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12 años de kirchnerismo fue el costo por no bajar el gasto público

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 27/3/17 en: http://economiaparatodos.net/12-anos-de-kirchnerismo-fue-el-costo-por-no-bajar-el-gasto-publico/

 

Como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales en 2001 nos costó 12 años de kirchnerismo

Corría la década del 80 con Alfonsín presidente y el plan austral naufragando. Recuerdo que fui a un almuerzo en el que estaba invitado Trócolli como orador, el entonces ministro del Interior de Alfonsín, y en una parte de su exposición dijo: sabemos que el gasto público es alto, pero, ¿quién paga el costo político de bajarlo? Pasaron más de 30 años desde ese almuerzo y una y otra vez el argumento vuelve a repetirse. Es políticamente imposible bajar el gasto público.

Uno de los últimos ejemplos que vimos y terminó en una verdadera catástrofe fue el desplazamiento de Ricardo López Murphy del ministerios de Economía por querer bajar el gasto público. Los medios, los políticos y los sindicatos le saltaron a la yugular y tuvo que irse a los pocos días de asumir como ministro. Pero lo que iba a ser una catástrofe social y política si se bajaba el gasto público según la recomendación de Ricardo López Murphy, terminó en una crisis institucional, política y económica de una gravedad inusitada por no seguir las recomendaciones de RLM. De la Rúa tuvo que dejar el poder cuando se acabó el financiamiento externo para cubrir el bache fiscal, se declaró el default de la deuda pública, Duhalde hizo una devaluación salvaje bajando el gasto público en términos reales mediante una llamarada inflacionaria llevando la pobreza por encima del 50%, pesificó los depósitos en dólares y rompió algo tan particular como el respeto por los contratos, elemento fundamental para atraer inversiones.

Al margen de todo eso, como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales nos costó 12 años de kirchnerismo, un gobierno que llegó al poder con el voto de la gente y luego se transformó en un gobierno autoritario, hizo terrorismo de estado utilizando los resortes del poder para perseguir a quienes pensábamos diferente, destruyó la economía del país con su populismo desenfrenado y no tuvo límites en la corrupción.

Pero volviendo al tema del gasto público, un primer argumento que suelen esgrimir quienes dicen que no se puede bajar es que los empleados públicos que perderían sus ingresos y los piqueteros no podrían aguantar. En rigor hay políticas que pueden aplicarse para que puedan aguantar hasta que lleguen las inversiones y tengan un nuevo puesto de trabajo. Pero de todas formas vale formular la siguiente pregunta: ¿acaso el asfixiado contribuyente puede aguantar esta presión impositiva? ¿Por qué el empleado público no puede aguantar y el contribuyente sí puede aguantar esta brutal carga impositiva?

Segunda cuestión. Si no baja la carga impositiva las inversiones no vendrán, no se crearán nuevos puestos de trabajo y nunca podrán pasar los empleados públicos y piqueteros a trabajos en el sector privado. La conclusión sería que Argentina no tiene solución económica y su destino es continuar en la decadencia.

Tercera cuestión, en 2001 el gasto público consolidado era el 35% del PBI y no pudo financiarse. No alcanzaban los impuestos ni el endeudamiento externo, ¿por qué ahora vamos a poder financiar un gasto público consolidado del 48% del PBI? Si no se pudo antes, no veo razones para pensar que ahora sí se pueda. Sí se puede mantener durante un tiempo el bache fiscal con endeudamiento externo, pero en el mediano o largo plazo esa política es insostenible. Nadie nos va a financiar cualquier nivel de gasto público ni de déficit fiscal, además de generar serios problemas en el tipo de cambio real.

La propuesta del gobierno se limita, por ahora, a intentar mantener el gasto público en niveles constantes, es decir, que el aumento nominal de gasto público no sea mayor que la tasa de inflación y, por otro lado, apostar a que el crecimiento de la economía genere más ingresos tributarios y con eso bajar el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento.

Dos objeciones merece está estrategia fiscal. Por un lado, no sabemos por qué causa el PBI va a crecer al 3,5% anual como dice el gobierno. Aun asumiendo que bajara la carga tributaria, la legislación laboral, la burocracia y las regulaciones conspiran contra un flujo importante de inversiones, de manera que no se ve claramente por qué va a subir el PBI sin modificar la carga tributaria, ni remover las regulaciones, ni modificar la legislación laboral, etc. En otros países esta fórmula funcionó porque no tenían las regulaciones laborales y económicas que rigen en Argentina.

Por otro lado, aunque lograran congelar el gasto público en términos reales, eso no significa que se esté reformando el sector público. Que el empleado que pone un sello en un papel para aprobar un trámite inservible gane lo mismo en valores constantes no cambia la falta de competitividad que le transfiere el sector público al sector privado. El desafío es bajar el gasto público para reducir el déficit fiscal y el gasto pero reformando el sector público para que esté al servicio de la población y no de la dirigencia política.

En síntesis, cuando uno propone bajar el gasto público es porque no solo el estado asfixia al sector privado con su peso, sino que, además, se ha transformado en el negocio de los políticos y en el principal enemigo de los ciudadanos, gasto que nos lleva a la decadencia y a un país corrupto.

Desde el punto de vista económico, la pregunta no es ¿cómo hará el sufrido contribuyente para seguir soportando el peso de un estado que no lo deja producir? ¿Acaso el contribuyente tiene menos derechos que los empleados públicos y que los piqueteros? Para los políticos sí, pero para una sociedad libre y con una economía próspera, la respuesta es un categórico no.

Insisto, recordemos que por no haber tenido disciplina fiscal en 2001 y echar al que quería establecerla tuvo el terrible costo político de la larga noche k que estuvo a punto de llevarnos a una dictadura chavista.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

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En nombre de los pobres, se los explota de la peor manera

Por  Alberto Benegas Lynch (h) y Martín E. Krause. Publicado el 8/12/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1965274-en-nombre-de-los-pobres-se-los-explota-de-la-peor-manera

 

Muchos son los problemas que debe enfrentar el actual gobierno. En el nivel macro resulta medular disminuir el astronómico gasto público, lo cual significa terminar con funciones incompatibles con el sistema republicano. Para no remontarnos más allá de principios de los setenta, Perón recurrió a la inflación para financiar el gasto; los militares echaron mano al endeudamiento público; Alfonsín, a la inflación; Menem, al endeudamiento; los Kirchner, a la inflación, y ahora resulta que otra vez se pretende el endeudamiento para no enfrentar el problema de fondo de un Leviatán alarmante y sobredimensionado.

Consideramos que éste es el eje central de lo macro. Respecto de lo micro, son muchos los temas que deben encararse a la brevedad al efecto de no repetir recetas fallidas que indefectiblemente conducirán a idénticos fracasos del pasado. Como no puede tratarse todo al mismo tiempo, en esta nota nos concentramos en el problema de las villas y concretamente en la ciudad de Buenos Aires.

La solución que proponemos para los habitantes de las villas de emergencia, que también lo será para la ciudad, consiste en asignarles derechos de propiedad de la tierra sobre la que han fabricado viviendas precarias y, en su caso, la propiedad horizontal.

 

Por otra parte, el estudio de la propiedad para los ocupantes informales ha sido trabajado por muchos autores, en particular por Hernando de Soto y Enrique Ghersi en El otro sendero. Esta asignación de derechos de propiedad genera incentivos para mejorar las viviendas e incluso el barrio. Debemos recordar que lo que hoy llamamos “civilización” surgió a partir de la efectiva posesión de la tierra y la posterior formalización de ese derecho.

Sin propiedad formal, el mercado inmobiliario es insignificante y restringido, no hay crédito ni instrumentos legales para evitar o resolver una ocupación o el incumplimiento de un contrato de alquiler. O más bien, si los hay, resultan en condiciones muy onerosas.

En cambio, en el contexto de la institución de la propiedad, esto atraería la atención inmediata de operadores inmobiliarios para adquirir esas propiedades y revenderlas en el mercado o para construir inmuebles de mucho mayor valor y, asimismo, permitir que los vendedores se muden a viviendas infinitamente mejores.

Los funcionarios públicos no suelen pensar de esta forma y ponen en evidencia un capricho “planificador”. Les gustaría que esos barrios tuvieran otra disposición. Un urbanizador privado tendría en mente la valorización de la tierra y podría comprar propiedades allí, invirtiendo su dinero -no por la fuerza el de los contribuyentes- y podría desarrollar proyectos de diversa naturaleza que, como ahora se dice, “pongan en valor” la zona.

Sin ninguna duda, si las legislaciones son zigzagueantes y, consecuentemente, la seguridad jurídica no existiera, el proceso señalado no tendría lugar, ya que ningún inversor arriesgará sus recursos para que en medio de la operación irrumpan legisladores que con un entusiasmo digno de mejor causa modifiquen las reglas. Hay que estar en guardia con los que, al contrario de Friedrich Hayek, Bruno Leoni y tantos otros pensadores liberales, consideran que el Poder Legislativo es para cubrir todos los recovecos de la vida de las personas, con disposiciones y reglamentaciones de toda índole, con lo que asfixian la libertad. Es como escribía Marco Aurelio Risolía: “Igual que en el campo de la economía, en el terreno jurídico la inflación de la ley reduce su valor”.

Tenemos que recordar que no siempre hubo villas de emergencias en este país. Los inmigrantes pobres se alojaban en los conocidos “conventillos” de la ciudad, para luego acceder a la vivienda a través de la compra de terrenos en los suburbios en cuotas extendidas en el tiempo. La degradación de la moneda y las regulaciones destruyeron esa forma de financiamiento de la vivienda. Las leyes de control de alquileres y desalojos de hecho privó a multitud de familias de sus ahorros invertidos en pequeños departamentos para alquilar y terrenitos en los cuales tenían depositadas sus esperanzas para su futuro. Sin moneda, no hay crédito a largo plazo. En su lugar, los programas de viviendas propuestos por los aparatos estatales no sólo son insuficientes, sino que suelen desembocar en todo tipo de escándalos de corrupción, como nos dan a conocer las noticias casi diariamente.

Se podría pensar que el procedimiento sugerido constituye un premio y un incentivo para tomar predios públicos a la espera de ser recompensados por ofertas atractivas y proceder a los arbitrajes correspondientes. Sin embargo, la situación no es muy diferente de la actual en el sentido de que los usurpadores podrían contar con vivienda si proceden, como lo han hecho, por ejemplo, los habitantes actuales de la villa 31.

El tema es estar atentos para no permitir nuevos asentamientos que sean arrebatos de espacios públicos. Pero los funcionarios públicos no suelen estar atentos, por deficiencias administrativas y porque sus faenas exceden la de eficaz gestor inmobiliario. Naturalmente el riesgo de conflictos varios se reduciría si el sector público dejara de poseer ciertos espacios que no cumplen con ningún fin de utilidad. Al menos en esta instancia del proceso de evolución cultural, no tiene razón de ser la propiedad inmobiliaria estatal que no sea la vía pública, plazas, parques o edificios para sus oficinas.

Estimamos que las medidas que al momento se adoptan son políticas que no pasan de retoques circunstanciales, prevalece el problema de fondo preparado para que demagogos de diverso color utilicen a los pobres en provecho propio.

El tema no consiste en la buena o mala voluntad de los funcionarios de turno, el tema radica en las instituciones que establecen incentivos en una u otra dirección.

En un plano más amplio consignamos que al efecto de lograr salarios e ingresos más elevados, muy especialmente para los más necesitados, deben establecerse las condiciones indispensables para facilitar el ahorro y la consecuente inversión. Esto no sólo requiere marcos institucionales civilizados, sino que demanda modificaciones fiscales que se traduzcan en la actualización de las valiosos propuestas alberdianas en cuanto a la eliminación de impuestos directos y progresivos que atentan contra la inversión, y reducir las alícuotas de los indirectos y proporcionales en el contexto del federalismo tributario hoy inexistente, para así retomar la mejor tradición argentina.

Esto sólo puede lograrse si se encaran reformas estructurales compatibles con una sociedad abierta, medidas que deben ponerse en marcha y darles principio de ejecución antes de que sea tarde. Sólo interesan los resultados y el balance de la gestión, las explicaciones son irrelevantes. Desde hace décadas, en nombre de los pobres se los explota de la peor manera.

 

Coautores de los libros En defensa de los más necesitados (Atlántida) y Proyectos para una sociedad abierta (Abeledo-Perrot)

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

DOS PAÍSES……….. DOS PAÍSES………… ¿PODRÁN SER UNO?

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 20/12/15 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2015/12/dos-paises-dos-paises-podran-ser-uno.html

 

Si miramos con atención una foto del equipo de kirchneristas que rodearon a Cristina Kirchner, por un lado, y por el otro una foto de mi padre, podríamos preguntarnos cómo es posible que integraran el mismo país. Sus valores más profundos, sus horizontes intelectuales e ideológicos, su conducta personal, son tan abismalmente diferentes que podríamos decir, tal vez con un poco de desaliento, que son dos países, dos maneras irreconciliables de entender el mundo. Como una unidad, no tiene futuro. Los anarcocapitalistas dirían: mejor, pero yo les diré, como siempre: la secesión es dura y violenta. No es como ustedes la imaginan.

Pero la cuestión viene de mucho antes. Dos tendencias integraron siempre las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata. Una monárquica española y otra iluminista afrancesada. Ninguna de las dos era el ogro que una dice de la otra, y ninguna de las dos era el liberalismo clásico anglosajón que yo defiendo. Pero eran dos países. Finalmente, el único liberal clásico de aquellos tiempos, Alberdi, inspiró una Constitución tal vez liberal clásica que intentó ser un magro empate ante los dos países. Fray Mamerto Esquiú oró para que los monárquicos católicos la aceptaran y…… Bueno, mm, ok. Y allí comenzó la Argentina, ese siempre fallido intento de Nación.

Pero claro, no podía durar. Si, sólo ese tímido ordenamiento institucional produjo la Suiza de América Latina, pero había problemas en el paraíso. El golpe del 30 los pasó de la potencia –que, recuerden, no es una mera nada- al acto. Los halcones eran sencillamente nazis y los moderados, franquistas. Tal vez la corte hizo bien en ratificarlos a los 6 meses porque si no, creo, la tomaban por asalto y la convertían en un museo.

Así estuvimos hasta que un perfecto antiliberal y gran manipulador de masas siguió todos los manuales mussolinianos y, mientras Europa se encarrilaba por primera vez al liberalismo, habiendo aprendido el fracaso de las experiencias fascistas, ese supuesto país llamado Argentina comenzó su largo camino de fascismo marxista, que NO es una contradicción. Era uno de los dos países. Muchos le dieron apoyo intelectual, viendo en él la encarnación de la crítica a las “democracias burguesas”. Podría haber durado tanto o más que Franco, de no haber sido por su única reprobación de Maquiavelo 101: enfrentarse con la Iglesia Católica en los 54-55, iglesia que, en términos humanos, le había dado su apoyo pero, claro, hasta los límites que él mismo traspasó.

Los 60 y los 70, claro, fueron distintos. El marxismo NO fascista, sino sencillamente estalinista, avanzó intelectualmente como reguero de pólvora y, claro, produjo una perplejidad entre los nacionalistas peronistas. Unos se moderaron y se hicieron –tal vez como mal menor- casi conservadores que preferían la Constitución del 53 a la unión con Cuba. Otros, los tal vez más coherentes, se hicieron castristas y comenzaron el proyecto de revolución armada que concluye en Montoneros, más los comunistas no peronistas, el ERP. El otro país. El país que quiso, por la fuerza, ser Cuba.

El otro país, que había vuelto a la Constitución de 1953 por mano de la Revolución Libertadora, no entiende bien lo que pasa, no sabe cómo reaccionar. Los militares de las tres fuerzas aparecen como los “NO-CUBA” y dan golpe tras golpe, sin liderazgo ni visión suficiente como para integrarse a esa Constitución que pisotean cada dos por tres dando casi razón a una dialéctica hegeliana de la historia. Pero esas dos fuerzas en pugna tienen un enfrentamiento militar final y dramático: la guerrilla marxista montonera de los 70 en adelante contra los militares del 76. Ya sabemos cómo terminó todo.

La Argentina que queda, ese maltrecho proyecto de Nación, resurge en el 83 con una sola característica distintiva, que señalé una vez en el Cema, en una conferencia, ante reacciones escépticas: NO cuenta ya con el factor militar y, por ende, tendrá que aprender, o no, el camino de la REPÚBLICA.

Pero, claro, el estatismo era incompatible con ello. Estatismo económico y político, porque Alfonsín, Menem –excepto De la Rúa- violaron las instituciones republicanas cada vez que lo necesitaron y el estatismo de los tres fue sencillamente delirante. En todo este período, sin embargo, cabe destacar que los peronistas, al menos de palabra, querían vivir en la Constitución republicana y no reivindicaban Cuba como modelo.

Pero no. Los peronistas castristas, estalinistas, allí quedaron. Definitivamente, el otro país. Tenían Cuba para irse a vivir pero no, querían Cuba con tango y Callo y Santa Fe. Pero esta vez fueron más inteligentes. Aplicaron la doctrina Hitler: al poder por la democracia, y luego la pateamos. Los Kirchner y los que inmediatamente los rodearon no fueron sólo un fenómeno de corrupción, como creen algunos. Fue un fuerte proyecto ideológico pro-Cuba, pro-Venezuela, que un 54 % de argentinos apoya, de los cuales un 35 %, tal vez, lo hizo por indolencia, ignorancia, idolatría del estado, o lo que fuere, ya no importa. El asunto es que no terminamos siendo un estado satélite de Venezuela, con el ejército venezolano en la casa rosada, no sé aún por qué milagro difícil de explicar.

 

Macri no es Mises ni Hayek, obviamente. Pero es alguien que, nada más, ni nada menos, logró formar un partido que les ganó a los castristas, con la ayuda de Elisa Carrió. Nos salvamos además de un fraude que ya estaba a punto de ser ejecutado. En fin, creo que durante mucho tiempo gran parte de los argentinos no tendrán conciencia de la que se salvaron. Por supuesto hay muchos que están muy tristes, la verdad no sé por qué, se puede emigrar perfectamente a Cuba y Venezuela, pero, tengan cuidado, dentro de 20 años dependerán tal vez de Putín, Trump y los Chinos.

Lo que ahora sucede es que, tal vez por primera vez en nuestra historia, tenemos la posibilidad de ser un solo país, identificado sencillamente con una sola cosa: la República. O sea el liberalismo político, pero, shhhh, no lo digamos, a ver si por esa mala palabra todo se arruina. ¿Y el peronismo? Pues bien, allí está la clave: el peronismo NO kirchnerista es la clave, como ya dije, en el proyecto de una Argentina que logre alguna vez ser un solo país. En su capacidad de ejercer una oposición republicana, y no la “resistencia pro-Venezuela” radica la esperanza de Nación (como si yo fuera un defensor de la idea de Nación, pero estoy escribiendo en la cancha de juego que me toca jugar).

 

En la curva gaussiana de la política, siempre quedarán, en sus extremos, como antisistema, todos los que odiarán for ever (lo digan o no) a la Constitución del 53 barra 94 y etc. Pero en el medio, tenemos una nación. Los kirchneristas han quedado definitivamente afuera, pero, cuidado, pueden volver, y la Argentina como proyecto de país se hundirá definitivamente en el agujero negro de la historia.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

El problema institucional supera al económico:

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 26/1/15 en: http://economiaparatodos.net/el-problema-institucional-supera-al-economico/

 

Si bien pueden darse crisis económicas de origen económico, la de Argentina es una crisis económica originada por problemas institucionales

La economía Argentina se encuentra en una seria crisis. Posiblemente una de las más severas de su historia. El 2014 cerró con una inflación que roza el 40%, 10 puntos superior a la del 2013. Los indicadores de actividad económicas más importante hace meses que vienen mostrando valores negativos, es decir, menor actividad económica. El BCRA se encuentra con serio problemas de reservas que sólo puede maquillar contablemente, sumado a un Patrimonio Neto que bien puede ser considerado negativo y con 2/3 de sus activos invertidos en deuda al Tesoro Nacional. Un Tesoro Nacional que posiblemente cierre el 2014 con un déficit fiscal en torno al 6.5% del PBI (con estimaciones privadas de producto). La infraestructura del país se encuentra “atada con alambres.” Argentina sigue en default y a medida que pasan los días se confirma que el argumento de la RUFO era una excusa para no saldar las deudas pendientes y no una verdadera causa. El listado de problemas podría seguir. Estos son todos síntomas de una economía que ya se encuentra en crisis. A las crisis económicas no se llega sólo con “explosiones económicas” como fue la del 2001, puede ser el resultado de un largo y manso recorrido hasta la misma.

Pero nada de esto ya parece importar luego de la muerte de Nisman. Nada desnuda más la importancia de las instituciones que en repetidas ocasiones se ha mencionado en distintas columnas. Si bien pueden darse crisis económicas de origen económica, la de Argentina es una crisis económica originada por problemas institucionales. El deterioro institucional ha llegado al punto tal de encontrar una muerte con demasiadas dudas a su alrededor de un fiscal federal con una de las causas más importantes, sino la más importante del país. En otros países esto hubiese producido la caída de varios ministros, sino del gobierno entero, sin tener que llegar a las contradicciones, casi papelones, de los que ha participado la Presidente con sus cartas en Facebook y el bloque peronista tanto el lunes como con la lectura del comunicado pocos días después.

¿Cómo se llegó a una situación donde lo que sucedió con Nisman es de hecho posible? ¿Acaso el Kirchnerismo no dio acabadas muestras de deterioro institucional desde su inicios?

¿Cómo es posible que de hecho suceda? ¿Era algo así factible diez años atrás?

¿Cómo es posible que las instituciones no reaccionen fuertemente ante este escenario?

Es que en Argentina ya parece no haber instituciones, sino personas con más o menos poder. La oposición, por su lado, está más preocupada por no aparecer y dejar sólo al gobierno frente a este tema que mostrar un frente común que de algo de certeza a futuro. Ciertamente la oposición no puede inmiscuirse en la investigación, pero asumiendo que el Kirchnerimo deja le poder en diciembre del 2015, ¿qué futuro le depara al país? ¿Cómo es la nueva Argentina post-K? No hay ningún indicio claro proveniente ni siquiera de los presidenciables. Frases hechas como “continuar con lo bueno y cambiar lo malo” están totalmente vacías de contenido. En los 80 Alfonsín hacía referencia a que con la democracia se come, educa, etc., y el país con un cuadro hiperinflacionario, problemas de deuda y una economía cerrada. Hablar de “esperanza, fuerza, y convicción” como si fuese una frase mágica es, básicamente, lo mismo.

En países con instituciones republicanas más sólidas, no hacen falta casos como los de la muerte de Nisman para enviar fuerte señales a la dirigencia política de que deben corregir sus acciones. Escándalos sexuales, de evasión impositiva, algún que otro acto de corrupción pueden dar por terminada carreras políticas. ¿Acaso una aventura con alguna amante, o la evasión de algún que otro millón de dólares, o un acuerdo con algún empresario amigo del poder es tan dañino para la economía en su conjunto? La respuesta es no. Las aventuras románticas de un presidente nula influencia pueden tener en sus decisiones como jefe de estado.

Estos casos, sin embargo, juegan el rol de ser luces rojas sobre problemas que sí son más serios pero inobservables al menos hasta que es demasiado tarde. Los altos cargos políticos son proclives a ser ocupados por personas sin empatía hacia terceros. Estas personalidades ven a terceros como medios para alcanzar sus propios fines. ¿No suena acaso familiar a la política Argentina, donde cambiar de bando y la Borocotización, por ejemplo, es casi una norma? Si el Presidente, por ejemplo, es descubierto con una amante con las implicancias que eso implica para su pareja y familia, que empatía le espera al resto de la población. El riesgo puede ser muy grande. Quizás esta persona no tiene problema en someter a su población a faltantes de medicamentos, alimentos, pobreza, etc. Quizás esta persona no tiene problema en utilizar la fuerza del estado para hacer desaparecer personas o que las mismas sean encontradas sin vida. Quizás para cuando este perfil es obvio ya es demasiado tarde.

Las manifestaciones en la calle (algunas con alcance internacional) que la sociedad Argentina ha mostrado en los últimos años no es sólo una muestra del rechazo a un partido político que hace uso y abuso del poder del estado, es también un síntoma de una falta de dirigencia política que canalice este rechazo. El rol de la democracia y la república y es que no sea la gente la que tenga que deponer al poder cuando este se le vuelve en contra, sino que sean los resortes institucionales los que pongan límites al uso del poder del estado y se utilicen las herramientas institucionales para dar por finalizada una administración cuando la misma no cumple con sus obligaciones.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. 

Lecciones de historia de la deuda externa argentina

Por Adrián Ravier: Publicado el 12/7/14 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2014/07/12/lecciones-de-historia-de-la-deuda-externa-argentina/

 

La historia de la deuda externa argentina nace en 1824 con el empréstito de la firma Baring Brothers. Podríamos ofrecer un prolongado detalle de su evolución, pero lo cierto es que en 1976, el monto total de la deuda externa sumaba apenas 4000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y “Tablita” mediante, Martínez de Hoz termina su gestión el 31 de marzo de 1981 dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts,parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Golpe de estado contra la Corte Suprema (12 de septiembre de 2003) (SE LOS DIJE CARAJO!)

Por José Benegas. Pubicado el 31/10/13 este artículo publicado originalmente en Septiembre de 2003 en: http://josebenegas.com/

Jose Benegas el 12/09/2003 05:35:00 p.m.
La peor violación a la independencia del Poder Judicial de toda la historia argentina fue cometida esta semana por el señor K y su mayoría automática en el senado de la nación, con la destitución de Eduardo Moliné O´Connor como Juez de la Corte Suprema de Justicia.
Unida a las renuncias forzadas de los jueces Nazareno y López y al ahora iniciado juicio político contra Adolfo Vázquez de previsible final, los nuevos puestos kirchneristas en el Máximo Tribunal serán cuatro, entre nueve. Pero a eso debe sumarse el alineamiento incondicional del antes demonizado y atemorizado (ahora protegido) doctor Boggiano y de otros miembros pro K del Tribunal como el doctor Petracchi, para completar la nueva Corte obediente en la Argentina.
El bochornoso procedimiento contra Moliné O´Connor conducido por la todopoderosa cónyuge presidencial, fue nada más que la puesta en escena de una condena decidida de antemano.
Como la historia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha estado contaminada por la lucha política y eso en la Argentina significa una guerra de propaganda a través del aparato mediático, al que el poder judicial no tiene acceso por sí, es útil hacer un breve repaso de algunas realidades referidas al Máximo Tribunal.
Cuando Alfonsín llegó al poder el 10 de diciembre de 1983 se encontró con una Corte Suprema de Justicia en pleno funcionamiento, pero que carecía de acuerdo del senado. No eran militares, ni interventores, ni se trataba de designaciones políticas, sino de magistrados con carrera judicial, pero Alfonsín tenía la alternativa de desconocer sus nombramientos e instalar una Corte amiga. De hecho, muchos otros miembros del Poder Judicial que ejercían la magistratura en otras instancias, carecían del acuerdo necesario (caso del actual ministro Zaffaroni) y fueron confirmados por Alfonsín en sus designaciones a través del mecanismo constitucional.
Se trataba en realidad de un caso no previsto por la Constitución, porque si bien desde el plano formal no había posibilidad de que hubiera ministros de la Corte que no tuvieran acuerdo del senado, el mecanismo de designación de jueces vitalicios tampoco permitía a ningún presidente llenar todos los cargos de la Corte y tener pleno dominio del poder judicial colocando al sistema republicano, en lo sustancial, en severo riesgo.
Por supuesto, Alfonsín eligió tener su propia Corte. De ese período podemos recordar que la Corte convalidó criterios revolucionarios y antiliberales en materia penal, como la responsabilidad mediata de los miembros de las juntas militares por los actos de sus subordinados, criterios que hasta el día de hoy permiten perseguir a miembros de las fuerzas armadas por hechos de los que no pudieron haber tenido conocimiento, la convalidación de la constitución de tribunales especiales prohibidos expresamente por la Constitución y la detención de diez personas por orden del Poder Ejecutivo invocando una conspiración jamás probada o intentada probar.
Alfonsín tuvo que pactar para lograr este objetivo con Leónidas Saadi que en aquellos tiempos lideraba al justicialismo en el senado. Hubo un intercambio de figuritas y el catamarqueño obtuvo muchos nombramientos en tribunales de primera instancia y cámaras.
Así y todo como Alfonsín acariciaba sueños hegemónicos sobre la mitad de su mandato, no creyó suficientemente alfonsinista a la Corte y mandó al Congreso un primer proyecto de llevar el número de sus miembros a nueve, que no pudo imponer.
Al llegar Carlos Menem al gobierno, se encontró con una Corte con acuerdo del senado pero enteramente alfonsinista. Situación que la Constitución tampoco prevé. Podría haber tomado la determinación de no intervenir y dejar que el paso de los años y varios períodos presidenciales normalizaran la Corte. Pero Menem tenía entre manos una serie de transformaciones en el Estado con su política de privatizaciones y desregulación que chocaba no con la Constitución, pero sí con buena parte de la legislación anticonstitucional, no declarada así por décadas de sentencias judiciales antiliberales, y entonces decidió retomar el proyecto de Alfonsín y proponer elevar el número de miembros a nueve. Menem, al contrario que Alfonsín, obtuvo lo que se propuso.
Pero Menem no fue el único que hizo suyo el plan alfonsinista. Nestor Kirchner también amplió el número de miembros del Supremo Tribunal de su provincia, instalando una Corte amiga.
En esa época se produce la importación de la doctrina del “per saltum” que permite a la Corte abocarse al conocimiento de cualquier causa en la que esté en juego una grave cuestión institucional, lo que permite a Menem librarse de medidas cautelares que no le hubieran dejado avanzar en su política de privatización.
El siguiente acontecimiento que marca la historia de la Corte del último período democrático fue el pacto de Olivos. El malestar de la oposición por el resultado de la ampliación del número de miembros de la Corte con estos cuatro nuevos miembros que en los asuntos de interés del gobierno votaban generalmente juntos, sirvió de figurita de cambio a la hora de pactar con Alfonsín la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional.
Fue así que en 1994 se puso fin a cualquier “mayoría automática” y se forzaron las renuncias de los jueces más cercanos a Menem, quienes no opusieron ninguna resistencia, y se los cambió por otros propuestos por la oposición. En 1994, la cuestión del aumento de miembros de la Corte hecha a medida de Carlos Menem, se había dado por terminada.
Un estudio reciente del instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, demostró que en todo el período que va desde 1983 hasta la fecha Carlos Menem soportó más declaraciones de inconstitucionalidad que cualquier otro presidente y que la “mayoría automática” no había votado en el mismo sentido más que en unos pocos casos. Alfonsín, por supuesto, fue el que menos cuestionamientos constitucionales recibió de su Corte.
Lo que demostró este estudio es que la existencia de una “mayoría automática” era un mito político, que siguió corriendo luego de la “normalización” de la Corte en 1994, sólo porque era útil para atacar a Menem y porque la izquierda que fogoneaba causas contra viejos enemigos a costa de todos los principios de derecho conocidos, notaba que sus disparatados criterios eran convalidados en primera instancia y también en la Cámara Federal, que actúa como el brazo judicial de Horacio Verbitsky, pero no conseguían ser convalidados en la Corte Suprema. Y este obstáculo contra los planes de venganza de la izquierda revolucionaria no se debía a la oposición simplemente de los jueces nombrados en la época de Menem, sino la de todos los miembros del Alto Tribunal. De hecho, el voto que sirvió para declarar constitucional las leyes de obediencia debida y punto final, en pleno gobierno de Alfonsín con la Corte de cinco miembros, fue el de Enrique Petracchi.
El verdadero daño que hizo Menem al sistema Judicial estuvo dado con el nombramiento de Jueces Federales enteramente politizados y que (esperaba) le fueran fieles. Para eso desplazó mediante ascensos a otros que ocupaban esos lugares cuando llegó al poder.
Pero la estrategia terminó jugándole en contra años después, porque los jueces amigos tenían una colección de trapos que esconder más allá de su alineamiento político, y buscaron protección por dos vías igualmente perversas que se volvieron contra Menem. La primera dando rienda suelta al festival izquierdista de perseguir militares y mantener viva la década del 70. Ese sólo mecanismo les aseguraba la protección o el silencio de una prensa cada vez más agresiva y cada vez más volcada al socialismo revolucionario. Doña María Romilda Servini de Cubría pasó de ser “Servil que cubría” en palabras de Horacio Verbitsky, a una respetabilísima juez cuando decidió detener a una veintena de oficiales por ser parte presuntamente de un complot para robar niños, todos los cuales fueron puestos más tarde en libertad.
La segunda línea de protección que tomaron estos jueces fue soslayar todos los principios jurídicos para permitir al gobierno de la Alianza tener detenidos a “personajes emblemáticos del menemismo” (ex funcionarios de Menem que carecieran de la protección del partido justicialista). De esa época y de esos jueces menemistas, son las detenciones con criterios jurídicos aberrantes y a pedido de un órgano del Poder Ejecutivo nuevo denominado “Oficina Anticorrupción”, como la de Cavallo, Balza, Erman González, Alderete y el propio Carlos Menem, recurriendo a figuras forzadas como la “responsabilidad mediata” ya “creada” políticamente en la época de Alfonsín, la “asociación ilícita”, las “falsificaciones de decretos”, todas rechazadas por las opiniones jurídicas más autorizadas. Aquello fue un verdadero circo.
Estas dos líneas de protección que buscaron los jueces federales más deshonestos eran simpáticas, sin embargo, a los ojos del público. Y lo eran porque el público miraba todos los acontecimientos del país bajo el tamiz de la izquierda revolucionaria con presencia hegemónica en los medios de comunicación.
Sin embargo, el único eslabón que la izquierda no lograba dominar, era precisamente, la Corte Suprema de Justicia, que se mantenía haciendo respetar los criterios liberales tradicionales del derecho penal y, en general no convalidaba ninguna de las arbitrariedades que se proponían desde instancias anteriores. De nuevo, no eran los jueces nombrados en la época de Menem los que daban vuelta estos fallos arbitrarios, sino todos ellos.
El más resonante de esos casos fue el impecable voto de Carlos Belluscio en el caso Emir Yoma, que posibilitó la libertad de Carlos Menem en el disparatado caso “armas”, en el que acusaba al Juez Urso de haber invertido el silogismo de la sentencia, buscando una figura que permitiera la prisión preventiva para luego tratar de deducir cómo era que el imputado había incurrido en la conducta en cuestión. Se ocupó también Belluscio de castigar la conducta de jueces que ganaban en tranquilidad respondiendo a los criterios políticos que se imponían en los medios de comunicación y alejándose del derecho.
Pero un fallo que debió ser tomado como ejemplo de restablecimiento del orden jurídico, fue luego utilizado para atacar a la Corte. Curiosamente no fue invocado contra el doctor Moliné O´Connor en el simulacro de juicio político al que fue sometido.
En esas condiciones llegamos al colapso de la Alianza en diciembre de 2001. El fracaso del gobierno de de la Rúa abría la posibilidad de la vuelta de Carlos Menem al poder, algo que por cierto no querían quienes habían organizado las revueltas que forzaron la renuncia del presidente. Parte del plan político de la entente bonaerense Duhalde – Alfonsín que desplazó a de la Rua era promover una mega devaluación y una agresiva política intervencionista. Eso requería una Corte dispuesta a hacer la venia a las transgresiones constitucionales que esa política traía consigo. Durante los acontecimientos del 20 de diciembre, por los distintos móviles de los canales de televisión aparecían carteles prolijamente impresos pidiendo que se fuera la Corte Suprema de Justicia en pleno. Los revoltosos se distribuían prolijamente para crear el clima contra el Tribunal en un hecho sin precedentes.
Las presiones duhaldistas para deshacerse de la Corte, tanto de la “mayoría automática” como de la “minoría automática” fueron enormes, nunca vistas, sin otro fundamento que su poder patoteril. Pensó inclusive en sacarlos por un acto de fuerza, pero no contó con el apoyo de las fuerzas armadas para hacerlo. Optó entonces por encargar a la Secretaría de Inteligencia del Estado la realización de una dura campaña de desprestigio que fue exitosa y la organización de “espontáneos escraches” contra los jueces. Consiguió volcar a una enardecida, confundida y golpeada opinión pública, contra el Máximo Tribunal, aún cuando la gente no sabía quienes eran, ni qué habían hecho, ni mucho menos cuáles eran sus funciones. Entre las opiniones de ese entonces se escuchaban sandeces tales como que la Corte había instaurado el llamado “corralito”.
Sin embargo Duhalde fracasó, sólo consiguió la renuncia de uno de los jueces (al que llenaron de elogios pese a que su desempeño había sido muy pobre), y recibió presiones internacionales para detener su ataque a la Corte, porque en la Argentina no había ciudadanos con conciencia suficiente para oponerse a la ola de odio revolucionario que se vivía en ese entonces.
En realidad la categoría “ciudadano con conciencia” es algo de lo que la Argentina carece desde hace mucho más tiempo. Nadie quería dejar de pronunciar la frase hecha del momento: “la Corte adicta”. Adicta hubiera sido a un gobierno que no estaba en el poder y por lo tanto no podía ser un obstáculo al funcionamiento de la república. Pero pensar obligaba en esa época a pelearse con mucha gente. En la Argentina no se defiende ninguna causa que “quede mal”. Nadie se desprestigia por ser tibio; es casi una virtud.
Duhalde tuvo finalmente que frenar a sus lugartenientes. Le costó más con los de Santa Cruz, porque si bien formaban parte de su coalición, tenían algunas cuentas pendientes con la Corte que querían zanjar. Era el caso del fallo de la Suprema Corte que reponía en el cargo al Procurador General ante el Supremo Tribunal de Santa Cruz al que el gobernador Kirchner había depuesto, seguramente por no ser su esclavo; fallo que nunca fue cumplido. El señor K, no perdona a quienes lo contradicen.
Los últimos acontecimientos son conocidos. Un presidente que tiene prohibido constitucionalmente inmiscuirse en temas judiciales, que no tiene función alguna que cumplir en materia de remoción de jueces, se ocupó personalmente de eliminar los elementos discordantes del Poder Judicial, bajándoles el pulgar a través de la cadena nacional de televisión. Así forzó las renuncias de Nazareno y López y destituyó a Moliné O´Connor, quien con toda dignidad y perdiendo su derecho a jubilarse, soportó el simulacro de juicio político hasta sus últimas consecuencias.
Esta es tal vez la mayor disidencia entre todas nuestras disidencias. Porque no es una protesta contra un gobierno despótico y su caterva de patoteros parlamentarios, sino la protesta contra una sociedad anómica que fue testigo mudo de una aberración constitucional y humana sin precedentes y continúa en sus actividades privadas queriendo creer que ninguno de los crímenes que se están cometiendo tienen influencia sobre su propio futuro.
La Argentina se divide entre un grupo de abusadores del poder y una mayoría que siempre está a la espera de la llegada de la caballería. En otras épocas llegaba justo a tiempo. Pero la última vez, esa mayoría se dio vuelta para sacrificarla cuando había terminado su trabajo. Tal vez y sólo tal vez, la sociedad argentina se vea ahora enfrentada con su propia inconducta y obligada a afirmarse o desaparecer.
José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

Tres décadas y un problema llamado déficit fiscal

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 9/10/13 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2013/10/09/tres-decadas-y-un-problema-llamado-deficit-fiscal/

Tras tres décadas desde la vuelta a la democracia, el kirchnerismo se asoma al fin de su período con una situación económica con serias complicaciones e incluso con la posibilidad de terminar con otro default internacional. De hecho, las tres décadas democráticas estuvieron signadas por serios problemas económicos como la hiperinflación de fines del 80, la crisis del 2001 y los actuales desequilibrios monetarios. Sin embargo no hay nada nuevo bajo el sol en lo que concierne al origen de los problemas económicos de las últimas tres décadas, que estuvieron marcadas por el mismo problema: déficit fiscal, déficit fiscal y déficit fiscal…

Analizar el caso argentino con énfasis en políticas públicas sin poner la lupa en el problema del déficit fiscal es pasar por alto el problema de fondo. Es como sostener que el problema del adicto al alcohol son los síntomas, o la marca que consume, pero no la adicción al gasto público. El problema de errar en el diagnóstico es que fácilmente puede llevar a proponer solución aquello mismo que produce el problema en primer lugar. Una nueva ronda de tragos para combatir la resaca no es una solución de largo plazo. Ciertamente, tener déficit fiscal algún que otro año no es un problema serio, como no lo es tomarse una copa de vino durante la cena, el problema es la acumulación de déficits fiscales a niveles insostenibles. El problema no es la copa de vino, es la sumatoria. Expandir el gasto público para combatir las secuelas de una crisis de origen fiscal difícilmente lleven a buen puerto.

Cuando Menem asume la presidencia la emisión monetaria ya no era un medio efectivo para financiar el gasto. El gobierno de Alfonsín ya había agotado esa herramienta llevando al país a un caso inédito de hiperinflación. La “maquinita” ya no era una herramienta viable para financiar al Tesoro. Luego de algunos traspiés, el nuevo esquema de convertibilidad le ató las manos a un banco central incapaz o desinteresado en proteger el valor de la moneda. El desequilibrio fiscal, sin embargo, no desapareció. Lo que se modificó fue la fuente de financiamiento. El adicto al déficit fiscal cambió su bebida de elección sin modificar su dañino comportamiento. El proceso de privatización implicó un ingreso de recursos por la venta de activos y la eliminación de empresas estatales fiduciarias a cambio de empresas contribuyentes al fisco. El proceso de privatización (algunas bien hechas, otras mal hechas) no tuvo nada que ver con un súbito ataque de “neoliberalismo” en el peronismo de turno, sino que tuvo que ver con serias necesidades de recursos. Ya no causa sorpresa que el mismo partido (en algunos casos los mismos políticos) que defendieron las privatizaciones hayan defendido las nacionalizaciones del gobierno K siempre y cuando esto permita patear hacia adelante los problemas de caja.

La venta de activos, sin embargo, posee un límite, eventualmente ya no quedan activos por privatizar. La otra fuente importante de recursos a lo largo de los 90 fue la toma de deuda con organismos internacionales. Dada la ley de convertibilidad, el BCRA no estaba autorizado a emitir pesos sin la correspondiente entrada de dólares (situación convenientemente flexibilizada a medida que pasaban los años.) El gobierno, en lugar de financiarse con el BCRA, lo hacía con los organismos internacionales. El gobierno de Menem no solucionó el problema del gobierno de Alfonsín, sino que encontró una nueva manera de prolongarlo en el tiempo. Es un error de diagnóstico ver en los 90 un gobierno “neoliberal” (alcanza con ver cuántos puntos de la receta neoliberal del Consenso de Washington no se cumplieron) por el contrario, fue una época típicamente keynesiana, donde el gasto público tuvo precedencia sobre el equilibrio fiscal.

De la misma manera que la emisión monetaria no es sostenible de manera indeterminada, tampoco lo es la deuda pública en dólares. Eventualmente el peso de la deuda fue tal que el sistema colapsó en el 2001. Entre 1991 y el 2001 el gasto público aumentó un 90.8%, el PBI lo hizo en un 49.3%. Es decir, la deuda pública creció casi al doble de velocidad de la economía. Imagínese lo que pasaría con sus finanzas personales si aumenta el gasto de su tarjeta de crédito un 90.8% en este período pero sus ingresos sólo lo hacen un 49.3%. Eventualmente el banco le va a cortar el crédito y pedirle que salde su deuda. Ahora lleve ese problema a dimensión país: el resultado es la crisis del 2001. La irresponsabilidad financiera a escala familia no deja de serlo a escala país. La diferencia es que usted no puede defaultear y trasladarle el costo a sus acreedores, que es lo que hizo el gobierno en el 2001.

Como es costumbre política, cuando el déficit fiscal se vuelve insostenible priman las medidas de corto plazo sobre las soluciones de fondo. En lugar de equilibrar las cuentas fiscales, se prefirió declarar un histórico default internacional (vitoreado cual “barra brava” en el honorable Congreso de la Nación), instaurar dos corralitos, y proceder con una devaluación que llevó el tipo de cambio de 1ARS = 1USD a 3ARS = 1USD. Estas medidas lo que hicieron  fue transferir el costo del ajuste a los acreedores externos, a los importadores y a los tenedores de pesos. Cuando por impericia o desinterés en el manejo fiscal se llega a un punto crítico como lo fue el 2001, donde ya no es posible pasarle el problema al próximo gobierno de turno, el debate no es si debe o no hacerse un “ajuste”, sino quien va a pagar el ajuste dado que el mismo es inevitable. El gobierno K, en cuyo relato reniegan de aplicar una ajuste, de hecho produce un duro ajuste al imponer un cepo cambiario, una inflación real superior al 20%, cerrar virtualmente las importaciones, tener una deteriorada infraestructura energética y de transporte, etcétera. Los gobiernos suelen preferir trasladar el ajuste a sus representados antes que hacerse cargo de sus propios desmanejos económicos.

Gracias a la devaluación y al default, los primeros años post 2001 mostraron superávit gemelos (fiscal y comercial). Pero dos problemas quedaron irresueltos. En primer lugar, más allá del atraso cambiario a fines de los 90, la devaluación de Duhalde no equilibró el mercado externo, sino que se pasó de un atraso cambiario a un adelanto cambiario. Esto produce rentabilidades artificiales en el sector exportador, que no dudará en reclamar socorro al estado partenalista bajo el nombre de “tipo de cambio competitivo” cuando la rentabilidad artificial comience a reducirse hacia su real valor de mercado. Bajo el esquema 1ARS= 1USD, uno puede comprar bien por 100ARS en Argentina o 100USD en el exterior. Bajo un esquema de 3ARS= 1USD los precios domésticos aumentan hasta que el precio local es 300ARS y el internacional es de 100USD. Es decir, se vuelve a una situación similar a la del “1 a 1.” Comprar a 300ARS en Argentina o a 100USD en el exterior es lo mismo dado el tipo de cambio 3ARS= 1USD. Pueden cambiar los números, pero la situación económica es la misma a la del “1 a 1.” Esto explica la alta inflación de los años post-crisis.

El segundo problema que quedó sin resolver fue el del gasto público, que eventualmente erosionó el superávit fiscal. El problema de fondo de las dos décadas pasadas fue repetido una vez más sin desviarse del libreto. Así como en los 90 el menemismo tuvo que cambiar la fuente de financiamiento del gasto público y se recurrió a la venta de activos (privatizaciones) y deuda pública, el gobierno K también tuvo que cambiar sus fuentes de financiamiento. En lugar de privatizar, se confiscaron (con procesos de dudosa constitucionalidad) cajas y flujos de fondos siendo el caso de lasAFJP posiblemente uno de los casos más claros. Dado el cierre al mercado financiero internacional, se procedió a tomar deuda cara con Venezuela y cancelar deuda barata (con el FMI), aumentar la presión impositiva a niveles asfixiantes (cómo en el intento de la Resolución 125) y hacer uso una vez más del BCRA para financiar al Tesoro. Todo esto son síntomas de que en los últimos 30 años la Argentina persiste en cometer el mismo error sin atender a los motivos de fondo.

El radicalismo de Alfonsín, el peronismo de Menem y el peronismo K ofrecen en términos de desmanejo fiscal la misma receta. Las diferencias en política económica no se debieron a diferencias ideológicas o partidarias, sino a las circunstancias económicas de cada momento que impedían ciertos métodos de financiamiento del déficit fiscal, viéndose obligados a buscar métodos alternativos. El adicto al alcohol puede verse forzado a cambiar de barman si su bar predilecto se encuentra cerrado, pero no por ello soluciona su adicción. La inflación de fines de los 80, la deuda pública de los 90 y la inflación actual no cayeron del cielo, sino que tienen su origen en gobiernos adictos a las políticas populistas que le llevan a descuidar el equilibrio fiscal necesario para un sendero de crecimiento estable a largo plazo.

Cambiar el método de financiamiento del déficit fiscal no soluciona el problema, simplemente le cambia el maquillaje. Creo que fue un ministro español quien dijo que el déficit fiscal no es de derecha ni de izquierda, ni del socialismo ni del libre mercado, es de gobiernos eficientes. Los serios problemas económicos que afligen al país hoy día no hay que buscarlos en discursos ideológicos, conspiraciones internacionales ni grupos concentrados de poder. El problema tiene nombre y apellido: déficit fiscal. La clase política dirigente debe mirarse en el espejo si quiere encontrar la causa de los problemas económicos del país.

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Unión Cívica Radical: ¿dónde quedaron los principios?

Por Enrique Edmundo Aguilar. Punlicado el 9/5/12 en: http://www.elimparcial.es/america/union-civica-radial-donde-quedaron-los-principios-103975.html

  Muchos argentinos conservamos vivo el recuerdo del presidente Raúl Alfonsín recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional para saludar, en diciembre de 1983, la llegada de la recuperación democrática.

La invocación de esa verdadera oración laica había sido determinante, en plena campaña electoral, para inclinar el voto mayoritario hacia la Unión Cívica Radical (UCR) frente a un peronismo nada remozado que enarbolaba banderas de confrontación en manos de dirigentes de dudoso prestigio. Se trataba, por lo demás, de una invocación inscripta en la tradición de un partido cuyas bases doctrinales postularon desde su nacimiento el respeto por la Constitución y las instituciones.

Sin embargo, esa tradición parece haberse desvirtuado con el apoyo que la UCR brindó a la ley que selló la confiscación del 51 % del paquete accionario de YPF. Excepto por algunas voces disidentes (dos diputados radicales abandonaron el recinto y uno solo votó en contra), lo cierto es que la opinión orgánica del partido fue la de acompañar la sanción de una ley que pone al descubierto la falta de seguridad jurídica en la Argentina (esas “palabras horribles”, según nuestro Viceministro de Economía) y la escasa preocupación que esta carencia viene suscitando entre nuestros representantes.

La UCR ha sido infiel a su propio ideario y en nombre de una concepción imprecisa e instrumental de la soberanía ha consentido sin remordimientos la violación del artículo 17 de la Constitución que establece, entre otros conceptos, que “la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Que este partido histórico haya dejado de ser hace rato una alternativa de gobierno es para mí algo realmente menos grave. De ahora en más, es improbable que me parezca siquiera confiable para canalizar, en ámbitos de deliberación legislativa, una postura independiente o crítica.

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.