aceptaran y…… Bueno, mm, ok. Y allí comenzó la Argentina, ese siempre fallido intento de Nación.

Pero claro, no podía durar. Si, sólo ese tímido ordenamiento institucional produjo la Suiza de América Latina, pero había problemas en el paraíso. El golpe del 30 los pasó de la potencia –que, recuerden, no es una mera nada- al acto. Los halcones eran sencillamente nazis y los moderados, franquistas. Tal vez la corte hizo bien en ratificarlos a los 6 meses porque si no, creo, la tomaban por asalto y la convertían en un museo.

Así estuvimos hasta que un perfecto antiliberal y gran manipulador de masas siguió todos los manuales mussolinianos y, mientras Europa se encarrilaba por primera vez al liberalismo, habiendo aprendido el fracaso de las experiencias fascistas, ese supuesto país llamado Argentina comenzó su largo camino de fascismo marxista, que NO es una contradicción. Era uno de los dos países. Muchos le dieron apoyo intelectual, viendo en él la encarnación de la crítica a las “democracias burguesas”. Podría haber durado tanto o más que Franco, de no haber sido por su única reprobación de Maquiavelo 101: enfrentarse con la Iglesia Católica en los 54-55, iglesia que, en términos humanos, le había dado su apoyo pero, claro, hasta los límites que él mismo traspasó.

Los 60 y los 70, claro, fueron distintos. El marxismo NO fascista, sino sencillamente estalinista, avanzó intelectualmente como reguero de pólvora y, claro, produjo una perplejidad entre los nacionalistas peronistas. Unos se moderaron y se hicieron –tal vez como mal menor- casi conservadores que preferían la Constitución del 53 a la unión con Cuba. Otros, los tal vez más coherentes, se hicieron castristas y comenzaron el proyecto de revolución armada que concluye en Montoneros, más los comunistas no peronistas, el ERP. El otro país. El país que quiso, por la fuerza, ser Cuba.

El otro país, que había vuelto a la Constitución de 1953 por mano de la Revolución Libertadora, no entiende bien lo que pasa, no sabe cómo reaccionar. Los militares de las tres fuerzas aparecen como los “NO-CUBA” y dan golpe tras golpe, sin liderazgo ni visión suficiente como para integrarse a esa Constitución que pisotean cada dos por tres dando casi razón a una dialéctica hegeliana de la historia. Pero esas dos fuerzas en pugna tienen un enfrentamiento militar final y dramático: la guerrilla marxista montonera de los 70 en adelante contra los militares del 76. Ya sabemos cómo terminó todo.

La Argentina que queda, ese maltrecho proyecto de Nación, resurge en el 83 con una sola característica distintiva, que señalé una vez en el Cema, en una conferencia, ante reacciones escépticas: NO cuenta ya con el factor militar y, por ende, tendrá que aprender, o no, el camino de la REPÚBLICA.

Pero, claro, el estatismo era incompatible con ello. Estatismo económico y político, porque Alfonsín, Menem –excepto De la Rúa- violaron las instituciones republicanas cada vez que lo necesitaron y el estatismo de los tres fue sencillamente delirante. En todo este período, sin embargo, cabe destacar que los peronistas, al menos de palabra, querían vivir en la Constitución republicana y no reivindicaban Cuba como modelo.

Pero no. Los peronistas castristas, estalinistas, allí quedaron. Definitivamente, el otro país. Tenían Cuba para irse a vivir pero no, querían Cuba con tango y Callo y Santa Fe. Pero esta vez fueron más inteligentes. Aplicaron la doctrina Hitler: al poder por la democracia, y luego la pateamos. Los Kirchner y los que inmediatamente los rodearon no fueron sólo un fenómeno de corrupción, como creen algunos. Fue un fuerte proyecto ideológico pro-Cuba, pro-Venezuela, que un 54 % de argentinos apoya, de los cuales un 35 %, tal vez, lo hizo por indolencia, ignorancia, idolatría del estado, o lo que fuere, ya no importa. El asunto es que no terminamos siendo un estado satélite de Venezuela, con el ejército venezolano en la casa rosada, no sé aún por qué milagro difícil de explicar.

 

Macri no es Mises ni Hayek, obviamente. Pero es alguien que, nada más, ni nada menos, logró formar un partido que les ganó a los castristas, con la ayuda de Elisa Carrió. Nos salvamos además de un fraude que ya estaba a punto de ser ejecutado. En fin, creo que durante mucho tiempo gran parte de los argentinos no tendrán conciencia de la que se salvaron. Por supuesto hay muchos que están muy tristes, la verdad no sé por qué, se puede emigrar perfectamente a Cuba y Venezuela, pero, tengan cuidado, dentro de 20 años dependerán tal vez de Putín, Trump y los Chinos.

Lo que ahora sucede es que, tal vez por primera vez en nuestra historia, tenemos la posibilidad de ser un solo país, identificado sencillamente con una sola cosa: la República. O sea el liberalismo político, pero, shhhh, no lo digamos, a ver si por esa mala palabra todo se arruina. ¿Y el peronismo? Pues bien, allí está la clave: el peronismo NO kirchnerista es la clave, como ya dije, en el proyecto de una Argentina que logre alguna vez ser un solo país. En su capacidad de ejercer una oposición republicana, y no la “resistencia pro-Venezuela” radica la esperanza de Nación (como si yo fuera un defensor de la idea de Nación, pero estoy escribiendo en la cancha de juego que me toca jugar).

 

En la curva gaussiana de la política, siempre quedarán, en sus extremos, como antisistema, todos los que odiarán for ever (lo digan o no) a la Constitución del 53 barra 94 y etc. Pero en el medio, tenemos una nación. Los kirchneristas han quedado definitivamente afuera, pero, cuidado, pueden volver, y la Argentina como proyecto de país se hundirá definitivamente en el agujero negro de la historia.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

El problema institucional supera al económico:

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 26/1/15 en: http://economiaparatodos.net/el-problema-institucional-supera-al-economico/

 

Si bien pueden darse crisis económicas de origen económico, la de Argentina es una crisis económica originada por problemas institucionales

La economía Argentina se encuentra en una seria crisis. Posiblemente una de las más severas de su historia. El 2014 cerró con una inflación que roza el 40%, 10 puntos superior a la del 2013. Los indicadores de actividad económicas más importante hace meses que vienen mostrando valores negativos, es decir, menor actividad económica. El BCRA se encuentra con serio problemas de reservas que sólo puede maquillar contablemente, sumado a un Patrimonio Neto que bien puede ser considerado negativo y con 2/3 de sus activos invertidos en deuda al Tesoro Nacional. Un Tesoro Nacional que posiblemente cierre el 2014 con un déficit fiscal en torno al 6.5% del PBI (con estimaciones privadas de producto). La infraestructura del país se encuentra “atada con alambres.” Argentina sigue en default y a medida que pasan los días se confirma que el argumento de la RUFO era una excusa para no saldar las deudas pendientes y no una verdadera causa. El listado de problemas podría seguir. Estos son todos síntomas de una economía que ya se encuentra en crisis. A las crisis económicas no se llega sólo con “explosiones económicas” como fue la del 2001, puede ser el resultado de un largo y manso recorrido hasta la misma.

Pero nada de esto ya parece importar luego de la muerte de Nisman. Nada desnuda más la importancia de las instituciones que en repetidas ocasiones se ha mencionado en distintas columnas. Si bien pueden darse crisis económicas de origen económica, la de Argentina es una crisis económica originada por problemas institucionales. El deterioro institucional ha llegado al punto tal de encontrar una muerte con demasiadas dudas a su alrededor de un fiscal federal con una de las causas más importantes, sino la más importante del país. En otros países esto hubiese producido la caída de varios ministros, sino del gobierno entero, sin tener que llegar a las contradicciones, casi papelones, de los que ha participado la Presidente con sus cartas en Facebook y el bloque peronista tanto el lunes como con la lectura del comunicado pocos días después.

¿Cómo se llegó a una situación donde lo que sucedió con Nisman es de hecho posible? ¿Acaso el Kirchnerismo no dio acabadas muestras de deterioro institucional desde su inicios?

¿Cómo es posible que de hecho suceda? ¿Era algo así factible diez años atrás?

¿Cómo es posible que las instituciones no reaccionen fuertemente ante este escenario?

Es que en Argentina ya parece no haber instituciones, sino personas con más o menos poder. La oposición, por su lado, está más preocupada por no aparecer y dejar sólo al gobierno frente a este tema que mostrar un frente común que de algo de certeza a futuro. Ciertamente la oposición no puede inmiscuirse en la investigación, pero asumiendo que el Kirchnerimo deja le poder en diciembre del 2015, ¿qué futuro le depara al país? ¿Cómo es la nueva Argentina post-K? No hay ningún indicio claro proveniente ni siquiera de los presidenciables. Frases hechas como “continuar con lo bueno y cambiar lo malo” están totalmente vacías de contenido. En los 80 Alfonsín hacía referencia a que con la democracia se come, educa, etc., y el país con un cuadro hiperinflacionario, problemas de deuda y una economía cerrada. Hablar de “esperanza, fuerza, y convicción” como si fuese una frase mágica es, básicamente, lo mismo.

En países con instituciones republicanas más sólidas, no hacen falta casos como los de la muerte de Nisman para enviar fuerte señales a la dirigencia política de que deben corregir sus acciones. Escándalos sexuales, de evasión impositiva, algún que otro acto de corrupción pueden dar por terminada carreras políticas. ¿Acaso una aventura con alguna amante, o la evasión de algún que otro millón de dólares, o un acuerdo con algún empresario amigo del poder es tan dañino para la economía en su conjunto? La respuesta es no. Las aventuras románticas de un presidente nula influencia pueden tener en sus decisiones como jefe de estado.

Estos casos, sin embargo, juegan el rol de ser luces rojas sobre problemas que sí son más serios pero inobservables al menos hasta que es demasiado tarde. Los altos cargos políticos son proclives a ser ocupados por personas sin empatía hacia terceros. Estas personalidades ven a terceros como medios para alcanzar sus propios fines. ¿No suena acaso familiar a la política Argentina, donde cambiar de bando y la Borocotización, por ejemplo, es casi una norma? Si el Presidente, por ejemplo, es descubierto con una amante con las implicancias que eso implica para su pareja y familia, que empatía le espera al resto de la población. El riesgo puede ser muy grande. Quizás esta persona no tiene problema en someter a su población a faltantes de medicamentos, alimentos, pobreza, etc. Quizás esta persona no tiene problema en utilizar la fuerza del estado para hacer desaparecer personas o que las mismas sean encontradas sin vida. Quizás para cuando este perfil es obvio ya es demasiado tarde.

Las manifestaciones en la calle (algunas con alcance internacional) que la sociedad Argentina ha mostrado en los últimos años no es sólo una muestra del rechazo a un partido político que hace uso y abuso del poder del estado, es también un síntoma de una falta de dirigencia política que canalice este rechazo. El rol de la democracia y la república y es que no sea la gente la que tenga que deponer al poder cuando este se le vuelve en contra, sino que sean los resortes institucionales los que pongan límites al uso del poder del estado y se utilicen las herramientas institucionales para dar por finalizada una administración cuando la misma no cumple con sus obligaciones.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. 

Lecciones de historia de la deuda externa argentina

Por Adrián Ravier: Publicado el 12/7/14 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2014/07/12/lecciones-de-historia-de-la-deuda-externa-argentina/

 

La historia de la deuda externa argentina nace en 1824 con el empréstito de la firma Baring Brothers. Podríamos ofrecer un prolongado detalle de su evolución, pero lo cierto es que en 1976, el monto total de la deuda externa sumaba apenas 4000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y “Tablita” mediante, Martínez de Hoz termina su gestión el 31 de marzo de 1981 dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts,parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Golpe de estado contra la Corte Suprema (12 de septiembre de 2003) (SE LOS DIJE CARAJO!)

Por José Benegas. Pubicado el 31/10/13 este artículo publicado originalmente en Septiembre de 2003 en: http://josebenegas.com/

Jose Benegas el 12/09/2003 05:35:00 p.m.

La peor violación a la independencia del Poder Judicial de toda la historia argentina fue cometida esta semana por el señor K y su mayoría automática en el senado de la nación, con la destitución de Eduardo Moliné O´Connor como Juez de la Corte Suprema de Justicia.
Unida a las renuncias forzadas de los jueces Nazareno y López y al ahora iniciado juicio político contra Adolfo Vázquez de previsible final, los nuevos puestos kirchneristas en el Máximo Tribunal serán cuatro, entre nueve. Pero a eso debe sumarse el alineamiento incondicional del antes demonizado y atemorizado (ahora protegido) doctor Boggiano y de otros miembros pro K del Tribunal como el doctor Petracchi, para completar la nueva Corte obediente en la Argentina.
El bochornoso procedimiento contra Moliné O´Connor conducido por la todopoderosa cónyuge presidencial, fue nada más que la puesta en escena de una condena decidida de antemano.
Como la historia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha estado contaminada por la lucha política y eso en la Argentina significa una guerra de propaganda a través del aparato mediático, al que el poder judicial no tiene acceso por sí, es útil hacer un breve repaso de algunas realidades referidas al Máximo Tribunal.
Cuando Alfonsín llegó al poder el 10 de diciembre de 1983 se encontró con una Corte Suprema de Justicia en pleno funcionamiento, pero que carecía de acuerdo del senado. No eran militares, ni interventores, ni se trataba de designaciones políticas, sino de magistrados con carrera judicial, pero Alfonsín tenía la alternativa de desconocer sus nombramientos e instalar una Corte amiga. De hecho, muchos otros miembros del Poder Judicial que ejercían la magistratura en otras instancias, carecían del acuerdo necesario (caso del actual ministro Zaffaroni) y fueron confirmados por Alfonsín en sus designaciones a través del mecanismo constitucional.
Se trataba en realidad de un caso no previsto por la Constitución, porque si bien desde el plano formal no había posibilidad de que hubiera ministros de la Corte que no tuvieran acuerdo del senado, el mecanismo de designación de jueces vitalicios tampoco permitía a ningún presidente llenar todos los cargos de la Corte y tener pleno dominio del poder judicial colocando al sistema republicano, en lo sustancial, en severo riesgo.
Por supuesto, Alfonsín eligió tener su propia Corte. De ese período podemos recordar que la Corte convalidó criterios revolucionarios y antiliberales en materia penal, como la responsabilidad mediata de los miembros de las juntas militares por los actos de sus subordinados, criterios que hasta el día de hoy permiten perseguir a miembros de las fuerzas armadas por hechos de los que no pudieron haber tenido conocimiento, la convalidación de la constitución de tribunales especiales prohibidos expresamente por la Constitución y la detención de diez personas por orden del Poder Ejecutivo invocando una conspiración jamás probada o intentada probar.
Alfonsín tuvo que pactar para lograr este objetivo con Leónidas Saadi que en aquellos tiempos lideraba al justicialismo en el senado. Hubo un intercambio de figuritas y el catamarqueño obtuvo muchos nombramientos en tribunales de primera instancia y cámaras.
Así y todo como Alfonsín acariciaba sueños hegemónicos sobre la mitad de su mandato, no creyó suficientemente alfonsinista a la Corte y mandó al Congreso un primer proyecto de llevar el número de sus miembros a nueve, que no pudo imponer.
Al llegar Carlos Menem al gobierno, se encontró con una Corte con acuerdo del senado pero enteramente alfonsinista. Situación que la Constitución tampoco prevé. Podría haber tomado la determinación de no intervenir y dejar que el paso de los años y varios períodos presidenciales normalizaran la Corte. Pero Menem tenía entre manos una serie de transformaciones en el Estado con su política de privatizaciones y desregulación que chocaba no con la Constitución, pero sí con buena parte de la legislación anticonstitucional, no declarada así por décadas de sentencias judiciales antiliberales, y entonces decidió retomar el proyecto de Alfonsín y proponer elevar el número de miembros a nueve. Menem, al contrario que Alfonsín, obtuvo lo que se propuso.
Pero Menem no fue el único que hizo suyo el plan alfonsinista. Nestor Kirchner también amplió el número de miembros del Supremo Tribunal de su provincia, instalando una Corte amiga.
En esa época se produce la importación de la doctrina del “per saltum” que permite a la Corte abocarse al conocimiento de cualquier causa en la que esté en juego una grave cuestión institucional, lo que permite a Menem librarse de medidas cautelares que no le hubieran dejado avanzar en su política de privatización.
El siguiente acontecimiento que marca la historia de la Corte del último período democrático fue el pacto de Olivos. El malestar de la oposición por el resultado de la ampliación del número de miembros de la Corte con estos cuatro nuevos miembros que en los asuntos de interés del gobierno votaban generalmente juntos, sirvió de figurita de cambio a la hora de pactar con Alfonsín la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional.
Fue así que en 1994 se puso fin a cualquier “mayoría automática” y se forzaron las renuncias de los jueces más cercanos a Menem, quienes no opusieron ninguna resistencia, y se los cambió por otros propuestos por la oposición. En 1994, la cuestión del aumento de miembros de la Corte hecha a medida de Carlos Menem, se había dado por terminada.
Un estudio reciente del instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, demostró que en todo el período que va desde 1983 hasta la fecha Carlos Menem soportó más declaraciones de inconstitucionalidad que cualquier otro presidente y que la “mayoría automática” no había votado en el mismo sentido más que en unos pocos casos. Alfonsín, por supuesto, fue el que menos cuestionamientos constitucionales recibió de su Corte.
Lo que demostró este estudio es que la existencia de una “mayoría automática” era un mito político, que siguió corriendo luego de la “normalización” de la Corte en 1994, sólo porque era útil para atacar a Menem y porque la izquierda que fogoneaba causas contra viejos enemigos a costa de todos los principios de derecho conocidos, notaba que sus disparatados criterios eran convalidados en primera instancia y también en la Cámara Federal, que actúa como el brazo judicial de Horacio Verbitsky, pero no conseguían ser convalidados en la Corte Suprema. Y este obstáculo contra los planes de venganza de la izquierda revolucionaria no se debía a la oposición simplemente de los jueces nombrados en la época de Menem, sino la de todos los miembros del Alto Tribunal. De hecho, el voto que sirvió para declarar constitucional las leyes de obediencia debida y punto final, en pleno gobierno de Alfonsín con la Corte de cinco miembros, fue el de Enrique Petracchi.
El verdadero daño que hizo Menem al sistema Judicial estuvo dado con el nombramiento de Jueces Federales enteramente politizados y que (esperaba) le fueran fieles. Para eso desplazó mediante ascensos a otros que ocupaban esos lugares cuando llegó al poder.
Pero la estrategia terminó jugándole en contra años después, porque los jueces amigos tenían una colección de trapos que esconder más allá de su alineamiento político, y buscaron protección por dos vías igualmente perversas que se volvieron contra Menem. La primera dando rienda suelta al festival izquierdista de perseguir militares y mantener viva la década del 70. Ese sólo mecanismo les aseguraba la protección o el silencio de una prensa cada vez más agresiva y cada vez más volcada al socialismo revolucionario. Doña María Romilda Servini de Cubría pasó de ser “Servil que cubría” en palabras de Horacio Verbitsky, a una respetabilísima juez cuando decidió detener a una veintena de oficiales por ser parte presuntamente de un complot para robar niños, todos los cuales fueron puestos más tarde en libertad.
La segunda línea de protección que tomaron estos jueces fue soslayar todos los principios jurídicos para permitir al gobierno de la Alianza tener detenidos a “personajes emblemáticos del menemismo” (ex funcionarios de Menem que carecieran de la protección del partido justicialista). De esa época y de esos jueces menemistas, son las detenciones con criterios jurídicos aberrantes y a pedido de un órgano del Poder Ejecutivo nuevo denominado “Oficina Anticorrupción”, como la de Cavallo, Balza, Erman González, Alderete y el propio Carlos Menem, recurriendo a figuras forzadas como la “responsabilidad mediata” ya “creada” políticamente en la época de Alfonsín, la “asociación ilícita”, las “falsificaciones de decretos”, todas rechazadas por las opiniones jurídicas más autorizadas. Aquello fue un verdadero circo.
Estas dos líneas de protección que buscaron los jueces federales más deshonestos eran simpáticas, sin embargo, a los ojos del público. Y lo eran porque el público miraba todos los acontecimientos del país bajo el tamiz de la izquierda revolucionaria con presencia hegemónica en los medios de comunicación.
Sin embargo, el único eslabón que la izquierda no lograba dominar, era precisamente, la Corte Suprema de Justicia, que se mantenía haciendo respetar los criterios liberales tradicionales del derecho penal y, en general no convalidaba ninguna de las arbitrariedades que se proponían desde instancias anteriores. De nuevo, no eran los jueces nombrados en la época de Menem los que daban vuelta estos fallos arbitrarios, sino todos ellos.
El más resonante de esos casos fue el impecable voto de Carlos Belluscio en el caso Emir Yoma, que posibilitó la libertad de Carlos Menem en el disparatado caso “armas”, en el que acusaba al Juez Urso de haber invertido el silogismo de la sentencia, buscando una figura que permitiera la prisión preventiva para luego tratar de deducir cómo era que el imputado había incurrido en la conducta en cuestión. Se ocupó también Belluscio de castigar la conducta de jueces que ganaban en tranquilidad respondiendo a los criterios políticos que se imponían en los medios de comunicación y alejándose del derecho.
Pero un fallo que debió ser tomado como ejemplo de restablecimiento del orden jurídico, fue luego utilizado para atacar a la Corte. Curiosamente no fue invocado contra el doctor Moliné O´Connor en el simulacro de juicio político al que fue sometido.
En esas condiciones llegamos al colapso de la Alianza en diciembre de 2001. El fracaso del gobierno de de la Rúa abría la posibilidad de la vuelta de Carlos Menem al poder, algo que por cierto no querían quienes habían organizado las revueltas que forzaron la renuncia del presidente. Parte del plan político de la entente bonaerense Duhalde – Alfonsín que desplazó a de la Rua era promover una mega devaluación y una agresiva política intervencionista. Eso requería una Corte dispuesta a hacer la venia a las transgresiones constitucionales que esa política traía consigo. Durante los acontecimientos del 20 de diciembre, por los distintos móviles de los canales de televisión aparecían carteles prolijamente impresos pidiendo que se fuera la Corte Suprema de Justicia en pleno. Los revoltosos se distribuían prolijamente para crear el clima contra el Tribunal en un hecho sin precedentes.
Las presiones duhaldistas para deshacerse de la Corte, tanto de la “mayoría automática” como de la “minoría automática” fueron enormes, nunca vistas, sin otro fundamento que su poder patoteril. Pensó inclusive en sacarlos por un acto de fuerza, pero no contó con el apoyo de las fuerzas armadas para hacerlo. Optó entonces por encargar a la Secretaría de Inteligencia del Estado la realización de una dura campaña de desprestigio que fue exitosa y la organización de “espontáneos escraches” contra los jueces. Consiguió volcar a una enardecida, confundida y golpeada opinión pública, contra el Máximo Tribunal, aún cuando la gente no sabía quienes eran, ni qué habían hecho, ni mucho menos cuáles eran sus funciones. Entre las opiniones de ese entonces se escuchaban sandeces tales como que la Corte había instaurado el llamado “corralito”.
Sin embargo Duhalde fracasó, sólo consiguió la renuncia de uno de los jueces (al que llenaron de elogios pese a que su desempeño había sido muy pobre), y recibió presiones internacionales para detener su ataque a la Corte, porque en la Argentina no había ciudadanos con conciencia suficiente para oponerse a la ola de odio revolucionario que se vivía en ese entonces.
En realidad la categoría “ciudadano con conciencia” es algo de lo que la Argentina carece desde hace mucho más tiempo. Nadie quería dejar de pronunciar la frase hecha del momento: “la Corte adicta”. Adicta hubiera sido a un gobierno que no estaba en el poder y por lo tanto no podía ser un obstáculo al funcionamiento de la república. Pero pensar obligaba en esa época a pelearse con mucha gente. En la Argentina no se defiende ninguna causa que “quede mal”. Nadie se desprestigia por ser tibio; es casi una virtud.
Duhalde tuvo finalmente que frenar a sus lugartenientes. Le costó más con los de Santa Cruz, porque si bien formaban parte de su coalición, tenían algunas cuentas pendientes con la Corte que querían zanjar. Era el caso del fallo de la Suprema Corte que reponía en el cargo al Procurador General ante el Supremo Tribunal de Santa Cruz al que el gobernador Kirchner había depuesto, seguramente por no ser su esclavo; fallo que nunca fue cumplido. El señor K, no perdona a quienes lo contradicen.
Los últimos acontecimientos son conocidos. Un presidente que tiene prohibido constitucionalmente inmiscuirse en temas judiciales, que no tiene función alguna que cumplir en materia de remoción de jueces, se ocupó personalmente de eliminar los elementos discordantes del Poder Judicial, bajándoles el pulgar a través de la cadena nacional de televisión. Así forzó las renuncias de Nazareno y López y destituyó a Moliné O´Connor, quien con toda dignidad y perdiendo su derecho a jubilarse, soportó el simulacro de juicio político hasta sus últimas consecuencias.
Esta es tal vez la mayor disidencia entre todas nuestras disidencias. Porque no es una protesta contra un gobierno despótico y su caterva de patoteros parlamentarios, sino la protesta contra una sociedad anómica que fue testigo mudo de una aberración constitucional y humana sin precedentes y continúa en sus actividades privadas queriendo creer que ninguno de los crímenes que se están cometiendo tienen influencia sobre su propio futuro.
La Argentina se divide entre un grupo de abusadores del poder y una mayoría que siempre está a la espera de la llegada de la caballería. En otras épocas llegaba justo a tiempo. Pero la última vez, esa mayoría se dio vuelta para sacrificarla cuando había terminado su trabajo. Tal vez y sólo tal vez, la sociedad argentina se vea ahora enfrentada con su propia inconducta y obligada a afirmarse o desaparecer.

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.