No es que faltan dólares, no los hay al precio artificialmente bajo que quiere el Gobierno

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 11/2/2020 en: https://www.infobae.com/economia/2020/02/11/no-es-que-faltan-dolares-no-los-hay-al-precio-artificialmente-bajo-que-quiere-el-gobierno/

 

Las autoridades se están metiendo en un problema del cual le será cada vez más complicado salir. Pisan los precios claves de la economía pero siguen emitiendo moneda que la gente no quiere. Eso no termina bien

Si se compara el tipo de cambio promedio de octubre 2019 contra el tipo de cambio enero 2020, se observa un aumento del 3,6%, en tanto la inflación en el mismo período fue del 12% asumiendo una inflación del 3,2% en enero (Shutterstock)

El presidente Alberto Fernández acaba de afirmar, refiriéndose al control cambiario, que “el problema que nos dejó Macri es que no hay dólares en Argentina, y como no hay divisas, y las que hay las necesitamos usar muchas veces para pagar insumos y producir, preferimos preservar esos dólares”.

Si bien desde esta misma columna he manifestado en reiteradas oportunidades mis diferencias con la política de endeudamiento del anterior gobierno, así como el endeudamiento del BCRA y la política cambiaria, me parece oportuno aclarar que actualmente, en realidad, no hay dólares suficientes al precio que el gobierno quiere que haya dólares, es decir al tipo de cambio oficial de 63 pesos. No es que falten dólares, faltan dólares a un precio artificialmente bajo.

Por otro lado, los dólares que ingresan por exportaciones tampoco son de la Argentina, ni del BCRA, ni del Gobierno. Pertenecen a quienes produjeron y exportaron. Imaginemos que no existe la intermediación del exportador, cuando el productor de soja, maíz o lo que sea que se exporta vende sus productos está entregando algo que es de su propiedad y recibe dólares que también son de su propiedad. De manera que esos dólares que ingresan por exportación son de legítima propiedad de quienes produjeron un bien para ser exportado. Que el Estado se los quede por la fuerza y a un precio artificialmente bajo, no significa que sean dólares del Estado, son dólares que el Estado le quitó al exportador por la fuerza y a cambio le entregó unos pesos que nadie quiere porque se deprecian continuamente. Encima que el Estado le quita al exportador sus dólares, se los quita entregándoles menos pesos que los que el mercado está pagando. Es decir, le quita los dólares y además le entrega menos pesos por dólar de los que debería entregarle.

Pero, por otro lado, hay una inconsistencia en la política cambiaria oficial. El Presidente dijo que faltan dólares. Una de las maneras que se genera ingreso de dólares es con exportaciones. Sin embargo, el exportador es castigado con un dólar artificialmente barato y, además, con un impuesto a las exportaciones que desestimula las exportaciones. Por ejemplo, el productor de soja no recibe el artificial tipo de cambio de $63 por cada dólar exportado, sino que recibe $44 menos todos los impuestos, pero tiene que pagar los insumos a precio de tipo de cambio de 63 pesos. O sea, al sector que más exporta se los castiga con el tipo de cambio y con impuestos generando todos los desestímulos posibles para que ingresen dólares por el lado de las exportaciones.

Otra manera de generar ingreso de divisas es mediante inversiones. Teniendo en cuenta la política impositiva que decidió aplicar el gobierno frenando el ajuste por inflación de los balances y aumentando la carga tributaria, tampoco se estimula el ingreso de dólares por inversiones que, en última instancia, es la única manera de crecer: aumentando la inversión para crear más puestos de trabajo, bajar la desocupación y en el mediano plazo mejorar los ingresos reales de la población para que pueda mejorar el consumo.

En definitiva, a los dos factores fundamentales que podrían generar el ingreso de dólares que hoy tanto preocupa al gobierno, se les aplicó los desincentivos necesarios para que no vengan, así que la escasez de dólares va a seguir existiendo. Esto lleva a adoptar una política como la del “cepo” para que la gente no pueda comprarlo que es un ingrediente más que frena el ingreso de dólares para invertir, porque nadie va a ingresar divisas a un país para luego no poder sacarlas si así lo desea. Nadie se mete solo en una jaula, cierra con llave y tira la llave lejos para quedar atrapado al lado del feroz fisco argentino.

Acá el problema de fondo es que el gobierno no quiere que el dólar suba, por lo tanto mantiene un precio artificialmente bajo y lo raciona vía el cepo cambiario. El problema es que al mantener artificialmente bajo el tipo de cambio, se afecta el tipo de cambio real.

Si comparamos el tipo de cambio promedio de octubre 2019 contra el tipo de cambio enero 2020, se observa un aumento del 3,6%, en tanto la inflación en el mismo período fue del 12% asumiendo una inflación del 3,2% en enero. Es decir, Argentina tiende a ser cara en dólares y esto lleva a que se compliquen las exportaciones y se estimulen las importaciones.

Lo que aparentemente está intentando hacer el gobierno es utilizar la vieja receta de pisar el tipo de cambio y los precios de ciertos productos (precios cuidados y tarifas de los servicios públicos) para frenar la inflación. Sin embargo, con tarifas congeladas, precios cuidados y tipo de cambio pisado que subió solo 3,2% en los últimos 3 meses, la base monetaria tuvo un aumento, considerando los promedios mensuales, del 22% comparando enero 2020 versus octubre 2019.

Alberto Fernández (REUTERS/Matías Baglietto)

En definitiva, el Gobierno se está metiendo en un problema del cual le será cada vez más complicado salir. Pisa los precios claves de la economía pero sigue emitiendo moneda que la gente no quiere. Eso no termina bien. Es imperativo que revea su estrategia.

Finalmente, todo parece indicar que el presidente Alberto Fernández está intentando reeditar el gobierno de Néstor Kirchner en la parte económica. En ese punto tiene que tener presente que las condiciones son totalmente diferentes. En primer lugar no hay un stock de capital heredado en infraestructura como el que dejó Menem como para consumírselo sin afectar los servicios públicos. Me refiero al sistema energético, rutas, puertos, etc. Algo se recuperó en el gobierno de Macri pero no todo y se hizo con deuda que ahora hay que pagar y no se va a pagar.

En segundo lugar, ya no hay viento de cola con precios de las commodities volando. En 2001 el precio de la soja, a precios actuales, cotizaba en el mercado de Chicago a USD 243 la tonelada; en 2002 a USD 268 y en 2003 cotizó a USD 323 la tonelada. O sea, a precios constantes, Néstor Kirchner se encontró con una soja que había aumentado el 33% respecto al 2001 y el 21% respecto al año anterior. Hoy esos aumentos de las commodities no existen ya que la soja está igual que en 2019 y 16% más baja a precios constantes que en 2016 que fue el pico de precio que le tocó a Macri.

Por otro lado, el gasto público consolidado que recibió Néstor Kirchner era de 29% del PBI y actualmente está en 46% del PBI. De manera que el margen para financiar más gasto público es nulo. Ni siquiera se puede financiar este nivel de gasto público consolidado. Las condiciones hoy son totalmente diferentes a las que había en 2003 y, por lo tanto, replicar el modelo de ese momento es inviable.

El presidente Fernández tiene que cambiar por completo lo que se hizo tanto en la era K como lo que se hizo con Cambiemos en materia económica. Claro que para eso tiene que cambiar su filosofía política y económica, porque seguir por este rumbo lo lleva a un callejón sin salida.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

La «propiedad» en el peronismo (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/01/la-propiedad-en-el-peronismo-2-parte.html

 

Continúa diciendo la «constitución» peronista el 49:

«Art. 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino».[1]

Se trata, como en el caso del artículo anterior, del modelo fascista que bien explicita L. v. Mises, y que persigue llegar al socialismo por una vía que, nominalmente, aparenta mantener la propiedad en cabeza de particulares, pero que deja de ser privada por cuanto quien substantivamente figura en los registros públicos como «propietario» no es libre de usar y disponer de lo «propio» que, por tal motivo, deja -en los hechos- de ser propio. Como en el caso anterior, no se define qué debe entenderse por «economía nacional» y cómo se cumple ese «bienestar social» y «común». Queda implícito que tales contenidos el estado-nación se reserva el derecho a precisarlos a su entero arbitrio y decisión. La fórmula es lo suficientemente amplia como para dejar abierta la puerta a cualquier arbitrariedad.

Si el «estado» se reserva concretar que debe admitirse por «servicio» a «la economía nacional» va de suyo que es aquel quien determina cómo debe el teórico «dueño» del capital arbitrar sobre él. En la realidad, es el que manipula ese capital quien delimita en qué consiste ese «servicio a la economía nacional», es decir, el gobierno peronista o -más precisamente- su líder, J. D. Perón, quien realmente decretaba dichos contenidos y los cambiaba a su gusto.

«Art. 40. La organización de la riqueza y «u explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la Justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los Intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la Importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre Iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.»[2]

Este párrafo del artículo da cumplimiento al punto 7 del Manifiesto Comunista pese a que habla vagamente de «límites» los cuales no se explicitan. El gobierno se reserva (como en los casos anteriores) definir qué ha de interpretarse por «bienestar del pueblo», «principios de la justicia social», «intereses generales», todas fórmulas deliberadamente nebulosas y vacías destinadas a que J. D. Perón las especificara a su exclusivo antojo y preferencia.

La norma decreta la estatización del comercio exterior y condiciona el interior a la directa intervención de la economía y su monopolización. La mención final -como al pasar- de la «libre iniciativa privada» luce risueña comparada con los textos de los arts. 38, 39 y este primer párrafo del 40, que instituyen por vía indirecta los arts. 1, 7 y 9 del Manifiesto Comunista. Los párrafos siguientes de este extenso art. 40 van demostrando como se acaba de aniquilar toda la hipotética «libre iniciativa privada» que concluye siendo derogada sin decirlo expresamente o -peor aún- negando dicha anulación. Sigamos:

«Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades Imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.»[3]

Se destruye la propiedad provincial y se reserva a los privados la de los vegetales. Es decir, el suelo (excepto los vegetales) también pertenecía a la nación según este artículo. Conforme el ya visto art. 38 «Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e Intervenir con el objeto de desarrollar e Incrementar su rendimiento», en tanto el art. 40 -en su primer párrafo- aclaraba que «podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad». Es claro que no se deja margen alguno a la propiedad privada y -por ende- a la declamada «libre iniciativa individual».

«Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado; y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación v con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.»[4]

Como se observa, esta norma cumple con el art. 6 del Manifiesto Comunista y va más allá, porque incluye a todos los servicios públicos. El articulo decreta la estatización de jure de todos los servicios públicos, es más, se reserva el derecho a definir qué ha de considerarse un «servicio público» y qué no. Es decir, los servicios dejan de ser verdaderamente «públicos» para pasar a ser estatales. Nótese que la indemnización previa se condiciona a que una ley lo determine, lo que significa que hasta que esa ley no se dictara el gobierno podía expropiar sin indemnización alguna.

«El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será, el de; costo de origen de los bienes afectados a la explotación menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido».[5]

No sólo se ponía fin a la concesión, sino que -por encima de ello- se expropiaba a la empresa concesionaria también. Se obligaba la expropiación de las empresas de servicios públicos, con lo que prácticamente no había actividad privada alguna que pudiera escapar a la estatización de casi todos los bienes, posesiones y servicios privados. La fórmula indemnizatoria no preveía el ajuste por inflación que ya en esa época era una de las más altas de la región, ni los valores de mercado. Los registros históricos, no obstante, demuestran que las empresas se confiscaban, pese a la letra de la «constitución»,

[1] Dr. Carlos Sánchez Viamonte «DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS» EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. Valoración y análisis. Su práctica. Enciclopedia Jurídica OMEBA-Tomo 5 Letra D Grupo 5.

[2] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[3] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[4] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[5] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Superado el default, viene la decisión clave

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 24/4/16 en: http://economiaparatodos.net/superado-el-default-viene-la-decision-clave/

 

Superado el default, Macri tiene que tomar la decisión clave que lo pondrá como un político mediocre más o un gran estadista

Superado el default de 2001, el gobierno está esperanzado que a partir de ahora se produzca un fuerte flujo de inversiones hacia la Argentina que actúe como motor de crecimiento económico, sustituyendo al artificial incremento del consumo que utilizó el kirchnerismo durante 12 años.

No es función del economista adivinar el futuro. No está en nuestras habilidades conocer el futuro, solo podemos analizar las condiciones que imperan en la economía para definir si la política económica es consistente o no y, en este caso, si puede atraer inversiones o no.

Seguramente con la salida del default y sin tener a personajes como Moreno o Kicillof haciendo destrozos en las empresas con sus absurdas medidas, es probable que se pueda ver algo de inversiones. Porque es importante resaltar que si bien no coincido con varias de las ideas económicas del PRO, no puedo dejar de reconocer que sus funcionarios tienen el suficiente tino y conducta como para no hacer las barbaridades que hacían los k. Todo un avance respecto al negro período kirchnerista en la calidad de los funcionarios públicos.

El debate hacia el futuro es si con solo levantar el cepo vendrá un flujo de inversiones lo suficientemente importante como para poner de pie la economía.

Hay algunos interrogantes que surgen como para dudar si con solo salir del cepo habrá un tsunami de inversiones. En primer lugar, no me queda muy en claro que con la actual política impositiva pueda haber grandes flujos de inversiones. Los balances de las empresas siguen sin poder ajustarse por inflación y pagan una enormidad de impuestos a las ganancias. Incluso se pagan impuestos sobre utilidades inexistentes al no reconocerse el ajuste por inflación. La carga impositiva, más la legislación laboral que ahora quieren complicar y el retraso cambiario son algunos de los elementos que hacen dudar sobre el supuesto tsunami de inversiones. La economía argentina sigue sin ser competitiva por la carga tributaria, el ineficiente gasto público y las regulaciones económicas como la laboral.

El segundo punto es si la idea es atraer inversiones para salir a competir en el mundo exportando o solo para abastecer el mercado interno. En este sentido el discurso del gobierno ha sido confuso. Por momentos Macri ha afirmado acertadamente que la economía argentina tiene muchas oportunidades para crecer exportando sus productos y por momentos tiene un discurso desarrollista y proteccionista afirmando que no entren productos para competir con los productores locales. Con este concepto proteccionista se está diciendo que no van a hacerse reformas estructurales que hagan competitiva a la economía argentina y, por lo tanto, la producción estaría, fundamentalmente, destinada al mercado interno.

Ahora bien, si la idea es invertir para solo abastecer el mercado interno y solo exportar las sobras (los saldos y retazos como los llamó Domingo Cavallo en los 80) no veo un flujo de inversiones muy grande para abastecer un mercado de solo 41,5 millones habitantes de los cuales cerca del 30% son pobres y otra parte indigente. ¿Qué tipo de inversiones se necesitan para abastecer un mercado con escaso poder de compra y una enormidad de pobres?

Argentina sigue siendo cara en dólares porque el tipo de cambio real está retrasado. Basta conversar con cualquier argentino que viaje al exterior o extranjeros para advertir que encuentra cara en dólares a la economía argentina. Eso es producto de que los precios en pesos aumentaron más que el tipo de cambio nominal, volviendo al viejo truco de anclar el tipo de cambio nominal para frenar la inflación.

Cabe preguntarse también si con esta fenomenal tasa de interés del 38% que rinden las LEBACs que emite el BCRA, contra un dólar que no  solo no sube sino que baja lo cual determina un rendimiento del 38% anual en dólares como mínimo, alguien puede intentar invertir en una economía que ha entrado en un proceso recesivo o, para ser optimistas, se mantiene estancada. En gran parte por la herencia recibida y en parte por errores en el diseño de la política económica del actual gobierno, la actividad económica no reacciona y el gobierno espera que, habiendo arreglado con los holdouts, empiecen a llegar esas inversiones que moverán la economía.

Francamente no veo que con este tipo de cambio real artificialmente tan bajo y sin profundas reformas estructurales que mejoren la productividad de la economía, la inversión esperada sea realmente la salvación de la economía argentina.

En mi opinión Macri está muy bien orientado en apostar a la inversión como el motor del crecimiento. Es el proceso lógico para tener un crecimiento sostenido. Primero las inversiones que generen puestos de trabajo y mejoren la productividad. Entre la mayor productividad y demanda de mano de obra hay crecimiento del consumo y mejora en el nivel de vida de la población. Es decir, primero vienen las inversiones y luego la mejora del salario real. Ese es el orden lógico de todo proceso económico sostenible en el tiempo.

Ahora bien, como va a llevar tiempo recuperar el salario real destrozado por el kirchnerismo, apostar a inversiones solo para el consumo interno no parece la opción correcta. El camino debería ser apostar a inversiones que busquen exportar. Obviamente que Brasil está en serios problemas políticos y económicos, pero sí se puede entrar en un tratado de libre comercio del MERCOSUR con la UE y que Argentina apueste a entrar al Acuerdo de Asociación Transpacífico con lo cual tendrá abiertas las puertas a importantes mercados. Eso solo alentaría inversiones de empresas que buscarían posicionarse hacia el futuro. Obvio que para lograr la competitividad necesaria habrá que hacer reformas estructurales, que también, seguramente, llevará un tiempo implementarlas. Pero apuntando al mundo como una oportunidad para crecer en vez de seguir viéndolo como una amenaza agregaría más optimismo al ya existente luego de la salida de la asociación ilícita que fue el gobierno de los k y haber regularizado la deuda externa saliendo del default.

Ahora viene el desafío más grande para Macri que no consiste en implementar todas las medidas de un día para otro. El desafío mayor consiste en establecer la estrategia de crecimiento de largo plazo. Si la apuesta es seguir jugando el picado del barrio, entonces continuaremos sumergidos en la pobreza.

Si la apuesta consiste en incorporarnos al mundo exportando e importando, entonces habrá que decirlo y comenzar con las reformas estructurales que permitan ganar en serio en competitividad.

Si Macri opta por la primera alternativa, será un político más de los mediocres que pasaron por el país durante los últimos 80 años. Si apuesta por la segunda alternativa, aunque bajo su gobierno no se concreten todos los objetivos, podrá ponerse el traje de estadista.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

El fracaso del blanqueo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 2/10/13 en: http://www.lanacion.com.ar/1624951-el-fracaso-del-blanqueo

A pesar de las condiciones tan favorables ofrecidas para el último blanqueo, tanto el Cedin como el Baade resultaron ser un fracaso. Muy lejos de las expectativas que tenía el Gobierno , los dólares ingresados estuvieron a años luz de las estimaciones inicialmente pronosticadas.

En rigor, era el previsible el fracaso que acaba de reconocer el director de la AFIP. Es que no solo se trata de ofrecer no pagar multas y otras ventajas. El problema está en las condiciones en que se lanzó. Eso que Axel Kicillof llamó horrible seguridad jurídica. El Gobierno ha podido comprobar que la calidad institucional es fundamental a la hora de atraer capitales. Que no busquen otra explicación, el problema está fundamentalmente en ese punto.

La primera pregunta que deberían haberse formulado quienes diseñaron este blanqueo era: ¿por qué alguien fugó sus capitales de la Argentina y no los tiene declarados? Más allá de los casos particulares de corrupción o actividades ilícitas, hay todo un segmento que, en primer lugar, no está dispuesto a pagar la enorme carga tributaria que se paga en la Argentina.

Hasta el mismo gobierno sabe que la presión tributaria es asfixiante porque no se permiten los ajustes por inflación. Hoy las empresas pagan impuesto a las ganancias sobre utilidades que no existen porque no se permite el ajuste por inflación. Es decir, el fisco aplica el impuesto a las ganancias sobre el stock de capital de las empresas.

Tal es el grado de presión tributaria que hasta la gente que trabaja en relación de dependencia se queja del impuesto a las ganancias que tiene que afrontar. De manera que una de las causas del fracaso del blanqueo, a pesar del nulo costo de ingresar al mismo, estuvo en el futuro costo impositivo a soportar por quienes optaran por blanquear. En la medida que la presión impositiva no disminuya sensiblemente, es poco probable que alguien esté dispuesto a blanquear con el sistema tributario vigente.

La segunda causa del fracaso tiene que ver, a mi juicio, con el cepo cambiario, que si bien la Presidenta insiste en negar su existencia, la realidad es que la gente no puede comprar moneda extranjera como refugio de valor ante una inflación que el Gobierno también insiste en negar.

¿Por qué alguien que tiene dólares en el exterior los va a traer a la Argentina para luego no poder llevarlos nuevamente al exterior si así lo desea? ¿Por qué confiarle los dólares del blanqueo a la misma institución que impone todo tipo de trabas para comprar divisas? Nadie en su sano juicio se mete en la cárcel, cierra la puerta con la llave y luego la arroja bien lejos para no poder salir. El solo hecho de no poder girar utilidades y dividendos es suficiente evidencia como para espantar a cualquiera que piense en traer sus ahorros desde el exterior.

La tercera causa tiene que ver con las arbitrarias medidas que toma el Gobierno. El secretario Guillermo Moreno se caracteriza por manejar la economía con amenazas, presiones y todo tipo de arbitrariedades. ¿Quién iba a comprar Cedin en el mercado secundario para invertir en cualquier rubro pagando con Cedin si aquí no hay reglas de juego, previsibles y estables? Solo hay medidas que no son otra cosa que parches que vienen a tratar de «arreglar» el lío que hicieron el día anterior, lo cual impide realizar el cálculo económico de una inversión. Es más, la ausencia de una moneda en el estricto sentido de la palabra hace imposible evaluar un proyecto de inversión.

Mal que le pese al Gobierno, las regulaciones impuestas al mercado de cambios en particular y a la economía en general, la elevada carga tributaria imperante y la falta calidad institucional tuvieron un peso mayor a los beneficios ofrecidos por el blanqueo. En otras palabras, la falta de confianza en el Gobierno pesó más que la zanahoria de no aplicar multas ni ningún tipo de recargo al que blanquera.

Una vez más vuelve a quedar en evidencia la importancia de tener calidad institucional. Sin ella los capitales no vienen, por más zanahorias que se pongan para atraerlos.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Llegamos a esto porque la Justicia lo permitió

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 20/7/13 en http://economiaparatodos.net/llegamos-a-esto-porque-la-justicia-lo-permitio/

La Justicia existe para evitar que la república se transforme en dictadura.

Aclaro de entrada que esta nota es una opinión, y como tal no pretende ser definitiva. Puede haber otros puntos de vista diferentes al mío que logren convencerme que las siguientes líneas no son del todo correctas. De todas formas voy a ensayar una explicación de por qué llegamos a este punto de riesgo perder la democracia republicana e ir a un sistema autoritario.

En general se dice que estamos en esta situación crítica porque la gente vota a gobiernos autoritarios. En este punto estoy de acuerdo. Es más, yo mismo considero que poco y nada entiende el ciudadano promedio sobre calidad institucional, crecimiento y bienestar. Alguna vez escribí que mientras drogaban a la gente con una fiesta de consumo, le robaban la república. De manera que uno no puede quitarle la responsabilidad al conjunto de la población que, en su momento, miró para otro lado ante las denuncias de corrupción y atropellos a las instituciones.

Sin embargo, y aquí viene mi crítica a la Justicia, en un sistema republicano es la Justicia la que tiene que ponerle un límite al monopolio de la fuerza del Estado. Ningún gobierno, en nombre de una mayoría circunstancial, queda habilitado para violar los derechos de una minoría. Si ese fuera el caso, volveríamos a un sistema en que el más fuerte puede robarle, matar y violar los derechos de los más débiles. En rigor, cuando CFK dice que como ella tiene el 54% de los votos, tiene el respaldo de la población, cae en un argumento de tipo autoritario. El argumento sería: yo tengo más poder que vos así que puedo violar tus derechos, cuando, en rigor, el monopolio de la fuerza se le otorgó para hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos.

Y aquí vuelvo al tema de la Justicia. En una democracia republicana, debería haber sido la Justicia la que tendría que haber puesto límites a los atropellos institucionales. ¿Cuántos años hace que se viola el artículo 29 de la Constitución en nombre de la emergencia económica?

Por las dudas recuerdo el artículo 29 de la CN: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

El legislativo le ha otorgado poderes extraordinarios al Ejecutivo para que reasigne partidas del presupuesto o incremente la carga tributaria sin pasar por el Congreso. Nuestros representantes, que tiene que controlar que los recursos de los contribuyentes sean asignados eficientemente y se gasten para lo que fueron votados, le otorgaron al poder al Ejecutivo de usar la plata de los contribuyentes a su antojo.

En materia impositiva pasa lo mismo. La carga impositiva está compuesta por la base imponible y por la tasa del impuesto que se aplica sobre esa base imponible. Si el gobierno desconoce la inflación y no aumenta los mínimos no imponibles, ni permite ajustar los balances por inflación, está aumentando los impuestos no por el lado de la alícuota sino por el lado de la base imponible. Aplica impuestos sobre ganancias e ingresos inexistentes o fraudulentos.

Tal es el grado de presión impositiva que hasta los sindicatos se quejan del impuesto a las ganancias.

El atropello de la AFIP contra el Dr. Lorenzetti llamó la atención por lo grosero de la réplica del gobierno ante el fallo adverso de la Corte Suprema y porque el Dr. Lorenzetti es el presidente de la Corte, pero en rigor lo que le ocurrió al Dr. Lorenzetti es lo que le ocurre todo el tiempo al contribuyente común.

En nombre de la santa recaudación impositiva, se violan los derechos más elementales de los contribuyentes. Si a eso se le agrega una AFIP que ya actúa como órgano de presión política, podemos decir que entramos en el terreno del terrorismo de Estado.

Y que por favor no me vengan con la historia de que nadie le tiene que tener miedo a la AFIP si tiene todo en regla, y mucho menos los funcionarios kirchneristas que parecen tener impunidad impositiva.

Digo que no me vengan con el verso de que si uno tiene en regla sus cuentas no hay que tenerle miedo a la AFIP porque no es una cuestión de tener los impuestos en regla, es una cuestión de principios. El Estado, en nombre de la recaudación, no puede violar los derechos de los contribuyentes exigiéndoles documentos privados que solo un juez, y con causa justificada, podría pedir. O realizar verificaciones e inspecciones sin justificar debidamente la causa de las mismas. Bajo esta presión del organismo recaudador, todos pasamos a ser culpables hasta que demostremos lo contrario. ¿No es eso terrorismo de Estado?

Pero esa facultad de disponer del dinero de la gente, de gastarlo a su antojo y de subordinar al contribuyente a una condición de culpable permanente fue tolerado por la justicia. Pero ojo, que ahora los jueces también pueden ser presionados por el gobierno vía los entes recaudadores de impuestos si fallan en contra de los caprichos del gobierno.

Esa facultad se la otorgó el Congreso al Ejecutivo violando el artículo 29 de la Constitución y, que yo sepa, ningún legislador se ha ocupado de presentar un proyecto de ley para poner límites que defiendan los derechos de los ciudadanos. Pero lo más grave es que la Justicia no puso límites estableciendo que el Ejecutivo no puede utilizar las partidas presupuestarias a su antojo ni puede aumentar la carga tributaria sin autorización del Congreso.

Hoy vemos una reacción de la Justicia, porque los jueces advierten que ahora van por ellos. Es bueno que reaccionen ante el atropello del gobierno a la Justicia, pero hubiese sido más sano que la Justicia hubiese frenado al Ejecutivo cuando atropellaba a los ciudadanos comunes.

Siempre cito la película Vencedores o Vencidos (en inglés Judgment at Nuremberg) protagonizada, entre otros, por Spencer Tracy y Burt Lancaster. Este último actor personifica al juez Ernst Janning, que en su tiempo había sido un destacado jurista. Al llegar el nazismo al poder, la justicia empieza a tolerar los atropellos de Hitler porque el país tenía que levantarse de la crisis en que había quedado luego de la primera guerra mundial. Spencer Tracy hace el papel del juez norteamericano Dan Haywood que preside el tribunal que enjuicia a los jueces del nazismo, entre ellos Janning.

Luego de reconocer sus errores durante el juicio y tras de ser condenado, Janning, ya en la cárcel, pide ver al juez Dan Haywood. En la escena final, Janning le entrega unos papeles a Haywood, le dice que su sentencia había sido justa y en el final le dice que él nunca pensó que el nazismo podía llegar tan lejos en las atrocidades que había cometido.

La respuesta de Haywood es contundente. Le responde: “Sr. Janning, se llegó a eso la primera vez que Ud. condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente”.

Mi punto es que llegamos a esto, cuando la Justicia, dicho en términos generales y aceptando las excepciones del caso, permitió que el Ejecutivo violara las normas más elementales de la república.

¿Hubiese la gente apoyado una decisión contraria de la Justicia en los momentos de esplendor del kirchnerismo? No los sabemos, pero sí sabemos que los jueces no deben guiarse por lo que cree o apoya una mayoría circunstancial sino por los principios del estado de derecho. Tal vez hubiesen destituido al juez que limitara al ejecutivo. No lo sabemos. Pero tal vez no hubiésemos llegado al grado de destrucción institucional que hoy tenemos.

Es cierto que buena parte del electorado se dejó seducir por la fiesta de consumo artificial y le toleró al gobierno la corrupción escandalosa que estamos viviendo o la violación de derechos individuales elementales. Todo en nombre de la fiesta de consumo. Pero era de esperar que la Justicia hiciera de contrapeso frenando los desbordes autoritarios.

Si la gente común que apoyó al kirchnerismo es responsable de este destrozo, la Justicia no lo es menos porque debería haber reaccionado diferente a la seducción que el populismo le produjo al electorado. Para eso existe la Justicia. Para evitar que la republica se transforme en dictadura.

Por último, yo diría que si la Justicia pone límites firmes, seguramente el oficialismo dirá que es una corporación destituyente. Si ese fuera el argumento, en todo caso sería cierto, porque la Constitución prevé la destitución del presidente por causales que son perfectamente aplicables al caso actual. En definitiva, es legítimo y legal destituir a aquel que usa el monopolio de la fuerza para violar el derecho de los ciudadanos. No hay que escandalizarse por la palabra destitución dado que la Constitución es destituyente cuando no se cumple con el orden institucional imperante.

Y lo dice explícitamente.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.