Progresividad, exenciones y desigualdad

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2021/03/progresividad-exenciones-y-desigualdad.html

3°) La progresividad de la cuota del impuesto es gradual, limitada; 4°) Exime de imposición a las rentas mínimas, comenzando por la base de 180 libras; 5°) A partir de 1907 se admitió la discriminación […] 6°) Por último, constituye una interesante particularidad del régimen británico, la de que la percepción del impuesto a la renta se practica en la misma fuente.»[1]

En cuanto a la «progresividad de la cuota del impuesto» siempre es gradual por lo que no se entiende que quiere decir el autor. Como agrega la palabra «limitada» quizás quiera decir que llegado a un cierto punto la progresividad se detendría, pero -en rigor- como no lo explica no se puede decir más sobre tan oscura frase. La exención (punto 4°) viola el «principio de igualdad» como se explicó, pero, por otro lado -desde lo económico- ya hemos expuesto de muchas maneras diferentes que nadie está exento de pagar impuestos, y también aplica esta regla a este impuesto. El apartado 5° alude al principio de discriminación que viola el de igualdad ya explicado. Son manifiestamente antitéticos. Y el punto 6° tampoco es claro, pero parece apuntar a lo que hoy se conoce como el agente de retención (una especie de «empleado» gratuito y ad hoc del fisco). Si es así, el impuesto lo retendría el agente pagador de la renta y liquidaría la misma ya deducido el impuesto. Seguidamente, el autor pasa a tratar el caso alemán del impuesto a la renta:

«En Alemania, el impuesto existe desde 1870 en que la guerra contra Francia provocó la institución y en 1891, sancionóse la primera ley definitiva del impuesto a las rentas. Caracterizan su régimen los elementos que a continuación esbozamos: 1°) Se excluyen de la imposición las rentas del Estado central, del provincial, de las municipalidades, de las sociedades de beneficencia, de las cooperativas y de aquellas corporaciones que tengan por objeto acordar pensiones a la ancianidad. 2′) Determínase las rentas que deben gravarse, estableciéndose un mínimum y se fijan 26 categorías de renta a cada una de las cuales corresponde una cuota especial; es esto lo que se denomina «la progresividad por grados». 3«) Determínanse las deducciones por cargas de familia, y siempre que la renta del padre no sea inferior al mínimum legal, que la misma ley determina, para poder gozar del beneficio de la discriminación del impuesto. 4′) Se establece, en punto a las profesiones, rebajas en concepto de compensación de los gastos inherentes; v. g., conservación de máquinas industriales, indemnización del riesgo profesional en los accidentes del trabajo, jubilación o retiro de los obreros. 5′) El impuesto recae sobre el importe total de los ingresos expresados en dinero y deducidos los gastos de producción y ciertas cargas personales. Constituyen, pues, la renta imponible de los ingresos procedentes de propiedades territoriales, explotaciones industriales, capitales inmobiliarios, rentas de trabajo personal y los demás ingresos, cualquiera que sea su naturaleza.»[2]

Es sintomático -dijimos antes- que todos los impuestos han comenzado con guerras, y las leyes que los crearon coincidían en establecer que lo eran con carácter «excepcional». Se daba a entender que una vez concluida la guerra el impuesto cesaba. Pero, bien nos muestra la historia que nunca ha sido definitivamente así. Las explicaciones que se daban eran que se establecían por lo dicho antes, se mantendrían mientras durase la guerra, y finalizada la misma también se los conservarían para reparar las consecuencias de la guerra, y luego de reparadas se los mantiene -por si las dudas- volviera a ocurrir otra guerra en el futuro. De este modo engañoso los gobiernos justificaban sus imposiciones «transitorias» (en un comienzo) transformándolas en permanentes y con «justificaciones» (pueriles y pésimas) para todos los casos en cualquier tiempo que fuera.

Modernamente donde -a diferencia de los tiempos antiguos en que se vivía en un estado de belicismo casi permanente- las guerras no existen o son muy localizadas y muy fugaces, el argumento (con la misma finalidad) ha variado por el las «emergencias económicas» como sucede en países como la Argentina donde cada gobierno que asume inventa una que, en los hechos se traduce en conferir al presidente de la república la suma del poder público para que dicte leyes a la par o por sobre el poder legislativo. Salvo raras excepciones (como la del gobierno de Mauricio Macri) todos los demás gobiernos «democráticos» han echado mano a estas facultades extraordinarias claramente inconstitucionales. En los hechos, lo expresado implica otorgarle al poder ejecutivo la facultad de crear impuestos, algo que constitucionalmente esta exclusivamente reservado al legislativo.

Entrando en el análisis punto por punto del párrafo citado, notamos que en el primero (el 1°) el recaudador fiscal se excluye a si mismo de la obligación de pagar el impuesto a la renta junto con otras entidades no estatales violando el principio de «igualdad» que se dice «respetar» y -por consiguiente- discriminando a ciertos contribuyentes de otros preferidos. Otro tanto puede decirse del punto 2° que también divide las rentas en castas («categorías» queda más agradable a la vista y al oído). En este caso, es muy discriminatorio porque son -nada menos y nada más- que 26 castas o «categorías» cada una con distintas alícuotas. Aparentemente, con distintas alícuota de progresión o un sistema de progresión diferencial. El punto 3° es otro ítem oscuro, porque parecería que esas deducciones sólo operarían siempre que el padre de familia supere o iguale el mínimo legal de donde se infiere que por debajo de ese mínimo nada debería tributar. Nada se nos aclara de cuanto seria ese mínimo. El punto 4 parece aludir a las profesiones industriales a tenor de los ejemplos que se introducen. Son -en suma- deducciones que también violentan el principio de igualdad fiscal. Y la numeración que sigue nos indica que, en general, el impuesto se extendía a casi todos, pero de manera discriminada como se explicó en los apartados anteriores, y violando el «sagrado» principio de «igualdad» fiscal.


[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05..

[2] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Mensaje a los sin corbata

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 31/8/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/Mensaje-a-los-sin-corbata-20180830-0097.html

 

Mensaje a los sin corbata

 

Estimo que los miembros del elenco gobernante son buenas personas e imbuidos de las mejores intenciones. Lo último que quiero es patear en el suelo. En lugar de eso, mi inclinación ha sido siempre dar una mano en esas circunstancias cuando hay buena fe. Siempre se está a tiempo de rectificar el rumbo.

 

Lo del mote que ahora bautizo como “los sin corbata” lo hago con afecto aunque atribuyo importancia a las formas. Es cierto que “el hábito no hace al monje” pero lo ayuda muchísimo. Desde los inicios de esta administración no me ha parecido compatible con un sistema republicano aquél bailecito inaugural con la banda presidencial en la Casa Rosada. Tampoco suscribo que miembros del gobierno se presenten sin corbata en el Salón Blanco custodiados por granaderos de gala y todo el protocolo del caso.

 

Desde el mismo momento que asumió este gobierno he escrito en este y otros medios alertando reiteradamente sobre la imperiosa necesidad de dar un volantazo respecto a lo que lamentablemente venía ocurriendo, principal aunque no exclusivamente en relación a la reducción del elefantiásico gasto público de lo que se deriva la colosal exacción tributaria, la creciente deuda estatal, el déficit fiscal y las disparatadas regulaciones monetarias y cambiarias.

 

Y no se trata de circunscribirse al hecho de estar en minoría en ambas Cámaras del Parlamento ni en quejarse por el estado de la batalla cultural, me refiero al cúmulo de errores no forzados y a iniciativas del Ejecutivo que para nada ayudan a despejar el camino.

 

Creo que hay que subir la vara y apuntar alto. Hay temas que deben encararse a pesar de grandes dificultades, particularmente cuando los responsables se han postulado para resolver problemas.

 

En esta ocasión quiero referirme telegráficamente al tema de la mal llamada “seguridad social”, en verdad una inseguridad antisocial de proporciones gigantescas y que ocupa un volumen inusitado del presupuesto.

 

Algunas voces sostienen que resulta necesario obligar a la gente al aporte puesto que de lo contrario no  se preverá para la vejez. Esto contradice abiertamente la historia argentina puesto que nuestros ancestros venían en grandes oleadas debido a las extraordinarias ofertas laborales, adquirían terrenitos y departamentos con sus ahorros (lo cual fue liquidado por las leyes de alquileres y desalojos). Por otra parte, el argumento de marras no sigue hasta sus últimas consecuencias puesto que una vez cobrada la pensión fruto de aportes compulsivos habría que destinar un policía a cada jubilado para que no derroche el respectivo ingreso.

 

De lo que se trata es de revertir el proceso para que cada uno pueda usar el fruto de su trabajo como lo considere pertinente y, dicho sea de paso, eliminar aquella figura aberrante del agente de retención por la que empresarios se ven compelidos por ley a descontar el producido del trabajo ajeno. Afortunadamente hay trabajos en marcha en esta dirección que deberían ser aprovechados.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Estado violador en nombre de la solidaridad

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 10/4/16 en: http://economiaparatodos.net/estado-violador-en-nombre-de-la-solidaridad/

 

El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza

Con mucha habilidad, buena parte de la dirigencia política ha convencido a la población que son ellos los que tienen el monopolio de la solidaridad. El resto de los seres humanos que no pertenecemos al mundo de la política no tenemos ese don divino de ser solidarios y preocuparnos por el prójimo. Solo unos pocos elegidos, que son ellos, tienen esa sensibilidad especial de querer ayudar a la gente.

Vendido este argumento, el paso siguiente es que el estado, es decir la dirigencia política, tiene que tener a su cargo lo que se conoce como ayuda social que se traduce en los llamados planes sociales. Ellos decidirán, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, a quién corresponde “ayudar” y a quién no. Se ha montado, de esta manera, un gran aparato estatal repleto de reparticiones públicas con nombres que reflejan la solidaridad de los iluminados dirigentes políticos que administran miles de millones de dólares.

Bajo este concepto, la democracia se ha transformado en una gran competencia populista en la cual los políticos se esfuerzan por formular la mayor cantidad de promesas de repartir dinero ajeno. La idea de trabajo, esfuerzo, iniciativa individual, desarrollar la capacidad de innovación y todo lo que tenga que ver con la superación personal no existe en el vocabulario de la competencia electoral. Lo que predomina es el discurso que la gente tiene derecho a que otro le pague la vivienda, le otorgue un subsidio, lo proteja de la competencia de otros productores y cosas por el estilo. Obviamente, con esta oferta electoral y una demanda de populismo feroz por la pérdida de los valores que hicieron grande a la Argentina a fines del siglo XIX, la necesidad de un estado cada vez más grande es inevitable. Como también es inevitable que un estado cada vez más grande necesite de una creciente cantidad de recursos, me refiero a recursos impositivos. Si éstos no alcanzan se recurrirá al impuesto inflacionario.

Ahora bien, la carrera populista tiene como contrapartida una carrera por recaudar cada vez más impuestos. El primer paso para generar más ingresos tributarios consiste en incrementar las alícuotas de los mismos. Luego se procede a inventar nuevas gabelas. En general esos nuevos tributos tienen la característica de poder aplicarse solo violando los más elementales derechos individuales. Es decir, para poder recaudar los cada vez más complejos impuestos que se establecen, se violan derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, cualquiera que tenga una cuenta corriente bancaria podrá ver cómo el estado mete mano en nuestras cuentas, que es lo mismo que si metiera la mano en nuestro bolsillo para cobrar ingresos brutos, el IVA o lo que sea. Inclusive se ha creada la nefasta figura del agente de retención, con lo cual el banco, sin nuestra autorización, mete mano en nuestras cuentas para transferirle el dinero al estado. En nombre de la “solidaridad” social nos meten la mano en el bolsillo como si nada.

Veamos otro ejemplo. Hace rato que la AFIP exige que algunos contribuyentes emitamos facturas electrónicas, facturas que se emiten ingresando al sitio de la AFIP y registrando desde ese sitio la facturación correspondiente. En poco tiempo más todos tendrán que emitir facturas electrónicas, es decir hacerlo vía la AFIP.

Ahora bien, se sabe que una factura es correspondencia privada. Una persona le emite a otra una factura por la venta de algún producto o servicio. Son papeles privados. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Es decir, siendo que las facturas que emite cada uno son papeles privados, el estado no debería obligar a la gente a emitir facturas electrónicas usando el sitio de la AFIP porque el estado se estaría metiendo con los papeles privados, algo que está prohibido por la constitución. Sin embargo, aún aquellos que son más moderados en sus propuestas populistas y dicen defender el sistema republicano, aceptan este tipo de violaciones a los derechos individuales en nombre de la “santa” recaudación. Si por alguna razón una repartición del estado tuviera que ver los papeles privados de alguien, debería ser un juez, y con causa fundada, el que podría ordenar que una persona muestre sus papeles privados.

Al punto al que quiero llegar es que hemos aceptado que el estado, en nombre de la recaudación tributaria, pueda comportarse como un autócrata sin respetar la privacidad de las personas ni su propiedad. El fascismo ha calado tan hondo en los valores de la sociedad argentina que hasta se ve como natural que el estado tenga la potestad de violar la Constitución Nacional para poder recaudar y controlar más a la gente. La obsesión fascista por controlar a la gente justifica cualquier disparate. Insisto, hasta gente que uno considera bien intencionada, ven con toda normalidad que el estado no tenga que recurrir a un juez para pedir los papeles privados de una persona y se sienta con derecho a controlar a la gente online al más puro estilo nazi fascista.

No nos equivoquemos, el enemigo más peligroso de una persona no es el delincuente común, porque de ese delincuente una persona puede llegar a defenderse. El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio de la fuerza que se le delegó para defender los derechos individuales. No en vano Hayek tituló su famoso libro Camino de Servidumbre. El veía que el estado iba avanzando cada vez más sobre los derechos individuales hasta destruir una sociedad libre y transformar a los ciudadanos en siervos del gobierno.

En síntesis, en nombre de ese monopolio de la solidaridad que nos han vendido los políticos que solo ellos tienen, los derechos de las personas son violados por doble vía. Por un lado, se le dice a una parte de la sociedad que tiene la obligación de mantener a otra persona para que viva sin trabaja o que solo puede comprarle un producto de mala calidad y a un precio alto a determinados sectores protegidos por el estado. Y luego, para sostener ese aparato de redistribución y populismo el estado viola los derechos individuales instaurando un sistema fascista de control de la vida de las personas en nombre de la santa recaudación necesaria para “cumplir” con parte de las promesas formuladas durante la competencia populista en que se ha convertido la democracia.

A muchos los podrá parecer normal y justificable que el estado se meta así en nuestra vida. Personalmente creo que en esta violación a los más elementales derechos individuales puede encontrarse la decadencia económica argentina.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE