El impuesto a la renta en Estados Unidos y Argentina

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2021/03/el-impuesto-la-renta-en-estados-unidos.html

“En 1908 se impuso una reforma constitucional, para obviar los inconvenientes de una permanente controversia judicial que hizo suprimir el impuesto a la renta en 1895. Dicha reforma establecía textualmente: “El Congreso tiene el derecho de establecer y percibir los impuestas sobre la renta, de cualquier fuente que provengan, sin repartición entre los diversos Estados y sin tener en cuenta el censo de la población”.”[1]

Muy lamentable y triste esta reforma. Muy negativa, por cierto. Y por lo demás, claramente violatoria de un auténtico régimen federal. Resulta claro que si una nación dice “respetar” el federalismo ello debería implicar darle la autonomía amplia y necesaria a los demás “estados”, provincias y municipios para que sancionen sus propias leyes fiscales, y no ser ello una prerrogativa del poder central. Un auténtico régimen federal debe tender a la descentralización del poder y ello se logra mediante la descentralización fiscal. El poder fiscal debería -en ausencia de la posibilidad ideal de derogar todo impuesto, residir en los estados, provincias y municipios, y nunca en el gobierno central. En tal sentido la reforma mencionada es anti federalista y antirrepublicana.

“En 1913 sancionóse la ley que aún perdura. La ley grava, así, a las rentas producidas fuera del país, que benefician sin embargo a las personas radicadas en él, del mismo modo que a las rentas producidas en los Estados Unidos, sean o no percibidas por personas radicadas en sus límites territoriales. Fija la ley, además del impuesto general, uno suplementario. Las necesidades de la guerra determinaron la modificación del impuesto, lo que se hizo por las leyes de 1916 y 1921.”[2]

Otra ley atroz que denota ya el avance del estatismo en los Estados Unidos. En lugar de contraer los impuestos se los expande, lo que -como ya demostramos- es atentatorio contra la acumulación de capital que es lo que crea trabajo y los salarios que remuneran ese trabajo, y también el factor que hace que se amplíe el trabajo asalariado. Todo impuesto limita esto y, en tal sentido, promueve la pobreza y la caída del nivel de vida. Si se pretende extenderlo fuera de las fronteras ellos son todavía muchísimo peor. Asemeja lo descripto a un impuesto de capitación, ya que en lugar de los bienes se toma en cuenta la persona y su residencia, pero como el sujeto pasivo es la persona hay un elemento de capitación, amargo resabio de épocas que tributariamente se creían acabadas.

Es bastante probable que las rentas producidas en el exterior ya hayan sido gravadas por la legislación fiscal del país donde las rentas se originaron. Volverlas a gravar -por el mero hecho de que el titular de esas rentas vive en otro país diferente- es doble imposición, vale decir, doblemente confiscatorio. Por lo visto, esta es la época donde los impuestos comienzan a crecer en los Estados Unidos y donde se vuelven más confiscatorios e injustos.

“Actualmente se gravan las rentas de toda especie; pero el sujeto del gravamen se extiende solamente a las personas físicas que tengan su domicilio en los Estados Unidos. Los extranjeros sin domicilio en el país, contribuyen por las rentas que de él perciban. De los ingresos totales del contribuyente se deducen los gastos para su adquisición, intereses de deudas y todos los impuestos pagados a las corporaciones de derecho público. Se eximen del impuesto los pagos por indemnizaciones del seguro de vida, herencias e intereses de los fondos públicos de los Estados federados y municipios.”[3]

En este punto -y nuevamente más allá de las características de cómo cada pais cobra el impuesto a la renta- luce oportuno volver a los principios generales que marcan el norte de nuestro trabajo. El “argumento” de fondo de los partidarios de este impuesto es que “no grava” el capital, que lo deja “intacto”, y -en suma- desvincula a la renta de su origen (el capital). Esto es completamente falso, y ya lo hemos demostrado en el curso de nuestro trabajo. Cualquier ataque a la renta es un ataque frontal al capital futuro que halla en la renta del capital pasado la causa de su génesis. Incluso lo hemos demostrado numéricamente y a través de un ejemplo muy sencillo y fácil de entender.

Seguir insistiendo que la renta “no tiene” vinculación con el capital de tal suerte que gravar aquella “no afecta” a este es una manifestación de brutal ignorancia económica o de cerrazón mental para tratar de entender el fenómeno fiscal y todas sus negatividades. Y esto, más allá de la discusión de cómo, cuándo y dónde percibir el impuesto, que es lo que ocupa la atención del autor del trabajo que estamos examinando. Todo impuesto, por el mero hecho de existir es discriminatorio. Esto no se puede superar con formulaciones legales o filosófico-políticas que niegan los principios universales enseñados por la praxeología, ciencia a la que adherimos y que hasta el momento de lo que llevamos examinado del trabajo de Goldstein luce por su ausencia.

“4. El impuesto a la renta en la República Argentina. No podríamos cerrar este estudio sin aludir, aunque sea esquemáticamente, al destino del impuesto sobre la renta en nuestro país. Las primeras iniciativas para su creación surgieron en el seno de la Cámara baja, pero no se materializarán sino hasta el año 1919, en el que, por conducto del Poder Ejecutivo Nacional, se presentó un proyecto que sirvió de antecedente inmediato al régimen que había de instaurarse recién un lustro más tarde. En efecto, el 20 de junio de 1924, el Poder Ejecutivo envió al Congreso otro proyecto, el que participa de los caracteres de las leyes francesa y estadounidense.”[4]

Época en que se empezaban a abandonar los grandiosos principios liberales que habían hecho de la Argentina un formidable pais en el cono sur, y que muchos -no sólo en Europa sino también en los Estados Unidos- admiraban y vaticinaban un gran futuro. Desgraciadamente la promisoria profecía no se cumplió. El año indicado en la cita, marca el punto de inflexión del país y el comienzo de su peregrinación hacia el precipicio, ruta que aún se encuentra en caída libre.

En el año indicado comienzan a sembrarse en el pais desde el exterior las primeras ideas socialistas que estaban marcando la tendencia del mundo en otras latitudes. En 1917 se cimentaban la URSS el mayor estado comunista que haya conocido la historia hasta la fecha y, en el mismo año, México sancionaba una constitución política socialista, mientras el resto del mundo -de una manera o de otra- iba cayendo bajo los influjos del marxismo, gran impulsor de los impuestos progresivos. Poco a poco, América latina iría siguiendo esos mismos pasos, hasta derrumbarse en las garras del populismo, heredero directo del fascismo y el nazismo que aparecerían pocas décadas más tarde.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Goldstein, M. ibidem.

[4] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

La ideología económica de los argentinos

Por Carlos Newland: 

 

Argentina es un caso único de involución económica. De pertenecer a principios del Siglo XX al conjunto de países de mayor ingreso per cápita, ha ido perdiendo puestos en la carrera mundial del crecimiento y hoy en día su tamaño a nivel global se ha reducido a la mitad de su peso en 1910. Sin duda un gran responsable de esta situación ha sido un entramado regulatorio institucional perverso que ha puesto todo tipo de frenos al desarrollo de sus fuerzas productivas. En el último Índice Fraser (2018) que mide la calidad institucional económica global, Argentina aparece en el puesto 160 de 162 naciones. Sólo es superada negativamente por Libia y Venezuela. Prácticamente todas las naciones africanas tienen mejores marcos de funcionamiento que la Argentina y sin duda un anhelo de sus habitantes debiera ser algún día parecerse más al continente negro.  ¿A qué tipo de instituciones se refiere el Índice Fraser?  A las regulaciones aplicadas sobre la iniciativa privada, el respecto a la propiedad, al tamaño del gobierno y de los subsidios, el proteccionismo, la inflación y el déficit fiscal, y la presión impositiva. Puede postularse que el marco institucional argentino no es consecuencia de algún factor aleatorio y circunstancial, sino que es en gran media una consecuencia del tipo de cultura económica poseída por su población, o su ADN ideológico, como se lo ha denominado recientemente en los medios de comunicación.

Prácticamente no hay estudios de la ideología predominante en la población argentina, por el que su análisis queda limitado a opiniones o manifestaciones culturales puntuales. Un ejemplo significativo lo brinda lo que es en la práctica el segundo himno nacional argentino. El primero es el Himno Nacional de 1812, una canción patriótica entonada por el ejército revolucionario en sus acometidas contra las tropas españolas. El segundo, tan cantado como el primero, es la marcha peronista, últimamente vocalizado jovialmente en reuniones de dos principales partidos argentinos, el macrista y el kirchnerista (para llamarlos de alguna manera). Este también es un himno de guerra, pero no contra realistas, sino contra el capitalismo. Así dice en una de sus estrofas:

Por ese gran argentino
que se supo conquistar
a la gran masa del pueblo,
combatiendo al capital.

Que en 1947, cuando la composición fue interpretada por primera vez públicamente en la Casa Rosada, se enunciara tal objetivo es sorprendente. Ya para entonces existía a nivel global un gran consenso de que la acumulación de capital era un ingrediente principal para el logro del crecimiento económico y que toda nación desarrollada debía poseer un alto stock de este factor de la producción. Queda claro que el pensamiento económico de los argentinos presentaba ya entonces algunos rasgos muy particulares, los que se encarnaron de pleno en las políticas peronistas de aumento del tamaño del Estado, proteccionismo y regulación. Pero esta mentalidad no era nueva. Ya en 1928 José Ortega y Gasset marcaba que los argentinos tenían incorporada en su cultura la idea de un Estado hipertrófico y excesivo. A la vez, no vivían conectados con su contexto y realidad, sino más bien proyectados en un futuro idealizado e ilusorio.   El economista argentino contemporáneo Emilio Coni, apoyando la visión del filósofo español, aclaraba en 1930 que los argentinos eran grandes creyentes en el “Estado-Providencia”, una entidad que el ciudadano esperaba solucionara sus problemas laborales ofreciéndole empleo sin pedirle mucho a cambio. Esta valoración del Estado, unido a un cierto irrealismo, parece ofrecer las condiciones ideales para prácticas populistas de incremento de las erogaciones sin una evaluación de su financiamiento ni de su impacto a largo plazo. Y así la historia argentina destaca por un continuo déficit fiscal, y por una insoportable inflación, su contracara.  Pero podemos retroceder aún más hasta mediados del siglo XIX y evocar al pensamiento de Juan Bautista Alberdi, inspirador de la constitución de 1853. Para Alberdi el principal impedimento para el desarrollo de la Argentina -y de toda América Hispana- era la falta de apreciación social de la figura empresarial. Los héroes a los que se levantaban monumentos públicos, dedicaban obras poéticas y libros de historia eran siempre políticos o militares, quienes para este pensador eran primordialmente destructores y no creadores de riqueza. No ocurría lo mismo con los que debían ser lo verdaderos héroes, los emprendedores. Alberdi consideraba era necesario lograr un nuevo paradigma social, el del empresario desarrollador tanto de proyectos industriales como agropecuarios. Escribía en las Bases en 1852:

[l]a nueva política debe tender a glorificar los triunfos industriales, a ennoblecer el trabajo, a rodear de honor las empresas de colonización, de navegación y de industria, a reemplazar en las costumbres del pueblo, como estímulo moral, la vanagloria militar por el honor del trabajo, el entusiasmo guerrero por el entusiasmo industrial que distingue a los países libres de la raza inglesa, el patriotismo belicoso por el patriotismo de las empresas industriales que cambian la faz estéril de nuestros desiertos en lugares poblados y animados…

Queda claro que la descripción de Alberdi o de Ortega y Gasset sigue vigente en la actualidad. El anticapitalismo imperante se asocia muy bien con la otra característica que señalaba el filósofo, una mentalidad fantasiosa y poco realista.  En particular ello explicaría el por qué en los contextos de gasto o déficit fiscal crítico se implementan planes económicos excesivamente optimistas y condenados al fracaso por los desequilibrios que causan: típicos han sido los esquemas que para contener la inflación en lugar de recortar los gastos generan una dañina revaluación de la moneda. Por otra parte, todo intento de reforma, de “achicar el gasto” sólo perdura en los primeros momentos de los gobiernos: pronto las demandas sociales aplastan tales intenciones.   Ciertamente las políticas económicas argentinas cumplen una regularidad: se reiteran situaciones de populismo que incluyen gasto público exacerbado, inflación, aumento de deuda y revaluación de la moneda, seguidas por crisis en el sector externo, en la actividad productiva y de empeoramiento de los salarios reales. Dentro de cada ciclo también se produce otra repetición: el nuevo gobierno que busca solucionar el desequilibrio generado por su predecesor repite luego de un tiempo las mismas conductas. La apreciación en 1933 del economista Luis Roque Gondra sobre la política económica del general golpista José Uriburu parece poder aplicarse a muchos otros períodos: “Como otros cómicos, seguíase representando la misma comedia demagógica momentáneamente interrumpida por (el cambio de gobierno)”. Un buen ejemplo lo relata el Ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz que en 1978 presentó a la Junta Militar dos alternativas para, de una vez por todas, dominar la inflación heredada del gobierno de María Estela Martínez de Perón. La primera era bajar la emisión, lo que claramente implicaba un recorte del gasto. La segunda era “pisar” el tipo de cambio, lo que traccionaría a la baja las expectativas de aumentos de precios. La segunda medida claramente no solucionaba estructuralmente el tema y sólo podía tener efectos de corto plazo. La opción de la Junta Militar en favor de la esta última opción fue, según el ministro, “contundente”. Otro caso lo ofrece el economista Ricardo López Murphy quien como ministro en 2001 propuso al presidente Fernando de la Rua un recorte del gasto, una propuesta que sería (considerando lo que ocurrió posteriormente) bastante modesta. Pero el presidente decidió reemplazarlo por Domingo Cavallo quien parecía ofrecer una salida más indolora a la crisis. Los gobernantes, ha manifestado López Murphy, tienen una propensión en situaciones críticas a escuchar diagnósticos y propuestas optimistas, que por otra parte estiman les permiten no perder su popularidad. Los primeros años del gobierno de Mauricio Macri no escapan a esta ley: en lugar de reducir el tamaño gigantesco del Estado y el altísimo déficit heredado de Cristina Kirchner, postuló en cambio que el gasto se reduciría naturalmente gracias al gran crecimiento económico propulsado por una presunta lluvia de inversiones externas. Como siempre, por tal fantasía se pagó y se está pagando un altísimo costo recesivo: entre 2018 y 2019 la caída acumulada del PBI rondará el 5%. Lentamente, pero a paso seguro, Argentina se está convirtiendo así en una economía latinoamericana más, incluso siendo superada por otras naciones otrora pobres de la región, como Chile.

Todo lo presentado es plausible, ¿pero hasta qué punto es un cuadro objetivo?  Una cuantificación de la mentalidad anticapitalista o anti mercado de la población argentina lo ofrece el Índice Global de Pensamiento Pro Mercado  (FMMI) elaborado por el que escribe estas líneas junto a Pal Czegledi y que fuera presentado en 2018 en diversas publicaciones. La materia prima de este ranking son preguntas incluidas en la Encuesta Mundial de Valores, un emprendimiento global que investiga las actitudes de la población de muchas naciones sobre diversos temas culturales, sociales, religiosos, económicos y políticos. Entre las preguntas que incluye se encuentran algunas cuyas respuestas se han tomado para caracterizar la ideología económica media nacional. Ellas incluyen opiniones sobre la valoración de la competencia, la apreciación de la iniciativa privada sobre la estatal, la idea de que todas las partes se benefician del intercambio y la necesidad de que el individuo pueda actuar con libertad en sus acciones económicas. El índice da como resultado que los países más pro capitalistas del globo son aquellos pertenecientes a la Anglósfera: Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Este grupo es seguido por naciones del Norte Europeo, como Alemania o Suecia, y por los países de la Sinósfera, como Japón, Taiwan o China. ¿Cuál es el conglomerado mundial más anticapitalista? Es Europa del Este, cuyo largo paso por el comunismo parece haber dejado una marca indeleble. ¿Y dónde está Argentina? No es sorprendente que mi nación se ubique en los últimos puestos de la tabla, compartiendo posiciones con Rusia y Ucrania. Argentina es ideológicamente como aquellas naciones educadas durante décadas en la ideología socialista anti mercado. Claro que en Argentina no fue necesaria la imposición de una indoctrinación comunista para llegar a tal estadio.

Quien escribe estas líneas pudo discutir con frecuencia tales cuestiones con su maestro Ezequiel Gallo, quien sin duda compartía plenamente el diagnostico de Ortega y Gasset y Alberdi. Y ¿cuál hubiera sido la conclusión practica o de acción de este gran historiador argentino? Posiblemente ninguna. Ezequiel era un gran creyente en la evolución social y estaba muy lejos de esperar mucho de cambios entusiastas generados por gobiernos revolucionarios. Aunque él era claramente miembro de una minoría liberal, no hubiera de ninguna manera deseado aplicar sus ideas a la fuerza o con la ayuda del Estado. Simplemente hubiera concluido que lo óptimo era, luego de escuchar al opositor ideológico, intentar convencerlo amablemente. Y el mejor convencimiento era logrado en el caso de un historiador, por mesuradas y meditadas contribuciones al conocimiento del pasado argentino y sobre las trabas que han existido a su desarrollo.

Bibliografía

CONI, Emilio. El hombre a la ofensiva. Buenos Aires, 1930.

GONDRA, L. Elementos de Economía Política. Buenos Aires: Librería La Facultad, 1933.

CZEGLEDI, Pal y NEWLAND, Carlos. “How is the pro-capitalist mentality globally distributed?Economic Affairs 2018. 38,2: pp. 240-256.-

CZEGLEDI, Pal y NEWLAND, Carlos. “Measuring Global Free Market Ideology 1990-2015” en: Gwartney et al. Economic Freedom of theWorld. 2018 Annual Report (Incluye el Ïndice Fraser).

GOMEZ, Alejandro y NEWLAND, Carlos.“Alberdi, sobre héroes y empresarios”. Cultura Económica, 2014.

ORTEGA Y GASSET, J. (1962b). “El hombre a la defensiva”. En su “Meditación del Pueblo Joven” (pp. 15- 51).  Revista de Occidente. Madrid: 1962. (Publicado inicialmente en1929).

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

Calidad institucional e inversiones: y una vez alguien dijo que la Seguridad jurídica era una estupidez

Por Martín Krause. Publicada el 7/6/16 en: 

 

Del Capítulo 13: Calidad institucional e inversiones

El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico, la acumulación de capital y la actividad empresarial se manifiesta a través del volumen y la calidad de las inversiones. Nuevas investigaciones se han dirigido, entonces, a analizar esta relación. James Gwartney (2009), uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), destaca algunas de las conclusiones obtenidas después de varias ediciones del Índice de Libertad Económica, realizando un análisis comparativo:

La inversión privada como porcentaje del PIB es mayor en países con más libertad económica.

Existe una clara relación entre la calidad de las instituciones económicas y el volumen de inversión, que es aún mayor en relación con la inversión privada. (Algunos autores estarían dispuestos a discutir si corresponde llamar “inversión”, como categoría económica, a la pública). Por ejemplo, durante 1980-2005 el porcentaje de inversión/PIB en países con un índice de libertad económica superior a 7 (califica de 1 a 10) fue de 22.2%, comparado con un 18.9% en países con un índice menor de 5.

Pero la inversión privada alcanzó al 18.7% del PIB en los países con una calificación superior a 7 y solo 11.2% en los que tienen menos de 5. Los autores ajustaron sus datos para tomar en cuenta la localización de los países en los trópicos, el porcentaje de población residente en 100 kms de la costa y la distancia respecto a los principales mercados, que son las variables geográficas utilizadas por Jeffrey Sachs para explicar el nivel de desarrollo de los países.

Las conclusiones se extienden al caso de la inversión extranjera directa, que es en su gran mayoría inversión privada.

La productividad de la inversión privada es mayor en los países con más libertad económica. Gwartney et al. (2006) relacionaron la inversión privada como porcentaje del PIB con el Índice de Libertad Económica y estimaron el impacto del cambio de un punto porcentual en la relación inversión privada/PIB con la tasa de crecimiento anual a largo plazo en países con distintos niveles de libertad económica, durante el periodo 1980-2000. Su conclusión es que el impacto de un incremento de un punto porcentual en la inversión privada sobre el crecimiento del PIB era de 0.33 en los países con un índice de libertad de 7 o más, de 0.27 en los países con un índice entre 5 y 7, y de solo 0.19 en los países con un índice menor de 5.

La productividad de la inversión privada es, entonces, un 22% mayor en los países con mayor libertad económica que en los países medios, y un 80% mayor que en los países con baja libertad.

El crecimiento económico depende del ahorro y la inversión. Buena parte de esa inversión es realizada por empresas, que lo hacen para incrementar la producción. Por ello es importante conocer qué piensan las empresas y quienes las dirigen sobre el marco institucional y las principales trabas para invertir en distintos países, ya que cada inversión que no se realiza es una oportunidad de crecimiento perdida.

Al respecto, Geeta Batra, Daniel Kaufmann y Andrew Stone (2003) han realizado un estudio a nivel mundial, que se concreta en un libro y en un artículo en el que resumen las conclusiones de ese trabajo. Las respuestas abarcaron los distintos continentes, con un 80% de ellas provenientes de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) y medianas (con un número de empleados entre 51 y 500), siendo el 28% industriales, el 40.1% de servicios, el 20.6% agrícolas y el 11% dedicadas a la construcción. Se preguntó en todas ellas: “Juzgue, por favor, en una escala de 1 a 4, cuán problemáticos son los siguientes factores para la operación y crecimiento de su empresa”. Las principales restricciones fueron las siguientes: impuestos y regulaciones, financiamiento, inestabilidad e incertidumbre política, e inflación.

El orden de estas restricciones varía en algunos sitios. Por ejemplo, en muchos países subdesarrollados la corrupción aparece en lugar prominente, seguida de la inflación. En ciertos países de Asia resalta el crimen en las calles, en otros de África la falta de infraestructura. En el caso de América Latina, las principales restricciones mencionadas son: impuestos y regulaciones, seguidas de inestabilidad política, crimen callejero y financiamiento.

Los autores preguntaron incluso por los impuestos y las regulaciones en forma separada, y en cada caso los impuestos ocuparon el primer lugar y las regulaciones el segundo, en particular las regulaciones comerciales, vinculadas con las aduanas. En cuanto a las restricciones al financiamiento, que figura en primer lugar en todos los países es la elevada tasa de interés, aunque con diferencias por regiones. Fue mencionada por el 83.9% de los encuestados en el caso de América Latina, pero solo por el 47.8% en la OCDE, aunque también ocupa allí el primer lugar. Le siguen los requerimientos de garantías y la falta de créditos a largo plazo.

Respecto a la corrupción, un 60% de las empresas en América Latina la mencionan como un impedimento serio. En general, se trata de un rasgo destacado más por las pequeñas y medianas empresas que por las grandes. Cuando se les preguntó sobre la eficiencia de los servicios de Gobierno, el primer lugar fue ocupado por la Comunidad Europea, donde el 70% de los entrevistados los calificó de ineficientes, porcentaje que alcanza al 63% en América Latina. En los países de la OCDE, el número es de 50% y, curiosamente tal vez, en los del Lejano Oriente del 16%. En las empresas pequeñas y medianas se opina que están más restringidas en todas las categorías y regiones.

Tomando en cuenta las restricciones en su totalidad, los autores han concluido que en aquellos países donde tales restricciones son mayores, las ventas de las empresas existentes crecen algo más de un 10% menos que en los que tienen mejores calificaciones, un porcentaje similar al menor crecimiento de sus inversions.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Igualdad, justicia y merecimientos

Por Gabriel Boragina. Publicado el 18/10/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/10/igualdad-justicia-y-merecimientos.html

 

La meta de la “igualdad” social, y su fuerte identificación popular con la justicia, es uno de los escollos más voluminosos -paradójicamente- que en los hechos sólo sirven para alejarnos tanto de una como de la otra. A mayores esfuerzos por lograr la “igualdad” de rentas y patrimonios, superiores también serán las probabilidades de que las fortunas de todo el conjunto social sean cada vez menores. Al menos, esa ha sido la experiencia que registran aquellos países donde la lucha por la “igualdad” de oportunidades se ha planteado y se le han dedicado las energías mas denodadas. Los resultados han sido no sólo magros, sino totalmente contrarios a los objetivos declamados. Los términos de la elección social no suelen ser realistas y fue Friedrich A. von Hayek uno de los más sagaces pensadores en advertirlo:

“Los términos de la elección que nos está abierta no son un sistema en el que todos tendrán lo que merezcan, de acuerdo con algún patrón absoluto y universal de justicia, y otro en el que las participaciones individuales están determinadas parcialmente por accidente o buena o mala suerte, sino un sistema en el que es la voluntad de unas cuantas personas la que decide lo que cada uno recibirá, y otro en el que ello depende, por lo menos en parte, de la capacidad y actividad de los interesados y, en parte, de circunstancias imprevisibles. No pierde esto importancia porque en un sistema de libertad de empresa las oportunidades no sean iguales, dado que este sistema descansa necesariamente sobre la propiedad privada y (aunque, quizá, no con la misma necesidad) la herencia, con las diferencias que éstas crean en cuanto a oportunidades. Hay, pues, un fuerte motivo para reducir esta desigualdad” de oportunidades hasta donde las diferencias congénitas lo permitan y en la medida en que sea posible hacerlo sin destruir el carácter impersonal del proceso por el cual cada uno corre su suerte, v los criterios de unas personas sobre lo justo y deseable no predominan sobre los de otras.”[1]

La cuestión no se plantea entre un sistema social azaroso donde cada sujeto se encuentra librado a su suerte, sin ningún tipo de control sobre su destino ni sus decisiones; y otro sistema “ideal” esencialmente “justo” donde cada uno recibirá lo que efectivamente “algún patrón absoluto y universal de justicia” determine. Dicho patrón sólo puede ser suministrado por “alguien” que se constituya en autoridad por sobre los demás, con lo cual en ese mismo momento la supuesta “igualdad” (del tipo que sea) se quiebra a favor de aquel o aquellos que, desde un pedestal de mando, decretan de qué manera y bajo qué circunstancias todos los demás serán “iguales” entre sí, dado que, aun cuando los decididores mismos se incluyan, estarán de hecho excluidos al tener la potestad de decretar quienes serán “iguales” y quienes no, en qué medida, proporción y tiempo lo serán, etc. En cuanto a supuestas o reales “diferencias congénitas”, la ciencia ha demostrado que no son inmodificables, y su importancia no es mayor y a veces ni siquiera es igual a las adquiridas, por lo que no nos convence la sugerencia de F. A. v. Hayek de “reducirlas” por parte de quien forzosamente deberá revestir una posición de imperio para proceder en consecuencia. Enfoque de este autor que -en alguna medida- contradice sus brillantes aportes en contra de la ingeniería social y la presunción del conocimiento implicada en la misma.

“El hecho de ser mucho más restringidas, en una sociedad en régimen de competencia, las oportunidades abiertas al pobre que las ofrecidas al rico, no impide que en esta sociedad el pobre tenga mucha más libertad que la persona dotada de un confort material mucho mayor en una sociedad diferente. Aunque, bajo la competencia: la probabilidad de que un hombre que empieza pobre alcance una gran riqueza es mucho menor que la que tiene el hombre que ha heredado propiedad, no sólo aquél tiene alguna probabilidad, sino que el sistema de competencia es el único donde aquél sólo depende de sí mismo y no de los favores del poderoso, y donde nadie puede impedir que un hombre intente alcanzar dicho resultado.”[2]

Pero además de la verdad que encierran las palabras contenidas en la cita anterior, hay que destacar que, en las sociedades libres, la acumulación de capital es mucho mayor que en las comunidades antiliberales, lo que determina que el acopio de capital presione a la suba los salarios e ingresos en términos reales, con lo cual, los trabajadores ven aumentarlos, sin necesidad de mejorar siquiera su desempeño laboral. Este beneficio alcanza, incluso, a aquellos que están desempleados, ya que opera como generador de un aumento de las oportunidades que, por definición, será imposible que sean “iguales” para todos, pero que, ineludiblemente, bajo el capitalismo siempre serán crecientes. En la economía de libre mercado, un funcionario estatal sólo podría impedir este proceso dejando, por supuesto, a partir de ese momento, de ser una economía de libre mercado, y pasando a ser otra de mercado intervenido.

“Sólo porque hemos olvidado lo que significa la falta de libertad, despreciamos a menudo el hecho patente de que, en cualquier sentido real, un mal pagado trabajador no calificado tiene mucha más libertad en Inglaterra para disponer de su vida que muchos pequeños empresarios en Alemania o un mucho mejor pagado ingeniero o gerente en Rusia. En cuanto a cambiar de quehacer o de lugar de residencia, a profesar ciertas opiniones o gastar su ocio de una particular manera, aunque a veces pueda ser alto el precio que ha de pagar por seguir las propias inclinaciones y a muchos parezca demasiado elevado, no hay impedimentos absolutos, no hay peligros para la seguridad corporal y la libertad que le aten por la fuerza bruta a la tarea y al lugar asignados por un superior.”[3]

En las sociedades libres o capitalistas las oportunidades siempre son, en consecuencia, mucho mayores para la gente de menos recursos, para los más pobres en todo sentido, trabajen o no. Esto ya de por si implica -al mismo tiempo- que las sociedades abiertas son también indefectiblemente mucho más justas que las que se oponen a tales valores esenciales al ser humano.

[1]Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 137-139

[2] Ob. Cit. Ídem.

[3] Ob. Cit. Ídem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.