La deuda pública en EE.UU.

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado en https://www.cronista.com/columnistas/La-deuda-publica-en-EE.UU.-20170914-0046.html

 

Cuando Jefferson recibió la flamante Constitución estadounidense en París, escribió que si hubiera podido introducir una reforma la hubiera concretado en la prohibición al gobierno de contraer deuda pública. Esta manifestación jeffersionana se basaba en su idea que la deuda gubernamental compromete los patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en las elecciones que entronizan al aparato estatal que contrajo la deuda.

Mucho más adelante, el premio Nobel en Economía, James M. Buchanan expresó algo similar referido a la vinculación de la deuda pública con la democracia.

En estos momentos, hay reuniones en Washington para negociar otro corrimiento del techo legal a la deuda que ahora alcanza a los veinte billones de dólares (trillones en el léxico norteamericano: veinte seguido de doce ceros). Esto significa unos setenta mil dólares por habitante y representa más del cien por cien del producto bruto.

La negociación de referencia se basa en el empecinamiento del presidente Donald Trump en construir un muro al sur del país en el límite con México al efecto de dar rienda suelta a sus veleidades xenófobas ya que el gobierno de ese país se niega a financiarlo, al contrario de lo que Trump había anunciado pomposamente en su campaña.

Estas conversaciones algunas cordiales y otras no tanto se desarrollan en el contexto de pretendidas reducciones impositivas, al tiempo que el presidente de marras apunta a elevar el gasto público con lo cual la situación fiscal empeoraría sensiblemente.

En realidad el tema de la deuda estatal se vincula a la mal llamada inversión pública que es en verdad una contradicción en términos. Como es sabido, una inversión se realiza en el contexto de evaluaciones subjetivas por parte de quienes estiman que el valor futuro será mayor que el del presente. El desatino de la denominada inversión pública nos recuerda la disposición del Dr. Alfonsín sobre el ahorro forzoso. No hay tal, se trataba de una exacción adicional.

En las cuentas nacionales debieran contabilizarse estas operaciones como gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes. Seguramente no se aceptará la patraña si le arrancáramos la billetera a un transeúnte con la promesa que destinaremos el botín para invertirle el dinero. Del mismo modo ocurre con el Leviatán.

El uso de la fuerza es incompatible con la noción de invertir, es por definición un proceso voluntario.

En Estados Unidos, el otrora baluarte del mundo libre, no puede seguir ilimitadamente con la parodia de elevar el techo de la deuda y seguir gastando alegremente. No sería raro que ciertos acreedores pretendieran en algún momento recuperar el principal y no conformarse con los intereses.

En ese supuesto caso podemos vislumbrar a los patrioteros de siempre alegando que se trata de un acto de guerra. Vivir con lo que se tiene es un buen consejo.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Salir del populismo con buenos modales

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 5/4/17 en http://www.cronista.com/columnistas/Salir-del-populismo-con-buenos-modales-20170405-0051.html

 

Es por cierto muy difícil unificar una interpretación que corresponde a cientos de miles de personas que naturalmente tienen sus propias visiones con diferentes énfasis y preferencias. De todos modos puede encontrase un denominador común en la valorización de las instituciones republicanas y, por ende, en ahuyentar la figura del helicóptero tan estimulada y ponderada por energúmenos de variado calibre.

En todo caso nos parece que esta marcha del 1 de abril abre una nueva oportunidad al gobierno para salir del marasmo de populismo con buenos modales y revertir la situación. Milton Friedman ha escrito que para lograr cambios en la buena dirección es imprescindible llevarlos a cabo en el período de la luna de miel y no demorarse y desgastarse para que la oposición junte fuerzas.

Esperemos entonces que esta marcha abra nuevamente un paréntesis de esperanza para hacer lo que es razonable hacer dadas las características de la opinión pública y de los propios gobernantes del momento. Nos referimos esencialmente al voluminoso gasto público que es indispensable reducir, de lo cual depende la colosal presión tributaria, el déficit fiscal, el endeudamiento, las regulaciones absurdas y dificulta la trifulca contra la inflación.

Recordemos unos pocos ejemplos: este gobierno comenzó su gestión aumentando ministerios, elevando el gasto estatal y al tiempo que ponderaba el respeto a las instituciones pretendió designar por decreto a dos miembros de la Corte y subrayar la división de poderes cuando operaba en la Justicia un amigo del presidente, maniobras que afortunadamente se interrumpieron merced a la denuncia pública de una diputada integrante del gobierno. También se intentó muy ingenuamente comprar a piqueteros entregándole la friolera de $ 30 mil millones y otras sandeces como la de pretender chantajes liberando el sector externo para las áreas donde se incrementan precios. Abrirse al mundo no es un trámite administrativo sino para mostrar algo distinto del estatismo. Debe hacerse honor a la expresión cambiemos’ y no repetir errores superlativos aunque sean sin corrupción.

Días pasados no puede contener la carcajada cuando escuché en la radio a un funcionario público que se ufanaba con que las cosas mejorarán cuando la ‘inversión’ en obras públicas se concretaran a través de ‘picos y palas´. Sobre esto último tengo una mejor idea: que se cave con las uñas para mejorar el empleo según esta receta bastante estúpida por cierto con la que se desmoronará todo lo que queda en pie.

En segundo lugar no hay tal cosa como ‘inversión pública’. La inversión es un concepto subjetivo en el que se conjetura que el valor futuro es mayor que el presente. Si le arrancara la billetera a uno de mis lectores y le digo que es para invertir el fruto de su trabajo, seguramente el despojado se percatará que para él es un derroche puesto que si hubiera podido disponer de sus recursos lo hubiera llevado a cabo en otra dirección. Es lo mismo que en la época alfonsinista cuando se decretó el ‘ahorro forzoso’ cuando por idénticas razones no hay tal. En el presupuesto gubernamental el rubro correspondiente debe contabilizarse como gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes, pero no como inversión pública.

En resumen, interpretamos que en la marcha en cuestión se espera que cambiemos cambie antes de que resulte tarde.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Liquidez bancaria y letras reales: 2da respuesta de Daniel Fernandez

Por Adrián Ravier  y Nicolás Cachanosky: Publicado el 20/11/15 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2015/11/20/liquidez-bancaria-y-letras-reales-2da-respuesta-de-daniel-fernandez/

 

Nicolás Cachanosky responde aquí a mi réplica a sus comentarios sobre RBD. Efectivamente vamos con descalce de plazos en diferentes post, y parece que ahora también con descalce de idiomas. Como me siento mucho más cómodo contestando en español, así lo haré y de paso eliminamos otro descalce.

Cachanosky pone en primer lugar la teoría wickseliana del tipo de interés natural como causa de las descoordinaciones. La teoría de la liquidez (RBD moderna) muestra que son los diferentes tipos de interés (por plazo y riesgo) los que se encuentran en desequilibrio (y no un tipo único). En otras palabras, como primera aproximación al problema suponer que hay un tipo de interés está bien, pero el planteamiento se queda algo “corto” cuando queremos explorar fenómenos algo más complejos. Me explico:

  • Un tipo de interés único supone que la demanda de capitales es independiente del uso previsto de los mismos. No tiene mucho sentido que un comerciante pida un crédito a 20 años o la aportación de un fondo de capital riesgo para simplemente reemplazar capital circulante. La demanda de capitales está vinculada al uso que se les da. Cuando el uso del capital se prevé por un largo periodo de tiempo lo financieramente prudente es que el plazo sea similar, y desde luego no se es indiferente a los diferentes plazos (plazos de deuda superiores al uso de fondos supondría un coste extra y plazos de deuda inferiores al uso de fondos supondría un riesgo extra de refinanciación). Por tanto la demanda de fondos no es independiente del uso de los mismos y por lo tanto depende, entre otras cosas, del plazo previsto de uso de los fondos.
  • Un tipo de interés único también supone que la oferta de capitales es perfectamente movible entre diferentes activos. Esto es, supone que el prestamista es indiferente entre un título a 20 años y otro título a 3 meses. Sin embargo la oferta de capitales es dependiente de la expectativa de uso de fondos en el futuro por parte del acreedor (oferente de fondos). Esto es, si un estudiante prevé terminar la carrera universitaria en 3 años y más tarde hacer un máster, es lógico que el ahorro destinado a tal fin lo “coloque” en activos que le permitan recuperar el principal en ese plazo y desde luego no será indiferente entre un activo a 3 años y otro a 20 o 30 donde el riesgo de fluctuación por cambios en los tipos es mucho más alto. “Colocar” el ahorro a un plazo inferior le conlleva un coste (por interés no percibido) y colocarlo a un plazo mayor conlleva un riesgo de cambios de tipos (y de valor presente). Por lo tanto no existe movilidad perfecta de fondos entre distintos plazos puesto que el ahorrador no es indiferente entre diferentes activos.
  • Entonces si la demanda de capitales es sensible al plazo y la oferta también lo es, podemos establecer que existe, al menos, un tipo de interés de equilibrio por cada plazo temporal (en realidad sería por plazo y perfil de riesgo, pero simplifiquemos aquí).
  • La teoría de la liquidez finalmente establece que son los desequilibrios entre la oferta y demanda de capitales por plazo temporal lo que crea los problemas macroeconómicos. En este aspecto, la teoría wickseliana peca de extrema simplificación. Son los trasvases de fondos de unos plazos a otros los que provocan que unos (demandantes de capital) inmovilicen capitales por un plazo superior al que otros (oferentes de capital) están dispuestos a recuperarlos. Se crean expectativas divergentes y alguien debe renunciar a su plan de acción al menos temporalmente (este es el concepto de ahorro forzoso).

En general que existen varios tipos de interés (una curva de rendimientos) es algo que se tiene muy presente en finanzas y que muchas veces los economistas terminamos olvidando.

Estoy de acuerdo con la observación de Nicolás en lo referente al modelo de Garrison. De hecho normalmente yo siempre he vinculado la teoría de la liquidez a un esquema lachmaniano mucho más rico que el triángulo hayekiano.

Que el productor genere (o no) el ingreso para el ahorrador es algo implícito en la intermediación financiera. El banco es sólo un intermediario (al menos en la parte no relativa a su capital). Es cierto que la obligación con el depositante (o cualquier otro deudor) es del banco, pero el banco a su vez tiene unos derechos adquiridos con terceros (sus acreedores). Quizá la analogía del “velo financiero” valga aquí. Lo que existe es una concatenación de obligaciones. La obligación del productor no es directa con el acreedor del banco, pero si indirecta por medio del propio banco.

Referencio aquí el último ejemplo puesto por Cachanosky

Supongamos el siguiente escenario. Un inversor funda un banco. Espera recibir depósitos de corto plazo de un año por 1.000$. El inversor mantiene reservas por 100$ y presta por díez años 900$. Según sus estimaciones, el inversor debe adelantar 900$ en caso que no se produzcan todos los años depósitos por 1000$ y evitar la quiebra. Las estimaciones del inversos son correctas y al finalizar los diez años recibe el pago del préstamos de largo plazo, cierra sus actividades, devuelve todos los depósitos de corto plazo que vences en el décimo año, re-embolsa los 900$ adelantados y se queda con el spread de intereses. Si no hay error de cálculo por parte del inversor, ¿dónde está la descoordinación económica?

El ejemplo expuesto por Cachanosky es de nivel micro y se necesitan muchas implicaciones macro para sacar alguna conclusión. Por ejemplo, ¿son los depositantes siempre los mismos o se ha encontrado otros que se subroguen en su posición? Si son los mismos, entonces el ejemplo sería análogo a este otro basado en la teoría de free banking:

Política monetaria expansiva provoca disminución de tipo de interés por debajo del interés de equilibrio, esperando cierto ahorro forzoso. Si las nuevas disponibilidades monetarias llegan por renta derivada a los consumidores y estos deciden ahorrarlo en mayor proporción que antes, entonces el ahorro forzoso no se da y el nuevo tipo de interés de mercado coincide con el de equilibrio. Ahora bien, supongo que siendo esto una posibilidad, no es muy lógico esperar que los consumidores cambien su proporción ahorro/consumo si no ocurre otro evento que lo justifique. De la misma manera tampoco es lógico suponer que los ahorradores cambiarán masivamente su perfil temporal cuando el periodo de maduración de sus activos llegue a su fin (renovando indefinidamente por cortos espacios de tiempo su capital). Si la suposición es parecida, ¿no significaría entonces que free banking está errado puesto que es posible que incrementos monetarios por mercado crediticio no distorsionen el tipo de interés?

Si en el ejemplo suponemos que se encuentran otros depositantes que se subrogan en la posición de los anteriores, tenemos que considerar cual es la posición del resto del sistema. Si el descalce propuesto es contrarrestado por un calce de sentido contrario, entonces no hay problema. Pero, ¿qué ocurre si todos los bancos hacen algo parecido? La liquidez del sistema se seca, no hay nuevos depositantes que se subroguen en la posición de los anteriores y se produce una crisis de liquidez como la acaecida en 2007, con tipos de interés a corto extremadamente altos (la liquidez mata rápido, los tipos que se pagan son enormes cuando la misma no abunda). Pero lo más importante, en última instancia, es la liquidez del sistema productivo. Al fin y al cabo el banco central puede extender nueva liquidez a un sistema financiero ilíquido, pero las inversiones con periodos de maduración enormes no pueden cambiar de la noche a la mañana en inversiones con periodos de maduración más cortos. Esto es la necesidad de rehacer estructuras de capital y las crisis económicas.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. 

Presentes griegos en materia fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Pubicado el 24/7/15 en: http://economiaparatodos.net/presentes-griegos-en-materia-fiscal/

Homero en la Odisea y varios siglos más tarde Virgilio en Eneida nos relatan la estratagema de invadir militarmente vía el regalo del Caballo de Troya, de ahí “el presente griego” que no solo puede aplicarse a la situación de Grecia hoy con su colosal endeudamiento presentado como una ayuda que hunde a los griegos, sino que puede aplicarse a toda política que aparentemente beneficia pero que en definitiva arruina como es el caso del estatismo en general. 

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de “presentes griegos”: la inexistencia de la traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, una mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la “inversión pública”, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en si mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevaran, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso cualquier costo adicional) sencillamente los traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de “la traslación”.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son “al consumo” sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo- se concluye que ese impuesto es “al consumo” sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aun, el contribuyente de jure al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal, donde la curva aparece en forma de u acostada con el “vértice” haca la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico debe aplicarse la progresividad en el impuesto ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo cual no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. Al efecto de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales donde la doble imposición es generalmente la norma y donde el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos a su vez tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un gobierno centralizado y, en el extremo, un gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de “inversión pública” cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso” como efectivamente ha intentado imponer algún gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros debieran ser gastos corrientes y gastos en activos fijos pero no “inversiones” por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿Inversión pública?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 21/3/15 en http://opinion.infobae.com/alberto-benegas-lynch/2015/03/21/inversion-publica/

 

Hay expresiones que por más que sean de uso corriente deben revisarse al efecto de no tergiversar conceptos clave. En este caso me refiero a la reiterada pero errónea expresión de “inversión pública”. La última vez que discutí el término en cuestión fue durante un congreso de economistas realizado a fines del año pasado.

Como es sabido, el ingreso no consumido es ahorro y el destino exclusivo del ahorro es la inversión. Estos dos últimos conceptos son correlativos e imposibles de escindir. Incluso cuando se ahorra en dinero se está invirtiendo, en este caso guardando efectivo. En todos los casos, la inversión tiene lugar porque se estima que el valor futuro será mayor que el valor presente. El ahorrar bajo el colchón, manteniendo los demás factores constantes, es lo que ocurre: al retirar parte del dinero de la circulación habrá menor cantidad de moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios por lo que los precios  tenderán  a bajar que es lo mismo que decir que el poder adquisitivo de la unidad monetaria aumenta.

Se ha dicho equivocadamente que la inversión solo alude a que como resultado se incrementa la producción de bienes materiales, pero de lo que trata es de producción de valores no necesariamente materiales. Si alguien invierte sus ingresos no consumidos en un mirador desde donde disfruta de puestas de sol, ese es su rentabilidad y así sucesivamente. Si la gente prefiere la riqueza a la pobreza, la inversión primero se canalizará hacia la producción de bienes materiales con rentas también materiales para después eventualmente gozar de los culturales y espirituales.

Entonces, la inversión inexorablemente se refiere a las preferencias subjetivas donde, como queda dicho, se estiman mayores valores en el futuro que en el presente. Es naturalmente un proceso sujeto a las apreciaciones individuales, lo cual no es incompatible con que un grupo de personas reunidas en una empresa formal o no decidan distintos tipos de inversiones según los procedimientos establecidos en sus respectivos  estatutos o acuerdos.

Ahora bien, lo que carece de todo sentido es denominar “inversión” a lo realizado contra la voluntad de los titulares de los recursos. Si una persona le arranca la billetera a un transeúnte y le dice que invertirá lo robado en algo comunitario que el dueño no desea, evidentemente lo menos que puede decirse es que se está utilizando mal el término inversión.

Cuando el aparato estatal decreta la imposición de nuevos gravámenes y se los denomina “ahorro forzoso” tal como ocurrió durante el gobierno argentino de Raúl Alfonsín, se trata de una desfiguración mayúscula del lenguaje. No hay tal cosa como ahorro forzoso puesto que el ingreso no consumido es por su naturaleza voluntario, realizado con recursos propios para destinarlo a inversiones en rubros elegidos y preferidos por el dueño de los fondos.

En la misma línea argumental, la llamada “inversión pública” no es inversión puesto que no procede de estimaciones libres y voluntarias de los titulares respecto a la antedicha relación valor presente-valor futuro en rubros elegidos concretamente y en cada caso por ellos. Técnicamente se trata de gastos públicos. Nada se gana con sostener que la comunidad se beneficiará durante un período largo de tiempo con carreteras dado que si la gente hubiera podido disponer del fruto de su trabajo lo hubiera destinado a otras áreas y destinos (y si lo hubiera destinado a invertir en carreteras, la intromisión gubernamental se torna superflua con gastos administrativos inútiles).

Decimos que se trata de gastos públicos que pueden ser corrientes o en activos fijos, pero por las razones apuntadas resulta impropio recurrir a un término como la inversión que significa otra cosa completamente distinta.

Dicho sea al pasar, en este plano de discusión no estoy pronunciándome por determinado sistema para la construcción y operación de las carreteras (lo cual he hecho en otras oportunidades, por ejemplo, en mi libro Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999), en esta ocasión me circunscribo a elaborar sobre el concepto de inversión.

No resulta convincente que a una persona que atribuye prioridad y urgencia a la operación de cataratas de su madre, el gobierno le succione esos ingresos disponibles para “invertir” en carreteras alegando que le hará bien. A estos efectos lo dicho no discute que los aparatos estatales construyan carreteras solo estamos destacando que no se trata de inversiones sino de gastos públicos en activos fijos como contabilización y clasificación en las cuentas nacionales.

Sin duda Keynes ha influido decisivamente en la generalización de la idea de la  “inversión pública”. Especialmente aunque no exclusivamente en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero este autor tiende a menospreciar el ahorro y a estimular y ponderar la “inversión” proveniente del gobierno la cual mantendría el pleno empleo aun a costa del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo cual no solo desconoce el hecho de que se trata de una traslación de la fuerza laboral del sector privado al público con salarios nominales más altos pero menores en términos reales debido a los procesos inflacionarios, sino que la susodicha “inversión” detrae recursos de las áreas productivas.

Ya he comentado antes la peculiar noción keynesiana de un supuesto multiplicador que tendría lugar si el gobierno “invierte”. Disculpe el lector por el siguiente galimatías pero es lo que dice Keynes. Antes hemos escrito que sostiene que si el ingreso es de 100, el consumo 80 y el ahorro 20, cuando el aparato estatal “invierte”, por ejemplo, 4 se genera un “efecto multiplicador” ya que se convertiría en 20 puesto que 100 dividido por 20 da por resultado 5 y 5 multiplicado por 4 es 20. Realmente no se comprende el razonamiento que ni Keynes ni ningún keynesiano aclaró nunca. Sin embargo, queda mucho más clara y precisa su exposición en  la misma obra cuando sostiene que “La prudencia financiera está expuesta a disminuir la demanda global y, por tanto, a perjudicar el bienestar” y, sobre todo, cuando concluye que debe apuntarse a “la eutanasia del rentista y, por consiguiente, la eutanasia del poder de opresión acumulativo de los capitalistas para explotar el valor de escasez del capital”.

Nuevamente reitero lo citado también con anterioridad sobre lo escrito por el propio Keynes quien reconoce la filiación de sus propuestas, lo cual ha sido mencionado por el premio Nobel en economía F. A. Hayek en “The Keynes Centenary: The Austrian Critique”, The Economist, junio 11 de 1983, (recopilado en The Collected Works of  F. A. Hayek, en el volumen IX tituladoContra Keynes and Cambridge, Chicago, The University of Chicago Press, 1995). Así, en el prólogo que escribió Keynes para la edición alemana del libro mencionado, en 1936, en plena época nazi, escribió que “La teoría de la producción global, que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho mas fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y un grado considerable de laissezfaire”.

Es muy común el mantener que como políticas anticíclicas o contracíclicas, el gobierno debe incrementar su gasto -muchas veces descripto como inversión- en épocas de recesión, sin percatarse que esto solo agudiza la mala situación económica puesto que se incrementa la succión de recursos del sector productivo. Es que en estos procesos no hay magia posible, la receta para maximizar el progreso consiste en contar con marcos institucionales civilizados que garanticen los derechos de las personas al efecto de liberar energía creadora.

También la peregrina idea de que la inversión privada es improductiva constituye parte de la fundamentación de la llamada “inversión pública” a los efectos de “hacerla productiva”, formulación que viene de los mercantilistas del siglo XVI y que se sigue repitiendo como si fuera una originalidad popularizada luego por Thorstein Veblen y más adelante por John Kenneth Galbraith. Este último autor insistió en que las inversiones de los particulares no son en necesidades reales puesto que están manipuladas por la publicidad ni son productivas porque el sujeto aislado no tiene la visión de conjunto que tienen los planificadores del gobierno. Sin duda, que Galbraith no considera irreal la compra de su best-seller La sociedad opulenta ni contempla que son precisamente los precios de mercado los que permiten coordinar información y conocimiento disperso, una situación que es dislocada una y otra vez cuando los megalómanos pretenden dirigir vidas y haciendas ajenas.

En resumen, la naturaleza de la inversión se asimila a lo subjetivo y voluntario en el contexto de la estimación de valores presentes y futuros, es por ende impropio aludir a la inversión pública o forzosa como lo sería aludir al amor forzoso. En nada cambia lo dicho si las mayorías en las legislaturas votan “inversiones públicas” puesto que el número no modifica la realidad. Siempre recuerdo que en la Convención Constituyente en Santa Fe (Argentina) de donde surgió la Carta Magna provincial en 1921, los constituyentes se embarcaron en una discusión paralela sobre la existencia de Dios, tema que fue sometido a votación en el recinto…la cual se pronunció por la negativa.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.