El Estado avasallador

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 6/6/12 en http://www.elimparcial.es/america/el-estado-avasallador-105550.html

 Decía el gran economista francés Jacques Rueff que “la gente pierde la libertad por el déficit fiscal”. Nunca he olvidado esta frase desde que la escuché y a estas horas, en una Argentina donde el Estado se permite alegremente violar derechos individuales para paliar sus propios descontroles, me parece plenamente vigente.

El artículo 14 de la Constitución Nacional señala: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”

De los citados derechos, cuando menos los que refieren a la posibilidad “de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” y, asimismo, “de usar y disponer de su propiedad”, están siendo claramente conculcados debido al cerrojo impuesto a la compra de dólares, las mil y una explicaciones que cualquier hijo de vecino que pretenda trasladarse al exterior debe dar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, o aun la propia injerencia de este organismo que ha avanzado sobre competencias que no le corresponden ejerciendo una vigilancia policíaca sobre los ciudadanos que sólo se explica por el hecho de que nuestra democracia se ha venido despojando de todo atributo que la relacione con el imperio de la ley y las máximas del gobierno limitado.

No se puede creer lo que estamos viviendo. Ciudadanos que no pueden comprar siquiera un dólar (sí, leyó Ud. bien, un dólar) porque la AFIP, organismo al que debemos solicitar autorización, responde: “Usted no tiene capacidad contributiva”. Y esa respuesta es recibida por miles de contribuyentes que son profesionales, ahorristas, comerciantes, empleados públicos, etc., quienes deben comprar un insumo extranjero, o desean realizar una operación inmobiliaria (las cuales desde hace décadas se realizan aquí en dólares) o meramente intentan salvar su dinero de una inflación que ronda el 25 % anual pese a lo que digan las estadísticas oficiales de las que el propio gobierno (que autoriza aumentos salariales cercanos a porcentaje) evidentemente descree.

Un Estado hipertrofiado y corrupto se está apoderando de nosotros, con funcionarios que ahorran (dicho sea de paso) en moneda estadounidense (empezando por la presidenta, que declara tener plazos fijos por tres millones de dólares). Mientras tanto, los índices de confianza en el gobierno descienden sensiblemente, el sector agrícola se lanza de nuevo a la protesta, los cacerolazos se reiteran y la mentira oficial crece intentando ocultar una realidad que tarde o temprano terminará por vengarse. ¿Por qué tanta obstinación? Quizá la explicación no se encuentre en la superficie sino en zonas más insondables que hacen a la conducta misma de los protagonistas. En mis épocas de estudiante leíamos un viejo libro del sociólogo norteamericano Harold Lasswell titulado Psicopatología y política. Volveré a leerlo para ver si en sus páginas puedo encontrar alguna respuesta.

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.

Ahmadinejad, otra vez en América latina:

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 5/6/12 en http://www.lanacion.com.ar/1477999-ahmadinejad-otra-vez-en-america-latina

En pocos días más, el políticamente alicaído presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, visitará nuevamente a América latina. Para ello aprovechará la realización de una nueva cumbre de las Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable, que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de junio.

Allí tendrá la oportunidad de encontrarse con otros líderes del mundo con motivo de esa reunión, cuyo objetivo central es el de contribuir a la protección del medio ambiente y a asegurar la sustentabilidad del planeta. Según el gobierno anfitrión, podrían concurrir al encuentro nada menos que 116 Jefes de Estado de muy distintos países y unos 50.000 participantes adicionales que estarán presentes en las diversas reuniones y participarán en las actividades que conforman el mencionado evento. Algunos de ellos comenzarán a llegar el 13 de este mes.

Se trata de la cuarta reunión “cumbre” sobre estos temas en particular, que sigue el camino iniciado con las reuniones ya celebradas en Estocolmo (1972), Río de Janeiro (1992) y Johannesburgo (2002).

Entre los mandatarios que -además de Ahmadinejad- han confirmado su presencia cabe incluir a algunas figuras públicas realmente interesantes, como el recientemente electo presidente de Francia, Francois Hollande; el ahora nuevamente presidente de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Barroso y el actual presidente de España, Mariano Rajoy.

En cambio, tanto Angela Merkel como David Cameron, absolutamente absorbidos por la grave crisis económica del Viejo Mundo, han anticipado que no concurrirán. Lo más probable es que tampoco llegue al Brasil Barack Obama, que está activamente en campaña electoral con la mira puesta en su posible reelección como presidente de los Estados Unidos el próximo mes de noviembre.

Para Ahmadinejad esta es una oportunidad bastante poco frecuente que seguramente le conferirá alguna visibilidad externa y le deparará, además, la posibilidad de realizar (en la opacidad) toda suerte de discretas reuniones laterales que pueden ser organizadas en paralelo con la mencionada cumbre. Por esto su gobierno está ya activamente trabajando su agenda, visitando a algunos de sus aliados y socios estratégicos bolivarianos de nuestra región. Aquellos que lamentablemente siguen apoyando y suministrando combustibles y otros pertrechos al régimen sirio del clan Assad, sin condenar ni considerar sus cada vez más abominables atrocidades contra su propio pueblo.

Hablamos, por ejemplo, de Ecuador, donde el líder bolivariano Rafael Correa acaba de recibir -en el mismo palacio de Carondelet- la visita del vicepresidente iraní, Ali Saeedlou, quien llegó al país andino presuntamente para hablar de la cumbre de Río e invitar a Correa -y asegurar ex ante su presencia- en la reunión del llamado “Movimiento de los No-alineados” que tendrá lugar en Teherán, a fines de agosto venidero. Ocurre que Irán tiene -por los próximos tres años- la presidencia de esa organización que fuera fundada en 1955 y tuviera entre sus líderes a personajes como Jawaharlal Nehru, Jamal Abdul Nasser y Josip Broz Tito. Hoy la organización referida luce relativamente pasada de moda, pero todavía agrupa a 118 Estados, que representan el 55% de la población del mundo.

La nueva visita de Ahmadinejad a nuestra región tendrá lugar en el marco de un ambiente muy particular. Muy pocos días después de realizarse la próxima reunión del G-7 con Irán, en Moscú, referida al desarrollo de su programa nuclear, en la que continuarán las conversaciones sobre el mismo, que se iniciaron con entusiasmo (sino alguna apresurada euforia), pero que hoy están envueltas en una nube de preocupación por su falta de avances.

 Mientras tanto, las duras sanciones económicas norteamericanas y europeas contra Irán entrarán en vigor el 1° de julio próximo, y tanto los Estados Unidos como Israel siguen considerando la opción militar como una peligrosa alternativa eventual para tratar de detener un tan poco trasparente como acelerado programa iraní de enriquecimiento de uranio, que preocupa ciertamente a la comunidad internacional.

En momentos en que no se registran avances de significación en la comprometida cooperación iraní con las investigaciones y requerimientos de la justicia argentina respecto de los atentados terroristas en nuestro país en los se sospecha pudieron haber participado algunos altos funcionarios de la teocracia iraní, nuestra delegación a la cumbre de Río de Janeiro debería actuar con total y absoluta transparencia en lo que a contactos y reuniones con las resbaladizas autoridades de Irán se refiere..

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

 

La economía del garrote (Versión XXXVII)

Por Pablo Guido: Publicado el 4 de  junio de 2012 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

El gobierno argentino no para de dar palos al mercado. En octubre del año pasado comenzaron los controles en el mercado cambiario, y se fueron profundizando medida tras medida, mes a mes. Tal es así que el dólar legal y el “parelelo” costaban prácticamente lo mismo antes de dichos controles y ahora los separa una brecha mayor al 33%: el dólar legal cuesta unos 4,50 pesos y el dólar en el mercado “negro” casi 6 pesos. Entonces, para reducir la brecha uno de los principales funcionarios del gobierno les ha ordenado a las casas de cambio a bajar el precio del dólar a poco más de 5 pesos por unidad. Sin palabras. Lo que haría bajar el precio del dólar es quitar los controles, generar confianza en la moneda local (que pierde entre 25 y 30% de poder adquisitivo anualmente) e incentivar el ingreso de más dólares al país. Simple. El garrote no sirve más que para asustar a las personas e incrementará las operaciones en “negro” a un precio mayor al actual.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

 

Kicillof: “Quieren que devaluemos, pero es todo verso”

Por Adrián Ravier. Publicado el 2 de Junio de 2012 en: http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2012/06/02/kicillof-quieren-que-devaluemos-pero-es-todo-verso/

Esta frase posiblemente quede en los registros históricos de la historia argentina.

Y no lo digo por el primer gráfico que acompaña este post, pues si bien el tipo de cambio nominal viene subiendo, el tipo de cambio real que se presenta en el segundo gráfico, se ha apreciado mucho en los últimos años.

El segundo gráfico muestra que la tendencia de los últimos años es un retorno al 1 a 1.

En pocas palabras, a la evolución del tipo de cambio nominal, tenemos que agregar en el análisis la evolución de los precios, y la inflación en Argentina supera el 20 por ciento anual.

La pregunta que me queda para Kicillof es cómo van a impulsar el crecimiento del “modelo K”, sin devaluación, bajo su propia lógica de sustitución de importaciones.

No digo con esto que haya que devaluar… eso es otro debate.(Ver Juan Carlos Cachanosky, “Devaluaciones competitivas frente a ventajas comparativas”)

Lo que digo es que van a devaluar, y las palabras de Kicillof quedarán en la historia.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

 

Que tan neoliberal fue Argentina en los 90?

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 5/6/12 en http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2012/06/05/que-tan-neoliberal-fue-argentina-en-los-90/

 Con un gobierno que tiene la mirada siempre puesta en el pasado para justificarse a si mismo, no es sorpresa que se insista con el llamado neoliberalismo de los 90 en Argentina. Las “recetas neoliberales,” se sostiene, llevaron al país a una de sus peores crisis en el 2001. Es difícil decir a secas si Argentina fue o no neoliberal en los 90, dado que la palabra ‘neoliberal’ carece de significado concreto, al menos en la arena política, lugar donde es frecuentemente mencionada. Es que la palabra neoliberal se suele usas como comodín de crítica para eludir la tarea de tener que acompañar los cuestionamientos con verdaderos argumentos.

Si el término neoliberal significa algo, es por asociación al llamado Consenso de Washington. John Williamson, economista, resumió en un breve listado de 10 puntos (11 según Wikipedia en español) lo que él consideraba representaban un consenso en las recomendaciones de instituciones basadas en Washington para que países emergentes puedan desarrollarse y estabilizarse. ¿Qué más oportuno para sus críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, la capital del “imperio capitalista”?

El Consenso de Washington consiste en los siguientes puntos:

  1. Disciplina fiscal, evitando grandes deficits respecto al PBI,
  2. Redireccionamiento del gasto público desde subsidios hacia la provisión de fondos en lugares claves para el crecimiento como educación, salud pública e inversión en infraestructura,
  3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas impositivas marginales moderadas,
  4. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y en términos reales positivas (pero moderadas),
  5. Tipo de cambio competitivo,
  6. Libre comercio: liberar importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas (licencias, etc.); cualquier protección debe ser a través de tasas bajas y relativamente uniformes,
  7. Liberalizar la entrada de la inversión externa directa,
  8. Privatización de empresas estatales,
  9. Desregulación: abolir la regulación que impida la entrada al mercado o restringa la competencia, excepto para aquellas actividades que puedan justificarse en base a seguridad, medio ambiente y protección al consumidor, así como una supervisión provisional de las instituciones financieras,
  10. Protección legal a los derechos de propiedad.

Presentada la receta neoliberal, ¿cumplió, efectivamente, Argentina con los 10 puntos del Consenso de Washington durante los 90? Esta pregunta se responde de manera negativa.

 

¿Cumplió Argentina con el Consenso de Washington?

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendría que haber cumplido con todos, o una clara mayoría, de estos 10 puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

La regla de la estabilidad fiscal, por ejemplo, fue claramente ignorada (ver el post déficit fiscal… déficit fiscal… déficit fiscal…); vale agregar: con el visto bueno de los acreedores internacionales. Justamente la acumulación de deuda pública para cubrir los déficits fiscales es lo que empujó la economía Argentina a la crisis del 2001. Sin la acumulación de déficits fiscales no se hubiese sufrido el default a inicios del siglo XXI. El gasto público aumentó un 90.7% entre 1991 y 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional aumentó de 35.6% en el 2001 a 56.9% en el 2001. El primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica, no estuvo presente en la supuesta Argentina neoliberal de los 90.

La política de tipo de cambio competitivo, que tanta llegada tiene en varios sectores del país, no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones y presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Desde el punto de vista del gobierno (o banco central), esto ayuda a acumular divisas provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la economía de los 90, especialmente en los últimos años, es el del atraso cambiario, que significa lo contrario al tipo de cambio competitivo. Este no es solo otro punto de la receta ausente en la Argentina neoliberal de los 90, sino que el tipo de cambio competitivo es defendido por mas de un critico de “las políticas neoliberales.”

La llamada apertura comercial de los 90 es otro punto que presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. A fin de cuentas, el Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado son políticas opuestas, no parecidas.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de graves problemas. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados. En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de presentación, en tal caso ya no se puede asociar “neoliberalismo” con “libre mercado.”

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJPs. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector forzaron a las AFJPs a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJPs estaban destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJPs hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un proceso claro de desregulación durante los 90. Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rua acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener sustentar que su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los 90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona este neoliberalismo que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.)

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los 90 no es en sí una defensa de la política económica de los 90. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo unos grados más de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.

 

La previsible decadencia del modelo K

Por Aldo Abram: Publicado el 30/5/12 en http://www.libertadyprogresonline.org/2012/05/30/la-previsible-decadencia-del-modelo-k/

Desde principios de 2011, la Argentina viene mostrando un proceso de desaceleración de la economía que se fue agravando con el correr de dicho año y que se ha profundizado en lo que va de 2012. Si bien las cifras de actividad oficiales se negaron a reconocer esta realidad hasta las elecciones, comenzaron a reflejarlas partir de fines del año pasado. La pregunta es por qué está pasando esto.

Algunos hablan de una crisis internacional, con origen en los problemas de deuda soberana de la eurozona, que estaría afectando al país. Sin embargo, esto no parecería tener el mismo impacto en nuestros vecinos. Sólo la Argentina lidia con un proceso de fuga de capitales que presiona al alza el tipo de cambio local; mientras el resto tiene dificultades en sostener el valor del dólar en sus mercados, debido al flujo de inversiones externas. Nuestro país fue el único de la región que disminuyó sus reservas internacionales durante 2011. Entonces, el problema parece ser doméstico y no de contexto mundial. Tiene que ver con la imposibilidad de vivir por encima de nuestras posibilidades para siempre, en algún momento se acaba el ahorro y el crédito y la “fiesta se acaba”. En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner empezó su camino hacia un modelo populista de redistribución del ingreso. El instrumento principal para llevar a cabo este tipo de políticas es el gasto y la inversión pública. Si bien encontró un Estado quebrado y sin crédito, también recibió una economía que había comenzado a reactivarse a fines de 2002, fundada en la recuperación de la demanda interna, a lo que se sumó un contexto mundial que le permitió navegar con vientos favorables. Por lo tanto, la recaudación tributaria tendió a crecer mucho más rápido de lo esperado, brindando los recursos para recomponer la situación fiscal e incrementar fuertemente las erogaciones estatales.

Un factor adicional para el aumento de la presión impositiva fue la buena performance internacional del precio de los commodities, de gran relevancia en la producción y exportación argentina. No sólo permitió un mayor crecimiento, sino que con retenciones, restricciones a las ventas externas y congelamiento de precios, fue fuente de recursos extras para la redistribución de riquezas. Sin embargo, el crecimiento del gasto público pronto tomó un impulso mayor al incremento de los ingresos. Ante la carencia de crédito, se buscó aumentar la presión tributaria sobre la producción agropecuaria, intentando llevarla a niveles confiscatorios, en algunos casos. La exitosa rebelión fiscal del campo echó por la borda esta posibilidad; pero las erogaciones del gobierno continuaban subiendo y alguien tenía que pagar la cuenta. Por ello, se confiscaron los ahorros de los aportantes al sistema previsional de capitalización y se los obligó a abonar sus aportes al régimen de reparto estatal. Sin esta última medida, el gobierno hubiera entrado en déficit primario durante 2009.

En búsqueda de otras cajas

El problema es que esta medida no fue suficiente y, de todas formas, los recursos alcanzaban a cubrir una porción cada vez menor del pago de ven cimientos de deuda. La solución fue apropiarse de otra “caja”, las reservas internacionales del Banco Central, que inicialmente se utilizaron para pagar pasivos externos con organismos internacionales y, a partir de 2010, todos los nominados en moneda extranjera. El uso intensivo de las arcas del Banco Central implicó un fuerte incremento de la emisión para prestarle pesos al gobierno y, también, para comprar divisas que se usaban para pagar los pasivos externos del Estado. Así es como, para financiar el gasto electoral de 2011, se lo exprimió hasta llevar la relación de reservas con sus pasivos financieros a niveles tan bajos que la autoridad monetaria perdió capacidad de manejo del mercado cambiario. De allí que se decidiera ir a un control de cambios y se exacerbaran las medidas proteccionistas.

El desbarajuste fiscal que el gobierno gestó para ganar los comicios presidenciales (replicado en las provincias por la mayoría de los gobernadores) se volvió insostenible. Inicialmente, el Poder Ejecutivo planteó la reducción o eliminación de gran parte del festival de subsidios indiscriminados de los últimos años. Sin embargo, el alto costo político y algunos eventos que golpearon duro la imagen presidencial lo llevaron a dar marcha atrás. Era necesario volver a incrementar la caja; lo que se logró modificando la Carta Orgánica del Banco Central para reducir las restricciones que tenía para usarlo como fuente de financiamiento. Pues bien, si con el uso hecho hasta ahora hemos perdido la posibilidad de un mercado cambiario libre, con un saqueo mayor del Banco Central será imposible recuperarlo; por lo que estamos condenados al control de cambios y a la cerrazón de la economía.

Otra “caja” de recursos para la redistribución de riquezas es la que surge de las inversiones pasadas en infraestructura, transporte y energía. Esto le permitió al gobierno subsidiar el consumo de estos servicios y bienes obligando a sus oferentes a vender a un precio menor al de mercado. En algunos casos, cuando el costo superó el de las tarifas, el gobierno se hizo cargo con los recursos de los contribuyentes. En el caso del transporte, con transferencias directas a las empresas y, en el de la energía, asumiendo el costo mayor de tener que importarla.

Este fue un rasgo que diferenció a este gobierno de otro con similares objetivos, como el de Venezuela. El Presidente Chávez basó la redistribución del ingreso en la expropiación creciente de la propiedad privada; lo que ha resultado un fracaso, debido a la incapacidad del Estado de manejar las empresas. Por ejemplo, Sidor es una de las compañías estatizadas, hoy produce un tercio de lo que producía cuando la manejaba Techint. Desde 2002, solo dos países petroleros redujeron la producción de hidrocarburos, a pesar del fuerte incremento de su precio. Uno fue Venezuela, donde la producción es dominada por PDVSA, la petrolera estatal. El otro, la Argentina.

Expropiar la renta

El gobierno “K” tuvo clara la ventaja de dejar que la producción quedara en manos privadas. En el caso del sector agropecuario, sigue siendo la gente del campo la que siembra, cosecha o cría ganado. En el sector energético, son los empresarios con experiencia en la materia los responsables de la producción. Sin embargo, una vez maximizada la riqueza, el modelo le permite al gobierno apropiarse de la mayor parte de ella para redistribuirla a voluntad. Es cierto que esto funciona mejor que lo del “chavismo”, pero en el corto plazo. Si uno le quita gran parte de sus ingresos a alguien, es esperable que no tenga el necesario incentivo a producir e invertir lo suficiente. Por lo tanto, en el tiempo, esos bienes y servicios tenderán a escasear.

Desde 2003, muchos economistas y especialistas venimos advirtiendo que si no se corregía el rumbo tendríamos problemas de oferta de energía en el futuro. Pues el futuro nos alcanzó. La respuesta razonable para recuperar el autoabastecimiento sería restablecer condiciones y precios de mercado para el sector. De hecho, la historia argentina de los últimos 75 años demuestra que, cuando esto fue así, la producción de hidrocarburos se incrementó fuertemente; por ejemplo, en la Presidencia de Frondizi y en los ´90. En cambio, cuando la injerencia del Estado fue mayor, la evolución del sector fue pobre o negativa. De esto último, el mejor ejemplo es el período del gobierno “kirchnerista” que intervino fuertemente en el mercado de producción y distribución de energía. No es extraño que, además de Venezuela, sea el único otro país petrolero que desde 2002 bajó sus niveles de producción. (Ver gráfico)

La respuesta ideológica del gobierno fue expropiar el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la empresa española Repsol, cuando todas las compañías que operan en la Argentina (incluida Energas, la estatal creada por el “kirchnerismo” para explotar en exclusividad la extensa y rica plataforma submarina argentina) tuvieron, más o menos, la misma mala performance. Cosa que vimos era lógica dada la pésima política sectorial del gobierno “K”. De esta forma, se violentaron las leyes locales, los tratados internacionales y la Constitución Nacional, que regulan la forma en la que tiene que hacerse una expropiación. Este avasallamiento de la seguridad jurídica tendrá un alto costo en término de inversiones y desarrollo futuro. Además, queda claro que, con el actual rumbo, la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento se diluye definitivamente.

YPF se transformará en una fuente de recursos para sostener los subsidios a la energía y al transporte, además de un “botín de guerra” donde aumentar los afiliados del gremio o colocar “soldados K” con muy buenos sueldos; por lo que es de preverse que pronto dará pérdidas. Recordemos que, antes de ser privatizada, tenía 10 veces más empleados de los que necesitaba y su resultado anual era negativo en alrededor de US$ 2.000 millones, a valores actuales.

No cabe duda que esta historia de decadencia del modelo continuará; ya que las “facturas” de las erradas políticas económicas “K” seguirán llegando. Más allá de algunas fintas que permitan postergar su pago, las “cajas” a saquear escasean y la economía seguirá resintiéndose. Llevará tiempo tocar fondo y habrá espacio para nuevas violaciones de la libertad económica y de los derechos de propiedad; por ejemplo en sectores del transporte u otros relacionados con la energía. Costará mucho remontar el desastre en que terminará esta gestión populista. Esperemos que, en esta ocasión, los argentinos aprendamos de la experiencia y nos dejemos de tropezar periódicamente con la misma piedra.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

 

Recesión en ciernes en la Argentina

Por Alejandro Tagliavini: Publicado el 4/6/12 en http://www.territoriodigital.com/edimpresa.aspx?s=6&f=04%2F06%2F2012

Más allá de aumentos artificiales en pocos rubros, como la venta de autos que terminará mayo 7% arriba, básicamente debido al aprovechamiento coyuntural de corto plazo que hacen muchos ahorristas de la brecha de cerca del 30% del dólar con el oficial, lo cierto es que el país se encamina a una recesión como consecuencia de la mayor injerencia estatal en la economía.
De hecho, en lo que va del año la fuga (verdadera estampida) de divisas ya ronda los US$ 15 mil millones que han salido del país o están en cajas de seguridad o debajo del colchón. Y la brecha podría aumentar si consideramos que “corregido por inflación” real, el dólar de $ 3, después de desarmada la convertibilidad, hoy llegaría a $ 6,60.
Tomemos como indicador económico el clásico de los clásicos, no sólo como instrumento de inversión sino como motor del PBI y, casi nada, la construcción de viviendas en un país donde el déficit habitacional es tremendo, al punto de que en la mismísima plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno Nacional y de la Ciudad, duermen cada noche más personas, llegando hoy a unas 30, incluidos inválidos y niños.
Debido al asfixiante control sobre el dólar impuesto por el Gobierno, la compraventa de inmuebles para esta primera mitad del año arroja la peor cifra desde el 2002, y mayo cerrará con una baja de al menos 30% en el total de transacciones, con una tendencia a caer aún más. Sucede que ante la imposibilidad de comprar dólares, entre los propietarios crece la reticencia a vender y los compradores prefieren conservar los billetes verdes, que prometen seguir subiendo descontroladamente. Así, todo indica que, con el dólar blue disparado, los precios en dólares de las propiedades no bajarán.
Por cierto que esto repercute de manera directa sobre la construcción. Durante el primer cuatrimestre del 2012, los permisos de construcción en la Ciudad de Buenos Aires cayeron 40% en relación al mismo período de 2011. Ahora, además de que el crédito hipotecario ya era insuficiente, se le suma que al que quiere comprar dólares para ir ahorrando y adquirir una propiedad le resulta mucho más complicado. A lo que hay que agregarle el ritmo inflacionario que hace que los valores de la construcción seguirán con fuertes aumentos. Algo similar ocurre con los campos, nadie vende, nadie compra, nadie invierte.
Ahora se habla acerca de la posibilidad de “pesificar” las operaciones y que el Estado designe a una entidad financiera pública como “veedora” que apruebe todas las operaciones inmobiliarias. Aunque esto sería el colmo del disparate y seguramente no ocurrirá, viene bien como introito a la explicación filosófica de por qué estas intervenciones estatales están provocando tanto daño.
 Es que una intervención estatal significa la utilización del poder de policía para imponer (en uso del monopolio de la violencia estatal) las reglamentaciones en cuestión. Y la violencia, ya lo sabemos, siempre destruye. Lamentablemente, la tendencia de este Gobierno es a aumentar la utilización de su poder de policía en lugar de retirarlo, es decir, profundizar la destrucción.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.