La igualdad en la antigua Grecia

Por Gabriel Boragina Publicado  el 5/3/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/03/la-igualdad-en-la-antigua-grecia.html

 

“Dice el historiador Reloch que fueron los griegos los que crearon nuestra civilidad y por eso la historia de Grecia constituye la página más importante en la historia de la humanidad. En todas las manifestaciones culturales se advierte la depuración de las ideas que luego pasaron a convertirse en las bases de otras civilizaciones. Asimismo, la religión es influenciada y tuvo también su expresión en el campo político y social.”[1]

Si esto es efectivamente así, será entonces muy interesante que nos internemos a explorar el estudio de la igualdad en la antigua Grecia. No obstante, como ya es habitual en el tratamiento de este tema, es una constante en la historia el reconocimiento de una desigualdad clasista, por encima de las diferencias individuales. La igualdad ante la ley, como conquista del liberalismo en el siglo XVIII, no se conoció en ningún pueblo de la antigüedad como producto individual. Existía si, una “igualdad ante la ley” de grupos o clases, pero a su turno, estos grupos o clases tenían destinados también grupos o clases de leyes diferentes. De la misma manera, se prostituyó el concepto de igualdad ante la ley en nuestros días, donde existen leyes para comerciantes, empresarios, trabajadores, niños, mayores, empleadas domésticas. Y un sinfín de derivaciones más, que recuerdan y nos llevan de regreso al concepto clasista de igualdad que tuvieron los antiguos.

“En Esparta una importante clase noble ejercía poderosa influencia y dominaba absolutamente; “y como toda clase que llega a la soberanía del Estado, utilizaba sin escrúpulos para su propio provecho. Los abusos que más vivamente se sentían eran en la administración de justicia, que estaba totalmente en manos de los nobles; tanto más cuanto que el capricho de estos jueces no se veía limitado más que por el derecho consuetudinario, no escrito, sin ley alguna’ formulada fijamente.”[2]

Como se advierte, tal como sentenciaba el insigne Lord Acton, en todo tiempo y lugar “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe insolutamente”. No era -en rigor- la condición de noble lo que ocasionaba la explotación que aquellos ejercían sobre los no-nobles, sino que, como el mismo autor se encarga de aclararnos, el problema se suscitaba cuando estos nobles llegaban a la soberanía del estado, es decir se hacían del poder, de donde simple es concluir que el problema de fondo consistía en el poder, y no la condición de noble. Si por ventura hubieran sido los plebeyos o descastados los que tomaran el poder, habrían sido estos los que hubieran hecho uso y abuso de su capricho. Interesante la mención respecto que -al menos- se respetaba el derecho consuetudinario. Hoy en día, casi ni eso cabria decirse.

“Añádase a esto que el Estado no se preocupaba para nada del derecho de sangre, abandonando a la familia del ofendido la función de vengarse como pudiera del ofensor; lo cual, naturalmente, llevaba a que el hombre pobre se sintiera punto menos que indefenso frente al noble distinguido”. Esta situación exigía una profunda transformación, pasando el castigo a manos del Estado, con la aplicación del principio del talión, suavizado no obstante por la facultad de transformar la pena corporal en pecuniaria. El movimiento de codificación del derecho penal, favorecido por el desarrollo de la escritura, trae aparejado también la codificación del derecho privado, y un ordenamiento constitucional en el que se advierte el propósito de restringir el círculo privilegiado de los ciudadanos frente a la masa.[3]

Sin embargo, el castigo a manos del estado en nada podría resolver la situación si antes se había dicho que el poder del estado era ejercido exclusamente por esos mismos nobles. El autor cita el caso de un pobre “ofensor” ante un noble “ofendido” (al menos eso se desprende del contexto citado) pero nada nos dice sobre qué sucedía cuando ambos eran pobres (ofendido y ofensor) o ambos nobles (ídem). En rigor, se compara la situación del rico (aquí llamado noble) con la del pobre (llamado así). Del resto del párrafo, parece que se adule a algunas leyes o ley que aplicaba el principio del talión (que, en rigor, tiene raigambre bíblica y protohistórica). En suma, el mensaje que aparenta desprenderse de este párrafo es el del inicio del camino hacia una cierta igualdad ante la ley. El autor atribuye a los movimientos de codificación -que sitúa desde el penal pasando por el civil hasta el constitucional- como el punto de partida para “restringir el círculo privilegiado de los ciudadanos frente a la masa”.[4]

“En algunas ciudades lograron las viejas familias reales conservar el poder y excluir del gobierno a todas las demás estirpes”. “En otras ciudades era un círculo cerrado de familias el que llevaba el cargo de gobierno; así, por ejemplo, las cien estirpes entre los laercios, opuntios e itálicos. En otros Estados se llegó a atribuir el derecho total político, no al nacimiento, sino a la propiedad es decir, a la propiedad territorial, según las circunstancias de aquella época. Tal sucedió en Samos y Siracusa. De igual modo en Esparta no era ciudadano con pleno derecho sino aquel que estuviera en disposición de contribuir con los productos de su propiedad a los gastos de las comidas colectivas en las que diariamente se reunían los ciudadanos. En muchas ciudades del Asia menor el derecho político estaba limitado a los que pudieran mantener un caballo de guerra”[5]

Aquí vemos una alusión a un tipo de gobierno de orden aristocrático. Lo que -en principio- permite inferir la exclusión de los no-aristócratas del poder político, característico de la etapa de desigualdad ante la ley de las mayoría (sino todos) los pueblos antiguos. Poca diferencia hace que la pertenencia a una clase aristocrática lo sea en función del nacimiento o de las posesiones. En realidad, el poder político en base a la cantidad de territorio poseído tuvo como origen la conquista. El que conquistaba un determinado territorio se convertía en su dueño, y -por ende- era él quien mandaba.

[1] Dr. Antonio Castagno. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo 14 letra I Grupo 02. Voz “igualdad”

[2] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”.

[3] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”.

[4] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”.

[5] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Los fabricantes del desempleo. Hay amores que matan.

Por Gustavo Lazzari. Publicado el 24/4/16 en: https://gustavolazzari.wordpress.com/2016/04/24/los-fabricantes-del-desempleo-hay-amores-que-matan/

 

Legisladores de la oposición y muchos comunicadores están proponiendo la prohibición de los despidos y la duplicación de las indemnizaciones en caso que las mismas sean convalidadas..

A través de un proyecto de ley presentada por diputados kirchneristas  se propone además la multiplicación de la industria del juicio y la burocratización en caso de despidos con causa o fuerza mayor.

Las sanciones al empleador que intentara un despido multiplican los costos indemnizatorios y administrativos.

En tren de demagogia irreal hay dos proyectos en el Congreso. Uno en el Senado que sólo prohíbe despidos por 180 días y otro en Diputados que prohíbe despidos, impone la doble indemnización hasta el 31/12/2017.

Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable.

Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor ocurrencia que convalidar el desempleo por generaciones.

Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital.

Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo y por sobre todo excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.

Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.

Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos.

Es imprescindible comprender también que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo los salarios pueden subir!!!!

El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $ 22.725.

Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.

No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos.

En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.

Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.

Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.

Siempre y en todo lugar el mejor amigo del trabajo es la máquina. Sin capital la productividad del trabajo hubiera continuado en los niveles de la edad de piedra. Son las máquinas las que han permitido aumentar la cantidad de bienes producidos a menor esfuerzo y tiempo de dedicación. Sin capital no hay posibilidad alguna de aumentos de salarios en términos reales.

En la Argentina el “Hit político” de las últimas siete décadas tiene en su estribillo la frase “combatiendo al capital”. Un canto a la ignorancia y un excelente camuflaje para el robo.

Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión.

Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.

 

Gustavo Lazzari es Licenciado en Economía, (UCA), Fue Director de Políticas Públicas de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y fue investigador del Proyecto de Políticas Públicas de ESEADE entre 1991-92, y profesor de Principios de Economía de 1993 a 1998 y en 2002. Es empresario.